El entendimiento que se votará hoy en el recinto de la Cámara de Diputados también obliga al Gobierno nacional a una disminución del 10% del resultado deficitario y premia a aquellas jurisdicciones que hayan alcanzado resultado financiero positivo, ya que gozarán de la eliminación de las autorizaciones previas de Nación para acceder a endeudamiento. Además se incorporó una planilla con nuevas obras públicas para las provincias; para ello, se incrementará en 4500 millones de pesos la partida del Ministerio del Interior y Obras Públicas.

El Gobierno nacional buscó así hacer a las provincias solidariamente responsables en la misión de reducir el déficit fiscal en, al menos, 10% y premia a los gobernadores de provincia que no gasten más de lo que recauden. Es decir, aquellas provincias que no registren déficit y obtengan "resultados financieros positivos", no dependerán de la autorización del Gobierno nacional para realizar "operaciones de crédito público para el financiamiento de obras de infraestructura, con la limitación de que no revierta el signo del resultado".

Coordinados por Marcos Peña, tanto Rogelio Frigerio como Alfonso Prat Gay se encargaron de negociar esta cláusula fundacional del acuerdo fiscal con gobernadores que abrirá el debate para la rediscusión de una nueva Ley de Responsabilidad Fiscal. Los funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional se encargaron de dejar en claro ante los gobernadores peronistas que el gasto en 2017 no debería superar las pautas fijadas. Y lo dejaron plasmado por escrito en el Proyecto de Presupuesto 2017 que se votará en la madrugada de mañana: "Durante el ejercicio fiscal 2017, la tasa nominal de incremento del gasto público corriente primario de la Administración Nacional, jurisdicciones provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no podrá superar la tasa acumulada de aumento nominal de producto bruto interno a precios de mercado informado por el INDEC". El 25 de noviembre, Prat Gay y Frigerio serán anfitriones, en el Ministerio de Hacienda, de una nueva cumbre con ministros de Economía de las provincias para comenzar a delinear el borrador de una nueva ley de Responsabilidad Fiscal.

Sin embargo, aún no ingresó a Diputados el proyecto para reformar la escala del Impuesto a las Ganancias que afecta a los trabajadores en relación de dependencia. Jefatura de Gabinete había confirmado que el proyecto se debatiría este año, pero el Poder Ejecutivo aún no envió la iniciativa a Diputados, que deberá tratarla en comisión, aprobarla en el recinto y luego, elevarla al Senado. Las sesiones ordinarias finalizan el 30 de noviembre y el tratamiento de esta iniciativa demandará una convocatoria a sesiones extrordinarias de parte de Mauricio Macri.

La sesión para votar Presupuesto, y participación pública privada en obra pública, comenzará 11.30 y finalizará mañana por la mañana. La iniciativa estima un crecimiento del PBI del 3,5%, una inflación de entre 12 y 17%, un tipo de cambio nominal promedio de $17,92 y un déficit fiscal del 4,2 por ciento del PBI.

 

FUENTE: Ámbito

RELEVO Y EDICIÓN: Joel Hernán González

 

 

La primera etapa del blanqueo de capitales contabilizó un piso de 4600 millones de dólares. Las cifras corresponden a 58 mil declaraciones juradas presentadas hasta el miércoles pasado para regularizar tenencias de efectivo ocultas debajo del colchón o en cajas de seguridad. Los datos presentados ayer con entusiasmo por el titular de la AFIP, Alberto Abad, y el ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay, son provisorios. La posibilidad de abrir las cuentas especiales donde los fondos quedarán inmovilizados hasta finales de marzo se agotó ayer a última hora. Pero, como las autoridades regulatorias extendieron los plazos, los evasores que hayan finalizado las exigencias administrativas del esquema tienen hasta el 21 de noviembre para acercar los billetes a los bancos. El 90 por ciento de los fondos en efectivo regularizados ingresaron al sistema en moneda extranjera.

“Vamos a estar satisfechos y contentos si superamos los 20 mil millones de dólares. Dimos un primer paso muy satisfactorio. Pocos imaginaban que íbamos a lograr estos números”, celebró Prat-Gay. El funcionario ofició de anfitrión del anuncio que la AFIP pretendía hacer recién dentro de tres semanas cuando estuviera cerrado el número definitivo generado por esa vía del sinceramiento. “Hay un vuelo del colchón hacia cuentas bancarias que van a permitir impulsar la actividad. Eran fondos que estaban oscuramente guardados sin generar renta, crear empleo ni incentivar la economía. Ahora emergió y va a tener ese rol”, prometió Abad al referirse a las supuestas bondades asociadas a los beneficios para los evasores.

Una foto a los datos globales del blanqueo correspondiente al viernes pasado, computando no solo el dinero en efectivo sino los activos regularizados mediante todas las vías previstas, eleva el piso hasta 5400 millones de dólares. En total son 100 mil declaraciones juradas que recibió la AFIP donde 6 de cada 10 fueron destinadas a sincerar fondos en efectivo en el país. Por ahora, los números están lejos de los 60.000 millones que, según dejó trascender el Palacio de Hacienda, se alcanzarían con el régimen.

Durante la celebración de los resultados ninguno de los funcionarios se refirió a los ingresos fiscales generados durante los primeros meses del blanqueo. Los datos permiten estimar una base de ingresos para el fisco por única vez de 5000 millones de pesos. La normativa estableció que las sumas de dinero blanqueadas hasta 305.000 pesos pagarán 0 por ciento, hasta 800.000 pesos el 5 por ciento y los montos superiores abonarán 10 por ciento.

Finalizada la etapa para blanquear efectivo en la plaza local resta el sinceramiento de colocaciones en bancos extranjeros de Suiza o Estados Unidos. Esa vía es una de las principales apuestas de las autoridades aunque los fondos no necesariamente deberán ingresar al país. Durante la conferencia de prensa Abad recordó que en las próximos días la AFIP emitirá una resolución conjunta con la Unidad de Información Financiera para que los bancos y sociedades de bolsa se abstengan de solicitar declaraciones juradas de impuestos a sus clientes por razones comerciales (préstamos, tarjetas, cuentas). También esperan que se acelere el sinceramiento de inmuebles en destinos turísticos como Miami y Punta del Este. Cuando se trate de inmuebles, los impuestos llegan al 5 por ciento.

En el menú de opciones para regularizar sus activos no declarados, los blanqueadores pueden optar hacerlo mediante la suscripción de dos bonos, a tres y siete años. La primera alternativa, el Bonar 2019 que no pagaba intereses estuvo disponible hasta finales de septiembre y, según reconoció Prat-Gay, solo recolectó 66 millones de dólares sobre un total de 3000 millones que se proponía emitir. Quienes opten por títulos de mediano plazo, el Bonar 2023, el período se extiende durante todo lo que resta de 2016. Esos papeles deberán quedar inmovilizados durante los primeros cuatro años de su vigencia y pagarán un interés del 1 por ciento.

FUENTE: Página 12

RELEVAMIENTO Y EDICIÓN: Camila Abbondanzieri