Sensatez, idiotez y violencia son conceptos que no siempre son utilizados para el análisis político de coyuntura. Pero es indudable que la pandemia por la Covid-19 de alguna manera los ha reactualizado, obligándonos a convivir con ellos. Y con un dato irrefutable: su presencia no es exclusiva de lo que acontece en la Argentina. Allí está la marcha berlinesa del sábado 29, donde miles personas se movilizaron en contra de la cuarentena, acompañadas de grupos de extrema derecha nostálgicos del Tercer Reich. O, la convocatoria madrileña de mediados de agosto, donde se acusaba a las autoridades de haber creado una falsa enfermedad y, por lo tanto, resulta legítimo circular sin barbijos. Idiotas hay en todos lados, diría mi abuela.

Pero a fuerza de ser honestos intelectualmente (¿vale el término?) digamos que tanto sensatez como idiotez tienen una raíz subjetiva como concepto. Tienen que ver con las miradas individuales y colectivas que vamos construyendo en nuestro devenir cotidiano y es así que no existe (de manera permanente y definitiva) una comunidad de criterios que marque la uniformidad sobre qué cosa resulta sensata y qué idiota.

Casi cuatro siglos atrás ¿era sensato Galileo Galilei cuando sostenía que el planeta Tierra no era el centro del universo y que giraba alrededor de una estrella como el sol, yendo a contramano del “saber” instaurado hasta el siglo XVII? ¿Era una idiotez encarcelar a un hombre de la ciencia que afirmaba “otra cosa” pero que, en el fondo, y esto es lo sustancial, cuestionaba el poder de aquel tiempo? Es obvio que, para nosotros, en tanto seres humanos herederos de esa modernidad que los personajes como Galileo ayudaron a construir, hoy nos resulte un horror y (otra vez) una idiotez, encarcelar a alguien porque afirme otros saberes (por allí andan alegremente los terraplanistas y antivacunas del siglo XXI) que no se condicen con la verdad que impone la ciencia.

De alguna manera, el éxito de los científicos modernos radica en que nuestra sociedad se construyó en base a poder establecer a la ciencia como articuladora de esa sensatez de la que hablamos. Nadie, en su sano juicio, mete los dedos en el enchufe porque sabemos, consciente o inconscientemente, que nuestro cuerpo es conductor de energía. Pero evidentemente, la idea de sensatez no es inalterable ni un dato que resulte tan fácil de construir como cualquier variable, sin importarnos el tiempo y el lugar.

A su vez, con la violencia no sucede lo mismo. No puede ser relativizada. A los fines de este artículo, digamos que es un dato objetivo. Se ejerce, se practica y se pone en movimiento sin importar de qué tipo de violencia hablemos. En hogares, en la calle, por el género, de forma institucionalizada, desde las llamadas organizaciones políticas, etc. Todo se resume a una acción que está a la vista (aunque a veces pretenda ocultarse), sin necesidad de que sea re interpretada. Puede discutirse cuánto de simbólico tiene una acción violenta, o cuánto de germen de un proceso que, llevado al extremo, puede destruir y aniquilar al otro.

En política eso no resulta muy diferente. Si, como nos enseñó Max Weber, una de las formas que toda acción social (y es obvio que la política lo es), puede ser pensada con arreglo a fines, el cual supone una racionalidad intrínseca, el devenir de los actores de “la política” supone un sentido racional con un objetivo que se presume como claro. Ahora bien, el juego radica, muchas veces, en descubrir esa racionalidad del adversario/enemigo.

Sabido es que el Covid vino a desestructurar muchas de ciertas verdades que se consideraban sagradas. De alterar, si se quiere, un orden de las cosas que parecían inmodificables. Y expuso, sin que lo hayamos previsto tan claramente desde el comienzo, las miserias de algunos grupos sociales que sólo entienden la vida en sociedad a partir del poder que da el dinero y la pertenencia a ciertos estratos. De allí la respuesta, por momentos visceral, por momentos caótica, de estos sectores que no aceptan determinados límites que refieren a la idea de lo común.

Desde hace algún tiempo, (y esta semana tuvimos una vuelta de tuerca al asunto), vivimos en la Argentina una serie de demostraciones públicas que ponen en cuestionamiento la idea de sensatez. Algunos, pareciendo verdaderos idiotas que descreen de aquella construcción social de la que mucho aportó la ciencia, han comenzado a utilizar recursos que pueden ser definidos, a no dudarlo, como violentos.

Primero fue el ataque al equipo de periodistas de C5N en una marcha en el Obelisco de parte de un grupo de “indignados” ciudadanos que no acuerdan con la línea editorial de ese medio. Luego, más acá en el tiempo, un ataque a huevazo limpio de la que sería la comunity manager del espacio político que conduce José Luis Espert, contra el mismo medio. El detalle: la joven militante no tuvo mejor idea que, previamente, preguntar vía twitter qué podía sucederle legalmente si llevaba adelante la acción que finalmente ejecutó.

Por otra parte, en la semana que acaba de culminar tuvimos tres hechos que merecen señalarse: el ataque al periodista Ezequiel Guazzora quien cubría la “vigilia” por la discusión en el Senado de los cambios en la Justicia Federal; la amenaza a la vicepresidenta por parte de Eduardo Prestofelippo (otra vez el mismo espacio político), a la sazón candidato a diputado por la provincia de Córdoba en las elecciones del año pasado. La frutilla del postre vino de la mano del ex presidente Eduardo Duhalde quien puso en duda la realización de las elecciones de medio término de 2021 y habló de una oficialidad joven en las Fuerzas Armadas argentinas, inquietas por el momento político que vive el país. Más allá de las posteriores rectificaciones del propio ex senador, aduciendo un brote psicótico (sic), lo cierto es que quedaron en el aire una serie de preguntas que valdría la prenda comenzar a plantearnos.

¿Estas muestras de violencia explícita son partes de prácticas marginales o son el germen de algo que crece inexorablemente? Es sabido que sus protagonistas ocupan roles marginales en la política argentina: el espacio que conduce José Luis Espert alcanzó apenas el 1,5% de los votos en las elecciones de 2019 y el ex presidente Duhalde no tiene ninguna representación de relevancia en este tiempo, pudiendo ser pensado más como un lobista que opera para las empresas afectadas por la determinación gubernamental de considerar como servicio público esencial a la televisión paga, a internet y a la telefonía móvil (en el mejor de los casos) o como un personaje menor al cual ya se le pasó la hora de ser un actor trascendente de la política argentina.

¿Resulta más sensato responder institucional, judicial y políticamente a estos hechos o, parándonos por encima del asunto, es posible ignorarlos sin darles la más mínima visibilidad ya que resultan idioteces menores en el tiempo en el que nuestro encierro pandémico nos expone a estar demasiado atentos a lo que sucede en el mundo virtual?

Son preguntas para las cuales este articulista no tiene repuestas que devengan en certezas definitivas. Es cierto que la insensatez y la idiotez se enseñorean en tiempos de Covid. Y en algunos casos, la violencia acompaña como un factor determinante. En un contexto donde la responsabilidad de vivir en una comunidad que se pretende organizada, nos exige quedarnos en casa como forma de cuidarnos individual y colectivamente, no deja de ser un problema para las características de los movimientos populares argentinos, dar la respuesta política que corresponde en las calles. Si un 9 de diciembre de 2015, 900.000 personas despedían a un gobierno que había perdido las elecciones por unos pocos puntos en un balotaje, no imagino menos en tiempos donde esa misma fuerza política pudo reconstruirse como espacio volviendo a sembrar la esperanza.

Tal vez la única certeza de estas líneas refieran a que cabe seguir esperando. Con las convicciones de siempre, con la seguridad de que volverán los tiempos de los abrazos colectivos, sean públicos o sean privados. Y también cabe estar atentos. No entrar en ciertas provocaciones, señalando y llamando a las cosas por su nombre. La sensatez, la idiotez y la violencia están más a la vista que nunca, aunque el virus haya llegado para poner en cuestionamiento aquellas cosas que dábamos por seguras de antemano. 

(*) Analista político de Fundamentar

Para la protección de las sociedades contra la COVID‑19 será clave contar con sistemas sanitarios fuertes, una adecuada capacidad de testeo y una vacuna eficaz y de acceso universal. Pero para que nadie quede excluido, además de una inversión colectiva de un nivel inédito, también se necesita un importante cambio de metodología.

Investigadores de universidades y empresas de todo el mundo trabajan a toda prisa para desarrollar una vacuna. Y los avances actuales son alentadores: ya hay 73 vacunas candidatas en investigación o en desarrollo preclínico, y cinco que ya pasaron a la fase de ensayo clínico.

Este esfuerzo masivo sólo es posible gracias a una sustancial inversión pública, que incluye a los Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos y a la Coalición para las Innovaciones en Preparación para Epidemias (CEPI). Esta última, una organización sin fines de lucro con financiación pública, se creó después de la epidemia de ébola que golpeó África occidental en 2014‑16, con el objetivo de impulsar la investigación y el desarrollo de vacunas aplicables durante un brote contagioso.

Hasta ahora, la CEPI ha recibido de varios gobiernos financiación adicional por 765 millones de dólares (dentro de una meta de 2000 millones) para el desarrollo de una vacuna contra la COVID‑19. La Autoridad para la Investigación y el Desarrollo Biomédico Avanzado (perteneciente al Departamento de Salud y Servicios Sociales de los Estados Unidos) ha hecho importantes inversiones en proyectos para el desarrollo de una vacuna junto con Johnson & Johnson (450 millones de dólares) y Moderna (483 millones de dólares). Y la Unión Europea buscará movilizar más fondos públicos mediante una conferencia virtual de donantes que tendrá lugar el 4 de mayo.

Pero la inversión sola no basta. Es necesario que todo el proceso de innovación en vacunas, desde la I+D hasta la distribución, se rija por reglas de acción claras y transparentes basadas en objetivos y métricas referidos al interés público. Eso, a su vez, exige una clara alineación entre el interés público nacional y el global.

El primer y más importante paso es adoptar un sentido de misión que ponga las inversiones públicas y privadas al servicio de un objetivo común claro: el desarrollo de una o más vacunas eficaces contra la COVID‑19 que puedan producirse rápidamente a escala global y ponerse a disposición de todas las personas en forma gratuita. Esto demanda reglas firmes en lo referido a la propiedad intelectual, la fijación de precios y la fabricación, en cuyo diseño y fiscalización se deben valorar la colaboración y solidaridad internacional en vez de la competencia entre países.

En segundo lugar, para acelerar los avances y así maximizar el impacto sanitario, es necesario orientar el ecosistema de innovaciones hacia el uso de la inteligencia colectiva. La ciencia y la innovación médica prosperan y progresan cuando los investigadores intercambian y comparten el conocimiento en forma abierta, lo que les permite basarse en los éxitos y fracasos ajenos en tiempo real.

Pero el modelo científico privatista actual, en cambio, promueve la competencia y el secretismo, pone la aprobación regulatoria en los países ricos por encima de la accesibilidad y del impacto sanitario en el nivel mundial, y alza barreras a la difusión de la tecnología. Y si bien los fondos de licencias voluntarias (fondos de patentes) como el que Costa Rica propuso a la Organización Mundial de la Salud pueden ser útiles, corren el riesgo de ser ineficaces, en la medida en que se permita a empresas comerciales privadas mantener el control de tecnologías y datos fundamentales (que se desarrollaron gracias a la inversión pública).

Además, es esencial una orientación colectiva para seleccionar e implementar las vacunas potenciales más prometedoras. De lo contrario, la autorización de comercialización puede ir para la candidata con mejores recursos en vez de la más adecuada.

En tercer lugar, los países deben tomar la delantera en crear y reforzar capacidades de fabricación, en particular en el mundo en desarrollo. Aunque para contar con una vacuna eficaz contra la COVID‑19 tal vez haya que esperar entre doce y dieciocho meses, hay que hacer ahora mismo un esfuerzo concertado para preparar las infraestructuras y capacidades públicas y privadas que se necesitarán para producir en poco tiempo los miles de millones de dosis necesarias.

Como todavía no sabemos cuál de las vacunas resultará más eficaz, es posible que debamos invertir en una amplia variedad de activos y tecnologías. Esto supone un riesgo tecnológico y financiero que sólo puede superarse con la ayuda de estados emprendedores respaldados por la financiación colectiva orientada al interés público, provista por ejemplo por bancos nacionales y regionales de desarrollo, el Banco Mundial y fundaciones de beneficencia.

Por último, cualquier programa de desarrollo de vacunas debe incluir desde el primer momento condiciones que garanticen un acceso global, equitativo y asequible. De ese modo la inversión pública se estructurará no tanto como una mera subvención o corrección de fallos del mercado, sino más bien como una fuerza configuradora del mercado proactiva y orientada al interés público.

El precio de las vacunas para la COVID‑19 debe reflejar tanto la importante contribución pública a su desarrollo cuanto la urgencia y magnitud de la crisis sanitaria global. Debemos trascender las declaraciones de principios y los compromisos genéricos, para introducir en cambio condiciones concretas que permitan la gratuidad de las vacunas en el lugar de uso. Las autoridades también deben considerar la aplicación de licencias obligatorias para que los países puedan hacer un uso óptimo de las herramientas y tecnologías disponibles.

Es fundamental contar con mecanismos de compra colectivos que garanticen una distribución justa y un acceso global equitativo a las nuevas vacunas que vayan desarrollándose. El objetivo principal debe ser evitar que las economías avanzadas monopolicen el suministro global o no dejen lugar para la demanda de los países más pobres.

Ante la crisis de la COVID‑19 el modelo habitual no sirve. En momentos en que todo el mundo se moviliza contra la pandemia, con llamados a la formación de una alianza global, conferencias de donantes, reuniones del G20 y la próxima Asamblea Mundial de la Salud de este año, tenemos una oportunidad que no podemos desaprovechar. Estos esfuerzos colectivos deben incluir normas de acción claras y fiscalizables para que todas las partes se comprometan a seguir un enfoque integral para la innovación sanitaria basado en el interés público, que es contar con una vacuna eficaz para la COVID‑19 que pueda ponerse en poco tiempo a disposición de todos en forma gratuita.

El desarrollo de una vacuna eficaz y de acceso universal para la COVID‑19 es una de las tareas más cruciales del tiempo en que nos tocó vivir. Y sobre todo, es la prueba definitiva para saber si el resultado de la cooperación global entre el sector público y el privado (que las autoridades presentan como esencial) será maximizar el suministro de bienes públicos o las ganancias privadas.

(*) Mariana Mazzucato, Professor of Economics of Innovation and Public Value and Director of the UCL Institute for Innovation and Public Purpose (IIPP), is the author of The Value of Everything: Making and Taking in the Global Economy (Allen Lane 2019).

(**) Els Torreele is Executive Director of the Médecins Sans Frontières Access Campaign.

FUENTE: Project Syndicate

Todo comenzó en África y sobre eso no hay dudas. Aunque históricamente el modelo de la ciencia positivista y el credo etnocentrista europeo haya hecho malabares para maquillar la realidad, el antecesor más reciente del ser humano moderno surgió allí. Hace un tiempo nada despreciable, los expertos en biología humana de todas las latitudes debieron consensuar que en aquel continente invisibilizado se forjó todo. En efecto, la región que fue tildada de “primitiva” resultó ser la cumbre de la vanguardia. Sin embargo, a pesar del acuerdo rubricado por la comunidad científica, todavía no se tienen demasiadas precisiones acerca del sitio específico. El problema obvio es que el continente africano es grande (una superficie que supera los 30 millones de kilómetros cuadrados) y los equipos que alrededor del globo buscan atribuirse la medalla de “haber reconstruido el árbol genealógico humano” desde las más profundas raíces se multiplican. En esta trama de disputas se inserta el presente estudio que, de manera reciente, fue publicado en la prestigiosa revista Nature y estuvo encabezado por un equipo multidisciplinario del Instituto Garvan de Investigaciones Médicas en Sidney, con aportes de especialistas coreanos y sudafricanos.

¿Qué propone el trabajo? En principio, afirma que para conocer el origen de la humanidad debemos remontarnos unos 200 mil años hacia un escenario del sur africano. El homo sapiens, desde este punto de vista, surgió en las adyacencias del Río Zambeze que, en la actualidad, pertenece a las naciones de Botsuana, Namibia y Zimbabue. Aunque hoy constituye un escenario árido, en el pasado estuvo protagonizado por lagos que conformaron un ecosistema fértil. Con el tiempo, como respuesta al cambio climático, estos cuerpos de agua comenzaron a fragmentarse y se convirtieron en un gran humedal, un espacio adecuado para el desarrollo de los grupos humanos. El paper, desde esta óptica, es rico porque incluye una reconstrucción paleoclimática, esto es, rescata el modo en que el clima se manifestó en tiempos pretéritos como herramienta de análisis para poder echar luz sobre los flujos poblacionales y sus dispersiones en el terreno.

¿Cómo se realizó? A partir de ADN mitocondrial, una de las primeras herramientas moleculares de potencia que permitió reconstruir la historia evolutiva de muchas especies. A partir de muestras de sangre de pobladores actuales de la región, los científicos extrajeron información de la parte del genoma que las personas heredan por vía materna. “Solo las madres le pasan a sus hijos ese ADN y puede ser esquematizado en un árbol filogenético, donde hay ramas que surgen en períodos más recientes y otras que pertenecen más a la raíz del origen. En este caso, estudiaron uno de los linajes más antiguos y radicales”, señala Rolando González, director del Instituto Patagónico de Ciencias Sociales y Humanas (CENPAT- Conicet). Es un linaje que no se halla de manera frecuente y que puede encontrarse en la población de khoisanidos. Una rama que no goza de demasiada popularidad aunque incluya a celebridades del calibre de Nelson Mandela.

Exploraron 198 genomas de khoisanidos y los compararon con 1277 de otras poblaciones actuales. Con esta muestra importante, en el marco de la biología evolutiva contemporánea, recurrieron a un clásico: ir marcha atrás. “Lo que hicieron, a partir de conocer la tasa de mutación del ADN mitocondrial, fue advertir cuántos cambios se acumularon con el objetivo de fechar los diferentes sublinajes dentro de un mismo linaje”, explica el referente local. Y completa: “De esta manera, yendo hacia el pasado es posible estimar la fecha de origen con un rango de error nada despreciable. Infirieron que existió una población ancestral humana de la cual derivó una corriente migratoria hacia el norte, otra hacia el noreste y una restante más hacia el sur. Tenían características de cazadores recolectores”.

La pregunta por el origen es un tema apasionante que, históricamente, despertó grandes disensos y fuegos cruzados en la comunidad científica. “Las reconstrucciones históricas de procesos evolutivos complejos basadas en un único marcador (mitogenómico) suelen tener conflictos con otras explicaciones sustentadas en otros marcadores. Por ello, los resultados a los que arriba este paper chocan de frente con los esqueletos más antiguos hallados de nuestra especie”, alerta. González se refiere a los restos que aparecieron en Marruecos en 2017 y fueron fechados 300 mil años atrás. De ser así, sería difícil compatibilizar ambos argumentos en una misma explicación, con lo cual, esta investigación presentada por Nature podría resultar inconsistente y blanco de críticas. “Además, si nos basamos en la exploración del origen del homo sapiens a partir de los estudios del ADN del cromosoma Y (que se hereda por vía paterna), llegamos a la conclusión de que nuestros antecesores se habrían ubicado en el oeste del continente africano y no en el sur. Por este mismo motivo es que este tipo de estudios deben ser lo más interdisciplinarios posible. Los esfuerzos de muestreo son notables pero deben complementarse con análisis de otros rasgos y no con uno solo”, apunta.

Tal vez, entonces, el desafío esté en dejar de intentar representar el mapa evolutivo del ser humano a partir de una sola población de origen con líneas de dispersión hacia los diferentes continentes. Este esquema de pensamiento podría ser reemplazado por uno mucho más dinámico en el que las diferentes poblaciones se fueron hibridando y se movieron por África de manera intensa y dinámica. Nuevamente: problemas complejos requieren estrategias de respuesta complejas.

FUENTE: Página 12

A las 10 de la noche de este jueves en Pekín, si todo ocurre según lo previsto, los técnicos de la estación china de lanzamiento de satélites Jiuquan, en el desierto del Gobi completarán su cuenta atrás para el despegue de un cohete Larga Marcha 2F. Su objetivo, poner en órbita un laboratorio espacial, el Tiangong 2 (“Palacio Celestial 2”). Y con ello, lograr un nuevo salto del ambicioso programa espacial que China, vetada por EE UU de colaborar con la NASA en la exploración del Universo, ha emprendido en solitario.

Según explica Jiao Weixin, profesor de la Facultad de Ciencias Geológicas y Espaciales de la Universidad de Pekín, el envío de misiones tripuladas y suministros al laboratorio y el desarrollo de experimentos en él servirá de “preparativo para la construcción de la estación espacial” Tiangong 3. Una estación que China ya ha empezado a fabricar y se espera que esté lista entre 2018 y 2022. Contará con tres módulos, cada uno de más de 22 toneladas de peso, un telescopio Xuntian -con un campo de visión 300 veces superior al Hubble-, y estará en servicio durante al menos una década.

Aunque más reducida de tamaño que la Estación Espacial Internacional (IIS) en la que han cooperado la NASA, la Agencia Espacial Europea (ESA) y otros programas nacionales, es posible que para 2024 sea la única existente. El futuro de la IIS - en la que China no está autorizada a participar- no está garantizado después de ese año.

La estación es uno de sus proyectos más avanzados, pero las aspiraciones del programa espacial chino no se quedan ahí. Aunque aún por detrás en cuanto a tecnología con respecto a Estados Unidos, cuenta con la ventaja de recibir el respaldo inequívoco del Gobierno chino. Encaja perfectamente en la estrategia de crecimiento económico que se ha fijado Pekín, que quiere primar la innovación y el desarrollo tecnológico. Además, contribuye a su seguridad nacional. Y, por añadidura, sirve también como herramienta diplomática y de “soft power”.

Los científicos chinos cooperan ya con la ESA en misiones como la de vigilancia de alteraciones medioambientales en su país. También con la agencia india para crear y lanzar satélites de supervisión de desastres naturales y cambio climático. Un convenio firmado con la ONU abre la Tiangong 3 a astronautas de otros países, especialmente a aquellos en desarrollo. “El desarrollo de la ciencia y la tecnología requiere la comunicación y el aprendizaje recíproco. China siempre está abierta a la cooperación”, apunta Jiao.

Aunque aún con unos recursos que se calculan muy inferiores a los estadounidenses -un presupuesto anual que se estima en torno a los 6.000 millones de dólares, frente a los 40.000 de la NASA-, su deseo de éxito le ha permitido lograr ya avances notables en áreas muy diversas. En junio pasado hizo despegar desde su flamante base de lanzamiento en Wenchang, en la isla tropical de Hainan y que aspira a convertir en el Cabo Cañaveral del este, su nuevo cohete Larga Marcha-7. Este cohete será el encargado de llevar a su destino la estación espacial. Además, en agosto ponía en órbita un nuevo satélite de comunicaciones de tecnología cuántica, que presume de estar construido a prueba de piratas informáticos.

Entre sus designios futuros, prevé traer muestras lunares el año próximo, y explorar la cara oculta de nuestro satélite en 2018. Enviar una misión tripulada a su superficie, un objetivo al que EE UU renunció con el fin del programa Apolo, podría quedar para 2030. En cambio, la NASA, aunque sí cuenta entre sus metas con enviar astronautas a la Luna aproximadamente para entonces, no ha dejado claro si la misión llegaría a posarse en la superficie o se limitaría a entrar en la órbita lunar.

China insiste en que su objetivo no es en ningún momento rivalizar con Estados Unidos, o desatar una carrera espacial como la que vivieron Washington y Moscúen los años 60 y 70. “Nuestra meta no es competir, sino conseguir un desarrollo sostenible”, explica por teléfono Jiao. El profesor considera que el programa “aún está a mucha distancia del de EE UU”. Junto a sus éxitos, ha sufrido sonados reveses, como los problemas técnicos de su robot explorador de la luna “Yutu” o el fallo de un cohete Larga Marcha 4 que debía propulsar un satélite de comunicaciones.

Otros, como el analista independiente australiano Morris Jones, creen “posible” que Pekín tome la delantera en un futuro a Washington. “Podría ocurrir en los próximos 20 años”, considera el experto, vía correo electrónico."Estados Unidos carece ahora mismo de una estrategia a largo plazo para su programa espacial. No está claro lo que harán después de 2024, cuando se espera que la IIS deje de funcionar. Además, los vuelos espaciales tienen poco apoyo político o del público en EE UU", precisa. En cambio, "China ha trazado planes a largo plazo y demostrado su capacidad de ponerlos en marcha".

En cualquier caso, de momento la cooperación entre las dos grandes potencias está descartada. Al menos en el ámbito espacial. La rápida expansión del programa chino, prácticamente inexistente hace un cuarto de siglo, suscita las sospechas de Washington, que apunta que la mayoría de la tecnología que se desarrolla es de uso dual, civil y militar. En 2011, preocupado por la posibilidad de que se produzcan transferencias de tecnología, el Congreso de EE. UU. aprobó la llamada ley Wolf, que prohíbe a la NASA colaborar con China.

Es, quizá, una posición demasiado extrema, especialmente dada las ventajas económicas y científicas de la colaboración en un área tan inabarcable como es por definición el Universo. “NASA debería poder cooperar con China de maneras que no pusieran en peligro la seguridad nacional o la transferencia de tecnología. La diferencia ahora mismo es mayor de lo que debería ser”, apunta Jones. 

FUENTE: El País

RELEVO Y EDICIÓN: Camila Abbondanzieri

La Universidad Nacional de Rosario recibirá en 2016 $ 2.540 millones, representando un 5% del gasto del Estado Nacional en Universidades. La del Litoral recibirá $ 1.325 millones, un 3% del total. Cabe destacar que si bien la Universidad de Rafaela recibirá apenas 5 millones de pesos, porcentaje insignificante en el total,  esta Universidad fue creada por Ley del Congreso Nacional en diciembre de 2014 siendo la primera vez que aparece en el Presupuesto Nacional. Universidades creadas en la misma fecha, como la de Hurlingham, Alto Uruguay  reciben igual crédito. Además, en la planilla Anexa al artículo 12 se prevén $ 600 millones adicionales a destinar a las universidades de reciente creación. 

 

GASTO GEOGRÁFICO

 

El Ministerio de Seguridad prevé gastar en total en la provincia $1.055 millones en 2016 mientras que lo presupuestado para el año en curso fue de $734 millones. Este incremento, 40%, se explica principalmente por la asistencia en la seguridad ciudadana que se está realizando en la ciudad de Rosario a través de Gendarmería, que supone nada más ni nada menos que una erogación de $573 millones (+70% i.i.).   

 

El Ministerio de Agricultura gastará unos $393 millones principalmente para la actividad de investigación través del INTA ($ 190 millones) y el resto para actividades de sanidad y calidad alimentaria.

 

El Ministerio de Planificación realizará erogaciones por $ 2.348 millones, 36% del gasto total para la provincia, en conceptos de $ 1.212 millones a través de la Vialidad Nacional para obras. La política para que los santafesinos puedan acceder al gas natural a un precio menor se refleja en los $1.085 millones que destinará el ENARGAS para subsidiar el transporte y distribución del gas en la provincia. 

 

Además del financiamiento a las Universidades antes mencionado, el Ministerio de Educación realizará obras y equipamiento de las escuelas por $ 201 millones. El Fondo Nacional de Incentivo Docente será de $ 572 millones.

 

La gran parte del gasto que realizará la Nación en la provincia corresponde a ANSES, 75% del total, unos $ 47.300 millones. Esto incluye:

 

• $ 37.083 millones para prestaciones previsionales (jubilaciones) para un universo de más de 480.000 jubilados. Recordemos alrededor del 80% del gasto previsional que se realiza en la provincia corresponde a erogaciones realizada por la Nación a través de ANSES, solo un 20% del gasto total en jubilaciones lo realiza la Caja Provincial. 

 

La provincia cuenta aproximadamente con 549 mil jubilados, de los cuales 480 están cubiertos por el SIPA (87% del total). La Caja provincial cubre la jubilación de 69 mil jubilados santafesinos, es decir, el 13% del total. De esos 69 mil, 49 mil, el 75%, cobran el 82% móvil.

 

Un hecho a destacar es que de esos $37.083 millones en jubilaciones, $ 15.162 millones corresponden a la Ley de Moratoria y $21.920 al Régimen de Reparto. Esto quiere decir que el 40% del gasto en jubilaciones se generó desde 2005 producto de la política de Moratoria que permitió tener la cobertura previsional más alta de Latinoamérica, un 97% del total, es decir, casi el 100% de los abuelos en edad de jubilarse están recibiendo un ingreso.

 

• ANSES pagará para 2016 en concepto de Asignaciones Familiares uno $ 6.848 millones. De los cuales $ 4.085 millones corresponde a AUH que beneficia a más de 257 mil jóvenes, y que sólo en Rosario serían casi 103 mil jóvenes (casi el 10% de la población rosarina). $ 2.059 millones para Asignaciones Familiares de trabajadores y jubilados. 

 

• Para PROGRESAR se destinará $ 357 millones para los más de 35 mil jóvenes santafesinos que están continuando con sus estudios.

 

A esto hay que agregar más de $ 2.693 millones para Pensiones no Contributivas. Casi 64 mil Santafesinos que reciben este beneficio las cuales son pagadas por el Ministerio de Desarrollo Social.

 

En total, más de 800 mil santafesinos, más del 25% de la población, es beneficiario de alguna de las políticas llevadas a cabo por el Gobierno nacional. Estos números sirven al debate porque muchas veces perdemos dimensión de la presencia del nivel nacional de gobierno en el territorio santafesino. 

 

Las críticas de la Diputada Ciciliani son muy parecidas a las que en septiembre de 2005 hacía el Senador Giustiniani diciendo que el proyecto del presupuesto no contaba con los recursos necesarios para terminar la autopista Rosario – Córdoba. La inauguración de diciembre de 2010 dieron por cerrada esta discusión tan superficial que ratifica lo poco que conocen algunos legisladores nacionales acerca de los presupuestos del sector público. 

 

AVALES

 

El Gobierno nacional en los artículos 44 y 45 de la Ley otorga avales a la provincia para financiar el acueducto Desvío Arijón por u$s 100 millones. 

 

Además el Banco Nación otorga avales para los acueductos regionales de Santa Rosa, Chaco, Pcia. de Santa Fe, Bahía Blanca y Puelén-Chacharramendi por $ 200 millones, este valor no se puede desagregar.

 

PLANILLAS DE OBRAS

 

Santa Fe recibirá en concepto de obras por parte de Nación $ 1.275 millones entre las que se destacan: 

 

• El poder Judicial gastará $ 2,7 millones para remodelación de Sedes Judiciales.

 

• El Ministerio de Justicia gastará $ 1 millón para continuar con la construcción del Centro Penitenciario Federal del Litoral en Coronda.

 

• El Ministerio de Seguridad invertirá $ 25 millones, de los cuales $ 19 millones serán para construir alojamiento Móvil II en Rosario y $ 6 millones para la construcción de una prefectura en Arroyo Seco.

 

• El Ministerio de Defensa invertirá en la Adquisición Nueva Estación y Sub-Estación Transformadora e instalación de la Planta de Pistolas Doble Acción Fábrica Militar Fray Luis Beltrán por $ 53 millones 

 

• El Ministerio de Economía destinará $ 4 millones para reparar el Parque España de Rosario.

 

• El Ministerio de Planificación gastará $ 1.175 millones principalmente en obras viales entre las que se destacan:

 

 $ 375 millones en obras de Avenida de Circunvalación de Rosario.

 

 Obras de Reacondicionamiento de Infraestructura Ruta Nacional N°11 por $ 93 millones con un avance de obra del 38%.

 

 Obras de Reacondicionamiento de Infraestructura Ruta Nacional N°9 por $ 148 millones con un avance de obra del 42%.

 

 Obras de Reacondicionamiento de Infraestructura Autopista Rosario Córdoba Ruta Nacional N°9 A012 por $ 84,6 millones con un avance de obra del 64%.

 

 Otras obras de refuerzo de la Ruta Nacional N°9 por $ 44 millones con un avance en promedio del 30%.

 

A continuación se anexa un cuadro con las obras que figuran en el art. 11 de la Ley de Presupuesto que autorizan a comprometer gastos futuros:

 

 

(*) Licenciados en Economía. Investigadores de la Fundación para la Integración Federal