Cambio de táctica, misma estrategia

La oposición venezolana y varios países de la región han decidido que la única solución para la crisis en Venezuela es la destitución de Nicolás Maduro de la presidencia del país caribeño, y en pos de ello, desde hace más de 2 años, han desplegado un complejo y heterogéneo conjunto de iniciativas: la creación del Grupo de Lima; el no reconocimiento al proceso electoral venezolano en 2018, así como a la posterior asunción de Maduro a un nuevo mandato; el juramento de Juan Guaidó como presidente encargado; el reconocimiento de varios países de la región a Guaidó como autoridad máxima del país; el intento de ingreso de ayuda humanitaria, con concierto musical incluido; la instigación a sectores de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) a realizar un levantamiento contra el gobierno chavista; la liberación del opositor Leopoldo López; la amenaza de intervención de los Estados Unidos; la mediación de Noruega en el diálogo entre el Gobierno y la oposición; y las sanciones económicas direccionadas tanto hacia los activos de Venezuela en el exterior como a personas físicas ligadas al gabinete de Maduro, entre otras.

A esta larga lista, hay que agregarle una última medida: el intento de aplicar el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), en el seno de la Organización de Estados Americanos (OEA), contra la República Bolivariana de Venezuela.

Ante el fracaso que cada uno de los hechos mencionados en la lista anterior supuso para lograr el objetivo final, que es lograr un cambio de gobierno en Venezuela, la activación del TIAR supone un paso más, que materializa la necesidad de otorgarle a esta estrategia un marco jurídico e institucional, además de poner sobre la mesa una serie de posibles medidas y extenderlas a terceros Estados que no son parte del continente americano.

¿’Letra muerta’ o instrumento válido?

El TIAR es un pacto de defensa mutua interamericana firmado en el año 1947 y pensado por los Estados Unidos de América, en su rol de potencia hemisférica, como un instrumento de seguridad para el escenario bipolar que caracterizó la segunda posguerra.

En su artículo 3°, el TIAR afirma que “en caso de un ataque armado por cualquier Estado contra un Estado americano será considerado como un ataque contra todos los Estados Americanos, y en consecuencia, cada una de las Partes Contratantes se compromete a ayudar a hacer frente al ataque en ejercicio del derecho inmanente de la legitima defensa (…)”.

Se comprende que, ante la coyuntura geopolítica reinante en esos años, un esquema de seguridad semejante fue ungido para institucionalizar la defensa del continente frente a posibles ofensivas militares provenientes de países extra hemisféricos.

No obstante, muchos de los detractores de este Tratado han señalado que constituye ‘letra muerta’, fundamentalmente en América Latina. Ejemplo de esto es que su aplicación brilló por su ausencia en la caso de la Guerra de Malvinas, donde una potencia extra hemisférica protagonizó una conflagración bélica con la república Argentina.

De todas maneras, el TIAR ha sido invocado una veintena de veces, siendo la última en el año 2001, luego del atentado en Nueva York, el 11 de septiembre. Sin embargo, en la mayoría de estas ocasiones, y a razón de conflictos en América Central, los mecanismos que resolvieron estas crisis respondieron mayormente a esquemas ad hoc, como el Grupo Contadora, y no a las medidas contempladas en el TIAR.

Desde su firma en la década del 40 hasta nuestros días, varios países de los 24 originales que suscribieron el TIAR lo han abandonado: México, Bolivia, Ecuador, Nicaragua, Cuba y Venezuela. Pero desde la autoproclamación de Juan Guaidó como presidente encargado y su posterior reconocimiento por parte de la Secretaría General de la OEA, el presidente de la Asamblea Nacional tramitó la reincorporación de Venezuela al TIAR, y ha pedido su activación contra su propio país.

Para esto, los cancilleres que votaron a favor de iniciar la activación del TIAR contra Venezuela se apoyaron en el artículo 6°, que no define con precisión qué constituye una amenaza a la paz y seguridad regionales. Solamente establece que el Órgano de Consulta debe reunirse inmediatamente si la soberanía de un Estado americano se pone en riesgo por tres supuestos: una agresión, un conflicto intracontinental o extracontinental, o cualquier situación o hecho que pueda poner en peligro la paz de América. Este último supuesto es el que resulta problemático al ofrecer una interpretación muy amplia y ambigua de lo que podría constituir un peligro a la paz.

Los Estados que pidieron la invocación del Tratado, y más concretamente Colombia, argumentaron que Maduro apoya a los grupos considerados “narcoterroristas” como el Ejército de Liberación Nacional o las FARC. A raíz de esto, Venezuela pondría en peligro la paz de América y por consiguiente, el Tratado podría ser aplicado por lo expuesto en el artículo 6°.

Por todas estas cuestiones, 12 países, incluido el representante de Guaidó en el TIAR, votaron a favor de la convocatoria al Órgano de Consulta, que evaluará las medidas a tomar, y que están especificadas en el artículo 8°. Estas medidas van desde la ruptura de relaciones diplomáticas hasta el uso de la fuerza militar.

Paraguas jurídico y advertencia a terceros

La convocatoria al Órgano de Consulta, que el 23 de septiembre resolvió empezar a estudiar las posibles aplicaciones del TIAR, constituye un marco jurídico para lograr la intervención, ya sea económica, política o militar, en Venezuela. Y esto supone una cuestión inédita en el tratamiento de la crisis, ya que las iniciativas mencionadas en el primer apartado que no concluyeron en el derrocamiento de Maduro carecían de un esquema institucional en el cual ampararse, sino que se sustentaron en tácticas ad hoc sin obligaciones para los países que participaron en ellas.

Por otro lado, y ante las acusaciones de los Estados Unidos a Rusia y a China de sostener al gobierno chavista, el TIAR también supone un instrumento a través del cual los Estados americanos pueden actuar en conjunto en el caso que una potencia extranjera intervenga en las cuestiones regionales. Si bien esto parece improbable, ya que las acciones rusa y china han sido fluctuantes y no han ido más allá de apoyo logístico o comercio armamentístico, es un factor a tener en cuenta dada la importancia geopolítica que tiene Venezuela y la interdependencia que caracteriza las relaciones entre las potencias mundiales.

Conclusiones

La iniciativa para activar el TIAR puede suponer otra medida insuficiente para la oposición venezolana y sus aliados en su objetivo de forzar la salida de Nicolás Maduro de la presidencia de Venezuela, o bien puede significar un paso más hacia una posible ofensiva militar.
Resulta preocupante esto último, ya que el sistema interamericano tiene herramientas que contemplan la solución pacifica de las controversias y que no han sido tenidas en cuenta, como el Pacto de Bogotá, que también nació a la luz de la OEA en la misma década del 40. También es necesario recalcar que la crisis humanitaria o las acusaciones de violaciones de los derechos humanos en Venezuela, no constituyen motivos para la instrumentación de un esquema de seguridad colectiva, como lo es el TIAR. De hecho, a lo largo del siglo XX hubo interrupciones al orden democrático, derrocamientos de gobiernos constitucionales, violaciones de derechos humanos y genocidios, y en ninguno de estos casos se contempló la posibilidad de activar el TIAR.

Incluso si las acusaciones del presidente Duque fueran ciertas, y Venezuela estuviese apoyando a los grupos insurrectos en Colombia, la aplicación del TIAR supondría desconocer los instrumentos para resolver pacíficamente las controversias entre dos o más Estados del continente.

Ya sea para contemplar una posible ofensiva militar o para sumar un elemento de tensión con potencias extra hemisféricas, la activación del TIAR es algo preocupante y no parece ser el procedimiento idóneo para resolver la crisis política, económica, social y humanitaria que vive actualmente la República Bolivariana de Venezuela. Sencillamente porque, en la historia de América Latina, este instrumento de seguridad no fue parte de ninguna solución viable y duradera.

(*) Santiago Toffoli es integrante del Centro de Estudios Políticos Internacionales (CEPI)

FUENTE: Síntesis Mundial

Antecedentes 

Cuando Alianza País se impuso en las elecciones presidenciales de 2017, la noticia fue recibida con entusiasmo. A contraluz de la tendencia que se expandía por toda América Latina, Ecuador había sabido discernir lo que estaba en juego y optó por la continuidad del proyecto de Alianza País. De esta manera Ecuador quedaba en manos de Lenin Moreno y Jorge Glas, como garantes de las políticas sociales y económicas aliancistas, frente a una oposición, que como emisarios del cambio proponían una vuelta a las mismas políticas económicos-sociales que generaron la crisis del ’99.

El entretelón de la puja de intereses que se desencadenó apenas asumió el gobierno la dupla vencedora, es ahora harina de otro costal, pero los cambios fueron radicales y se desencadenaron con una velocidad inusitada. En su discurso de asunción, Moreno prometió profundizar la lucha por erradicar la pobreza del país, pero achacó a los diez años de corresimo, de los que él mismo fue partícipe y protagonista, la responsabilidad por la polarización, corrupción y los “desajustes económicos”.

Con el paso de los meses la presidencia de Lenín Moreno fue imponiendo su propio rumbo al gobierno, alejándose de la impronta heredada del ex presidente Rafael Correa, y se acerca cada vez más a la oposición. Persecución judicial, ajuste y alineamiento con la derecha en la Asamblea Nacional dominaron el plano interno, mientras que a nivel internacional Ecuador retiró el asilo político a Julián Assange, autorizó a EEUU para realizar controles aeromarítimos en  las Islas Galápagos a Estados Unidos, se sumó al Grupo Lima, y decidió salir de UNASUR, con cierre de sede incluida.

En resumen, la ruptura de los lazos con el correísmo, Moreno abandonó el programa por el cual fue votado, para llevar adelante un gobierno de ajuste, en alianza con los bancos nacionales, los medios de comunicación y la derecha tradicional, quienes garantizaron durante estos años la gobernabilidad en la Asamblea Nacional.

¿Qué está pasando?

Con el avance de la gestión, el gobierno ha ido erosionando sus bases de apoyo y en los últimos días solo ha podido mantener la autoridad por medio de la fuerza, garantizada por el combo clásico: intervención de las fuerzas armadas y el apoyo de los grupos empresariales. Estos últimos, quienes impulsaron las medidas económicas, y avalaron el cambio de sede de Quito a Guayaquil, centro financiero y donde se localizan los principales grupos económicos del Ecuador. Esto, con el apoyo y participación de ciertos sectores de la sociedad que considera que el correísmo se encuentra detrás del “caos en las calles”.

Desde que asumió el gobierno puso en práctica el clásico paquete de reformas económicas destinadas a equilibrar el déficit fiscal y reducir el gasto público. Medidas que resultaron “insuficientes”, debiendo acudir a las puertas del FMI. 

En el marco de su programa de reducción del gasto acordado con el Fondo Monetario Internacional, el organismo autorizó un acuerdo por más de 4.200 millones de dólares. Según las condiciones del acuerdo de financiación Ecuador debía introducir reformas a la legislación para que el Fondo continúe desembolsando sus próximos tramos de préstamos a bajo interés. Moreno dijo que el objetivo de las medidas es liberar recursos para apoyar a los empresarios, sobre todo a las pequeñas y medianas firmas.

Como contraparte, y apenas horas después de anunciar que en el país analizaba retirarse de la OPEP, se oficializó la publicación del Decreto 883, mediante el cual el gobierno comunicó las siguientes reformas: un aporte especial de las empresas con ingresos de más de 10 millones de dólares al año; un ajuste en el sector público con una baja salarial de hasta un 20% en contratos temporales; una reducción de vacaciones a la mitad, además, de un aporte con un día de salario al mes para los trabajadores públicos; y finalmente el fin de los subsidios a los combustibles, un subsidio que se había mantenido por cuatro décadas. Como consecuencia, el galón de gasolina extra, pasó de 1.85 dólares a 2.30 dólares; y el galón de diésel, utilizado por maquinaria y transporte pesado, paso de 1.08 dólares a 2.27 dólares, una aumento de más del 120% en las estaciones de servicio.

La quita de subsidios al combustible encendió la mecha que desencadenó las mayores protestas de los últimos años en el país. Sin embargo, a esta se suman otras iniciativas inquietantes como la reforma laboral que de a poco avanza en la Asamblea Nacional, cuya propuesta más controversial es la reducción de 15 días de vacaciones a los empleados de empresas públicas, que según el titular de Finanzas, Richard Martínez, “no tiene un efecto fiscal, (pero) sí de productividad porque los ecuatorianos van a tener más acceso a los servicios públicos”. Además, precisó que la reforma incluye la reducción del salario máximo en contratos ocasionales, de nombramiento o provisionales en el sector público. 

Por su parte, el ministro de Trabajo, Andrés Madero, resaltó que la reforma laboral busca fomentar el emprendimiento, la simplificación en la contratación, en paralelo a la generación de empleo, “para dar respuesta al subempleo”. La propuesta incluirá “modalidades contractuales acordes a lo que vive el mundo”, nuevos permisos de paternidad, facilidades para adquirir herramientas tecnológicas, optimización de recursos o movilidad.

A esta altura, podríamos estar hablando de cualquier país sudamericano de los últimos años, el recetario de medidas de los últimos años se aplica al pie de la letra.

Caos en las calles

La reacción popular sobrepasó cualquier previsión. En un primer momento el sindicato de transportistas, con algunos dirigentes vinculados con el correísmo, estuvieron a la cabeza de la protesta social, pero luego de un ataque mediático, este foco perdió intensidad y acabó por desintegrarse. . 

El sector indígena, que mantuvo pésimas relaciones con el gobierno de Rafael Correa, pasó entonces a liderar las calles, con apoyo de otros movimientos sociales ligados a diferentes sectores de izquierda rodearon la ciudad capital, obligando al gobierno a trasladar la sede administrativa a Guayaquil. Las grandes manifestaciones no solo llegaron a Quito, sino que se instalaron también en otras ciudades, incluso se tomaron gobernaciones.

El Movimiento Indígena, después de ser acusados por la gestión de actuar bajo el financiamiento y las órdenes de Rafael Correa, la CONAIE se desligó del ex presidente con un duro mensaje. Criticó al correismo acusándolo de oportunista, y le recordó, entre otras cosas haber criminalizado y perseguido a los miembros de su organización durante su mandato. 

De esta forma, no solo alejó de Revolución Ciudadana, cuya participación en las manifestaciones es una realidad, pero no llegó a constituirse como un actor determinante, sino que le permitió posicionar a su movimiento en el centro de la escena y como único interlocutor ante Lenin Moreno. 

La respuesta a las protestas por parte del gobierno fue la declaración del estado de excepción en el país, bajo la cual se ha ejercido una brutal represión y se cometieron graves violaciones a los derechos humanos. Las imágenes que circulan por los diferentes medios y redes sociales, en un contexto de total silencio por parte de los medios locales, hablan por sí solas.

Negociación 

La agudización de la crisis hizo que el presidente dejará de lado las teorías conspirativas para enfocarse en la construcción de un puente de diálogo con los indígenas que, que permitió la derogación del Decreto 883.

El sujeto político que puso el cuerpo a la resistencia de la medida, sin lugar a dudas, fue el Movimiento Indígena expresado principalmente en la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (CONAIE). Sin embargo, en su afán de marcar distancia y evitar que Rafael Correa pueda capitalizar políticamente el escenario post crisis parece estar avalando un doble juego por parte del gobierno, manteniéndose indiferente ante hechos de preocupantes de persecución.

La CONAIE, agrupada en el Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik, siempre tuvo diferencias con el espacio de Correa, pero siempre fue posible dirimir parte de esas diferencias en las urnas, lo que permite a la organización indígena contar con cinco asambleístas, cuatro Prefectos y 20 alcaldes. 

La importancia y el rol del movimiento indígena en las diferentes resistencias populares y en el sistema político ecuatoriano es innegable, y Lenin Moreno es consciente de que sin acuerdo con los indígenas no es posible pacificar el país, pero el otro, dio vía libre a la persecución contra los principales dirigentes del espacio de Revolución Ciudadana. 

El Canciller Ricardo Patiño y los asambleístas Gabriela Rivadeneira, Luis Fernando Molina, Soledad Buendía y Carlos Viteri ya solicitaron asilo al gobierno de México, la ex-alcaldesa Alexandra Arce y la Prefecta de Pichincha Paola Pabón se encuentran detenidas y el ex asambleísta, Virgilio Hernández, con orden detención. Muchos de ellos pertenecen al grupo de presidenciables, ante la imposibilidad de Rafael Correa de presentarse a un futuro mandato, producto de la reforma constitucional de febrero de 2018. 

Lenin Moreno no llegó a presidente con una plataforma neoliberal, todo lo contrario, pero no dudo en dar la espalda a su electorado desde el primer momento. Con la derogación del decreto, Lenín logró descomprimir el caos reinante en las calles, pero el estado de movilización permanece latente, como muestra quizás, de un fin de un ciclo.

(*) Paula Martín es integrante del Centro de Estudios Políticos Internacionales (CEPI)

FUENTE: Síntesis Mundial

En proceso de recaudación

Dados los resultados de la elección intermedia de 2018 nada puede asegurar que el próximo inquilino de la Casa Blanca sea un demócrata. Es más, el reto parece cada día más complicado, basta con ver la cantidad de dinero recaudado por Donald Trump para las campañas presidenciales del 2020 para confirmar que el panorama no se presenta para nada alentador para los demócratas.

Además de la evidente ventaja que implica ser el Presidente en turno, Donald Trump cuenta con una base recaudadora muy sólida que empezó a trabajar en la reelección desde el inicio del mandato, una característica a destacar del equipo de recaudación de Trump es que está poniendo especial atención en las personas que hacen aportes bajos individualmente pero que en conjunto suman una fuerte cantidad de dólares. Sumado a esto, en caso de requerirlo, él podría aportar dinero propio para la elección como lo declaro para la primera vez que resultó electo.

Históricamente, los candidatos demócratas han logrado recaudar más fondos para una campaña presidencial. Sin embargo, en estos momentos el Consejo Nacional se encuentra en apuros, esto debido a que aún tiene fuertes deudas de campañas pasadas, debe utilizarla en la realización de los debates entre los precandidatos a la Presidencia y además lidiar con el posible escenario de perdida de donantes porque el candidato que apoyan no sea el elegido para dar la batalla por la Casa Blanca. 

Durante el primer trimestre del 2019, el Presidente Trump llevaba recaudado poco más de 30 millones de dólares, mientras que su competidor demócrata Bernie Sanders, el más cercano en términos de recaudación llevaba poco menos de 21 millones. 

El Debate

El Partido Demócrata ya inició la carrera para elegir al candidato más idóneo, aquel que intentará derrotar al actual mandatario republicano además de recuperarse del trauma de la inesperada y aparatosa derrota de Hillary Clinton en 2016.

En este marco, los demócratas se enfrentan a un sinfín de retos, como el atraer a las “grandes minorías” especialmente en los Estados “péndulo” como Arizona, Pensilvania, Wisconsin, Ohio y Florida, este último se ha inclinado más por los republicanos en las últimas elecciones. Además de lograr encontrar un candidato que sea del agrado de la mayoría de votantes, simpatizantes y seguidores y no ocurra un espaldarazo como en el 2016 al ser elegida Hillary Clinton.

Debido al gran número de aspirantes que desean la candidatura, el Comité Nacional ha aplicado medidas para dejar fuera de carrera a al menos cuatro candidatos, que no alcancen a cumplir con los requisitos. Entre estos, se establece que los candidatos deben conseguir 65 mil donantes para sus respectivas campañas, con al menos 200 donantes en 20 estados diferentes y obtener al menos el 2% de intención de voto a nivel nacional por parte de los ciudadanos en tres encuestas legítimas.

El primer debate entre los candidatos demócratas se llevó a cabo el miércoles 26 y jueves 27 de junio.

Las aportaciones más sobresalientes de la noche fueron la de Cory Booker – Senador por Nueva Jersey, quién hizo un fuerte llamado a retornar las negociaciones con Irán respecto al acuerdo nuclear; Bill de Blasio – Alcalde de la ciudad de Nueva York, quien se pronunció a favor de crear un nuevo sistema de salud dirigido y controlado por el gobierno; Julián Castro – ex Secretario de Vivienda y Desarrollo Urbano, quién declaró su intención de legislar a favor de la interrupción legal del embarazo a nivel federal; y Beto O’Rourke – Miembro de la Cámara de Representantes por Texas, que se pronunció a favor del trato digno para los migrantes así como crear mecanismos para que los “dreamers” logren obtener la ciudadanía. Pero, sin duda la que se llevó las palmas en la noche fue Elizabeth Warren – Senadora por Massachusetts, que demostró que tiene amplio conocimiento de la gran mayoría de los problemas que deben ser atendidos, y en cada intervención dejo ver que sabe cómo y tiene la manera de hacer valer sus ideas y su agenda innovadora.

Además este día participaron John Delaney – Miembro de la Cámara de Representantes por Maryland; Tulsi Gabbard – Miembro de la Cámara de Representantes por Hawaii; Jay Inslee – Gobernador de Washington; Amy Klobuchar – Miembro Principal del Comité de Reglas del Senado; y Tim Ryan – Miembro de la Cámara de Representantes por Ohio. 

En la segunda instancia del debate, llevada a cabo el 27 de junio se destacaron, en primer lugar Joe Biden – ex vicepresidente de los Estados Unidos  y uno de los favoritos para ser el candidato demócrata propuso que el Congreso conceda la ciudadanía inmediata a más de 800.000 residentes que llegaron al país ilegalmente cuando eran niños. 

Bernie Sanders – Senador por Vermont, aunque en esta ocasión no destacó en el favorito ese ánimo característico de la campaña pasada, ni tampoco lució apasionado en sus intervenciones. Además en algunos momentos del debate Sanders pareció desaparecer.

Por su parte, Michael Bennet – Senador por Colorado, se pronunció a favor de lograr una reducción de emisiones de gases de efecto invernadero para 2050 con su “Plan de Cambio Climático de Estados Unidos” y Apoya una opción pública de Medicare.

Y, Pete Buttigieg – Alcalde de la ciudad de South Bend (Indiana) tuvo una participación que destaco, ya que el Alcalde lució sobrio, serio, inteligente, analítico, sensato y demostrando que representa al ala progresista del partido. 

Por último, Kamala Harris – Senadora por California se mostró fresca, animada, apasionada, sincera, inteligente, sensata y sobre todo conciliadora.

La lista completa de participantes incluyó a Kirsten Gillibrand – Senadora por Nueva York; John Hickenlooper –Gobernador de Colorado; Marianne Williamson – Escritora y activista Fundadora de Project Angel Food Co-fundadora de Peace Alliance; Andrew Yang – Emprendedor y fundador de Venture for America; y Eric Swalwell – Miembro de la Cámara de Representantes por California, quien finalmente se retiró de la contienda el 8 de julio de 2019.

Temas centrales

Durante las dos noches se tocaron temas de vital importancia para Estados Unidos y el mundo, sin embargo la amplia mayoría de los participantes tuvieron ideas muy dispersas en la ejecución y en los plazos de aplicación para la el cumplimiento de sus respectivas agendas.

Se habló de la posible reincorporación de Estados Unidos al Acuerdo de París aunque, ninguno dedicó realmente mucho tiempo a esta cuestión. Solo seis de ellos hablaron abiertamente de este problema y dieron algunas propuestas muy poco aterrizadas para mitigar los efectos en la actualidad.

Se habló también de la condonación de la deuda estudiantil, problema grave. Warren propone la condonación total de dichas deudas, sin embargo si esto se llevara a cabo se necesitarían acciones para no afectar las finanzas públicas y el gasto del gobierno a causa de un importante ingreso que se dejaría de percibir.

De los grandes temas de debate, hay dos sobre los que sobrevuelan más dudas que certezas. Sobre el estado y futuro del servicio sanitario de Estados Unidos ningún candidato logra articular una propuesta sólida. En segundo lugar, el asunto migratorio, que ha adquirido una dimensión desproporcionada en los últimos años, transformándose en un problema significativo para gobierno actual. Constituye sin dudas, un parteaguas y es un tema central en la carrera por la casa blanca, debido a todas las implicaciones que puede tener en los votantes, especialmente el sector latino y la acalorada, pero delicada y frágil agenda de discusión que se viene trabajando con Guatemala y México principalmente.

En este sentido, Beto O’Rourke, quien hizo su primera intervención de la noche en español, fue el único candidato con una propuesta concreta, al asegurar que no iban a desintegrar a las familias migrantes. Por otra parte, Bill de Blasio, opinó que primero había que convencer a los estadounidenses de que los inmigrantes no eran los causantes de los grandes problemas de Estados Unidos.

Sin duda todos coinciden en algo: la dirección del país bajo la tutela del Presidente Trump no es de su agrado y el rumbo debe corregirse drásticamente.

Esperemos que durante los próximos encuentros se logre alcanzar un “candidato de unidad” que recopile lo mejor de un proyecto demócrata novedoso, pulido, armónico, viable que garantice estabilidad, certeza y rumbo claro a un país que sin duda lleva las riendas de los mercados globales y una nutrida agenda internacional. 

Indiscutiblemente la carrera presidencial estadounidense es un interesante caso de análisis , que siempre resulta atrayente, enigmática, pero sobretodo y como lo vimos hace cuatro años…sorpresiva e inesperada.

(*) Analista del Centro de Estudios Políticos Internacionales (CEPI)

De manera totalmente improvisada y sorpresiva, el presidente estadounidense Donald Trump, se transformó el pasado 30 de junio en el primer presidente de los Estados Unidos en cruzar la zona desmilitarizada de Corea y pisar suelo norcoreano.

Esta “tercer cumbre”, que duró poco más de una hora, destaca por su carácter simbólico, más que por sus resultados concretos. Sin embargo, permitió re-potenciar y reconfigurar el diálogo, abierto pero estancado, tras la cumbre en Hanói del 28 de febrero pasado, donde las posiciones tan opuestas entre los grupos negociadores de cada país y la imposibilidad de llegar a un acuerdo la transformaron en un fracaso diplomático. 

Fiel a su estilo, Donald Trump, que se encontraba reunido en Tokio por la cumbre del G-20, sugirió a través de Twitter la posibilidad de realizar una reunión entre los jefes de estado, con la salvedad de que esta vez sea en territorio norcoreano, algo que Kim Jong-Un aceptó sorprendido. 

Una historia Conflictiva.

Tras la finalización de la Segunda Guerra Mundial en 1945, la Península de Corea quedó dividida en dos, el norte bajo la órbita comunista y el sur, bajo la órbita capitalista. El primer y único intento de unificación mediante la fuerza se dio cuando la República Popular de Corea invadió en 1950 el sur reclamando el territorio. Invasión que fue repelida tras la intervención de la ONU y los EE.UU., que demarcó una zona desmilitarizada entre ambas Coreas, poniéndole fin al conflicto en 1953.

Sin embargo, las relaciones entre las dos Coreas se sostiene en un armisticio, por lo que no existe una paz explícita entre ellas. Esto generó que se mantenga una relación de hostilidad y en un estado formal de guerra permanente entre las dos Coreas por casi 70 años.

Las crecientes sospechas de un aumento en el desarrollo del material nuclear, sumado a las pruebas misilísticas de Corea del Norte en el mar de Japón, llevó a que las relaciones entre ambas naciones llegaran a su punto máximo de tensión en 2017, generando efectos también en los principales aliados americanos en la región, Corea del Sur y Japón.

A esto, hay que sumar las constantes amenazas entre los jefes de estado, Kim Jong-Un y Donald Trump a través de Twitter y en reiteradas cumbres. Este último adoptó una postura más dura que su antecesor, Barack Obama, y expresó “estar listo para todo” y darle a Corea del Norte “fuego y furia” si no cancelaba sus pruebas de misiles.

El tira y afloje 

Durante estas fechas, a mediados de 2017, se había comenzado a barajar la posibilidad de una intervención militar estadounidense en territorio norcoreano, pero a pesar de no contar con los recursos suficientes, o de material tecnológicamente viable en una guerra moderna, una pequeña nación como Corea del Norte logró poner en jaque a la principal potencia del mundo mediante la disuasión nuclear.

Se sospecha que Kim controla entre unas 60 y 65 ojivas nucleares, de las cuales algunas pueden tocar suelo americano, o cuando menos con la capacidad para su producción.

Esto último, sumado a lo negativo que sería iniciar una nueva guerra en términos de imagen y recursos, que la administración Trump modificó sus objetivos internacionales durante la campaña presidencial de 2018 tratando de mostrarse más abierto al diálogo, por sobre el conflicto, como habían sido sus ejes de campaña a inicios del mandato. 

Tanto fue así que, para el mes de junio de 2018, se había organizado una primera cumbre entre ambos mandatarios, algo que se vio influenciado en gran medida por la cumbre intercoreana en abril de ese mismo año. En esta última, se vio a una Corea del norte dispuesta a negociar y a dialogar tras años de una política exterior cerrada y que mostró a un Kim Jong-Un pisando suelo surcoreano para reunirse con su par del sur, Moon Jae-In.

La primer cumbre entre Trump y Kim se conoció como la “cumbre de Singapur” y desde su inicio fue una propuesta ambiciosa, en tanto primer encuentro entre un presidente de los Estados Unidos y un líder norcoreano. Tuvo como objetivo mostrar un mensaje al mundo de que las hostilidades entre ambos debían ser resueltas mediante una negociación y no mediante la fuerza. Y significó un primer paso para limar asperezas y se avanzar en una posible negociación conjunta en el futuro, con el tema nuclear como punto central.

Debido al éxito de esta cumbre, se avanzó en la organización de la segunda, esta vez en la capital vietnamita Hanói para febrero de 2019, con la expectativa de alcanzar una resolución o resultado tangible que beneficiara a ambos. Sin embargo, la cumbre fue un rotundo fracaso, debido al planteo de posiciones irreconciliables entre las partes. Corea del Norte buscó desprenderse de las sanciones económicas que padece desde hace años, y que mantiene en jaque a su economía de una manera gradual, a cambio de desmantelar el centro nuclear de Yongbyon. Por su parte, Estados Unidos presentó una postura más súbita y brusca, por lo que rápidamente rechazó la oferta. Pyongyang debía desprenderse de todo el material nuclear de inmediato y de manera verificable a cambio de la eliminación de las sanciones.

¿Un nuevo comienzo? 

Kim sabe que desmantelar el único sustento que mantiene a raya a los Estados Unidos es demasiado valioso para perderlo rápidamente, y más teniendo en cuenta que la historia demuestra que los Estados Unidos prefiere atacar o invadir a naciones que carecen de capacidades nucleares. Mientras más presión se le haga al régimen norcoreano sobre las armas nucleares, más se aferraran a ellas.

Trump, por otra parte, entiende que desnuclearizar la península, no solo puede ser exhibido como un logro presidencial a un año de las elecciones generales, sino que también sería una victoria política contra uno de sus principales rivales a nivel mundial, China, que mantiene en jaque a la hegemonía norteamericana. 

Además, podría influir sobre sus dos aliados principales en Asia, Japón y Corea del Sur, que dejarían de ver a Corea del Norte como una amenaza para centrarse casi exclusivamente en China como su principal competidor regional. Para ello, Washington ha comenzado a suspender ejercicios militares conjuntos en la región además de desactivar los proyectos de instalación de escudos antimisiles que se tenían previstos para la península, algo que generaba fuerte rechazos por parte del régimen comunista chino, como al norcoreano y servía como excusa para este último a realizar las prácticas militares que generaron la tensión en un principio.

Ambas partes desconfían una de la otra, la cumbre en Hanói dio fe de ello, algo que se trató de descongelar 5 meses después con esta nueva cumbre improvisada en la DMZ (zona desmilitarizada) que buscó y busca definitivamente renegociar nuevamente el material nuclear y las sanciones. Por el momento, solo el tiempo dirá si finalmente se dará un acuerdo exitoso entre las partes, aunque esta vez parece indicar que se esperan posturas más moderadas y abiertas en la negociación.

(*) Analista del Centro de Estudios Políticos Internacionales (CEPI)

El presidente argentino Mauricio Macri en un término 5 días se reunió con dos presidentes aliados de la región: Duque y Bolsonaro. En ambas oportunidades, tanto los acuerdos bilaterales, la crisis venezolana, como el apoyo a la reelección del presidente argentino fueron los temas protagonistas. 

El jueves 6 de junio, llegó Bolsonaro siendo recibido por una manifestación para demostrar el rechazo a su persona y a su gestión. Por su parte, la visita de Duque, desde la noche del domingo 9 hasta el día siguiente, no presentó movilizaciones sociales, y se desarrolló con tranquilidad. 

Desde la prensa argentina e internacional se hizo énfasis en algunos de los rasgos en común que tienen estos tres presidentes: Tendencia hacia la derecha, amistad con los Estados Unidos y crisis internas. 

Los máximos representantes de Argentina, Brasil y Colombia, se encuentran de manera bilateral para avanzar principalmente en acuerdos comerciales, defensa y desarrollo. Además, de intentar profundizar el recientemente creado Prosur, que busca ser una especie de sustito de “Unasur”, esta vez buscando que un giro hacia la derecha en la región. 

El problema radica en que, mientras en Europa las derechas están tratando de unirse, en el Cono Sur esto no sucede. Estos tres actores no piensan en unidad, sino en sus propios beneficios, lo que se ve reflejado en acuerdos de índole bilateral, y en negociaciones, con actores externos a la región como Estados Unidos, de manera individual. 

En su primera visita oficial a la Argentina, el presidente colombiano planteó que los objetivos de la misma estaban enmarcados en aumentar el comercio bilateral, estimular las inversiones y firmar acuerdos en materia de industria, desarrollo, lucha contra la corrupción, seguridad y derechos humanos. 

Por su parte, el encuentro entre Macri y su homólogo brasileño giró en torno al establecimientos acuerdos comerciales de la región con la Unión Europea y la reforma del conglomerado Mercosur. En este sentido, ambas naciones encuentran un punto en común en los programas económicos que llevan a cabo, sin embargo ni Bolsonaro ni Macri piensan en cómo fortalecer su posición en la región y a la región misma, sino que los dos están tratando de insertarse en el mundo de manera individual. 

En lo que sí coincidieron fue en uno de los temas centrales: la situación en Venezuela. De esta forma, los mandatarios reiteraron su rechazo y preocupación por la actual dictadura en Venezuela bajo el gobierno de Maduro. 

Ambos, Duque y Bolsonaro, al tiempo que criticaron al gobierno venezolano, halagaron al presidente argentino: 

 “[…], nuestro más profundo sentimiento de construir una Latinoamérica que se libere para siempre de la demagogia y de la dictadura”, en palabras de Duque. Quien en una entrevista afirmó que reelección de Macri como presidente es algo fundamental para América Latina. 

En sintonía, Bolsonaro le pidió a los votantes argentinos que tengan “mucha razón y mucha menos emoción para poder decidir el futuro de este país” y que lo hagan reeligiendo a Macri, con quien, agregó, “tenemos prácticamente los mismos ideales”. Además agregó: “No queremos más Venezuelas en América Latina”, una especie de “predicción” que incluso en muchas oportunidades se ha utilizado en Argentina como estrategia de campaña. 

“Contextos nacionales” 

Estas reuniones se desarrollaron bajo el marco de crisis internas ya sean sociales, económicas, de seguridad, o una combinación de alguno de estos factores.  

Bolsonaro aterrizó en una Argentina con un contexto social convulsionado a partir de medidas como la que busca reducir un 30% de los recursos destinados a las universidades públicas. Al mismo tiempo, la economía de Brasil se contrajo por primera vez desde el 2016. Las previsiones de crecimiento descendieron por décimo cuarta semana consecutiva, a pesar de que la reactivación fue un pilar fundamental en la campaña presidencial de Bolsonaro.

A esto se suma que la popularidad del presidente brasileño continúa cayendo. Según datos de la consultora “Atlas Político”, mientras que su aprobación bajó al 28%, el rechazo asciende a 36%. 

En cuanto a Duque, según datos del reporte presentado por Indepaz, en sus primeros 100 días fueron asesinados al menos 120 líderes sociales, además la falta de cumplimiento de ciertas garantías está poniendo en riesgo el acuerdo de paz firmado con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP). 

En este sentido, teniendo como base una encuesta de la consultora Gallup, el 60% de los colombianos desaprueban la gestión del actual presidente. Entre febrero y mayo de 2019, el mandatario tuvo una caída de 10 puntos porcentuales en su tasa de aprobación.

Argentina se encuentra en un periodo económico caracterizado por la inflación, la devaluación de la moneda local ante el dólar y la caída en la industria nacional. Además, desde el año pasado, la gestión de Macri se encuentra condicionada por el financiamiento externo por parte del FMI.  El último sondeo de la consultora Rouvier y Asociados reveló que el 60,4% tiene una opinión desfavorable respecto de cómo se desempeña el actual gobierno.

A modo de conclusión, si bien no hay dudas de que Macri, Bolsonaro y Duque comparten ideas y contextos similares, siguen existiendo grandes diferencias entre ellos, lo que impide una visión integral de América Latina que permita solucionar las crisis sociales relacionadas a cuestiones como la economía, inmigración y seguridad. 
Queda en cada uno de nosotros considerar si estas visitas y sus respectivos apoyos realmente influencian positivamente en los votantes argentinos o si por el contrario la jugada de utilizar la política exterior para obtener apoyo en el interior termina perjudicando aún más al gobierno de turno. 

(*) Analista del Centro de Estudios Políticos Internacionales (CEPI)

Los precandidatos presidenciales

Para poder comprender mejor el escenario se debe tener en cuenta las fuerzas mayoritarias a presentarse. Por un lado, está el Frente Amplio, partido que de momento se encuentra en el poder con Tabaré Vázquez a la cabeza, y por otro lado se encuentran los partidos que históricamente se han disputado el poder en Uruguay; el Partido Nacional o mejor conocido como Partido Blanco que se consolida como la oposición firme y el Partido Colorado que aparece como la tercera fuerza en disputa. 

Por el Frente Amplio se presenta como candidato favorito a ganar la interna el intendente de Montevideo, Daniel Martínez. No obstante, debe disputarse contra Óscar Andrade, actual Secretario General del SUNCA (Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos); Mario Bergara, ex Ministro de Economía y Finanzas y presidente del Banco Central de Uruguay durante dos períodos; y por último Carolina Cosse, actual Ministra de Industria, Energía y Minería. 

A pesar de la interna, el Frente en su cierre de campaña se muestra unido, con un acto realizado en Las Piedras donde se presentaron los cuatro precandidatos juntos. Esta es la estrategia que los diferencia del Partido Nacional, principal opositor, donde las rispideces entre el favorito, Luis Lacalle Pou y Juan Sartori, quien llegó a ocupar la segunda posición en las encuestas, son mayores. A estas diferencias se le suma una campaña de “fake news” que intenta desestimar al multimillonario Sartori. 

Por el Partido Nacional el favorito es el senador Luis Lacalle Pou quien ya se había postulado en las elecciones de 2014 obteniendo el 30,88% de los votos en la primera vuelta y el 43,50% en la segunda vuelta. Los contendientes son Juan Sartori, multimillonario quien no se ha desempeñado en política, sino que ha sido director y accionista de UAG (Union Agriculture Group); Enrique Antía, intendente de Maldonado; Carlos Iafigliola, representante nacional por Montevideo; y Jorge Larrañaga, Senador desde el año 2000 y precandidato presidencial en 2009 y 2014.

Por último, por el Partido Colorado el favorito es Julio María Sanguinetti, ex presidente de Uruguay en los años 1985 y 1995. Debe disputarse con José Amorin Battle, Senador desde el año 2010 y precandidato presidencial en 2009 y 2014; Edgardo Martínez Zimarioff, ex Ministro de la Corte Electoral; Ernesto Talvi, ex director del CERES (Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social); José Gonzalez Querio; y Pedro Etchegaray, precandidato presidencial en 2009.

Influencia del contexto internacional en Uruguay

El panorama en la región desestabiliza la situación en Uruguay. Tanto la guerra comercial entre Estados Unidos y China, el viraje hacia la derecha en algunos países europeos, como la situación interna en Argentina y Brasil, podrían condicionar las elecciones en Uruguay. 

Siendo China el principal exportador de Uruguay, las trabas comerciales que Estados Unidos le está imponiendo al gigante asiático podrían perjudicar su posibilidad de compra en Latinoamérica. Esto genera adhesiones a las posiciones más nacionalistas.

 

Por otro lado, el viraje de algunos países europeos hacia la derecha (caso de Italia, Austria, el triunfo de Le Pen en las elecciones parlamentarias en Francia, entre otros) y los gobiernos de derecha ya instaurados en América Latina podrían ser un catalizador de las elecciones próximas. 

Por último, la situación económica imperante en Argentina y la falta de certeza sobre las fórmulas políticas que se presentarán a las elecciones primarias de agosto muestra un panorama incierto sobre el pensamiento imperante en la región. No obstante, es difícil creer que las elecciones en Uruguay pudieran verse influidas por las de Argentina, y viceversa.

A modo de conclusión, no puede establecerse un “claro ganador” ya que los sondeos realizados muestran un panorama turbulento. Sumado a que los precandidatos presidenciales, 28 en total, son numerosos; provenientes la mayoría de los 3 Partidos tradicionales y con posturas sumamente divergentes. Las campañas de desestimación a algunos candidatos sólo han logrado aumentar su popularidad y desestabilizar al favorito.

(*) Analista del Centro de Estudios Políticos Internacionales (CEPI)

El pecado original

Ante los desencantos de las experiencias políticas, se suele apelar a la existencia del pecado original que le dio vida en sus orígenes. Es difícil, por no decir imposible, desligar el triunfo de Jair Bolsonaro en las elecciones de octubre de 2018 sin hacer referencia a la proscripción del favorito a ganar la presidencia de Brasil, el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Las últimas pruebas reveladas en la revista The Intercept Brasil por el periodista norteamericano Glenn Greenwald y su equipo, expusieron, entre otras cosas, la ilegalidad del proceso judicial contra Lula y la arbitrariedad del ‘bozal legal’ para evitar la transferencia de votos hacia Fernando Haddad.

Éste último punto fue un golpe más al Estado de derecho en Brasil, tambaleante ya desde hace un tiempo, con el controversial impeachment contra Dilma Rousseff, y con la sangrienta campaña electoral marcada por el tiroteo a la caravana de Lula en Paraná, el asesinato de Marielle Franco en Rio, el atentado contra Bolsonaro en Juiz de Fora y la militarización de grandes ciudades, con Rio de Janeiro como símbolo de esta política represiva, ya iniciada durante el interregno de Michel Temer.

La mega causa Lava Jato, que implicó la hiperjudicialización de la política, golpeó a la totalidad de la clase dirigente tradicional brasileña. El principal cometido de este proceso era desplazar al PT del Planalto y luego impedir a toda costa su regreso. Pero como daño colateral, también echó por tierra las posibilidades del establishment de colocar en el poder a la derecha tradicional, cuyo candidato más amigable era el ex gobernador de San Pablo, Geraldo Alckmin, del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB) del ex presidente Fernando Enrique Cardoso. Las trabas de esta derecha tradicional de conseguir la presidencia inclinó la balanza para que un outsider, conocido pura y exclusivamente por la polémica que desataban sus inescrupulosas declaraciones, acceda a la más alta magistratura del país más grande e importante de América Latina. El poder factico brasileño optó por el mal menor: era preferible Bolsonaro presidente antes que la vuelta del PT.

Neoconservadurismo y neoliberalismo: ¿primos segundos o hermanos mellizos?

Hace un tiempo que se debate en América Latina si la ola de gobiernos de derecha acaecida desde 2015 es neoliberal o neoconservadora. En consecuencia, por neoliberal se entiende el proyecto económico y social hegemónico durante la década de los 90, y que conlleva, entre otras cuestiones, la cesión del dictado de la política económica a las fuerzas del mercado, el avance de éste a expensas del Estado y el ajuste en políticas sociales. Por neoconservadurismo, entendemos al orden político – social conducido por los sectores tradicionales de poder, presentes en toda la geografía latinoamericana: los grandes latifundistas, las jerarquías religiosas y las Fuerzas Armadas, reconvirtiendo al Estado en mero vigilante protector de los intereses de estos sectores de poder.

Sin entrar en discusiones teóricas para encasillar a los proyectos políticos en una u otra categoría, lo que se puede dilucidar es una mixtura entre ambos procesos, dejando obsoleta la polarización anacrónica entre conservadores y liberales, propia del siglo XIX.

La asunción de Bolsonaro dejaba entrever que el conservadurismo tomaría las riendas del poder en Brasil. Apoyado en el poderoso bloque legislativo de las 3 B (la Biblia, la Bala, y el Buey), Bolsonaro encontraría en los sectores evangélicos, latifundistas y militaristas y lobbistas de armas su base de sustentación política para su gobierno. Pero además, lo que nunca estuvo en duda fue también la presencia de un proyecto económico neoliberal, ya que desde un primer momento trascendió que el economista de la Escuela de Chicago, Paulo Guedes, se haría cargo de la cartera económica de Brasil.

La reforma del régimen de pensiones, la intención de bloquear los fondos para las universidades federales, y algunas otras medidas, ilustran de manera gráfica cuales son los planes de Guedes para la economía de Brasil. El MERCOSUR no escapa a la lógica del superministro de economía: ya dejó entrever que buscará desligar a Brasil de negociar en bloque los acuerdos comerciales frente a terceros.

La batería de medidas neoliberales encuentra en Brasil obstáculos que son comunes a otros países de América Latina: si bien los gobiernos de la derecha continental pudieron acumular cierta legitimidad política apelando a la identificación de los gobiernos populares con la corrupción, las reformas en favor del mercado, y a expensas de los pueblos, son difíciles de impulsar debido a las reacciones sociales que conllevan. Solo con nombrar la salida de la pobreza de 50 millones de brasileños tras los gobiernos de Lula, basta para confirmar que volver a los postulados del Consenso de Washington no será una tarea tan sencilla como fue presentarse como paladines de la anticorrupción.

Auge efímero, caída sostenida y resquebrajamiento interno

Sin ser muy amigo de las encuestas a la hora de intentar realizar un análisis, uno se permite apoyarse en estos datos duros cuando todos muestran una misma tendencia. Los sondeos de opinión llevados a cabo al cumplimiento de los 100 primeros días de gobierno de Bolsonaro, coincidieron en que esta administración tuvo el record de caída de popularidad en ese corto periodo.

Bolsonaro, fiel a su estilo, apostó a socavar la tradición pragmática de la política exterior de Itamaraty colocando a la diplomacia brasileña en un lugar incómodo. El anuncio del reconocimiento de Jerusalén como capital de Israel, sus dichos sobre el Holocausto, y la intención de convertirse en el representante sudamericano de la ‘internacional de la derecha’ de Donald Trump y Steve Bannon, entre otras cuestiones, implicaron que los burócratas de la poderosa cancillería brasileña comenzaran a desconfiar de las intenciones del presidente. En la misma sintonía discurre la delegación del diseño de la política exterior en manos de uno de sus hijos, Eduardo, tan inescrupuloso y polémico como su padre.

Como consecuencia de estos procesos, el país que ejerció un claro liderazgo continental impulsando diversas herramientas de concertación, no solo regionales como UNASUR, sino también globales como los BRICS, hoy se encuentra en la vanguardia de la ofensiva contra Venezuela y en el rol de gendarme regional de la estrategia hemisférica de los Estados Unidos.

En cuanto al plano interno, en 6 meses dejaron de ser parte del gobierno el Ministro de Educación, el Ministro de la Secretaría General de la Presidencia, la presidenta del Instituto del Medioambiente, el Secretario de Gobierno y el presidente del poderoso Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES).

Para agregar más complejidad al asunto, se le otorgó una importante cuota de poder a las Fuerzas Armadas. En este sentido, el que acumula poder dentro de la estructura de gobierno es el vicepresidente y representante del sector militarista, el general retirado Hamilton Mourão. No solo quebranta la autoridad del presidente estableciendo una agenda propia que muchas veces entra en abierta contradicción contra las directivas presidenciales, sino que en varias ocasiones y apoyado por las FFAA, ha desafiado el mando de Bolsonaro. Sus reuniones con Xi Jinping, por ejemplo, dejan entrever que busca cierta continuidad con el pragmatismo característico de la política exterior brasileña, en clara oposición con las acciones del presidente y sus hijos.

Desprestigio general e inmunidad castrense

Todos los sectores políticos en Brasil están sufriendo, desde hace tiempo, la caída de su prestigio a manos de la judicialización general de la política.

La mega causa Lava Jato golpeó duramente al PT, que no supo o no pudo proteger a Dilma Rousseff, y se vio impotente de contener el avance mediático – judicial contra Lula. La derrota de Haddad terminó de cerrar el círculo que el poder real de Brasil trazó para sacarse de encima al Partido de los Trabajadores. La derecha tradicional no es ajena a este proceso: sus candidatos tuvieron una flojísima performance en las últimas elecciones. Michel Temer, que se presentó como el salvador de la república, terminó detenido (aunque luego excarcelado) por los mismos cargos de corrupción que le endilgaron a Lula. Eduardo Cunha, el presidente de la Cámara de Diputados durante el gobierno de Dilma y arquitecto del impeachment contra la ex mandataria, se encuentra preso tras haber recibido una condena de 24 años de prisión por recibir sobornos.

El gobierno de Bolsonaro rápidamente está siendo arrastrado por esta ola de descrédito. Sus laxas y simplistas promesas de campaña basada en la difusión a diestra y siniestra de fake news y videos editados, chocaron con la realidad de un país entero en crisis y que desconfía de todo aquel que le pongan en frente. La conexión con los sicarios milicianos que asesinaron a Marielle Franco sumado a la ilegalidad y arbitrariedad del proceso contra Lula encabezado por Sergio Moro, golpearon fuertemente al presidente. Resulta contra fáctico pensar qué hubiese sucedido en otro país, si el presidente de la nación nombrase como ministro a un juez que encarceló al líder político más importante de la historia del país descansando en la ‘íntima convicción de culpabilidad’. Los últimos hechos, impulsan la probabilidad de revisar este proceso ilegal, que posibilitó que Bolsonaro llegue al poder gracias a la proscripción de Lula. Aunque es cierto que aún Bolsonaro mantiene con firmeza a Sergio Moro en su cargo.

Ni siquiera el empresariado es ajeno a este proceso. Las empresas líderes que emprendieron un potente proceso de internacionalización en la estrategia global del Brasil de Lula, se vieron envueltas en los escándalos de corrupción del Lava Jato. Odebrecht, OAS, Petrobras, Vale, Camargo Correa; todas estas son firmas que se expandieron por el globo y ahora se expanden, a través de sus cuadros ejecutivos, por los tribunales brasileños. La judicialización de la política también llegó al sector privado.

El Poder Judicial, con las revelaciones recientes sobre el ex juez Moro y los fiscales del Lava Jato, tampoco se encuentra a salvo. Esto da como resultado que, con elevadas cuotas de poder acumuladas en los últimos meses, el único actor que parece no caer en el desprestigio y la subsiguiente desconfianza de la población brasileña, son las Fuerzas Armadas.

La institucionalidad brasileña se encuentra en un estado de extrema fragilidad, y las acciones de Bolsonaro no ayudan a sortear esa delicada realidad. El bazar más grande e importante de Latinoamérica se encuentra hoy invadido por un elefante impredecible y difícil de controlar.

(*) Analista del Centro de Estudios Políticos Internacionales

La Primer Guerra Mundial fue un suceso único en la historia. Los europeos aún se consideraban los dueños del mundo y no estaban dispuestos a que nadie alterase el orden en que la geografía, la economía y la política estaban configuradas. Aún menos iban a tolerar que alguno de ellos mismos desafiara ese orden. Lo que no fueron capaces de ver es que aquel escenario en que vivían era una ficción atada con alambre y que las soluciones parciales que pudieran proporcionar con el objetivo de prevalecer, eran meramente circunstanciales, vagas, efímeras. Una llama había prendido sobre la hojarasca del otoño europeo y el incendio no fue comprendido hasta que el fuego le lamió las botas.

La Gran Guerra fue un juego de caprichosos acostumbrados a salirse con la suya. En algún punto un adulto responsable debió entrar a la habitación en que peleaban Guillermo II de Prusia, Alejandro II de Rusia, Jorge V de Inglaterra y José de Austria a dar un buen par de gritos y acabar con ello, después de todo varios de ellos eran primos. Sin embargo estos malcriados estaban acostumbrados a jugar a las batallitas en y por territorios ajenos y pensaron que no sufrirían las consecuencias. Se llevaron una gran sorpresa cuando la guerra se les fue de las manos.

El escenario posterior a semejante conflagración fue una reconfiguración de fronteras que permitió el surgimiento de las naciones que aclamaban por su autonomía. Europa y parte de Asia se partió en pequeños Estados, muchos de los cuales caerían bajo los Protectorados de Sociedad de Naciones, que en definitiva no era otra cosa que una colonización encubierta pues las potencias imperialistas poco hicieron por que estas jóvenes repúblicas consolidaran sus sistemas políticos. Se debe recordar que la mayoría de los conflictos que aún persisten en el Oriente Medio son resultado directo del Tratado Skykes-Picot de 1916 en que se fijaron los límites según la conveniencia de Francia e Inglaterra y no pensando en las diferencias étnicas y religiosas de una zona del mundo que no podían comprender. La soberbia los llevó a pensar que ellos sí podrían controlar lo que al enfermo de Europa –como fue conocido el Imperio Otomano desde tiempos inmemoriables- se le escapaba de las manos.

El presidente estadounidense Woodrow Wilson sonríe mientras encabeza la procesión que siguió al Tratado de Versalles / GETTY

Quizás la más importante reconfiguración política fue la revolución rusa en 1919 y el posterior surgimiento de la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas en 1922. El comunismo se materializaba por primera vez en la historia en la forma de la “dictadura del proletariado”. La URSS se recluyó a trabajar en su propia lucha intestina dejando a Europa de lado y puso en funcionamiento un aparato que se prolongaría a través de lo que resto del Siglo XX. Más su aislamiento fue provisional, pues tanto Lenin como Stalin estaban confiados en el devenir de la historia que acarrearía por sí mismo el triunfo del comunismo a nivel internacional. Ciertamente la URSS estaba llamada a protagonizar los eventos que dominaron el escenario mundial, luego de 1945 y hasta la caída del muro de Berlín.

En el orden bipolar el comunismo bailo el tango con los Estados Unidos. Juntos, pero a una distancia prudente, con recelos, con demasiados giros para marearse entre dimes y diretes y con un arma bajo la manga que podría destruirlo todo y a todos si no tenían cuidado.

Lloyd George, Orlando y Clémenceau y el presidente Wilson en la Conferencia de Paz de París, 1919

Estados Unidos, del otro lado del Atlántico, llegó tarde a la Primera Guerra pero se aseguró de estar a tiempo. Cumplió un rol fundamental como proveedor de la Entente aun sin participar directamente de la conflagración, pero su contribución para la victoria con contingentes armados fue decisiva. A pesar de los enormes esfuerzos bélicos, Estados Unidos no disfrutó de su victoria, tan pronto como logró su cometido se retiró fronteras adentro, dejando a los europeos la tarea de administrar los desmadres que ellos mismos habían propiciado. Los norteamericanos eran conocidos por sus tendencias aislacionistas, que triunfaron a pesar de los esfuerzos de su presidente de involucrar más a la naciente potencia en los asuntos internacionales. Sin embargo, debería apuntarse que la lectura wilsoniana sobre el papel que debía desarrollar Estados Unidos, era la más visionaria y, posiblemente, la más acertada. Su país ya no podía quedar ajeno a una realidad que se le hacía cada día más palpable, su retiro voluntario pudo sostenerse por poco tiempo. El poder real había cambiado de manos y desde 1940 en adelante el gigante americano no podría rehuir a sus responsabilidades.

El gran perdedor fue sin lugar a dudas Prusia. El recientemente creado Imperio confió demasiado en sus propias fuerzas. Movidos por amplias ambiciones estaban más que dispuestos a ofrecerles a quienes necesitaran una excusa, los cerillos con el que encender la llama que consumiría al viejo continente. Después de todo, Bismark les había enseñado cómo adueñarse de lo que buscaban siendo simples titiriteros de las voluntades ajenas, ¿no? Parece que la lección no la habían comprendido como ellos pensaban. Una guerra que debería haber terminado en un mes, según los cálculos de los políticos prusianos, duró cinco largos y devastadores años. Prusia se hizo cenizas y con él el Segundo Reich. El Emperador Guillermo II y su familia debieron huir y así terminó el relativamente corto camino de un imperio que parecía destinado a gobernar el continente.

Pero, cual ave Fénix, de las cenizas surgió un moderno Estado alemán. La primera República, constituida a los apurones, debió sufrir la pesada carga que le infringieron los vencedores. A pesar de todo el Tratado de Versalles no acabó con los alemanes, por el contrario, sirvió para el surgimiento del nacionalsocialismo. Hitler a la cabeza del movimiento, entendió mejor que nadie la densa bruma de sentimientos que recaía sobre Berlín y usó los puntos de Versalles para anularlos uno por uno. Los totalitarismos no dudaron en usar sus mejores cartas para doblegar a sus enemigos. El terror infundido dejó en claro cuál es el límite de la soberanía de los Estados, a pesar de que genocidios aún peores a los campos de concentración se continuaron sucediendo.

Gran Bretaña y Francia salieron duramente heridas, aunque como todo buen negador, no demostraron que estaban seriamente dañadas. Confiaron en que sus cuotas de poder seguían intactas e intentaron, en vano, recuperar el esplendor de antaño. Pero su momento había pasado, ya nada sería como antes y el devenir del siglo lo dejaría en claro. ¿Quién podría imaginar en 1919 que los imperios colonialistas más importantes se desmembrarían de esa manera? Pocos hubieran arriesgado semejante respuesta en 1946, más la realidad supera la ficción. La Primer Guerra Mundial marcó el declive de los imperios europeos, aunque aún se necesitaría tiempo para que la nueva configuración se materializara. Los leones perderían las uñas en los años venideros, pero no los dientes. Ambos se reconstruyeron, Gran Bretaña como socio esencial para Estados Unidos y Francia, en 1950, como pieza principal de la alianza de estabilidad y crecimiento franco-alemán.

El siglo XX vio aún muchos más cambios, una aceleración de los acontecimientos como nunca antes. La Gran Guerra marcó la saturación de un sistema que había regido por demasiado tiempo. El devenir de los acontecimientos desde entonces, fue inmanejable. Poco queda de aquella época. Una generación completa ha nacido y vivido fuera del terror de la destrucción total a causa de una posible guerra nuclear, una generación que tampoco vivió en tiempos de Guerra Fría, mundo bipolar, o de un comunismo que parecía destinado a conquistar el mundo. En cien años nuevas potencias reemplazaron a las antiguas e impusieron sus propias reglas, las mismas que hoy parecen ser desafiadas por nuevos actores en disputa del poder. Al parecer, lo único constante es el cambio mismo.  

(*) Analista del Centro de Estudios Políticos Internacionales (CEPI) 

 

 

Génesis del conflicto

A fin de poder entender la situación actual, es necesario rememorar anteriores acontecimientos. En diciembre 2018 el aumento del precio del pan dio lugar al inicio de  las protestas sociales contra el gobierno del presidente Omar Al-Bashir. Las Fuerzas Armadas habían protegido a los manifestantes que se encontraban frente al Ministerio de Defensa en la capital, Jartum, de los ataques de la policía.

Finalmente, en abril 2019 un de un golpe militar liderado por el General Abdel Fattah Burhan acabó con los 30 años de gobierno del presidente Al-Brashir, instaurando en el poder al Consejo Militar de Transición que el mismo Abdel Fattah preside.  

Cabe destacar que, Al- Bashir, que accedió al poder a través de un golpe militar en el año 1989, fue detenido y acusado por la Corte Penal Internacional (CPI) por los crímenes de guerra ocurridos en Darfur y por los asesinatos a manifestantes opositores; acusaciones sin precedentes a un Jefe de Estado en función. Bajo su presidencia tuvieron lugar la crisis y posterior independencia de Sudán del Sur y  la crisis de Darfur, considerada como el genocidio más grandes del Siglo XXI. El mismo costó la vida de alrededor de 400.000 personas y más de 2 millones de desplazados. La Organización de las Naciones Unidas ha calificado el hecho como un crimen de lesa humanidad, propiciando su intervención en el 2011.

Al Bashir es ante todo un militar y está acusado de graves crímenes de guerra y lesa humanidad / AFP

Acontecimientos recientes

En la actualidad la violencia se ha intensificado y las manifestaciones continúan. Los líderes de la Alianza por la Libertad y el Cambio (ALC), quienes encabezan las protestas, exigen que el poder sea transferido a los civiles. El Consejo Militar utilizó la fuerza para dispersar a los manifestantes concentrados frente al cuartel general del ejército en la capital del Estado. Las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), un grupo paramilitar con vinculación al ejército, fueron dispersadas por todo el país. Su accionar fue bautizado por los opositores como “operación masacre” ya que provocó la muerte de 108 personas y 500 heridos, según fuentes del Comité  Central de Médicos de Sudán (CCSD) vinculados a los manifestantes. Cabe destacar que, el Ministerio de Salud estima que la cifra en realidad es menor; alrededor de 61 personas fallecidas.

En el Sudán de hoy todas las miras están puestas sobre el general Mohamed Hamdan Dagalo, conocido como Hemeidti, el número dos de la junta militar y máximo responsable de las Fuerzas de Apoyo Rápido. Se debe mencionar que, pocos días antes de que se asesinara a decenas de ciudadanos, dicho militar estuvo reunido en Yeda con el príncipe heredero del Reino de Arabia Saudita, Mohamed bin Salmán, quien le brindó su apoyo.

La situación que se vive es crítica y difícil, los negocios de la capital se encuentran cerrados, las calles tomadas por los manifestantes e internet sólo es accesible a través de la compañía nacional controlada por el gobierno.

Mientras decenas de personas morían, el presidente del Consejo Militar Transitorio anunciaba por cadena nacional el 3 de junio, la suspensión de todos los acuerdos alcanzados en las últimas semanas con la oposición. También se comprometió a averiguar lo sucedido y a convocar a elecciones en un plazo máximo de 9 meses. Anteriormente, los militares se proponían completar la transición en 2 o 3  años. Entre los acuerdos que se habían alcanzado se encontraba la formación de un Consejo Soberano Transitorio integrado por civiles y militares, que dirigirían el país durante 3 años. Pero como no pudieron consensuar los integrantes del mismo, ya que los militares buscaban tener la presidencia y una gran representación, mientras los opositores no estaban dispuestos a ceder, las negociaciones se estancaron y las revueltas volvieron a las calles.

Accionar de la Comunidad Internacional

La actual crisis que sufre Sudán generó conmoción a nivel internacional, llevando a los principales representantes a manifestar sus opiniones. Según varias fuentes, la Comunidad Internacional denuncia la represión de las manifestaciones y critica el accionar de la Junta Militar.

Estados Unidos ha decidido, en los últimos días, enviar al Secretario de Estado adjunto para asuntos africanos, Tibor Nagy, a fin de promover el diálogo entre las partes. El diplomático norteamericano también visitará Etiopía y la Unión Africana, con el principal objetivo de paliar la crisis interna de la Republica del Sudán.

Los manifestantes quemando llantas en Jartum / AFP

Por su parte, el Reino Unido retiró a varios de sus diplomáticos de la embajada en la capital del país y desaconsejó a los británicos acerca de viajar a Sudán debido al alto nivel de violencia que existe. Al mismo tiempo, junto con Alemania pidió convocar a una reunión al Consejo de Seguridad de la ONU.

Frente al temor de que la situación empeore dicha Organización Internacional decidió relocalizar temporalmente parte de su personal en Sudán. Además, el Secretario General Antonio Guterres, condenó el “uso excesivo de la fuerza” por parte de los militares y solicitó que se abra una investigación independiente.

Por otro lado, la Unión Europea ha defendido el derecho a la protesta pacífica y le ha solicitado al Consejo de Militar que actúe responsablemente y rápidamente para generar una transición del poder a los civiles. Es decir, tanto para la Unión Europea como para la Unión Africana es fundamental que se establezca un gobierno civil en el país africano.

El General Mohamed Hamdan Dagalo. REUTERS

En palabras del portavoz del servicio diplomático europeo, Maja Kocijancic: “esperamos que el Consejo Militar actué de forma responsable  y respete el derecho del pueblo a expresar sus preocupaciones de forma pacífica sin sufrir amenazas o el uso de la violencia contra ellos”.  

De esta forma, también el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos, liderado por Michelle Bachelet, además de lamentar los acontecimientos violentos, indicó que toda persona que ejerza su derecho de reunión no debe ser víctima de persecuciones políticas.

Estados cercanos a la Junta de Sudán, como Egipto, han expresado una gran preocupación  por la situación actual y han convocado nuevamente a las negociaciones entre las partes. Pero no han condenado el recurso a la fuerza por parte de los actuales responsables del poder.

En pocas palabras, desde la salida del Presidente Omar Al-Bashir, la sociedad sudanesa se encuentra en una encrucijada exigiendo el establecimiento de un gobierno civil, que ponga fin a la violencia, la represión y las persecuciones sociales. Aún quedará por verse si los manifestantes lograran sus objetivos o bien los generales vencerán en la contienda. 

(*) Analista del Centro de Estudios Políticos Internacionales (CEPI)

 

 

 

Tras ocho días de comicios el pueblo indio logró expresarse en las urnas y reelegir al siempre vigente primer ministro, el conservador Narendra Modi (BJP), como favorito frente a Rahul Gandhi del Congreso Nacional Indio (INC). De las 543 circunscripciones que posee el sistema electoral del gigante asiático, el nacionalista hindú Bharatiya Janata Party (BJP) aspira a retener sus 269 bancas, así como a mantenerse en el poder bajo el liderazgo de Modi.

Dentro de este escenario, estados como Maharashtra, Bengala y Uttar Pradesh son los que poseen la mayor cantidad de bancas, siendo un dato no menor que el mas del 70% de la población en dichas regiones es de creencias hinduistas, estableciéndose como los distritos fuertes del BJP. Sin embargo, a diferencia de Maharashtra y Uttar Pradesh, Bengala se ha establecido como el bastión del All India Trinamool Congress, un partido de corte regionalista y opositor al BJP, el cual se posiciona como la cuarta fuerza a nivel nacional.

Contexto interno y perspectivas internacionales

En este panorama, el sistema de alianzas del BJP le permite posicionarse como la principal fuerza nacional en un contexto multicultural en regiones donde la etnia y la religión hindú son minoritarias.

Sin embargo, mas allá de las alianzas políticas y las cuestiones identitarias, el contexto interno se enmarca en una económica desacelerada, sumado a un presupuesto deficitario y el aumento en el nivel de desempleo. A pesar de que el gobierno indio no provee estadísticas oficiales, se estima que un 6,9% de la población se encuentra desempleada, según el Centre for Monitoring Indian Economy Pvt (CMIE). Por su parte, el INC propone medidas como el Ingreso Básico Universal, medida que apunta a erradicar la pobreza en una sociedad con más de 50 millones de personas bajo la línea de la indigencia, según informes del Brookings Institution.

En lo que respecta al escenario internacional, en plena guerra comercial entre EE. UU. y China, el comercio indio sufrió un freno en su crecimiento, que había sido el más veloz desde 2002 en el sistema internacional. Desde el ejecutivo se ha optado por una reducción de las importaciones y un impulso de la exportación, para contrarrestar el déficit de la cuenta corriente, el cual alcanzó niveles equivalentes al 2,5% del PBI hace seis meses atrás, según estadísticas de CEIC Data.

Por otra parte, el siempre presente conflicto con Pakistán logró alcanzar un nuevo pico a partir de escaramuzas en la región fronteriza de Cachemira. Estos hechos se enmarcan en un nuevo episodio de la rivalidad entre las dos potencias nucleares, generando inestabilidad en una región de alto interés, no solo para las partes, sino también para China.

Rumbo incierto: ¿A qué se enfrentará el nuevo gobierno indio?

Los resultados de los comicios se sabrán hoy, aunque diversos sondeos y medios auguran la continuidad de Modi al frente del gobierno indio.

Sin embargo, debemos tener en cuenta una serie de consideraciones a la hora de analizar el porvenir de la política india. El gobierno a formarse tendrá que tener en consideración factores como el desempleo, que viene en alza, a pesar de que la reducción de la pobreza en el último decenio arrojó resultados positivos; gran parte de la juventud india se encuentra atravesando serios problemas para consolidar su inserción en el mercado laboral.

En lo que respecta al comercio internacional, factores de índole interno como el malestar de los sectores rurales por malas cosechas y precios bajos en los commodities, atentan no solo al plan del gobierno indio de reestructurar su balanza comercial, sino también dentro de la esfera política. Esto se vio reflejado en las elecciones regionales, celebradas el Diciembre pasado, en donde el BJP perdió los Estados de Chhattisgarh, Madhya Pradesh y Rajasthan; dichas circunscripciones no solo representan el corazón de la comunidad hindú sino que también sus economías se sustancian a partir del sector agrícola.

Retomando la cuestión fronteriza de Cachemira, el reavivamiento del conflicto indio-pakistaní ha de ser un as bajo la manga dentro de la estrategia política de la coalición liderada por el BJP. La disputa de Cachemira ha de ser esgrimida como un elemento de la defensa y de la identidad nacional, logrando apoyo en diversos sectores de la sociedad; a su vez, es un tópico que genera fervor dentro de los sectores hinduistas más conservadores, así como displicencias en la población musulmana.

A modo de conclusión, consideramos que Modi como Primer Ministro, deberá afrontar con sensibilidad, no solo lo que respecta a cuestiones comerciales y geopolíticas, sino también el complejo escenario social y económico en el cual se encuentra la sociedad india. A su vez, deberá consolidar más que nunca sus alianzas dentro del Lok Sabha (Cámara Baja), ya que las elecciones regionales han manifestado que el electorado se ha mostrado sensible frente a las fluctuaciones de la economía y ello podría repercutir en el esquema parlamentario actual, generando un escenario adverso para la coalición liderada por BJP y dando paso a un posible viraje hacia políticas más progresistas como las impulsadas por el INC de Rahul Gandhi.

Fuentes:

Centre for Monitoring Indian Economy Pvt

Brookings Institution

CEIC Data

 

(*) Analista del Centro de Estudios Políticos Internacionales (CEPI)