El Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y las Naciones Unidas han lanzado varias iniciativas para aliviar la carga de la deuda pública en esta situación extraordinaria. Como primer paso, los países del G20 aceptaron una moratoria para la deuda bilateral oficial de las 76 economías más pobres del mundo.

Este momento plantea la prueba máxima para la arquitectura financiera internacional. La «sostenibilidad» es un término actualmente omnipresente en la inversión y las finanzas mundiales, por buenos motivos. Los principios que encarna —como los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU— promueven la construcción de un mundo mejor. Esos principios son extremadamente relevantes en el caso de la deuda soberana de los países en vías de desarrollo en apuros.

Con esta emergencia mundial como telón de fondo, Argentina dio comienzo a su proceso de reestructuración de la deuda pública en forma constructiva, de buena fe y con el apoyo de todos los sectores políticos locales. Desde 2016, cuando el país recuperó el acceso a los mercados internacionales, los acreedores extranjeros apostaron al comprar deuda con cupones elevados, pero solo compatible con tasas de crecimiento extremadamente altas, que no se materializaron. En febrero, antes de que la crisis de la COVID-19 fuera grave, el FMI llegó a la conclusión de que la deuda pública argentina es «insostenible». Hay consenso en que la deuda es prohibitiva, ya que se duplicó la incidencia del pago de intereses sobre los ingresos fiscales. Para ser francos, el costo del refinanciamiento se tornó excesivamente alto.

Para una renegociación hace falta el compromiso de todas las partes. Argentina presentó a sus acreedores privados una oferta responsable, que refleja adecuadamente la capacidad de pago del país: un período de gracia de tres años con un recorte menor del capital y otro significativo de los intereses. La propuesta está en línea con el análisis técnico del FMI, que indica que será necesaria una quita sustancial de la deuda por parte de los acreedores privados de Argentina para que la probabilidad de recuperar la sostenibilidad de la deuda sea elevada.

La quita de la deuda es la única forma de combatir la pandemia y encaminar a la economía hacia la sostenibilidad. Antes de la crisis, el Banco Mundial estimó que la pobreza urbana en Argentina era del 35,5 % y la pobreza infantil, del 52,3 %. La ONU considera que el impacto del shock sobre el país es uno de los peores en la región. El FMI, proyecta una contracción del PBI del 5,7 % para 2020.

Se está pidiendo a los acreedores que reduzcan su flujo de ingresos, pero seguirán recibiendo tasas de interés razonables en el futuro. Argentina ha ratificado su voluntad para pagar los servicios de la deuda reestructurada, precisamente porque será factible con la nueva tasa de interés propuesta. Solo una economía que crece de manera sostenible puede cumplir sus compromisos financieros con el tiempo.

La diferencia en la consideración del capital y los intereses fue diseñada precisamente para aliviar la carga del servicio de la deuda mientras el país lucha contra la COVID-19 y trabaja para restablecer el crecimiento. De hecho, la reducción del cupón promedio de los bonos ofrecida por Argentina (del 7 % promedio actual al 2,3 %) es razonable, dado el entorno mundial vigente para las tasas de interés.

En este momento excepcional, la propuesta argentina también presenta una oportunidad para que la comunidad financiera internacional demuestre que puede solucionar una crisis de deuda soberana de manera ordenada, eficiente y sostenible. La ausencia de un marco legal internacional para la reestructuración de la deuda soberana no debe privar a los países endeudados de la posibilidad de proteger a su gente y asegurar la recuperación económica durante la mayor crisis mundial de la que tenemos memoria.

Creemos que un acuerdo sostenible beneficia a ambas partes: a una economía en dificultades, con 45 millones de personas, y a los propios acreedores. Este es el momento para que los acreedores privados actúen de buena fe. Una solución responsable sentará un precedente positivo, no solo para Argentina, sino para el sistema financiero internacional en su conjunto.

Este comentario fue firmado por: 

Jeffrey D. Sachs, Universidad de Columbia; Dani Rodrik, Escuela Kennedy de Harvard; Thomas Piketty, Escuela de Estudios Superiores en Ciencias Sociales (École des hautes études en sciences sociales); Mariana Mazzucato, University College de Londres; Kenneth Rogoff, ex economista jefe del FMI y Universidad de Harvard; Brad Setser, Consejo de Relaciones Exteriores (Council on Foreign Relations); Ricardo Hausmann, ex economista jefe del BID y Escuela Kennedy de Harvard; Carlos Ominami, exministro de Economía, Chile; Yu Yongding, exmiembro del Comité de Política Monetaria, Banco Popular de China; Erik Berglof, ex economista jefe de EBRD y Escuela de Economía de Londres; Nora Lustig, Universidad de Tulane; Nelson Barbosa, exministro de Finanzas y Planeamiento; Justin Yifu Lin, ex economista jefe del Banco Mundial y Universidad de Pekín; Partha Dasgupta, Universidad de Cambridge; Kevin P. Gallagher, Universidad de Boston; Stephany Griffith-Jones, Universidad de Columbia; Stephanie Blankenburg, UNCTAD; Richard Kozul-Wright, UNCTAD; Ricardo French Davis, Universidad de Chile; James K. Galbraith, Universidad de Texas; Jean-Paul Fitoussi, Sciences Po; Amar Bhattacharya, Brookings Institution; Robert Boyer, Centro Nacional para la Investigación Científica (CNRS); Robert Pollin, Universidad de Massachusetts-Amherst; Robert Howse, Escuela de Derecho de la Universidad de Nueva York (NYU Law); Giovanni Dosi, Scuola Superiore Sant’Anna; Juan Carlos Moreno Brid, Universidad Nacional Autónoma de México; Josh Bivens, Economic Policy Institute; Arjun Jayadev, Universidad Azim Premji; David Soskice, Escuela de Economía de Londres; Jayati Ghosh, profesora de Economía, Universidad Jawaharlal Nehru; Mauro Gallegati, Università Politecnica Delle Marche; Natalya Naqvi, Escuela de Economía de Londres; Daniela Gabor, UWE Bristol; Marcus Miller, Universidad de Warwick; John E. Roemer, Universidad de Yale; William H. Janeway, Universidad de Cambridge; Dean Baker, Centro de Investigaciones de Economía y Políticas (Center for Economic and Policy Research) y Universidad de Utah; Gerald Epstein, Universidad de Massachusetts-Amherst; Anwar Shaikh, Universidad The New School; Kaushik Basu, Universidad de Cornell; Matias Vernengo, Universidad de Bucknell; Philippe Aghion, Escuela de Economía de Londres; Anne Laure Delatte, Centro de Información y Estudios Prospectivos Internacionales (CEPII); Sudhir Anand, Escuela de Economía de Londres; Christoph Trebesch, Universidad de Kiel; John Weeks, Universidad de Londres; David Vines, Universidad de Oxford; Saskia Sassen, Universidad de Columbia; Sandra Polaski, Universidad de Boston; Thomas Pogge, Universidad de Yale; Rhys Jenkins, Universidad de Anglia Oriental; Jurgen Kaiser, Jubilee Germany; Gary A. Dymski, Universidad de Leeds; Andreas Antoniades, Universidad de Sussex; Raphael Kaplinsky, Universidad de Sussex; Diane Elson, Universidad de Essex; Ernst Stetter, ex secretario general, Foundation for European Progressive Studies; Ozlem Onaran, Universidad de Greenwich; Todd Howland, Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos; Isabel Ortiz, Universidad de Columbia; Carolina Alves, Universidad de Cambridge; Eric LeCompte, Jubilee USA Network; Richard Jolly, Universidad de Sussex; Christoph Trebesch, Universidad de Kiel; Diego Sanchez-Ancochea, Universidad de Oxford; Mark Weisbrot, Centro de Investigaciones de Economía y Políticas (Center for Economic and Policy Research); Lara Merling, Confederación Sindical Internacional; Pedro Mendes Loureiro, Universidad de Cambridge; Ilene Grabel, Universidad de Denver; Sabri Öncü, CAFRAL; David Hall, Universidad de Greenwich; José Esteban Castro, Universidad de Newcastle; Andy McKay, Universidad de Sussex; Stefano Prato, Sociedad para el Desarrollo Internacional (Society for International Development, SID); Rosemary Thorp, Universidad de Oxford; Barry Herman, The New School for Public Engagement; Andrés Aráuz, exministro de Conocimiento y director general del Banco Central, Ecuador; Manuel Alcántara, Universidad de Salamanca; Alex Izurieta, UNCTAD; Michael Cichon, UNU Maastricht; Biswajit Dhar, Universidad Jawaharlal Nehru; Jens Martens, Global Policy Forum; Nicolas Pons-Vignon, Universidad de the Witwatersrand; Jean Saldanha, Red Europea de Deuda y Desarrollo (Eurodad); Leonidas Vatikiotis, Debtfree Project; Valpy FitzGerald, Universidad de Oxford; Giovanni Andrea Cornia, Universidad de Florencia; Matthias Thiemann, Sciences Po; Yılmaz Akyüz, ex economista jefe, South Centre, Génova; Stephan Schulmeister, Universidad de Viena; Eduardo Strachman, Universidad del Estado de San Pablo; Peter Dorman, Evergreen State College; C.P. Chandrasekhar, Universidad Jawaharlal Nehru; Leopoldo Rodriguez, Universidad del Estado de Portland; Chris Tilly, Universidad de California Los Ángeles; Tracy Mott, Universidad de Denver; Jeffrey Madrick, Schwartz Rediscovering Government Initiative; Günseli Berik, Universidad de Utah; Joseph Ricciardi, Babson College; Lorenzo Pellegrini, Universidad Erasmo de Róterdam; Erinc Yeldan, Universidad Bilkent; Sunil Ashra, Management Development Institute; Mustafa Özer, Universidad Anadolu, Turquía; Rolph van der Hoeven, Universidad Erasmo de Róterdam; Al Campbell, Universidad de Utah; Antonella Palumbo, Universidad Roma Tre; Arthur MacEwan, Universidad de Massachusetts Boston; Neva Goodwin, Universidad Tufts; Korkut Boratav, Asociación de Ciencias Sociales de Turquía; Michael Ash, Universidad de Massachusetts-Amherst; Alicia Puyana, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, México; John Willoughby, American University; Marco Palacios, El Colegio de México; Reza Mazhari, Universidad Gonbad Gavous, Irán; Ann Markusen, Universidad de Minnesota; Renee Prendergast, Universidad de Queens; Michael Moore, Universidad de Warwick; Carlos A. Carrasco, Universidad de Monterrey, México; Robert Lynch, Washington College; John Schmitt, Economic Policy Institute; Venkatesh Athreya, Universidad Bharathidasan; Jeff Faux, Economic Policy Institute; Kunibert Raffer, Universidad de Viena; Jenik Radon, Universidad de Columbia; Maria Joao Rodrigues, Foundation for European Progressive Studies; Stephanie Seguino, Universidad de Vermont; Gustavo Indart, Universidad de Toronto; Cyrus Bina, Universidad de Minnesota; Alberto Minujin, The New School; Philip Alston, NYU; Sudhir Anand, Escuela de Economía de Londres; José Gabriel Palma, Universidad de Cambridge; Michael A. Cohen, The New School; y Jeff Powell, Universidad de Greenwich. 

FUENTE: Project Syndicate

(*) Joseph E. Stiglitz, a Nobel laureate in economics and University Professor at Columbia University, is the author, most recently, of People, Power, and Profits: Progressive Capitalism for an Age of Discontent.

(**) Edmund S. Phelps, the 2006 Nobel laureate in economics, is Director of the Center on Capitalism and Society at Columbia University and the author of Mass Flourishing and Dynamism.

(***) Carmen M. Reinhart is Professor of the International Financial System at Harvard University's John F. Kennedy School of Government.

El Bank of New York Mellon no pudo transferir los fondos a los acreedores: el juez federal de EE.UU. Thomas Griesa había ordenado que la Argentina no podía pagar a los acreedores que aceptaron su reestructuración hasta que primero pague completamente – incluyendo el pago de intereses vencidos – a aquellos acreedores que se negaron a participar en dicha restructuración.

Para Argentina, la ruta a su moratoria del año 2001 comenzó cuando su deuda soberana se incrementó rápidamente, cuál si fuese un globo que se infla, en la década de los años 1990; dicho aumento se produjo de manera concurrente a las reformas económicas neoliberales del “Consenso de Washington”, mismas que según los creencias de los acreedores iban a enriquecer al país.

Por primera vez en la historia ocurrió que a un país que está dispuesto y tiene la capacidad para pagar a sus acreedores, un juez le impide hacerlo. Los medios de comunicación denominan a la situación como una moratoria por parte de la Argentina, pero el hashtag #Griesafault en Twitter describió dicha situación de manera mucho más precisa. Argentina ha cumplido con las obligaciones que tiene con sus ciudadanos, y también con las que tiene con sus acreedores quienes aceptaron la reestructuración que este país realizó. El fallo de Griesa, sin embargo, alienta al comportamiento usurero, se torna en una amenaza para el funcionamiento de los mercados financieros internacionales y desafía un principio básico del capitalismo moderno: los deudores insolventes necesitan un nuevo comienzo.

Las moratorias soberanas son eventos comunes que tienen muchas causas. Para Argentina, la ruta a su moratoria del año 2001 comenzó cuando su deuda soberana se incrementó rápidamente, cuál si fuese un globo que se infla, en la década de los años 1990; dicho aumento se produjo de manera concurrente a las reformas económicas neoliberales del “Consenso de Washington”, mismas que según los creencias de los acreedores iban a enriquecer al país. El experimento falló, y el país sufrió una profunda crisis económica y social, con una recesión que duró desde el año 1998 hasta el 2002. Al final de dicho período, se alcanzó un porcentaje récord: el 57,5% de los argentinos se encontraban viviendo en niveles de pobreza, y la tasa de desempleo se disparó hasta alcanzar un 20,8%.

Argentina reestructuró su deuda en dos rondas de negociaciones, en el año 2005 y el 2010. Más del 92% de los acreedores aceptaron el nuevo acuerdo, y recibieron bonos intercambiados y bonos indexados al PIB. Todo funcionó bien, tanto para la Argentina como para los que aceptaron la reestructuración. La economía creció vertiginosamente, por lo que la rentabilidad de los bonos indexados al PIB fue muy generosa.

Pero los llamados inversionistas buitre vieron la oportunidad de obtener beneficios aún mayores. Los buitres no eran ni inversores a largo plazo en Argentina, ni optimistas que creían que las políticas del Consenso de Washington irían a funcionar. Simplemente ellos fueron especuladores que se abalanzaron tras la moratoria del año 2001 y compraron bonos, que fueron vendidos por inversores que habían entrado en pánico, a un precio que representaba una fracción de su valor nominal. Posteriormente, demandaron a la Argentina para obtener el 100% de dicho valor. NML Capital, una filial del fondo de cobertura Elliot Management cuyo ejecutivo principal es Paul Singer, invirtió $48 millones en bonos en el año 2008; gracias al fallo de Griesa, NML Capital ahora debería recibir $832 millones – una ganancia de más del 1.600%.

Las cifras son tan altas, en parte, debido a que los buitres buscan cobrar intereses vencidos, mismos que, para el caso de algunos valores, incluyen una prima de riesgo país – la tasa de interés más alta que se ofreció cuando se emitieron los bonos para compensar la percepción de que existía sobre una mayor probabilidad de que ocurra una moratoria. Griesa consideró que esa tasa era una tasa razonable. Económicamente, sin embargo, no tiene ningún sentido. Cuando un país paga una prima de riesgo sobre su deuda, significa que la moratoria es una posibilidad. Pero si un tribunal dictamina que un país siempre debe reembolsar su deuda, no existe un riesgo de moratoria que deba ser compensado.

El reembolso en los términos estipulados por Griesa devastaría a la economía de la Argentina. NML Capital y los otros buitres, que a pesar de que en su conjunto solamente representan al 1% de los acreedores, recibirían un total de $1,5 mil millones. Otros acreedores que se negaron a participar en el proceso de reestructuración (6,6% del total) recibirían $15 mil millones. Y, debido a que en la reestructuración de la deuda se estipula que todos los acreedores que aceptaron dicha restructuración podrían demandar que sus acreencias sean tratadas de acuerdo con los mismos términos que se otorgan a los acreedores que se negaron a participar en dicho proceso de reestructuración, Argentina podría entrar en apuros ya que tendría que pagar $140 mil millones adicionales.

(...) todo ello se basaba en la conjetura de que los mercados financieros no irían a distinguir entre una moratoria y una moratoria a la Griesa, o como se la denomina en inglés una “Griesafault”. Afortunadamente, los mercados sí hicieron la distinción: las tasas de interés para las diferentes categorías de préstamos a empresas argentinas no reaccionaron ante el suceso.

Por lo tanto, cada ciudadano argentino podría adeudar más de $3.500 – es decir más de un tercio del ingreso promedio anual per cápita. Si se aplicará la proporción equivalente en Estados Unidos, ello significaría que todos los ciudadanos estadounidenses estarían obligados a pagar alrededor de $20.000 – dinero que iría a llenar los bolsillos de algunos multimillonarios que están decididos a exprimir y sacarle el jugo a la Argentina y dejarla sin un centavo.

Pero además, la existencia de las permutas de incumplimiento crediticio, o CDS por su denominación en inglés, crea la posibilidad de mayores ganancias para los buitres. Una permuta de incumplimiento crediticio otorga un seguro frente a un incumplimiento, ya que paga en caso de que los bonos no paguen. Los CDS pueden producir ganancias sustanciales, independientemente de si los bonos son o no son reembolsados – reduciendo de esta manera el incentivo que tuviesen los titulares de los bonos para llegar a un acuerdo.

En el período previo al 30 de julio, los buitres llevaron a cabo una campaña para promover el miedo. Ellos aseveraban que una segunda moratoria en 13 años sería un gran revés para la Argentina, ya que amenazaría a la frágil economía del país. Sin embargo, todo ello se basaba en la conjetura de que los mercados financieros no irían a distinguir entre una moratoria y una moratoria a la Griesa, o como se la denomina en inglés una “Griesafault”. Afortunadamente, los mercados sí hicieron la distinción: las tasas de interés para las diferentes categorías de préstamos a empresas argentinas no reaccionaron ante el suceso. De hecho, los costos de endeudamiento al 30 de julio fueron más bajos que el promedio para todo el año.

En última instancia, sin embargo, se pagará un precio alto por la moratoria a la Griesa – el precio será menor para Argentina que el que tendrá que pagar la economía mundial y los países que necesiten acceso al financiamiento externo. EE.UU. sufrirá también. Sus tribunales han sido una farsa: como un observador señaló, quedó bien claro que Griesa nunca llegó a desentrañar la complejidad del tema. El sistema financiero de Estados Unidos, que ya ha ganado práctica en la explotación de los estadounidenses que viven en niveles de pobreza, ha ampliado sus esfuerzos, expandiéndolos a nivel mundial. Los prestatarios soberanos no van a confiar – y no deberían confiar – en la imparcialidad y competencia del poder judicial de Estados Unidos. El mercado para la emisión de dichos bonos se trasladará a otro lugar. 

 

(*) Premio Nobel de Economía y profesor de la Universidad de la Universidad de Columbia, fue presidente del Consejo de Asesores Económicos del presidente Bill Clinton y se desempeñó como vicepresidente senior y economista jefe del Banco Mundial.

(**) Investigador postdoctoral en el Departamento de Economía y Finanzas en la Columbia University Business School.

 

FUENTE: Project Syndicate

Griesa frenó de esta manera el depósito de cerca de 539 millones de dólares que realizó ayer el Gobierno en las cuentas del Bank of Nueva York Mellon, destinado a los tenedores de bonos que entraron a los canjes.

Un dato que no dejó de llamar la atención de especialistas e inversores, es que Griesa no emitió orden de embargo sobre esos fondos, como pretendían los fondos buitre.

El magistrado neoyorquino sostuvo que "las negociaciones son importantes" y que esperaba que las mismas empezaran "esta tarde".

En ese contexto, "sería deseable, si es posible, llegar a un acuerdo", agregó el juez que mantuvo una posición activa de preguntas y sin ataques directos hacia ninguna de las partes, durante la audiencia que se extendió por espacio de una hora y media.

El abogado que representa a la Argentina, Carmine Boccuzzi, manifestó la "esperanza" de poder seguir negociando con los holdouts para alcanzar un acuerdo sobre el caso y detalló que el pago a los tenedores de bonos fue realizado porque de lo contrario el país se enfrentaba a una serie de demandas.

El magistrado neoyorquino sostuvo que "las negociaciones son importantes" y que esperaba que las mismas empezaran "esta tarde"

Por su parte, el defensor de NML Capital, Robert Cohen, comenzó planteando que Argentina había incurrido en "desacato" al realizar la transferencia, "violando" así las decisiones de los tribunales norteamericanos.

Cohen pidió además en su presentación que sea llevado adelante de forma "rápida" la orden de Discovery (pedido de información de activos de un Estado extranjero).

Buscando profundizar sobre el pago realizado ayer por Argentina, Griesa convocó al representante del Bank of New York Mellon, Eric Schaffer, quien confirmó el giro.

"Los fondos siguen en la cuenta. No pasó nada más", comentó Schaffer quien afirmó que la entidad está "al tanto" del fallo de ese tribunal y consultó al magistrado sobre los pasos que deberían dar al respecto.

"El dinero debería ser regresado a la Argentina", respondió Griesa.

Por su parte, el letrado designado como mediador para interceder entre las partes, Daniel Pollack, dijo a los medios tras el encuentro, que las negociaciones entre las partes convocadas por Griesa serían retomadas esta misma tarde. 

 

FUENTE: Télam

LEER TAMBIÉN: Reunión entre Cristina y Abe: Fondos Buitre, Políticas Heterodoxas y Juegos Olímpicos

En este sentido, destacó el pronunciamiento del premio Nobel Joseph Stiglitz respecto al fallo contrario que recibió Argentina en la Corte de Apelaciones de Nueva York, al que calificó como "una victoria de los buitres".

En una conferencia de prensa brindada antes del inicio de las deliberaciones de la Cumbre del G-20, que se realiza en San Petersburgo, Cristina dijo que habló sobre "la necesidad de formular una ley de quiebras a nivel internacional" con el primer ministro japonés, Shinzo Abe.

También le señaló que "sólo el 0,45 por ciento" de los tenedores de deuda son los que se oponen al proceso de reestructuración llevado adelante por Argentina, a través de procesos judiciales que se desarrollan en los tribunales de Nueva York.

Destacó el pronunciamiento del premio Nobel Joseph Stiglitz respecto al fallo contrario que recibió Argentina en la Corte de Apelaciones de Nueva York, al que calificó como "una victoria de los buitres".

Respecto a la nota publicada por Stiglitz, que lleva por título "La victoria de los buitres", Cristina calificó de "interesantísimo" al artículo y dijo que el premio Nobel suele hablar con "esa claridad, con esa objetividad que es raro encontrar en los economistas que siempre hablan difícil".

Stiglitz "plantea muy inteligentemente lo que esto implicaría, que no es un problema (sólo) argentino, es un problema global, sobre cómo impactaría en todas la reestrucutraciones de deuda, que se acabarían y cómo impactaría en el propio EEUU como una jurisdicción" para futuras reestructuraciones de deuda.

En una columna titulada "La Victoria de los buitres", Stiglitz sostuvo que el reciente fallo, que confirma pagarle el 100 por ciento a los fondos buitre aún con fondos del 93 por ciento que ingreso a los canjes de deuda anteriores, "al menos, hace inviables todas las reestructuraciones de deuda en los contratos de deuda estándar".

El premio Nobel criticó el fallo de la Cámara de Apelaciones de Nueva York adverso al país y considero que el mismo "amenaza a los mercados de deuda soberana mundial, incluso podría llevar a los EEUU a que no se vea como un buen lugar para emitir deuda soberana".

Stiglitz considero "tendencioso el fallo del tribunal de EEUU, y económicamente peligroso, muestra por qué necesitamos un sistema (mundial de reestructuraciones de deuda) ahora".

 

RELEVAMIENTO Y EDICIÓN: Pedro Arrospidegaray

FUENTE: Télam

La presidenta Cristina Fernández de Kirchner se refirió hoy a la decisión de la Cámara de Apelaciones de Nueva York, Estados Unidos, que rechazó el planteo de la Argentina frente al fallo adverso de un tribunal de ese país que beneficia el reclamo de los fondos buitre, a través de la cadena nacional de medios de radiodifusión.

En ese sentido, la jefa de Estado manifestó: "El viernes pasado se conoció que se confirmó el fallo del juez (Thomas) Griesa que le da la razón a los fondos buitre, que fueron los que embargaron la Fragata Libertad en Ghana".

"Lo que queremos dar a conocer hoy a los habitantes de la argentina y al 93 por ciento de los tenedores de bonos es que este fallo ignora el acuerdo que hemos logrado en 2005 y 2010. Ignora la inmunidad soberana que tiene la reestructuración de la deuda. Es un fallo un poco injusto", agregó la mandataria.

Frente a esta situación, la jefa de Estado anunció: "Vamos a enviar un nuevo proyecto de ley al Parlamento argentino que es el único capacitado para decidir sobre la deuda externa argentina. Consiste en abrir por tercera vez el canje de deuda para ese 7 por ciento que no ha ingresado. Queremos demostrar la vocación de pago que tiene la Argentina".

Y por otro lado, siguió Cristina, "para salvaguarda de ese 93 por ciento que ha confiado en la Argentina vamos a hacer un reemplazo de títulos por la misma moneda y los mismos plazos, nada mas que vamos cambiar el lugar de pago para evitar embargos como los que hemos tenido".

"Vamos a reemplazar los bonos, que serán pagaderos aquí en la República Argentina en la caja de valores", explicó.

La Presidenta hizo referencia al fallo de la cámara de apelaciones de la corte estadounidense, que calificó a la Argentina como un “deudor recalcitrante” y, tras señalar que “entre 2003 y 2012 Argentina ha pagado 173.733 millones de dólares”, replicó: “Más que deudores recalcitrantes somos pagadores seriales”.

"Vamos a enviar un nuevo proyecto de ley al Parlamento argentino que es el único capacitado para decidir sobre la deuda externa argentina. Consiste en abrir por tercera vez el canje de deuda para ese 7 por ciento que no ha ingresado. Queremos demostrar la vocación de pago que tiene la Argentina“

Y esto lo hemos hecho con recursos genuinos, que hemos logrado a partir de la administración de comercio y de los recursos del estado, sin recurrir al mercado de capitales”, destacó la Jefa de Estado, quien señaló que a partir del 12 de septiembre, día en que se pagará el Bonar-7, “Argentina va a pasar a deber en moneda extranjera 8,3 por ciento de su PBI”, mientras que “cuando asumió (Néstor) Kirchner representaba el 150 por ciento del PBI”.

Por otro lado, Cristina recordó: "El origen de todo esto es el 31 de diciembre 2001. El 31 de diciembre de 2001 la Argentina defaultea 81 mil 836 millones de dólares. Un 49 por ciento de esa deuda fue contraída durante el período de 1989 y 1999. El 51 restante fue contraído entre los años 1999 y el momento de declararse el default".

"Pero el origen de todo es el 24 de marzo de 1976, cuando el país comienza a endeudarse cada vez más, se agrava en durante la convertibilidad y explota en 2001", agregó la jefa de Estado.

Asimismo, indicó: "(Néstor) Kirchner tenía el lema 'crecer para pagar'. No se podía pagar si no se crecía. Ante la ONU, Kirchner sostuvo que era necesario que nos dejaran crecer para poder pagar. Desde el 2003 a la fecha se hicieron importantes pagos basados en dos reestructuraciones".

 

FUENTE: Infonews