En diálogo con LT10, Miguel Lifschitz, gobernador de Santa Fe, expresó que “sería muy importante que Nación pague lo que nos debe. Estamos hablando de 40 mil millones de pesos. No se olviden que estos fondos se cooparticiparían con las ciudades y las comunas. Por ejemplo, a la ciudad de Santa Fe le llegarían 1300 millones de pesos”.

Además, Miguel Lifschitz agregó que “esperamos que se de un avance concreto. Hasta ahora sólo tuvimos reuniones con promeses de propuestas y voluntad de pago. Estamos en una situación jurídica límite. Nosotros no vamos a dejar de reclamar. Nosotros no queremos ir a la Justicia para llevar el incumplimiento; nosotros queremos arribar a un acuerdo”. 

Consultado sobre si la provincia aceptaría un plan de pago, el gobernador de Santa Fe explicó que “para el gobierno nacional sería imposible pagar esta deuda de una vez. Nosotros estamos abiertos a recibir bonos con vencimiento a algunos años, financiamientos de obras, etc”. 

Sobre la idea de reformar la constitución de Santa Fe, Miguel Lifschitz opinó que “yo pienso que es bueno que los gobernadores santafesinos no tengan reelección porque se garantiza la alternancia en la provincia. Obviamente, hay que ver que otras miradas hay. Yo pienso que hay que ponerle límites a todos los mandatos. No debería haber reelecciones indefinidas en ninguno de los cargos electivos”. 

FUENTE: LT10

El entendimiento que se votará hoy en el recinto de la Cámara de Diputados también obliga al Gobierno nacional a una disminución del 10% del resultado deficitario y premia a aquellas jurisdicciones que hayan alcanzado resultado financiero positivo, ya que gozarán de la eliminación de las autorizaciones previas de Nación para acceder a endeudamiento. Además se incorporó una planilla con nuevas obras públicas para las provincias; para ello, se incrementará en 4500 millones de pesos la partida del Ministerio del Interior y Obras Públicas.

El Gobierno nacional buscó así hacer a las provincias solidariamente responsables en la misión de reducir el déficit fiscal en, al menos, 10% y premia a los gobernadores de provincia que no gasten más de lo que recauden. Es decir, aquellas provincias que no registren déficit y obtengan "resultados financieros positivos", no dependerán de la autorización del Gobierno nacional para realizar "operaciones de crédito público para el financiamiento de obras de infraestructura, con la limitación de que no revierta el signo del resultado".

Coordinados por Marcos Peña, tanto Rogelio Frigerio como Alfonso Prat Gay se encargaron de negociar esta cláusula fundacional del acuerdo fiscal con gobernadores que abrirá el debate para la rediscusión de una nueva Ley de Responsabilidad Fiscal. Los funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional se encargaron de dejar en claro ante los gobernadores peronistas que el gasto en 2017 no debería superar las pautas fijadas. Y lo dejaron plasmado por escrito en el Proyecto de Presupuesto 2017 que se votará en la madrugada de mañana: "Durante el ejercicio fiscal 2017, la tasa nominal de incremento del gasto público corriente primario de la Administración Nacional, jurisdicciones provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no podrá superar la tasa acumulada de aumento nominal de producto bruto interno a precios de mercado informado por el INDEC". El 25 de noviembre, Prat Gay y Frigerio serán anfitriones, en el Ministerio de Hacienda, de una nueva cumbre con ministros de Economía de las provincias para comenzar a delinear el borrador de una nueva ley de Responsabilidad Fiscal.

Sin embargo, aún no ingresó a Diputados el proyecto para reformar la escala del Impuesto a las Ganancias que afecta a los trabajadores en relación de dependencia. Jefatura de Gabinete había confirmado que el proyecto se debatiría este año, pero el Poder Ejecutivo aún no envió la iniciativa a Diputados, que deberá tratarla en comisión, aprobarla en el recinto y luego, elevarla al Senado. Las sesiones ordinarias finalizan el 30 de noviembre y el tratamiento de esta iniciativa demandará una convocatoria a sesiones extrordinarias de parte de Mauricio Macri.

La sesión para votar Presupuesto, y participación pública privada en obra pública, comenzará 11.30 y finalizará mañana por la mañana. La iniciativa estima un crecimiento del PBI del 3,5%, una inflación de entre 12 y 17%, un tipo de cambio nominal promedio de $17,92 y un déficit fiscal del 4,2 por ciento del PBI.

FUENTE: Ámbito

RELEVO Y EDICIÓN: Joel Hernán González

El ministro de Energía, Juan José Aranguren, el de Interior, Rogelio Frigerio, y el Jefe de Gabinete, Marcos Peña, serán los encargados de hacer este anuncio que busca crear el mayor consenso posible para llevar adelante esta norma.
"Este es un nuevo esquema" y no una modificación de la actualización tarifaria que fue rechazada por la Justicia, dijo Frigerio la semana pasada en declaraciones a la prensa, para dejar en claro que se trata de un nuevo esquema, el cual contempla la tarifa social para 12 millones de argentinos, pero incrementos para el resto de la sociedad.

Si bien hace dos semanas se habló de un tope de aumento del 300% para las tarifas residenciales y reajustes semestrales, esto no fue confirmado por las fuentes. Hasta la suspensión de la aplicación de la tarifas, el tope del aumento era de 400% para los consumos residenciales, y del 500% para los comercios y pequeñas empresas. Frigerio adelantó que la propuesta "se la presentaremos a los gobernadores, representantes de consumidores, y todos los que participen, para llegar con el mejor esquema a las audiencias públicas" previstas para el 16 de septiembre. También el ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat Gay, había anticipado, de manera más genérica, que la nueva propuesta tendrá un criterio de mayor gradualidad y fruto del consenso con distintos sectores sociales, técnicos y políticos.

La propuesta formal del Gobierno sobre un nuevo cuadro tarifario era uno de los elementos centrales que se venía reclamando en la última semana desde distintos sectores de las entidades de defensa de los consumidores y de la oposición, ya que es la que orientará el debate convocado para la sede de la Usina del Arte, en el barrio porteño de La Boca. La Corte Suprema de Justicia es quien declaró la nulidad de las resoluciones 28 y 31 de fines de marzo que fijaba los incrementos al servicio en todo el país y reclamó al Gobierno que llame a Audiencias Públicas, que no son vinculantes, para definir el nuevo esquema tarifario. Las entidades que representan a los sectores de la producción y el comercio presentaron desde la semana pasada nuevos recursos de amparo ante la justicia federal en procura de ser contemplados en la nulidad de los aumentos tarifarios, al tiempo que reclamaron que el tema se incorpore al debate de la audiencia pública.

En tanto la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina ratificó que sus integrantes participarán "masivamente" de la audiencia pública del 16 de septiembre. La postura de los defensores del Pueblo también contempla atender la realidad de las Pymes, sobre todo las electrodependientes, reglamentar la ley que impone una tarifa especial para los clubes e instituciones, insistir en la progresividad y racionalidad en la aplicación de los ajustes y atender las distintas realidades de las regiones de todo el país.

Los subsidios destinados al sector energético durante el corriente año tendrán un impacto fiscal proyectado de alrededor de $ 215.000 millones de pesos, lo que representa un incremento superior al 25 % respecto al 2015. Esto equivale a alrededor del 12% del gasto público total, según las proyecciones presentadas por el Instituto Argentino de la Energía "General Mosconi" (IAE) y la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP).

FUENTE: Telam

RELEVO Y EDICIÓN: Joel Hernán González

Se cumple así el deseo de cada uno de ellos de estar en el área anhelada. En el estratégico cargo de secretario de Finanzas estará Luis Caputo, uno de los argentinos con mejor trayectoria en Wall Street, dado que pasó por el JP Morgan y luego por el Deutsche Bank en Nueva York y en el país.

Los nombramientos son una señal clara a inversores: quienes comandarán la economía gozan de credibilidad como para que la liberación del cepo cambiario no genere una masiva compra de divisas de empresas y público. Dependerá eso sí, de lo que prometan antes en materia monetaria y fiscal para el año próximo. Federico Sturzenegger, desde el BCRA es quien tendrá bajo su área, la liberación de las restricciones. Es partidario de hacerlo en un sentido tan amplio como riesgoso: incluir en el primer día la demanda potencial de pagos de importaciones, estimada en u$s 9.000 millones. Ayer Macri descartó el recurso de eliminar transitoriamente las retenciones a las exportaciones de sojas. Esa medida estaba diseñada por el equipo de Frigerio (n) para compensar la sequía de divisas existente en el BCRA.

En la entidad monetaria Sturzenegger deberá aguardar la remoción de Alejandro Vanoli. Ayer en la reunión que Macri mantuvo con Cristina de Kirchner, se descartó la renuncia anticipada de Vanoli. era lo previsible. Nunca iba a entregar anticipadamente ese cargo para que se haga una devaluación durante su mandato. El propio Sturzenegger también en lo fiscal, no se muestra demasiado preocupado por el rojo fiscal que hereda el macrismo. Sostiene que gran parte de ese déficit es financiado por emisión, por lo que deberá, para cumplir con el rol básico del BCRA, ser financiada parte en mercados y parte recortado vía poda del gasto.

En cuanto a la difícil cuestión de la deuda en default, será el propio Caputo el que lleve adelante la estrategia delineada por el futuro gabinete económico desde la Secretaría de Finanzas. Gabriel Martino, ex CEO del HSBC hasta que fue relevado por el BCRA (hay una causa en la Justicia abierta por esa decisión), fue tentado para presidir el Banco Nación pero no aceptó la oferta. Está en estudio su designación como embajador en Londres o Washington, lugares desde los cuales podría llevar colaborar en un acuerdo con los acreedores que no ingresaron en los canjes de 2005 y 2010 (fondos buitre en su mayoría). Otros dos asiduos concurrentes a las reuniones de la Fundación Pensar, Gustavo Lopetegui (LAN) y Mario Quintana (Pegasus) estarán en el organigrama, en la Jefatura de Gabinete que preside Marcos Peña. Pero tendrán vuelo propio, más allá de que en teoría "reporten" a Peña. 

FUENTE: Ámbito.com

El macrismo afirmó que, en caso de alcanzar la Presidencia de la Nación, su política en materia de salarios será dejar que las paritarias se desarrollen, a su criterio, "libremente", es decir, sin la intervención estatal que en los últimos doce años posibilitó la reapertura del Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil y la firma de miles de convenios colectivos de trabajo.

Lo hizo a través de su principal referente en política económica, el presidente del Banco Ciudad, Rogelio Frigerio, quien aseguró que actualmente existe un "cepo" que evita que haya "negociaciones libres" en el ámbito laboral, por lo cual aseguró que en caso de ser Gobierno, el macrimo lo levantará, de la misma manera que prometió eliminar las restricciones a la compra de dólares.

El Estado-cepo al que aludió Frigerio es el que hizo que se pasaran de unos 200 convenios colectivos de trabajo suscritos en 2003 a más de un millar en los últimos años

"Cambio es aprender de los errores y animarse a corregir el rumbo. Es liberarnos de todos los cepos: el cepo para comprar dólares, el cepo a la información pública transparente, el cepo a las negociaciones salariales libres", indicó Frigerio en una nota de su autoría publicada hoy en el diario Clarín, bajo el título "Una propuesta de cambio que trascienda las consignas".

El "cepo" al que el principal referente económico del precandidato a presidente Mauricio Macri se refiere es el Estado, que a partir de 2003 facilitó el encuentro entre sindicatos y cámaras empresarias, inexistente por más de una década en la cual, además, el salario mínimo estuvo congelado en $250.

El Estado-cepo al que aludió Frigerio es el que hizo que se pasaran de unos 200 convenios colectivos de trabajo suscritos en 2003 a más de un millar en los últimos años, multiplicándose la cantidad de trabajadores cubiertos por esta instancia de negociación gremial.
También permitió que los trabajadores alcanzaran en el primer trimestre de este año una remuneración promedio de $ 13.000, reconocida incluso por la consultora Economía & Regiones, fundada por el propio titular del Banco Ciudad, y cuyo vicepresidente es su padre, Octavio Frigerio.

En diciembre de 2003, el salario promedio del sector privado era de $ 1.300, el mínimo docente era de $ 366 y el mínimo, vital y móvil, de $ 300.

Doce años después, el sueldo promedio privado se multiplicó por 10; el mínimo docente, en cambio lo hizo por 20, al promediar en la actualidad unos $ 7.200; y el mínimo, vital y móvil creció en una magnitud similar al ubicarse en $ 5.588, a partir de este mes.

FUENTE: Télam