"Al 30 de abril de 2013, el monto recaudado es de 280.567 millones de pesos, es decir que en lo que va del año creció un 14,6 por ciento" respecto de diciembre pasado, informó Bossio al exponer esta tarde ante los legisladores que integran la Comisión Bicameral de Control de los Fondos de la Seguridad Social.

El funcionario detalló que el Fondo "tuvo un crecimiento de un 186,1 por ciento desde su creación. De 98.082 millones pesos en diciembre de 2008 pasó a 280.567 millones de pesos al 30 de abril de 2013”.

"Creemos que está bien administrado, invertimos a tasas de mercado y los sectores en los que hay que incentivar permiten dar sustentabilidad", expresó el funcionario.

En materia previsional, adelantó que este año se pagarán 40.000 juicios a jubilados, precisó que en los primeros meses de 2013 se abonaron 10.625 sentencias y destacó que el haber promedio jubilatorio es de 5.300 pesos sin moratoria.

"Estamos haciendo un gran esfuerzo para poder pagar más juicios, pero no sólo depende de nosotros, depende de la sentencia, de la manera en que llegan, la forma que interactuamos con otros organismos", acotó el funcionario, quien detalló que actualmente hay 276.000 juicios en trámite por ajuste de haberes.

Bossio explicó que la rapidez en el cobro de sentencias depende de la antigüedad, la edad y el haber jubilatorio y señaló que "cuanto menor es el haber, más rápido es el trámite".

También consideró que "hay una industria de permanentemente incentivar los juicios", al tiempo que subrayó que en el último tiempo se ha achicado "en un 25 por ciento" la presentación de demandas.

Sobre la tarjeta ARGENTA, dijo que se trata de "una de las principales inversiones del Anses" y subrayó que actualmente el organismo "presta 182 millones de pesos (a través de este sistema de crédito a los jubilados) y 140 millones de pesos el resto de las mutuales y cooperativas que están en el sistema".

Bossio precisó que la ANSES "está muy fuerte" y que concreta "14 millones de pagos mensualmente ya que tiene los recursos para hacer frente a esos pagos. En 2003 esos pagos ascendían a los 6 millones", recordó.

Destacó el nivel de inversiones realizadas por el organismo al señalar que "no hay ninguna inversión que se haya hecho que tenga componentes en default" ya que "todas las inversiones que se hicieron en 2009 a la fecha están siendo cumplidas en su totalidad".

Aclaró que el organismo "no opera títulos en el mercado" y resaltó que son 5.639 millones de pesos los que se espera recibir en inversiones en 2013".

De ese total, "2.646 millones son cobros de intereses y 1.624 millones en capital en lo que resta del año", especificó el funcionario.

También recordó que la Anses "no vende ni compra dólares" y que las divisas estadounidenses "que entran a la cuenta de ANSES se hacen a través del Banco Nación".

Sobre la ayuda a los damnificados por las inundaciones del 2 de abril pasado, sostuvo que se destinaron más de 200 millones de pesos.

Por otra parte, Bossio señaló que "el principal negocio del sistema de seguridad social es que haya trabajo" y que el organismo que preside "toma decisiones en esa línea, con prudencia y con criterio, teniendo en cuenta los marcos legales".

El funcionario rechazó cuestionamientos de la oposición respecto a la veracidad de los resultados informados en torno a la evolución del Fondo de Sustentabilidad, creado en diciembre de 2008.

En representación del radicalismo, el senador Gerardo Morales reconoció que hubo "avances significativos en cuanto a moratoria impositiva" en los últimos años pero criticó imprecisiones en las cifras informadas, al igual que su par de diputados, Eduardo Santín.

 

RELEVAMIENTO Y EDICIÓN: Pedro Arrospidegaray

FUENTE: Télam

Profesores y alumnos protagonizaron hoy una multitudinaria manifestación en Barcelona en el marco de una huelga en las escuelas primarias, secundarias y universidades públicas de toda España contra el modelo neoliberal que impone la reforma educativa del gobierno de Mariano Rajoy.

Tras una pancarta con el lema "Per la cohesió social. Ni Lomce ni retallades". (Por la cohesión social. Ni Lomce –nombre de la nueva ley- ni recortes), miles de estudiantes, docentes y padres inundaron las calles céntricas de la capital catalana con una gran “marea amarilla”, color que identifica a este sector en Cataluña.

  “Estamos sufriendo los recortes, la falta de personal docente para cubrir las bajas y esto repercute en la calidad de la enseñanza”, explicó a Télam Ana Gorrochategui, maestra de educación infantil con más de 20 años de experiencia.

  “La nueva ley perpetúa la reducción de gasto en educación y amplia la financiación a centros privados por diferentes vías”, añadió la profesora catalana, en relación a la norma que impulsa el gobierno.

  “En la universidad aumentaron las tasas que hay que pagar para inscribirse en las materias, y conseguir becas es casi imposible porque se han reducido al mínimo”, apuntó por su parte Alba Martínez, estudiante de psicología de la UB (Universidad de Barcelona).

  La marcha de Barcelona fue la más numerosas, pero hubo también protestas en Valencia, Sevilla, Bilbao y Santiago, entre otras ciudades, mientras que está prevista una gran manifestación en Madrid de la ya famosa “Marea Verde” del sector educativo como corolario de la huelga de 24 horas.

WERT

El nuevo paro llega tras meses de movilizaciones y un día antes de que el Ejecutivo español apruebe la llamada “Ley Wert”, en referencia al polémico ministro de Educación español, José Ignacio Wert, aunque hoy se supo que la medida se podría retrasar una semana.

El ministro, responsable de frases como “hay que españolizar a los catalanes” o por considerar “adoctrinamiento” la materia Educación para la Ciudadanía que pretende eliminar, es uno de los miembros más cuestionados del gobierno, y su figura genera animadversión entre los estudiantes, que dirigieron fuertes mensajes críticos hacia él.

El paro, que abarca todos los niveles educativos, es un “éxito”, según los convocantes, con un seguimiento medio del 80% (72% entre los profesores y 90% entre los alumnos), y del 75% en la enseñanza obligatoria (primaria y secundaria) y de hasta un 95% en las universidades.

En cambio, el ministerio de Educación hizo una breve valoración y cifró en un 20% la participación en la jornada de huelga, a la que estaban llamados unos 800.000 profesores, diez millones de alumnos y a la que se sumaron también los padres de niños de educación infantil no llevando a sus hijos a los centros de enseñanza.

La Plataforma en Defensa de la Escuela Pública exige al ministro Wert que “retire la reforma o renuncie”.

Según denuncian los sindicatos del sector, la reforma del derechista Partido Popular (PP) es “ideológica, profundiza los recortes y amenaza la igualdad de oportunidades” y “no resuelve los problemas del sistema educativo”.

También piden al ministro que “abra un proceso de negociación con la comunidad educativa”.

Por su parte, el secretario del sindicato de Estudiantes, Tohil Delgado, advirtió que la ley Wert “solo busca desmantelar la escuela pública, discrimina a los alumnos por renta y contribuye a precarizar aún más la situación de los jóvenes en España”, entre los cuales el desempleo se encuentra por encima del 50%.

NORMAS

La LOMCE (nombre oficial de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa) consolida los recortes al reducir el gasto en Educación hasta un 3,9% del PIB en 2015 –más de 10.000 millones de euros-, en comparación al 5% de la media de los países de la Unión Europea (UE).

Entre algunos puntos de la reforma se destaca un adelanto a los 15 años de la separación entre los alumnos que optan por Formación Profesional o Bachillerato, lo que puede contribuir a una expulsión más temprana del sistema educativo de los estudiantes con más necesidades.

Asimismo, se elimina la materia obligatoria Educación para la Ciudadanía, introducida por el gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, que aborda cuestiones relacionadas con la ética, valores democráticos y convivencia.

Por otro lado, se permite la financiación con fondos públicos de centros que segregan a niños y niñas, y se recupera la asignatura Religión como opcional, algo que responde a una exigencia de la Iglesia Católica. 

 

RELEVAMIENTO Y EDICIÓN: Pedro Arrospidegaray

FUENTE: Télam

La reforma de la ley migratoria de Estados Unidos, que busca legalizar a unos 11 millones de inmigrantes indocumentados, enfrenta hoy su primera prueba en el Congreso.

La Comisión Judicial del Senado empezará a analizar los cambios propuestos en la iniciativa, que consta de 844 páginas y unas trescientas enmiendas, y se estima que sus sesiones finalizarán en unas dos semanas.

La nueva legislación, acordada por cuatro legisladores demócratas y cuatro republicanos, refuerza la seguridad en las fronteras, abre nuevas vías para que extranjeros trabajen legalmente en Estados Unidos y castiga a empleadores que contraten a ilegales.

Uno de los aspectos considerados más importantes, sobre todo para la comunidad latina, la primera minoría del país, es que la reforma permitiría que los 11 millones de indocumentados que viven actualmente en Estados Unidos puedan comenzar a legalizar su situación.

Es probable que los primeros conflictos en la sesión de la Comisión se centren en ese asunto, en particular en las condiciones para otorgar la ciudadanía estadounidense, según el senador demócrata de Vermont, Patrick Leahy, presidente de la comisión.

Uno de los autores de la iniciativa de ley, el senador republicano Marco Rubio, líder de la ultraderecha nucleada en el Tea Party, ya adelantó que se necesitan reforzar las medidas fronterizas para frenar la llegada de ilegales.

El senador más destacado de la comisión, Charles Grassley, presentó por ejemplo una enmienda para prohibir el otorgamiento de estatus legal a cualquier emigrante hasta que el departamento de Seguridad Nacional haya logrado establecer un "control efectivo" de la frontera durante seis meses.

Ese tipo de medidas, impulsadas por los segregacionistas del Partido Republicano, "están diseñadas para socavar componentes cruciales de la iniciativa de ley", explicó Mary Giovagnoli, directora del Centro de Política de Inmigración, que apoya la legislación impulsada por la Casa Blanca.

 

RELEVAMIENTO Y EDICIÓN: Pedro Arrospidegaray

FUENTE: Télam

"Estamos preparados para permitir las bases estadounidenses, pero tenemos algunas peticiones, como la de fortalecer el Gobierno afgano o restaurar la paz y la economía", afirmó Karzai en un discurso en la Universidad de Kabul.

El mandatario afgano también solicita a EE.UU. que contribuyan a “fortalecer las fuerzas de seguridad de Afganistán”, así como a "proporcionar un apoyo concreto a la economía", en áreas como el sector energético o las infraestructuras (carreteras y presas).

Por otro lado, Karzai subrayó que es necesario saber "en qué parte del territorio quieren quedarse", "con cuántas tropas y civiles" y "bajo qué condición".

Por su parte, los talibanes exigen la retirada total de las fuerzas extranjeras de Afganistán y se oponen a la idea del presidente estadounidense, Barack Obama, de mantener soldados en ese país cuando termine la misión de combate de la OTAN el próximo año si Kabul acepta concederles inmunidad jurídica.

Las fuerzas internacionales de la OTAN comenzaron en 2011 a transferir competencias de seguridad en Afganistán al Ejército y la Policía de ese país, comenzando a retirarse gradualmente. Esta prevista que la salida de tropas concluya en 2014, trece años después de la invasión estadounidense a finales de 2001. 

 

RELEVAMIENTO Y EDICIÓN: Pedro Arrospidegaray

FUENTE: RT

El Gobierno estadounidense viene buscando la manera de disipar las preocupaciones rusas sobre el escudo antimisiles , que Moscú considera que va dirigido contra las fuerzas estratégicas rusas.

Según los defensores del control de armamentos, el hecho de revelar la capacidad de intercepción de estos misiles, podría proporcionar un gran avance en un tema sensible que -según Rusia- obstaculiza el camino hacia la reducción del arsenal nuclear entre las dos potencias.

Interrogado este miércoles en una audiencia, el director de la MDA señaló que ha discutido la desclasificación de datos, incluyendo la velocidad de los interceptores, con funcionarios del Departamento de Defensa.

El escudo antimisiles de EE.UU. en Europa siempre ha sido un punto de controversia entre Washington y Moscú, que considera este programa como una violación de todos los acuerdos de desarme firmados entre los dos países.

La situación dio un giro en noviembre de 2010, en la cumbre de Lisboa, cuando Rusia y la OTAN acordaron colaborar en la defensa antimisiles para Europa. Sin embargo, las negociaciones se vieron entorpecidas por la renuencia de EE.UU. a presentar garantías jurídicas de que el sistema que pretende desplegar en Europa no va dirigido contra las fuerzas estratégicas rusas.

Sin embargo, la situación volvió a cambiar el pasado 15 de marzo, cuando el jefe del Pentágono, Chuck Hagel, anunció que Washington desplegará 14 misiles interceptores en Alaska en respuesta a la creciente amenaza de armas nucleares de Corea del Norte y que, para conseguirlo, cancelará sus planes de finalizar el despliegue de sus complejos antimisilísticos en Polonia y, posiblemente, en Rumanía para finales de esta década.

 

RELEVAMIENTO Y EDICIÓN: Pedro Arrospidegaray

FUENTE: RT 

"Queremos plantear al Ejecutivo que tenga presente nuestra preocupación y disposición para trabajar juntos una propuesta legislativa que permita depurar el padrón", dijo el director del organismo, el general en retiro Juan Emilio Cheyre.

La presencia de los fallecidos en los registros electorales se suma al hecho que otros cientos de miles de chilenos que viven en el extranjero están incluidos en los registros, pero no tienen derecho a sufragar en sus embajadas o consulados.

De hecho, en las elecciones pasadas hubo 17 mesas de votación sin votos, debido a que el Servicio Electoral chileno (Servel) inscribió en ellas a los hijos de chilenos nacidos en el exterior.

Los errores en el registro electoral coinciden con otra serie de fallos recientes en los organismos públicos, como por ejemplo errores o manipulaciones en la elaboración de las cifras de población, de inflación y de delincuencia.

Una investigación de la agencia alemana de noticias dpa reveló en 2012 que más de un millar de detenidos desaparecidos bajo la dictadura militar (1973-1990) estuvieron también inscritos para los comicios municipales del año pasado.

 

RELEVAMIENTO Y EDICIÓN: Pedro Arrospidegaray

FUENTE: DW

Apenas dos días antes de las elecciones en Pakistán, el juez del alto tribunal de la provincia Khyber-Pakhtunkhwa, Dost Mohammad Khan, condenó los ataques en Peshawar, que han causado la muerte a miles de civiles, tachándolos de "crímenes de guerra". Khan responsabilizó además a la CIA de los ataques. Hasta ahora el gobierno paquistaní siempre ha condenado en público estos ataques selectivos con aviones no tripulados con lo que Estados Unidos lucha desde hace años contra sospechosos de terrorismo en una región de difícil acceso. Sin embargo se le reprocha consentirlos en secreto.

En la sentencia se indica que el gobierno de Pakistán y las fuerzas de seguridad tienen que asegurarse de que se ponga fin a los ataques con drones. Los atacantes tienen que saber que en futuro tendrán que atenerse a las consecuencias y, entre ellas, figura el derecho a abrir fuego contra los aviones no tripulados. El juez exigió además que se instale un tribunal internacional de crímenes de guerra para juzgar los ataques.

Si Estados Unidos sigue utilizando los drones en el país, el gobierno de Islamabad tendrá que cortar las relaciones con Washington, agregó el juez Khan. Y ello también afectaría al suministro de las tropas de la OTAN en Afganistán, que en gran parte se trasladan vía Pakistán. El defensor de los derechos humanos y abogado Shahzad Akbar, que representa a las familias de las víctimas de los ataques en el proceso, dijo que el fallo de la corte abre nuevos horizontes. "Va más allá de lo que habíamos solicitado", indicó.

El futuro gobierno de Pakistán tiene un instrumento fuerte en la mano para exigir a Estados Unidos el fin de estos ataques, agregó. El sábado se celebran elecciones legislativas en Pakistán. De acuerdo con las encuestas, los partidos de la coalición gubernamental sufrirían una severa derrota. Los dos partidos más fuertes de la oposición ya se han pronunciado contra los ataques de los drones.

SECUESTRO

En la misma jornada, un grupo de hombres armados secuestró al hijo del ex primer ministro Yousuf Raza Gilani, que se presenta como candidato a las elecciones por el Partido Popular de Pakistán (PPP). Syed Ali Haider Gilani se encontraba en un evento de campaña en su ciudad natal de Multan cuando los atacantes abrieron fuego y lo metieron a la fuerza en un automóvil, según informó la policía. Dos civiles resultaron heridos.

El ex primer ministro expresó su ira por el incidente, en el que aseguró "murieron dos personas, un secretario y un guardia de seguridad". Por el momento se desconoce el paradero del candidato Gilani. Su padre gobernó hasta junio de 2012, cuando fue desplazado del cargo por el Tribunal Constitucional por obstrucción a la justicia.

"Insto a las autoridades a actuar contra las personas involucradas en el mismo", dijo Gilani a la prensa frente a su residencia en Multan. "Las elecciones deberían celebrarse de acuerdo a lo previsto y la gente debería votar por el candidato de su preferencia". Este jueves fue el último día de la campaña electoral para los comicios del próximo sábado, llamados a señalar una fecha histórica en el calendiario del país, ya que por vez primera un gobierno civil y democráticamente elegido ha terminado la legislatura.

 

RELEVAMIENTO Y EDICIÓN: Pedro Arrospidegaray

FUENTE: DW

En diálogo con radio Nacional y Continental, Axel Kicillof remarcó que el objetivo "es recuperar parte de la riqueza que se había fugado en las épocas de alta especulación como fueron los 50 años previos al 2003, sobre todo después del golpe de Estado del 76 y en la convertibilidad".

Estimó que "los fondos permitirán dinamizar el mercado inmobiliario, dinamizar la construcción y posibilitar esas enormes inversiones energéticas que tenemos por delante por la recuperación de YPF".

Puso de relieve que "no se premia a los evasores" con estas medidas, ya que explicó que los bonos "no se podrán convertir en ahorro o atesoramiento, sino que irán a instrumentos vinculados con el desarrollo productivo".

"La Argentina creció en la última década por el período más prolongado y más fuerte que tenga memoria el pueblo. Esa es la respuesta a los profetas de la derrota", indicó Kicillof.

En consecuencia aseguró que el Gobierno "no va a devaluar la moneda 40 por ciento como pide la gente del PRO, porque es malo para la mayoría del pueblo, y bueno para la minoría que ellos representan".
De esta manera, se refirió al presidente del Banco Ciudad, Federico Sturzenegger, quien se mostró partidario de aplicar una devaluación del peso frente al dólar, para recuperar la competitividad de la economía que a su criterio está en baja, producto de un atraso cambiario "de 40 por ciento".

En cambio, Kicillof consideró que "la pesificación es el resultado natural de un país que anda, crece, funciona, crea empleo y tiene solidez en su planteo macroeconómico".

"La bimonetización de la economía no la creamos nosotros, sino que la estamos revirtiendo, como hicimos con la deuda externa pública, que contrajeron otros gobiernos", remarcó el funcionario.

Puntualizó que "en los cincuenta años previos a los últimos diez hubo devaluaciones recurrentes".

"Ahora se escucha a los que hicieron esas devaluaciones, orgullosos, venir a pedirnos que nosotros la hagamos. Pero eso empobrece a la gente, baja el salario real y los ingresos", remarcó el viceministro.

Señaló que "ahora desde las tapas de Clarín y La Nación se agita con la devaluación, como lo hicieron en su momento con el riesgo país y no pasó nada".

Así subrayó que "la prensa opositora se ha dedicado bastante infructuosamente a buscarle el pelo al huevo" a las nuevas medidas de herramientas de ahorro e inversión, anunciadas ayer por el equipo económico.

"Nos acusan de estar desesperados por los dólares y estar blanqueando amigos. Todas cosas descabelladas que no tienen nada que ver con la medida", aseguró Kicillof, quien puntualizó que "el Gobierno reacciona ante dificultades reales".
Destacó que desde estos sectores opositores "se están embarcando en campañas de agitar que se va todo al demonio", y precisó que "desde 2007 se vieron ataques especulativos fallidos contra la moneda argentina".

Sostuvo que "una discusión que realmente entorpece pasa con estos profetas de la derrota", y remarcó que, como es el caso de Sturzenegger, "algunos economistas que fueron autoridades de gobiernos que fracasaron, con medidas que anduvieron muy mal, critican las decisiones anunciadas, y lo hacen acompañándose por recetas que los argentinos ya hemos sufrido".

Evaluó que "el deseo de que las cosas anden mal y la voluntad de volver a los 90 y al neoliberalismo, a la bicicleta y la especulación financiera, le ganan al entendimiento".

"Uno tiene que escuchar a economistas -como Sturzenegger- que estuvieron cuando se redujeron salarios de toda la administración pública, y que concretaron el megacanje de deuda y el blindaje financiero, todas medidas para pagar la deuda externa y no para incentivar la inversión ni la construcción", sostuvo Kicillof.

Afirmó que esos ex funcionarios "hipotecaron el futuro de los argentinos para pagar la deuda externa y seguir endeudándose", y puntualizó que esa política económica "favoreció a sectores muy reducidos pero prósperos del país, y todavía activos".

Al respecto, aseguró que "el corazón del modelo actual es favorecer a los sectores populares", y señaló que "la economía convencional no tiene ese objetivo".

 

RELEVAMIENTO Y EDICIÓN: Pedro Arrospidegaray

FUENTE: Télam

“Se olvidó que el sistema democrático también se basa en el respeto de las mayorías”, criticó la concejala María Fernanda Gigliani.

Mediante un decreto, la intendenta vetó todo lo resuelto en la sesión extraordinaria del Concejo Municipal del 17 de abril, impulsada por los ediles opositores que obtuvieron la mayoría necesaria para sancionar el proyecto de indemnización. Fein fundó su veto en un dictamen de la Dirección de Asuntos Jurídicos, en el que se califica a aquella sesión como un acto “viciado desde su inicio por numerosas irregularidades”.

“Lamento profundamente que el tratamiento legislativo de temas de alta sensibilidad derive en situaciones como las registradas que en la búsqueda de efectos mediáticos llevan a apartarse de toda normativa vigente”, señaló la intendenta, quien tras vetar lo resuelto por los ediles en el Concejo pidió “privilegiar el diálogo y la búsqueda de consensos entre todos los actores institucionales y políticos de la ciudad a la hora de abordar los desafíos que enfrenta el gobierno de la ciudad ante las diversas contingencias que plantea la agenda pública”.

El decreto de Fein para rechazar la indemnización se basa en una enumeración de pasos formales que no se habrían cumplido, señalados por Asuntos Jurídicos, a la hora de la aprobación del proyecto de indemnización para los inundados presentado por la concejala de la UCR, María Eugenia Schmuck.

“Entre los vicios relevados por el municipio en torno a las resoluciones se destaca particularmente que el personal administrativo del Concejo se negó de plano a convalidar con su firma las resoluciones, para no convalidar las irregularidades que estaban cometiendo un grupo de concejales”, dice el parte de prensa publicado por la intendencia en su página web, y añade: “Los aludidos actos no cuentan con la firma del Secretario Parlamentario, sino con la del Secretario de la Comisión de Obras Públicas, que no está habilitado legalmente para dar validez al trámite, cita el dictamen de Asuntos Jurídicos”.

“Por otra parte, el pedido de sesión extraordinaria por la mitad más uno de los miembros está establecido para la situación prevista en el inc. a del art.25 (período de receso arts.34 y 41 inc.10 -Ley Orgánica Municipal -), con lo que queda claro que se ha errado el procedimiento estando viciada la sesión desde su inicio”, añade el extenso comunicado difundido por la intendencia”, dice también el texto de intendencia.

Tras el veto de Mónica Fein, quedarían sin efecto las exenciones por seis meses en el pago de la tasa general de inmuebles (TGI) y el derecho de registro e inspección (Drei) y un resarcimiento cuyo monto debía estipular el Ejecutivo en la reglamentación para vecinos de Fisherton y otros barrios del noroeste por las inundaciones de diciembre de 2012.

LA RESPUESTA DE LOS EDILES

Inmediatamente se conoció la decisión de Fein, ediles de todas las fuerzas de oposición salieron en coro a responderle.

Desde el Partido del Progreso Social, María Fernanda Gigliani, criticó la la contradicción de Fein de apelar al diálogo y vetar el proyecto en la misma resolución. “Ahora se olvidó que el sistema democrático también se basa en el respeto de las mayorías”, dijo Gigliani. “Imagino que la intendenta estará redactando un proyecto para ser aprobado por el Concejo donde se establezcan los mismos beneficios que otorgaban las normas que ella misma vetó”, agregó la edila.

“La intendenta vetó para no hacerse cargo de la reparación de las inundaciones. Eligió el peor camino, pretende provocar una crisis institucional en la ciudad de Rosario”, dijo Diego Giuliano de Encuentro por Rosario.

La autora del proyecto, se refirió por su parte al “destrato hacia vecinos inundados ha sido una vergüenza”. “El municipio hizo de una postura un gran capricho y se ha vuelto irresponsable frente a quienes lo necesitan”, escribió Schmuck en su cuenta de Twitter.

También en esa red social, el edil de Partido Socialista Auténtico, Alberto Cortés expreso: “Tal como esperábamos, Fein vetó ayuda a los inundados escudándose en formalidades para no hacerse cargo de los principales problemas de la ciudad”.

Desde el bloque del Pro, Laura Weskamp señaló: “Sobre llovido mojado. La intendenta Fein vetó el resarcimiento a los inundados del 19 de diciembre. Avisan un viernes por la tarde, más vetos, menos votos”.

 

RELEVAMIENTO Y EDICIÓN: Pedro Arrospidegaray

FUENTE: Redacción Rosario

Las tropas estadounidenses que operan en el continente africano están pagando por los servicios del recién lanzado satélite de comunicaciones chino Apstar-7 para mantener la comunicación y el intercambio de datos con sus tropas en el continente africano.

El correspondiente acuerdo de arrendamiento por un importe de 10 millones de dólares anuales, dado a conocer durante una audiencia pública habitual en el Capitolio, suscitó una gran preocupación por parte de algunos políticos estadounidenses.

En los últimos años, el Gobierno de EE.UU. ha expresado públicamente su preocupación por el hecho de que datos estadounidenses demasiado sensibles pasen por redes de comunicaciones de China, y de que los productos electrónicos estadounidenses puedan ser 'hackeados' por los servicios de inteligencia de Pekín. Sin embargo, el Pentágono afirma que no tiene otra alternativa que usar el satélite chino. La necesidad en esta banda de frecuencia es muy alta, y no hay otra empresa espacial capaz de proporcionar la cobertura en el continente que el Ejército necesita.

"Esta banda de frecuencias sólo está disponible a través de un satélite chino", expresó el subsecretario adjunto de Defensa para la Política Espacial, Doug Loverro. "Reconocemos que hay preocupación en toda la comunidad sobre el uso de satélites chinos para apoyar a nuestros combatientes. Y, sin embargo, también reconocemos que nuestros combatientes necesitan un apoyo y a veces tenemos que recurrir al único lugar donde lo podemos obtener", dijo.

El Apstar-7 es propiedad y está operado por una subsidiaria de la Compañía de Comunicaciones por Satélite de China, controlada por el Estado y que tiene al hijo del ex primer ministro chino Wen Jiabao como presidente. Pero el Pentágono insiste en que los datos que pasan a través del Apstar-7 están protegidos de cualquier posible espionaje por parte de Pekín, ya que las comunicaciones salientes y entrantes del satélite están codificadas.

Cada nuevo drone y cada nuevo soldado de EE.UU., dotados de un equipo de radio vía satélite, generan un mayor consumo de nuevas frecuencias del ancho de banda, consumo que no puede satisfacerse con un solo satélite. Para tratar de mantener el ritmo, el Pentágono ha alquilado una banda de frecuencias a satélites comerciales desde hace más de una década. Y los próximos diez años deberían traer nuevas ofertas comerciales por parte de los chinos. En marzo el Ejército anunció que estaba buscando nuevas empresas satelitales para ayudar a mantener la comunicación para las tropas en Afganistán.

Los chinos están preparados para cubrir tal necesidad, especialmente en África, donde Pekín tiene profundos intereses comerciales y estratégicos. En 2012, China realizó por primera vez más lanzamientos espaciales que Estados Unidos, incluyendo los satélites de comunicación Chinasat 12 y Apstar-7.  

 

RELEVAMIENTO Y EDICIÓN: Pedro Arrospidegaray

FUENTE: RT