Con 56 votos a favor, la Cámara alta terminó de sancionar el proyecto que comenzó a ser tratado ayer en la Cámara de Diputados para contrarrestar el fallo de la Corte Suprema de Justicia que otorgó ese beneficio en un caso de delitos de lesa humanidad.

Durante el debate, el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, sostuvo que "en Argentina ha sucedido un hecho desgraciado" que es la ley del 2x1, ya que se trata de una norma "orientada a solucionar temas de espacio penitenciario, y también, secundariamente, a solucionar los temores de los jueces".

En la misma línea se expresó el senador de la Alianza Unen Fernando "Pino" Solanas, quien dijo que su espacio apoya "decididamente" la "reacción rápida que ha tenido el pueblo argentino" en el repudio al fallo de la Corte.

La Asociación de Abuelas de Plaza de Mayo encabezó un acto en repudio al fallo de la Corte (Foto: Ignacio Petunchi)

En total, fueron presentados siete proyectos de por distintos bloques que se fusionaron en uno solo, que modifica el artículo 7 de la Ley 24.390 -hoy derogada- para especificar que el 2x1 "no es aplicable" a los crímenes de lesa humanidad, genocidio o crímenes de guerra.

La decisión se tomó el martes mientras la Cámara de Diputados debatía un texto que establece que la Ley 24.390 "no será aplicable a los delitos de genocidio, de lesa humanidad y crímenes de guerra", de acuerdo con lo contemplado en convenios internacionales.

La Asociación de Abuelas de Plaza de Mayo encabezó un acto en repudio al fallo de la Corte (Foto: Ignacio Petunchi)

La iniciativa se confeccionó días después de que la Corte Suprema de Justicia fallara a favor de que un condenado por delitos de lesa humanidad sea beneficiado por la Ley del 2x1. Esa legislación, que se aplicó entre 1994 y 2001, establecía que se computaba doble cada día de detención sin sentencia firme.

En este marco, la Asociación de Abuelas de Plaza de Mayo encabezó un acto en repudio al fallo de la Corte en el Salón Provincias de la Cámara alta. Además, organismos de derechos humanos convocaron a una concentración en rechazo a la sentencia que dictó el máximo tribunal de Justicia, que tendrá lugar a las 18 en Plaza de Mayo.

El martes, en un hecho poco habitual, el debate en Diputados aglutinó a todas las fuerzas de la Cámara, que se unieron para alterar el temario de la sesión prevista con el fin de incluir el tema de la conmutación de penas sobre el que se expidió la Corte Suprema. Sólo contó con el rechazo del salteño Alfredo Olmedo.

 

FUENTE: Ámbito

La iniciativa, que recibió 152 votos positivos, 38 negativos y una abstención, fue rechazada por el Frente para la Victoria, que se quejó porque el proyecto fue tratado en el recinto sobre tablas "a libro cerrado" sin tener dictamen de comisión.

La ley obliga a los candidatos presidenciales que hayan superado las PASO a presentarse a un debate público, la normativa estipula que dicho encuentro sea televisado y se realice entre 20 y 7 días antes de la elección general.

Además, incorpora la obligatoriedad de un debate adicional antes del balotaje, en caso de que la elección no quede resuelta tras los comicios generales y se necesite una definición en esa instancia.

En este caso, el debate deberá realizarse 10 días antes de la fecha de la segunda vuelta.

La iniciativa modifica el Código Electoral Nacional y establece que estarán obligados a debatir públicamente "todos los candidatos cuyas agrupaciones políticas superen el piso de votos establecido para las elecciones primarias abiertas".

Para ello, los candidatos que no cumplan con esa obligación "serán sancionados con el no otorgamiento de espacios de publicidad audiovisual" para la campaña.

Se establece además que la Cámara Nacional Electoral, designada como la autoridad de aplicación de la norma, convocará a los candidatos elegidos en las primarias, cinco días después de su proclamación, a fin de determinar su voluntad de participación en el debate.

El mismo tribunal, con asesoramiento de organizaciones del ámbito académico y de la sociedad civil, convocará a los candidatos o representantes de los partidos a una audiencia en la que se acordará el reglamento, los moderadores y los temas para los debates.

Los debates presidenciales serán transmitidos en directo por todos los medios pertenecientes a Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado (R.T.A. S.E), agrega el proyecto.

El diputado del FpV-PJ Juan Carlos Díaz Roig propuso incorporar un artículo para establecer penas a aquellos candidatos que no cumplieran con las "promesas de campaña" asumidas en sus plataformas electorales a través de una declaración jurada ante la Cámara Nacional Electoral. Pero su propuesta fue rechazada.

• Avanza regulación del paso de mando

Por otro lado, la Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto de ley impulsado por el Poder Ejecutivo para ordenar el traspaso de mando presidencial entre el gobierno entrante y el saliente.

Con 138 votos afirmativos, 49 negativos y 4 abstenciones, la Cámara Baja aprobó y giró al Senado en la madrugada de este jueves esta iniciativa que surgió a la luz del revuelo que se produjo en diciembre del año pasado respecto del acto de asunción de Mauricio Macri.

En aquella oportunidad, el líder del PRO terminó recibiendo los atributos de mando de manos del presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, al no ponerse de acuerdo con la exjefa de Estado Cristina de Kirchner respecto del momento exacto de recambio presidencial, así como tampoco en relación al lugar donde se llevaría a cabo la ceremonia.

El miembro informante del oficialismo y presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales, Pablo Tonelli, reconoció que el proyecto "está inspirado en las dificultades que hubo en la etapa de transición antes de que asumiera el actual presidente" cuando, según dijo, hubo una "absoluta falta de colaboración" del gobierno saliente.

El proyecto establece que el mandato del presidente entrante comienza "a las 0 horas del día siguiente al de la finalización del mandato del presidente saliente, independientemente del juramento que prestará ante el Congreso Nacional".

También indica que la transición comienza "el día de proclamación de la fórmula presidencial ganadora por la Asamblea Legislativa, y finaliza el día de la asunción presidencial del nuevo mandatario".

En sus fundamentos, la norma enuncia que tiene como finalidad "favorecer una transición pacífica, ordenada, eficiente y transparente", en tanto que precisa que el período de transición abarca las "acciones que resulten necesarias para facilitar el cambio de la administración, particularmente, el suministro a las autoridades electas de toda la información sobre el estado de situación del gobierno".

El jefe de Gabinete del gobierno saliente tendrá la responsabilidad de coordinación de la transición, convocando a los funcionarios de los gobiernos entrante y saliente para hacer efectiva la transmisión de información básica, que comprende mínimamente la nómina de autoridades y personal, la situación financiera de cada uno de los ministerios, las contrataciones públicas, licitaciones y concursos.

Según el texto de la norma, el ministro coordinador deberá "velar por el cumplimiento de todos los actos simbólicos de entrega de mando de conformidad con los usos, costumbres y protocolo vigentes".

A su vez, la ley obligará al Gobierno entrante a enviar un informe al Congreso a los seis meses de haber asumido la gestión, el cual será publicado en Internet e exhibirá "la información recibida del gobierno anterior y el estado de situación de los organismos y entidades".

En tanto, la iniciativa busca prohibir que la gestión saliente pueda contraer créditos de deuda con organismos financieros nacionales o internacionales durante el período de transición, a excepción de que el trámite ya estuviera concluido de antemano o expresamente autorizado por el Congreso.

Se impedirá además que la administración saliente pueda en el transcurso de dicho período hacer designaciones de personal permanente, temporario u ocasional, ni tampoco efectuar recategorizaciones, traslados, ascensos, ni contrataciones, a menos que tengan la autorización del Parlamento.

El diputado Juan Brugge (UNA) calificó como un "avance" el proyecto que ordena el traspaso presidencial, y rescató el hecho de que se hayan definido actos de Gobierno y administrativos que prohíben la toma de crédito público y la designación de nuevo personal en el período de transición.

En la misma línea, la diputada Margarita Stolbizer celebró que haya prosperado la iniciativa del Poder Ejecutivo para ponerle una "fecha cierta" al período de transmisión de mando, aunque manifestó que habría "preferido que en lugar de hacer recaer la tarea en el Jefe de Gabinete se hubiera constituido una comisión conformada por los equipos de ambos presidentes".

FUENTE: Ámbito

RELEVAMIENTO Y EDICIÓN: Camila Abbondanzieri

Las autoridades cubanas difundieron el texto íntegro de la nueva ley de inversiones aprobada a finales de marzo, con la que la isla busca atraer capitales extranjeros para reflotar su economía.

La Ley de Inversión Extranjera abrirá amplios sectores de la economía a capitales foráneos y ofrece sobre todo prerrogativas fiscales a los potenciales inversores, entre ellos la reducción de impuestos sobre ganancias del 30 al 15%, así como la exención de impuestos para la mano de obra contratada.

Esta ley abre las posibilidades de inversión también a la emigración cubana, cuya mayor concentración, el 85%, se encuentra en Estados Unidos. De todas maneras estará previsiblemente limitada por los efectos del embargo económico que Washington impone a la isla desde hace más de 50 años.

La Ley de Inversión Extranjera abrirá amplios sectores de la economía a capitales foráneos y ofrece sobre todo prerrogativas fiscales a los potenciales inversores, entre ellos la reducción de impuestos sobre ganancias del 30 al 15%, así como la exención de impuestos para la mano de obra contratada.

Aunque la mayoría de los cambios ya habían sido informados cuando la Asamblea Nacional dio luz verde al proyecto, el texto completo con sus reglamentos y anexos operativos no habían sido publicados.

La ley entrará en vigor 90 días tras su aprobación, o sea a finales de junio, y su publicación en la Gaceta Oficial permitirá a los expertos conocer los detalles de la actividad.

El propio presidente cubano Raúl Castro reconoció la necesidad de contar con inversión extranjera para darle un poco de aire a la alicaída economía isleña, que actualmente sufre un proceso de reformas en las cuales se concede un poco más de espacio a la iniciativa privada interna, autorizando trabajos independientes del Estado y cooperativas.

Además entregó tierras subutilizada a productores particulares y legalizó el mercado de bienes raíces y vehículos.

"La ley 118 respalda la decisión de concebir la inversión extranjera como una fuente de desarrollo, en aquellas actividades que sean de interés para el país", expresó en un comentario el diario Granma, órgano de difusión del Partido Comunista de Cuba.

La inversión extranjera "se orienta a la diversificación y ampliación de los mercados de exportación, el acceso a tecnologías de avanzada y la sustitución de importaciones", agregó el rotativo.

Entre los cambios y atractivos que representa la nueva ley en comparación con su predecesora de 1995 se encuentra la reducción para las empresas mixtas o inversores en contrato de asociación económica con el Estado de la tasa impositiva sobre utilidades al 15%, cuando antes era del doble.

Además se otorga un periodo de gracia sobre utilidades de ocho años para las nuevas inversiones y facilidades similares si hay una reinversión en beneficio del país.

Paralelamente se exime las empresas mixtas o inversores en contrato de asociación económica con el Estado del pago por la utilización de la fuerza de trabajo. Sin embargo estas facilidades no estarán disponibles cuando la firma sea completamente extranjera, aunque sí se permite su radicación.

 

FUENTE: Infonews
 

El Mandatario, en el inicio del encuentro, lamentó los problemas que se suscitaron las últimas semanas a raíz del artículo 151 del proyecto de ley referido a la celebración de contratos entre cooperativistas y privados, el mismo que fue modificado porque vulnera la carta Magna, lo que ocasionó el rechazo de los trabajadores del subsuelo, quienes reclamaron que se mantenga esa prerrogativa a su favor.

El Mandatario, en el inicio del encuentro, lamentó los problemas que se suscitaron las últimas semanas a raíz del artículo 151 del proyecto de ley referido a la celebración de contratos entre cooperativistas y privados, lo que ocasionó el rechazo de los trabajadores del subsuelo, quienes reclamaron que se mantenga esa prerrogativa a su favor.

Morales admitió que desde el Ministerio de Minería fueron engañados tanto el Gobierno como los cooperativistas mineros, y dijo que lo que era un problema de norma se convirtió en un problema político.

Desde el Ministerio de Minería hemos sido engañados hacia el Gobierno Nacional como también hacia las cooperativas mineras del país', dijo.

Sin embargo, indicó que lo más importante es que 'impere' razones en base a la Constitución y no a 'caprichos' de un grupo para lograr soluciones.

Morales aseguró que aquellas 'verdaderas cooperativas' tienen garantizado su funcionamiento y ratificó que los contratos que fueron firmados entre este sector minero y privados serán investigados.

Por su parte el principal dirigente de Fencomin, Alejandro Santos, a su ingreso a la Vicepresidencia, manifestó que 'vamos a regirnos tal cual lee la Constitución Política del Estado', consultado sobre la posibilidad de ratificar la modificación del artículo 151, para evitar que se viole la Carta Magna.

unto con el Presidente participan de la reunión el vicepresidente, Álvaro García Linera, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, el de Minería, César Navarro y el viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales, Alfredo Rada. Mientras que Fencomin está representada por sus principales ejecutivos y unos 30 dirigentes de las afiliadas.

 

FUENTE: abi
 

El Parlamento argentino modificó mediante la Ley 26.915 los artículos 7 a 11 de la Ley 26.659 para establecer sanciones penales a las empresas y sus dirigentes que se dediquen a la exploración y explotación ilegales de hidrocarburos en la plataforma continental argentina. Esta incluye, por supuesto, los espacios circundantes a las Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur.

Se trata de una legítima medida legislativa tomada como reacción a los avances británicos de exploración y explotación de los recursos naturales y a la negativa de Londres de resolver la controversia de soberanía. El gobierno británico ha salido al cruce con una nota de protesta bastante inusitada. Los argumentos utilizados para expoliar los recursos naturales argentinos tanto por el Foreign Office como por las autoridades británicas locales son conocidos: que la plataforma continental alrededor de los tres grupos insulares no pertenece a la Argentina, que es el “gobierno” de las islas el que tiene derecho a regular la explotación del petróleo y que la Argentina desea impedir el desarrollo económico de una “nación de tres mil habitantes”.Una manipulación obscena de dos principios fundamentales del Derecho Internacional que surgieron en la segunda mitad del siglo XX, a pesar de la firme oposición de las potencias coloniales: el de la libre determinación de los pueblos y el de la soberanía permanente de los pueblos sobre sus riquezas y recursos naturales. 

La estrategia británica de no resolver la controversia de soberanía y de avanzar con la política de hechos consumados busca así esconderse con un ropaje de victimización. Mal puede el gobierno británico acusar de “ilícita” la acción argentina cuando es el propio Reino Unido el que se niega a resolver la controversia de soberanía. Su bastante torpe nota de protesta del 16 de diciembre así lo refleja: el gobierno británico se siente obligado a protestar contra una legislación que sólo habla de la plataforma continental argentina y que no menciona expresamente los territorios en disputa. Clara muestra del reconocimiento británico de que la Argentina considera su legislación aplicable a Malvinas y de la existencia de una controversia. De las dos partes, es el Reino Unido el que busca la confrontación.Su política es la del más fuerte. Sabe que la Argentina no puede sentarlo de por sí en una mesa de negociación para resolver aquélla. La única opción que el gobierno británico ofrece a la Argentina es la aceptación de la posición británica. En otras palabras, la renuncia a la soberanía. Se trata crudamente de una política de fuerza disfrazada con los pretendidos derechos de un puñado de sus ciudadanos y de su administración comunal instalados en territorio argentino.

La nota británica vuelve a reiterar la normativa internacional general sobre el derecho de los pueblos a la libre determinación, cuando sabe perfectamente que los órganos competentes de las Naciones Unidas y la mayoría abrumadora de la comunidad internacional no reconocen que los pobladores británicos de las islas son un pueblo separado con tal derecho. Pretende así escudarse en la decisión de 1600 ciudadanos británicos (la mayoría de los cuales ni siquiera nació en las islas) para explotar los recursos naturales existentes en tres millones de kilómetros cuadrados alrededor de los archipiélagos en disputa. Esta flagrante manipulación exige una respuesta adecuada y firme.

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar que adoptó la Convención del mismo nombre, aprobó en su Acta Final la Resolución III en la que se refiere a los derechos reconocidos en la Convención y a su aplicación a los territorios no autónomos (art. 73 de la Carta de las Naciones Unidas). Esta resolución establece claramente que en el caso de una controversia de soberanía las partes celebrarán consultas acerca del ejercicio de tales derechos, teniendo en cuenta las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas. Al hacer lo posible por concertar arreglos provisionales de carácter práctico, las partes “no pondrán en peligro ni dificultarán el logro de una solución definitiva de la controversia”. La contradicción de la explotación unilateral británica con tal resolución es evidente. La Resolución III también se refiere a que, en tales consultas, “los intereses del pueblo del territorio de que se trate constituirán una consideración fundamental”. La Argentina dejó en claro al firmar y al ratificar la Convención que la Resolución III en nada afecta la cuestión de las Islas Malvinas tal como la definieran las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas y que no aceptará ninguna actividad o medida relativa a ellas sin su consentimiento. Ninguna de tales resoluciones pertinentes reconoce en las islas la existencia de un pueblo separado. 

El único pueblo víctima de la acción colonial británica es el pueblo argentino. El que está así privado de determinar libremente su territorio y sus recursos naturales es el pueblo argentino. De la misma manera que en 1833 la joven Nación argentina fue víctima de un despojo territorial y en 1985 comenzó el despojo de sus recursos ictícolas, el gobierno británico se prepara ahora a sustraer los recursos hidrocarburíferos de los argentinos dentro de un par de años.

La nota británica vuelve a reiterar la normativa internacional general sobre el derecho de los pueblos a la libre determinación, cuando sabe perfectamente que los órganos competentes de las Naciones Unidas y la mayoría abrumadora de la comunidad internacional no reconocen que los pobladores británicos de las islas son un pueblo separado con tal derecho. 

La propaganda británica intentará presentar la Declaración conjunta Di Tella-Rifkind del 27 de septiembre de 1995 como una muestra de su “buena voluntad”. Por dicha declaración, el gobierno británico pretendía alcanzar el objetivo de desbloquear todo impedimento jurídico para la explotación de hidrocarburos. El anzuelo tendido pretendía hacer creer al gobierno argentino de entonces que los dos países podrían cobrar separadamente regalías a las empresas explotadoras, que éstas elegirían Comodoro Rivadavia como base de operaciones y que la entonces privatizada YPF podría ganar algunas licitaciones. Nada de ello ocurrió. Muy por el contrario, la declaración británica que siguió a la Declaración dejó bien en claro que no aceptaría pretensión argentina alguna de imponer regalías. YPF, sola o junto a British Gas, no obtuvo ninguna licencia y los británicos ya están creando la infraestructura necesaria en las islas que evitará todo contacto con el territorio continental argentino. Los dirigentes de la Alianza habían anunciado que denunciarían el acuerdo lesivo de 1995. El presidente Kirchner materializó la denuncia, en un todo conforme con el Derecho Internacional. Se trataba de un arreglo con sólo una parte gananciosa, que se desdijo al día siguiente de haberlo firmado de lo que había dicho a su contraparte.

Las medidas adoptadas en el plano nacional deben obligatoriamente ser seguidas por otras en el plano internacional. La explotación de petróleo en el área de Malvinas constituirá una agravación excepcional del conflicto que no puede ser respondida sólo con medidas internas o con declaraciones, fueran éstas unilaterales o regionales. Si no deseamos asistir al espectáculo de buques petroleros que vuelvan cargados desde Malvinas hacia el Norte, es necesario crear las condiciones materiales para que la explotación no tenga las mínimas seguridades jurídicas necesarias. Para ello es fundamental e insoslayable recurrir a los órganos principales de las Naciones Unidas y utilizar todos los recursos disponibles.

Cuando el Reino Unido envió en 1975 la Misión Shackleton con el fin de efectuar un relevamiento de las oportunidades de desarrollo económico de las islas y del aprovechamiento de sus recursos naturales, la Argentina reaccionó vigorosamente. Este fue el motivo por el que hace 34 años la Asamblea General de la ONU adoptó la Resolución 31/49, en la que instó a las dos partes a que se abstengan de introducir modificaciones unilaterales mientras las islas están atravesando el proceso de descolonización. Dentro de dos años se cumplirá medio siglo de la resolución 2065 (XX) de la Asamblea General de las Naciones Unidas, la primera que adoptó la organización mundial y en la que fijó la doctrina de la ONU sobre la manera de poner fin a la situación colonial especial de las Islas Malvinas. La obligación de descolonizar sigue vigente, aunque el colonialismo se disfrace con ropaje anticolonial.

El Reino Unido se apresta a implementar su viejo sueño de hace cuatro décadas. Como ya le ocurrió con otros conflictos en los que se vio envuelto, la potencia colonial no mide todas las consecuencias potenciales de la crisis que está creando. Una política de Estado requiere que el gobierno y la oposición asuman conjuntamente sus responsabilidades ante la acción de agravamiento de la disputa más seria desde 1982. Las responsabilidades surgen tanto por acción como por omisión. Como dijo la Presidenta, “la única batalla que se pierde es la que no se da”.

 

* Profesor de Derecho Internacional del Instituto de Altos Estudios Internacionales y del Desarrollo, Ginebra.

 

FUENTE: Pagina 12

A mediados del año pasado la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe aprobó modificaciones al Fondo para Obras Menores, las cuales fueron modificadas en el Senado y al ser aceptadas por la primera cámara dieron origen a la sanción de una nueva ley hace unas semanas atrás. Ante esta situación el Poder Ejecutivo sostuvo que la vetaría de forma inmediata.

En su momento, el ministro de Gobierno y Reforma del Estado, Rubén Galassi, sostuvo la decisión indicando que “se da una situación injusta con las dos ciudades más grandes de la provincia, que son Rosario y Santa Fe, donde vive el 40% de los santafesinos”. Además, justificó el posible veto ya que se “desnaturaliza el espíritu que tenía la ley y, en los hechos, es casi una modificación al régimen de coparticipación a municipios y comunas porque si no se cumplen determinados plazos se habilita a los gobiernos locales a que avancen con los proyectos cuando la idea original era que las obras sean discutidas y consensuadas, tanto en los concejos municipales como en las comisiones comunales”. (Diario La Capital, 4/11/2013)

No obstante, esta semana fue novedad el hecho de que el Poder Ejecutivo habría incurrido en defectos formales en el veto de la ley, lo que según legisladores de la oposición implicaría la plena vigencia de la ley. (Sin Mordaza, 29/11/2013)

Para poder comprender a que se debe este debate es preciso repasar qué son los fondos en cuestión y cuál es la situación que implicaría una nueva distribución de los mismos, lo que traería aparejado un impacto no menor para las pequeñas localidades. Si se buscará solucionar los defectos formales del veto o se avanzará con una nueva ley que incluya a las ciudades de Rosario y Santa Fe dependerá de las principales autoridades del Poder Ejecutivo provincial.

A mediados del año pasado la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe aprobó modificaciones al Fondo para Obras Menores, las cuales fueron modificadas en el Senado y al ser aceptadas por la primera cámara dieron origen a la sanción de una nueva ley hace unas semanas atrás. Ante esta situación el Poder Ejecutivo sostuvo que la vetaría de forma inmediata.

¿Cuánto dinero hubiera recibido en 2013 cada localidad con la nueva ley? ¿Cuánto es lo que pone en juego cada una de ellas si la ley se veta o se reforma? ¿Los municipios más chicos se perjudican o se benefician?

Para analizar estas cuestiones se analizan tres posibilidades: la primera muestra los montos que hubieran obtenido Rosario, Santa Fe y las restantes ciudades/localidades en el año 2013, a través del Fondo del Conurbano y el Fondo para Obras Menores en el caso en que no se incluya a Rosario y Santa Fe dentro de este último. La segunda muestra los montos que se hubieran obtenido si Rosario y Santa fe hubieran estado incluidas en el Fondo para Obras Menores, además de recibir sus montos correspondientes al Fondo del Conurbano. La tercera muestra los montos que se hubieran obtenido si Rosario y Santa Fe hubieran estado incluidas en el Fondo para Obras Menores y el monto obtenido del Fondo del Conurbano se hubiera aportado para el monto a repartir en el Fondo para Obras Menores. Es decir, ambas ciudades entrarían al FOM “aportando” los fondos con los que hoy cuentan.

Estos serían los resultados para las ciudades que más reciben en cada uno de los 3 casos (ver PDF con los montos que percibiría cada una de las 362 localidades de la Provincia de Santa Fe).

Nota: a los fines de determinar los montos totales implicados a los montos de las últimas 2 columnas habría que agregarle los $ 20.500.000 y $ 8.500.000 que reciben actualmente Rosario y Santa Fe por Fondo del Conurbano.

El primer caso es el de hoy en día y muestra los fondos que hubieran recibido las grandes ciudades de haber estado vigente la nueva ley en 2013. También se ve como los montos percibidos por las demás ciudades se han ido acercando a los recibidos por Santa Fe y Rosario por el Fondo del Conurbano, el cual es un fondo nacional cuyos fondos son fijos y no se actualizaron en el tiempo como si lo hizo el Fondo para Obras Menores. De ahí el creciente interés de Rosario y Santa Fe por participar del reparto de estos recursos.

El segundo caso se daría con una ley que incluya a Rosario y Santa Fe dentro del Fondo para Obras Menores y no se comparta el monto que estas ciudades reciben del Fondo del Conurbano. De darse esta situación, se perjudicaría notoriamente al resto de las ciudades/localidades de la provincia, ya que no se aumentaría el monto a repartir y Rosario y Santa Fe se quedarían con cerca del 30% del total de fondos distribuidos, sumado a lo que reciben del Fondo del Conurbano. No es muy difícil imaginar la oposición que presentarían el resto de las grandes ciudades de la provincia a una reforma como esta, ya que la disminución de los recursos recibidos por cada una de estas rondaría el 40%.

Por último, una ley que incluya a Rosario y Santa Fe e incorpore dentro del monto a repartir lo que estas ciudades reciben del Fondo del Conurbano perjudicaría a 273 ciudades/localidades de la provincia (entre las que se encuentran las principales ciudades), aunque beneficiaría a las 87 localidades más pequeñas. Estas últimas ubicadas por debajo de los $230.000 pesos anuales, pasarían a recibir algunos miles de pesos más producto del impacto de la incorporación de los Fondos del Conurbano.

Estos datos y los fondos en juego hacen pensar que esta discusión está lejos de haber sido zanjada y en los próximos días volveremos a escuchar hablar de nuevo a funcionarios del Ejecutivo, Intendentes o legisladores opositores sobre el Fondo para Obras Menores.

 

(*) Investigador de la Fundación para la Integración Federal

No sin polémica, los diputados modificaron por mayoría el artículo 7 de la ley 26659, que regula las condiciones para la exploración y explotación de hidrocarburos en la plataforma continental, aprobada en abril de 2011. Las enmiendas convierten en delito la exploración sin autorización de recursos minerales en el lecho o en el subsuelo del mar territorial o en la plataforma continental argentina, y estipulan duras sanciones penales contra los infractores.

El Reino Unido ha sido avisado sobre esta decisión mediante un comunicado que difundió la embajada argentina en Londres. Según la nota, la ley "provee sentencias a prisión de hasta 15 años, multas equivalentes al valor de 1,5 millones de barriles de petróleo, la prohibición de operar en Argentina para individuos y compañías, y la confiscación de equipamiento y cualquier hidrocarburo que sea extraído ilegalmente".

La embajada ha enviado asimismo al menos 200 cartas de advertencia a empresas como Premier Oil, Rockhopper Exploration, Falklands Oil and Gas y a sus ejecutivos, así como a las bolsas en las que operan dichas compañías. En ellas insta a que actúen de conformidad con las normas que regulan las actividades que desempañan bajo la amenaza de sanciones administrativas, civiles y penales provenientes de Buenos Aires. 

La Cancillería británica respondió inmediatamente afirmando que "apoya rotundamente el derecho de los habitantes de las Falkland (Malvinas) a explotar sus recursos naturales para su propio beneficio económico" y calificó de "totalmente legítima" la exploración y explotación de crudo en el archipiélago.

 

FUENTE: RT

En vísperas del 40 aniversario del cruento golpe militar de Augusto Pinochet,Amnistía Internacional (AI) reclamó hoy al gobierno de Chile la derogación de la ley de amnistía que otorga impunidad a los miembros del régimen.
La organización de defensa de los derechos humanos, con sede en Londres, hizo llegar al Ejecutivo chileno un pedido firmado por más de 25.000 personas que exige la abolición de esa ley de 1978, que exime de responsabilidad a las personas que cometieron abusos entre 1973 y 1978.

"Es inaceptable que 40 años después del golpe militar todavía haya obstáculos a la búsqueda de justicia, verdad y reparación en Chile" declara Guadalupe Marengo.

Además, pide que se tomen medidas para garantizar justicia, verdad y reparación a las víctimas, muchas de las cuales aún siguen desaparecidas cuatro décadas después del golpe de Estado que derrocó al presidente Salvador Allende el 11 de septiembre de 1973.

"Es inaceptable que 40 años después del golpe militar todavía haya obstáculos a la búsqueda de justicia, verdad y reparación en Chile", declara en un comunicado la subdirectora del programa para las Américas, Guadalupe Marengo, que reproduce la agencia EFE.

"La ley de amnistía continúa protegiendo de procesamientos a violadores de los derechos humanos, hay aún largos retrasos en los procesos judiciales y las sentencias no reflejan la gravedad de los crímenes cometidos", añade en tono de queja.

La organización también exigió que los juicios a militares y fuerzas de seguridad se tramiten en tribunales civiles.

TIRADOS EN LA ALAMEDA

Un millar de personas se recostó hoy sobre la vereda norte de la histórica Alameda, la principal calle de Santiago de Chile, evocando a los muertos y desaparecidos que dejó la dictadura del general Augusto Pinochet (1973-1990).

"Fue un acto conmovedor, que nos recuerda los dolores que cruzan a nuestro país, producto de los crímenes de lesa humanidad", dijo a DPA el académico y activista de derechos humanos, Manuel Guerrero.

Los asistentes coparon una decena de cuadras uniendo con sus cuerpos las inmediaciones del palacio presidencial de La Moneda y la Plaza Italia, epicentro de la capital.

El acto, realizado en la antesala del 40mo. aniversario del golpe de Estado que dio lugar a la dictadura, coincide con otras decenas de actividades en universidades, museos y antiguos centros de exterminio desde hace semanas.

La reflexión y recuerdo por el golpe militar y los crímenes posteriores acapararon las actividades del gobierno, la oposición y la Iglesia católica.

 

FUENTE: Télam
 

 

La iniciativa obtuvo dictamen de mayoría en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, por lo que está listo para ser debatido en la sesión del 31 de octubre. La ley prevé un crecimiento del PBI de 4,4 por ciento.

• Diputados Dio Media Sanción al Presupuesto 2013
• AUDIO RECOMENDADO: Análisis del Presupuesto 2013

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El Presupuesto 2013, que prevé un crecimiento del PBI de 4,4%, obtuvo el dictamen de mayoría de los integrantes del Frente para la Victoria en la Comisión que encabeza Aníbal Fernández.

El proyecto fue pasado a la firma luego de que los senadores escucharon a algunos especialistas que se refirieron a los cálculos de las cuentas públicas para el próximo año.

La economista jefe del Centro de Estudios Económicos, Milagros Gismondi, sostuvo ante los parlamentarios que "la zona del Euro seguirá en crisis en 2013 pero el resto de los países va a haber un crecimiento, aunque magro".

"Desde junio notamos una recuperación en la industria y también en la cosecha agrícola que se va a traducir en una recuperación en la economía", sentenció Gismondi.

A su turno, Luciana Díaz Frers, de CIPPEC, analizó el Presupuesto 2013 y dijo que "es destacable positivamente que haya una prioridad en el gasto social, sobre todo en cuanto a jubilaciones y Asignación Universal por Hijo".

En tanto, el ex secretario de Economía, Daniel Montamat, dijo que "los subsidios a la energía van a bajar" y que habrá "un déficit en la balanza comercial energética".

A su turno el titular de la Auditoría General de la Nación, Leandro Despouy, en tanto, llamó la atención a la "distonía entre el Presupuesto que se aprueba y el que se ejecuta".

Al término de las exposiciones, el dictamen del Presupuesto 2013 pasó a la firma y quedó listo para ser llevado al recinto el próximo miércoles 31 de octubre donde se tratará a continuación de la Ley que reglamenta el instituto del Per Saltum.

El Presupuesto 2013, que ya fue aprobado por Diputados, detalla que se utilizarán unos 7.967 millones de dólares del Fondo de Desendeudamiento (Fondea y Fondoi) para pagar deuda privada y pública del año próximo.

Entre otras cuestiones, prevé un aumento en el consumo de 4,3% el próximo año (1.867.059 millones de pesos) en línea con el crecimiento de la economía, mientras que para el nivel de inversión proyectan un avance de 7,4%, alcanzando los 602.695 millones de pesos.

En cuanto a las cuentas públicas, el proyecto contempla un crecimiento de la recaudación del 24 por ciento.

Para 2013 se prevé un superavit primario de 55.893 millones de pesos (2,19% del PBI) y un resultado financiero también superavitario de 588 millones de pesos (0,02% del PBI).

En cuanto a las cuentas externas, se prevé un superávit comercial de 13.325 millones de dólares, un crecimiento del 9 por ciento respecto del que se prevé para este año.

 

RELEVAMIENTO Y EDICIÓN: Pedro Arrospidegaray

FUENTE: Télam

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