El próximo miércoles se cumple el 32º aniversario del inicio de la guerra de Malvinas y a pesar de los años transcurridos aún existe una serie de interrogantes sin resolver: ¿Los ingleses cometieron crímenes de guerra? ¿Los oficiales argentinos torturaron a su propia tropa? ¿Cuál es la identidad de los 123 soldados sepultados como NN en el cementerio que se levantó en el archipiélago? Esas preguntas están planteadas en tres expedientes judiciales que tramitan en los juzgados federales argentinos:
- La identificación de los 123 NN que están sepultados en el cementerio de Darwin. Este expediente se inició con un planteo judicial en el 2011 y en abril de 2012 la Presidenta anunció que se transformaría en una política de Estado. Una comisión interdisciplinaria avanza en la recolección de las muestras de sangre de los familiares de los caídos, paso previo para obtener el ADN necesario para el reconocimiento. Según pudo saber Veintitrés, al menos 60 familias aportaron su muestra sanguínea.
- La investigación que busca dilucidar si el Reino Unido cometió crímenes de guerra tomó impulso en marzo del año pasado cuando el equipo jurídico del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) denunció a jefes británicos por homicidios y mutilaciones cometidas contra soldados argentinos que habían sido tomados prisioneros en el campo de batalla.
- La pesquisa por las denuncias sobre violaciones a los derechos humanos cometidos por los oficiales y suboficiales argentinos a su propia tropa comenzó en el 2007 y hoy su suerte se baraja en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Se espera una pronta resolución.
Cada una de estos casos refleja una deuda pendiente. El coordinador del equipo jurídico del CECIM, Jerónimo Guerrero Iraola, aseguró a Veintitrés: “Estas tres causas están en un diálogo muy íntimo. La identificación de los restos que hay en el cementerio de Darwin es el gran eje transversal que une al resto de las causas. Por ejemplo, la identificación es clave como acervo probatorio para la causa de crímenes de guerra porque a partir de la exhumación de los cuerpos pueden aparecer las pruebas materiales de nuestra denuncia o nuevos elementos”. Un caso concreto explica la aseveración de Guerrero Iraola: el fusilamiento de un soldado argentino –cuyo nombre se desconoce–, que tras haberse rendido recibió un balazo calibre .45 en la cabeza. Se cree que quien apretó el gatillo fue el cabo británico Connery. “Si de la exhumación de los restos que hay en Darwin surge un cráneo con un agujero de un arma calibre .45 tendríamos la prueba del delito y sería mucho más fácil empezar a cerrar nuestras hipótesis”, aseguró el letrado a esta revista.
IDENTIFICACIÓN DE LOS NN
“Soldado argentino sólo conocido por Dios”, reza el epitafio de 123 soldados caídos en la Guerra de Malvinas cuyos restos reposan en el cementerio de Darwin que se levantó en el archipiélago. La frase no es casual: a 32 años de que perdiesen su vida, sus cuerpos aún no fueron identificados. Para revertir aquella injusticia, en el 2011, bajo la representación del entonces abogado Alejo Ramos Padilla, el CECIM presentó un amparo ante el juzgado federal a cargo del magistrado Julián Ercolini para que “reconociendo el derecho a la identidad y a la verdad”, el Poder Ejecutivo “disponga en el marco de su competencia las medidas necesarias para dentro de un plazo razonable se le devuelva la identidad y la historia a aquellos hombres que dieron la vida defendiendo la soberanía de nuestras islas Malvinas en 1982, y que por desidia u omisión por parte del Estado nacional a 29 años del conflicto sus restos no han sido identificados”.
“No hubo dictado de sentencia por parte de Ercolini al día de la fecha. Una vez más en la última década, el poder político ha ido mucho más rápido. Los avances en el tema tuvieron más que ver con el impulso del gobierno que con el trámite judicial”, indicó Guerrero Iraola. Ocurre que en sintonía con la presentación del CECIM-La Plata, la presidenta de la Nación, Cristina Fernández, anunció el 2 de abril de 2012 que le escribió una carta al titular de la Cruz Roja Internacional convocándola a “que tome las medidas pertinentes e interceda ante el Reino Unido para poder identificar a los hombres argentinos y aun ingleses que no han podido ser identificados, porque cada uno merece tener su nombre en una lápida”.
“La Cruz Roja prometió que nos ayudará a gestionar la identificación de los cuerpos”, aseguró el canciller Héctor Timerman, el 3 de marzo pasado, tras reunirse en Suiza con el titular de aquella institución, Peter Maurer. El funcionario detalló que la idea es llevar a cabo un trabajo forense en el cementerio. Para lograrlo un equipo interdisciplinario impulsado por el Estado Nacional –compuesto por personal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, de Desarrollo Social, por integrantes del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) y por un escribano de la Nación– avanza a paso firme: ya recopiló, al menos, 60 perfiles sanguíneos que permitirán deducir el ADN de las 102 familias de los caídos que avalaron la el proceso.
Ramos Padilla, quien actualmente se desempeña como juez federal de Dolores, afirmó a esta revista: “El Poder Ejecutivo ha tomado la decisión de acompañar a las víctimas en un reclamo que había sido invisibilizado y que ahora, gracias a los familiares y a las acciones que se están llevando adelante, volvió a existir la posibilidad de reparar al menos este punto en lo que hace a la identidad de los caídos y están en el cementerio sin reconocer. Lo importante es que esto ocurra lo más pronto posible. Hasta que no tengamos las identificaciones no se ha logrado nada”, aseguró.
CRÍMENES DE GUERRA
El 3 de marzo del año pasado, el representante legal del CECIM dio impulso a una antigua investigación y denunció ante el juzgado federal de Río Grande (Tierra del Fuego), a cargo de la magistrada Lilian Hérraez de Andino, que el Reino Unido violentó el Convenio de Ginebra, que regula el trato digno que deben tener las tropas capturadas en un conflicto bélico, suscripto por ambos países. En la presentación se acusó al corporal (primer rango del ejército inglés) paracaidista Gary Sturguer, al sargento inglés John Pettinger –a quien se apuntó por intentar asesinar al cabo argentino José Carrizo–, y al corporal Stewart Mac Laughlin –fallecido en Malvinas y acusado de practicar un trato inhumano a los soldados nacionales–. A su vez, se solicitó que se investigue “la presunta comisión de homicidio cometida por el cabo Connery”. “Al día de la fecha hemos logrado que la jueza cite a tres de los principales testigos que ofrecimos”, contó Guerrero Iraola. Se trata de Mario Volpe, Carlos Daniel Amato y Fernando Magno.
El ex soldado conscripto Ernesto Alonso, quien preside la comisión nacional de ex combatientes del Ministerio del Interior y Transporte e integra el CECIM-La Plata, indicó a Veintitrés: “Esperamos que la Justicia cite a indagatoria a alguno de los imputados que están debidamente expuestos en las publicaciones británicas. Son los mismo británicos los que asentaron las denuncias públicamente”. No obstante, existen importantes “obstáculos procesales” para que la jueza llegue al procesamiento de alguno de los acusados.
“Para dictar el procesamiento en una causa en la Argentina es necesario que el acusado sea indagado. Y sabemos que es muy difícil que el Reino Unido ponga a disposición de la Justicia argentina a quienes se sindica como autores de los crímenes. Estamos viendo en materia diplomática cómo avanzar. Es una cuestión que tiene las complejidades y complicaciones propias de la lucha por la soberanía”, explicó el abogado.
En el horizonte, esta causa se presenta como la de más difícil resolución de las tres mencionadas.
DERECHOS VIOLADOS
En abril de 2007 se abrió en el juzgado federal de Río Grande el expediente judicial para determinar si durante la guerra en el archipiélago los oficiales y suboficiales argentinos torturaron e incluso asesinaron a soldados de su propia tropa. El abogado que impulsó esta investigación, que en la actualidad se encuentra en la Corte Suprema de Justicia de la Nación a la espera de una resolución, fue Pablo Andrés Vassel. En diálogo con esta revista, el letrado manifestó: “Iniciamos esta causa entendiendo que los ejes de la política nacional de derechos humanos de Memoria, Verdad y Justicia tenían que llegar a la causa Malvinas. Sumamos también un cuarto eje: la soberanía. Se hizo una tarea de campo de más de dos años de trabajo. Empezamos con 23 testimonios de víctimas y testigos y a la fecha han declarado 120 personas”. En la causa que llegó al máximo tribunal del país hay 85 hechos delictivos –homicidios, abandono de persona seguido de muerte, torturas, amenazas, coacción, lesiones y vejámenes– y 70 imputados identificados. “Esto no fue obra de un cabo enloquecido sino que fue una cuestión sistemática”, resaltó Vassel.
El expediente llegó a la Corte tras un derrotero de cinco años: la jueza de primera instancia Hérraez de Andino encuadró los delitos como crímenes de lesa humanidad. Y además separó en otra causa uno de los casos presentado en la misma investigación pero que ocurrió en el predio militar de General Roca de Comodoro Rivadavia, antes de partir hacia Malvinas, por una cuestión de competencia. La defensa de los acusados apeló la decisión, por lo que ambas causas llegaron a la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia que confirmó la sentencia de la magistrada y procesó a los dos imputados en la causa de Comodoro Rivadavia: es decir, a quien dio la orden y a quien la ejecutó.
Tras una nueva apelación ambos expedientes terminaron en la Cámara Nacional de Casación Penal que contradijo a las instancias anteriores y determinó que no fue crimen de lesa humanidad ninguna de las dos causas. Esto motivó que el caso llegara en el 2012 a la Corte. “Mi expectativa es que pronto atento a la trayectoria de la causa, tratándose de una causa nacional como Malvinas, debería la Corte resolver esta cuestión. Sin duda es una de las deudas”, manifestó Vassel.
La resolución no es casual. Entre las decenas de imputados hay muchos militares retirados acusados que siguen cumpliendo tareas. Tal es el caso del subteniente retirado Marcelo Oscar Dorigón, capitán retirado del Ejército que está denunciado en la causa por estaquear a un soldado y actualmente ejerce como gerente de recursos humanos de la firma rosarina Liliana SRL, que fabrica electrodomésticos.
“Nuestro pueblo necesita saber la verdad sobre Malvinas. Lamentablemente, la dictadura ha dejado una construcción de discurso que se ha repetido durante muchos años”, consideró Alonso. Para cambiarlo, “el Estado nacional ha tomado como propia la reescritura de la historia del tema Malvinas”, dijo Guerrero Iraola.
A 32 años del inicio de la guerra, y a pesar de los avances, hay deudas que siguen vigentes. Y un reclamo soberano que no cesa.
FUENTE: Veintitres
