Si en la lógica de nuestras vidas privadas, chiquitas y cargadas de verdades relativas, aprendemos, a medida que crecemos, que nuestro accionar cotidiano tiene consecuencias (a favor o en contra); en el mundillo de la política, plagado de intereses cruzados, de los honestos y de los otros, el costo de cada acción nunca es gratis. Sobre todo si el objetivo inicial radica en poner patas para arriba un andamiaje legal construido desde los últimos 100 años, pero fundamentalmente si se quiere avanzar sobre los derechos de una sociedad que está agotada de cierta cotidianeidad, a la cual se le ofrece la certeza de un presente de esfuerzo y sacrificio, a cambio de la promesa de un mañana venturoso. A poco más de 45 días de gestión, la administración Milei tuvo que aceptar en los hechos que el posicionamiento de un panelista televisivo primero y el desarrollo de la campaña electoral después, son coyunturas muy diferentes a la hora de ejecutar el gobierno. Semana de desasosiego y derrotas varias para el libertarismo argentino. Pasen y vean. Como siempre, y este 2024 no será la excepción, están todos y todas invitados.

La expectativa semanal radicaba en dos temas centrales: el paro dispuesto por la Confederación General del Trabajo al que adherían el resto de las centrales obreras y un muy buen número de organizaciones de la sociedad civil y el tratamiento en comisiones de la mal llamada Ley Ómnibus, sobre el que el oficialismo tenía la aspiración de obtener el dictamen de mayoría.

En el primero de ellos, el mileismo intentó utilizarlo como una herramienta en su favor: con parte de la dirigencia sindical deslegitimada, por acciones históricas propias, pero fundamentalmente por la plena vigencia de esa construcción de sentido que indica que para buena parte de la sociedad argentina, todo lo relacionado con la acción sindical de cualquier tipo, representa un problema en sí mismo; el gobierno y algunos aliados circunstanciales, pecaron de falta de originalidad a la hora de dar la discusión de rigor.

Con un evidente sesgo interpretativo, basado en un prejuicio ideológico que encuentra su raíz en la Argentina de la Ley de Residencia de 1904, el oficialismo en sus múltiples terminales (funcionariado, medios de comunicación afines y voceros de redes) no se privó de pronunciar las zonceras tradicionales para este tipo de coyunturas históricas: desde que “el paro es político” (sí Javier, la sociedad en la calle reclamando es un hecho político en sí mismo), pasando por la decisión de desarrollar una medida de fuerza a 45 días de haber asumido el gobierno, siendo que a Alberto Fernández no se le hizo ningún paro, hasta llegar a la discusión de números, donde algún periodista devenido en reciente segundo del vocero presidencial se animó a dar números concretos del dinero que perdería el país con la medida de fuerza y donde la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, no tuvo empacho alguno en minimizar la contundencia de la convocatoria en la Plaza del Congreso, realizando una cuenta algo trucha y obviando las distintas movilizaciones producidas a lo largo y ancho del territorio nacional.

https://twitter.com/cgtoficialok/status/1750961014433091806

Lo señalado merece algunas aclaraciones. La primera es que, más allá de algunas defecciones históricas, cuando el movimiento obrero reclama no obedece sólo a la cuestión inflacionaria sino a un entramado normativo que se intenta imponer y sobre el que el gobierno anterior jamás pretendió avanzar.

La segunda es que en los cuatro años anteriores, con plena vigencia de paritarias libres, todos los sectores que representan el conjunto del movimiento obrero, se vinculan con los sectores formales del mundo laboral y por lo tanto, con sus más y sus menos, pudieron ir “arrimando el bochín” al escenario inflacionario.

Y la tercera refiere a la falacia de afirmar que nada se dijo durante el período 2019 – 2023 de los problemas económicos que presentaba el país. Vale recordarle a unos cuantos, que si algo caracterizó a la gestión anterior fue la permanente discusión, con el consecuente internismo, sobre qué destino de gestión debía elegirse.  

Lo que el libertarismo argento no entiende (entre tantas cosas), es que las disputas políticas se basan en un principio algo básico de acción y reacción. Si en la primera acción formal de gobierno, entre decretos de necesidad y urgencia de nula necesidad, urgencia y constitucionalidad, la misma se complementa con un bodoque normativo que modifica centenares de leyes, las cuales redundarían (si se sancionara) en la afectación de millones de personas, violando todo principio de discusión adecuada en cada una de las comisiones conformadas para tal fin en la Cámara de Diputados, pretendiendo desoír a los distintos sectores de la sociedad a las que afecta, es evidente que ese malestar deberá canalizarse por algún lado. Una sociedad verdaderamente democrática es como el cauce de un río: se lo podrá intentar obturar, pero siempre volverá a su destino original.

Pero además, discutir el número de una movilización, con plazas llenas de extremo a extremo, con evidentes muestras de masividad en las ciudades más grandes del país, pero también en las más pequeñas, trae consigo la desvalorización de aquel ciudadano o aquella ciudadana que se sienten contenido por la organización gremial a la que pertenecen, porque desde el libertarismo tonto e ignorante se cree que las personas pueden ser arriadas sin más razones que el interés del dirigente gremial de ocasión.

Así mismo, si honestamente funcionarios e influencers mediáticos (en mis tiempos jóvenes idos les llamábamos formadores de opinión), hubieran decidido pararse en una esquina cercana a una convocatoria en cualquier provincia del país, habría notado que no sólo las estructuras sindicales movilizaron, sino que mucha “gente suelta” se sintió interpelada para mostrar públicamente sus preocupaciones, miedos y enojos. No tratar de comprender esto demuestra la tempranera decisión gubernamental de dejar de intentar representar a los intereses del conjunto de los argentinos: la convocatoria no fue sólo gremial, implicó la presencia de vastos sectores y sirvió como una instancia de institucionalización de un descontento creciente y que, como veremos en los próximos días, se reflejarán en las primeras encuestas que marcan un deterioro en la imagen presidencial. Quien quiera oír que oiga, quien quiera escuchar que escuche.

En el enfoque oficialista subyace un error de base que hemos marcado desde el día uno de gestión: Javier Milei confunde un triunfo electoral en un ballotage con un 56% de los votos, con un cheque en blanco para legitimar sus dichos de campaña y su acción inicial posterior.

Ese número no se construyó sobre la base de un triunfo político donde una fuerza sobresale con más de la mitad de los votos y el resto de los partidos discuten poder de una manera claramente atomizada (versión electoral del resultado de 2011 y el triunfo en primera vuelta de Cristina Fernández de Kirchner);  sino sobre la presencia de bloques verdaderamente intensos, lo cual no resulta fijo e inmutable, ya que la velocidad con que se intentan los cambios, resulta directamente proporcional a aquellos intereses que pueden afectar.

Si además, esa acción política gubernamental se construye sobre un andamiaje institucional definitivamente raleado, donde no se cuenta con ningún gobernador propio, con una minoría muy evidente en el Congreso de la Nación (no se tiene ni el 15% de los legisladores), si se maltrata a los posibles aliados legislativos y se amenaza a gobernadores que no están dispuestos a pagar el costo político que suponen nuevas imposiciones a las economías regionales, queda evidenciado que el resultado no será el esperado por el oficialismo. En la calle se aprende que para pelearse con los grandotes, hay que tener con qué, independientemente del uso o no de la chequera.

Como nunca, esta semana el oficialismo dio un espectáculo en sí mismo de los límites que supone la estrategia de hacerse fuerte desde la debilidad: hizo firmar el dictamen de mayoría en la Cámara de Diputados en blanco para reescribirlo después, exponiendo a sus aliados y a una denuncia penal de rigor; visibilizó (otra vez) una interna feroz que todas las semanas habilita renuncias de segundas y terceras líneas de funcionarios; el presidente ordenó la eyección de un ministro por un off the récord publicado en un medio, confirmando en definitiva que lo afirmado era verdad; abrió un nuevo frente de conflicto con gobernadores opositores y no tanto, que rápidamente le recordaron las “ventajas” de un sistema federal de gobierno; y en un típico escenario de crisis, el ministro del área convocó a una conferencia de prensa en un horario absolutamente inusual donde anunció que se retiraba la parte fiscal del proyecto de ley pomposamente llamado “Bases y Puntos de partida para la libertad de los argentinos”, como forma de no exponerse a una derrota segura en la sesión de la semana próxima en la Cámara de Diputados de la Nación.

https://twitter.com/OPRArgentina/status/1751036629182042403

El oficialismo vino anunciando un esquema de todo o nada. Pero esa estrategia puede servir (incluso en la derrota) cuando detrás se cuenta con una estructura consolidada que te sostiene: si a seis meses de haber asumido Cristina Fernández, el kirchnerismo perdió la batalla política por las retenciones en el Congreso de la Nación, supo capear el temporal (y más allá de algunos cantos de sirena que aseguraban el final del gobierno), esto fue así porque contaba con un respaldo institucional de proporciones. La historia reciente, más allá de los colores ideológicos, debería servir para aprender.

La pregunta que dejamos flotando por aquí (ya empezamos queridos lectores. Como verán, no damos respiro en el primer artículo del año), refiere a si la actitud oficialista de este tiempo tiene que ver con una ceguera o brutalidad política, que cada uno adjetive como le parezca, que se sostendrá en el tiempo, o si la derrota autoinflinjida por estos días, con un ministro renunciando públicamente a imponer lo que era el nudo gordiano del proyecto de ley, modificará las estrategias de relacionamiento con la oposición light.

Lo que vendrá en los días que siguen supone la propia valoración gubernamental de haber escuchado las demandas sociales, algo difícil de creer a partir de cómo operó ambos mamotretos legales (DNU y ley ómnibus) de cara a los opositores y a la sociedad. Pero el trasfondo es otro: el oficialismo se preparaba a cumplir otro récord, el de tener una ley rechazada a poco menos de dos meses de haber asumido, quedando en el aire la inevitable sensación de que sólo se aspira a la aprobación concreta del artículo 1º de la ley, ese que habla de delegación de facultades, con el fin de ir por más en el corto plazo vía decreto, y además, evitar el tratamiento legislativo del DNU, apostando un pleno a la aprobación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, allá por el mes de marzo.

Nada es gratis. Y al elegir equipos de gestión inexpertos y sin diálogo político, el gobierno acaba de tener una derrota que por lógica no resulta definitiva. Hay consecuencia de cada acto y habrá que ver cómo logra (si es que lo hace) recomponer una relación con aquellos sectores “amigables” a los que expuso con sus devaneos iniciales. Ante las faltas, los engaños y la crueldad, siempre habrá consecuencias. Cuidado con las sentencias prematuras.

(*) Analista político de Fundamentar - @miguelhergomez

“Las comparaciones son odiosas” afirmaba mi abuela, pero qué sería del análisis político sin la posibilidad de comparar procesos y contextos. Es más, podríamos ampliar la pregunta sobre la ciencia política y su capacidad comparativa desde sus inicios hasta aquí. ¿O acaso, por ejemplo, no hacía ejercicio comparativo el bueno de Aristóteles cuando nos explicaba qué modelo de gobierno era mejor para una comunidad? ¿Y no hacía lo propio el siempre denostado Nicolás Maquiavelo cuando definía las cualidades que debía tener el príncipe para hacerse del poder y conservarlo? La comparación, bien ejecutada, puede servirnos para conocer el pasado, pero también nuestro presente de cada día y, por qué no, trazar algunas líneas de futuro.

Desde comienzos de año, el oficialismo nacional ha puesto en marcha el tratamiento de juicio político sobre los cuatro integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, siguiendo los procedimientos que establece la Constitución Nacional. Inmediatamente surge la tentación por comparar este proceso con el último juicio de estas características, llevado adelante a partir de 2003 bajo la presidencia de Néstor Kirchner. En un punto deben reconocerse que las expectativas resultan realmente disímiles, pero de antemano debemos reconocer que los contextos también lo son. De ello se tratan las siguientes líneas: de revisar (en parte) ambos procesos, para, en definitiva, tener real dimensión del tiempo político que vive el país.

La primera diferencia (menor) que surge en estos casi veinte años radica en la forma en que la sociedad fue notificada al respecto: mientras Néstor Kirchner comunicó la novedad mediante una cadena nacional, método siempre valorado por el kirchnerismo como trascendente método comunicacional, el actual presidente Alberto Fernández lo hizo vía redes, en la mañana del 1º de enero, como un signo de los tiempos virtuales que corren. Aún nos intentábamos sacar de encima la resaca de una fiesta de noche vieja, cuando nos desayunábamos con la buena nueva presidencial. De allí en más se puso en marcha un procedimiento que le permitió ganar en centralidad al propio Fernández.

Pero si debiéramos ir por aquellas diferencias estructurales más notorias podríamos trabajar sobre tres ejes.

El primero de ellos refiere a la calificación de Corte adicta. El máximo tribunal que se comenzó a desmontar a partir del 2003 recibió esa calificación una década antes, cuando el menemismo era la fuerza política más importante. Se la podía definir de adicta al poder político, pero también resultaba funcional al entramado económico que había sabido construir Carlos Menem, en una era de transformaciones que, a la larga, perjudicó a la mayoría de los argentinos.

Esa Corte, funcional a los intereses comentados, era severamente cuestionada de manera transversal por la población, por diversos actores de la sociedad civil, por una parte de cierto empresariado y por el común de los 'mass media'; llegando al final del gobierno de Fernando de la Rúa con un descrédito notorio. El nivel académico de algunos de sus integrantes era severamente cuestionado, lo cual se retroalimentaba con un estilo provocador a la vez que bizarro de quien era su presidente, el riojano Julio Nazareno.

Los fallos eran definitivamente funcionales a los intereses del menemato y de sus aliados corporativos, lo que derivó que, con el tiempo, la sensación de hartazgo social se hiciera masiva, al punto que, lo que no había logrado aunar Eduardo Duhalde con el mismo tipo de juicio en 2002, la capacidad decisoria del santacruceño del 22% de los votos, se apalancara en un fuerte apoyo ciudadano.

El proceso no fue uniforme. Quien primero renunció fue el ya nombrado Nazareno. Eduardo Moliné O’Connor y Antonio Boggiano fueron destituidos en el año 2003 y 2005, respectivamente. Mientras que Adolfo Vázquez y Guillermo López fueron los últimos en presentar la dimisión.

Pero lo realmente valedero del caso no fue la eyección progresiva de la corte adicta, sino el procedimiento selectivo que se plasmó en el ya famoso Decreto 222/03 y que, sus bases conceptuales, perduran hasta hoy en la institucionalidad argentina. El sistema de objeciones que la sociedad civil puede plantear sobre cada candidato, resultaron en una novedad que aportó un soplo de aire fresco en una decisión que históricamente quedaba circunscripta a los pasillos de la Casa Rosada y del Congreso de la Nación.

Vale preguntarse por la valoración de la actual Corte. Lejos de ser acusada de adicta, la misma no deja de ser funcional al poder económico de este tiempo. Sus recientes fallos más famosos y la definición ideológica de su vicepresidente que niega la posibilidad de que ante cada necesidad exista un derecho, así lo confirman.

Si en 2003, oposición y poder mediático acompañaron el deseo de borrar de un plumazo el bochorno que suponían esos jueces, el año 2023 muestra la ominosa promiscuidad de una defensa corporativa que se sintetiza en la designación en comisión de quienes hoy la conducen, en su vinculación con lo más granado de la concentración económica y en la relación vergonzosa de un jefe de asesores del presidente del máximo tribunal, asesorando a un ministro de Justicia en el marco de un juicio donde este último es parte.  

El segundo eje refiere a los contextos. Además del ya mencionado hartazgo social y la renovación política que representaba la figura de Néstor Kirchner, el año 2003 se anclaba en un período de una marcada atomización partidaria, la cual se plasmó en un sistema electoral que avaló una forma extraña de neo lemas y que servía como solución de las enormes distancias internas de los partidos más importantes.

Néstor Kirchner supo interpelar a un sistema político que necesitaba renovarse y pese a la supuesta debilidad del 22% de los votos obtenidos, recreó una serie de procedimientos que le dieron mucha más potencia que aquello que las urnas habían señalado.

Dos décadas después, aunque algunos nombres se repitan, el escenario no es el mismo. El oficialismo enfrenta una coyuntura donde muchas diferencias internas se saldan a la luz del día, restándole potencia de gestión y de construcción política.

La oposición, por su lado, tiene diálogo directo con una parte del Poder Judicial que supo cooptar en el período 2015 – 2019. Las relaciones cercanas y estrechas surgen a la vista, sin una reacción social masiva que las cuestione. Al cansancio e indignación de comienzo de siglo, hoy, le corresponde una indiferencia que debe preocuparnos, en un contexto donde la supuesta irreverencia política, le pertenece a una extrema derecha que dice querer modernizar al país, llevándolo a un estado social pre moderno. Valga la contradicción.

El tercer y último eje refiere a lo que el futuro puede deparar.

Venimos comentando en esta columna semanal, la dificultad concreta del oficialismo para lograr su cometido de renovar las sillas de los supremos. “No dan los números” para que la Cámara de Diputados, que hasta ahora actúa como receptora de las denuncias, se convierta en acusadora, y por lo tanto pueda dar traslado a la de Senadores para que el juicio se sustancie.

En este sentido la historia también muestra alguna referencia a tener en cuenta. En 2002 el presidente interino Eduardo Duhalde, presentó la formalidad del pedido de inicio de juicio político sobre la totalidad de los integrantes de la Corte y fracasó. Pero la potencia de ese planteo, sirvió como antecedente para que un año después, variando la estrategia de efectuar pedidos de juicio individuales, luego de dos años, el resultado fuera otro.

Vale preguntarse: ¿los cuatro acusados, en esta etapa inicial, actuarán en un mismo bloque defensivo? Habrá que ver cómo actúa Ricardo Lorenzetti, quien tiene pendiente un viejo pedido de juicio político de la Coalición Cívica, y que ha sabido hacer conocer su ira por cómo fue eyectado por Carlos Rozenkrantz y por cómo fue elegido el santafesino Rosatti, tanto en la presidencia como en el Consejo de la Magistratura.

Y también vale saber por el accionar de Juan Carlos Maqueda, viejo lobo de mar del peronismo, que exactamente veinte años atrás tuvo la valiente actitud de recomendarle la renuncia a Nazareno, para oxigenar al máximo tribunal.

Estas dudas se sustancian en una interna cortesana que existe y es real, aunque persista el sordo ruido, que tan abnegadamente tratan de imponer el poder mediático más concentrado y una oposición a la cual también le pueden aparecer algunas grietas futuras, si el espacio conducido por Elisa Carrió insiste en la acusación contra el rafaelino Lorenzetti.

El proceso será largo. El tema ocupará buena parte del centro de la escena en 2023, generando desgaste político que habrá que ver cómo sobrellevan los cuatro supremos cuando comiencen a conocerse los fundamentos de las múltiples denuncias que han servido de justificación para la veintena de demandas solicitadas.

Mientras las encuestas siguen señalando al Poder Judicial con los peores indicadores en cuanto a la “calidad” de su servicio, en paralelo, la sociedad argentina no parece decididamente preocupada ante este tipo de avances y retrocesos institucionales.

Tal vez sea hora de ser mucho más asertivos en la demostración de cómo influyen ciertas defensas corporativas en el día a día de cada uno de nosotros. El ejemplo de jueces fallando en el sentido de no considerar a la telefonía celular y a internet como un servicio público sujeto al control tarifario estatal, representa un caso emblemático para nuestra cotidianeidad.

Ninguna batalla se pierde antes de darla. Y la masa crítica que hoy falta, puede ser el sustento de otro tiempo. Con el agregado de una composición diferente del Congreso, la cual será definida en este año electoral, la comparación con el 2003, veinte años después, tal vez no quede tan alejada de nuestra realidad.

(*) Analista político de Fundamentar - @miguelhergomez

“¡Aguante la ficción!” gritó la siempre vigente Soledad Silveyra y despertó aplausos y vítores de los asistentes al evento y la mueca de aprobación cómplice de los que miraban detrás de la pantalla. La frase que (tal vez) sin proponérselo, quedó grabada en el inconsciente colectivo de muchos argentinos, fue pronunciada en un contexto donde la suma de programas de archivos y “enlatados” condicionaban fuertemente el trabajo de actores en el ámbito de la televisión. No sólo de los consagrados sino de aquellos que sobreviven como pueden en una profesión que sabe y mucho, de informalidad y precarización laboral. En esta semana que pasó, con la discusión impuesta sobre el avión venezolano – iraní, si algún protagonista de la política nacional hubiera parafraseado a la consagrada actriz, habría dado una muestra muy acabada de lo construido en la agenda política de los últimos días. Pero también hubo tiempo para algunas buenas noticias. Pasen y vean.

Hay algo que resulta irreductiblemente cierto: la política tiene mucho de teatralidad. Oralidad, manejo del cuerpo, lo que “se muestra” en la escenografía de aquello que quiere comunicarse y hasta el propio formato de los parlamentos (del mundo occidental, tal vez la Cámara de los Comunes británica sea el ejemplo más contundente al respecto), confirman la afirmación inicial.

Por su parte, la ficción tiene un modo específico en el relato, sea escrito o audiovisual. Cuenta con uno o varios autores que se identifican, con actores protagónicos y secundarios que, se da por hecho, siempre dan su aquiescencia para formar parte de la obra. Pero en la política ficción las cosas no son tan claras.

En un hecho sobre el que, una semana después de haberse conocido, no hay una sola prueba de todo aquello que alegremente se afirma (entre otros comentarios se sostiene que el avión varado en Ezeiza responde a un supuesto caso de “inteligencia iraní), no puede dejar de pensarse en que cierta política se construye desde la ficción.

Las diferencias con una obra artística son dos en su esencia. La primera es que el modo del relato se construye sobre el prejuicio político. En la realidad social argentina se ha machacado hasta el hartazgo sobre vinculaciones “mapuche – venezolana – cubana – iraní”, sirviendo esto de argumento que explicaba desde el supuesto asesinato del fiscal Alberto Nisman, hasta la desaparición primero y la confirmación de la muerte después de Santiago Maldonado.

La segunda diferencia refiere a que no hay un autor y no todos los actores, sean protagonistas o secundarios, quieren participar del asunto. Sí debe decirse, que ese modo ficcional no es nuevo en la Argentina. Allí está el recuerdo siempre presente del fiscal Guillermo Marijuan y su campera de abrigo azul recorriendo la enorme territorialidad patagónica para desenterrar dinero supuestamente mal habido de la familia Kirchner; la escala de Cristina Fernández en la isla de Seychelles para dejar dinero no declarado en una nunca encontrada cuenta bancaria; o, el supuesto delito cometido por Amado Boudou con la firma de un “08” para la compra de un automotor que tenía 20 años de antigüedad.

Pero, en resumen, sea para la obra artística o para la política ficción, los medios de "la corpo” resultan una referencia insoslayable en esa construcción de sentido cotidiana y que, a la vez, podría pensarse como imperceptible. Como el viejo mago, que hace del “nada por aquí y nada por allá” la razón de ser de su trabajo, mostrando sin dejarnos ver, la pléyade de estos medios y sus voceros, pudieron imponer la lógica de decir cosas que referencian en los peores miedos de los argentinos (léase atentados a la Embajada de Israel y a la mutual AMIA, con la subsiguiente impunidad alcanzada), sin tener ningún sustento específico sobre aquello que “denunciaban”.

https://www.youtube.com/watch?v=hm0U9dGcfE4

Debe decirse, que el problema no se agota allí. Se profundiza cuando buena parte de la política termina discutiendo desde la ficción y cuando ello trata de llegar a cierta institucionalidad. No dejó de bordear el bochorno lo sucedido en la sesión del día miércoles en la Cámara de Diputados de la Nación, cuando se intentaba forzar el apartamiento del reglamento que serviría como paso previo al pedido de interpelación de ministros para el caso del avión venezolano – iraní. ¿Una medida excepcional para hablar de aquello que no ha sucedido? Parece loco, pero es real.

Pero también hubo buenas noticias en la semana que se está yendo. De aquellas que son perceptibles en el corto plazo, de las que miran el tiempo largo y de esas otras que no se ven y que, una vez logradas, las naturalizamos en nuestra cotidianeidad.

La ya mencionada cámara, votó por unanimidad el proyecto que se denominó de “alivio fiscal” y que sirve para que los monotributistas, en un contexto de una inflación anual del 60% (dato confirmado con el dato brindado por Indec el día martes), no queden “enganchados” en nuevas categorías que impliquen una mayor erogación mensual de sus obligaciones. En la misma sesión logró la aprobación, invirtiendo las mayorías de la sesión anterior con la Boleta Única, para que las industrias culturales sigan gozando de apoyo estatal durante, nada más y nada menos, que 50 años.

Las buenas nuevas también salieron de los límites de la General Paz, y el presidente de la Nación se corrió hasta la capital santafesina para anunciar dos de ellas: la ampliación de las plantas potabilizadoras en las ciudades de Santa Fe y Granadero Baigorria lo que permitirá que más santafesinos accedan al recurso del agua potable y el pago de la deuda que el Estado nacional tiene con la provincia, a partir de un fallo de la Corte Suprema de Justicia de noviembre 2015 y que la administración macrista había prometido pagar al gobierno de Miguel Lifschitz. El monto ronda los 130.000 millones de pesos y si bien Santa Fe no recibirá efectivo sino bonos, la deuda resulta lo suficientemente onerosa como para no tener en cuenta en el mediano plazo.

https://www.youtube.com/watch?v=y_B6gzo-RTc

Dos preguntas que se caen de rigor. La primera, ¿sabrá reconocer en términos políticos, la administración conducida por Omar Perotti todo lo anunciado por Fernández? Cuando el agua fluya con la suficiente fuerza en los hogares santafesinos que resulten beneficiados y cuando, de las obras que puedan concretarse con la deuda pagada por el Estado nacional, ¿habrá espacio para el reconocimiento compartido o, como se intentó construir en la campaña electoral de 2021, el proceso electoral venidero será dominado por la lógica local? Como siempre, estimades lectores, la respuesta está en cada una de sus valoraciones y en el paso del tiempo.

Algo parecido debería suceder con una tercera pregunta. ¿En qué medida, la política ficción y las buenas noticias se contraponen? La respuesta resulta compleja. Partiendo de la base que la oposición encarnada en Juntos resulta un núcleo duro que cuenta con el 40% del electorado a su favor, cualquier buena nueva que se precie requerirá de una musculatura política oficial consolidada y convincente para recuperar el terreno político perdido.

Como dice la canción del epígrafe, la argentinidad al palo supone un buen número de contradicciones de las cuales sus autores no quedaron exentos cuando afirmaban que “Barreda y Monzón matan por amor”, pero también resume una serie de invenciones argentas dignas de destacar. La política ficción no es una novedad de este rincón del planeta. Pero sí, cada tanto, agrega nuevos, diferentes y específicos capítulos. Está en nosotros no convertirnos en meros espectadores.

(*) Analista político de Fundamentar - @miguelhergomez

¿Cuáles son las cosas verdaderamente importantes? Sí, es obvio que en el mundo privado de cada uno de nosotros los afectos, contar con una buena salud, tener un trabajo que nos dé dignidad (y tal vez placer) son los elementos que más valoramos en el devenir de nuestros días.

La pregunta, que no inocente, va más allá. En materia de política, ¿cómo ponderamos aquello que resulta importante de lo que no lo es? En el contexto de ésta, nuestra democracia que vivimos a diario, tal vez valga la pena preguntarse cuales son las cosas a las que les damos el valor que corresponde y a cuáles sobrevaloramos.

La semana anterior sucedieron una serie de hechos en el país que se analizaron de diversas maneras. Como corresponde a una sociedad democrática, moderna y plural, los abordajes fueron múltiples. Hasta ahí, como decíamos cuando éramos jóvenes, todo bien. Pero me resulta legítimo plantear la pregunta de qué sucede cuando a determinadas formas de encarar los hechos que se transforman en noticias se les nota los pliegues de cierta intencionalidad, ya no sólo del tema en sí, sino del ocultamiento deliberado de otros que tal vez podrían ser más trascendentes. La explicación es sencilla y se resume en, tal vez, dos de los temas que más recorrido mediático tuvieron.

El diputado besador. Fue el de mayor impacto. La sesión mixta de la Cámara de Diputados se desarrollaba con absoluta normalidad por el tratamiento del proyecto de ley que modifica la forma de administración del Fondo de Garantía de Sustentabilidad con que cuenta el país para hacer frente al sistema de jubilaciones y pensiones. Exponía Carlos Heller como miembro del oficialismo cuando el presidente del cuerpo, Sergio Massa, interrumpió la sesión por lo que era un comportamiento inadecuado de un legislador para el normal funcionamiento de la Cámara. Se denunciaba, sin decirlo explícitamente, y a la vez que el video circulaba a la velocidad de redes y satélites, que un diputado salteño (Juan Ameri del Frente de Todos), besaba en los pechos a una mujer que tenía sentada en sus piernas. Evidentemente el desmanejo del recurso tecnológico le había jugado una mala pasada. (Algo parecido le había sucedido al diputado santafesino Luciano Laspina unas horas antes, cuando apareció con el torso desnudo, cambiándose de ropa y resguardado entre los límites de un placard).

De allí se lanzaron todo tipo de comentarios. De los buenos, de los legítimos y de los otros. A la prensa cablera le costó encontrar el límite entre la responsabilidad de dar la noticia y el amarillismo que tanto vende. Otra vez, “la política” en la picota. La generalización se hizo reina y hasta pudimos presenciar algunos debates a partir de la siempre interesante tensión entre lo público y lo privado. Rápido de reflejos, el diputado en cuestión salió a hacer algunas declaraciones en medios porteños donde pedía las disculpas del caso. El nivel de presión ejercida por el propio espacio político que integra en Salta hizo el resto. Durante la medianoche Ameri presentó la renuncia.

No hay mucho más para decir. El legislador cometió una falta importante, grave si se quiere tener en cuenta ciertos preceptos institucionales y en pocas horas pagó con su cargo el desborde cometido. El punto es que, en la misma sesión, más allá de las interrupciones de rigor, se le dio media sanción a la modificación del Fondo de Garantía de Sustentabilidad y la reestructuración de la deuda que las provincias tienen con la Administración Nacional de Seguridad Social.

De convertirse en ley, la tan mentada Reparación Histórica ideada por el macrismo no será abonada con montos que pertenezcan al FGS, sino con los de la propia ANSES y del Tesoro de la Nación. La aprobación se alcanzó con el voto de 245 legisladores. Un hecho digno de mención en tiempos de grieta pandémica.

Pregunta para el lector inquieto: ¿qué noticia tuvo más recorrido? ¿Aquella que avergüenza no sólo a quienes forman parte del Congreso de la Nación sino también a quienes creemos en la política como única y verdadera herramienta de transformación, o la que demostraba que a partir de ahora ciertos fondos públicos serán mejor administrados y que ello se logró con acuerdos que rompen los efectos de la relación constante de amigo/enemigo? ¿A quién le resulta funcional mostrar exponencialmente un tema y acallar al otro? Tarea para el hogar estimades lectores.

La inteligencia perversa. Se da por descontado que el sistema de inteligencia de un país, un reino o de un hombre poderoso es una práctica antiquísima. La preocupación por aquellos que intentan desestabilizar cierto poder construido es, podríamos decir, inherente a la condición humana. Y así se ha aceptado a través de la historia, que los gobiernos contaran con recursos de todo tipo para reducir los riesgos inherentes al manejo del poder.

En una democracia, es sabido, los sistemas de inteligencia interior conviven con estrictos procedimientos de control que están definidos por las leyes. Los ciudadanos tenemos el derecho a no ser espiados en nuestro mundo privado y a expresarnos libremente en el espacio público en tanto y en cuanto no alteremos el orden, también público. Para poder “espiar” a ciudadanos debe existir una estricta y delimitada orden judicial que fundamente las razones de esa supresión de los derechos de los individuos.

Eso que parece una verdad obvia, explicada para adolescentes de una escuela secundaria que se asoman iniciáticamente al mundo de la civilidad, no parece haberse aplicado en la Argentina de Mauricio Macri. En la semana que culminó, nos enteramos que, otra vez, el Estado nacional a través de su organismo de inteligencia (AFI) espiaba el accionar público y privado de los familiares de los tripulantes del ARA San Juan que terminara en el fondo del mar argentino y que, como tantas causas, pareciera dormir el sueño de los justos en sede judicial. No existía orden de ningún juez de ningún tipo y el dato fue aportado (y no negado por los personajes involucrados) por la actual interventora de Agencia Federal de Inteligencia Cristina Caamaño y el Ministro de Defensa Agustín Rossi.

La noticia resulta un verdadero escándalo. A la negligencia que supone el final del submarino y sus tripulantes se agrega la persecución ejercida, se quiera reconocer o no, por el propio Estado. No sólo que no hubo declaración aclaratoria, ni pedido de disculpas de ningún tipo, sino que las voces que nos relatan sobre sus propias virtudes republicanas, nada dijeron del asunto. De hecho, y allí están las versiones digitales de los grandes diarios a mano, internet mediante, la noticia no tuvo ningún tipo de cobertura en sus páginas.

Preguntas, otra vez. ¿Por qué se oculta el hecho y qué intereses afecta? Resulta legítimo confirmar si la sociedad argentina ya da por sabido que contó con un presidente que construyó su carrera política en base a espiar enemigos, adversarios, dirigentes cercanos y hasta familiares. ¿Será que la república macrista supone un combo que además de globos, vestimenta prolija, imagen cuidada y apelación a una Argentina que no existe agrega la escucha ilegal de todo aquel que ponga en riesgo determinados intereses? Nuevamente, ¿a quien le conviene esconder bajo la alfombra el escándalo de la inteligencia argentina que, en este caso, además alcanza a víctimas de la desidia militar? Segunda tarea para el hogar.

Y finalmente. Habrá que preguntarse (y responderse) a qué cosas le damos la importancia en tanto ciudadanos de nuestro hermoso país. Sobre qué ejes morales, éticos y de humanismo nos enojamos, entristecemos, alegramos e informamos. Habrá que estar muy atentos y hacernos cargo. No vale el “a mí me contaron” o lo “dijeron en la tele”. Es aquí y ahora. Conocer y saber. Como siempre, como nunca.

(*) Analista político de Fundamentar

La Cámara de Diputados de la provincia sancionó este martes, en sesión especial, la ley de Necesidad Pública remitida por el gobernador Omar Perotti y una autorización para que el Ejecutivo pueda tomar deuda por un monto máximo de 15 mil millones de pesos para hacer frente a la emergencia por la pandemia del coronavirus.

El proyecto de endeudamiento fue aprobado en forma unánime por los 43 diputados y diputadas presentes. En cambio, la ley de Necesidad Pública fue votada sólo por los bloques del PJ, Cambiemos y Somos Familia y Vida, mientras que el Frente Progresista, Somos Vida, el Frente Social y Popular e Igualdad se abstuvieron. Ese proyecto se convirtió en ley con 12 votos positivos y 31 abstenciones.

La sanción de ambas leyes se aceleró a partir de la pandemia del coronavirus, que puso en evidencia el estado de necesidad argumentado por el gobierno desde el mismo inicio de la gestión, agravado en el último mes por la emergencia sanitaria.

Sin embargo, pese a la delicada situación desatada por la pandemia, el gobierno y la oposición no lograron acordar el texto de la ley y, después de la votación, los principales referentes de cada bloque político –incluido el presidente de la cámara, Miguel Lifschitz– se trenzaron en una extensa discusión sobre los alcances de las nuevas normativas y sobre las responsabilidades previas y actuales de cada espacio.

Las dos leyes

La autorización de endeudamiento por 15 mil millones de pesos incluye una partida especial de 3.000 millones que se distribuirá entre los municipios y las comunas de la provincia para que puedan afrontar sus gastos más urgentes.

A través de la ley de Necesidad Pública –que se terminó aprobando en forma definitiva después de cuatro votaciones, dos en el Senado y dos en la Cámara de Diputados– se declara hasta fin de año la emergencia social, alimentaria, sanitaria, de las contrataciones públicas, financiera y de seguridad.

Esa norma incluye un esquema de financiamiento de 39 mil millones de pesos, entre créditos externos, reprogramación de deudas y reasignación de partidas. Entre los puntos centrales de la ley se incluye un programa de emergencia alimentaria para el cual la provincia podrá tomar un crédito de hasta 2.500 millones de pesos y un programa de fortalecimiento sanitario, también por 2.500 millones de pesos, para el sistema de Salud Pública.

Además, para saldar deuda flotante con proveedores y deudas con contratistas de obras públicas, la provincia podrá negociar un crédito de 6.000 millones de pesos. Con esos recursos se ofrecerán a los acreedores “papeles negociables” (pagarés o cheques diferidos) para cancelar las deudas. De esa cifra, 1.600 millones de pesos se destinarán a municipios y comunas. Con esa deuda se busca bajar el déficit financiero de 2019, que fue de 18.000 millones de pesos.

Se faculta además a la EPE a buscar mecanismos para refinanciar la deuda que mantiene con la mayorista nacional Cammesa, que ascendía a principios de febrero a 2.700 millones de pesos. Y para recomponer el Fuco (Fondo Unificado de Cuentas Oficiales), se autoriza a la provincia a tomar un crédito por 16.000 millones de pesos: un primer tramo de 8.000 millones y luego dos tramos de 4.000 millones previa autorización de la comisión legislativa de seguimiento.

La ley también crea un régimen transitorio de asistencia financiera a municipios y comunas por 3.500 millones de pesos. De ese total, 300 millones corresponden a un programa de saneamiento financiero para los municipios de segunda categoría y comunas. Del resto (3.200 millones), el 60% (1.900 millones) se distribuirán entre Rosario (1.400 millones) y Santa Fe (500 millones), el 30% para los municipios de segunda categoría y el 10% restante para las comunas.

Debate caldeado

La ley de Necesidad se aprobó con solo 12 votos favorables y los líderes de cada bloque fundamentaron sus posiciones. Desde la centroizquierda, Carlos del Frade (Frente Social y Popular) y Rubén Giustiniani (Igualdad) justificaron las abstenciones de sus bloques por el artículo que habilita el pago de sumas en negro para los empleados públicos y porque entienden que es muy bajo el aporte que hará la provincia a los municipios y las comunas.

Luego, la diputada Betina Florito, del bloque Somos Vida que lidera Amalia Granata, explicó que la abstención de su espacio se debe a que tienen sus propios proyectos vinculados a la pandemia de coronavirus, que no fueron tenidos en cuenta por los bloques mayoritarios: uno solicita el relevamiento del estado de hospitales y centros de salud y propone subir a 10 mil pesos el incentivo al personal de Salud, Seguridad y Desarrollo Social; otro establece la colaboración del Ejército para la entrega de viandas en los domicilios de ciudadanos de barrios más vulnerables para evitar grandes concentraciones de personas; el tercer proyecto solicita al Ejecutivo el diseño de estrategias para implementar un Programa de Atención en Salud Mental para atender las demandas generadas por la pandemia de coronavirus.

El debate se empezó a caldear cuando Maximiliano Pullaro (UCR-Frente Progresista) lanzó las primeras críticas directas a la gestión de Perotti. El ex ministro mencionó los indicadores negativos en materia de seguridad y cuestionó el manejo de los proyectos de emergencia que el Ejecutivo envió en diciembre (en ese momento el Frente Progresista hizo valer su mayoría y los mandó al archivo) y que volvió a remitir en febrero con un título diferente: ley de Necesidad Pública. Según Pullaro, que el gobierno haya demorado hasta febrero el envío del segundo proyecto y que los senadores del PJ, que controlan la Cámara alta, se hayan tomado un mes para estudiarlo antes de la media sanción deja en evidencia que la provincia no se encontraba, en ese momento, en una situación de emergencia económica.

El vocero del oficialismo fue el jefe del bloque del PJ, Leandro Busatto, quien contestó las críticas del Frente Progresista y valoró que “luego de varios meses” la Legislatura le otorgara al gobernador Perotti “las herramientas que necesita para gestionar”.

“Hace tres meses que venimos discutiendo esta ley que no busca ni más ni menos que darle herramientas a Omar Perotti para afrontar una situación económica adversa, que es en la que asumió, con una deuda flotante de 29 mil millones de pesos”, sostuvo Busatto en un mensaje que tuvo como destinatario implícito al ex gobernador Lifschitz.

El jefe del bloque justicialista cuestionó la “mezquindad política” del Frente Progresista por las demoras en la sanción de la ley de Necesidad: “Se podría haber construido una mejor ley. Mantuvimos conversaciones con el presidente de la Cámara (Lifschitz) y con los otros bloques. En dos de esas reuniones participó el ministro de Economía (Walter Agosto). Pero dos horas antes de la sesión de la semana pasada, la oposición decidió volver a foja cero y votó un dictamen sin ningún tipo de acuerdo, que no le daba herramientas a Perotti, sino que le marcaba la cancha”.

Sobre el cierre de su discurso, Busatto volvió a cuestionar con dureza a la oposición legislativa: “Ojalá no haya que esperar una nueva pandemia para que se pueda discutir en serio cómo darle herramientas a un gobernador para gestionar”.

“Una mala ley”

En un gesto del cual hay pocos antecedes, el presidente de la Cámara le dejó su lugar a la vicepresidenta primera, Lucila De Ponti, y bajó al recinto a dar su propio discurso en el marco del debate. Lifschitz cargó duro contra el gobierno provincial por “los agravios” de las últimas semanas y dijo que a partir de la decisión del Frente Progresista de facilitar la sanción de las leyes “se cae el relato de la insensibilidad” de parte del PJ.

“El gobierno ya tiene todas las herramientas, es urgente que asuma el liderazgo frente a la crisis. Nadie puede decir que no hay voluntad de trabajo en ésta Cámara. Es verdad que el clima político no es el mejor y quizás todos tengamos alguna responsabilidad, pero la mayor responsabilidad es de quien tiene una mayor investidura”, agregó Lifschitz en directa referencia al gobernador Perotti.

El ex mandatario cuestionó además el contenido de la ley de Necesidad: “No tiene nada que ver con la pandemia; es la vieja ley de emergencia rechazada en diciembre. Es una mala ley. Se ha votado un elevadísimo endeudamiento que comprometerá los próximos dos períodos de gobierno con una deuda innecesaria de más de 50 mil millones de pesos. Es una ley que parte de un diagnóstico falso. No había una crisis de tal magnitud”, en referencia a los diagnósticos que utilizó el gobierno parta justificar el proyecto.

En otro tramo de su discurso, Lifschitz criticó las facultades delegadas a favor del Ejecutivo, uno de los puntos en los que hubo mayor conflicto entre los distintos bloques: “Un gobernador es superpoderoso sin ninguna ley de excepción; sin esta pandemia no hubiéramos permitido el avance de esta ley de Necesidad, que le traerá grandes perjuicios a Santa Fe, pero había que ceder frente a lo urgente”.

En esa misma línea continuaron los cruces incluso tras la votación: “Coherencia y coraje para enfrentar la crisis del Coronavirus. Claridad para poner el eje en los ciudadanos que están sufriendo y no entrar en provocaciones. El #FrenteProgresista posibilitó todas las leyes que quería Perotti. Se acabaron las excusas”, advirtió a través de Twitter el diputado socialista Joaquín Blanco, con una foto, precisamente, de Lifschitz hablando desde una banca.

Sin ir al choque, el jefe de la bancada oficialista tuiteó: “@GobSantaFe va a poder atender ahora las emergencias alimentaria, sanitaria y de seguridad, subsidiar la energía para congelar tarifas como lo hizo el presidente@alferdeza nivel nacional, y concretar la promesa electoral del boleto gratuito”.

Con todo, para unos y otros ahora sí arranca la gestión de Omar Perotti.

FUENTE: El Ciudadano

La reforma de una ley de alquileres pasó la primer prueba este miércoles en la sesión especial del Congreso. La Cámara de Diputados le dio media sanción a un tema que lleva tres años de idas y vueltas. 

Principales puntos de la ley de alquileres.

-Ajustes: las actualizaciones deberán ser anuales y no semestrales como son actualmente. Además, los ajustes pasarán a realizarse en base a un índice mixto, conformado por el índice de precios al consumidor (IPC) y la remuneración imponible promedio de los trabajadores estables (Ripte). Este punto lo celebran inquilinos, ya que los alquileres no aumentarán más que sus salarios, pero también los propietarios, ya que las actualizaciones se realizan en forma aproximada y quedaban muy por debajo de la inflación.

-Plazo: el contrato de locación tendrá como plazo mínimo tres años, un año más de lo establecido en la actual regulación. Este es uno de los puntos más celebrados por los inquilinos: argumentan que brinda mayor estabilidad para la planificación familiar y a su vez reduce los gastos que implica la renovación de un contrato.

-Honorarios: los gastos por intermediación de un corredor inmobiliario, de publicación, certificación de firmas o de cualquier otro intermediario dejará de estar a cargo del inquilino.

-Garantías: el locatario propondrá al menos dos opciones, el locador deberá aceptar alguna de las siguientes garantías, siempre que cubra las obligaciones del contrato: 1) Garantía real, 2) Aval Bancario, 3) Seguro de Caución, 4) Garantía de fianza, 5) Garantía personal del locatario, que se documentará con recibo de sueldo o certificado de ingresos.

-Registración de los contratos: los contratos de locación de inmuebles deberán ser declarados ante AFIP. Este punto también es celebrado por los inquilinos, dado que según Inquilinos Agrupados, el 90 por ciento de los contratos son en negro. Esto impide el pago vía transferencia, y el pago en efectivo resulta inseguro y poco práctico. Además, la entrega de los recibos que no son válidos como factura llevan a que el alquiler no pueda ser deducido en el Impuesto a las Ganancias.

-Resolución anticipada del contrato: el contrato puede ser resuelto anticipadamente por el locatario si transcurren seis meses de contrato, debiendo notificar en forma fehaciente su decisión al locador con al menos un mes de anticipación. Si hace uso de la opción resolutoria en el primer año de vigencia de la relación locativa, debe abonar al locador, en concepto de indemnización, la suma equivalente a un mes y medio de alquiler al momento de desocupar el inmueble y la de un mes si la opción se ejercita transcurrido dicho lapso. Cuando la notificación al locador se hiciese con una anticipación de tres meses o más, no corresponderá el pago de indemnización alguna por dicho concepto.

-Reparaciones y expensas: el locatario tiene a su cargo el pago de las cargas y contribuciones. Pero ya no tendrá a su cargo las expensas extraordinarias.

No es la primera vez que el Congreso avanza en esta temática. En noviembre de 2016, el Senado había dado aprobación por unanimidad a una iniciativa de la kirchnerista Silvina García Larraburu (PJ-FpV), proyecto que no logró consensos para avanzar en Diputados durante 2017. En tanto, en 2018, la Cámara baja retomó el debate y finalmente en octubre del año pasado logró dictamen de comisiones a partir de un texto consensuado, que, sin embargo, no llegó al recinto y tampoco fue incluido por el Poder Ejecutivo en el temario de sesiones extraordinarias de ese año, con lo cual perdió estado parlamentario.

FUENTE: Página 12

Según la diputada, el nuevo presupuesto es "muy impiadoso porque el ajuste en los servicios va a devaluar cada vez más la capacidad de poder vivir no sólo de los jubilados sino también de los ciudadanos. Se estaría también modificando lo que planteaba el Presupuesto Nacional, que era que aquellos que accedían a la Pensión Universal al Adulto Mayor no le iban a permitir seguir aportando como lo establecía la ley primitiva. Esto era prejudicial porque hay mucha gente que teniendo 20 y 25 años de aportes no podía llegar a 30 años y no accedía a una jubilación, pero mediante la PUAM y la posibilidad de seguir aportando en relación de dependencia, en autónomo o monotributo se permitía completar. En el presupuesto estaría la prohibición de continuar aportando. La movilidad sigue de la misma manera y esto está afectando muchísimo a los jubilados."

En cuanto a la posibilidad de incluir una partida especial en el proyecto, Tundis aclaró: "lo que se está hablando es que va a haber un bono en diciembre de 1500 pesos, que ya estaba asignado para asignaciones universales y planes sociales y ahora incluiría a los jubilados. Pero nada se está incluyendo para establecer un haber adicional. Es un proyecto de Sergio Massa que lo viene peleando desde hace muchísimos años y que lo venimos peleando desde el Frente Renovador. La verdad es que no se quiere establecer con las ganancias del Fondo de Garantías un adicional por ley para todos los jubilados. El grave problema es que han aumentado las partidas de las prestaciones sociales, pero no vemos que aumenten partidas para pagar a aquellos que aportaron toda su vida."

Por otro lado, destacó la situación crítica que manejan los Centros de Jubilados ya que "cada centro de jubilados que maneja el bolsón alimentario tiene pautado hacer un número de entregas según cada centro. El problema es que cada vez más van jubilados y los anotan en lista de espera, pero no los están incorporando. Además, con los valores que están manejando y la mercadería que va a aumentado pueden comprar cada vez menos. Se está viviendo una situación muy crítica y parece que solamente el gobierno no lo ve. Nosotros desde el gobierno del Frente Renovador lo venimos planteando constantemente. Sergio Massa viene planteándonos como líder nuestro pelear dentro del recinto y de las comisiones. El problema es que las comisiones no se están reuniendo. Tenemos cientos de proyectos presentados para mejorar la calidad de los jubilados que hoy por hoy no se tratan porque no se reúnen las comisiones."

La diputada también dio su opinión acerca del nuevo interbloque que se anuncia el día de hoy durante una conferencia de prensa en Diputados. Éste estará conformado por Felipe Solá, Facundo Moyano, Daniel Arroyo, Fernando Asencio y Jorge Taboada, quienes han decidido romper con el Frente Renovador y crear un nuevo bloque. Este nuevo bloque, cuyo nombre será anunciado hoy, formará un interbloque al que se sumará la diputada Victoria Donda y el Movimiento Evita. Frente a esta nueva situación, Mirta Tundis señaló:

"Realmente son decisiones personales. Nosotros vamos a tomar el camino por una Argentina alternativa, lo que marcó siempre Sergio Massa. Además, él fue muy claro en su decisión, dijo que él daba un paso al costado si no se podía hacer una Argentina alternativa donde marchemos por la defensa del país. Ahora, si después hay ambiciones personales que se alejan del camino marcado, es decisión de los que quieran retroceder en lugar de avanzar. Nosotros seguimos en el camino que nos marcaron, el que Sergio Massa planteó desde el comienzo del Frente Renovador en el año 2013 donde nos planteamos una Argentina alternativa y no volver al pasado y avanzar en un futuro mejor para la gente. Pero en las ambiciones personales ya no podemos intervenir."

La legisladora, a su vez, aclaró que considera esta nueva situación como "un avance, porque acá estamos uniéndonos. De hecho, hoy vamos a tener una reunión con la gente del GEN, Ricardo Alfonsín y distintos sectores, pensamos en una Argentina que piense en las Pymes, los jubilados, en los trabajadores y no solamente en sectores preestablecidos o aquellos que beneficien a las grandes empresas. Nosotros queremos integrar a la Argentina y para eso hay que pensar en las Pymes que den trabajo, porque teniendo trabajo se tiene dignidad, se tiene derecho a una jubilación, derecho a la salud. Pero además teniendo trabajo la gente empieza a consumir y, si se consume más, se produce más. Esta es la alternativa que plantea Massa y hablando con estos sectores tanto como el GEN (Generación para un Encuentro Nacional), gente de Libres del Sur y demás, piensan en eso y en eso nos unimos. Por eso no queremos retroceder y el egoísmo, la ambición de uno no nos va a hacer retroceder." También mencionó que habrá gente de Miguel Lifschitz y que tendrán una reunión con los distintos espacios. Concluyó diciendo:"insisto en que tengamos ganas de tener un país serio y no sectorizado." 

(*) Colaboradora de Fundamentar.com 

Las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) de este 13 de agosto definirán a los candidatos que competirán en las generales del 22 de octubre, cuyo resultado reconfigurará la integración del Congreso. Sin embargo, pase lo que pase, el oficialismo de Cambiemos seguirá sin tener la mayoría tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado.

• Diputados 

El interbloque Cambiemos, que conforman Unión PRO, la Unión Cívica Radical y la Coalición Cívica en Diputados, es el que más bancas pone en juego, producto de la buena elección que realizó en 2013 cuando, con otro mapa de alianzas, era oposición al kirchnerismo. En total, los tres espacios deben revalidar 40 de sus 86 escaños. Entre éstos, el nombre más fuerte es el de Elisa Carrió que volverá a competir por la Ciudad de Buenos Aires. 

Casi sin internas en todo el país, Cambiemos, ahora con el impulso dado desde el Ejecutivo nacional, intentará engrosar su bloque de Diputados, aunque sin posibilidad de alcanzar una cantidad suficiente para no depender de aliados fijos y circunstanciales para alcanzar el quórum de 129 requerido para sesionar. 

Además, tal como se armaron las listas con la supervisión de la Casa Rosada, los resultados modificarán en parte la relación de fuerzas hacia adentro. Y es que el PRO, que renueva 13, apuesta a ganarle bancas a sus propios socios de la UCR, que tiene 19, con lo que ampliaría su escasa diferencia actual de 5 diputados con la que cuenta dentro del bloque. 

Por su parte, el Frente para la Victoria conforma el armado opositor más números en la Cámara baja. Posee algo más de 70 bancas, de las cuales 31 concluyen mandato. El cierre de listas dejó fuera del Congreso a varios históricos del kirchnerismo, entre quienes están el actual jefe de bloque Héctor Recalde, Diana Conti, Carlos Kunkel, Juliana Di Tullio, y Carlos "Cuto" Moreno, por mencionar a algunos. 

En contrapartida, las listas de diputados vienen plagadas de nombres sin demasiado o nulo rodaje en el mundo legislativo. Por ejemplo, están el exgobernador bonaerense Daniel Scioli, el sindicalista Hugo Yasky, la economista Fernanda Vallejos, o la periodista Gisela Marziotta. 

En el tercer escalón anda el Frente Renovador de Sergio Massa, que con otros espacios conforma el interbloque Federal Unidos por Una Nueva Argentina (UNA), con 37 legisladores. Su buen desempeño en las legislativas de 2013, en las que el tigrense derrotó a Néstor Kirchner en la provincia de Buenos Aires, lo ponen ahora en la tarea de renovar 20 bancas, incluidas varias del interior, como Córdoba. 

El propio Massa corre riesgo de no formar parte del Congreso tras la renovación del 10 de diciembre. Es que en lugar de competir nuevamente por una banca en Diputados, lo hará por el Senado. Esa categoría reparte dos lugares para el vencedor de la elección, y uno para el segundo. El líder del Frente Renovador irá en tándem con Margarita Stolbizer contra la expresidente Cristina de Kirchner y contra Esteban Bullrich, candidato de Cambiemos.

El Bloque Justicialista, surgido luego de una ruptura con el FPV al que se sumaron otros miembros que no militaban en las filas del kirchnerismo, cuenta en la actualidad con 17 integrantes de los cuales 8 terminan mandato. En tanto que en el FAP, que conforman el Socialismo, el GEN, y el Movimiento Libres del Sur, terminan los períodos de 7 de sus 8 diputados.

Un pelotón detrás marchan el Frente Cívico por Santiago, Juntos por Argentina (de Darío Giustozzi), Compromiso Federal, Peronismo para la Victoria (otra escisión del kirchnerismo), y los bloques de izquierda, todos con posibilidades de perder bancas. 

En cuanto a los monobloques, hay al menos 5 que desaparecerán. Los más relevantes son los de Alcira Argumedo (Proyecto Sur), el de Carlos Heller (competirá dentro del kirchnerismo porteño), y el del triunviro de la CGT, Héctor Daer, que se alejó del massismo. 

• Senado

De las 24 bancas que se renuevan en la Cámara alta, el resquebrajado bloque PJ-FPV pone en juego 15 de las 36 que posee. Es el bloque mayoritario en ese cuerpo legislativo al que aspira llegar la expresidente Cristina de Kirchner representando a la provincia de Buenos Aires con el sello Unidad Ciudadana. 

Por el contrario, Cambiemos tiene todo para sacar músculo. Es que solo arriesga 3 de sus 14 bancas y con solo imponerse en dos de las ocho provincias donde hay contiendas a senadores habrá logrado reforzar sus filas. Si ganara todas, su bloque pasaría a conformarse con 27 integrantes a los que habría que sumar posibles aliados. 

También hay dos expresidentes que intentarán garantizar su continuidad por otros seis años en el Senado. Uno de ellos es Carlos Menem, por La Rioja, quien buscará su tercer mandato consecutivo. El otro es Adolfo Rodríguez Saá, fugaz mandatario en la semana de los siete presidentes durante la crisis de 2001, quien también quiere revalidar por tercera vez.

FUENTE: Ámbito 

RELEVAMIENTO Y EDICIÓN: Camila Abbondanzieri

El oficialismo acordó este miércoles con el massismo y otros bloques de oposición citar al diputado Julio De Vido el martes que viene a comisión para el ejercicio de su defensa, dictaminar ese mismo día a favor del proyecto de expulsión, y tratar la iniciativa el miércoles en el recinto.

En la trastienda de la reunión de la comisión de Asuntos Constitucionales, que tuvo lugar en el anexo de la Cámara baja, se tejió el acuerdo que destrabó la estrategia parlamentaria que el oficialismo pactó con el interbloque Frente Renovador-UNA, bancada que logró imponer su pliego de condiciones para sentar a De Vido al "banquillo", con chances de ser desafectado del cuerpo.

Triunfó la postura por la que venía pujando el diputado massista Juan Brügge, quien desalentó la idea original de Cambiemos de apelar a la figura de "inhabilidad moral" para remover de su cargo al exministro de Planificación Federal y en su lugar propuso invocar la figura de la "indignidad" para justificar su exclusión, en los términos del mismo artículo 66 de la Constitución Nacional.

De esta manera, se acordó que se le notifiquen a De Vido los cargos por los que se promueve su exclusión, y que se le concedan siete días hasta las 10.00 del martes que viene para efectuar su descargo.

"Proponemos que el dictamen se firme el martes que viene para, eventualmente, el día posterior poder tratarlo en el recinto", afirmó el massista Juan Brugge al tomar intervención en el debate de la comisión presidida por el macrista Pablo Tonelli.

 

FUENTE: NA

Por abrumadora mayoría, la Cámara de Diputados aprobó anoche sobre tablas y giró al Senado un proyecto de ley que excluye a los delitos de lesa humanidad del beneficio del 2x1, luego de la polémica desatada a partir del fallo de la Corte Suprema que otorgó ese beneficio a un represor condenado.

Con 211 votos a favor y uno solo en contra (del salteño Alfredo Olmedo), el plenario reunido en sesión especial dio media sanción a un dictamen consensuado a partir de ocho iniciativas presentadas, incluida una del PRO: el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, trabajó junto al diputado Pablo Tonelli, en la letra fina de la propuesta que finalmente fue trasladada a la Cámara baja.

El texto de la normativa plantea que el artículo 7 de la derogada ley 24.390, en la que se amparó el máximo tribunal para otorgar el cómputo del 2x1 al represor Luis Muiña, "no es aplicable a conductas delictivas que se encuadren en la categoría de delitos de lesa humanidad, genocidio o crímenes de guerra, según el derecho interno o internacional".

En su artículo 2, el proyecto consigna que para el resto de los delitos, el beneficio del 2x1 sólo puede aplicarse a "aquellos casos en los que el condenado hubiere estado privado de su libertad en forma preventiva durante el período comprendido entre la entrada en vigencia y la derogación de esa ley", es decir, entre 1994 y 2001.

La aprobación de la iniciativa ocurre en la víspera de la convocatoria a una movilización masiva a Plaza de Mayo en repudio al fallo de la Corte, y que tendrá lugar luego de la sesión especial convocada por el Senado para hoy por la mañana a fin de darle sanción definitiva a la ley.

El debate

Con la presencia en los palcos del recinto de referentes de Derechos Humanos, como la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, y de la dirigente de Madres de Plaza de Mayo, Taty Almeida, la ronda de discursos comenzó con el diputado del Peronismo para la Victoria (Movimiento Evita) Remo Carlotto, quien calificó como "vergonzoso" el fallo de la Corte.

Carlotto enfatizó que lo que no se puede tolerar es que "después de 40 años de lucha y búsqueda de justicia", los jueces Highton de Nolasco, Ronsenkratz y Rossatti arbitraran a favor de un fallo que "facilita el camino de la liberación de los responsables de los crímenes de lesa humanidad".

La siguiente en tomar la palabra fue la hija de desaparecidos y diputada de Libres del Sur Victoria Donda, que catalogó la sentencia a favor de Muiña como "uno de los más vergonzantes y aberrantes en su historia", sólo parangonable con el fallo que justificó el golpe militar contra el gobierno de Yrigoyen.

A su turno, el diputado del PRO Pablo Tonelli justificó la decisión de los jueces, al sostener que "no tuvieron más remedio" que "aplicar la ley más benigna" tal como manda la ley y por más que estuviera derogada, aunque admitió la preocupación por "las consecuencias futuras" del fallo.

El jefe de la bancada del FpV-PJ, Héctor Recalde, discrepó con la postura del oficialismo respecto de la neutralidad del sentido del fallo, y acusó los jueces que firmaron por la mayoría una "intencionalidad política" para "dar marcha atrás en la lucha por los derechos humanos".

"Ellos no dictaron sentencia en el caso concreto sino que emitieron sentencia para crear una doctrina", consideró Recalde.

Desde el Frente Renovador, Cecilia Moreau se plantó en rechazo al fallo y criticó al presidente Mauricio Macri por haberse abstenido de opinar sobre la sentencia.

"No estamos dispuestos a perdonar lo imperdonable. La decisión de la Corte pone en vilo una política de Justicia reparatoria de delitos de lesa humanidad, y que goza de un consenso respaldador de la ciudadanía.

 

FUENTE: La Capital