Entre el 30 y 31 de octubre, ciudadanos de Burkina Faso se manifestaron en las calles de la capital para rechazar los planes de Compaoré, que gobernó durante el pequeño país del oeste de Africa durante 27 años, de presentarse a su quinto mandato consecutivo.
Durante esos días de protestas, en los que los manifestantes quemaron el Parlamento y tomaron la radio y TV públicas, murieron al menos 30 personas y 200 resultaron heridas por la represión policial y militar, una accionar que fue criticado y rechazado por la comunidad internacional.
Los mandatarios de Ghana, Nigeria y Senegal llegaron a la capital burkinesa encabezando una delegación de la Comisión de la Comunidad Económica de Estados del Africa Occidental (CEDEAO), que ejerce de mediador en esta crisis.
El presidente de Ghana, John Mahama, actual presidente de turno de la CEDEAO, llegó a Uagadugú acompañado de sus pares de Nigeria, Goodluck Jonathan, y de Senegal, Macky Sall.
El mandatario ghanés mantuvo una primera reunión a solas con el jefe militar de Burkina Faso, el teniente coronel Isaac Zida, que fue número dos de la guardia del depuesto Compaoré y proclamado jefe de Estado por las Fuerzas Armadas de Burkina Faso.
Zida prometió a Mahama facilitar la entrega de poder a un gobierno encabezado por un civil, informó la agencia de noticias EFE.
Luego, los tres presidentes africanos mantuvieron una ronda de conversaciones por separado con representantes de la sociedad civil, de las comunidades religiosas, del Consejo Constitucional, de los partidos políticos mayoritarios y con el propio Zida.
Ningún integrante de estas comitivas realizó declaraciones a los medios de comunicación tras las respectivas reuniones.
Pero líderes religiosos dijeron que los representantes de la CEDEAO pidieron a cada grupo que nombre a tres representantes para formar parte de un gobierno de transición que podría durar un año.
Los partidos mayoritarios de la oposición burkinesa, que aseguran que el Ejecutivo podría quedar formado en los próximos días, apoyarán que las elecciones se celebraran en noviembre de 2015.
La ronda de conversaciones debía concluir con un encuentro entre todas las partes, acto que de momento no se celebró ante la negativa de algunos representantes políticos y sociales a reunirse con miembros del partido que lideraba Compaoré.
La Unión Africana(UA) dio el lunes pasado un plazo de dos semanas a Zida para abandonar el poder y establecer un régimen transitorio liderado por civiles.
La organización panafricana obliga a sus 54 estados miembros a actuar contra el derrocamientos de gobiernos democráticos en el continente.
Ante este ultimátum y ante la creciente presión internacional, el líder militar aseguró ayer que Burkina retomará su marco constitucional "en el menor tiempo posible".
Asimismo, aseguró que dejará el poder en manos de un gobierno de transición que hoy comenzó a concretarse con la propuesta de miembros.
FUENTE: Télam
Las dos partes en litigio son el Estado argentino por un lado y los tenedores de deuda en default por el otro. La recesión de fines de los ’90 y las crisis de deuda en los mercados emergentes habían hecho derrumbar el valor de los papeles argentinos, y con el default quedaron a tan sólo un 20% de su valor nominal. Bajo la expectativa de perder el poco valor que les quedaba, muchos pequeños ahorristas que habían invertido en bonos argentinos malvendieron sus tenencias, que fueron adquiridas por fondos de inversión. Así, habiendo adquirido los papeles a un quinto de su valor facial, se podría obtener una tasa de ganancia del 100% negociando el cobro de sólo el 40% del mismo, y del 400% en caso de ir a juicio y cobrar la totalidad. Es por este comportamiento carroñero (aprovechar los despojos mórbidos dejados por la crisis en términos de títulos subvaluados) que dichos fondos fueron apodados “buitres”.
Si la Corte rechaza el caso o ratifica los fallos de primera y segunda instancia, Argentina entraría en “default técnico”. El país se verá obligado a abonar el 100% del valor de nominal de los títulos defaulteados, más los intereses, y a su vez se gatillarán pagos a quienes entraron a los canjes por un valor aproximado a las quitas. Obviamente, ninguna economía estaría en condiciones de afrontar semejante erogación, por lo cual el gobierno argentino ya anunció que no acatará el fallo. Sin embargo, esto haría que EE.UU. embargue el dinero depositado para pagarles a quienes tienen títulos bajo ley de EE.UU., incurriendo Argentina en un “default técnico” con estos acreedores ya que, a pesar de depositarles el dinero para que cobren, se verían impedidos de hacerlo ya que la justicia norteamericana repartiría dicho dinero con los ganadores del juicio.
Los intereses en juego son de diversos tipos y se materializan en presentaciones “amicus curiae”. Desde el punto de vista económico y geopolítico, se destacan los apoyos de los gobiernos de Francia, México y Brasil a favor de Argentina, ya que Argentina les sirve más como un socio político y comercial y destino de inversiones que como un país agobiado por la deuda. Desde el punto de vista académico, Argentina cuenta con los apoyos del Nobel de Economía Joseph Stiglitz y la ex-directora del FMI Anne Krueger, debido al peligro que un fallo negativo tendría sobre el sistema financiero internacional y las economías emergentes: éstas quedarían atrapadas en una trampa de endeudamiento, ya que, de hacer caso a las demandas de los buitres, estas economías deberían endeudarse en demasía para salir de su anterior crisis de deuda. Y desde el punto de vista financiero, existe el apoyo de quienes poseen bonos bajo ley norteamericana y de toda la industria financiera de Nueva York: ocurre que un fallo a favor de los buitres haría caer los bonos de los primeros en default y perjudicaría a los segundos al hacer que Nueva York deje de ser la plaza utilizada para reestructuraciones de deuda. Y esto en particular afectaría al Bank of New York, encargado de efectuar los pagos a quienes hoy poseen bonos argentinos, ya que pesarían sobre sí, de manera simultánea, la obligación de pagar a los tenedores de deuda reestructurada y la sentencia judicial sobre la deuda en default.
La Organización Marítima Internacional (OMI) certificó que la Fragata Libertad es un buque militar y por lo tanto que no puede ser embargada, informó la embajadora ante el Reino Unido, Alicia Castro.
Argentina acude al Tribunal del Mar por la Fragata
Siete Ex Cancilleres Apoyan el "Esfuerzo del Gobierno" para Liberar la Fragata Libertad
Siete ex cancilleres que se sucedieron desde el regreso de la democracia se solidarizaron con las gestiones del gobierno nacional para recuperar la Fragata Libertad, ilegalmente retenida en Ghana.
La presidenta Cristina Fernández de Kirchner afirmó que mientras sea Presidenta "se podrán quedar con la Fragata Libertad, pero ningún fondo buitre se va a quedar con la soberanía y la dignidad de este país".