El Poder Ejecutivo Nacional promulgó la ley que establece la capacitación obligatoria en la cuestión de las Islas Malvinas para todas las personas que se desempeñen en la función pública.
En su artículo 1°, la ley 27.671 establece "la capacitación obligatoria, periódica y permanente en la 'Cuestión de las Islas Malvinas' para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación".

El proyecto sobre capacitación fue elaborado por la senadora fueguina del Frente de Todos (FdT) María Eugenia Duré.

La iniciativa propone la capacitación obligatoria, periódica y permanente sobre Malvinas a todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación.
En sus lineamientos generales, contempla la información referida a los argumentos históricos, geográficos, ambientales, jurídicos y políticos que esgrime la Nación Argentina en relación con la Cuestión de las Islas Malvinas, así como también deberá contemplar información relativa a la normativa nacional e internacional vigente.
Se busca federalizar la Causa Malvinas invitando a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) a adherirse a la capacitación.

 

FUENTE: El Litoral

RELEVAMIENTO Y EDICIÓN: Dana Vazquez

 

Por medio de un decreto, el presidente Mauricio Macri delegó en su ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, la facultad de clausurar ramales ferroviarios en forma definitiva y proceder al levantamiento de las vías y demás instalaciones ferroviarias. Consultado acerca de la decisión del presidente, Mariano Antenore de la Asociación Amigos del Riel sostuvo que el gobierno de Macri repite "las políticas antiferroviarias que comenzaron con el presidente Frondizi, allá por 1961, que se intensificaron en la última dictadura militar en 1977 y que tuvieron un masazo final con el gobierno de Carlos Menem en 1990.”

“El accidente en la ruta 33 fue un disparador para recordar que en santa fe hay una ley que estipula la creación de una empresa provincial de ferrocarriles para servicio regionales, pero por otra parte, los ferrocarriles son nacionales y ahora dependen de un ministerio” explicó el referente de Amigos del Riel. Antenore recordó que en su última visita a la ciudad, el ministro Guillermo Dietrich sostuvo que el establecimiento de ferrocarriles regionales requieren de un caudal de muchos pasajeros y que Rosario no los tenía, por lo que para éste era mejor el colectivo. “Yo le preguntaría al ministro si le parece que las muertes en las rutas son mejores. Por su puesto que la respuesta es que no, pero son los conceptos neoliberales que tiene el ministro y todo el gabinete nacional” sentenció Antenore.

Asimismo, el referente de la Asociación Amigos del Riel advirtió sobre las implicancias que puede tener para el entramado ferroviario local la potestad del ministro de transporte sobre la infraestructura ferroviaria. “Con este decreto se corre el riesgo de que de un día para el otro aparezca un proyecto inmobiliario sobre la estación Central Córdoba o que los rieles se corten a la altura del cruce Alberdi para poner otros edificios de alta gama y que ya no se puede llegar a la estación Rosario Norte”. “Teniendo en cuenta que se prometió mejorar el servicio a Retiro y no se cumplió, sumado a que se habilita a un ministro a que levante ramales a discreción, eso equivale a que el gobierno diga que no le importa lo que pase con el ferrocarril más allá de Campana” advirtió Antenore

Finalmente, Antenore se refirió al estado actual de las vías, destacando que si bien Rosario es el segundo nodo mas importante del país y que las vías entre nuestras ciudad y Buenos Aires fueron renovadas, no corriendo con la misma suerte los tramos hacia otras localidades importantes de la región como son el caso de Casilda y Cañada de Gómez. 

 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifestó su preocupación por el decreto migratorio del gobierno de Mauricio Macri. La inquietud la hizo pública en una conferencia de prensa la comisionada Margarette Macaulay, quien destacó que la nueva normativa perjudica a los migrantes e implica un “retroceso” para una país como la Argentina, que fue un gran ejemplo” de cómo tratarlos. 

El decreto que preocupa a la CIDH fue firmado por Macri a fines de enero, y permite las deportaciones de indocumentados que hayan cometido delitos. El lunes, el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, tuvo que dar explicaciones al respecto ante la CIDH en Washington, junto al director de Migraciones Horacio García. Allí afirmó que el decreto no es persecutorio ni racista.

Las explicaciones de los funcionarios macristas no disiparon las inquietudes que se plantearon en esa audiencia. “La adopción del Decreto de Necesidad y Urgencia incorpora disposiciones regresivas de los derechos de los migrantes. La verdadera preocupación de la Comisión es que la Argentina fue un gran ejemplo sobre cómo tratar a los migrantes. Y ahora nos preocupa que haya retrocedido”, señaló Macaulay.

La comisionada precisó también que a la CIDH también le “preocupan las declaraciones de altas autoridades que relacionan la migración con la criminalidad”. Según remarcó, el decreto no garantiza los derechos de los inmigrantes que se afincan en la Argentina, agravando la legislación previa, que ya estipulaba mecanismos de expulsión del territorio nacional.

Organismos como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Comisión Argentina para Refugiados y Migrantes (Caref) y el Instituto Argentino para la igualdad, Diversidad e Integración (Iarpidi) han pedido la anulación del decreto.

Esos organismos participaron de la audiencia del lunes en Washington, donde el Gobierno tuvo que responder además por la represión en Jujuy, y también cuestionaron la defensa de los funcionarios del decreto migratorio. “Sorprendió que el Estado no haya dado ante el organismo internacional las explicaciones que da a nivel nacional. No hablaron de delincuencia ni de respuesta al crimen organizado como justificativo de los cambios a la ley. Lo único que dijeron es que había una demora en los procesos, lo cual es pobrísimo a la hora de explicar por qué se recortan los derechos del migrante para solucionarlo”, evaluó tras la audiencia Diego Morales, director del área de Litigio del CELS. 

La CIDH decidió de oficio actuar ante el cambio de la normativa migratoria que realizó la administración macrista. En el comienzo de la audiencia, el titular del organismo internacional, Francisco Eguiguren -acompañado del vicepresidente, James Cavallaro- advirtió sobre la relación entre migración, delito, xenofobia y estigmatización que la modificación promueve.

Al respecto, Morales precisó que “el DNU establece un procedimiento sumarísimo de expulsión que vulnera el debido proceso, el derecho a la defensa y el acceso a la justicia”, mientras que la integrante de la Comisión Argentina para Refugiados y Migrantes, Gabriela Liguori, destacó que la modificación “viola el derecho a la unidad familiar al eliminarlo como criterio para evitar expulsiones y detenciones”. Por su parte, Nengumbi Sukamam, integrante del Instituto Argentino para la Igualdad, Diversidad e Integración, alertó que el DNU “habilita un racismo institucional que se manifiesta en tratos discriminatorios en los hospitales, las escuelas y sobre todo a través de la violencia policial”. 

Ante las críticas, Avruj insistió en que Argentina es “un país de puertas abiertas” y que “no quiere perseguir migrantes”, aunque defendió el control sobre esa población. “La nacionalidad de quien delinque no es parte del debate. Controlar el ingreso y residencia de los inmigrantes es también parte de los derechos humanos”. Evidentemente, sus explicaciones no convencieron a los miembros de la CIDH.

FUENTE: Página 12

RELEVAMIENTO Y EDICIÓN: Camila Abbondanzieri

Con el argumento de que existiría en el país una “situación de peligro colectivo”, el gobierno nacional declaró ayer la “Emergencia de Seguridad Pública”, una medida que durante un año –con posibilidad de extenderla– significará aunar acciones entre las fuerzas policiales de seguridad interior con la Gendarmería, la Prefectura e incluso las Fuerzas Armadas. Las medidas, además de apuntar al “delito complejo” como el narcotráfico y el “crimen organizado”, también pone en la mira “la asociación ilícita calificada” y hasta una hipotética “asociación ilícita terrorista”. Las acciones se desarrollarán, según el anuncio oficial –el decreto se conocerá en las próximas horas–, por tierra, agua y “reglas de protección aeroespacial” con intervención directa de las FF.AA. y que podrían llegar al “uso de la fuerza (como último recurso) a vectores incursores en el espacio aéreo argentino” (ver nota aparte). La inclusión de la posibilidad del derribo de aviones es un guiño a Sergio Massa, que hizo de ese punto un eje de su campaña electoral. La declaración también flexibiliza las exigencias y controles para las compras del área y otorga amplias facultades para los movimientos de personal.

“Aunque todavía no se conoce el texto completo del decreto, es muy preocupante que se introduzca la cuestión del derribo (en el espacio aéreo) porque allí aparece un terreno difuso donde se pueden mezclar los límites entre seguridad interior con la ley de Defensa nacional, sin que la discusión sobre ese tema haya pasado por el Congreso porque la decisión se toma por decreto” del Poder Ejecutivo, le dijo a Página/12 Paula Litvachky, directora del área de Justicia y Seguridad del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

Lo sorpresivo de la medida y la invocación de la “urgencia” hicieron recordar, a la directora del CELS, disposiciones anteriores, la más cercana el plan anunciado a principios de 2014 por el ex gobernador bonaerense Daniel Scioli y también cuestionada en su momento por la institución. Litvachky sostuvo que el anuncio “vuelve a poner en tensión a la sociedad porque siempre que ocurre algo así se toman medidas que no están en consonancia con la Constitución y con las leyes, además de disponerse fondos presupuestarios importantes para la compra de armas, móviles y otros elementos sin una discusión previa y racional”.

Otra de las disposiciones del decreto autoriza al Ministerio de Seguridad, que trabajará en conjunto con los ministerios de Defensa y de Transporte, a realizar la convocatoria a “personal retirado de la Policía Federal, Prefectura, Gendarmería y Policía Aeroportuaria que no hayan sido condenados por delitos de lesa humanidad” o que estén “actualmente procesados penalmente o pasados a retiro por razones disciplinarias”.

Litvachky señaló que si bien “se hacen algunas salvedades sobre la idoneidad o situación legal de los posibles convocados, de todos modos esto marca una contradicción profunda con los anuncios del gobierno respecto de que busca una profunda reforma de las fuerzas de seguridad en la Argentina”.

La Emergencia de Seguridad Pública anunciada por el gobierno de Mauricio Macri dispone por el término de un año o incluso más “revertir la situación de peligro colectivo creada por el delito complejo, el crimen organizado y el narcotráfico”. Se dijo que la medida va en consonancia con “con las metas esenciales que estableció el presidente Mauricio Macri de luchar contra el narcotráfico y otro tipo de delitos graves”.

Según el anticipo difundido ayer, el decreto especifica delitos tales como “producción, tráfico y comercialización de estupefacientes (Ley 23.737), de contrabando de armas y contrabando de estupefacientes (Ley 22.415), los relacionados con las actividades de una asociación ilícita calificada (artículo 210 bis del Código Penal) o con una asociación ilícita terrorista (artículo 41 quinquies del mismo Código)”.

La “emergencia” involucra casi por completo el Código Penal y las normas complementarias, dado que también se incluyen “las asociaciones ilícitas (artículo 210), organizadas para cometer delitos con fines políticos o raciales, los de fraude contra la Administración Pública (artículo 174, inciso 5) y contra la Administración Pública (todos del Código Penal)”, más los de “prostitución de menores y pornografía infantil (artículos 125, 125 bis y 128), de financiación del terrorismo (artículo 306) y de extorsión (artículo 168).

Como ocurre siempre en este tipo de “emergencias”, se autorizará “la adquisición del material indispensable para incrementar la vigilancia de la frontera fluvial, los puertos y los espacios marítimos de jurisdicción nacional”. Al mismo tiempo se creará “el Gabinete de Seguridad Humana” cuya función será la de “coordinar las tareas de las diferentes carteras en lo atinente a la emergencia”. Eso es todo lo que se dijo sobre este punto.

El Ministerio de Seguridad “propondrá al Poder Judicial un convenio con el fin de interconectar el sistema información de la Justicia Nacional con el Sistema Federal de Comunicación Policiales”. Esto llevará a la creación del Operativo Frontera, que reemplazará al Escudo Norte, que se viene aplicando desde 2011 en la frontera terrestre, para combatir el narcotráfico y el contrabando. Esto también significará una fuerte inversión presupuestaria para aportar “nuevas tecnologías”.

Otro de los puntos que tendrá que llevar adelante el Ministerio de Seguridad será “establecer con la Administración Federal de Ingresos Públicos los estándares y la normativa de seguridad” que tendrán que aplicarse en las zonas primarias aduaneras”.

Paula Litvachky, directora del CELS, recordó que en distintos momentos del proceso democrático que comenzó en diciembre de 1983 se han anunciado medidas urgentes en materia de seguridad. “Lo peligroso es que se apelan a discursos alarmistas sobre supuestos peligros colectivos en materia de seguridad y se toman medidas que no implican necesariamente un mejoramiento en el funcionamiento de las fuerzas de seguridad. Se toman medidas y se modifican leyes sin una discusión profunda, apelando a la supuesta necesidad y a la urgencia.”

En pos de esos planes de seguridad “se dictan normas que ponen en tensión a la sociedad y que generan discusiones en torno del choque que suele producirse entre seguridad y derechos”, recalcó Litvachky. Agregó que la emergencia aludida por las autoridades gubernamentales “llevan a que se realicen contrataciones vinculadas a temas de seguridad, dejando de lado otras cuestiones importantes, como ocurrió en su momento con distintos planos de seguridad en la provincia de Buenos Aires”, aplicado por diferentes gobiernos.

Insistió en que “la posibilidad abierta de convocar a personal retirado contradice lo que se había anunciado respecto de la profundización de la reforma en las fuerzas de seguridad que había sido planteada luego de la triple fuga” de los hermanos Martín y Cristian Lanatta, y Víctor Schillaci. “Cuando se toman estas medidas, las reformas que se habían anunciado se van diluyendo y las políticas públicas empiezan a responder a la emergencia, al criterio alarmista que hasta ahora, según la experiencia acumulada, nunca han dado resultado”.

En el anuncio oficial se informó que con motivo de la creación del Operativo Frontera, que tendrá carácter permanente, habrá que dotarlo de “dispositivos materiales, técnicos y tecnológicos a la Zona de Frontera, que incluye una radarización para el eficiente control fronterizo”.

También se dispondrá “el levantamiento del secreto militar de las reglas de Empeñamiento para la Defensa Aeroespacial”.

El ex ministro de la Corte Suprema de Justicia Eugenio Zaffaroni, consultado en su momento por Página/12 sobre los “planes de emergencia” en materia de seguridad que se han sucedido en la Argentina, dijo en forma rotunda: “No sé hasta qué punto hay cosas que se hacen para superar una contingencia, una coyuntura. Hay que pensar en cosas hay que pensar en cosas más definitivas, más coyunturales. Los mecanismos para afrontar el tema tienen que ser un poco más estructurales”.

 

FUENTE: Página 12