Este martes, poco antes del mediodía, el Tribunal Oral Federal de Santa Fe condenó a seis años de prisión y al pago de 40 mil pesos de multa al ex jefe de la Policía Provincial Hugo Tognoli por encubrimiento en la venta de estupefacientes, incumplimiento de deberes de funcionario público y coacción.

En la misma causa fue condenado a cinco años el ex subjefe de Inteligencia de Drogas Peligrosas José Luis Baella, por encubrimiento triplemente agravado y coacción. Este ex policía también deberá pagar 20 mil pesos de multa.

En tanto que le dieron seis años y seis meses a Daniel Mendoza. Se lo consideró autor de fabricación y comercialización de estupefacientes y coacción. Deberá pagar 5 mil pesos de multa. Y recibió cuatro años el remisero Fernando Torres, por venta de estupefacientes.

Por otra parte, fue absuelto el agente policial Mauricio Otaduy.

Los jueces José María Escobar Cello, María Ivón Vella y Luciano Lauría presidieron este martes la última audiencia del juicio, donde se dio lugar a últimas declaraciones de los imputados. El único en hablar fue Hugo Tognoli, quien se declaró inocente. Aseguró no haber estado “nunca vinculado a bandas narcotraficantes”, y aseguró que el proceso sólo restó horas a su familia, “los únicos” que consideró que hoy lo apoyan.

El abogado de los policías involucrados en el caso, Andrés Rabinovich, anticipó: “Haremos una presentación a la Cámara de Apelaciones porque hemos demostrado que, desde 2003 ( la titular de la Asociación Madres Solidarias, Norma) Castaño viene denunciando a la policía sistemáticamente por intereses económicos”.

Disconforme con la sentencia, criticó que “el gobierno provincial le soltó la mano a Tognoli, lo acompañó en un primero momento y después respondió a la presión nacional”.

El fiscal Martín Suárez Faisal había pedido una pena de ocho años de prisión para Tognoli por encubrimiento a narcotraficantes, siete años de prisión para Baella por los mismos delitos y tres para Otaduy, por supuestas coacciones contra Norma Castaño, titular de la ONG Madres Solidarias. Por otra parte, el fiscal solicitó ocho años de cárcel para Mendoza por comercialización y fabricación de estupefacientes, y tres al “repartidor” Fernando Torres.

Las condenas a Tognoli y Baella fueron por haber ayudado a Mendoza a eludir investigaciones judiciales entre marzo y agosto de 2011, y en marzo de 2012. Además, Tognoli, Mendoza y Baella fueron condenados por coaccionar a Castaño para “obligarla a desdecirse de denuncias formuladas” contra el entonces jefe de la Policía santafesina. 

 

FUENTE: Rosario Plus

Sólo 125 policías retirados respondieron a la convocatoria para volver a la fuerza a tres semanas del inicio de las inscripciones. Es baja la cantidad de agentes jubilados que quieren volver a la actividad luego de la propuesta provincial que se puso en marcha en la primera semana de junio. Los retirados cobrarán un plus de 3 mil pesos mensuales y realizarán tareas de custodia.

Sin embargo, la decisión fue polémica desde sus comienzos, ya que los policías retirados en muchos casos contaban con dudosos antecedentes en el desempeño de sus funciones. De un total de dos mil que se estimaban se sumarían ante esta convocatoria, sólo 125 acudieron al llamado del Ejecutivo provincial.

“Es un nivel de improvisación muy grande. Este gobierno (7 años) tuvo una muy mala previsión sobre cuántos policías se necesitaban. No pudo garantizar que el instituto forme la cantidad necesaria de agentes”, dijo el criminólogo Enrique Font en AM 1330. “Se ha permitido que policías que no han cumplido los 2 años ya estén trabajando como policías”, señaló, entre las debilidades que muestra este emprendimiento en pos de reforzar la policía santafesina.

“Es un nivel de improvisación muy grande. Este gobierno (7 años) tuvo una muy mala previsión sobre cuántos policías se necesitaban. No pudo garantizar que el instituto forme la cantidad necesaria de agentes.

“El gobierno de Santa Fe no gobierna a la policía y la conoce poco. El gobierno está muy desprestigiado en materia de seguridad y que hace circo en los medios”, acusó Font, quien agregó que “la policía ha tenido que ser intervenida. Lo que ocurrió fue una intervención federal y encima ahora suman un funcionario oscuro en el Ministerio de Gobierno (por José Spadaro, flamante secretario de Análisis y Articulación de Procesos Interministeriales)”.

“Una policía totalmente atravesada por el delito. Debió haber hecho una reforma integral de la policía”, solicitó el docente universitario y advirtió que “desde que se fue Cuenca, este gobierno comenzó a retroceder. Tal fue el fracaso que derivó en una intervención federal”.

“Aunque lo trajeran al Messi de los funcionarios, uno solo no hace nada. No está claro por qué Spadaro va a Gobierno y no a Seguridad. Spadaro aporta poco a una estrategia de seguridad democrática”, argumentó en el programa ‘El todo y las partes’.

“(Rubén) Galassi le maneja todo a (Raúl) Lamberto, porque si no de dónde salió la orden de abrir la Mac de Medina”, se preguntó. Por otra parte, Font también señaló que el nuevo sistema final de la provincia no ha mejorado la situación procesal: “Las fiscalías están tapadas de trabajo, a pesar de la excelente voluntad de los nuevos funcionarios”, concluyó.

Baja convocatoria. En la primera semana realizaron el trámite 100 policías retirados, en la segunda 20 y en la última sólo 5. La intención del Ministerio de Seguridad de Santa Fe es llegar al menos a unos 400 inscriptos, sobre un total de 2600 que están en condiciones de volver a la actividad plena policial. A partir de los próximos días les comenzarán a enviar cartas a los policías retirados para informarles de las características de la convocatoria. Los agentes que deseen volver a la actividad deberán tener un máximo 58 años, percibirán 3 mil pesos mensuales y custodiarán puestos fijos para que los agentes que ahora cumplen esas funciones puedan ser afectados a tareas de prevención. Quienes resulten reincorporados podrán presentarse a los concursos ordinarios de ascenso.

 

FUENTE: Rosario.com
 

Los ministros Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Enrique Petracchi y Juan Carlos Maqueda determinaron que el recurso de la defensa de Tognoli "no constituye acción o recurso alguno que habilite la competencia ordinaria o extraordinaria de la Corte Suprema"

En el mes de junio último, la Sala Cuarta de la Cámara Federal de Casación Penal rehusó hacer lugar a un recurso interpuesto por el abogado Carlos Edwards, defensor de Tognoli, contra la decisión del mismo tribunal que le había denegado otro planteo.

"A nuestro juicio, los agravios formulados por la defensa no han logrado conmover los fundamentos brindados por el Tribunal a quo (la Cámara de Apelaciones de Rosario), ello de acuerdo al grado de certeza exigido según el estadio procesal por el que transitan las presentes actuaciones", señala la resolución de entonces, firmada por los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Juan Gemignani.

Tognoli está procesado en esa causa como presunto "autor del delito de encubrimiento por favorecimiento personal, agravado por haberse cometido para ocultar un delito especialmente grave, cuando ha existido ánimo de lucro y el autor fuere funcionario público", recuerda la resolución.

Esa calificación es "en concurso ideal con los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y denegación de justicia, todos en concurso real con el delito de amenazas coactivas contra Norma Castaño, en calidad de partícipe necesario", añade.

La investigación le atribuye a Tognoli, cuando era jefe de la ex división Drogas Peligrosas de Santa Fe, haber "auxiliado" al presunto narco Daniel Mendoza para realizar el video de un encuentro con Norma Castaño, titular de la ONG Madres Solidarias, con el fin de amenazarla con su difusión si la mujer no retiraba una denuncia contra el jefe policial.

 

FUENTE: Rosario.com

Hermes Binner sabía quién era Hugo Tognoli. El fallo de La Cámara Federal de Rosario (Sala B) que confirmó el procesamiento del ex jefe de Policía de la provincia menciona dos veces al ex gobernador al valorar pruebas agregadas a la causa: dos cartas que la líder de Madres Solidarias, Norma Castaño, le presentó en la Casa Gris, el 7 y el 9 de febrero de 2011, para advertirlo cómo operaba Tognoli y denunciar la supuesta "connivencia" con el narco Daniel "Tuerto" Mendoza. Las notas están dirigidas a Binner, pero fueron entregadas en el Ministerio de Gobierno, por entonces a cargo de Antonio Bonfatti, aunque después la propia Castaño se encargó de aportarlas a la justicia. "Yo confié en usted, le pido como padre y esposo que me ayude ante esta gente que vive en connivencia con los asesinos de nuestros hijos", le escribió Castaño. Binner desatendió el pedido, porque el 12 de diciembre de 2011, Bonfatti ascendió a Tognoli de jefe de Drogas Peligrosas a jefe de Policía de la provincia.

"(Castaño) presentó dos notas sumamente críticas dirigidas a quien fuera gobernador de Santa Fe, Hermes Binner, las cuales tienen cargo de recepción en el Centro Unico de Atención del Ministerio de Gobierno, los días 7 y 9 de febrero de 2011"

La causa investiga una trama narco policial y una operación sucia a Castaño con un video que luego fue subido a Youtube. Hay cuatro imputados: Tognoli y dos de sus subordinados en Drogas Peligrosas: el ex subjefe de Inteligencia, José Luis Baella y Mauricio Otaduy. El cuarto es Mendoza. En diciembre de 2012, el juez federal Francisco Miño procesó a Baella por supuesto "encubrimiento agravado" a Mendoza y "coacción" a Castaño, pero como no apeló, el expediente pasó a juicio oral. En abril de 2013, el magistrado amplió las mismas imputaciones a Tognoli y consideró a Mendoza y a Otaduy como presuntos "autor" y "partícipe necesario" en las coacciones a Castaño. Ahora, la Cámara ratificó los procesamientos de estos tres. La investigación "deja al descubierto la conexión existente entre los altos mandos de la estructura policial" con Mendoza, quien en julio de 2012 fue detenido con 13,6 kilos de cocaína y una cocina de estupefacientes en su casa, dice el fallo.

El fiscal federal Walter Rodríguez ya había valorado las dos cartas de Castaño a Binner que ella dejó en la Casa de Gobierno y después llevó a la justicia. Pero ahora, la Cámara las mencionó en su fallo por "compartir su valoración", dijo. Y citó: "(Castaño) presentó dos notas sumamente críticas dirigidas a quien fuera gobernador de Santa Fe, Hermes Binner, las cuales tienen cargo de recepción en el Centro Unico de Atención del Ministerio de Gobierno, los días 7 y 9 de febrero de 2011". Poco después, el 3 de marzo, como no tenía respuestas, Castaño formalizó "la denuncia penal Nº 782/2011" y entregó las cartas al fiscal de turno, en Tribunales.

"En las notas -señaló la Cámara- hizo una concreta alusión al presunto encubrimiento desplegado por el funcionario policial Hugo Tognoli respecto de la comercialización de estupefacientes desarrollado por parte de Daniel Mendoza en la ciudad de Santa Fe". Y "sugestivamente", ese mismo 3 de marzo en que Castaño, presentó la denuncia penal, "la repartición a cargo de Tognoli y por intermedio de Baella, inició actuaciones sumariales contra Mendoza, aunque ahora se sabe con ninguna perspectiva de que la investigación prospere", agregó.

La Cámara recordó que Tognoli está preso por otra causa en Rosario como presunto "partícipe necesario del delito de comercio de estupefacientes", que la misma sala B confirmó en junio de 2013. "Una de las pruebas valoradas" en ese fallo que "guarda relación con lo ponderado" en la causa de Santa Fe es el testimonio de Castaño en aquel expediente, "cuyos dichos aluden a una conducta omisiva de Tognoli" en la lucha contra el narcotráfico.

Castaño dijo que cuando Tognoli asumió como jefe de Drogas Peligrosas, en el gobierno de Binner, fue con otra madre a verlo "para que los vendedores barriales dejen de vender y sean puestos presos. Hicimos la denuncia en un Juzgado porque ese día que fuimos a decirle que había una persona que vendía paco, fue un día alrededor de las 10 de la mañana. Y a las 5 de la tarde, me llama la mamá con la que habíamos ido a ver a Tognoli y me dijo que enfrente de su casa, donde vive el vendedor, su hijo le decía que había un móvil policial. Lo llamo a su celular a Tognoli, le pregunto que estaba haciendo en la casa del vendedor, me dice que él estaba en su despacho, le digo que me está mintiendo porque la mamá lo está viendo de su casa que vive enfrente del vendedor y él me dice que está él haciéndose cargo de la investigación. El se va y a la noche me llama otra vez la mamá, para decirme que este vendedor se había cruzado y le había dicho que le iba a incendiar la casa por buchona. Yo lo denuncio ante el juez provincial Troncoso. Los datos que le había dado de Mendoza al señor Tognoli, hago la denuncia en el Juzgado provincial y a los dos o tres días se acerca Mendoza a mi casa, ofreciéndome plata para que retire la denuncia en contra de Tognoli.

"Los dichos de Castaño -ante la justicia ordinaria, en notas presentadas a representantes del gobierno de la provincia de Santa Fe y en las causas en el fuero federal- se encuentran respaldados por todo el plexo probatorio", concluyó la Cámara.

Binner ha defendido en público a Tognoli, quien se consideró un "preso político". "Lo tienen detenido y no saben por qué", llegó a decir el ex gobernador, para quien "hubo una orden a nivel nacional" para que quedara preso. Y hasta justificó el ascenso de su defendido: Tognoli "llegó por méritos propios, por su foja de servicio y su nivel adquirido dentro de la fuerza", afirmó.

 

FUENTE: Rosario12

Las declaraciones, que merecieron la tapa de los diarios locales del día siguiente, pueden ser analizadas sobre cuatro tópicos básicos que abordó el funcionario:

La teoría no es nueva (pese a la novedad del concepto), resultando deudora de la ya antigua idea esgrimida y formalizada por el comisario Cristian Sola, ex jefe de la policía santafesina, que afirmaba que el crecimiento de los crímenes obedecía a los ya famosos “ajustes de cuentas”.

1. RELACIONES INTERPERSONALES. Según la versión oficial, el aumento exponencial del número de asesinatos responde a un clima de extrema violencia que se vive en nuestra sociedad. “La mayoría de los casos corresponden a disputas entre vecinos, familiares, personas que se conocen entre sí, y en lugares vinculados a la venta de droga". Sin entender del todo esto de las “relaciones interpersonales” (todo crimen es entre personas, de otra forma se trataría de suicidio), en nuestro rol de ciudadanos podemos inferir que la explicación causal refiere a crímenes entre personas conocidas en el ambiente del delito o por esa violencia social que vivimos. La teoría no es nueva (pese a la novedad del concepto), resultando deudora de la ya antigua idea esgrimida y formalizada por el comisario Cristian Sola, ex jefe de la policía santafesina, que afirmaba que el crecimiento de los crímenes obedecía a los ya famosos “ajustes de cuentas”. Con otro maquillaje, la explicación supuestamente causal de Lamberto (que también propala alegremente el gobernador Antonio Bonfatti), obedecería a cuestiones que están afuera de su responsabilidad, que deviene de otro lado, de un afuera, de algo que no es como nosotros. Fácil manera de desentenderse del problema.

2. POLICÍA COMUNITARIA. Resulta la gran novedad que nos cuentan algunos personajes mediáticos de la otrora segunda ciudad del país. En estos días, comenzó a funcionar en pleno barrio Las Flores un grupo de policías que estarán en contacto cercano con los vecinos tratando de resolver “esas” situaciones de violencia que vivimos a diario. Pese al descrédito público de la fuerza, se contaría con unos 45 funcionarios policiales en el territorio de manera permanente. Más allá de lo que parece ser una plausible idea de trabajo, va de suyo que en la esencia misma del proyecto radican sus límites: si es necesario “saturar” de funcionarios policiales un barrio para construir una “mejor cotidianeidad”, no se entiende muy bien cómo se resolverán las mismas tensiones en los centenares de barrios que crecen a lo largo y ancho de la provincia. Dando por descontado el éxito del proyecto (al rengo hay que verlo andar para saber si cojea), su alcance terminará siendo muy limitado a esos barrios donde se implementen. Pobre manera de abordar el problema.

3. AMOTINAMIENTO POLICIAL. Según Lamberto, la seguridad estuvo garantizada durante el “conflicto policial”. O el ministro no estuvo en la ciudad por esos días, cuestión probable dado que no se lo vio públicamente, o ha imaginado otra realidad. La utilización del miedo como método de lucha política y la intimidación a ciudadanos con la falsa información de saqueos en zonas calientes de la ciudad no parecen ser puntales de la seguridad ciudadana. Si en Rosario no hubo muertos durante esos días no obedeció a la gracia divina ni a la acción del gobierno de la provincia, sino, indefectiblemente, a la importante presencia de Gendarmería Nacional y Prefectura Naval, fuerzas que resultan más efectivas y que gozan de un mayor prestigio que la policía local y que llevaron la tranquilidad que los ciudadanos no tenían por esas horas. Mentirosa manera de comentar el problema.

4. RALLY DAKAR: curioso elemento para ponderar y sentirse orgulloso de la seguridad ciudadana. Un evento que, más allá de la falsedad de los números esgrimidos por la organización y difundidos tontamente por el show bussiness mediático rosarino (1.000.000 de asistentes a la largada), no debería marcarse más allá de una excepcionalidad. En primera instancia porque se realiza una vez al año (existen rumores de que en 2015, Rosario sería otra vez la ciudad elegida para su largada) y además, porque termina siendo un hecho, chiquito, que se realiza durante no más de 7 días, dentro de un año que tiene 365. Publicitaria y marketinera manera de comentar éxitos que, por su espesura, no interesan a nadie.

En algún momento será cuestión de barajar y dar de nuevo, de entender que la lógica política y comunicacional de resolución de problemas que se ha utilizado hasta el momento ya no alcanza, ni en la ciudad de Rosario ni en la provincia de Santa Fe, para dar certezas a los ciudadanos. Como diría el ya septuagenario, pero siempre vigente catalán, “nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio.”  

 

(*) Analista político de la Fundación para la Integración Federal

El año 2013 comenzó en Rosario con la balacera contra militantes del Movimiento Evita en barrio Nuevo Alberdi y el asesinato de Mercedes Delgado, dirigente social cristiana de barrio Ludueña; y terminó con las resonantes muertes del empresario Luis Medina y el hermano del tristemente famoso “Pollo” Bassi.

Entre estos extremos temporales, aproximadamente 265 asesinatos se consumaron a lo largo del año pasado en la Unidad Regional II de policía de Rosario, un 44 % más de los homicidios dolosos registrados el año anterior. Decimos "aproximadamente" porque los datos no son oficiales (se confirmarán en algunos días más) sino que surgen de diversos relevamientos existentes.

Sin embargo, el carácter provisorio del dato no nos impide realizar algunas lecturas interesantes para tomar plena conciencia del fenómeno.

Como primer elemento, observemos la evolución anual de los homicidios dolosos en Rosario y el incremento interanual.

Año	Homicidios dolosos	Incremento interanual (%)
2007	113	-
2008	121	7,08
2009	130	7,44
2010	126	-3,08
2011	163	29,37
2012	184	12,88
2013	265	44,02

Como vemos, el incremento interanual del 2013 es el más elevado en los últimos siete años en el ámbito de cobertura de la Unidad Regional II y supera ampliamente el 29,3 % del anterior récord, registrado en el 2011, año en el que solitarias voces (como la del entonces diputado Agustín Rossi) empezaron a denunciar el aumento exponencial de los asesinatos en Rosario.

 

Agustín Rossi en el debate con Del Sel y Bonfatti durante la disputa por la gobernación de Santa Fe en el 2011,
alertando sobre el fuerte incremento de los homicidios dolosos en Rosario.

 

Pero comparemos la cifra de homicidios dolosos alcanzada en 2013 con la registrada en 2007 para analizar la evolución del problema durante la gestión de Hermes Binner y Antonio Bonfatti.

Los asesinatos en Rosario pasaron de 113 en el año 2007 a 265 en el 2013, lo que marca un incremento del 134 % en 6 años de gobierno socialista. Desde que asumió Hermes Binner la gobernación santafesina ya se registraron 989 homicidios dolosos en Rosario.

Si analizamos toda la serie 2007-2013 queda muy claro que la cantidad de asesinatos se incrementó notablemente en el último trienio. Fue justamente en el 2011 cuando voceros policiales y del gobierno provincial comenzaron a justificar el aumento de las muertes violentas en Rosario a meros “ajustes de cuentas” apelando a que las víctimas “se conocían entre ellos” y los asesinatos se provocaban por supuestos “conflictos interpersonales”. Cualquier persona (dirigente político, especialista, periodista, etc.) que se atreviese a cuestionar este superficial diagnóstico (Rossi, Saín, Del Frade, Tognoli, entre otros) era señalado de ser funcional a estrategias que supuestamente se tejían en la Casa Rosada y tendían a socavar la estabilidad del gobierno socialista.

Finalmente, dos datos para tener en cuenta. El primero de ellos: desde que el ex comisario Hugo Tognoli cayó en prisión por vinculaciones con la narcocriminalidad ya hubo 310 asesinatos en Rosario. Esto determina que, desde noviembre de 2012 a la fecha, se produjo 1 asesinato cada 32 horas en la Unidad Regional II. Claramente, no fue gratuita la presencia del ex jefe de drogas peligrosas de Binner y ex jefe de policía provincial de Bonfatti a la hora de la configuración de Rosario como el territorio más apetecido por las empresas narco criminales.

El segundo dato: sin lugar a dudas, uno de los asesinatos más resonantes del 2013 fue el de Claudio “Pájaro” Cantero, uno de los líderes de la banda “Los Monos”, ocurrido el 26 de mayo pasado. A esa altura del año (enero-mayo) ya se habían registrado 95 homicidios dolosos en la Unidad Regional II, con una frecuencia de 1 asesinato cada 38 horas. Tras el asesinato del “Pájaro” Cantero el ritmo de las muertes se incrementó notablemente: en los 7 meses restantes del 2013 (junio a diciembre) la frecuencia de asesinatos fue de 1 cada 30 horas.

 

(*) Licenciado en Ciencia Política. Investigador de la Fundación para la Integración Federal (FUNIF) y analista de Fundamentar.com

El magistrado ya había procesado a ambos policías por tráfico de estupefacientes, pero volvió a analizar la situación procesal de los imputados ante un pedido de la fiscalía federal 2 de Rosario, que reclamó agravantes en la figura aplicada, según informaron fuentes de la investigación.

El fiscal Juan Patricio Murray había solicitado al juez Vera Barros que aplicara a Fernández y Quintana los agravantes por la intervención de tres o más personas organizadas para cometer el delito de tráfico de estupefacientes y la condición de funcionario público de ambos acusados

El juez dictó este jueves un nuevo auto de procesamiento en el que imputó los agravantes a Fernández pero dictó la falta de mérito en el caso del cabo Quintana, dijeron fuentes judiciales.

De todos modos, Quintana continúa procesado por el delito de tráfico de estupefacientes, añadieron los informantes.

El comisario Néstor Fernández era el jefe de la Brigada Operativa Departamental de la localidad santafesina de Venado Tuerto cuando en 2009 el presunto narco Ascaíni llamó a una comisaría de Villa Cañás para solicitar información sobre un vehículo que lo perseguía, recordaron voceros del caso.

Según el expediente, el cabo Quintana atendió la llamada de Ascaíni y tras verificar que los vehículos que lo seguían pertenecían a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), se lo comunicó al hombre que hoy está procesado por narcotráfico.

Ese aviso le permitió a Ascaíni eludir un allanamiento que la PSA realizó en su domicilio de la localidad de Villa Cañás, sostuvo el juez Vera Barros en el auto de procesamiento.

Fuentes del caso recordaron que para acceder a la base de datos del Registro Nacional de Propiedad Automotor, desde donde se cotejó que los vehículos que seguían a Ascaíni pertenecían a la PSA, se utilizó una clave de seguridad a nombre del comisario Fernández.

Ahora el juez volvió a procesar a Beto Fernández con los agravantes solicitados por la fiscalía, mientras que dictó la falta de mérito en el caso de Quintana.

“El juez entendió que por la baja gradación de Quintana, que es cabo, no podía integrar una empresa criminal conjunta con el fin de proteger las actividades presuntamente ilícitas de Ascaíni”, dijo una fuente con acceso al expediente.

En tanto, esta semana la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario deberá resolver las apelaciones presentadas por las defensas del ex comisario Tognoli y e de Ascaíni contra el procesamiento dictado por el juez Vera Barros.

 

RELEVAMIENTO Y EDICIÓN: Pedro Arrospidegaray

FUENTE: Redacción Rosario

 

La fiscal federal de Rosario, Liliana Bettiolo, dijo que en las próximas horas solicitará la realización de nuevas pruebas para incorporar a la causa que investiga al exjefe de policía de Santa Fe por sus presuntos vínculos con un narcotraficante.

• La Justicia Definirá la Situación Procesal de Hugo Tognoli
• El Narcoescándalo Desata la Crisis Política en Santa Fe

________________________________________

Si bien Tognoli fue excarcelado este lunes por el juez Carlos Vera Barros por "falta de mérito", la fiscal adelantó que "esta semana se solicitará la incorporación de pruebas que aún no habían podido ser realizadas".

"La falta de mérito significa que hasta el momento no hay pruebas suficientes para un procesamiento, pero de ninguna manera Tognoli esta desvinculado de la causa. En cualquier momento el juez puede procesarlo", indicó hoy a Télam la Fiscal Federal, Liliana Bettiolo.

"El hecho existió y es grave porque se violó una clave secreta y oficial para advertir a una persona que era investigada por fuerzas federales", apuntó Bettiolo, en referencia al presunto narcotraficante Carlos Ascaíni, finalmente detenido por violación a la ley nacional 23.737 de tenencia y tráfico de estupefacientes.

La fiscal federal que inició la investigación preliminar del caso ocurrido en 2009, señaló que Tognoli "está acusado de ser partícipe en el comercio de estupefacientes agravado por ser funcionario público y encargado de la represión de estos delitos".

El exjefe de policía de Santa Fe, quien presentó la renuncia al cargo el 19 de octubre pasado al conocerse públicamente que era investigado, fue excarcelo por falta de méritos ayer por el juez federal 3 de Rosario, Carlos Vera Barros, luego de permanecer detenido 15 días.

 

RELEVAMIENTO Y EDICIÓN: Pedro Arrospidegaray

FUENTE: Télam

__________________________________________________________________________________________________

MÁS NOTICIAS DEL DÍA

 

La Justicia Federal de Rosario resolverá en las próximas 24 horas la situación procesal del ex jefe de policía de Santa Fe, detenido por la presunta protección que brindaba a narcotraficantes.

• Diputados por Santa Fe Quieren "Explicaciones" de Bonfatti sobre el "Escándalo Narco"
• Renunció el Viceministro de Seguridad de Santa Fe
• Escándalo en la Policía de Santa Fe

_____________________________________

El juez federal 3 rosarino, Carlos Vera Barros, definirá entre hoy y mañana si el ex comisario sigue preso o si corresponde que sea excarcelado, tal como sostiene la defensa que considera que no hay elementos que lo incriminen y por ello solicitó el sobreseimiento.

El viernes pasado, el magistrado rechazó un pedido presentado por el abogado defensor de Tognoli, Eduardo Jauchen, para recusar a la fiscal de la causa, Liliana Bettiolo.

Los hechos investigados ocurrieron en 2009, cuando Tognoli era el titular de la Dirección de Prevención y Control de Adicciones (la ex brigada de Drogas Peligrosas).

El ex jefe policial -que se declaró inocente ante la Justicia- se encuentra actualmente alojado en dependencias de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) ubicadas en el aeropuerto Fisherton de Rosario donde también hay otros dos policías santafesinos detenidos en la misma causa.

Estos efectivos son el actual jefe de la seccional 2da. de Rosario, Néstor Juan Fernández, quien fue apresado el viernes y ayer negó ante la Justicia haber prestado colaboración mediante un aviso a Carlos Andrés Ascaíni, alias "El Vasco" -actualmente procesado por narcotráfico-, para que lograra eludir un operativo de la PSA.

También está imputado el cabo Carlos Quintana, de la comisaría de Villa Cañás, quien al igual que Tognoli primero y Fernández después también negó los cargos en su contra.

Pero según las escuchas telefónicas realizadas por el personal de dicha fuerza federal, el cabo sería quien recibió el llamado de Ascaíni pidiendo que le dijeran de quiénes eran los vehículos que lo seguían por esa localidad del sur santafesino.

De acuerdo a la investigación, las camionetas pertenecían a la PSA, que estaba tras los pasos de Ascaíni, quien finalmente logró escapar gracias a un supuesto aviso policial.

Para los pesquisas, existen al menos dos elementos que podrían incriminar a Tognoli en esa presunta protección al narcotráfico:

Uno es un mensaje de texto enviado por el comisario mayor retirado Oscar Ledesma a una mujer identificada en la causa como Nilda Luques, que regenteaba un prostíbulo en Venado Tuerto y habría consultado al uniformado a quién comprarle cocaína y dónde pedir protección.

Ledesma respondió por SMS: "El de Cañás es Ascaíni y el de Villa Cañás 30.000 directo con Tognoli".

El otro elemento es una clave de seguridad para acceder a la base de datos del Registro Nacional de la Propiedad Automotor (RNPA) que se habría utilizado para determinar que las camionetas que seguían a Ascaíni eran de la PSA.

Para el defensor de Tognoli, la clave "segu210183" fue asignada a Fernández mediante un acta de abril de 2008 por la cual su defendido hizo entrega "en sobre cerrado" al actual jefe de la comisaría 2da., que en ese momento era agente de Drogas Peligrosas.

El texto del acta de entrega, firmado por Fernández, dice que la cesión de la clave "tiene carácter reservado, siendo responsable por su uso indebido" y, por esa razón, el juez Vera Barros imputó a Fernández en la misma causa que involucra a Tognoli.

En tanto, para el abogado de Fernández, José Luis Vázquez, su cliente "recibe la clave como integrante de la fuerza policial, después esa clave estaba en la computadora de la brigada con el número de usuario y contraseña, porque es un elemento de trabajo" al que otros agentes también tenían acceso.

Y agregó que "no existe nada" en la causa que pueda incriminarlo como presunto protector del narcotráfico.

 

RELEVAMIENTO Y EDICIÓN: Pedro Arrospidegaray

FUENTE: Télam

__________________________________________________________________________________________________

MÁS NOTICIAS DEL DÍA

 Marcos Escajadillo renunció como consecuencia de la crisis por la renuncia del ex jefe de Policía, Hugo Tognoli, a quien se investiga por vínculos con el narcotráfico. Será reemplazado por Matías Drivet.

• Tras Estar Prófugo, se Entregó el Ex Jefe de la Policía de Santa Fe
•   AUDIO: Escándalo en la Policía de Santa Fe

_______________________________________

La salida de Escajadillo representa la primera baja en el área del Ministerio de Seguridad (su cargo era Secretario de Seguridad) luego de difundirse en Pagina 12, la investigación que realizaba la justicia sobre un eventual nexo entre Tognoli, y una banda de narcotraficantes.

El ex jefe policial renunció ese mismo día y estuvo prófugo de la Justicia Federal de Rosario, que emitió una orden de captura, hasta que se entregó el domingo por la noche en la ciudad de Santa Fe.

Escajadillo ha sido un funcionario de importancia en el esquema del socialismo, tanto en la municipalidad de Rosario como en el gobierno provincial.

El renunciante funcionario fue director de Defensa Civil de Rosario, titular de la Guardia Urbana Municipal (GUM) y luego se desempañó como titular de Protección Civil de la provincia.

Con la asunción del gobernador Antonio Bonfatti fue convocado para ser el número dos de la cartera de Seguridad, en primer término secundando al ex ministro Leandro Corti y después a Raúl Lamberto.

 

RELEVAMIENTO Y EDICIÓN: Pedro Arrospidegaray

FUENTE: Télam

__________________________________________________________________________________________________

MÁS NOTICIAS DEL DÍA