En los últimos días la inversión pública en Santa Fe ha vuelto a ser noticia. A mediados de junio la UOCRA denunciaba la paralización del Hospital Regional Sur, luego varios diputados opositores criticaron al Ministro de Economía de la Provincia por sacrificar la obra pública para lograr equilibrar las cuentas fiscales y la semana pasada en la audiencia pública para tratar el aumento del agua dispuesto por la empresa ASSA la gran mayoría de los oradores fue lapidario en cuanto al nivel de inversión de la empresa. Desde Fundamentar.com hace tiempo que se viene analizando el bajo nivel de inversión del Estado Provincial y creemos que es necesario volver a estudiar el tema y comparar la situación con el resto de las provincias.

Analizando las series de la ASAP (Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública) se puede ver como Santa Fe participa desde el año 1991 en alrededor del 8% del gasto total del sector público provincial consolidado. Es decir, de cada 100 pesos que gastan las provincias, 8 los gasta Santa Fe. Sin embargo, cuando se miran los gastos de capital se ve que nuestra provincia tuvo históricamente una participación menor y más volátil. De los 23 años analizados, los peores en cuanto a inversión pública fueron 2002 y 2012, cuando Santa Fe no llegó a explicar ni siquiera 4% del total invertido por las provincias. O sea que, mientras Santa Fe es el 9% del PBI argentino y explica el 8% del gasto, sólo participa en menos del 4% de la inversión total. Esto es fácilmente visible en el siguiente gráfico.

Por otro lado es interesante analizar el porcentaje del gasto total que representan los gastos capital tanto en Santa Fe como en las 24 jurisdicciones. Esto podría anular parcialmente nuestra hipótesis de que el Estado santafesino ha invertido poco en los últimos años ya que, como se ve en el gráfico que sigue, el comportamiento de los gastos de capital en Santa Fe desde 1991 ha replicado aunque de manera más pronunciada a lo que ha sucedido en el resto de las provincias. Dicho de forma sencilla, si la inversión de todas las provincias cae, en Santa Fe cae a niveles todavía menores. Sólo en 1998 y 2006 de los 23 años en estudio, bajo la gestión del ex gobernador Jorge Obeid, se puede afirmar que el desempeño de nuestra provincia fue muy superior que al resto de las jurisdicciones tomadas en conjunto.

¿Quedan entonces totalmente anuladas las ideas vertidas en cuanto a la inversión de la provincia de Santa Fe? ¿Eran erróneas por completo? Para saberlo hay que a analizar el gasto de capital que tiene lugar con fondos propios. Como lo muestra la siguiente tabla, mientras que entre 2003 y 2007 de cada 100 pesos gastados en Santa Fe $11,7 iban a parar a gastos de capital financiados con fondos propios, dicha cifra entre 2008 y 2013 cae abruptamente a $5,38 pesos.

A su vez, ayuda a terminar de dilucidar la cuestión ver cuanto gasta Santa Fe de cada 100 pesos gastados por las 24 jurisdicciones en su conjunto. Para esto calculamos los gastos de capital y le restamos las transferencias nacionales. Así podemoos ver que mientras en promedio de 5 años (líneas coloreadas) Santa Fe siempre explicaba alrededor de 6 de cada 100 pesos invertidos con fondos propios por todas las provincias en su conjunto, entre 2008 y 2012 sólo 3,82 pesos de cada 100 fueron invertidos por nuestra provincia. Incluso, en el último año de la serie de la ASAP la inversión de Santa Fe con fondos propios fue de 2,41 pesos de cada 100 invertidos por las 24 jurisdicciones.

Resumiendo, Santa Fe es el 9% de la economía nacional, el 8% del gasto, sólo el 4% de la inversión provincial y nada más que el ¡2% de la inversión con fondos propios!

Así, nuestras conclusiones no han variado: la inversión provincial es poca, se la mira por donde se la mire. Esto queda aun más en evidencia cuando se ve que de los 1022 millones de gasto de capital acumulados a mayo de este año 622 millones fueron financiados vía transferencias nacionales, un 56% del total. Las implicancias son concretas: estas deficiencias se traducen en cuestiones tales como la paralización del Hospital Regional Sur denunciada por la UOCRA o la mayor depencia de los municipios santafesinos de los fondos que pueda remitir la nación. En este sentido basta con ver lo que pasa en Rosario donde en sus 2 primeros años el gobierno de Mónica Fein invirtió $198 millones. De esta cifra y vía transferencias de capital $142 millones fueron aportados por la nación (71,67% del total) y nada más que $11 millones por la Provincia de Santa Fe (5,81% del total).

Por todo esto hay que concluir que es necesario incrementar los esfuerzos del Estado a la hora de hacer frente a las obras de infraestructura y que si bien en los primeros cinco meses de este año la situación parece ser mejor que la de 2013, los niveles que se siguen manejando son demasiado bajos para una provincia tan rica como la nuestra. Así podría ser que en 2014 los niveles de subejecución terminen siendo menores que los de años anteriores pero también es entendible la postura de aquellas voces críticas en una provincia de Santa Fe en la cual se presupuestaron de 2008 a 2013 gastos de capital por 17.212 millones y sólo se ejecutaron 10.884 millones.

 

(*) Investigador de la Fundación para la Integración Federal 

Griesa frenó de esta manera el depósito de cerca de 539 millones de dólares que realizó ayer el Gobierno en las cuentas del Bank of Nueva York Mellon, destinado a los tenedores de bonos que entraron a los canjes.

Un dato que no dejó de llamar la atención de especialistas e inversores, es que Griesa no emitió orden de embargo sobre esos fondos, como pretendían los fondos buitre.

El magistrado neoyorquino sostuvo que "las negociaciones son importantes" y que esperaba que las mismas empezaran "esta tarde".

En ese contexto, "sería deseable, si es posible, llegar a un acuerdo", agregó el juez que mantuvo una posición activa de preguntas y sin ataques directos hacia ninguna de las partes, durante la audiencia que se extendió por espacio de una hora y media.

El abogado que representa a la Argentina, Carmine Boccuzzi, manifestó la "esperanza" de poder seguir negociando con los holdouts para alcanzar un acuerdo sobre el caso y detalló que el pago a los tenedores de bonos fue realizado porque de lo contrario el país se enfrentaba a una serie de demandas.

El magistrado neoyorquino sostuvo que "las negociaciones son importantes" y que esperaba que las mismas empezaran "esta tarde"

Por su parte, el defensor de NML Capital, Robert Cohen, comenzó planteando que Argentina había incurrido en "desacato" al realizar la transferencia, "violando" así las decisiones de los tribunales norteamericanos.

Cohen pidió además en su presentación que sea llevado adelante de forma "rápida" la orden de Discovery (pedido de información de activos de un Estado extranjero).

Buscando profundizar sobre el pago realizado ayer por Argentina, Griesa convocó al representante del Bank of New York Mellon, Eric Schaffer, quien confirmó el giro.

"Los fondos siguen en la cuenta. No pasó nada más", comentó Schaffer quien afirmó que la entidad está "al tanto" del fallo de ese tribunal y consultó al magistrado sobre los pasos que deberían dar al respecto.

"El dinero debería ser regresado a la Argentina", respondió Griesa.

Por su parte, el letrado designado como mediador para interceder entre las partes, Daniel Pollack, dijo a los medios tras el encuentro, que las negociaciones entre las partes convocadas por Griesa serían retomadas esta misma tarde. 

 

FUENTE: Télam

Si bien a la Argentina le queda la posibilidad de pedir a la Corte la posibilidad de que revea esta decisión, medida judicial que se podría concretar en un plazo de días, lo habitual es que el máximo tribunal suele responder negativamente a este tipo de peticiones.

El fallo de Griesa dictaminó que hay que pagarle el 100% a los fondos buitre NML, Aurelius, Blue Angel y otros inversores, la suma de 1.330 millones de dólares actualizables.

De esta forma, al habilitar el fallo de la Corte el pronunciamiento de Griesa, las partes deberán comparecer nuevamente ante dicho magistrado, y en ese marco se evaluará la posibilidad de algún tipo de acuerdo antes de que se efectivice la decisión de abonar a los fondos buitre el 100% de su reclamo a través del mecanismo de pago previsto por el juez.

El fallo de Griesa dictaminó que hay que pagarle el 100% a los fondos buitre NML, Aurelius, Blue Angel y otros inversores, la suma de 1.330 millones de dólares actualizables.

En noviembre de 2012 se complementó el fallo, y se dictaminó que el pago debía ser de una única vez, o a través de los fondos depositados por Argentina para abonar a los bonistas del canje, que se efectúan vía el Bank of New York, hasta completar la suma total prevista.

La aplicación había sido congelada por la Cámara de Apelaciones del Segundo Distrito de Nueva York, hasta la definición en la Corte Suprema.

Hasta hoy, Argentina se mantuvo en su posición de que no pagaría más a los fondos buitre que al resto de los bonistas que ingresaron al canje, y acudió a todas las instancias que pudo para defender su postura (el primer fallo en contra del default fue en el 2003), siendo la última la del Máximo Tribunal de EEUU, debido a que la deuda en default fue emitida en Nueva York.

Hasta hoy, Argentina se mantuvo en su posición de que no pagaría más a los fondos buitre que al resto de los bonistas que ingresaron al canje, y acudió a todas las instancias que pudo para defender su postura. 

Por su parte, los fondos buitre rechazaron en todas las instancias cobrar lo mismo que los inversores del canje, y buscaron la vía del litigio para obtener el 100% del valor nominal de sus títulos, pese a que integran la minoría del 7% que no ingresó a los canjes de deuda de 2005 y 2010.

Ahora, los tiempos judiciales volvieron al juez Thomas Griesa, quien en una audiencia brindada recientemente, dijo que las partes tendrían posibilidad de negociar un arreglo ante de continuar con la aplicación de la sentencia.

Según el blog de la Corte Suprema de EEUU, elaborado en base a notas periodísticas, "Argentina tiene la opción de solicitar a esa Corte que reconsiderara su decisión, pero tales súplicas casi nunca lo consiguen".

A partir de la decisión de la Corte de rechazar la apelación, a la  Argentina le quedan determinadas opciones.

Una de ellas es que Argentina acepte negociar con los fondos buitre el pago de 1.330 millones de dólares.

En este marco, la discusión vuelve a ser de corte legal debido a que -según determinados especialistas- si la oferta acordada resulta más favorable que la de los bonistas del canje, no se activaría la cláusula RUFO, aquella que pone en igualdad de condiciones a los bonistas del canje (vence en diciembre de 2014), ya que la operación no es voluntaria porque se trata de una solución forzada por la Corte.

Otra opción es que la Argentina se plante en su decisión de no pagarle a los fondos buitre más que el resto. Aquí se abren dos posibilidades. Una de ellas es que sean los bonistas del canje privados, como el Exchange Boldholders Group (EBG), quienes intenten negociar con Paul Singer, dueño del fondo NML, la compra de deuda a un precio mayor que el ofrecido por el país.

Por su parte, los fondos buitre rechazaron en todas las instancias cobrar lo mismo que los inversores del canje, y buscaron la vía del litigio para obtener el 100% del valor nominal de sus títulos, pese a que integran la minoría del 7% que no ingresó a los canjes de deuda de 2005 y 2010.

Esta opción es compleja, requiere juntar a todo el universo de 7% de holdouts, y habría que realizarla antes de que se complete el próximo pago a los bonistas del canje, que es el próximo 30 de junio, por 907 millones de dólares.

La segunda posibilidad en este escenario es que tampoco haya acuerdo privado. Allí, la Argentina tendrá que decidir si cambia el domicilio de pago debido a que todo monto que ingrese el Bank of New York para el pago a bonistas con títulos reestructurados serán tomados para el cumplimiento de la decisión de Griesa.

Los especialistas coinciden en que si la decisión pasa por volver a realizar un llamado a todos los tenedores de deuda argentina que canjearon y barajar de nuevo las condiciones de pago, se activarán las cláusulas de acción colectiva de los bonos del canje, y el Gobierno deberá reunir mayorías, en favor de esa decisión.

El riesgo de una decisión de este último tipo es que la nueva operación puede ser interpretada por la Corte de Estados Unidos como "desacato" a la orden de hoy, por lo que habrá que ver las nuevas medidas que se puedan disponer frente a esta situación.
 

 

FUENTE: Télam

 El gobierno se reunió con funcionarios del Banco Mundial, así como con el FMI, en el medio de las reuniones de primavera que ambos organizan en Washington D.C. La asistencia de los ministros de Economía a dichas conferencias es una tradición, dado que el país es miembro de esas instituciones. En los encuentros particulares con el Banco Mundial se trataron los créditos demorados y la aceleración de los nuevos préstamos para proyectos de infraestructura y desarrollo, aunque no se discutieron montos ni objetivos.

El ministro de Economía, Axel Kicillof, regresó ayer de su participación en las jornadas de primavera que realizaron en conjunto el Fondo

Desde el gobierno dialogaron con la entidad sobre el retraso del financiamiento para obras argentinas. Asimismo, se pidió que esos créditos se destraben, y que los nuevos se agilicen.

Monetario Internacional y el Banco Mundial en Washington D.C. El gobierno se reunió con ambas instituciones financieras, pero negó las negociaciones sobre futuros financiamientos del FMI. Es importante recordar que el objetivo de ambas instituciones difiere: mientras que el Fondo presta para resolver los desequilibrios comerciales de los países, el Banco Mundial genera créditos a tasas bajas para proyectos de desarrollo e infraestructura, con estricta supervisión de los resultados.

Es con esta última entidad con la que se dialogó más estrechamente. Desde el gobierno dialogaron con la entidad sobre el retraso del financiamiento para obras argentinas. Asimismo, se pidió que esos créditos se destraben, y que los nuevos se agilicen. El Banco Mundial se comprometió a avanzar en ese sentido, aunque no comentó plazos concretos. Desde Economía tampoco hubo propuestas de proyectos ni de montos concretos, que deberían ser discutidos en alguna reunión posterior.

Con el FMI, en tanto, las relaciones también fueron cordiales, pero distantes. No se discutió la cuestión del artículo 4 del Estatuto del Fondo, que exigiría que el organismo audite las cuentas del país, según el director para el hemisferio occidental, Alejandro Werner.

Tampoco hubo una reunión para negociar el otorgamiento de créditos por parte de esa entidad. Fuentes del gobierno negaron que haya algún plan para pedir fondos a este organismo. Las discusiones fueron mayoritariamente de corte estadístico, por las nuevas metodologías del INDEC para precios y la nueva base del PBI. El FMI diagnosticó que hay avances en la dirección correcta, pero que todavía están realizando el análisis estadístico y técnico necesario para emitir conclusiones finales.

También hubo críticas por parte de Kicillof al informe del FMI con perspectivas negativas respecto de Argentina.
Otra negociación importante fue con el viceministro de Finanzas de China, Zhu Guangyao.

Desde el ámbito oficial negaron que haya acuerdos de financiamiento y sostuvieron que existe un convenio de swaps de larga data, que, de ejecutarse, debe ser negociado entre los Bancos Centrales.

Por otro lado, se discutió la posibilidad de ampliar el intercambio comercial y la cuestión del financiamiento de las represas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic, que se encuentran detenidas por cuestiones de papeleo con las aseguradoras.

Las reuniones que se desarrollaron en Estados Unidos también mostraron un profundo descontento de los países con el accionar y las políticas de estos organismos, en particular sobre las desigualdades y la persistencia de la crisis. Hay, incluso, una propuesta del G-20 para reformar el FMI.

 

FUENTE: Tiempo Argentino 

En esto días el gobierno argentino pareció avanzar algunos pasos en lo que hace tiempo que viene buscando: darle un final al capítulo, todavía abierto, de la salida de la convertibilidad. En octubre del año pasado se regularizó la situación en el CIADI con cinco empresas norteamericanas que eran la excusa perfecta para Estados Unidos para marginar a la Argentina en cualquier posible acuerdo financiero con algún organismo internacional. A esto, se suma el intento de lograr un acuerdo definitivo con el Club de París que motivó un viaje del Ministro de Economía a dicha ciudad. Ambas cuestiones son de una relevancia mayúscula para volver a foja cero con la cuestión de la deuda.

Un posible endeudamiento externo no puede ir a parar a la fuga de capitales como en los 90 y (...) la autonomía de los organismos internacionales lograda no puede ponerse en tela de juicio

Al mismo tiempo, la importancia de no abrir un nuevo frente mientras se cierran los ya mencionados es crucial para lograr los objetivos del gobierno. En este sentido, la posible normalización de la situación con REPSOL mediante la indemnización, próxima a aprobarse en la Cámara de Diputados, implicaría un problema menos para las autoridades argentinas ya que la empresa española se comprometió a retirar sus demandas ante el CIADI y a no iniciar acciones legales futuras.

Mientras el panorama empieza a despejarse, YPF consigue fondos por u$s 1.000 millones en el mercado y se empieza a especular con que el gobierno utilizaría parte de los u$s 3.000 millones de la línea de crédito que posee con el Banco Mundial, cuya apertura fue consecuencia del recién mencionado acuerdo con las cinco empresas de Estados Unidos. Otro rumor en danza es la llegada de un crédito de Goldman Sachs que vendría de la mano de un posible acuerdo con los fondos buitres, el último peldaño hacia la salida del default.

La intención de llegar a buen puerto con el CIADI, los fondos buitres, REPSOL y el Club de París pueden ser pensados de esta forma: el gobierno interpreta que las causas que llevaron a la devaluación del peso en enero son de carácter netamente financiero. Es decir, se rechaza de plano aquella explicación que sostiene que la economía argentina había perdido competitividad a causa de la apreciación del peso y que una desvalorización de la moneda pueda recomponer la balanza de pagos vía aumento de las exportaciones.

Hoy las directivas que cumple el ministro Kicillof son claras: el frente exterior debe estar ordenado.

Entonces, ¿el nuevo escenario de la Argentina ante el sistema financiero internacional es una cuestión meramente coyuntural? Definitivamente no. El gobierno parece haber tomado plena consciencia de que un cimbronazo como el de enero puede poner en riesgo algunas de las conquistas de la última década. Tasas de interés reales negativas que impulsen el crecimiento industrial, la visión de que la competitividad de la economía solo puede incrementarse en un contexto de pleno empleo o incluso la propia distribución del ingreso se intentaron poner en juego mediante la corrida cambiaria.

Hoy las directivas que cumple el ministro Kicillof son claras: el frente exterior debe estar ordenado. Así, podrá reducirse al mínimo cualquier intento de corrida financiera en el corto plazo y evitar que el sector externo actúe como obstáculo al crecimiento futuro basado en factores estructurales de la economía como lo son una mano de obra capacitada a precios relativamente menores que los del mundo desarrollado, un mercado de consumo en constante crecimiento de la mano de un mejor salario real o el potencial energético que brinda Vaca Muerta.

A su vez, esto debe lograrse sabiendo que un posible endeudamiento externo no puede ir a parar a la fuga de capitales como en los 90 y teniendo claro que la autonomía de los organismos internacionales lograda no puede ponerse en tela de juicio. Estas cosas el gobierno parece tenerlas claras. La venta irrestricta de divisas no es compatible con un endeudamiento internacional de YPF destinado a financiar sus inversiones y que el FMI colabore en la elaboración de un índice de precios no es lo mismo a que audite las cuentas públicas.

Así de claro está también el hecho de que pueden utilizarse diferentes herramientas para dar respuesta a distintas situaciones, pero el modelo de crecimiento con inclusión social no se discute. 

 

(*) Investigador de la Fundación para la Integración Federal

A mediados del año pasado la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe aprobó modificaciones al Fondo para Obras Menores, las cuales fueron modificadas en el Senado y al ser aceptadas por la primera cámara dieron origen a la sanción de una nueva ley hace unas semanas atrás. Ante esta situación el Poder Ejecutivo sostuvo que la vetaría de forma inmediata.

En su momento, el ministro de Gobierno y Reforma del Estado, Rubén Galassi, sostuvo la decisión indicando que “se da una situación injusta con las dos ciudades más grandes de la provincia, que son Rosario y Santa Fe, donde vive el 40% de los santafesinos”. Además, justificó el posible veto ya que se “desnaturaliza el espíritu que tenía la ley y, en los hechos, es casi una modificación al régimen de coparticipación a municipios y comunas porque si no se cumplen determinados plazos se habilita a los gobiernos locales a que avancen con los proyectos cuando la idea original era que las obras sean discutidas y consensuadas, tanto en los concejos municipales como en las comisiones comunales”. (Diario La Capital, 4/11/2013)

No obstante, esta semana fue novedad el hecho de que el Poder Ejecutivo habría incurrido en defectos formales en el veto de la ley, lo que según legisladores de la oposición implicaría la plena vigencia de la ley. (Sin Mordaza, 29/11/2013)

Para poder comprender a que se debe este debate es preciso repasar qué son los fondos en cuestión y cuál es la situación que implicaría una nueva distribución de los mismos, lo que traería aparejado un impacto no menor para las pequeñas localidades. Si se buscará solucionar los defectos formales del veto o se avanzará con una nueva ley que incluya a las ciudades de Rosario y Santa Fe dependerá de las principales autoridades del Poder Ejecutivo provincial.

A mediados del año pasado la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe aprobó modificaciones al Fondo para Obras Menores, las cuales fueron modificadas en el Senado y al ser aceptadas por la primera cámara dieron origen a la sanción de una nueva ley hace unas semanas atrás. Ante esta situación el Poder Ejecutivo sostuvo que la vetaría de forma inmediata.

¿Cuánto dinero hubiera recibido en 2013 cada localidad con la nueva ley? ¿Cuánto es lo que pone en juego cada una de ellas si la ley se veta o se reforma? ¿Los municipios más chicos se perjudican o se benefician?

Para analizar estas cuestiones se analizan tres posibilidades: la primera muestra los montos que hubieran obtenido Rosario, Santa Fe y las restantes ciudades/localidades en el año 2013, a través del Fondo del Conurbano y el Fondo para Obras Menores en el caso en que no se incluya a Rosario y Santa Fe dentro de este último. La segunda muestra los montos que se hubieran obtenido si Rosario y Santa fe hubieran estado incluidas en el Fondo para Obras Menores, además de recibir sus montos correspondientes al Fondo del Conurbano. La tercera muestra los montos que se hubieran obtenido si Rosario y Santa Fe hubieran estado incluidas en el Fondo para Obras Menores y el monto obtenido del Fondo del Conurbano se hubiera aportado para el monto a repartir en el Fondo para Obras Menores. Es decir, ambas ciudades entrarían al FOM “aportando” los fondos con los que hoy cuentan.

Estos serían los resultados para las ciudades que más reciben en cada uno de los 3 casos (ver PDF con los montos que percibiría cada una de las 362 localidades de la Provincia de Santa Fe).

Nota: a los fines de determinar los montos totales implicados a los montos de las últimas 2 columnas habría que agregarle los $ 20.500.000 y $ 8.500.000 que reciben actualmente Rosario y Santa Fe por Fondo del Conurbano.

El primer caso es el de hoy en día y muestra los fondos que hubieran recibido las grandes ciudades de haber estado vigente la nueva ley en 2013. También se ve como los montos percibidos por las demás ciudades se han ido acercando a los recibidos por Santa Fe y Rosario por el Fondo del Conurbano, el cual es un fondo nacional cuyos fondos son fijos y no se actualizaron en el tiempo como si lo hizo el Fondo para Obras Menores. De ahí el creciente interés de Rosario y Santa Fe por participar del reparto de estos recursos.

El segundo caso se daría con una ley que incluya a Rosario y Santa Fe dentro del Fondo para Obras Menores y no se comparta el monto que estas ciudades reciben del Fondo del Conurbano. De darse esta situación, se perjudicaría notoriamente al resto de las ciudades/localidades de la provincia, ya que no se aumentaría el monto a repartir y Rosario y Santa Fe se quedarían con cerca del 30% del total de fondos distribuidos, sumado a lo que reciben del Fondo del Conurbano. No es muy difícil imaginar la oposición que presentarían el resto de las grandes ciudades de la provincia a una reforma como esta, ya que la disminución de los recursos recibidos por cada una de estas rondaría el 40%.

Por último, una ley que incluya a Rosario y Santa Fe e incorpore dentro del monto a repartir lo que estas ciudades reciben del Fondo del Conurbano perjudicaría a 273 ciudades/localidades de la provincia (entre las que se encuentran las principales ciudades), aunque beneficiaría a las 87 localidades más pequeñas. Estas últimas ubicadas por debajo de los $230.000 pesos anuales, pasarían a recibir algunos miles de pesos más producto del impacto de la incorporación de los Fondos del Conurbano.

Estos datos y los fondos en juego hacen pensar que esta discusión está lejos de haber sido zanjada y en los próximos días volveremos a escuchar hablar de nuevo a funcionarios del Ejecutivo, Intendentes o legisladores opositores sobre el Fondo para Obras Menores.

 

(*) Investigador de la Fundación para la Integración Federal

El Programa de Crédito Argentino (PRO.CRE.AR), el día martes 22 de Octubre de 2013 les dio a 15.654 familias santafecinas la posibilidad de obtener sus viviendas, refaccionarlas o ampliarlas. Una vez más el gobierno nacional refuerza el objetivo de fortalecer el núcleo familiar, institución básica de toda sociedad, al mismo tiempo que da respuesta a una de las demandas sociales que más han crecido en los últimos años.

Pero este programa implementado por el Estado Nacional trae otros efectos deseados, “inyectar actividad económica a la provincia y fortalecer la industria de la construcción”, sector dinamizador en el proceso de crecimiento de un país.

Para este octavo sorteo realizado por la Lotería Nacional, los inscriptos a nivel nacional fueron 364.868, y los beneficiados 158.176, de los cuales nuestra provincia obtuvo cerca del 10% del total de los sorteados.

En el siguiente cuadro se esboza la distribución de los beneficios en sus diferentes líneas que recibió la provincia de Santa Fe:

 

 

En el gráfico podemos ver dos líneas de créditos nuevas, Línea compra de vivienda a estrenar y Línea compra de terreno y construcción, las mismas fueron anunciadas por la jefa de estado en el acto que encabezó en el museo del Bicentenario en septiembre de este mismo año.

En la primer línea nueva, “a Estrenar”, el total de créditos a otorgarse a nivel nacional fue de 20.000, con una inscripción de 84.509. Con esta herramienta económica el estado busca seguir inyectando dinamismo a uno de los principales mercados de cualquier economía, el Inmobiliario. Siguiendo con la misma lógica se busca que las principales ciudades del país como Rosario, Mendoza y Capital Federal, entre otras, que poseen un fuerte crecimiento del sector y donde hay más necesidades de vivienda, las familias sorteadas puedan redirigir sus esfuerzos locatarios hacia créditos hipotecarios, paliando el descuido que el sector privado financiero viene llevando a cabo sobre este tipo de créditos.

¿Por qué decimos que el sector privado financiero no dedica esfuerzo a líneas de créditos hipotecarias? Veamos el siguiente gráfico para aclarar la duda.

 

 

Como se observa la diferencia entre los dos sectores es exagerada sin disimulo. En el año 2012 el sector financiero privado ha generado aproximadamente 29.290 operaciones de créditos hipotecarios[1], donde el mismo guarismo encierra no solo créditos para viviendas personales sino también créditos para el sector no residencial, es decir, para otros usos que no sean la adquisición de viviendas únicas, familiar y de ocupación permanente. Así, comparándolas con la entrega de las cuatro líneas de créditos del plan PRO.CRE.AR, se distingue que en el año 2013 representa casi 9,15 veces los créditos privados. Aun más, si se dedujeran los créditos no destinados a viviendas, como por ejemplo ampliaciones de locales de empresas comerciales o pequeñas industrias, el multiplicador seria ampliamente más grande, cerca de 12 veces, según fuentes oficiales.

"...este programa implementado por el Estado Nacional trae otros efectos deseados, “inyectar actividad económica a la provincia y fortalecer la industria de la construcción”, sector dinamizador en el proceso de crecimiento de un país."

El sector financiero privado ha puesto siempre la excusa de que no se pueden ofrecer créditos a largo plazo dado que los depósitos que ellos reciben son la gran mayoría a corto plazo. Pero en todo el mundo existe este problema de descalce, y se han solucionado mediante otros instrumentos financieros. Más aun, los bancos privados han obtenidos en los últimos años rentabilidades extraordinarias, que en otros países del mundo no se obtienen.

Observando la segunda línea nueva (“compra de terrenos y construcción”), y añadiéndoles las otras dos líneas clásicas de anteriores sorteos, (“construcción por un lado y refacción, terminación y ampliación por el otro”), obtenemos un total de 13.314 familias sorteadas listas para presentarse ante el Banco Hipotecario.

El gobierno nacional busca con estas tres líneas anteriormente mencionadas no sólo satisfacer las necesidades de viviendas demandadas, sino también, reforzar la actividad del sector de la construcción, que ha mantenido su tendencia de crecimiento en los últimos meses.

Esta complementación a la actividad constructora por parte del Estado se analiza teniendo en cuenta que por cada familia alcanzada por el plan, se crean tres empleos directamente relacionados con las obras, y a su vez se crea la necesidad de insumos como por ejemplo: cemento, ladrillos huecos, pinturas para construcción, hierro redondo para hormigón, cerámicos, maderas entre muchas más. Así, a través de la demanda a los proveedores de estos insumos, se están creando dos puestos de trabajos indirectamente relacionados a cada familia (obra) beneficiada por el PRO.CRE.AR, datos dados a conocer por el Secretario de Política Económica y Planificación del Desarrollo, Axel Kicillof.

Llevando a cifras lo arriba expuesto nos encontramos que para Santa Fe con el octavo sorteo del programa  se demandará mano de obra, creando o manteniendo la existente, alrededor de:

·         Puestos de trabajo creados directamente por el plan: 39.942 empleos.

·         Puestos de trabajo creados indirectamente por el plan: 26.628 empleos.

·         Puestos de trabajo directos/indirectos creados por el plan: 66.570 empleos.

Vemos como sólo para la provincia de Santa Fe se crearán 66.570 puestos de trabajo, cifra no despreciable, viendo así el gran impacto económico que se generan a través de estos programas, tan demandados por la población, y tan poco ofrecidos por el sector privado.

 

(*) Investigador de la Fundación para la Integración Federal

 

 

 

 

En el marco de la discusión de los presupuestos nacional y provincial, mediante el estudio de estas cuatro premisas se busca dilucidar si la evidente ausencia de obras públicas en los últimos años en nuestra provincia obedece a cuestiones de orden nacional o si tiene sus causas en cuestiones internas. Veamos cuáles son.

 

“EN TERRITORIO SANTAFESINO LA PROVINCIA INVIERTE Y LA NACIÓN NO”

En lo que respecta a la incidencia de la nación en la provincia, nuestros argumentos para demostrar el impacto del Presupuesto Nacional 2014 en Santa Fe ya fueron esgrimidos anteriormente, por lo cual, no se volverá sobre el tema. Pero analicemos la primer parte del enunciado. El Estado provincial, ¿invierte realmente lo que debería invertir?

Observando el siguiente cuadro se puede observar que la inversión pública disminuye año tras año en la provincia de Santa Fe, terminando el año pasado en niveles similares a 2002, lo que ya en esa fecha permitía evidenciar la gravedad del asunto. No obstante, al ser el 2013 un año de mayor actividad económica y mayor recaudación, se podría haber previsto una mejora en los niveles de inversión. Lejos de ser así, la situación se ha agravado, llegando, en junio de 2013, a una inversión real directa de 2,75% del gasto total. Es decir, según el último dato Santa Fe invierte 2 pesos y 75 centavos por cada $100 que gasta.

A su vez, si miramos la inversión por habitante realizada por el Estado Provincial podemos ver que nuestra provincia es la segunda provincia que menos ha invertido en el país entre 2008 y 2011, con $330 por habitante cuando el promedio provincial fue de $1.388. Corrientes, la siguiente en la lista ha invertido en el mismo período $525 por habitante, es decir, un 60% más que Santa Fe.

Finalmente, la falta de datos no permite analizar la situación para todas las provincias pero el hecho de que Santa Fe en 2012 solo haya invertido $365 por santafesino nos da la pauta que la gravedad de la situación no ha cambiado y nuestra provincia se encuentra en los últimos lugares del ranking de inversión pública.

 

“LA PROVINCIA INVIERTE POCO PERO, AL MENOS, CUMPLE CON LO ESTIPULADO EN SUS PRESUPUESTOS”

En Santa Fe se sub-ejecutan sistemáticamente los presupuestos de las partidas referidas a la inversión pública. Como se ve en el siguiente cuadro, en 2012 sólo se ejecutó el 44,11% de lo presupuestado y desde 2008 la subejecución total supera ampliamente los 3 mil millones de pesos.

Asimismo, el hecho de que hasta el mes de junio de este año se haya llevado a cabo el 21,75% de la inversión presupuestada nos da la pauta que difícilmente se llegue a cumplimentar con la mitad de la inversión pública prometida para el corriente año.

Viendo esto, las quejas acerca de la prolongación de los plazos de proyectos de inversión del presupuesto nacional parecerían ser por demás de exageradas y tener su real explicación en la intención de sacar el foco de atención del verdadero problema de la inversión en la provincia: se prometen obras por $100 y sólo se desembolsan $44.

 

“EL ESTADO PROVINCIAL NO INVIERTE PORQUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS”

Basta ver el siguiente cuadro para darse cuenta que el tamaño de las finanzas del Estado Provincial se ha casi triplicado entre 2007 y 2012, ya sea por el lado del gasto como de los recursos. Pero en 2012 la inversión pública cerró solo un 13,54% por encima de la de 2007, el último año de la gestión Obeid.

 

“LA PROVINCIA DE SANTA FE CUENTA CON LOS RECURSOS PERO, AL LLEVARSE A CABO UN IMPORTANTE PROCESO DE DESCENTRALIZACIÓN DE LOS MISMOS, SE QUEDA SIN MARGEN PARA REALIZAR LAS INVERSIONES”

De cumplirse lo que se acaba de enunciar no habría nada que criticar ya que transferir recursos a los municipios para que sean estos los cuales ejecuten las obras necesarias es algo positivo, siempre y cuando las obras de gran magnitud queden bajo la órbita de un nivel superior del Estado con la espalda financiera suficiente para afrontarlas.

Se escuchó decir en estos días a varios diputados que la distribución de los recursos en 2014 sería 75% y 25% entre nación y provincias. ¿Qué visión tendrán entonces estos legisladores acerca del 92% para la provincia y 8% para los municipios que tuvo lugar en la provincia de Santa Fe en 2012?

No obstante, la descentralización de recursos no es algo de lo cual se pueda jactar el gobierno de nuestra provincia. El año pasado, Santa Fe ha transferido sólo el 8,64% de sus recursos totales, muy por debajo de lo transferido por otras provincias cuando, por ejemplo, entre 2008 y 2011 el promedio nacional fue de 13,5%.

En este sentido, más que datos duros, es mejor analizar las declaraciones políticas de principios de este año. El Concejo Municipal de la ciudad de Santa Fe se manifestó de forma unánime para reclamar la incorporación de la ciudad al Fondo de Obras Menores y así lograr obtener más recursos para el municipio. En Rosario, la Intendenta se expresó en la misma dirección a la hora de inaugurar las sesiones ordinarias del Concejo Municipal de Rosario y afirmó que haría el reclamo pertinente al Gobierno Provincial. No es un dato menor que ambas ciudades estén gobernadas por el FPCyS y así y todo reclamen enérgicamente una mayor descentralización de los recursos.

Todo esto también gana relevancia cuando se piensa que una correcta descentralización es lo que más se reclama al Estado Nacional, acusándolo a veces de querer poner de rodillas a las provincias. De hecho, para reforzar esta opinión, se escuchó decir en estos días a varios diputados que la distribución de los recursos en 2014 sería 75% y 25% entre nación y provincias. ¿Qué visión tendrán entonces estos legisladores acerca del 92% para la provincia y 8% para los municipios que tuvo lugar en la provincia de Santa Fe en 2012?

CONCLUSIONES

La discusión acerca de la falta de inversión pública en Santa Fe requiere de una discusión seria y debe contemplar las cuestiones aquí enunciadas como también aquellas referidas a cuestiones tributarias que quedaron truncas en la anterior reforma o aspectos puntuales de ineficiencias en la gestión de algunas reparticiones estatales. Pero para poder llevar a cabo este debate es necesario contemplar que la naturaleza del principal problema es de carácter local y todo intento de desviar la atención de este foco no hace más que profundizar la gravedad de la situación hoy existente, en perjuicio de todos los santafesinos.

 

(*) Investigador de la Fundación para la Integración Federal