El gobierno de Donald Trump anunció este jueves que la administración federal volverá a utilizar la pena capital tras una moratoria de 16 años y programó las fechas de las ejecuciones para cinco condenados, informó el fiscal general de Estados Unidos, Bill Barr.

A instancias de Trump, que pide habitualmente castigos más duros para los crímenes violentos, Barr instruyó a la Oficina Federal de Prisiones a que adopte un nuevo protocolo para el uso de la inyección letal para allanar el camino para ejecutar las sentencias.

"El Departamento de Justicia defiende el imperio de la ley, y le debemos a las víctimas y a sus familias avanzar con la sentencia impuesta por nuestro sistema de justicia", dijo Barr en un comunicado.

El año pasado se efectuaron 25 ejecuciones en Estados Unidos, todas ellas llevadas a cabo por autoridades estatales para personas condenadas por cargos también estatales y no federales.

Debido a los debates sobre los métodos de ejecución y a controversias sobre las drogas utilizadas, además de las reticencias del anterior presidente estadounidense, el demócrata Barack Obama, ningún prisionero federal había sido ejecutado desde 2003.

"Profundamente perturbador"

Los primeros a los que se les aplicará esta medida serán cinco asesinos ya condenados que serán ejecutados en la penitenciaría de Terre Haute, en Indiana.

El Departamento de Justicia dijo que todos estos condenados agotaron sus recursos de apelación y que actualmente no hay ningún impedimento a su ejecución.

Barr ordenó que la Oficina de Prisiones ejecute el procedimiento mediante una sola inyección legal del fenobarbital (fenobarbitona), un barbitúrico que reemplaza un método que usaba tres drogas distintas.

El gobierno federal tiene cerca de 62 personas en el corredor de la muerte en las prisiones federales, según el Centro de Información sobre la Pena de Muerte.

La aplicación de la pena de muerte está en retroceso en Estados Unidos en la última década, debido a debates sobre la legalidad de las inyecciones letales, acusadas de provocar demasiado sufrimiento y por problemas en el suministro de las drogas que causan la muerte, debido a que muchos laboratorios no quieren estar asociados a esta práctica.

De los 50 estados, 25 utilizan este método, 21 no permiten su uso y cuatro tienen una moratoria.

Obama, presidente entre 2009 y 2017, cuestionaba la aplicación de la pena de muerte, sin entrar en el debate de fondo.

En una entrevista concedida a Marshall Project en 2015 dijo que la práctica era "profundamente perturbadora" y señaló la desproporcionada cantidad de negros que reciben sentencias de muerte en Estados Unidos y también algunas ejecuciones "espantosas" llevadas a cabo en algunos estados.

"Inmoral"

La senadora demócrata Kamala Harris, que aspira a la nominación de su partido para la presidencia, condenó la decisión de Barr.

"Déjenme ser clara: la pena de muerte es inmoral y es profundamente imperfecta. Demasiada gente inocente ha sido ejecutada", dijo.

"La pena capital federal es arbitraria, con prejuicios raciales y plagada de malos actos de abogacía y ciencia basura", reaccionó Ruth Friedman, directora del programa Federal Capital Habeas Project.

Barr defendió que cada uno de los cinco condenados fueron juzgados "por un jurado compuesto por sus pares en un proceso pleno e imparcial".

El primer condenado será ejecutado el 9 de diciembre de 2019. Se trata de Daniel Lewis Lee, miembro de un grupo racista que asesinó a tres personas de una familia, incluyendo a una niña de ocho años.

En segundo lugar aparece Lezmond Mitchell, que recibirá la inyección letal el 11 de diciembre, por el asesinato de una anciana y de su nieta. Dos días después está programada la muerte de Wesley Ira Purkey, acusado de varios asesinatos cruentos.

Un mes después, en enero de 2020, la justicia ejecutará a Alfred Bourgeois, acusado de abusar y luego asesinar a su hija de dos años y medio, y a Dustin Lee Honken, acusado de varias muertes.

"Otras ejecuciones adicionales se programaran en fechas posteriores", dijo el Departamento de Justicia.

FUENTE: AFP

EDICIÓN Y RELEVAMIENTO: Santiago Toffoli

El primer ministro de Pakistán, Nawaz Sharif, anunció hoy el fin de la moratoria sobre la pena de muerte para los casos de terrorismo tras la masacre talibán que acabó ayer con la vida de 148 personas, la mayoría niños, en una escuela en Peshawar, informó a Efe una fuente oficial.

El portavoz de la Oficina del primer ministro, Musaddiq Malik, explicó que Sharif decidió levantar la moratoria de ejecuciones impuesta en 2008 por el anterior Ejecutivo tras la matanza ayer de 132 niños.

Malik indicó que el jefe del Ejército, Raheel Sharif, ha sugerido que la medida se aplique a los "terroristas" que ya han sido condenados y cumplen penas de prisión.

"El mayor problema que tenemos ahora es estos terroristas que han sido arrestados... ¿Cómo debemos lidiar con ellos", afirmó Sharif en una rueda de prensa tras el anuncio del levantamiento de la moratoria.

"¿Cómo deben concluir sus juicios? ¿Qué castigo se debe aplicar?", se preguntó el mandatario.

Tras la rueda de prensa, Sharif se reunió con los principales partidos políticos para discutir la situación tras el ataque que ayer él mismo calificó de "tragedia nacional".

Los tribunales paquistaníes continúan sentenciando a muerte aunque las ejecuciones no se llevan a cabo desde 2008.

Amnistía Internacional calcula que unas 8.000 personas están en el corredor de la muerte en las cárceles paquistaníes por alguno de los 28 delitos para los que está prevista.

Pakistán amaneció hoy de luto, con banderas a media asta, colegios cerrados y el inicio de los funerales, tras una noche de vigilias y rezos en mezquitas.

El ataque se produjo ayer en un colegio gestionado por el Ejército en Peshawar, dejando un total de 132 estudiantes y 9 empleados del colegio muertos y 131 heridos.

También fueron abatidos los siete terroristas dentro de la escuela.

El principal grupo talibán pakistaní, el Tehrik-e-Taliban Pakistan (TTP), reivindicó el ataque y lo justificó asegurando que para el "Ejército nuestras familias son objetivos" en las operaciones militares lanzadas contra los insurgentes en las zonas tribales de Waziristán del Norte y Khyber.

El ataque, uno de los peores en el país asiático en los últimos años, ha generado un enérgico rechazo internacional, con condenas del presidente de EEUU, Barack Obama, y los mandatarios de la India, Narendra Modi; Afganistán, Ashraf Gani, y el coordinador de Naciones Unidas en Pakistán, Timo Pakkala.

 

Fuente: La tercera
 

Cuentan los vecinos de Katra que es el único árbol de mango de la zona. Que por él suelen trepar los niños para jugar. Todos los habitantes de la región lo conocen y, desde ahora, nunca lo olvidarán. Porque en ese árbol esta semana fueron ahorcadas dos adolescentes de 14 y 15 años que previamente habían sido violadas por un grupo de hombres.

Alrededor de ese árbol empezó la indignación del pueblo nada más conocerse el crimen. A él se aferraron los vecinos en las primeras horas, sin dejar que la policía local descolgase los cuerpos. No querían que los agentes, de quienes sospecharon desde el principio, intoxicasen la escena.

La ira de esta región del norte de India se ha extendido por el país. Ayer se vivieron manifestaciones de repulsa de norte a sur, aunque no muy concurridas. Mientras, la investigación sigue su curso. Son ya cinco los detenidos: tres hermanos -entre ellos, un policía- y dos policías más, que además han sido suspendidos por no atender la primera denuncia de la familia la noche de la tragedia. Otros dos acusados siguen sin aparecer.

"Nos dijeron que no iban a registrar ningún caso y que nos fuéramos, que nos matarían si insistíamos en denunciar", afirmó a la prensa local el hermano de una de las víctimas. "Admitimos que hubo negligencia grave. Los hemos despedido. No merecen estar en el cuerpo", sentenció el superintendente de la policía Atul Saxena.

La familia tiene claro lo que quiere para los acusados. "El mundo entero vio a nuestras chicas inocentes colgadas. Queremos verles a ellos igual, colgados en público", afirmó el padre de una de ellas. Para él, este crimen es "más horripilante que el caso de violación de Delhi que sacudió a la nación" en 2012. Los culpables de aquella violación y asesinato fueron condenados a pena de muerte, igual que los violadores de una fotógrafa en Bombay, sentenciados a la horca.

El líder del Partido del Congreso, Rahul Gandhi, visitó ayer a las familias, en Uttar Pradesh. Se sentó con ellas, vio el fatídico árbol y escuchó sus sentimientos. "No quieren una compensación, quieren justicia. El honor de una mujer no tiene precio", dijo después. La respuesta la dio el agente Saxena: "(Los acusados) eran personas de mente enferma. La familia recibirá justicia".

Una familia que pertenece a la casta más baja de India y que ha rechazado la indemnización de 6.200 euros que el gobierno de Akhilesh Yadav les ha ofrecido. El ejecutivo regional se ve arrinconado por las presiones y ha cedido a la solicitud de una investigación independiente que piden los afectados. Pero entre los habitantes del distrito de Badaun continúan las dudas. Los asesinos eran de la casta Yadav, la misma que los policías suspendidos y la misma que el jefe de gobierno de Uttar Pradesh. No es una casta alta, pero sí superior a la de los 'intocables'. "Somos tan pobres que no esperamos que se haga justicia", reconocía un vecino.

La autopsia confirmó que las menores fueron violadas y que murieron asfixiadas, ahorcadas. Habían sido secuestradas cuando salieron a orinar al campo. "Hemos pedido a nuestros líderes locales aseos y electricidad, pero nadie nos escucha", lamentaba una residente ante la prensa local. 400 millones de personas carecen de electricidad en India y más de 600 millones, el 53% de la población, no tienen retrete en casa. La falta de este bien tan básico provoca, además de problemas sanitarios, que las mujeres esperen a la noche para hacer sus necesidades al aire libre. Sin miradas violentas. Es entonces cuando los hombres aprovechan la oscuridad, cuando la luz de la luna es la única que las protege.

 

RELEVAMIENTO Y EDICIÓN: Priscila Pretzel

FUENTE: EL MUNDO