La situación de los transportistas y profesionales que prestan servicios a personas con discapacidad "es dramática" y si el gobierno sigue ignorando el reclamo del sector se podría llegar a un punto sin retorno, según advierten.
En poco más de tres años, 43 transportistas de este segmento en Rosario y región dejaron de prestar ese servicio por el ajuste que Cambiemos realizó en el rubro, con actualizaciones de los aranceles que no siguieron el ritmo de la inflación.
"La situación es dramática", sentenció Pablo Bolego, titular de la Asociación de Transportistas de Personas con Discapacidad (Atraes).
Al inicio de la presidencia de Mauricio Macri, en el Gran Rosario había cerca de 400 licencias activas para trasladar a las personas con discapacidad que concurrían a centro de día o instituciones de rehabilitación; hoy apenas llegan a las 350.
"El gobierno nacional no le va a dar de baja a las prestaciones, pero lo que hace es ahogar a los prestadores", indicó el transportista y agregó: "No hay manera de que se pueda sostener el servicio con lo poco que aumentaron los aranceles", explicó en alusión a que el dinero que perciben por el servicio –regulado por autoridad nacional– ha quedado relegado por la inflación.
La crítica situación del sector, donde el Estado "ahoga cada día más" de forma "perversa" a los transportistas, se verá reflejada en la movilización que se realizará el próximo 26 de septiembre en el Monumento a la Bandera.
"Estamos precarizando el servicio y llegamos a un límite donde no podemos ni reparar la unidad", dijo Bolego y aclaró que el gobierno "no está garantizando los derechos de las personas con discapacidad". "Es una situación extrema", volvió a remarcar.
Sobre los espacios políticos que competirán por la presidencia del país en las elecciones de agosto y octubre, el presidente interino Asociación Provincial de Instituciones para Personas con Discapacidad de Santa Fe (Apridis) comentó: "No hemos tomado una decisión con respecto a las elecciones, pero hemos sido convocados sólo por el Frente de Todos para diseñar políticas relacionadas con la discapacidad".
Al igual que los transportistas, los profesionales que trabajan en instituciones de rehabilitación, en Centros de Día y Centros Educativos Terapéuticos están en riego. En los últimos dos años, el gobierno nacional aumentó las prestaciones en un 17 por ciento (5 año en 2018 y 12 en mayo de 2019), período donde la inflación fue del 70% (47,6 el año pasado y 22,4% en el primer semestre del corriente año).
Además, las instituciones que prestan los servicios a personas con discapacidad recibien el aporte del Estado "cuando hay alguna partida disponible".
"Estamos con muchísimas dificultades", señaló Mariel Chapero, directora de Casa Azul, el espacio que aloja a niños, niñas y jóvenes, incluyendo dispositivos que desde la Ley 24.901/97 se instituyen en el Sistema de prestaciones básicas en habilitación y rehabilitación integral a favor de las personas con discapacidad.
La psicóloga explicó: "El programa Incluir Salud paga cuando aparece una partida, esto complica muchísimo a las instituciones porque no hay previsibilidad para pagarle a sus trabajadores".
Incluir Salud es un programa de la Agencia Nacional de Discapacidad, bajo la órbita de la vicepresidencia, que brinda servicios de salud a los titulares de las Pensiones No Contributivas (PNC). El programa transfiere fondos a las provincias para garantizar que todos los usuarios, independientemente de dónde vivan, puedan acceder a una atención de calidad.
"Están en riesgo las prestaciones de rehabilitación, del Centro de Día y del Centro Educativo Terapéutico (espacio que remplaza el sistema educativo formal). En muchos casos se pierden tiempos preciosos, en relación a que en las infancias las intervenciones no tienen el mismo efecto que cuando los pacientes son más grandes. En algunos otros, se pone en riesgo la vida del usuario si no recibe el tratamiento", indicó la vicepresidenta de Apridis y ejemplificó: "Una prestación de kinesiología en pacientes que están sumamente complicados orgánicamente hace a la posibilidad de sobrevivir si tiene una enfermedad respiratoria. Es decir, un paciente que no está rehabilitado si se pesca una neumonía se puede llegar a morir".
Asimismo, sobre la movilización federal del 26 de septiembre, Mariel manifestó: "Es una forma de visibilizar el trabajo que realizamos y al mismo tiempo poder denunciar el serio retroceso que estamos viviendo en materia de derechos en el campo de la discapacidad".
"La situación es muy compleja y grave", concluyó la psicóloga.
FUENTE: RosarioPlus
EDICIÓN Y RELEVAMIENTO: Santiago Toffoli
