El magistrado que dirigió la primera instancia de las investigaciones del caso Lava Jato y condenó al ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva el año pasado, fue elegido por el ultraderechista Jair Bolsonaro como el encargado de manejar la justicia en su gabinete. Algunas informaciones hablan de que ya habría habido contacto previo a la elección.
Según publica Brasil de Fato Moro fue llamado a negociar el cargo con la campaña de Bolsonaro aún durante la primera vuelta de las elecciones, momento en el que decidió filtrar a la prensa la delación del ex ministro del PT Antonio Palocci en la Operación Lava Jato, una acción que perjudicó directamente a la campaña del PT.
Moro reconoció que se reunió con el futuro ministro de Economía de Bolsonaro, Paulo Guedes y explicó que la agenda de la reunión fue encontrar puntos de “convergencias y divergencias superables”.
Según explicó el Consejo en una nota, el magistrado Humberto Martins emitió un llamado de Pedido de Providencia para que Moro ofrezca explicaciones sobre su nombramiento como titular del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública de la próxima gestión.
Moro deberá dar explicaciones sobre las posibles actividades político-partidarias en las que se habría involucrado al aceptar componer el nuevo gobierno.
“Buscando posibilitar una mejor comprensión de los hechos, determino que sea el representado (Sergio Moro) notificado para prestar informaciones en 15 días”, expresó el magistrado.
Martins agregó que reunió todos los pedidos que solicitaban la investigación de la conducta de Moro en una única acción, para evitar, así, la “repetición de actos procesales” que verificarían hechos homólogos y representaría un “desperdicio de recursos humanos y materiales”.
Fueron varios ciudadanos y entidades las que solicitaron verificar si hubo actividad política por parte de Moro al aceptar la invitación de Bolsonaro, entre ellas el Partido de los Trabajadores de Lula, y la Asociación Brasileña de Juristas por la Democracia, que afirmó que Moro habría violado el Código de Ética de la Magistratura al “iniciar tratativas para ejercer otro cargo público aún durante el ejercicio del cargo de magistrado”.
Moro pidió vacaciones para organizar la transición de gobierno y los planes para el Ministerio de Justicia a partir de 2019. La ley brasileña, sin embargo, veda que los magistrados participen en actividades que no tienen relación con el Poder Judicial con excepción de la docencia.
El PT por su parte acusó al juez de parcialidad y de “interferir de manera indebida en el proceso electoral, siempre con el objetivo de perjudicar al Partido de los Trabajadores y sus candidaturas”.
Cabe recordar que Moro no sólo condenó a Lula en primera instancia, sino que fue el magistrado que aún estando de vacaciones en Portugal denegó la aceptación por parte de otro juez de un recurso presentado por la defensa de Lula que otorgaba la libertad al exmandatario, lo que habría permitido al exmandatario, quien lideraba todas las encuestas electorales, ser candidato a la Presidencia.
Esta semana Moro aseguró que la invitación para que sea el próximo ministro de Justicia y Seguridad Pública no tenía nada que ver con el proceso de Lula.
También aseguró que no pretendía hacer uso del Ministerio para promover persecuciones políticas. “No pueden dejarme atado por una fantasía de que estoy promoviendo una persecución política”, expresó.
“El objetivo es, en el gobierno federal, realizar lo que no se ha hecho en los últimos años, con todo el respeto, y buscar implementar una fuerte agenda anticorrupción, que agregaría una fuerte agenda también contra el crimen organizado”, explicó.
FUENTE: La Red 21
RELEVAMIENTO Y EDICIÓN: Mariana Vera
Una investigación ha vinculado al gigante agropecuario Cargill con la fuga de dos represores de la última dictadura argentina. La Unidad de Información Financiera descubrió transferencias sospechosas de un fideicomiso que presuntamente, se usó para facilitar la huida de Jorge Olivera y Gustavo De Marchi el pasado 25 de julio.
Los ministerios de Justicia, Salud y Defensa firmaron un convenio para coordinar un mecanismo de revisión de antecedentes médicos de imputados, procesados o condenados en causas por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura cívico militar.