El acceso de la población en general a esta sustancia, mediante registro y a través de los establecimientos farmacéuticos, se había convertido hasta ahora en un constante aplazamiento desde que en agosto de 2014 el Estado realizase el llamamiento a las empresas interesadas en producirla.

Tras un proceso de adjudicación que convocó el gobierno al que se presentaron 22 empresas, el presidente del Instituto de Regulación y Control del Cannabis (Ircca), Augusto Vitale, informó ayer que las licencias fueron adjudicadas a las firmas Simbiosys e Iccorp, luego de que la Secretaría Antilavado hiciera una investigación sobre el origen de sus fondos. Sin dar detalles, Vitale señaló que ambas sociedades tienen financiación de capitales uruguayos. Indicó que en una de ellas también hay capitales argentinos y que en la otra participan inversores de otros países. Iccorp es una firma de capitales argentinos y urugayos.

Estas empresas podrán producir un máximo de dos toneladas al año, en tanto cada consumidor podrá comprar 40 gramos por mes, con un máximo de diez gramos por semana, de acuerdo a la regulación ya aprobada.

En tanto el prosecretario de la Presidencia, Juan Andrés Roballo, que también preside la Junta Nacional de Drogas señaló que el predio donde se cultivará la marihuana "ya está pronto" para producir y recordó que esa zona está ubicada al oeste de la región metropolitana de Montevideo, cerca de la famosa cárcel que durante la dictadura militar (1973-1985) alojó a presos políticos y guerrilleros, y que paradójicamente se identifica como Penal de Libertad. El lugar contará contará seguridad, tanto de gestión pública como privada.

Estas empresas podrán producir un máximo de dos toneladas al año, en tanto cada consumidor podrá comprar 40 gramos por mes, con un máximo de diez gramos por semana, de acuerdo a la regulación ya aprobada. Las proyecciones del gobierno indican que el gramo de marihuana costará aproximadamente un dólar.

No obstante, frente a tratarse de un tema tan delicado y que pone al país sudamericano en la mira, se llevaran a cabo campañas de información y educación de los efectos nocivos del consumo, tal como se llevó a cabo en la primera presidencia de José Mujica contra el cigarrillo. "Para que el producto llegue a las farmacias va a transcurrir un plazo seguramente no menor a ocho meses a partir de este momento y en este marco el Estado iniciará campañas de difusión sobre los riesgos del consumo para la salud", explicó Roballo.

FUENTE: puntobiz