El Concejo aprobó ayer un proyecto que solicita a la provincia el retiro de símbolos religiosos en escuelas y hospitales públicos de Rosario. La iniciativa busca "garantizar el efectivo cumplimiento de los principios de libertad religiosa y de conciencia" y "certificar el carácter laico de la educación pública" en Santa Fe. La propuesta presentada por la concejala Celeste Lepratti del Frente Social y Popular dividió opiniones en la sesión y fue rechazada por casi la mitad de los ediles.

El proyecto fue sancionado por mayoría reglamentaria. Se opusieron los integrantes del bloque de Cambiemos, el edil Osvaldo Miatello (Compromiso por Rosario) y la bancada del Partido Demócrata Progresista.

El texto plantea que el Concejo se dirige al gobierno provincial "para que a través de los ministerios de Educación y Salud se remuevan los símbolos e imágenes religiosas instaladas en escuelas y hospitales públicos pertenecientes a la provincia de Santa Fe con jurisdicción en la ciudad de Rosario, garantizando el efectivo cumplimiento de los principios de libertad religiosa y conciencia, reforzando el carácter laico de la ciudad de Rosario".

En los considerandos de la iniciativa, Lepratti advirtió que "la simbología religiosa no sólo no es representativa de la totalidad de la población, sino que a su vez no se condice con la laicidad del municipio y la provincia".

La propuesta "busca garantizar el trato igualitario de cultos para avanzar en la construcción de una agenda pública no basada en la moral, sino en los derechos ciudadanos".

Para Lepratti, el debate que se dio este año en el Congreso "sobre el aborto legal y el histórico reclamo del movimiento de mujeres tuvieron tal impacto social que posibilitaron el surgimiento de discusiones largamente postergadas, como la de la separación de la Iglesia y el Estado".

La edila del Frente Social y Popular destacó que este año se renovó el debate sobre la separación Iglesia-Estado, con una campaña federal que promueve debates "acerca de la necesidad de un Estado laico y el financiamiento a la Iglesia católica, obligado por la Constitución Nacional a sostener el culto católico apostólico romano".

La concejala fue más allá y resaltó que "todavía existen decretos-leyes que regulan el dinero que se deriva a la Iglesia Católica argentina, que fueron impuestos durante la última dictadura militar".

El proyecto contiene un repaso histórico donde se menciona que "el primer campo de aplicación de los principios de la separación Iglesia-Estado fue la Revolución Francesa".

En la Argentina, menciona Lepratti, "la separación Iglesia-Estado ha sido una batalla que se ha dado en diferentes momentos y con distintos lineamientos ideológicos. Durante el siglo XIX, el sector liberal del PAN (Partido Autonomista Nacional) fue el que buscó la separación Iglesia-Estado".

También se recuerda que en 1884 se sancionó la ley 1.420 "que garantizaba la no injerencia religiosa en la educación primaria. Al año siguiente, el roquismo busco la separación, pero la votación no fue favorable en el Senado por apenas un voto, siendo quizá, la única derrota política del roquismo curiosamente frente a la Iglesia".

Más adelante, en el siglo XX, los partidos de base laica como la Unión Cívica Radical y el Partido Socialista, emprendieron diferentes campañas para reforzar la necesidad de un Estado laico.

En 1955 el tema volvió al centro de la escena con el peronismo, "que promovió una Constituyente para reformar la Constitución y separar la Iglesia del Estado. El peronismo contaba con los votos, pero el 16 de junio, con el golpe de Estado, caía el gobierno de Perón y su proyecto político", rememora la iniciativa.

FUENTE: La Capital 

RELEVAMIENTO Y EDICIÓN: Mariana Vera 

Celeste Lepratti dijo: “Hace unos días atrás hemos aprobado la emergencia social que primeramente era un proyecto de emergencia alimentaria pero que se volvió social porque debía abarcar otras cuestiones también. El proyecto fue impulsado y acompañando por quienes están todos los días en el territorio y pueden dar cuenta de la situación de los lugares más vulnerados. Es claro que es necesario acompañar este tipo de medidas en la provincia.”

“Las políticas del gobierno nacional han empujado a miles a la pobreza: se agudiza la situación de precariedad con la suba de los alimentos, con la suba del boleto y con los tarifazos, y los comedores comunitarios y escolares están con más gente pero con menos insumos. Por lo tanto buscamos poder plantear en Santa Fe la emergencia como consigna política para poder exigir con mayor fuerza al gobierno nacional políticas para poder paliar esta situación. E incluso proponemos una cantidad de medidas que se pueden tomar desde Santa fe, que siendo una provincia tan rica sin dudas tiene herramientas para poder ayudar a nuestra gente que hoy la está pasando muy mal. Los delegados y delegadas de la CC de Rosario han hecho un planteo de todas las cuestiones que no sólo tienen que ver con lo económico, como por ejemplo el aumento de la tarjeta de ciudadanía, que lleguen los programas nacionales y que se universalice la emergencia social que se aprobó el año pasado a nivel nacional sino también políticas que tienen que ver con la vivienda, con el hábitat y con las mujeres. Por eso buscamos una voluntad política de los senadores y diputados de Santa Fe para que puedan tomar con fuerza este reclamo hacia el gobierno nacional y también volcar las políticas que se tengan de los ministerios a revertir esta gran transferencia de recursos que hay de los que menos tienen a los que más tienen, a los grupos concentrados en la argentina. Que en Santa Fe se empiecen a tocar los intereses de la Bolsa de Comercio de Rosario y de las grandes cerealeras para que vuelquen algo a nuestro pueblo”, añadió la diputada Mercedes Meier.

Siguiendo esta línea, la concejala rosarina, Celeste Lepratti, declaró que “no hay que dejar de señalar a los responsables de todo este daño que claramente tiene que ver con las políticas que están llevando a cabo el gobierno nacional pero también con los gobiernos provinciales que eligen firmar pactos fiscales o invertir más en algunas áreas que en otras. Por eso sin dejar de lado a quienes tienen mayor responsabilidad, nos sumamos muchos y muchas para acompañar este proyecto de ley que entendemos que es necesario y urgente hoy.”

(*) Colaboradora Fundamentar.com

La semana pasada, un grupo de legisladores en la capital santafesina propusieron un nuevo proyecto para el congelamiento de tarifas. En función de esta nueva iniciativa, Roberto Sukerman, quien busca replicar esta iniciativa en Rosario, comentó : “Nos enteramos que el jueves pasado, sobre tablas, sin que pase por comisiones, así de manera urgente, el Concejo de Santa Fe usó un congelamiento de la tarifa de transporte de pasajeros en esa ciudad, una iniciativa de la concejala Alejandra Obeid, que fue acompañada por todos los concejales peronistas y los concejales del Frente Progresista. En realidad, en Santa Fe hicieron el congelamiento hasta diciembre, nosotros lo estamos proponiendo hasta marzo del año que viene (…) Estamos convencidos de que no puede seguir aumentando el boleto. La intendenta Fein aumentó el boleto un 88% este año, es realmente muchísimo". Además, el integrante del interbloque Nacional y Popular, explicó que la intendenta tomó esa decisión "a partir de una facultad que le delegó el Concejo, lo que fue un acuerdo del socialismo con Cambiemos”. A su vez, declaró que “no se puede seguir ajustando de la manera que lo sigue haciendo Fein. Ni la Municipalidad de Rosario ni los usuarios pueden seguir haciéndose cargo del sistema de transporte urbano y necesitamos que el financiamiento siga llegando desde Nación y, sino es así, que sea desde provincia.”

Frente al anuncio del aumento en el transporte urbano rosarino, que alcanzará los $18,28 a partir de octubre, Sukerman destacó: “Esperamos que nos acompañen como ocurrió en Santa Fe. Escuchaba al gobernador Lifschitz diciendo que había que congelar tarifas, que había que congelar el combustible, así que me parece que queda claro que el gobernador también está en esa sintonía. Esperamos que el Frente Progresista entienda el sentido de nuestra propuesta y que nos acompañe".

Por otro lado, en cuanto al apoyo de Cambiemos, Sukerman señaló "en Santa Fe votaron en contra y dos horas después el intendente Corral que es de Cambiemos dijo que estaba de acuerdo, nunca paran de sorprendernos. El apoyo lo tenemos del bloque Nacional y Popular, de Ciudad Futura, Celeste Lepratti, esperemos que también lo tengamos del Bloque Progresista".

En cuanto a la actividad parlamentaria que tendrá el proyecto esta semana, el vicepresidente del Concejo determinó que "sólo se pondrá sobre tablas, y no podrá ser tratado, en principio, por la Comisión de Servicios Públicos, pero si hay consenso sale por los votos del Frente Progresista. Entendemos que el Frente Progresista debería acompañarnos en esta iniciativa. Es bastante contradictorio declarar una emergencia social y alimentaria y después seguir aumentando el boleto a los sectores para los cuales tratamos de generar políticas aprobando la Emergencia".

Roberto Sukerman concluyó diciendo: “nosotros queremos agudizar el esfuerzo en todos los proyectos que tienen que ver con cuidar el bolsillo de los trabajadores, de los estudiantes, de los sectores más vulnerables. Que el Estado esté presente donde más se necesita. La prioridad tiene que estar en estos proyectos, el resto claramente puede esperar".

(*) Colaboradora de Fundamentar.com 

Hoy el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, presentará en el Congreso el Presupuesto 2019, que el oficialismo busca aprobar lo antes posible como una señal al Fondo Monetario Internacional de que cumplirá con el ajuste prometido. Tras la foto del presidente Mauricio Macri con la mayoría de los gobernadores, la negociación con el peronismo continuará en dos frentes: en Diputados con los representantes de Argentina Federal y el Frente Renovador y, desde el Ministerio del Interior, con las provincias. Entre los principales puntos en disputa están el freno a las rebajas de ingresos brutos de las provincias (el gobierno nacional se sigue resistiendo a aceptarlo) y la ampliación del Impuesto sobre Bienes Personales a los bienes en el exterior. Esto último divide las aguas dentro del Gobierno: lo impulsan los gobernadores, lo recomiendan los negociadores Dujovne y Rogelio Frigerio y le puso un freno, hasta ahora, el asesor presidencial Gustavo Lopetegui. 

De la oposición, seguramente se metan en la discusión el diputado del Frente Renovador Marco Lavagna, el del Bloque Justicialista Diego Bossio y, por el kirchnerismo, Axel Kicillof. Todos reclamarán detalles sobre cómo se pretende llegar al déficit cero, algo que desde el Gobierno han sido reticentes a explicar y que, en buena medida, depende de las negociaciones con las provincias, para que absorban la mitad del ajuste. Entre las discusiones pendientes, sigue abierta la del Fondo sojero que el Ejecutivo eliminó por decreto. Los distintos bloques opositores intentarán el miércoles hacer una sesión especial para rechazar el DNU de Macri, que no fue consensuado con las provincias.

Otra cuestión que sigue en debate con los gobernadores es el freno a la baja de Ingreso Brutos que se acordó en el Pacto Fiscal (del 0,75 al 0,5 por ciento). Hasta ahora, de las negociaciones en la Rosada surgió un parate para la rebaja del impuesto de sellos. En el Gobierno se siguen resistiendo a que las provincias discontinúen el cronograma de Ingresos Brutos, pero la presión de los gobernadores seguirá en la mesa de negociaciones en el Congreso.

Otro planteo de los gobernadores, que hasta ahora frenaron desde Balcarce 50, fue la extensión del Impuesto sobre los Bienes Personales para quienes hayan blanqueado sus riquezas en el exterior y para quienes tengan casas valuadas por encima de 500 mil dólares. Ese tema abrió una grieta entre los funcionarios macristas. Tanto Dujovne como los que negocian desde el Ministerio del Interior vienen recomendando acceder a ese reclamo de los gobernadores, que podría aliviar sus cuentas, pero se encontraron con una firme resistencia de Lopetegui, quien dejó su cargo de vicejefe de Gabinete pero sigue muy presente en la toma de decisiones. “Está empecinado con no conceder lo de Bienes Personales. Estuvo muy insistente con este tema”, contaban a este diario en la Rosada. Las razones que dio fueron dos: la desconfianza que esto generaría para que “lleguen las inversiones” y que le impediría al Gobierno lanzar un segundo blanqueo en un eventual segundo mandato de Macri. Según indicó el periodista Claudio Mardones en el periódico cooperativo Tiempo Argentino, esta instrucción vino directamente de Macri. Habrá que ver si finalmente no tiene que ceder, dado que ese tema será puesto sobre la mesa no sólo por los gobernadores, sino también por los negociadores de Sergio Massa, cada vez más activo a medida que se acerca 2019.

En el oficialismo confían, no obstante, en conseguir los votos para aprobar el Presupuesto antes de la cumbre del G-20 (es decir, en octubre). Esto podría ocurrir –especulan– con la decisión de algunos bloques opositores de abstenerse para no votar el ajuste, pero tampoco trabar el presupuesto. Para eso, el macrismo cuenta con que se amplíe la división entre aquellos gobernadores que llaman a votar en contra (como Carlos Verna) y los que acompañarían mayormente (como Juan Manuel Urtubey). El dato: las abstenciones también les costarán en la negociación a los macristas. 

FUENTE: Página/12

RELEVAMIENTO Y EDICIÓN: Mariana Vera 

El ministro de Hidrocarburos y Energía de Bolivia, Luis Alberto Sánchez, destacó que el plan nuclear que desarrolla Bolivia es integral y contribuirá en la mejora de áreas como educación, salud además de fortalecer la seguridad alimentaria.

"El desarrollo nuclear en el país contribuirá a través del desarrollo científico y tecnológico de manera soberana a una mayor seguridad, diversidad e independencia energética, fortalecer la seguridad alimentaria, mejorar la calidad de vida mediante el acceso a un mejor servicio de salud y un mayor acceso a la educación con calidad", afirmó Sánchez.

Señaló que el presidente Evo Morales estableció trabajar en un proyecto integral, cuya base es la formación, capacitación y entrenamiento de profesionales bolivianos, con la perspectiva de desarrollar también soberanía científica.

Igualmente explicó que para este año se prevé la institucionalización del sector nuclear en el país, cuyo proceso demandará alrededor de 12 millones de bolivianos (más de 1,7 millones de dólares).

Señaló que el presidente Evo Morales estableció trabajar en un proyecto integral, cuya base es la formación, capacitación y entrenamiento de profesionales bolivianos, con la perspectiva de desarrollar también soberanía científica.

Puntualizó que la aplicación nuclear en el sector salud permitirá mejorar los niveles de ese servicio a través del diagnóstico y tratamiento del cáncer, patologías neurológicas y cardiológicas.

"Para ello se prevé la construcción de un ciclotrón para producir radioisótopos que permitan hacer diagnósticos oncológicos, neurológicos y cardíacos", agregó.

Respecto al sector industrial, dijo que la aplicación nuclear permitirá contribuir a la seguridad alimentaria y al incremento de la productividad, para eliminar las bacterias de los alimentos frenando su descomposición, mejorando su traslado en largas distancias.

Para desarrollar el proyecto nuclear, el Gobierno boliviano tiene acuerdos firmados hasta el momento con la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), Comisionado de la Energía Atómica y Energía Alternativa (CEA) de Francia, además de que sostuvo reuniones con delegados del gobierno ruso y de su estatal ROSATOM.
 

FUENTE: Telesur

El proyecto de Código Procesal Penal que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció que enviará al Congreso apunta a lograr procesos penales más veloces, justos y transparentes. El texto prevé que las investigaciones y los juicios sean orales, ágiles e inmediatos, y adopta un modelo de justicia adversarial o acusatorio, en el que el fiscal investigue, el defensor defienda y el juez resuelva. El código actual acumula críticas desde hace años porque el proceso es lento y los jueces cumplen la doble función de investigar y resolver.

En gran parte de América Latina y en la mayoría de las provincias argentinas, el fiscal es el encargado de investigar, y el juez el que debe tutelar que se respeten las garantías constitucionales y de defensa. Ese modelo –acusatorio– es más moderno que el actual y permite que el Ministerio Público Fiscal responda en forma eficaz a los conflictos sociales, a través de estrategias y políticas para la persecución de la criminalidad. El nuevo Código se rige con esa lógica.

Las víctimas y los imputados tendrán más capacidad para participar en el proceso 

La regulación actual es incapaz de administrar los casos que hoy llegan al Poder Judicial, e impide que se puedan fijar políticas claras en la persecución de los delitos que investiga. El texto vigente fue implementado en 1991, y aunque incorporó el juicio oral, mantuvo el trámite escrito e inquisitivo en la etapa de instrucción. Hoy, los jueces investigan y controlan la legalidad de su propio trabajo.

El Código Procesal Penal vigente mantiene formalismos heredados de la colonia, y no es funcional para realizar investigaciones complejas. El proceso estipulado allí es lento y deficiente. Se lo califica como “ritualista”, porque es escrito y tiene requisitos y formalismos que ya cayeron en desuso. Tampoco prevé formas alternativas de resolución de conflictos, como la mediación penal, que es más ágil y apunta a reparar el daño producido por los delitos.

Más de doscientos jueces de la Cámara Federal de Casación Penal, la Cámara del Crimen, de tribunales y juzgados de la justicia federal y nacional plantearon la necesidad de una reforma de esta legislación. 

El texto elaborado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación recoge y actualiza lo mejor de las iniciativas del anteproyecto de Código Procesal Modelo para Iberoamérica elaborado por el jurista Julio Maier, el anteproyecto de Alberto Binder (INECIP) y retoma aspectos de los textos elaborados por el Ministerio en 2007 y en el Congreso de la Nación durante 2010 (a iniciativa del diputado Oscar Albrieu). Además, la reforma integral del sistema de administración de justicia penal se complementará con la modificación de las leyes de organización del Poder Judicial y del Ministerio Público.

Más de doscientos jueces de la Cámara Federal de Casación Penal, la Cámara del Crimen, de tribunales y juzgados de la justicia federal y nacional plantearon la necesidad de una reforma de esta legislación. La discusión está saldada los espacios académicos, en los que hubo debates contundentes sobre las bondades de un sistema acusatorio. Las falencias del sistema actual fueron señaladas también en la jurisprudencia argentina, incluso por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que indicó en sus precedentes la necesidad de adecuar la legislación procesal a las pautas constitucionales.

CELERIDAD, ORALIDAD, PUBLICIDAD

El texto que la presidenta enviará al Congreso incorpora los principios de celeridad, oralidad, publicidad y “desformalización” de las decisiones. Sus reglas cumplen con el núcleo de garantías procesales de la Constitución Nacional. Prevé que ningún proceso podrá durar más de tres años, y agiliza la revisión de las decisiones. Reconoce la tutela judicial de la víctima e incorpora la participación de la ciudadanía en el proceso de administración de justicia a través de jurados –que tendrán que ser regulados mediante una ley especial–.

El proyecto introduce el principio de oportunidad procesal, que habilita al Ministerio Público a desistir de la acción pública por insignificancia u otras causales. Eso permitirá que los fiscales puedan aplicar una política criminal estratégica, dando preponderancia a la persecución de delitos más graves y para poder trabajar sobre la complejidad del crimen organizado. También prevé la posibilidad de convertir la acción pública en privada para determinados delitos, y regula la conciliación como una forma alternativa de resolución.

Los jueces dejarán de investigar y pasarán a transformarse en jueces de garantías. Serán quienes deban autorizar o denegar determinados requerimientos de parte del fiscal, que tendrá a cargo la instrucción de la causa y la persecución penal integral. El juez velará por que ningún aspecto de la investigación pueda vulnerar las garantías del debido proceso.

El Código Procesal Penal vigente mantiene formalismos heredados de la colonia, y no es funcional para realizar investigaciones complejas.El proceso estipulado allí es lento y deficiente. Se lo califica como “ritualista”, porque es escrito y tiene requisitos y formalismos que ya cayeron en desuso. 

El Ministerio Público de la Defensa también tendrá mayores facultades para intervenir en el proceso, generar investigaciones propias y establecer mecanismos de organización útiles para el servicio de defensa pública oficial. Las asociaciones y fundaciones podrán ser querellantes en las investigaciones de delitos de lesa humanidad o en causas por violaciones graves a los derechos humanos. Además, se garantizará que las costumbres de los pueblos originarios sean tenidas en cuenta cuando los hechos involucren a sus miembros.

Las víctimas y los imputados tendrán más capacidad para participar en el proceso. Sin necesidad de ser querellantes, las víctimas tendrán herramientas para intervenir en caso de que se sobresea al imputado. Serán informados de las decisiones que los afecten y habrá un mecanismo específico para revisarlas.

Los riesgos procesales como el de entorpecer la investigación y el peligro de fuga de los imputados estarán regulados con pautas objetivas, y serán tratados en audiencias orales. En caso de que se dicte la prisión preventiva, existirán plazos de revisión de la medida cautelar. Se establecerá un catálogo de medidas distintas al encarcelamiento para poder garantizar que el imputado esté “a derecho”, y se creará una oficina dedicada al control de estas medidas.

La investigación no podrá durar más de un año, y el trámite de los legajos tendrá menos formalidades. Al terminar la investigación, habrá una audiencia para evaluar la prueba y decidir cuándo y cómo será el juicio oral. Se modernizarán las reglas del juicio, y se prevé la filmación del juicio para contar con un registro audiovisual. Sólo en los procesos complejos, especificados en el Código, se podrá duplicar los plazos procesales.

Los recursos que se interpongan a lo largo del proceso se resolverán en audiencias específicas, para garantizar la agilidad del procedimiento de impugnaciones y a la vez la revisión amplia de las resoluciones de los jueces. Los planteos realizados durante la ejecución de la pena también serán tratados en audiencias, y se permitirá que la víctima intervenga antes de que el condenado egrese del sistema penitenciario.

FUENTE: Infojus Noticias

El Proyecto “Las Leyes y Vos”, ha sido seleccionado por el Programa de Voluntariado Universitario, Dirección Nacional de Desarrollo Universitario y Voluntariado, Secretaría de Políticas Universitarias, Ministerio de Educación de la Nación Argentina, en el marco de la 8º Convocatoria de Voluntariado Universitario 2013.

Esta iniciativa, la cual se enmarca dentro de las actividades realizadas por la Fundación para la Integración Federal (FUNIF), es llevada a cabo por estudiantes universitarios de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) de diferentes carreras (Relaciones Internacionales, Ciencias Políticas, Comunicación Social y Bioquímica).

El mismo se propone trabajar junto a los jóvenes en edad de votar por primera vez (entre 16 y 18 años) sobre la importancia del rol del Poder Legislativo en sus vidas.

Los parlamentos tienen un protagonismo central en el debate de proyectos de ley de gran trascendencia política, social y económica que afectan la vida cotidiana. Consideramos que es clave que los jóvenes que se incorporan a la vida ciudadana conozcan el funcionamiento legislativo y su influencia en la vida política nacional, provincial y local.

En nuestra sociedad persiste cierto prejuicio de que los jóvenes no se interesan por la política ni la asocian a lo que les influye cotidianamente. Sin embargo, nosotros creemos que, por el contrario, tienen mucho que decir.

Proyecto "Las Leyes y Vos"

El Senado de la Nación aprobó esta madrugada la Ley de Presupuesto 2013, que contempla un crecimiento del 4,4% y destina la mayor parte de sus recursos al gasto social y la realización de obras públicas.

• Diputados Dio Media Sanción al Presupuesto 2013
• AUDIO: Análisis del Presupuesto 2013

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La iniciativa fue aprobada por 42 votos a favor y 23 en contra, después de un debate de casi nueve horas.

El proyecto impulsado por el Gobierno contempla una proyección de crecimiento del PBI del 4,4%, una inflación del 10,8% y un valor promedio del dólar de 5,10 pesos.

El Presupuesto también establece que la mayor parte de los recursos se derivarán al gasto social y a la realización de obras públicas, claves para desarrollar la infraestructura del país.

Según los números, se mantienen las políticas contracíclicas para alentar el consumo y la inversión y destinar mayor volumen al gasto social; además de promover la política de desendeudamiento con el uso de las reservas; y un crecimiento en la recaudación del fisco de 22,7% a través de un política tributaria progresiva, donde pagarán más impuestos los que más tienen.

El texto precisa un superávit en la balanza comercial con un monto de 13.325 millones de dólares (un crecimiento del 9% respecto del que se prevé para este año) y establece que se utilizarán unos 7.967 millones de dólares del Fondo de Desendeudamiento (Fondea y Fondoi), para pagar deuda privada y pública del año próximo.

Entre otras cuestiones, prevé un aumento en el consumo de 4,3% -1.867.059 millones de pesos-, en línea con el crecimiento de la economía, mientras que para el nivel de inversión proyectan un avance de 7,4%, alcanzando los 602.695 millones de pesos.

Para 2013 se prevé un superávit primario de 55.893 millones de pesos (2,19% del PBI) y un resultado financiero también superavitario de 588 millones de pesos (0,02% del PBI).

El debate en el Senado fue iniciado por el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara alta, Aníbal Fernández, quien afirmó que la Ley de Presupuesto 2013 "beneficia a los más vulnerables".

"La propuesta es esta. No estamos dispuestos a ceder un tranco de pulga en lo que la presidenta (Cristina Fernández de Kirchner) llama el 'beneficio para los más vulnerables´", sentenció Fernández.

El representante de la provincia de Buenos Aires anticipó la postura del Frente para la Victoria a favor de la Ley de Presupuesto 2013 diciendo que la norma "es una herramienta fenomenal de trabajo".

Fernández recordó que desde la crisis global de 2008 se tomaron "fuertes medidas contracíclicas" que "permitieron recuperar el mercado interno", y manifestó que entre 2003 y 2011 la Argentina tuvo un promedio de crecimiento anual del 7,7 por ciento.

"Somos el país que más ha crecido", resaltó el senador nacional, tras lo cual subrayó que el país alcanzó una cobertura provisional del 95 por ciento "la más alta de América Latina".

En cambio, el radical Gerardo Morales anticipó la negativa del bloque radical a acompañar al Presupuesto al referirse a que "no es equitativa" la distribución del ingreso.

Morales mencionó que "es verdad que hemos crecido y que hay mayor distribución del ingreso", pero llamó la atención de que "no es equitativo".

Al respecto, agregó que el Presupuesto será "más inclusivo" en la medida en que sea "más federal".

El kirchnerista formoseño José Mayans defendió el proyecto acusando a "todas esas personas que decían que la economía iba a ser un desastre" y que "le erraron bastante feo".

Mayans también mencionó que algunos dirigentes de la oposición "comparan el desarrollo de Brasil con el de la Argentina", pero recordó que aquel país "no tuvo la crisis terminal de 2001 que tuvo nuestro país".

A su turno, el oficialista porteño Daniel Filmus recordó que la inversión en educación será la más alta de la historia porque llegará al 6,5 por ciento; al tiempo que destacó que "en educación técnica la inversión en 2003 era de 6 millones de pesos" y que "en 2013 será de 1351 millones de pesos".

Finalmente, el socialista Rubén Giustiniani cuestionó los "subsidios a los sectores ricos de la Capital Federal y del conurbano bonaerense".

RELEVAMIENTO Y EDICIÓN: Pedro Arrospidegaray

FUENTE: Télam

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