En la genial serie televisiva “Los Simuladores”, creada por Damián Szifrón, radicaba un sentido de justicia innato. Basado en un relato básico, los que padecían alguna injusticia y un grupo de hombres, desde un trabajo de equipo, con importantes recursos tecnológicos, de inteligencia y con una determinante impronta de simulación, lograban que el dolor y la angustia inicial se transformara en esperanza y en revinculación posterior con nuestros héroes, que, a diferencia de los importados del norte, lograban su objetivo final, ya no desde un individualismo todopoderoso, sino desde cierto colectivismo mucho más propio de la esencia argenta.

El programa, de alguna forma, mostraba que todo era posible si había organización, picardía y trabajo común. Tenía cierta estructura básica, podría decirse que infantil (esto no es un demérito) y donde los límites de quienes eran los buenos y los malos estaban claramente establecidos. Aunque huelgue decirlo, la política tiene mucho de simulación. La gran pregunta es cuánto de ciertos pases de magia se pueden sostener en el tiempo, dejando de ser una herramienta útil y que, en definitiva, no se vuelva en contra de sus protagonistas. Recorrido semanal de unas cuantas simulaciones libertarias que, como a los malos que enfrentaban nuestros héroes televisivos, rápidamente se le ven los pliegues. Pasen y vean. Sin ambigüedades y con nuestras pequeñas verdades a cuestas, sean todos bienvenidos.

La sobreactuación libertaria en el retorno presidencial a las apuradas de los Estados Unidos, en nombre del ataque iraní a Israel, con las temerarias advertencias de analistas de toda laya que nos anunciaban el comienzo de la Tercera Guerra Mundial, duró lo que pervive un atracón de domingo con alguna copa de más y esa porción de postre que uno sabe que no debería comer. Para el lunes, la reunión del comité de crisis era historia y para el martes un mal chiste, sobre todo cuando el propio gobierno bajó el nivel de seguridad y un par de comunicadores bien informados afirmaron que el motivo real de la vuelta anticipada del presidente, se debió a que en Dinamarca ninguna figura de importancia recibiría al presidente. El recientemente ascendido Manuel Adorni no lo desmintió, así que el dato queda flotando para que cada quien lo pondere como mejor le parezca.

Pero esa no fue la única simulación de la semana planteada desde el oficialismo gobernante ya que, casi cuatro meses después de haber sancionado el Decreto de Necesidad y Urgencia nº 70/23, el cual habilita a los sucesivos y exponenciales aumentos que las empresas de medicina prepaga aplicaron a la totalidad de sus clientes; el funcionariado vino a descubrir que probablemente el bueno de Claudio Belocopitt y sus colegas, se habrían cartelizado para cobrar lo que les venía en gana. La novedad libertaria radicaba en que el Poder Ejecutivo Nacional (PEN) preparaba un recurso de amparo exigiendo que las prepagas apliquen los aumentos sin pasarse de los índices inflacionarios informados por el INDEC. Tanta bonomía a uno no deja de conmoverlo. Ay, libre mercado que me hiciste mal y sin embargo te quiero!

Pero la saga de simulaciones siguió. Ante el clima social surgido con la convocatoria para e l martes 23 a la marcha nacional en defensa de la universidad pública, que pinta como masiva y aglutinante, en la tarde noche del jueves, al mileismo gobernante no se le ocurrió mejor idea que salir a anunciar vía comunicado de prensa, que se había logrado un acuerdo con los rectores del conjunto de las universidades que se referencian en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), para garantizar un reajuste del presupuesto del 70%. Nada de eso sucedió en esos términos y a fuerza de desmentidas rectorales, a media mañana del viernes la noticia había dejado de ser tal, para demostrar que se trataba de una burda operación.

https://twitter.com/CINoficial/status/1781155100582359130

En ambas cuestiones, prepagas y universidad pública, el Poder Ejecutivo parece intentar dar respuesta a sectores que, probablemente, lo apoyaron de manera decidida en el balotaje de noviembre del año pasado. En un país donde, pese a todo, el sueño de la movilidad social ascendente a partir de la educación ha podido imponerse, teniendo un evidente impacto en la cultura social de sus habitantes, condicionar en su día a día a la salud y la educación no parece ser la mejor de las propuestas.

En modo slow motion, y al igual que sucedía la semana pasada con la CGT, el oficialismo llega tarde y mal, con propuestas que intentan desactivar la canalización del conflicto en el espacio público. En la verborragia presidencial, en la soberbia del vocero y en el silencio del conjunto de funcionarios de las distintas áreas donde aparecen las disputas, parece radicar una estrategia que, cuando los hechos se encuentran temporalmente cercanos, intentan ser desactivados. ¿Miedo a la calle? Puede ser. Pero este analista prefiere pensar en un intento por evitar el enojo de aquellos que, aún sin movilizarse, puedan interpretar que el oficialismo no hace nada por evitar ciertos deterioros que están cada vez más expuestos.

Si el libertarismo llegó como un espacio que vino a renovar la política, ciento treinta y dos días después las dudas cada vez quedan más expuestas. Si, para finales de 2023, el sistema político argentino podía visualizarse como un entramado atomizado, donde los distintos grupos trataban de sobrevivir políticamente más allá de la presencia efectiva de liderazgos que solidificaran cierta idea institucional del mundo; las disputas libertarias de las dos últimas semanas no parecen ajenas a esa lógica.

Con el bloque de diputados explotado para la segunda semana de abril, con la internación de una famosa legisladora debido a las amenazas recibidas por los propios como producto de las disputas internas, con renuncias de funcionarios de segundas líneas por goteo y con diferencias profundas en ciertas preferencias entre los hermanos Milei respecto de algunos nombres propios, el momento político del mileismo, más allá de la centralidad presidencial, no parece el ideal.

Va de suyo el reconocimiento en la efectividad del discurso contra la casta. Sabido es que Javier Milei supo canalizar cierto enojo social bajo la simpleza del concepto. Se esmeró en denunciar a dirigencias enfrascadas en sus internismos, la presencia de familiares y amigos en el cenáculo del poder y un supuesto despilfarro de los ingresos públicos. Todo ello fue parte del paquete expresado por el Milei candidato. Pero, si revisamos la semana, el libertarismo parece haberse incorporado de manera plena a todo aquello que denunciaba: Adorni fue ascendido al rango de secretario de Estado pero con ingresos de ministro y sus hermanos pasaron a formar parte de áreas ministeriales de relevancia; a Eduardo Serenellini se le devolvió la jerarquía que ostentaba pero sin manejo de presupuesto; Karina Milei cuenta ahora con un manejo discrecional de fondos para determinadas áreas; pudimos conocer el gasto exagerado en el pago del vuelo privado que justificó la entrevista con Elon Musk (U$s150.000) y, por fin, el presidente ahora descubre la conveniencia del uso de la flota oficial para su traslado.

https://twitter.com/madorni/status/1781866604726251613

A todo lo anterior debe agregarse la acusación de ratas a senadores de la oposición por haberse aumentado los ingresos, para terminar obviando que los propios legisladores de La Libertad Avanza, también avalaron la suba de ingresos. Si aquella discusión fuera válida (para este analista representa un tema menor frente a las complejidades de la cotidianidad argentina), podría decirse que el libertarismo se acostumbró muy rápido a ciertas mañas del sistema político.

Pero a todo lo comentado, en el marco de una situación económica y social cada vez más deteriorada, donde los aumentos de tarifas comienzan a transformarse en una verdadera piedra en el zapato, la gestión peca de improvisación. Por ejemplo, se anunció un masivo cierre de medios públicos que no sucedió ya que sólo la Agencia Télam quedó alcanzada por la medida, aunque sus trabajadores siguen cobrando su sueldo al igual que los empleados del INADI, el cual no puede cerrarse porque para ello se necesita una ley y también, se anunció la venta de terrenos donde funciona la TV Pública, cuestión que efectivamente quedó desactivada.

El oficialismo es una suma de anuncios que en pocas horas quedan desestimados y que muchos ciudadanos y ciudadanas dan por confirmados, mientras el ministro de Economía peregrina por las calles de Washington preguntándose como en el tango “¿dónde hay un mango viejo Gómez?”, ya que en el Fondo Monetario Internacional están muy de acuerdo con la marcha del plan, pero no tanto como para entregar los U$s15.000 millones que Luis Caputo le prometió al presidente que podría conseguir para animarse a salir del cepo primero y apostar por la dolarización después.

Además, debe decirse que por ahora los camiones no invaden las rutas de la región entregando la cosecha gruesa, porque no son pocos (productores y cerealeras) que esperan, a contramano de varios de los empresarios que el viernes aplaudieron a Milei en el Llao Llao (hipotéticos héroes por haber fugado dinero), por una nueva devaluación que les permita hacer una buena diferencia.

En lo concreto, el oficialismo sólo parece ir por una sola variable tangible para los argentinos: la baja de la inflación. En esta mañana de sábado, mientras se anuncia que habrá cadena nacional para informar sobre el superávit de marzo, la expectativa de cortísimo plazo parece residir en que los precios profundicen una tendencia a la baja, cuestión que será definitivamente celebratoria para el equipo gubernamental. Que en el medio no se le haya pagado a nadie, que se haya ahorrado con fondos que pertenecían a las provincias, a docentes, a enfermos cancerígenos o a jubilados a los cuales no se le cumplió con la ley previsional anterior y que el nivel de subsidariedad de las tarifas haya sido borrado de un cuajo, no resulta un tema de interés para las fuerzas del cielo. Algo parecido a aquella afirmación de Tácito: “Los romanos construyen un desierto y lo llaman paz”.

La simulación en política, como en la vida misma, puede ser un arte, pero sólo puede servir a cumplir objetivos que nunca deben superar el corto plazo. Si, como dice Miguel Cantilo, podremos acechar verdades sobre las paredes del libertarismo, porque en ellas aparecen verdades, esas que el movimiento nacional y popular no supo descifrar, bueno sería descubrir quiénes son los buenos y los malos en el juego de los simuladores. Por lo menos para intuir de qué va la cosa. Aunque una justa construcción política, ya se sabe, reclame otros ejercicios.

(*) Analista político de Fundamentar - @miguelhergomez

“A río revuelto, ganancia de pescadores” afirma el dicho popular. Y, lentamente, la política argentina parece entrar en clave 2023 con el dato significativo de que, a exactamente un año de lo que será la elección general, no queda del todo claro cuáles serán los nombres propios que protagonizarán la compulsa que, irremediablemente, modificará el actual escenario post pandemia.

La última semana de octubre tuvo de todo, “como en botica”: presentación de libro, centralidad del Congreso de la Nación, la discusión a la distancia sobre la supresión de las PASO y un acuerdo económico internacional nada desdeñable. Pasen y vean.

La semana comenzó bien arriba. Mauricio Macri presentó su libro “Para qué” acompañado del provocador Pablo Avelutto en un contexto donde volvió a demostrar su referencia y, de alguna manera, su condición de jefe político al lograr que lo más granado de Propuesta Republicana se hiciera presente allí en la Sociedad Rural, con Horacio Rodríguez Larreta incluido.

Emulando a la actual vicepresidenta, quien supo ganar centralidad política recorriendo el país con la presentación de “Sinceramente”, Macri va por su segundo libro. Si en el anterior la apuesta se sintetizaba en una hipotética candidatura, en este el escenario ya no está tan claro en cuanto a las intenciones.

De sus últimos movimientos, todo parece indicar que el hijo de Franco intentará mostrarse como el gran referente de Juntos por el Cambio, una especie de parteaguas que tenga poder real antes que formal y que sirva como condicionante de un hipotético gobierno amarillo a partir de diciembre del año próximo. La figura de “El padrino” del dúo Puzo – Coppola, al que todos acudían para buscar su bendición, no deja de tener cierta justeza.

Para una hipotética candidatura, Macri necesitaría de un fenómeno de amnesia colectiva que haga olvidar los enormes desaciertos de su gobierno. No se trata sólo de cuestionar aquello que la administración del Frente de Todos no esté haciendo bien o, decididamente, esté haciendo mal, sino que el alto porcentaje de imagen negativa que ha sabido cosechar, no permite ni el más mínimo despegue de su figura. Una cosa es propalar ciertas ideas que puedan parecernos “modernas” (pre modernas para el interpretar del suscripto), que vengan acompañadas con un buen packaging, y una buena dosis de impunidad mediática, y otra muy distinta es que el vocero y representante de una clase social que siempre se las ha ingeniado para servirse de un Estado al que denostan, sea además el responsable de varios récords de una pésima gestión económica para el conjunto de los argentinos, pretendiendo ser candidato en una elección general.

Sí se le debe conceder a Macri la capacidad para instalar ciertos discursos. No tanto por su sagacidad política que, a no equivocarse, vaya si la tiene; sino por la enorme capacidad de crear agenda que en el país tiene buena parte de la derecha.

Tanto es así, que sus diatribas contra Aerolíneas Argentinas, empresa a la que quiere desguazar en nombre de una supuesta revolución de los aviones con las que intentó favorecer a sus amigos en el período 2015 – 2019, tuvo eco en cierta prensa “progre” que empezó a hacer el ejercicio comparativo, con el único rigor que suponen los tiempos mediáticos, de la existencia de diversas empresas del Estado de diferentes países del mundo que, aparentemente, serían más eficientes que las nuestras. Como al pasar, también el Inadi fue blanco de críticas por la cantidad de empleados con los que cuenta en su plantilla.

Algo se le debe reconocer al neoliberalismo profundamente “derechoso” de este tiempo: cierta inteligencia que hace que, si en finales de los ’80 y comienzos de los ’90, los discursos que deslegitimaban el rol del Estado venían de parte de sus propios voceros (el dúo Neustad – Grondona fue el más famoso), no dejó de llamar la atención que por estos días, algunos de los que supuestamente están de este lado, el nuestro, pusieran bajo la lupa el sentido y funcionamiento de unos cuantos organismos estatales y la supuesta rigidez de no pocos convenios colectivos de trabajo. La vida te da sorpresas, cantaba el borracho que se tropezó con Pedro Navaja. La política (y los medios) no está exceptuada de ello.

En el oficialismo, por su parte, juntaron en los últimos siete días, noticias de las buenas y de las otras, esas que se sustentan en un cúmulo de diferencias cada vez más expuestas. En este sentido parecen sobresalir dos grandes discusiones; la suspensión de las PASO y la entrega o no de un bono o de una suma fija al conjunto de los trabajadores que sirva para mejorar sus bolsillos.

De la primera de esas diferencias nos referimos en esta misma columna hace apenas un par de semanas atrás. El escenario no ha variado demasiado, sólo que, ahora sí, una vez terminado el tratamiento del proyecto de ley del Presupuesto 2023, el diputado rionegrino Luis Di Giácomo, presentó el proyecto de suspensión y con ello, el conjunto del sistema político comenzó a discutir su viabilidad.

Al interior del oficialismo hay dos posturas claramente expuestas: la del conjunto de gobernadores peronistas que, en acuerdo con el cristinismo, plantean la suspensión a los fines de, por un lado, elegir las candidaturas de acuerdo al interés de cierta dirigencia y por otro, para complicar la interna de Juntos por el Cambio, que necesita a las PASO como el agua para ordenar su sobrevida política para lo que viene.

La otra postura es la del presidente y de buena parte del Frente de Todos que se representa en la Cámara de Diputados que no tienen ningún interés en terminar propiciando una medida que contradice los planteos de un oficialismo que supo sancionar la ley en 2009. En la semana que pasó la presión por la suspensión fue in crescendo, al punto que el propio ministro del Interior, Eduardo Wado De Pedro, actuando como una especie de vocero del conjunto de gobernadores, declaró que al presidente lo querían convencer de la no derogación.

El juego parece estar abierto. A tal punto, que otra de las novedades que trajo la semana en el contexto de PASO sí o no, vino de la mano de una serie de off the record que indican que el presidente cada vez aparece como más convencido de ir por su reelección, con el agregado de declaraciones de Máximo Kirchner que terminaron enfriando cierto incipiente operativo clamor que pedía por una candidatura de la ex presidenta, al afirmar que “creía que Cristina no sería candidata”.

Con respecto a la idea de un bono o una suma fija las diferencias también parecen estar a la orden del día, con dos referencias insoslayables: por un lado el cristinismo, algunos dirigentes sindicales que tributan en la CGT y los de la CTA; por el otro, la conducción cegetista que hasta el momento había dejado supeditada cualquier mejora a lo que pudiera definirse en las paritarias, ya que una suma fija suele no tener componentes remunerativos y ello atenta contra el interés gremial. Nada está definido aunque todo parece indicar que el presidente ha dado algunas nuevas instrucciones. Tal vez noviembre traiga alguna novedad.

De alguna manera paradojal, las mejores noticias para el oficialismo, esas que refieren a poder contar con algunas certezas en el mediano plazo, vinieron de la mano de la dimensión económica, esa que hasta hace algunas semanas atrás se asomaba al abismo.

En la tarde del viernes el ministro Sergio Massa informó sobre un acuerdo con el Club de París para refinanciar una deuda de U$s2000 millones. Esto se suma a la media sanción que en la madrugada del miércoles obtuvo el Presupuesto 2023 en la Cámara de Diputados.

Como ya habíamos señalado algunas semanas atrás, existían señales muy claras para su aprobación. La oposición no podía darse el lujo de votar un rechazo que le serviría al gobierno de un argumento muy potente de las trabas que se ponían en la gestión, a la vez que se le daba al funcionario de turno una discrecionalidad enorme ya que, por segundo año consecutivo, se debían repartir recursos con el diseño presupuestario del 2021.

Junto con ello, teniendo en cuenta que el 2023 es un año electoral, período en el que abundan el anuncio y la realización de obras, resultaría muy dificultoso para cualquier legislador que quiera ser reelegido, volver a su territorio y explicar que aquella obra que se financia con fondos nacionales (razón de ser de muchas gobernaciones e intendencias a la hora de poder contar con obras estructurales), no podría realizarse por diferencias de tono político – partidario.

A todo ello se complementa el estilo que en este año supo imponer la actual jefatura de bloque del oficialismo en tándem con la presidenta del cuerpo, Cecilia Moreau, mujer que reporta directamente a Sergio Massa. Imperó el diálogo con el resto de los bloques, se articularon un conjunto de partidas que modificaron el proyecto inicial y que, más allá de la derrota oficialista en el tema ganancias del Poder Judicial (algo previsible), algunos quisieron mostrar la sensación de que todos ganaron. La contundencia de los números de su aprobación (180 a favor, 22 en contra y 49 abstenciones) refleja un nivel de consenso que no se lograba desde hace unos diez años.

El rosarino Páez nos contaba allá lejos y hace tiempo que él no sabía dónde iba su vida (ni la nuestra). Algo parecido puede exponer el sistema político argentino que, a un año de la elección general, no tiene claramente definido quienes serán sus protagonistas. Esa incertidumbre, también se refleja en cierta cotidianeidad. En la coincidencias y en las desavenencias. De oficialistas y opositores. Como el futuro, todo un palo…

(*) Analista político de Fundamentar - @miguelhergomez

La política nacional de la última semana del siempre esperado septiembre, pareció moverse dentro del trayecto que une al Congreso de la Nación y al Ministerio de Trabajo. La presencia del ministro Sergio Massa para explicar los alcances del presupuesto 2023, el fallido dictamen del plenario de comisiones que trata el proyecto de ley de los humedales y el conflicto en el sector de neumáticos, con su inocultable proyección al conjunto del sector automotriz; ocuparon el centro del escenario político y mediático de los últimos siete días. Más allá de los enojos honestos y de sobreactuaciones, más allá de la necesidad de solucionar ciertos problemas aquí y ahora, hay un recorrido por contar y algunos supuestos por desmitificar. Pasen y vean.

Finalmente Sergio Massa volvió al Congreso Nacional, más precisamente a la Cámara de Diputados que supo conducir hasta hace escasos dos meses. Rodeado de la presidenta Cecilia Moreau, mujer que tributa en el mismo espacio político y de Carlos Heller, el ministro de Economía pareció moverse a sus anchas con números y proyecciones para el 2023. Respondió preguntas de sus ex colegas que fungen de jefes de bloque y no dejó de tener un cruce “picante” con los diputados de izquierda que le reprocharon sus declaraciones, su forma de entender el conflicto suscitado en el sector de los neumáticos y la promesa de solución para la cadena automotriz.

Independientemente de lo que esté escrito en el papel, a la distancia que suponen los 300 kilómetros que separan Rosario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, puede suponerse que el presupuesto obtendrá el visto bueno de la Cámara de Diputados ya que, en términos políticos, a nadie conviene el rechazo del instrumento presentado para el ejercicio 2023.

La matrix de la economía, conformada por asociaciones empresariales, organismos de crédito internacional y el conjunto de la administración pública en sus tres niveles (nación, provincias y municipios) necesita de la referencia que supone un presupuesto aprobado para un año electoral. 

https://twitter.com/Economia_Ar/status/1575168639950389252

Al oficialismo le conviene por razones obvias. Y la oposición, por su parte, también tiene sus limitantes: en 2023 no resultaría nada sencillo explicarle a la ciudadanía las razones de una decisión basada en una irracionalidad que sume un nuevo y gravoso antecedente y que, además, le habilitaría al gobierno un argumento político de peso. Junto con ello, aumentaría la discrecionalidad del manejo de los fondos ya que, por cuestiones legales, se debería cumplir con los gastos que estipulan el presupuesto 2021 y el resto se define al saber y entender de lo que disponga el funcionario de turno.

A esto se debe sumar el interés de gobernadores, intendentes y legisladores (oficialistas y opositores), que cuentan en la realización de obras estructurales (y de las otras), la razón de ser de cada una de las campañas electorales. No deja de ser un problema para diputados y senadores volver al terruño, salir a pedir el voto y en el camino tener que explicar que, aquella obra estructural que llegaba a un barrio o un pueblo con fondos nacionales, no podrá realizarse porque el número de inflación o de crecimiento del PBI proyectados, no eran certeros.

A todo ello se suma el clima político al interior de la Cámara baja. El 2022 se parece poco al año anterior ya que no queda atravesado por el contexto electoral, pero además, el estilo político de la actual jefatura de bloque ha sabido diferenciarse de lo que proponía Máximo Kirchner, quien el año anterior terminó rompiendo cualquier idea de acuerdo cuando con su discurso de cierre, dio un argumento de supuesta ofensa a los opositores para el acompañamiento del proyecto. 

Pero no todo fue presupuesto en la Cámara de Diputados. El anunciado tratamiento del proyecto de ley de los humedales, el cual se había transformado en uno sólo luego de consensuar las variadas propuestas existentes, quedó suspendido mediante un comunicado conjunto de los distintos jefes de bloque, a partir de no contar con el número suficiente en el plenario de comisiones que le permitiera alcanzar un consenso importante, lo cual pone en el tapete una cuestión básica de la política: ¿hasta dónde se avanza en el tratamiento de un proyecto que llega disminuido políticamente al recinto? Ampliando la perspectiva, ¿cuánto de conveniente resulta aprobar este tipo de leyes estructurales con números tan ajustados?

Para tratar de aproximar una respuesta desde nuestra pequeña verdad relativa, tal vez debamos tener en cuenta dos ejes centrales que se plantean en el proyecto, tanto por lo que dice como por lo que no y un dato de rigor.

1)      Refiere a la necesidad de definir conceptualmente qué es un humedal y qué puede hacerse productivamente en ellos. La legislación no está referida exclusivamente al caso de las islas del Delta sino que interpela también al conjunto del país afectando a distintas provincias con geografías disímiles: su tratamiento afecta desde la humedad que supone la Cuenca del Plata, hasta la aridez de Jujuy que apuesta por el desarrollo de la producción del litio.

2)      Otra discusión no menor refiere al rol de las provincias y si la instancia de control, revisión y diseño de los organismos de aplicación a crearse dependen de cada una de ellas o del Estado nacional. Para contextualizar no debe olvidarse que la reforma de la Constitución de 1994 definió que el dominio originario de los recursos naturales corresponde a las provincias, por lo tanto, cualquier función que se le asigne al Estado nacional, de acuerdo a cómo se instrumente, podría entrar en contradicción con la propia Carta Magna. Teléfono para los amigos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

3)      La ley no resolverá per se el problema de las quemas que sufrimos santafesinos y bonaerenses. En primera instancia porque ningún marco legal por sí mismo corrige ciertas conductas sociales. El conjunto de empresarios responsables del ecocidio litoraleño ya cuentan con un marco legal que sanciona las prácticas aberrantes que llevan adelante. Que el Estado, en sus múltiples versiones, no pueda, no sepa o no quiera resolver el problema, es parte de la debilidad estructural que presentan los países en este rincón del planeta.

A partir de allí los enojos, las sobreactuaciones, las acusaciones del peso del lobby de empresas mineras y gobernadores. En algunos casos con furia sobre la figura de legisladores y en otros con el ejemplo del tero que pone los huevos en un lado y grita en otro. Tal es el caso del intendente rosarino que intenta encabezar una demanda medioambiental pero en el devenir pide excepciones para la construcción de torres céntricas y costeras junto con la posibilidad de afectar un parque para la construcción de una hamburguesería por un irrisorio canon. Cosas de la política berreta.

Y en ese devenir de un humor social de broncas varias, el conflicto en el sector de los neumáticos tuvo su clímax luego de más de cinco meses de negociación salarial, al punto de intervenir el ministro de Trabajo Claudio Moroni en persona, a partir de una directa orden del presidente Alberto Fernández. Con el condimento de unas declaraciones poco felices de Sergio Massa, la presión ejercida no fue menor, tanto de parte del Estado como de aquellas empresas de la cadena automotriz qué rápidamente tomaron la decisión de parar la producción por falta de cubiertas. Dicho como al pasar, no deja ser llamativa cómo algunas unidades productivas que se desarrollan con estándares de nivel internacional, en poco menos de tres o cuatro días se quedan sin insumos para llevar adelante su tarea. ¿Casualidades o causalidades de la vida? Defínalo usted querido lector, apreciada lectora.

El agua no llegó al río y en la madrugada del viernes se alcanzó un acuerdo que, a todas luces, parece satisfactorio para los trabajadores. Quedará pendiente por resolver también, el porqué del aumento de estos meses en las cubiertas que les ha dejado una rentabilidad extraordinaria a las empresas del sector y que ha generado toda una instancia de mini turismo para argentinos que deciden ir a comprar sus cubiertas a las zonas limítrofes de Brasil y Paraguay.

Pero no quedó sólo allí la actividad en el ministerio que conduce Moroni ya que en el devenir de la semana supimos de dos acuerdos paritarios que llamaron la atención del conjunto de los argentinos: el de Seguros (109%) y el de Bancarios (94%). A partir de allí, aparecieron una serie de comentarios que ponderaban la organicidad y la lucha sindical como referencia insoslayable para el logro de muy buenos salarios para los trabajadores. Y si bien esto es irreductiblemente cierto y necesario, tal vez no sea suficiente.

No es casual que los mejores salarios se pagan en los sectores más dinámicos de la economía: sea en sectores de la industria que están ligados al sector externo (petroleros, metalmecánicos o informática) o en el área de servicios que son estratégicos en un país como la Argentina (transporte, bancarios, seguros). Más allá de genuflexiones y traiciones de distinto tipo y color, vale preguntarse si tiene la misma fortaleza política el dirigente sindical de un sector que no marca agenda ni el dinamismo de la economía de un país, que aquel que sabe y entiende perfectamente que una medida de fuerza pone en cuestionamiento la cotidianidad de cada ciudadano.

Vaya como ejemplo una segunda pregunta de rigor y al calor de los acontecimientos de los últimos tiempos ¿son los docentes santafesinos menos organizados y están menos predispuestos a la lucha que bancarios y petroleros? No. Ni por asomo. Pero sus “patronales” se conforman y estructuran de distinta manera, en un contexto histórico que, desde la dictadura para acá, ha devenido en un mercado de trabajo definitivamente heterogéneo que muchas veces bordea la atomización. La existencia de varias centrales de trabajadores así lo confirma.

Los tiempos que vivimos, estos de virtualidad y de inmediatez electrónica no son indiferentes para la política. Muchos creen que en las redes está la verdad y la esencia definitiva e irremediable de las cosas. Junto con ello, la velocidad con la que accedemos a múltiples bienes y servicios, desde pagar un impuesto, revisar estudios médicos o comprar un vehículo cero kilómetro a distancia, nos hace pensar que (casi) todo puede conseguirse aquí y ahora.

Pero la política, que como actividad humana supone la existencia del otro, escuchando también sus verdades relativas, demanda otro tiempo real que termina colisionando con ciertas urgencias. Esto no supone esquivar las responsabilidades de un proyecto de ley que ha perdido estado parlamentario en no pocas ocasiones, ni legitimar la dilación empresarial o gubernamental que estira una discusión paritaria por varios meses. Sirve para entender, por ejemplo, que la demanda social que permitió reinstalar un debate en el Congreso, no puede justificar su apuro por las demoras anteriores. Y sobre todo si sobre ese marco legal futuro, existen expectativas que no se darán de manera determinante en la realidad. Para el ecocidio queda cumplir con las leyes actuales, complementar con lo nuevo, y por nuestra parte, seguir atentos a un problema que, lamentablemente, llegó para quedarse. Es hora de aceptarlo.

(*) Analista político de Fundamentar - @miguelhergomez

La diputada provincial Lucila De Ponti consideró necesario avanzar en políticas concretas de prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres, para lo cual consideró fundamental acompañar la jerarquización de la Secretaría de Estado de Igualdad y Género de Santa Fe con la asignación presupuestaria necesaria para cumplir con esa tarea.

“Necesitamos políticas y presupuestos adecuados para combatir la violencia de género”, aseguró De Ponti, quien recordó que Santa Fe es la segunda provincia con mayor índice de femicidios del país, en donde en promedio una mujer es asesinada cada 30 horas. Para eso considera imperativo que la legislatura santafesina permita reasignar las partidas presupuestarias necesarias para llevar adelante las políticas públicas que puedan incidir en esta problemática social compleja.

La actual gestión de gobierno decidió jerarquizar el área creando la Secretaria de Estado de Igualdad y Género, la cual se encuentra a cargo de Celia Arena. Sin embargo, el Presupuesto con el que cuenta es anterior a su actual jerarquía y capacidad de intervención. El aumento interanual previsto para el área es del 25,7%, sus programas de atención a la población se actualizan un 20% y para el trabajo con municipios y comuna se asigna un 18,4%, todas cifras muy por debajo de la dinámica inflacionaria.

Para De Ponti, esta jerarquización fue una gran noticia, pero que debe estar acompañada de los recursos necesarios. “Las gestiones anteriores lograron cosas muy importantes y es un piso desde el cual partimos, pero creemos que llego la hora de dar un paso más con la asignación presupuestaria que le corresponde a una secretaria que pretende incidir de manera contundente y con un amplio alcance territorial en estas problemáticas”, explicó.

“Terminar con la violencia de género es una prioridad y el Estado en todos sus niveles tiene la responsabilidad de construir políticas públicas para garantizar una mejor calidad de vida, libre, igualitaria y segura. Trabajar en conjunto con los gobiernos locales es fundamental en este sentido, porque constituyen el primer nivel de atención, la instancia pública más cercana que puede llegar con mayor rapidez y presencia, y garantizar una contención permanente para las mujeres en condiciones de vulnerabilidad”, aseguró.

Para finalizar, la Vicepresidenta Primera del cuerpo llamó a transformar este compromiso en prácticas concretas y que no queden solamente en expresiones de deseo. “Asumir las demandas relevantes para la sociedad y construir respuestas desde las políticas públicas es una responsabilidad del conjunto del Estado santafesino, también de la Legislatura, donde debemos discutir y alcanzar los consensos posibles que nos pongan en sintonía con esta agenda de necesidades públicas”.

La situación de los transportistas y profesionales que prestan servicios a personas con discapacidad "es dramática" y si el gobierno sigue ignorando el reclamo del sector se podría llegar a un punto sin retorno, según advierten.

En poco más de tres años, 43 transportistas de este segmento en Rosario y región dejaron de prestar ese servicio por el ajuste que Cambiemos realizó en el rubro, con actualizaciones de los aranceles que no siguieron el ritmo de la inflación.

"La situación es dramática", sentenció Pablo Bolego, titular de la Asociación de Transportistas de Personas con Discapacidad (Atraes).

Al inicio de la presidencia de Mauricio Macri, en el Gran Rosario había cerca de 400 licencias activas para trasladar a las personas con discapacidad que concurrían a centro de día o instituciones de rehabilitación; hoy apenas llegan a las 350.

"El gobierno nacional no le va a dar de baja a las prestaciones, pero lo que hace es ahogar a los prestadores", indicó el transportista y agregó: "No hay manera de que se pueda sostener el servicio con lo poco que aumentaron los aranceles", explicó en alusión a que el dinero que perciben por el servicio –regulado por autoridad nacional– ha quedado relegado por la inflación.

La crítica situación del sector, donde el Estado "ahoga cada día más" de forma "perversa" a los transportistas, se verá reflejada en la movilización que se realizará el próximo 26 de septiembre en el Monumento a la Bandera.

"Estamos precarizando el servicio y llegamos a un límite donde no podemos ni reparar la unidad", dijo Bolego y aclaró que el gobierno "no está garantizando los derechos de las personas con discapacidad". "Es una situación extrema", volvió a remarcar.

Sobre los espacios políticos que competirán por la presidencia del país en las elecciones de agosto y octubre, el presidente interino Asociación Provincial de Instituciones para Personas con Discapacidad de Santa Fe (Apridis) comentó: "No hemos tomado una decisión con respecto a las elecciones, pero hemos sido convocados sólo por el Frente de Todos para diseñar políticas relacionadas con la discapacidad".

Al igual que los transportistas, los profesionales que trabajan en instituciones de rehabilitación, en Centros de Día y Centros Educativos Terapéuticos están en riego. En los últimos dos años, el gobierno nacional aumentó las prestaciones en un 17 por ciento (5 año en 2018 y 12 en mayo de 2019), período donde la inflación fue del 70% (47,6 el año pasado y 22,4% en el primer semestre del corriente año).

Además, las instituciones que prestan los servicios a personas con discapacidad recibien el aporte del Estado "cuando hay alguna partida disponible".

"Estamos con muchísimas dificultades", señaló Mariel Chapero, directora de Casa Azul, el espacio que aloja a niños, niñas y jóvenes, incluyendo dispositivos que desde la Ley 24.901/97 se instituyen en el Sistema de prestaciones básicas en habilitación y rehabilitación integral a favor de las personas con discapacidad.

La psicóloga explicó: "El programa Incluir Salud paga cuando aparece una partida, esto complica muchísimo a las instituciones porque no hay previsibilidad para pagarle a sus trabajadores".

Incluir Salud es un programa de la Agencia Nacional de Discapacidad, bajo la órbita de la vicepresidencia, que brinda servicios de salud a los titulares de las Pensiones No Contributivas (PNC). El programa transfiere fondos a las provincias para garantizar que todos los usuarios, independientemente de dónde vivan, puedan acceder a una atención de calidad.

"Están en riesgo las prestaciones de rehabilitación, del Centro de Día y del Centro Educativo Terapéutico (espacio que remplaza el sistema educativo formal). En muchos casos se pierden tiempos preciosos, en relación a que en las infancias las intervenciones no tienen el mismo efecto que cuando los pacientes son más grandes. En algunos otros, se pone en riesgo la vida del usuario si no recibe el tratamiento", indicó la vicepresidenta de Apridis y ejemplificó: "Una prestación de kinesiología en pacientes que están sumamente complicados orgánicamente hace a la posibilidad de sobrevivir si tiene una enfermedad respiratoria. Es decir, un paciente que no está rehabilitado si se pesca una neumonía se puede llegar a morir".

Asimismo, sobre la movilización federal del 26 de septiembre, Mariel manifestó: "Es una forma de visibilizar el trabajo que realizamos y al mismo tiempo poder denunciar el serio retroceso que estamos viviendo en materia de derechos en el campo de la discapacidad".

"La situación es muy compleja y grave", concluyó la psicóloga.

FUENTE: RosarioPlus

EDICIÓN Y RELEVAMIENTO: Santiago Toffoli

Italia mantuvo el viernes los principales pilares de su presupuesto para 2019, poco antes de que se cumpla un plazo para modificar lo que Bruselas calificó como proyecciones económicas demasiado optimistas o enfrentará sanciones por incumplir las reglas fiscales de la UE.

El vice primer ministro, Luigi Di Maio, y el ministro de Economía, Giovanni Tria, dijeron estar comprometidos a respetar un déficit presupuestario que no supere el 2,4 por ciento de la producción económica el próximo año.

Pero la Comisión Europea, que le dio a Roma hasta el martes para presentar un nuevo presupuesto, pronosticó un déficit del 2,9 por ciento y una brecha fiscal estructural que aumentaría al 3 por ciento.

Bajo los requisitos de la UE, Italia debería reducir su déficit estructural el próximo año al 1,2 por ciento y seguir disminuyéndolo cada año hasta que alcance un presupuesto equilibrado.

Tria dijo en una audiencia parlamentaria que el Gobierno estaba "ocupado redactando una respuesta a la Comisión Europea con respecto a los puntos más polémicos del presupuesto", pero confirmará sus "principales pilares" ya que la desaceleración económica ha hecho que la expansión fiscal sea más necesaria.

El Gobierno dijo que introducirá un programa de apoyo a la renta el próximo año para enfrentar la creciente pobreza y que reducirá la edad de jubilación en un esfuerzo por liberar el mercado laboral y generar más oportunidades laborales para los jóvenes.

También prometió recortes de impuestos y ofreció una amnistía parcial a los ciudadanos que resuelvan sus disputas fiscales con las autoridades.

La Comisión rechazó el mes pasado el plan fiscal de Italia para 2019, diciendo que había incumplido el compromiso anterior de reducir el déficit y que no garantizaba una reducción de la deuda del país, la segunda más alta en la zona euro en proporción al PIB.

BONOS ITALIANOS

En Helsinki, Valdis Dombrovskis, vicepresidente de la Comisión y comisario del euro, dijo que los cálculos fiscales de Roma se basaban en "suposiciones demasiado optimistas".

"Básicamente, el supuesto es que si... aumentan el gasto público estimularán la economía y, por lo tanto, esto ayudará a reducir el déficit presupuestario. Vemos que esto en realidad no se está materializando", sostuvo.

El enfrentamiento entre Roma y Bruselas ha asustado a los mercados financieros y tras las declaraciones de Tria los rendimientos de los bonos italianos a 10 años subieron a 3,46 por ciento, su nivel más alto en más de una semana.

El banco central italiano advirtió que el aumento del costo de los préstamos en los últimos meses podría afectar la economía y anular los efectos expansivos del presupuesto.

"Espero una solución que combine tanto el respeto de Italia por las reglas que debe cumplir como miembro de la unión monetaria (...) como los intentos del Gobierno y del Parlamento por cumplir sus objetivos políticos", dijo a una comisión parlamentaria Luigi Federico Signorini, subdirector general del Banco de Italia.

FUENTE: Reuters 

RELEVAMIENTO Y EDICIÓN: Mariana Vera 

Hoy el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, presentará en el Congreso el Presupuesto 2019, que el oficialismo busca aprobar lo antes posible como una señal al Fondo Monetario Internacional de que cumplirá con el ajuste prometido. Tras la foto del presidente Mauricio Macri con la mayoría de los gobernadores, la negociación con el peronismo continuará en dos frentes: en Diputados con los representantes de Argentina Federal y el Frente Renovador y, desde el Ministerio del Interior, con las provincias. Entre los principales puntos en disputa están el freno a las rebajas de ingresos brutos de las provincias (el gobierno nacional se sigue resistiendo a aceptarlo) y la ampliación del Impuesto sobre Bienes Personales a los bienes en el exterior. Esto último divide las aguas dentro del Gobierno: lo impulsan los gobernadores, lo recomiendan los negociadores Dujovne y Rogelio Frigerio y le puso un freno, hasta ahora, el asesor presidencial Gustavo Lopetegui. 

De la oposición, seguramente se metan en la discusión el diputado del Frente Renovador Marco Lavagna, el del Bloque Justicialista Diego Bossio y, por el kirchnerismo, Axel Kicillof. Todos reclamarán detalles sobre cómo se pretende llegar al déficit cero, algo que desde el Gobierno han sido reticentes a explicar y que, en buena medida, depende de las negociaciones con las provincias, para que absorban la mitad del ajuste. Entre las discusiones pendientes, sigue abierta la del Fondo sojero que el Ejecutivo eliminó por decreto. Los distintos bloques opositores intentarán el miércoles hacer una sesión especial para rechazar el DNU de Macri, que no fue consensuado con las provincias.

Otra cuestión que sigue en debate con los gobernadores es el freno a la baja de Ingreso Brutos que se acordó en el Pacto Fiscal (del 0,75 al 0,5 por ciento). Hasta ahora, de las negociaciones en la Rosada surgió un parate para la rebaja del impuesto de sellos. En el Gobierno se siguen resistiendo a que las provincias discontinúen el cronograma de Ingresos Brutos, pero la presión de los gobernadores seguirá en la mesa de negociaciones en el Congreso.

Otro planteo de los gobernadores, que hasta ahora frenaron desde Balcarce 50, fue la extensión del Impuesto sobre los Bienes Personales para quienes hayan blanqueado sus riquezas en el exterior y para quienes tengan casas valuadas por encima de 500 mil dólares. Ese tema abrió una grieta entre los funcionarios macristas. Tanto Dujovne como los que negocian desde el Ministerio del Interior vienen recomendando acceder a ese reclamo de los gobernadores, que podría aliviar sus cuentas, pero se encontraron con una firme resistencia de Lopetegui, quien dejó su cargo de vicejefe de Gabinete pero sigue muy presente en la toma de decisiones. “Está empecinado con no conceder lo de Bienes Personales. Estuvo muy insistente con este tema”, contaban a este diario en la Rosada. Las razones que dio fueron dos: la desconfianza que esto generaría para que “lleguen las inversiones” y que le impediría al Gobierno lanzar un segundo blanqueo en un eventual segundo mandato de Macri. Según indicó el periodista Claudio Mardones en el periódico cooperativo Tiempo Argentino, esta instrucción vino directamente de Macri. Habrá que ver si finalmente no tiene que ceder, dado que ese tema será puesto sobre la mesa no sólo por los gobernadores, sino también por los negociadores de Sergio Massa, cada vez más activo a medida que se acerca 2019.

En el oficialismo confían, no obstante, en conseguir los votos para aprobar el Presupuesto antes de la cumbre del G-20 (es decir, en octubre). Esto podría ocurrir –especulan– con la decisión de algunos bloques opositores de abstenerse para no votar el ajuste, pero tampoco trabar el presupuesto. Para eso, el macrismo cuenta con que se amplíe la división entre aquellos gobernadores que llaman a votar en contra (como Carlos Verna) y los que acompañarían mayormente (como Juan Manuel Urtubey). El dato: las abstenciones también les costarán en la negociación a los macristas. 

FUENTE: Página/12

RELEVAMIENTO Y EDICIÓN: Mariana Vera 

La Universidad Nacional de Rosario recibirá en 2016 $ 2.540 millones, representando un 5% del gasto del Estado Nacional en Universidades. La del Litoral recibirá $ 1.325 millones, un 3% del total. Cabe destacar que si bien la Universidad de Rafaela recibirá apenas 5 millones de pesos, porcentaje insignificante en el total,  esta Universidad fue creada por Ley del Congreso Nacional en diciembre de 2014 siendo la primera vez que aparece en el Presupuesto Nacional. Universidades creadas en la misma fecha, como la de Hurlingham, Alto Uruguay  reciben igual crédito. Además, en la planilla Anexa al artículo 12 se prevén $ 600 millones adicionales a destinar a las universidades de reciente creación. 

 

GASTO GEOGRÁFICO

 

El Ministerio de Seguridad prevé gastar en total en la provincia $1.055 millones en 2016 mientras que lo presupuestado para el año en curso fue de $734 millones. Este incremento, 40%, se explica principalmente por la asistencia en la seguridad ciudadana que se está realizando en la ciudad de Rosario a través de Gendarmería, que supone nada más ni nada menos que una erogación de $573 millones (+70% i.i.).   

 

El Ministerio de Agricultura gastará unos $393 millones principalmente para la actividad de investigación través del INTA ($ 190 millones) y el resto para actividades de sanidad y calidad alimentaria.

 

El Ministerio de Planificación realizará erogaciones por $ 2.348 millones, 36% del gasto total para la provincia, en conceptos de $ 1.212 millones a través de la Vialidad Nacional para obras. La política para que los santafesinos puedan acceder al gas natural a un precio menor se refleja en los $1.085 millones que destinará el ENARGAS para subsidiar el transporte y distribución del gas en la provincia. 

 

Además del financiamiento a las Universidades antes mencionado, el Ministerio de Educación realizará obras y equipamiento de las escuelas por $ 201 millones. El Fondo Nacional de Incentivo Docente será de $ 572 millones.

 

La gran parte del gasto que realizará la Nación en la provincia corresponde a ANSES, 75% del total, unos $ 47.300 millones. Esto incluye:

 

• $ 37.083 millones para prestaciones previsionales (jubilaciones) para un universo de más de 480.000 jubilados. Recordemos alrededor del 80% del gasto previsional que se realiza en la provincia corresponde a erogaciones realizada por la Nación a través de ANSES, solo un 20% del gasto total en jubilaciones lo realiza la Caja Provincial. 

 

La provincia cuenta aproximadamente con 549 mil jubilados, de los cuales 480 están cubiertos por el SIPA (87% del total). La Caja provincial cubre la jubilación de 69 mil jubilados santafesinos, es decir, el 13% del total. De esos 69 mil, 49 mil, el 75%, cobran el 82% móvil.

 

Un hecho a destacar es que de esos $37.083 millones en jubilaciones, $ 15.162 millones corresponden a la Ley de Moratoria y $21.920 al Régimen de Reparto. Esto quiere decir que el 40% del gasto en jubilaciones se generó desde 2005 producto de la política de Moratoria que permitió tener la cobertura previsional más alta de Latinoamérica, un 97% del total, es decir, casi el 100% de los abuelos en edad de jubilarse están recibiendo un ingreso.

 

• ANSES pagará para 2016 en concepto de Asignaciones Familiares uno $ 6.848 millones. De los cuales $ 4.085 millones corresponde a AUH que beneficia a más de 257 mil jóvenes, y que sólo en Rosario serían casi 103 mil jóvenes (casi el 10% de la población rosarina). $ 2.059 millones para Asignaciones Familiares de trabajadores y jubilados. 

 

• Para PROGRESAR se destinará $ 357 millones para los más de 35 mil jóvenes santafesinos que están continuando con sus estudios.

 

A esto hay que agregar más de $ 2.693 millones para Pensiones no Contributivas. Casi 64 mil Santafesinos que reciben este beneficio las cuales son pagadas por el Ministerio de Desarrollo Social.

 

En total, más de 800 mil santafesinos, más del 25% de la población, es beneficiario de alguna de las políticas llevadas a cabo por el Gobierno nacional. Estos números sirven al debate porque muchas veces perdemos dimensión de la presencia del nivel nacional de gobierno en el territorio santafesino. 

 

Las críticas de la Diputada Ciciliani son muy parecidas a las que en septiembre de 2005 hacía el Senador Giustiniani diciendo que el proyecto del presupuesto no contaba con los recursos necesarios para terminar la autopista Rosario – Córdoba. La inauguración de diciembre de 2010 dieron por cerrada esta discusión tan superficial que ratifica lo poco que conocen algunos legisladores nacionales acerca de los presupuestos del sector público. 

 

AVALES

 

El Gobierno nacional en los artículos 44 y 45 de la Ley otorga avales a la provincia para financiar el acueducto Desvío Arijón por u$s 100 millones. 

 

Además el Banco Nación otorga avales para los acueductos regionales de Santa Rosa, Chaco, Pcia. de Santa Fe, Bahía Blanca y Puelén-Chacharramendi por $ 200 millones, este valor no se puede desagregar.

 

PLANILLAS DE OBRAS

 

Santa Fe recibirá en concepto de obras por parte de Nación $ 1.275 millones entre las que se destacan: 

 

• El poder Judicial gastará $ 2,7 millones para remodelación de Sedes Judiciales.

 

• El Ministerio de Justicia gastará $ 1 millón para continuar con la construcción del Centro Penitenciario Federal del Litoral en Coronda.

 

• El Ministerio de Seguridad invertirá $ 25 millones, de los cuales $ 19 millones serán para construir alojamiento Móvil II en Rosario y $ 6 millones para la construcción de una prefectura en Arroyo Seco.

 

• El Ministerio de Defensa invertirá en la Adquisición Nueva Estación y Sub-Estación Transformadora e instalación de la Planta de Pistolas Doble Acción Fábrica Militar Fray Luis Beltrán por $ 53 millones 

 

• El Ministerio de Economía destinará $ 4 millones para reparar el Parque España de Rosario.

 

• El Ministerio de Planificación gastará $ 1.175 millones principalmente en obras viales entre las que se destacan:

 

 $ 375 millones en obras de Avenida de Circunvalación de Rosario.

 

 Obras de Reacondicionamiento de Infraestructura Ruta Nacional N°11 por $ 93 millones con un avance de obra del 38%.

 

 Obras de Reacondicionamiento de Infraestructura Ruta Nacional N°9 por $ 148 millones con un avance de obra del 42%.

 

 Obras de Reacondicionamiento de Infraestructura Autopista Rosario Córdoba Ruta Nacional N°9 A012 por $ 84,6 millones con un avance de obra del 64%.

 

 Otras obras de refuerzo de la Ruta Nacional N°9 por $ 44 millones con un avance en promedio del 30%.

 

A continuación se anexa un cuadro con las obras que figuran en el art. 11 de la Ley de Presupuesto que autorizan a comprometer gastos futuros:

 

 

(*) Licenciados en Economía. Investigadores de la Fundación para la Integración Federal 

El presupuesto para desarrollo tecnológico y productivo para la Defensa era prácticamente inexistente en 2003. Los únicos gastos contabilizados eran los 60 millones de pesos asignados a Fabricaciones Militares para producción y los 1,6 millones asignados a investigación y desarrollo en El Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa (CITEDEF).

La situación ha cambiado drásticamente en estos 12 años. Para el 2015, el gobierno ha presupuestado 4.272 millones de pesos para desarrollos tecnológicos y productivos en la industria vinculada a la defensa nacional. Se trata de gastos que contribuyen a la creación de empleo, diversificación y modernización de la matriz productiva y afianzamiento de la soberanía nacional, ya que incrementan el dominio por parte del Estado Nacional sobre tecnologías de la defensa y su aplicación a los procesos productivos respectivos.

Quedábamos atrapados en un círculo vicioso de baja tecnología: no desarrollábamos capacidades porque no había suficiente demanda, y no las demandábamos en Argentina porque nos decían que no había capacidad de hacerlas.

Un total de 1.572 millones se destinan al desarrollo de la industria vinculada a la defensa aérea. Se han firmado contratos entre el Ministerio de Defensa y la Fábrica Argentina de Aviones (FADEA), a los fines de desarrollar y fabricar aviones de entrenamiento avanzado IA-63 Pampa, modernizar y remotorizar aviones IA-58 Pucará (623 millones) y brindar servicios de mantenimiento a las flotas de la Fuerza Aérea y del Comando de Aviación Naval de la Armada (529 millones). El resto se destina a contratos con INVAP para el desarrollo y producción de drones (403 millones) y la recuperación de radares móviles (17 millones).

También se fomentan la industria militar naval y terrestre. Mediante el contrato entre la Armada y el astillero recuperado TANDANOR, se ha realizado la reparación del Rompehielos Almirante Irizar, al cual, para su fase final, se le han asignado 34 millones en el corriente año. Por otro lado, ya se ha previsto el desembolso de 95 millones de pesos para el recientemente firmado contrato de modernización de los tanques TAM 2C en el país.

Fabricaciones Militares ha recibido una asignación de 1.946 millones. De ese total, 1.689 están destinados a financiar la producción de una diversidad de insumos para las fuerzas armadas (FFAA) y fuerzas de seguridad (FFSS), y de productos comercializables, así como también la producción de vagones Tolva para el Ministerio del Interior y Transporte. Los 257 millones restantes se asignan a importantes proyectos, como plantas de producción de municiones, explosivos, químicos y una línea de ensamble de vagones, entre otros.

El sector farmacéutico también está presente en la producción para la Defensa. Se han dispuesto 16,5 millones de pesos para la producción de medicamentos en laboratorios militares dependientes del Estado Mayor Conjunto.

Para actividades de I+D puras se han asignado 608 millones, distribuidas entre CITEDEF, los institutos de Investigación y Desarrollo de las FFAA, la Escuela de Defensa Nacional, la Subsecretaría de Investigación y Desarrollo del Ministerio de Defensa y el Servicio Meteorológico Nacional. Dentro de ese total, CITEDEF cuenta con 10 millones de pesos para proyectos de inversión, entre los que se incluyen la instalación y modernización de laboratorios y la construcción de un vector atmosférico.

Las cifras muestran una fuerte decisión política de reconstruir el sector de tecnología y producción para la defensa. Doce años atrás, el sector estaba pulverizado. No había contratos con industriales locales para mantenimiento, desarrollo y producción de equipos e insumos. No se apostaba a la capacidad y los recursos humanos de las universidades y empresas estatales locales. No existía la ambición de incurrir en tecnologías más complejas ni de buscar mercados externos a nuestra producción militar, y el complejo industrial militar había sido virtualmente desmantelado. Quedábamos atrapados en un círculo vicioso de baja tecnología: no desarrollábamos capacidades porque no había suficiente demanda, y no las demandábamos en Argentina porque nos decían que no había capacidad de hacerlas. La decisión política, materializada en las asignaciones presupuestarias, permitió salir de esta trampa.

Los beneficios potenciales de estos desarrollos son múltiples: se ahorran divisas, se genera empleo genuino de alta calificación y, por sobre todo, se generan capacidades productivas, que son aprendizajes que actúan como semillas para futuros desarrollos tecnológicos, no sólo en las industrias estatales de la defensa sino también en las empresas privadas locales que les proveen. Además, al aumentar la escala, se incrementa la eficiencia del área: por ejemplo, CITEDEF, pasó de gastar 9 pesos en gastos administrativos por cada peso de I+D en 2003, a sólo 67 centavos en 2015.

En síntesis, en los últimos 12 años el presupuesto para desarrollos tecnológicos y productivos de la industria de la defensa se ha multiplicado 60-70 veces, aumentando no sólo en cantidad sino también en calidad, eficiencia, complejidad y variedad.

(*) Master en Economía de la Universidad de Ginebra - Investigador de la Fundación para la Integración Federal

Este sábado el Gobierno de Chile admitió que tendrá dificultades para cumplir con las reformas planteadas por la presidenta, Michelle Bachelet, principalmente por el panorama adverso que enfrenta la economía del país.

"Tenemos que ser capaces de hacernos cargo de que hoy día la disponibilidad de recursos va a ser menor, que hay más complejidades que las que habíamos previsto", sostuvo el vocero de Gobierno, Marcelo Díaz.

 Actualmente Chile enfrenta una situación económica compleja, con una proyección de crecimiento que el gobierno bajó de 3,6 por ciento a un 2,5 por ciento para este 2015, lo cual ha llevado a concluir que su ambicioso programa de reformas sufrirá retrasos, principalmente la educativa que actualmente lleva adelante.

Díaz precisó que "Esperábamos niveles de crecimiento mayor, inversión y un contexto económico más favorable y esas son cuestiones que no se han producido", agregó que probablemente se sobreestimó la capacidad del Estado y del sistema político de procesar reformas estructurales tan profundas como las que estamos planteando en un período tan breve de tiempo".

 El vaivén económico "nos va a obligar a hacer un ejercicio de gradualización, de revisión de itinerario y de modalidades de cumplimiento, pero precisamente para cumplir con los compromisos y promesas que le hicimos a los chilenos", asegura Díaz.

RELEVAMIENTO Y EDICIÓN: Esteban Agustín Covelli

FUENTE: TeleSur