El magistrado señaló que no hubo "buena fe en la compra, es una compra con propósito avieso, doloso, malintencionado, en síntesis, inmoral" y "cualquier estudiante sabe que la buena fe es el presupuesto jurídico de toda transacción".

“Nuestro derecho penal se formó con la Ilustración, en contra del poder arbitrario de los estados”, pero “hoy el poder arbitrario es económico, y no hay instrumentos penales para contenerlo”

“Esto no será delito, pero en sede civil es una conducta dolosa", sostuvo Zaffaroni en una entrevista con el diario Página 12 publicada hoy.

"El daño de esta conducta inmoral se produce en el país. No sé si se podría demandar aquí, en Estados Unidos o en algún otro lado", analizó el juez.

El juez criticó a la justicia norteamericana por lo que consideró el "escándalo jurídico" de la causa de los fondos buitre contra el país, y se mostró alarmado porque "hoy el poder arbitrario es económico, y no hay instrumentos penales para contenerlo".

"El poder político, el de los Estados, está sobrepasado por el poder económico de oligarquías, de pequeños grupos de personas que manipulan a su gusto los medios de comunicación y el poder económico, que hacen lobby y pagan honorarios a profesionales de altísima especialización en estas maniobras", explicó Zaffaroni.

Respecto del juez Thomas Griesa que lleva el litigio entre Argentina y los fondos buitre, el magistrado consideró que "parece ser un personaje omnipotente, cuando en realidad es un juez casi municipal, de trocha muy angosta. No es un juez federal siquiera".

"El actor principal de todo esto no es Griesa, sino el Poder Judicial norteamericano, en última instancia, su Suprema Corte", subrayó Zaffaroni.

"Fue la famosa y muchas veces citada Suprema Corte de Estados Unidos la que hizo el despropósito jurídico de patear una cuestión que pone en jaque a un país entero", ponderó.

"¿Cómo me explica alguien que la famosísima Corte, tan respetuosamente citada porque siempre `queda bien`, haya dicho que no le interesa el destino de una negociación de muchos miles de millones de dólares que compromete a un país y quizá el destino de unos cuantos más?", se preguntó.

"Esto es un escándalo jurídico", calificó el destacado penalista argentino, quien agregó que "si lo hubiese hecho la Corte argentina nos insultarían en todos los tonos y con razón. Nos dirían que somos una burocracia irresponsable".

"Esto es un escándalo jurídico. (...) Si lo hubiese hecho la Corte argentina nos insultarían en todos los tonos y con razón. Nos dirían que somos una burocracia irresponsable"

“La Suprema Corte norteamericana no necesita muchos lobbies para incurrir en despropósitos jurídicos” aseguró Zaffaroni al recordar “el nivel de aberraciones” del máximo tribunal estadounidense que declaró constitucional la esclavitud y el apartheid.
“Es un tribunal cuya historia tiene más sombras que luces”, apuntó.

Zaffaroni consideró "urgente" la necesidad de "reformar la ley y declarar imprescriptible la administración fraudulenta en perjuicio de los intereses nacionales en toda negociación internacional que comprometa sustancialmente la economía nacional".

“Nuestro derecho penal se formó con la Ilustración, en contra del poder arbitrario de los estados”, pero “hoy el poder arbitrario es económico, y no hay instrumentos penales para contenerlo”, añadió.

"El camino a seguir será análogo al que siguieron los delitos contra la humanidad cometidos por los políticos abusando del poder de los estados", ejemplificó.

En ese sentido, el juez afirmó que "se trata de hechos políticos abusando del poder económico y también pueden causar muchos millones de muertos".

 

FUENTE: Télam

"La República Argentina, en cumplimiento del contrato con los tenedores que adhirieron al canje, ha procedido al pago de los servicios de capitales e intereses", dijo el ministro en conferencia de prensa en el Palacio de Hacienda.

Precisó que se ha procedido al pago de los servicios de capital e intereses de los bonos bajo ley extranjera por 832 millones de dólares, de los cuales 539 millones fueron depositados en las cuentas 15.098 y 15.002 del Banco New York Mellon (BONY) en el Banco Central (BCRA).

 

"Más los vencimientos que surgen en pesos, el pago realizado hoy supera los 1.000 millones de dólares", afirmó el ministro de Economía.

El pago se informará en una solicitada de Presidencia de la Nación, que se publicará en los medios internacionales, e incluye la aclaración de que los dueños de los fondos depositados por la Argentina son los "bonistas que aceptaron la reestructuración de la deuda".

"La ejecución del pago en tiempo y forma implica advertir" que los "verdaderos dueños" de los fondos depositados por la Argentina son los "tenedores de bonos que adhirieron voluntariamente al canje", dijo el titular del Palacio de Hacienda.

En este contexto, Kicillof sostuvo que la Argentina "cumplirá sus obligaciones" de pago de deuda porque "acatar una sentencia no puede exigir el incumplimiento de las obligaciones asumidas".

"No cabe la menor duda de la parcialidad del juez (Thomas Griesa) en favor de los fondos buitre; pretende llevar a la Argentina a un default", señaló.

En ese sentido, observó la "cerrada negativa a un diálogo en condiciones justas para el cien por ciento de los acreedores".
Argentina "cumplirá sus obligaciones, pagará su deuda para terminar con el artilugio de una decisión absurda, que intenta ponernos de rodillas ante usureros de carácter global", concluyó.

 

FUENTE: Telam

 

El gobierno argentino presentará este lunes ante la Corte Suprema de Estados Unidos la apelación correspondiente en la causa contra los fondos buitre.

Los bonistas que ingresaron al canje que integran el Exchange Bondholder Group, que lidera Gramercy, y otros fondos como Fintech, podrían realizar una movida en el mismo sentido, es decir apelar ante el máximo tribunal, debido a que en este caso el fallo de Thomas Griesa los afecta directamente como inversores.

Argentina apelará el segundo fallo de la Cámara de Apelaciones, que aprobó el método de pago propuesto por Griesa. Esto es, buscará que el máximo tribunal estadounidense tome la causa y rechace tener que pagarle primero a los holdouts que no ingresaron al canje

La presentación judicial se realizará el día que vence el plazo y fue confirmada a Télam por fuentes allegadas a la Unidad de Reestructuración de Deuda, creada a través del decreto 1935/2013.

Este lunes vencen los plazos legales para que la Argentina realice la presentación de su apelación ante el máximo Tribunal del fallo negativo para el país del juez Thomas Griesa, que fue dividido en dos por la Corte de Apelaciones de Nueva York.

El tribunal de instancia el pasado 23 de agosto avaló el pronunciamiento del juez Griesa, aunque dejó en suspenso la instrumentación hasta que la Corte Suprema se pronuncie en torno a ellos.

Técnicamente, Argentina apelará el segundo fallo de la Cámara de Apelaciones, que aprobó el método de pago propuesto por Griesa. Esto es, buscará que el máximo tribunal estadounidense tome la causa y rechace tener que pagarle primero a los holdouts que no ingresaron al canje que ganaron la sentencia (1330 millones de dólares actualizables según corran intereses), con fondos destinados por Argentina al pago a los bonistas que ingresaron al proceso de reestructuración llevado a cabo en 2005 y 2010.

El primer fallo ya fue rechazado para su tratamiento por la Corte Suprema, con lo que la estrategia oficial se centrará en intentar demostrar al máximo tribunal la falta de equidad que existiría en el pago a los holdouts y fondos buitre (que reúnen el 7% que quedó en default), respecto de los bonistas del canje.

A lo que se suma la decisión del gobierno de reabrir el canje -al que los especialistas denominan Canje III-, que ya está aprobado por el Congreso, y podría implementarse en cualquier momento si los holdouts aceptan voluntariamente las mismas condiciones que el resto.

El gobierno argentino sumó en noviembre pasado al abogado Paul Clement, ex procurador general de Estados Unidos durante el gobierno de George W. Bush y profesor de Derecho de la Universidad de Georgetown, quien liderará el proceso junto con la asistencia del estudio Cleary Gottlieb, buffet que históricamente defendió a la Argentina en esta causa.

Clement conoce cómo se mueve la Corte Suprema. Acumula en su carrera el récord de haber participado en 41 litigios en la instancia del máximo tribunal de Estados Unidos, 16 de los cuales se desarrollaron en los últimos dos años.

En el 2005, Clement fue nominado por el ex presidente George W. Bush para el cargo de Procurador General, en reemplazo de Theodore Olson.

 

RELEVAMIENTO Y EDICIÓN: Pedro Arrospidegaray

FUENTE: Télam

El ministro de Economía Axel Kicillof encabezará a partir de hoy una serie de reuniones en Francia para renegociar la deuda de unos U$S 10 mil millones que la Argentina mantiene con el denominado Club de París. Kicillof viajó ayer a Francia acompañado por el embajador ante la Unión Europea y ex titular del Palacio de Hacienda, Hernán Lorenzino, el ex secretario de Finanzas Adrián Cosentino y su sucesor, Pablo López.

Los detalles de la propuesta final aún se mantienen en el más absoluto de los secretos, aunque trascendió que la Argentina ofrecerá un pago en cuotas a diez años y con bonos del Estado Nacional. No obstante, el objetivo número uno que se trazó el gobierno es avanzar cuanto antes con este acuerdo, de la misma manera que lo hizo con algunos de los asuntos pendientes que el país mantenía con el CIADI, tribunal arbitral de las empresas en el Banco Mundial. De esta manera, Economía cree que de ponerle un broche de oro al acuerdo con el Club de París podría reducirse el costo del financiamiento de las empresas y sería una buena señal para la Corte Suprema de los Estados Unidos, que tiene pendiente aún la definición del litigio que el país mantiene con los fondos buitre por la deuda que no ingresó en los canjes.

Fuentes próximas a la negociación reconocieron que alcanzar un acuerdo no será fácil, puesto que los países que integran el Club de París pretenden un pago más rápido, pues de lo contrario entraría a tallar el FMI, que impondría a la Argentina sus propias reglas de juego, como la revisión del artículo IV y el ingreso de misiones técnico-políticas del organismo al país con sus clásicas recomendaciones ortodoxas.

De acuerdo a la agencia de noticias Télam, Kicillof propondrá un cronograma de pago de hasta diez años con bonos. El objetivo de este viaje "es mantener un primer contacto y mostrar una seria voluntad de intentar buscar un acuerdo, tal como se avanzó con (litigios ante) el CIADI, y con el tema de Repsol" por la expropiación de la petrolera YPF, deslizó una fuente del ministerio de Economía.

El objetivo de este viaje "es mantener un primer contacto y mostrar una seria voluntad de intentar buscar un acuerdo, tal como se avanzó con (litigios ante) el CIADI, y con el tema de Repsol".

La mayor parte de la deuda soberana argentina en "default" se restructuró en 2005 y 2010, pero nunca se llegó a un acuerdo con el Club de París. Las anteriores negociaciones se frustraron al no aceptar Argentina que el acuerdo con el Club de París sea auditado por el Fondo Monetario Internacional, quien después es afecto a imponer sus recetas muy distintas a la política heterodoxa que ha llevado adelante la Argentina en la última década. 

Desde el sector privado se sigue de cerca y con muy buenos ojos la intención oficial de cerrar el capítulo Club de París. "Ojalá tengan éxito", declaró el viernes el presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Héctor Méndez.

Por su parte, el presidente de la Cámara Argentina de Comercio (CAC), Carlos de la Vega, se pronunció en el mismo sentido: resulta "muy conveniente que la Argentina se reinserte en el mundo de las finanzas internacionales para bajar las tasas de interés a la hora de pedir créditos".

LO QUE ESTÁ EN JUEGO CON EL CLUB

El Club de París es un mecanismo de convocatoria por parte de acreedores de países endeudados para renegociar las deudas externas de los países deudores. Opera desde la Tesorería del gobierno de Francia. En este foro participan 19 gobiernos: los de Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Estados Unidos, España, Finlandia, Francia, Irlanda, Italia, Japón, Noruega, Rusia, Holanda, Reino Unido, Suecia y Suiza. El Club de París nació en 1956 por iniciativa del ministro de Finanzas francés, cuando este había convocado a representantes de otros acreedores de la Argentina cuando era presidente el dictador Pedro Aramburu. El valor de que la Argentina llegue a un acuerdo con el Club es enviar una señal de que el país quiere hacerse cargo de la deuda que tomaron otros gobiernos. La clave de un acuerdo dependerá fundamentalmente de las condiciones en que se alcance. Si el Club de París toma el convenio como un pago, aunque sea en cuotas, no intervendrá el FMI, mientras que si lo que se logra es una refinanciación, tallará el Fondo y ya se sabe qué ocurre en nuestra economía cuando el FMI se mete y plantea sus exigencias de ajuste. 

 

RELEVAMIENTO Y EDICIÓN: Pedro Arrospidegaray

FUENTE: Infonews

El problema comenzó hace una docena de años, cuando Argentina no tuvo otra opción que devaluar su moneda e incurrir en la cesación de pagos de su deuda. Bajo el gobierno existente, el país se había embarcado en una rápida espiral descendente, del tipo ahora familiar en Grecia y otros sitios de Europa. El desempleo se había disparado y la austeridad, en vez de recuperar el equilibrio fiscal, simplemente exacerbó la caída económica.

La devaluación y la reestructuración de la deuda funcionaron. En los años siguientes, hasta la erupción de la crisis financiera mundial en 2008, el crecimiento del PBI anual argentino fue del 8 %, uno de los más rápidos en el mundo.

Incluso los antiguos acreedores se beneficiaron con este rebote. En una jugada muy innovadora, Argentina cambió la deuda vieja por otra nueva –con un valor de aproximadamente 30 centavos por dólar, o un poco más– a la que agregó un bono indexado por el PBI. Cuanto más crecía Argentina, más pagaba a sus anteriores acreedores.

Los intereses de Argentina y los de sus acreedores estaban entonces alineados: ambos deseaban el crecimiento. Fue el equivalente a una reestructuración de deuda corporativa estadounidense bajo el «Capítulo 11», donde la deuda se cambia por capital accionario y los tenedores de bonos se convierten en nuevos accionistas.
Las reestructuraciones de deuda a menudo implican conflictos entre los diversos solicitantes. Por eso, para las disputas locales de deuda, los países cuentan con leyes y tribunales de quiebras. Pero no hay un mecanismo tal para adjudicar las disputas internacionales sobre este tema.

Hace mucho tiempo, esos contratos se hacían cumplir a través de la intervención armada, como aprendieron –a un altísimo costo– México, Venezuela, Egipto y gran cantidad de países en los siglos XIX y XX. Después de la crisis argentina, la administración del presidente George W. Bush vetó las propuestas para crear un mecanismo de reestructuración de la deuda soberana. En consecuencia, no existe ni siquiera la pretensión de una búsqueda de reestructuraciones justas y eficientes.

Los países pobres habitualmente se encuentran en gran desventaja para negociar con los grandes prestamistas multinacionales, que suelen contar con el respaldo de los poderosos gobiernos donde residen sus sedes. A menudo los países deudores son exprimidos en tal medida que vuelven a quebrar unos pocos años más tarde.

Los países pobres habitualmente se encuentran en gran desventaja para negociar con los grandes prestamistas multinacionales, que suelen contar con el respaldo de los poderosos gobiernos donde residen sus sedes. A menudo los países deudores son exprimidos en tal medida que vuelven a quebrar unos pocos años más tarde.

Los economistas aplaudieron el intento argentino para evitar este resultado a través de una profunda reestructuración, acompañada por los bonos vinculados al PBI. Pero unos pocos fondos «buitre» –entre los cuales destaca el fondo de cobertura Elliott Management, dirigido por el multimillonario Paul E. Singer –percibieron las tribulaciones argentinas como una oportunidad para obtener enormes beneficios a expensas del pueblo argentino. Compraron los viejos bonos a una fracción de su valor nominal y litigaron para obligar a Argentina a pagar 100 centavos por cada dólar.

Los estadounidenses han visto la forma en que las empresas financieras privilegian sus propios intereses por encima de los del país... y los del mundo. Los fondos buitre han elevado la codicia a un nuevo nivel.

Su estrategia de litigación aprovechó una cláusula contractual estándar (llamada pari passu) que busca garantizar que todos los reclamantes reciban igual trato. Increíblemente, el Tribunal de Apelaciones de EE. UU. para el Segundo Circuito de Nueva York decidió que esto implicaba que si Argentina pagó el total de su deuda a quienes aceptaron la reestructuración, debe pagar el total a los buitres.

Si este principio prevalece, nadie aceptará nunca una reestructuración de la deuda. Nunca se podrá volver a empezar –con todas las desagradables consecuencias que esto implica.

En las crisis de la deuda, se suele culpar a los deudores. Se endeudaron demasiado. Pero los acreedores también son responsables: prestaron demasiado e imprudentemente. De hecho, los acreedores son supuestamente expertos en gestión y evaluación de riesgos y, en ese sentido, la responsabilidad es suya. El riesgo de cesación de pagos o reestructuración de la deuda induce a los acreedores a ser más cuidadosos en sus decisiones crediticias.

Las repercusiones de este injusto fallo pueden tener consecuencias muy duraderas. Después de todo, ¿qué país en desarrollo que tenga los intereses de largo plazo de sus ciudadanos en mente estará preparado para emitir bonos a través del sistema financiero estadounidense, cuando sus tribunales –y tantas otras partes de su sistema político– parecen permitir que los intereses financieros triunfen por sobre el interés público?

Los países harían bien en no incluir cláusulas pari passu en futuros contratos de deuda, al menos sin especificar claramente qué implican. Esos contratos también deberían incluir cláusulas de acción colectiva, que imposibilitarían a los fondos buitre evitar reestructuraciones de deuda. Cuando una proporción suficiente de los acreedores acuerda un plan de reestructuración (en el caso de Argentina, los tenedores de más del 90 % de la deuda del país lo hicieron), se puede obligar al resto a lo mismo.

Que el Fondo Monetario Internacional, el Departamento de Justicia de EE. UU. y las ONG de lucha contra la pobreza se hayan unido en oposición contra los fondos buitre es un hecho revelador. Pero también lo es la decisión del tribunal, que evidentemente asignó poco peso a sus argumentos.
Para quienes viven en países con mercados emergentes o en desarrollo y se sienten injustamente tratados por los países avanzados, existe ahora un motivo más para el descontento frente una marca de globalización administrada para servir a los intereses de los países ricos (especialmente, a los intereses de sus sectores financieros).
En las postrimerías de la crisis financiera mundial, la Comisión de Expertos de las Naciones Unidas sobre Reformas del Sistema Monetario y Financiero Internacional instó a diseñar un sistema eficiente y justo para la reestructuración de la deuda soberana. El fallo tendencioso y económicamente peligroso del tribunal estadounidense muestra por qué necesitamos ya mismo un sistema de esas características.

 

(*) Premio Nobel de Economía y profesor de la Universidad de la Universidad de Columbia, fue presidente del Consejo de Asesores Económicos del presidente Bill Clinton y se desempeñó como vicepresidente senior y economista jefe del Banco Mundial. Su libro más reciente es El precio de la desigualdad: ¿Cómo está dividida sociedad actual pone en peligro nuestro futuro.

 

FUENTE: ProjectSyndicate

VER TAMBIÉN: "Vamos a Pagar 2070 Millones de Dólares del Bonar VII", Anunció Cristina

Tras una sesión que se extendió por más de diez horas, el proyecto fue aprobado por 192 votos a favor, 33 en contra y 4 abstenciones.

La iniciativa, que permite ingresar en la reestructuración de la deuda a los bonistas que no aceptaron hasta ahora la propuesta argentina, fue apoyada por el bloque del Frente para la Victoria, sus habituales aliados, y el respaldo, con disidencias de legisladores de otras bancadas, como la UCR, el Frente Peronista, el Frente Renovador y el PRO, entre otros.

La presidenta del bloque del Frente para la Victoria, Juliana Di Tullio, señaló: “Reivindicamos nuestra política de desendeudamiento, y estamos convencidos de que fue la decisión correcta; porque teníamos el desafío de crecer con inclusión y es un desafío que hemos superado”.

En contra lo hicieron los bloques que componen el Frente Amplio Progresista (GEN, socialismo, Frente Cívico de Córdoba y Unidad Popular), la Coalición Cívica y otros bloques minoritarios.

En el inicio del debate, el miembro informante del proyecto, Carlos Heller (Nuevo Encuentro), señaló que con la sanción de la ley de reapertura del canje el Gobierno "tiene las herramientas para terminar con la reestructuración" de la deuda que cayó en default a fines de 2001 y reivindicó la política realizada por el Ejecutivo porque se "reafirmó la soberanía".

Al exponer en su carácter de titular de la comisión de Finanzas, advirtió sobre el accionar especulativo de los fondos buitre y señaló que si no se revierte el fallo de la Cámara de Apelaciones de Nueva York tendrá "repercusiones negativas no sólo sobre la Argentina sino sobre el sistema financiero internacional".

Por su parte el kirchnerista Roberto Feletti aseveró que "no existe jurisprudencia de que una Nación puede ser rehén de un fondo especulativo", al referirse al fallo de la Cámara de Apelaciones de Estados Unidos contrario a la postura argentina ante los fondos buitre.

El titular de la comisión de Presupuesto consideró que la restructuración fue "exitosa porque se adhirieron un 93 por ciento de bonistas, y rechazó la decisión de la justicia de Estados Unidos que aceptó el reclamo de un fondo buitre que representa el 0,45 por ciento de los acreedores”.

Desde la oposición, el radical Miguel Bazze, dijo que su bloque votará "con la mayor responsabilidad" pero cuestionó al gobierno por no reconocer "los errores que se siguen cometiendo".

En cambio, el diputado y candidato a senador de Unen Fernando Solanas dijo que "estamos ante la legitimación del mayor fraude que es la deuda externa" y "nosotros no vamos a permitir los actos ilegítimos que se iniciaron hace treinta años".

El diputado del Frente Renovador Felipe Solá señaló que "vamos acompañar por la continuidad jurídica del Estado y porque no somos cipayos y no vamos hacer nada a favor de los fondos buitre"; mientras que desde el PRO, Federico Pinedo dijo que "una vez más vamos a dar una herramienta al gobierno porque estamos en contra de los fondos buitre" pero cuestionó que el gobierno "siga poniendo los problemas debajo de la alfombra".

El proyecto enviado hace tres semanas por el Ejecutivo para la reapertura del canje de deuda, suspende la vigencia de la denominada Ley Cerrojo y establece que la nueva convocatoria se realizará en "términos y condiciones financieras" similares a la operación concretada en 2010.

Por la Coalición Cívica, Alfonso Prat-Gay remarcó que "no se opone a la reapertura del canje de deuda" aunque aclaró que “no vamos a permitir al gobierno negociar en sede judicial porque es desventajoso para la estrategia Argentina".

Claudio Lozano, del bloque Unidad Popular, manifestó que pese a la reestructuración de la deuda "no consiguió que no tuvieran fallos en contra ni disminuir la deuda pública" y dijo que "acá no se ha logrado ningún desendeudamiento".

En el cierre del debate, la presidenta del bloque del Frente para la Victoria, Juliana Di Tullio, señaló: “Reivindicamos nuestra política de desendeudamiento, y estamos convencidos de que fue la decisión correcta; porque teníamos el desafío de crecer con inclusión y es un desafío que hemos superado”.

El proyecto enviado hace tres semanas por el Ejecutivo para la reapertura del canje de deuda, suspende la vigencia de la denominada Ley Cerrojo y establece que la nueva convocatoria se realizará en "términos y condiciones financieras" similares a la operación concretada en 2010.

El artículo segundo del proyecto establece que los "términos y condiciones financieros que se ofrezcan no podrán ser mejores que los ofrecidos a los acreedores en el decreto 563/10", en referencia a las condiciones de los bonos del canje 2010.

Otro artículo importante, el número 7, suspende la vigencia de la denominada Ley Cerrojo y el cierre del canje lo deja supeditado a la decisión del Congreso Nacional, para dar vía libre a la operación que oportunamente realizará el Ejecutivo.
Se trata de un artículo clave, de cara al juicio que la Argentina enfrenta en Nueva York, donde la Corte Suprema estadounidense deberá decidir si toma o no el caso.

El texto sostiene que quienes deseen participar deberán renunciar a los derechos que les correspondan como sentencias o laudos, o acciones legales iniciadas o que pudieran realizarse a futuro en relación a los títulos susceptibles de canje.

 

RELEVAMIENTO Y EDICIÓN: Pedro Arrospidegaray

FUENTE: Télam

NOTA CENTRAL: Diputados Convirtió en Ley el Proyecto de Reapertura del Canje

"Dentro de pocas horas, vamos a pagar 2.070 millones de dólares del Bonar VII, un bono de legislación local que es parte de la restructuración de la deuda", dijo.

"No había marcha política, gremial o social que no llevara una pancarta contra el FMI y la deuda externa" recordó la Presidenta.

Para completar el pago, el directorio del Banco Central anunció el pasado 15 de agosto la afectación de reservas para la integración del Fondo de Desendeudamiento Argentino y la cancelación de vencimientos con organismos internacionales para el presente año, que totalizan unos 2.500 millones de dólares, acorde a la política de desendeudamiento.

Al hablar anoche en el acto por el Día de la Industria, en Tecnópolis, la jefa de Estado destacó que el crecimiento económico de esta década se produjo "en el marco de haber superado una de las más severas restricciones, sino la más, que siempre atravesó la economía por lo menos a partir de 1976, que fue el endeudamiento".

"No había marcha política, gremial o social que no llevara una pancarta contra el FMI y la deuda externa" recordó la Presidenta.

Respecto del Bonar, el ministro de Economía, Hernán Lorenzino, consideró este lunes que "este es el pago más importante que vamos a hacer este año y va en línea con la argumentación que estamos haciendo en término de los (fondos) buitre y el 93% que entró a los canjes del 2005 y 2010".

En este sentido, Lorenzino subrayó que "Argentina sigue cumpliendo" con sus compromisos y precisó que "esos 2.070 millones de dólares tienen que ver con un bono de legislación local que no tiene nada que ver con los buitre y la deuda emitida a partir de la reestructuración, pero sí es una muestra de que Argentina viene pagando sus deudas en los tiempos que tomó el compromiso de hacerlo".

 

RELEVAMIENTO Y EDICIÓN: Pedro Arrospidegaray

FUENTE: Télam

La decisión argentina de reabrir el canje de deuda, la pelea con los fondos buitre, la necesidad de seguir adelante con la implementación de reformas en el sistema financiero internacional, la lucha contra los paraísos fiscales y la creación de empleo como herramienta central para enfrentar las crisis serán algunos de los ejes que abordará la presidenta Cristina Fernández de Kirchner durante la cumbre del Grupo de los 20 (G-20).

El encuentro se desarrollará entre el jueves y viernes próximo en San Petersburgo, Rusia, y contará con la presencia de los presidentes y jefes de Gobierno de las principales potencias del mundo.

Este año la cumbre tendrá un alto voltaje político por la crisis de Siria y la decisión de EEUU de llevar adelante una acción militar en contra de ese país, entre otras cuestiones.

La delegación que representará a la Argentina, encabezada por la Presidenta, estará integrada por el canciller Héctor Timerman, los ministros de Economía y de Trabajo, Hernán Lorenzino y Carlos Tomada, el secretario de Comunicación Pública, Alfredo Scoccimarro, y la embajadora argentina en Estados Unidos, Cecilia Nahón, quien se desempeña como sherpa (guía) de la jefa de Estado.

Nahón ya se encuentra en San Petersburgo debido a que mañana participará con sus pares de las naciones miembro del G-20 de la discusión del documento final que los presidentes y jefes de Gobierno terminarán de definir entre el jueves y el viernes.

La reunión de los sherpas se extenderá hasta el jueves, hasta horas antes del mediodía de Rusia, cuando comenzará formalmente la Cumbre de Presidentes del G-20.

El documento final llevará por nombre el de "Plan de San Petersburgo" y hará eje en cuestiones referidas a regulaciones financieras de corto plazo y a medidas destinadas a oxigenar la economía mundial, según sostiene el plan de trabajo presentado por Rusia como país presidente del foro y organizador.

El jueves, minutos antes de que dé comienzo la cumbre, el presidente ruso, Vladimir Putin, anunciará de manera oficial que la próxima cumbre se realizará en Australia, en 2014, y que tras la finalización del encuentro la presidencia del grupo pasará a manos del primer ministro Kevin Rudd.

A pesar de que la agenda diseñada por Rusia para las discusiones del grupo tienen un sesgo eminentemente económico, este año la cumbre tendrá un alto voltaje político por la crisis de Siria y la decisión de EEUU de llevar adelante una acción militar en contra de ese país, entre otras cuestiones.

También el foco estará puesto en la tensión bilateral desatada entre EEUU y Rusia tras la decisión del gobierno ruso de concederle asilo a Edward Snowden, responsable de dar a conocer al mundo los programas de espionajes tecnológicos que lleva adelante el gobierno norteamericano.

El encuentro se desarrollará entre el jueves y viernes próximo en San Petersburgo, Rusia, y contará con la presencia de los presidentes y jefes de Gobierno de las principales potencias del mundo.

Además de los países miembros del G-20, en la cumbre también estarán presentes los principales directivos del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional FMI, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), de la Organización Mundial de Comercio (OMC) y de las Naciones Unidas (ONU).

A estos se sumarán, por invitación del país, los presidentes de Brunei, en representación de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático; Etiopía, por la Unión Africana; Kazajistán, en nombre de la Comunidad de Estados Independientes; Senegal, líder de la Nueva Alianza para el Desarrollo de Africa; Singapur, que preside el Comité de Finanzas del FMI; y Chile, como invitado especial.

Las deliberaciones de los presidentes tendrán lugar en el Palacio de Constantino, o Palacio de los Congresos, cuya construcción fue ordenada por Pedro El Grande, en 1720, y que está ubicado a unos 20 kilómetros del centro de San Petersburgo.

 

RELEVAMIENTO Y EDICIÓN: Pedro Arrospidegaray

FUENTE: Télam

La presidenta Cristina Fernández de Kirchner se refirió hoy a la decisión de la Cámara de Apelaciones de Nueva York, Estados Unidos, que rechazó el planteo de la Argentina frente al fallo adverso de un tribunal de ese país que beneficia el reclamo de los fondos buitre, a través de la cadena nacional de medios de radiodifusión.

En ese sentido, la jefa de Estado manifestó: "El viernes pasado se conoció que se confirmó el fallo del juez (Thomas) Griesa que le da la razón a los fondos buitre, que fueron los que embargaron la Fragata Libertad en Ghana".

"Lo que queremos dar a conocer hoy a los habitantes de la argentina y al 93 por ciento de los tenedores de bonos es que este fallo ignora el acuerdo que hemos logrado en 2005 y 2010. Ignora la inmunidad soberana que tiene la reestructuración de la deuda. Es un fallo un poco injusto", agregó la mandataria.

Frente a esta situación, la jefa de Estado anunció: "Vamos a enviar un nuevo proyecto de ley al Parlamento argentino que es el único capacitado para decidir sobre la deuda externa argentina. Consiste en abrir por tercera vez el canje de deuda para ese 7 por ciento que no ha ingresado. Queremos demostrar la vocación de pago que tiene la Argentina".

Y por otro lado, siguió Cristina, "para salvaguarda de ese 93 por ciento que ha confiado en la Argentina vamos a hacer un reemplazo de títulos por la misma moneda y los mismos plazos, nada mas que vamos cambiar el lugar de pago para evitar embargos como los que hemos tenido".

"Vamos a reemplazar los bonos, que serán pagaderos aquí en la República Argentina en la caja de valores", explicó.

La Presidenta hizo referencia al fallo de la cámara de apelaciones de la corte estadounidense, que calificó a la Argentina como un “deudor recalcitrante” y, tras señalar que “entre 2003 y 2012 Argentina ha pagado 173.733 millones de dólares”, replicó: “Más que deudores recalcitrantes somos pagadores seriales”.

"Vamos a enviar un nuevo proyecto de ley al Parlamento argentino que es el único capacitado para decidir sobre la deuda externa argentina. Consiste en abrir por tercera vez el canje de deuda para ese 7 por ciento que no ha ingresado. Queremos demostrar la vocación de pago que tiene la Argentina“

Y esto lo hemos hecho con recursos genuinos, que hemos logrado a partir de la administración de comercio y de los recursos del estado, sin recurrir al mercado de capitales”, destacó la Jefa de Estado, quien señaló que a partir del 12 de septiembre, día en que se pagará el Bonar-7, “Argentina va a pasar a deber en moneda extranjera 8,3 por ciento de su PBI”, mientras que “cuando asumió (Néstor) Kirchner representaba el 150 por ciento del PBI”.

Por otro lado, Cristina recordó: "El origen de todo esto es el 31 de diciembre 2001. El 31 de diciembre de 2001 la Argentina defaultea 81 mil 836 millones de dólares. Un 49 por ciento de esa deuda fue contraída durante el período de 1989 y 1999. El 51 restante fue contraído entre los años 1999 y el momento de declararse el default".

"Pero el origen de todo es el 24 de marzo de 1976, cuando el país comienza a endeudarse cada vez más, se agrava en durante la convertibilidad y explota en 2001", agregó la jefa de Estado.

Asimismo, indicó: "(Néstor) Kirchner tenía el lema 'crecer para pagar'. No se podía pagar si no se crecía. Ante la ONU, Kirchner sostuvo que era necesario que nos dejaran crecer para poder pagar. Desde el 2003 a la fecha se hicieron importantes pagos basados en dos reestructuraciones".

 

FUENTE: Infonews

 

El ministro de Economía, Hernán Lorenzino, se refiere al fallo que emitió el juez neoyorquino Thomas Griesa contra la Argentina y los bonistas que entraron al canje, en una causa presentada por fondos buitre.

• VIDEO: Los Fondos Buitres Operan en una Verdadera Economía Casino
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"El lunes vamos a pedir la revisión de este fallo (del juez Griesa) a la Cámara de Apelaciones. Si es necesario, vamos a recurrir a cada una de las instancias judiciales, incluso la Corte Suprema de los Estados Unidos, para defender los intereses de nuestro país", aseguró Lorenzino durante una conferencia de prensa celebrada en el Palacio de Hacienda.

El Ministerio de Economía aseguró que el juez Griesa "no tiene en esta instancia potestad para decidir sobre esta cuestión".

"No es cierto que ordenó pagar, sino que elevó a la Cámara la propuesta, y será la Cámara la que defina la acción", dijo Lorenzino.

El funcionario recordó que, además de ese pedido de revisión del fallo, la Cámara de Apelaciones de Nueva York tiene pendiente expedirse sobre otra presentación hecha por el Gobierno para que el plenario, y no sólo los integrantes de un tribunal, se pronuncie sobre el fallo que habilita a los "fondos buitres" a cobrar estos títulos en cesación de pagos.

"Confiamos en que la Justicia va a fallar a favor de Argentina, ya que esta medida es, por un lado, violatoria de su soberanía, y porque también afecta la integridad del sistema financiero (internacional) y a futuras reestructuraciones", dijo Lorenzino.

"Esta decisión no interfiere el pago del próximo 2 de diciembre", aseguró Lorenzino, quien agregó que los tenedores de títulos de la deuda argentina con vencimiento en esa fecha cobrarán normalmente los intereses correspondientes.

Por otra parte, confió en que la Cámara de Apelaciones fallará en favor de la posición argentina y, por tanto, el país no deberá conformar un fondo especial para pagar los 1.300 millones de dólares que reclaman los "fondos buitres" antes del 15 de diciembre como sostiene el fallo de Griesa.

El funcionario consideró que, entre otros aspectos, la decisión del magistrado "viola hasta el sentido común, porque con este fallo ¿quién va a aceptar una reestructuración de la deuda, con quita, a 30 años de plazo, si con tiempo, buenos abogados, y un juez permeable, puede cobrar todo, y al contado?".

Recordó que entre el viernes y el lunes, el magistrado recibió nueve textos, entre ellos el de la Reserva Federal de Nueva York, el Banco de Nueva York, entidades de clearing, y entidades que aceptaron el canje, "a los cuales analizó en sólo 48 horas y tomó una decisión".

Aseguró que la cláusula de ´pari-passu´ "es una excusa elegante, en latín, de lo que venía diciendo Griesa, y que era que a los "fondos buitres" hay que pagarle todo y a todos cash".

Los fondos buitres "son una raza marginal cuyo único fin es la especulación", tienen una "cultura parasitaria, ni siquiera pagan impuestos porque están en paraísos fiscales" y "utilizan un sistema judicial que le permite presionar a ese país".

Frente a los "fondos buitres" "tenemos que oponer a quienes aceptaron el canje con una adhesión del 93%, con cuotas y con quita".

"Es una situación inédita e inaudita", dijo Lorenzino, para quien el fallo "viola decisiones soberanas", como las leyes dictadas por el Congreso. "Estamos ante una especie de colonialismo judicial. Creemos que el sistema internacional no debería aceptar esta medida. Estamos antes una regresión judicial, anterior a la Teoría Drago, cuando los países invadían a otro para cobrarse las deudas. Lo único que nos falta es que nos manden la Quinta Flota", aseguró.

Destacó que "incluso le ordena a instituciones de Bruselas, de Alemania, y de otras partes de Europa" que adopten su decisión.

Consideró que este fallo "pone en peligro el prestigio de la plaza financiera de Nueva York, porque la reestructuración de la deuda fue aprobada por las autoridades financieras (SEC) de Estados Unidos".

 

RELEVAMIENTO Y EDICIÓN: Pedro Arrospidegaray

FUENTE: Télam

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