Las principales economías, entre ellas Estados Unidos, la Unión Europea, China y otros países del G20, ya han señalado su apoyo a una nueva asignación de 650.000 millones de dólares de los activos de reserva del FMI, los derechos especiales de giro (DEG), para garantizar que los gobiernos en países de bajos y medianos ingresos tengan los medios para combatir la pandemia del COVID-19 y se encaminen en el sendero de la recuperación liderada por la inversión. Con liderazgo, audacia y creatividad, esta cooperación financiera global puede ayudar a poner fin a la pandemia.
La inmunización masiva es esencial. Menos de un año después de que se identificara y se secuenciara por primera vez el SARS-CoV-2, el virus que causa el COVID-19, el respaldo financiero de los gobiernos –incluidos Estados Unidos, el Reino Unido, Alemania, Rusia, China e India- permitió que varias compañías desarrollaran vacunas seguras y efectivas. Los países ricos que rápidamente negociaron acuerdos favorables con fabricantes de vacunas han recibido la mayoría de las dosis hasta el momento. Pero poner fin a la pandemia exige que todos los países alcancen una cobertura de vacunas integral lo antes posible. En términos prácticos, el objetivo debería ser no más allá de fines de 2022.
Una empresa global inédita de esta envergadura exige una fuerte cooperación, con respaldo financiero incluido. Ahora bien, la urgencia nos debería resultar clara a todos. Mientras el COVID-19 persista en tasas elevadas de transmisión en alguna parte del mundo, la pandemia seguirá alterando la producción, el comercio y el turismo globales, y también dará lugar a mutaciones virales que amenazan con minar la inmunidad adquirida previamente de infecciones y vacunaciones pasadas. Peor aún, en la trayectoria actual, el COVID-19 bien podría convertirse en una endemia en muchas regiones del mundo, imponiendo altos costos sanitarios y económicos en los próximos años. Como enfatizó esta semana Janet Yellen, secretaria del Tesoro de Estados Unidos, todos los países, por ende, comparten un fuerte interés en terminar con la pandemia en todas partes.
Los gobiernos del mundo crearon el Acelerador del Acceso a las Herramientas contra el COVID-19 (ACT-A), que incluye el programa de Acceso Global para Vacunas contra el COVID-19 (COVAX), el pilar de vacunas de ACT-A, para garantizar un control universal del SARS-CoV-2. Pero si bien ACT-A y COVAX han diseñado planes globales para vacunas, testeos y tratamientos, es necesario fortalecer los planes con urgencia por dos razones íntimamente relacionadas.
Primero, el objetivo operacional que utiliza actualmente COVAX –un mínimo del 27% de la población de todos los países elegibles inmunizada para fines de este año- debe elevarse a una vacunación de todos los adultos para fines de 2022. Esto es necesario para terminar con la pandemia y reducir las posibilidades de nuevas mutaciones.
Segundo, se necesita con urgencia una planificación hasta fines de 2022, dados los plazos de ejecución para ampliar la producción y las cadenas de suministros de vacunas y otras materias primas cruciales. Sin embargo, ACT-A y COVAX siguen infrafinanciadas inclusive para 2021: los 11.000 millones de dólares que los gobiernos han asignado hasta la fecha revelan una brecha de financiamiento de 22.000 millones de dólares para este año –una escasez que hasta el momento ha demorado una planificación necesaria hasta fines de 2022-. Mientras tanto, la escasez actual de vacunas lleva a los países a pelear para adelantarse en la fila, inclusive pagando precios muy altos. Esto subraya la necesidad urgente de garantizar que todos los países, inclusive los más pobres, puedan alcanzar una cobertura de vacunas integral de una manera justa y a su debido tiempo.
Las sumas adicionales necesarias para garantizar una cobertura de vacunas universal para fines de 2022, y otros suministros para el COVID-19, son modestas –quizá 50.000 millones de dólares para ACT-A-. Es una cifra desdeñable en relación a los enormes beneficios globales que implica terminar con la pandemia y el gigantesco gasto relacionado con la pandemia por parte de los gobiernos de países de altos ingresos en todo el mundo. El gobierno de Estados Unidos por sí solo ha gastado aproximadamente 5 billones de dólares en partidas de emergencia entre marzo de 2020 y marzo de 2021.
Para hacer su trabajo, ACT-A (incluido COVAX) necesita un financiamiento inicial para cubrir las necesidades de vacunas en 2022. Dado que aumentar la producción de vacunas (y de algunas otras materias primas) requiere un plazo de ejecución de 6-12 meses, deberían garantizarse los 50.000 millones de dólares en las próximas semanas, para que ACT-A y COVAX puedan trabajar con los fabricantes a fin de asegurar los suministros necesarios. La asignación de nuevos DEG del FMI ofrece una oportunidad extraordinaria –y tal vez la única- para conseguir este financiamiento.
Cuando se emitan los nuevos DEG, alrededor de 20.000 millones de dólares de nuevas reservas irán directamente a los países más pobres. Además, alrededor de 100.000 millones de dólares o más que se asignan a países ricos serán reciclados al FMI para ser utilizados en préstamos de largo plazo y bajo interés. La directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, ha estado trabajando de manera estrecha y creativa con gobiernos del G20 en el diseño de esta estrategia novedosa y prometedora. Una excelente idea es utilizar los DEG para impulsar el Fondo Fiduciario para el Crecimiento y la Lucha contra la Pobreza (FFCLP) del FMI, el mecanismo de financiamiento del Fondo para los países pobres.
En este sentido, existe un precedente importante. En 2015, el FMI creó un Fondo Fiduciario para Alivio y Contención de Catástrofes destinado a ayudar a ofrecer financiamiento de emergencia para el control del ébola a Guinea, Liberia y Sierra Leona. Esta vez, el financiamiento del FFCLP podría estar condicionado a su uso para abastecimientos relacionados con ACT-A y COVAX y para otras medidas de control del COVID-19 que el gobierno prestatario documente ante el FMI (como reembolsos para vacunas contra el COVID-19 que han sido contratadas por los estados miembro fuera de COVAX).
ACT-A ahora está preparando estimaciones del financiamiento que los 92 países de bajos y medianos ingresos del mundo elegiblespara el respaldo de COVAX necesitarán para vacunas, testeos, terapéutica y otros suministros hasta fines de 2022. En base a las necesidades de financiamiento estimadas, se puede generar un plan financiero de ACT-A para cada país, que sería respaldado con los DEG y los fondos ampliados del FFCLP.
En las próximas semanas, debería estar listo un plan racional para financiar las necesidades de la balanza de pago del COVID-19 de todos los países hasta fines de 2022. El FMI fue creado para manejar una emergencia de balanza de pagos de estas características. El acceso al financiamiento del FMI protegerá el bienestar y la estabilidad macroeconómica de los países individuales y del mundo en general. Debemos aprovechar esta oportunidad crítica para que las Naciones Unidas, el FMI y gobiernos clave –entre ellos Estados Unidos, China, Rusia, la UE, Japón, el Reino Unido y otros- cooperen de manera efectiva por el bien de la humanidad.
FUENTE: Project Syndicate
(*) Jeffrey D. Sachs, Professor of Sustainable Development and Professor of Health Policy and Management at Columbia University, is Director of Columbia’s Center for Sustainable Development and the UN Sustainable Development Solutions Network. He has served as Special Adviser to three UN Secretaries-General. His books include The End of Poverty, Common Wealth, The Age of Sustainable Development, Building the New American Economy, and most recently, A New Foreign Policy: Beyond American Exceptionalism.
