Una seguidilla de sucesos ocurridos en las últimas semanas reavivaron las discusiones en torno a la Ley de Salud Mental (26.657). Particularmente respecto al artículo 20, que establece que la internación involuntaria de un paciente es un recurso “excepcional” que “solo podrá realizarse cuando a criterio del equipo de salud mediare situación de riesgo cierto e inminente para sí o para terceros”.

El médico psiquiatra y ex Director Nacional de Salud Mental y Adicciones, Hugo Barrionuevo, y el psicólogo y cofundador de la Red de Salud Mental Argentina (RESMA), Federico Morgade, dialogaron con GO Noticias acerca de la necesidad de una atención integral y de las complejidades que años de estigmatización contra las problemáticas de salud mental y el consumo de sustancias implican a la hora de analizar y aplicar la legislación vigente desde 2010.

El incendio en el departamento de Felipe Pettinato (que terminó con la vida de Melchor Rodrigo), una nueva internación del cantante Santiago “Chano” Moreno Charpentier y el aniversario 11º de la Ley, fueron los hitos que volvieron a hacer pública una discusión en particular, que tanto profesionales de la salud como familiares de pacientes sostienen desde hace tiempo: el carácter voluntario de la internación en pacientes psiquiátricos y adictos.

Este lunes, Marina Charpentier, madre de “Chano”, expuso en el Senado con motivo del 11º aniversario de la Ley, junto al senador radical Mario Fiad, la diputada de la Coalición Cívica Marcela Campagnoli y el médico psiquiatra Christian Molina Radio. Allí volvió a hacer explícito su pedido de modificar la legislación actual para que contemple una “mayor escucha” a las familias: “El artículo 20 es una injusticia, una estupidez y una falta de conocimiento terrible”, dijo.

¿Cuándo se considera que el riesgo es cierto e inminente?

El médico psiquiatra y ex Director Nacional de Salud Mental y Adicciones, Hugo Barrionuevo, expresó que “la Ley Nacional de Salud Mental no obstaculiza las internaciones, todo lo contrario: empodera al equipo de salud y lo faculta a decidir internar a una persona contra su voluntad en caso de que exista riesgo a la integridad física propia o de terceros”.

Al respecto, explicó que el riesgo se considera como tal “cuando es cierto e inminente, no potencial, para también proteger la libertad de las personas que no están ni ponen a alguien más en riesgo”. Incluso, explicó que “la Ley exige la creación de un servicio de internación específico en hospitales generales, por lo que debería haber más disponibilidad para internar a una persona y, por ende, facilitar siempre ese proceso”.

"¿Cuál es el criterio para definir si un paciente implica un riesgo cierto e inminente?", se preguntó Federico Morgade, psicólogo y cofundador (junto a María Florencia Casettari) de la Red de Salud Mental Argentina (RESMA), asociación que busca guiar tanto a pacientes como a familiares en la búsqueda de profesionales de la salud. "No puede depender de cada caso, de cada familia o de cada profesional, no deberían existir esos grises”, sostuvo.

La aplicación de la Ley en el sistema de salud mental

Barrionuevo consideró que “lo que tiene que cambiar y mejorar es el sistema de salud mental, no necesariamente la ley”. En esa línea, señaló que esta dificultad de modificación del sistema “tiene que ver con que la salud mental fue un objeto de estigma y discriminación históricamente, por eso la ley implica un cambio que lleva mucho tiempo”.

Agregó que existe una “brecha” entre el sistema de atención y las necesidades o demandas de las familias y los pacientes: “Es un problema histórico y global; reducir esa brecha es incluso una de las propuestas de la Organización Mundial de la Salud, pero no es solo la cantidad de recursos que se tiene para el tema, es la forma en que se distribuyen y planifican”.

Morgade reconoció que la Ley trajo consigo la expansión de la salud mental de un plano meramente biológico a uno "también social y económico", que permitió una ampliación en la cantidad de profesionales que pueden abordar las problemáticas, sin reducirlo únicamente a médicos psiquiatras. Pero hizo énfasis en los “grises” que tiene la legislación de 2010: “Hay un cierto desfasaje entre lo que propone la ley y su aplicación en la vida real”.

En paralelo, Barrionuevo expresó: “La ley busca darle un marco jurídico a la posibilidad de transformarlo en un sistema de salud comunitario, entendiendo esto como uno que esté cerca de las personas, cerca del pueblo en todo sentido y con igualdad en la distribución de recursos, pero también en términos culturales y geográficos”.

Mayor poder de decisión para las familias de los pacientes

En la exposición del lunes, la madre de Chano había señalado: “El artículo 20 hay que cambiarlo, porque una persona adicta tiene su voluntad tomada por la sustancia y no puede decidir con su sano juicio qué es lo bueno y lo malo para él".

Morgade, por su parte, propone la alternativa intermedia: si hay dispositivos que acompañen esas “recaídas”, la persona puede seguir con un estricto seguimiento sin la necesidad de permanecer internada. “Algunos puntos de la ley, como el artículo 20 no son claros porque son justamente temas difíciles de esclarecer y por eso es tan necesario pensar, junto con la ley, su función pragmática, que sea aplicable a la realidad y acorde a la necesidad de los pacientes”, añadió.

Consultado por el reclamo de un grupo de familiares de pacientes psiquiátricos que exigen una “mayor escucha”, Barrionuevo reconoció: “Es muy doloroso ser un familiar de una persona con un padecimiento de salud mental y las personas que acompañan merecen todo el acompañamiento y respeto; es el sistema el que debe adaptarse a la necesidad del paciente y sus allegados, no a la inversa”.

En ese sentido, coincidió con el psicólogo y remarcó la necesidad de “reforzar el acceso a los servicios ambulatorios como centros de día, tratamientos domiciliarios, centros de atención de emergencia” para aquellos casos que no precisan internación, pero sí un seguimiento estricto.

 

Dispositivos intermedios

Al ser consultado por la situación de pacientes en situación de consumo problemático, Barrionuevo explicó: “La Ley contempla el consumo como una problemática de salud mental, pero en este punto hay incluso más discriminación y estigma. El sistema lo tiene que contemplar y para eso es necesario fortalecer los equipos capacitados y especializados en consumo dentro del sistema de salud mental”.

En ese sentido, el cofundador de la RESMA manifestó su preocupación porque muchos centros de atención intermedia actualmente “no son de fácil acceso y no abarcan todo el territorio nacional” y son las “formas posibles de intervenir para disminuir una sintomatología y prevenir la necesidad de internación, que es una situación más privativa y no puede ser la única opción”.

Por ese motivo, señaló la importancia de robustecer los dispositivos de atención telefónica ya existentes para que los pacientes puedan acudir desde que comienzan con los primeros índices de potenciales trastornos psiquiátricos, donde “hemos tenido experiencias muy buenas y completas, pero también hemos recibido reclamos por las demoras y los procedimientos que no siempre se dan en el tiempo que una urgencia precisa”.

Y concluyó con la necesidad de “encontrar opciones que no sean ni tan severas como una internación ni tan laxas, es necesario desarrollar más dispositivos intermedios tanto en el ámbito público como en el privado”. Fundamentalmente, en casos de consumo de sustancias, donde hay “recaídas y mejorías” y esos momentos deben ser acompañados sin necesidad de decisiones radicalizadas.

 

FUENTE: Página 12

RELEVAMIENTO Y EDICIÓN: Dana Vazquez

La COVID‑19 amplifica el riesgo de una escalada mundial de precios de los alimentos, algo que provocaría crisis declaradas en muchos países en desarrollo. En los más pobres, los alimentos suponen entre el 40 y el 60% de la canasta de consumo, unas cinco o seis veces más que en las economías avanzadas.

Las cuarentenas provocaron una enorme contracción de la demanda de bienes duraderos y servicios prescindibles, pero con los alimentos ocurre lo contrario. En ciudades de todo el mundo, desde el inicio de la pandemia se han multiplicado los casos informados de compras por pánico y acaparamiento de alimentos.

Por el lado de la oferta, aunque las reservas mundiales de granos están en buenos niveles, las alteraciones a la producción y distribución de alimentos provocadas por el virus pueden llevar a que se agoten en poco tiempo. Y la escasez de forrajes, fertilizantes y pesticidas aumentó los costos de la producción agrícola y el riesgo de malas cosechas.

Además, ya sea en la recolección de frutas y vegetales en la India o la operación de plantas de procesamiento de carne en Estados Unidos, hay una escasez de mano de obra cada vez más evidente como resultado de las restricciones al movimiento internacional de personas en gran parte del mundo, que alteran el ciclo estacional normal del trabajo agrícola migrante. Y la escasez de medios de transporte dificulta todavía más el traslado de la producción a los mercados que siguen funcionando.

En vez de vender en bulto a restoranes, hoteles y escuelas (que ahora están cerrados), los agricultores necesitan reorientar sus cadenas de suministro hacia la venta a tiendas de cercanía y la entrega a domicilio. Pero eso lleva tiempo, en particular porque hay diferencias de preparación y empaquetado entre los productos alimenticios de uso comercial y los que se venden directamente a los consumidores. Mientras tanto, ya hubo casos de destrucción forzosa de productos frescos.

Encima, algunos importantes países productores de alimentos ya han respondido a la pandemia con restricciones (cuotas o prohibiciones) a las exportaciones; por ejemplo Rusia y Kazajistán para los granos y la India y Vietnam para el arroz. Y otros han comenzado a acelerar las importaciones para acumular reservas de alimentos, por ejemplo las Filipinas (arroz) y Egipto (trigo).

Este proteccionismo alimentario puede parecer un buen modo de dar alivio a los segmentos más vulnerables de la población, pero si muchos gobiernos apelan a esta clase de intervenciones en simultáneo puede producirse una escalada global de precios de los alimentos, como sucedió en 2010‑11. El Banco Mundial calcula que en aquel momento un 40% del aumento del precio mundial del trigo y un 25% en el caso del maíz fueron atribuibles a medidas proteccionistas.

El nerviosismo de los países es comprensible. La pandemia de COVID‑19 ya provocó reducción del crecimiento y aumento del desempleo, del déficit fiscal y de la deuda en una variedad de economías (tanto avanzadas como emergentes) y la aparición de nuevos focos de contagio en países en desarrollo agudizará el dilema entre salvar vidas y proteger los medios de subsistencia de la gente. Además, los países en desarrollo ya enfrentan un corte súbito de los flujos de capitales y remesas y un derrumbe del turismo, a lo que se suma, en el caso de los muchos de ellos que son exportadores de petróleo y commodities primarios, un enorme deterioro de los términos de intercambio y de los tipos de cambio. Incluso antes de la COVID‑19, muchos países de bajos ingresos ya estaban en grave riesgo de tener problemas de deuda. Y muchas de estas economías también son muy vulnerables a una escalada de precios de los alimentos.

El Índice Nomura de Vulnerabilidad Alimentaria califica 110 países según su exposición a grandes oscilaciones de precios de los alimentos, teniendo en cuenta el PIB nominal per cápita, la participación de los alimentos en la canasta hogareña de consumo y el nivel neto de importación de alimentos. La última medición muestra que los 50 países más vulnerables a un encarecimiento sostenido de los alimentos corresponden casi en su totalidad a economías en desarrollo que equivalen a casi tres quintos de la población mundial.

De hecho, dado el carácter universalmente regresivo de los precios de los alimentos, su encarecimiento sería un problema en todo el mundo. Incluso en las economías desarrolladas, un salto de precios de los alimentos ampliará la disparidad entre ricos y pobres y agravará así la importante desigualdad de riqueza preexistente. Y no hay que pasar por alto la conexión histórica entre las crisis alimentarias y la agitación social.

Las instituciones multilaterales se han movilizado rápidamente durante la crisis para proveer financiación de emergencia a una cantidad récord de países en desarrollo; el G20, en tanto, acordó otorgar a los países pobres que lo necesiten una moratoria del pago de deudas. Pero los riesgos de una escalada de precios de los alimentos no afectan solamente a las economías más vulnerables, de modo que es posible que otros países también necesiten un alivio de deudas temporal.

En momentos en que la pandemia amenaza generar un caos económico todavía mayor, es necesaria la colaboración de los gobiernos para enfrentar el riesgo de interrupciones en las cadenas de suministro de alimentos. Y más en general, un mínimo de coordinación internacional de políticas es esencial para evitar que el proteccionismo alimentario se convierta en la nueva normalidad post‑pandemia.

 

FUENTE: Project Syndicate

 

(*) Carmen M. Reinhart is Professor of the International Financial System at Harvard University's John F. Kennedy School of Government.

(**) Rob Subbaraman is Head of Global Macro Research at Nomura.

Para la protección de las sociedades contra la COVID‑19 será clave contar con sistemas sanitarios fuertes, una adecuada capacidad de testeo y una vacuna eficaz y de acceso universal. Pero para que nadie quede excluido, además de una inversión colectiva de un nivel inédito, también se necesita un importante cambio de metodología.

Investigadores de universidades y empresas de todo el mundo trabajan a toda prisa para desarrollar una vacuna. Y los avances actuales son alentadores: ya hay 73 vacunas candidatas en investigación o en desarrollo preclínico, y cinco que ya pasaron a la fase de ensayo clínico.

Este esfuerzo masivo sólo es posible gracias a una sustancial inversión pública, que incluye a los Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos y a la Coalición para las Innovaciones en Preparación para Epidemias (CEPI). Esta última, una organización sin fines de lucro con financiación pública, se creó después de la epidemia de ébola que golpeó África occidental en 2014‑16, con el objetivo de impulsar la investigación y el desarrollo de vacunas aplicables durante un brote contagioso.

Hasta ahora, la CEPI ha recibido de varios gobiernos financiación adicional por 765 millones de dólares (dentro de una meta de 2000 millones) para el desarrollo de una vacuna contra la COVID‑19. La Autoridad para la Investigación y el Desarrollo Biomédico Avanzado (perteneciente al Departamento de Salud y Servicios Sociales de los Estados Unidos) ha hecho importantes inversiones en proyectos para el desarrollo de una vacuna junto con Johnson & Johnson (450 millones de dólares) y Moderna (483 millones de dólares). Y la Unión Europea buscará movilizar más fondos públicos mediante una conferencia virtual de donantes que tendrá lugar el 4 de mayo.

Pero la inversión sola no basta. Es necesario que todo el proceso de innovación en vacunas, desde la I+D hasta la distribución, se rija por reglas de acción claras y transparentes basadas en objetivos y métricas referidos al interés público. Eso, a su vez, exige una clara alineación entre el interés público nacional y el global.

El primer y más importante paso es adoptar un sentido de misión que ponga las inversiones públicas y privadas al servicio de un objetivo común claro: el desarrollo de una o más vacunas eficaces contra la COVID‑19 que puedan producirse rápidamente a escala global y ponerse a disposición de todas las personas en forma gratuita. Esto demanda reglas firmes en lo referido a la propiedad intelectual, la fijación de precios y la fabricación, en cuyo diseño y fiscalización se deben valorar la colaboración y solidaridad internacional en vez de la competencia entre países.

En segundo lugar, para acelerar los avances y así maximizar el impacto sanitario, es necesario orientar el ecosistema de innovaciones hacia el uso de la inteligencia colectiva. La ciencia y la innovación médica prosperan y progresan cuando los investigadores intercambian y comparten el conocimiento en forma abierta, lo que les permite basarse en los éxitos y fracasos ajenos en tiempo real.

Pero el modelo científico privatista actual, en cambio, promueve la competencia y el secretismo, pone la aprobación regulatoria en los países ricos por encima de la accesibilidad y del impacto sanitario en el nivel mundial, y alza barreras a la difusión de la tecnología. Y si bien los fondos de licencias voluntarias (fondos de patentes) como el que Costa Rica propuso a la Organización Mundial de la Salud pueden ser útiles, corren el riesgo de ser ineficaces, en la medida en que se permita a empresas comerciales privadas mantener el control de tecnologías y datos fundamentales (que se desarrollaron gracias a la inversión pública).

Además, es esencial una orientación colectiva para seleccionar e implementar las vacunas potenciales más prometedoras. De lo contrario, la autorización de comercialización puede ir para la candidata con mejores recursos en vez de la más adecuada.

En tercer lugar, los países deben tomar la delantera en crear y reforzar capacidades de fabricación, en particular en el mundo en desarrollo. Aunque para contar con una vacuna eficaz contra la COVID‑19 tal vez haya que esperar entre doce y dieciocho meses, hay que hacer ahora mismo un esfuerzo concertado para preparar las infraestructuras y capacidades públicas y privadas que se necesitarán para producir en poco tiempo los miles de millones de dosis necesarias.

Como todavía no sabemos cuál de las vacunas resultará más eficaz, es posible que debamos invertir en una amplia variedad de activos y tecnologías. Esto supone un riesgo tecnológico y financiero que sólo puede superarse con la ayuda de estados emprendedores respaldados por la financiación colectiva orientada al interés público, provista por ejemplo por bancos nacionales y regionales de desarrollo, el Banco Mundial y fundaciones de beneficencia.

Por último, cualquier programa de desarrollo de vacunas debe incluir desde el primer momento condiciones que garanticen un acceso global, equitativo y asequible. De ese modo la inversión pública se estructurará no tanto como una mera subvención o corrección de fallos del mercado, sino más bien como una fuerza configuradora del mercado proactiva y orientada al interés público.

El precio de las vacunas para la COVID‑19 debe reflejar tanto la importante contribución pública a su desarrollo cuanto la urgencia y magnitud de la crisis sanitaria global. Debemos trascender las declaraciones de principios y los compromisos genéricos, para introducir en cambio condiciones concretas que permitan la gratuidad de las vacunas en el lugar de uso. Las autoridades también deben considerar la aplicación de licencias obligatorias para que los países puedan hacer un uso óptimo de las herramientas y tecnologías disponibles.

Es fundamental contar con mecanismos de compra colectivos que garanticen una distribución justa y un acceso global equitativo a las nuevas vacunas que vayan desarrollándose. El objetivo principal debe ser evitar que las economías avanzadas monopolicen el suministro global o no dejen lugar para la demanda de los países más pobres.

Ante la crisis de la COVID‑19 el modelo habitual no sirve. En momentos en que todo el mundo se moviliza contra la pandemia, con llamados a la formación de una alianza global, conferencias de donantes, reuniones del G20 y la próxima Asamblea Mundial de la Salud de este año, tenemos una oportunidad que no podemos desaprovechar. Estos esfuerzos colectivos deben incluir normas de acción claras y fiscalizables para que todas las partes se comprometan a seguir un enfoque integral para la innovación sanitaria basado en el interés público, que es contar con una vacuna eficaz para la COVID‑19 que pueda ponerse en poco tiempo a disposición de todos en forma gratuita.

El desarrollo de una vacuna eficaz y de acceso universal para la COVID‑19 es una de las tareas más cruciales del tiempo en que nos tocó vivir. Y sobre todo, es la prueba definitiva para saber si el resultado de la cooperación global entre el sector público y el privado (que las autoridades presentan como esencial) será maximizar el suministro de bienes públicos o las ganancias privadas.

(*) Mariana Mazzucato, Professor of Economics of Innovation and Public Value and Director of the UCL Institute for Innovation and Public Purpose (IIPP), is the author of The Value of Everything: Making and Taking in the Global Economy (Allen Lane 2019).

(**) Els Torreele is Executive Director of the Médecins Sans Frontières Access Campaign.

FUENTE: Project Syndicate

Puede parecer una fantasía utópica, pero de hecho es una descripción de la forma en que se produce la vacuna contra la gripe desde hace cincuenta años. En el marco del Sistema Mundial de Vigilancia y Respuesta a la Gripe de la Organización Mundial de la Salud, expertos de todo el mundo se reúnen dos veces al año para analizar y discutir los últimos datos referidos a nuevas cepas del virus de la gripe y decidir cuáles deben incluirse en la vacuna de ese año. El SMVRG, una red de laboratorios que abarca 110 países y que funciona casi exclusivamente con financiación estatal (y algunos aportes de fundaciones), es un ejemplo cabal de lo que Amy Kapczynski (de la Escuela de Derecho de Yale) denomina «ciencia abierta».

El SMVRG no busca ganancias, sino proteger la vida humana, y eso le confiere una capacidad única para reunir, interpretar y distribuir conocimiento aplicable al desarrollo de vacunas. Quizá esta modalidad se aplicaba sin pensar mucho en ella, pero hoy sus ventajas se están volviendo cada vez más evidentes.

En la respuesta a la pandemia, la comunidad científica mundial ha mostrado una notable disposición a compartir conocimiento sobre posibles tratamientos, coordinar ensayos clínicos, desarrollar nuevos modelos en forma transparente y publicar los resultados de inmediato. En este nuevo clima de cooperación, es fácil olvidar que las empresas farmacéuticas comerciales llevan décadas privatizando y monopolizando bienes comunes de conocimiento con prácticas como tratar de extender su control sobre fármacos vitales por medio de reclamos de patentes infundados, triviales o secundarios y presionar a las autoridades para evitar la aprobación y producción de medicamentos genéricos.

Con la llegada de la COVID‑19, se ha vuelto dolorosamente obvio que ese monopolio cuesta vidas. El control monopólico de la tecnología usada en la detección del virus obstaculizó la pronta introducción de más kits de testeo, así como las 441 patentes de 3M donde aparecen las palabras «respirator» (mascarilla) o «N95» han puesto trabas a nuevos productores dispuestos a fabricar mascarillas de grado médico a gran escala. Peor aún, tres de los tratamientos más prometedores para la COVID‑19 (el remdesivir, el favipiravir y el lopinavir/ritonavir) tienen patentes vigentes en la mayor parte del mundo. Esto es un obstáculo a la competencia y una amenaza a la asequibilidad y el suministro de nuevos fármacos.

Tenemos que elegir entre dos futuros. En el primero, seguimos como siempre, dependiendo de las grandes farmacéuticas, y esperando que algún tratamiento potencial para la COVID‑19 pase los ensayos clínicos, y que aparezcan otras tecnologías de detección, testeo y protección. En este futuro, las patentes darán el control sobre la mayoría de esas innovaciones a proveedores monopólicos que al fijar precios altos obligarán a los sistemas sanitarios a racionar los tratamientos. Sin una firme intervención pública, se perderán vidas, sobre todo en los países en desarrollo.

El mismo problema se repetirá con cualquier posible vacuna para la COVID‑19. A diferencia de la vacuna de Jonas Salk para la polio, que se liberó en forma casi inmediata, hoy la mayoría de las vacunas que llegan al mercado están patentadas. Por ejemplo, la vacuna conjugada PCV13, que protege contra varias formas de neumonía y se administra a los bebés, cuesta cientos de dólares, porque es propiedad monopólica de Pfizer. Y aunque Gavi (la alianza mundial para la vacunación) subsidia parte del costo de las vacunas en los países en desarrollo, muchas personas todavía no pueden acceder a ella. En la India, cada año se registran más de 100 000 muertes infantiles evitables por neumonía, mientras la vacuna le genera a Pfizer ingresos por aproximadamente 5000 millones de dólares al año.

En el segundo futuro posible, nos damos cuenta de que el sistema actual (donde monopolios privados obtienen ganancias a partir de conocimiento que en su mayor parte es producido por instituciones públicas) es inadecuado. Como sostienen hace mucho estudiosos y activistas por la salud pública, los monopolios matan, al negar acceso a medicamentos vitales que en un sistema alternativo (como el que hace posible todos los años la producción de la vacuna para la gripe) hubieran estado al alcance de la población.

Ya hay voces que se alzan para pedir modalidades alternativas. Por ejemplo, hace poco el gobierno de Costa Rica pidió a la OMS la creación de un fondo de licencias voluntarias («fondo de patentes») para la fabricación de tratamientos para la COVID‑19, que permita a múltiples proveedores suministrar nuevos fármacos y diagnósticos a precios más accesibles.

No es una idea nueva. A través de su Fondo de Patentes de Medicamentos, las Naciones Unidas y la OMS llevan años tratando de aumentar el acceso a tratamientos para el VIH/sida, la hepatitis C y la tuberculosis, y ahora han extendido el programa a la COVID‑19. Los fondos de patentes, los premios a la innovación y otras ideas similares son parte de una agenda más amplia que busca cambiar el modo de desarrollo y distribución de medicamentos vitales. El objetivo es reemplazar un sistema basado en el monopolio por otro basado en la cooperación y el conocimiento compartido.

Algunos dirán que la crisis de la COVID‑19 es un caso aparte, o que la amenaza del licenciamiento obligatorio ya es un instrumento suficiente para obtener una conducta apropiada de parte de las farmacéuticas. Pero dejando a un lado a los investigadores personalmente involucrados que no buscan ganancias inmediatas, no está claro que las grandes farmacéuticas entiendan sus responsabilidades. No olvidemos que ante la crisis actual, la primera reacción de Gilead, que fabrica el remdesivir, fue solicitar que se lo califique como «medicamento huérfano», lo que le hubiera conferido una posición monopólica más fuerte y exenciones impositivas multimillonarias. (Después del escándalo que se generó, la empresa retiró la solicitud.)

Llevamos demasiado tiempo creyéndonos el mito de que el régimen de propiedad intelectual actual es necesario. El éxito comprobado del SMVRG y de otras aplicaciones del modelo de «ciencia abierta» muestra que no es así. En momentos en que la COVID‑19 sigue matando gente, debemos preguntarnos si es prudente y moral un sistema que cada año condena en silencio a millones de seres humanos a sufrir y morir.

Es hora de aplicar otra modalidad. De los ámbitos académicos y políticos ya han surgido muchas propuestas prometedoras para la generación de innovaciones farmacéuticas socialmente útiles en vez de meramente rentables. Hoy es el mejor momento para poner estas ideas en práctica.

(*) Joseph E. Stiglitz, a Nobel laureate in economics and University Professor at Columbia University, is the author, most recently, of People, Power, and Profits: Progressive Capitalism for an Age of Discontent.

(**) Arjun Jayadev is Professor of Economics at Azim Premji University and Senior Economist at the Institute for New Economic Thinking.

(***) Achal Prabhala is a fellow at the Shuttleworth Foundation and coordinator of the accessibsa project, which campaigns for access to medicines in India, Brazil, and South Africa.

FUENTE: Project Syndicate

Refiere el autor florentino a la necesidad de que el príncipe posea fortalezas físicas (castillos) que lo protejan, pero bien podríamos aplicar el significado de la palabra fortaleza al sentido que le otorgamos en nuestro tiempo. Tal como describe la Real Academia Española en su primera acepción “fuerza y vigor”, en política lo único seguro es que ello no es inmutable e inmodificable.

La anterior no fue una buena semana para el gobierno nacional. La combinación de las diferencias con los gobernadores de las provincias con más población a partir de las salidas para esparcimiento, la forma en que trascendió la política argentina respecto del Mercosur, el pedido de renuncia de Alejandro Vanoli al frente de la Anses y la movida (fundamentalmente mediática) por la detención domiciliara de presos que derivaron en un cacerolazo que se hizo oír, señalan un momento político que, como en el juego de la Oca, habiendo avanzado algunos casilleros, debió retroceder otros.

Existe una verdad de Perogrullo: el primer mandatario comunica muy bien. Es un factor que la administración Fernández ha utilizado inteligentemente. Podríamos decir más, la efectiva comunicación del ahora presidente no se circunscribe al período político iniciado el 10 de diciembre de 2019 sino que fue una virtud en el desarrollo de toda la campaña presidencial. 

Pero atención. Hay dos cuestiones que merecen señalarse: esa virtud no es extensiva al común del funcionariado gubernamental y, además, no por exitosa una fórmula es eterna. Como señala Nicolás Maquiavelo, la fortaleza es relativa a los tiempos. 

La informalidad en la comunicación acerca y humaniza al portador del mensaje en tanto y en cuanto sea clara y efectiva. Pero si resulta contradictoria con algunos intereses, puede derivar en un problema. Ante esto, resulta necesario revisar si es el presidente quien siempre debe estar en el centro de la escena. Como muestra va un botón. La derecha argentina, siempre genuflexa y ridícula encontró en el tema de las prisiones domiciliarias una punta desde donde cree que construye política. El cacerolazo del último jueves, como siempre acicateado por los grandes medios, así parece confirmarlo. La pregunta es: ¿era políticamente necesario que quien inicialmente saliera a exponer la postura gubernamental fuera el mismísimo presidente y no sus subalternos? Allí hay un costo político que se paga.      

En tiempos de pandemias posmodernas y pese a la cuarentena, la comunicación fluye a un click de distancia del hecho político. El encierro de buena parte de la sociedad mundial supone una sensibilidad definitiva al respecto. Acostumbrados a hacer y deshacer con nuestro tiempo lo que nos venga en gana, nos resulta definitivamente extraño conocer plazos, formas de salida y limitaciones físicas. En estos cuarenta y tantos días hemos aprehendido sobre la mutabilidad de los virus, los testeos rápidos, el desarrollo de curvas de contagio y la necesidad de su aplanamiento, a confeccionar barbijos caseros (cosa que nos parecía impensada hace unas pocas semanas nomás), la importancia de la higienización de los productos y del distanciamiento social. Y todo ello lo hicimos a partir de estar atentos a la comunicación, de la oficial y de la otra. De hecho, hemos conocido conceptos que nos resultan novedosos como la infodemia (sobreabundancia de información), y se ha empezado a poner en discusión cómo limitar el desarrollo de las ya famosas y tristemente célebres fake news.

La política sanitaria del gobierno nacional ha sido exitosa. Sería justo relativizar el concepto, en tanto y en cuanto el país tiene 250 fallecidos. Y no hay que negar la palabra éxito en tanto y en cuanto las diferencias con los ejemplos cercanos (y los no tanto), señalan que Argentina ha logrado lo que parecía imposible allá por mediados del mes de marzo: una situación sanitaria controlada. 

Habrá que tener muy en cuenta en qué medida, la clave del éxito no se vuelve en contra de los propios hacedores del mismo: si la situación no se ha desmadrado, si comparativamente nuestro país se encuentra en otro estadío de la pandemia respecto del desmadre de, por ejemplo, Brasil, Estados Unidos o la mismísima España que ya ha empezado a “soltar amarras”, resulta lógico que buena parte de la sociedad argentina, empiece a exigir otra cosa. Sobre todo, si a ello se agrega el conjunto de presiones que plantean desde el comienzo mismo de la cuarentena los grandes jugadores de la economía nacional (VER). 

Una correcta comunicación política oficial debería tener en cuenta que existe cierta saturación de la comunicación. Parece un juego de palabras, pero no lo es. La incertidumbre sobre el mediano plazo en todos los frentes de nuestra vida social (pero también sobre el día a día de muchos ciudadanos), y el bombardeo sistemático sobre cantidad de infectados, fallecidos, curados, aquí y en el exterior, termina generando una situación de cierto cansancio que debe tenerse muy en cuenta a la hora de la comunicación política. 

Son tiempos que, pese a estar quietos y recluidos, resultan veloces en términos políticos. Lo que puede ser virtuoso en un momento no significa que lo sea semanas después. Esa es otra paradoja de los días que vivimos. Y ese es el desafío: renovar un diálogo que permita mantener el buen clima innegable que el presidente supo lograr y que esta semana que pasó, pareció flaquear. Ser flexibles y lógicos. De eso que nos habla el genial florentino del epígrafe.

(*) Analista político de Fundamentar

Así, entre las nuevas ampliaciones a actividades consideradas esenciales y las medidas de prevención que repetimos hasta memorizarlas, nos encontramos con la tarea de aprender sobre el adecuado uso de los cubre bocas o barbijos, elemento que es obligatorio a partir de estos días.

La buena noticia es que el gran esfuerzo del confinamiento logró no sólo reducir la cifra de casos, si no también ralentizar la velocidad de los contagios. La única vacuna, sigue siendo por el momento, el aislamiento social.

El acuerdo social

Con un alto nivel de adhesión ingresamos a una segunda etapa del confinamiento. Pese al pedido de flexibilización de distintos sectores empresariales y sindicatos, la gestión de Alberto Fernández decidió continuar con las medidas de confinamiento, ampliando las excepciones a unos pocos sectores sociales y económicos considerados esenciales.

“Mi preocupación, ya lo saben, no es el gasto público ni la pérdida de producción, sino la salud de los argentinos”, nos aclaró el presidente en una clase digna de aula universitaria.

Pero además, contemplando que la cuarentena tal como se estableció hasta el momento, no puede mantenerse de manera indefinida en la totalidad de las realidades del territorio, tanto el gobierno nacional, como los médicos y epidemiólogos están trabajando junto a los gobiernos provinciales para evaluar la posibilidad de liberar progresivamente el aislamiento social preventivo y obligatorio en lugares específicos del país que no han presentado casos positivos de Covid-19. Una apertura de la cuarentena que se dará a prueba y (esperemos que no) error.

La mala noticia: el pronóstico de recesión

Dejando la mala noticia para después, nos toca hablar de la reciente previsión del FMI para el 2020. Según la misma, nuestro país profundizará la recesión experimentando una caída de la economía en un 5,7% llevando la cifra del desempleo al 11%. Datos que lamentablemente eran esperables en el contexto de la grave crisis que nos está dejando la pandemia; una crisis global considerada “la más dura de los últimos 90 años” y cuyas consecuencias (que ya se discuten) se sentirán sin dudas en la transformación de la economía mundial, en sus dimensiones de producción y comercialización, en magnitudes que todavía se desconocen.

Bonus track económico: nuevos anuncios sobre la reestructuración de deuda

Como bien sabemos la pandemia nos agarró a los argentinos en un período complejo en el que nos estábamos embarcando en la tarea titánica de reestructurar parte de la vergonzante deuda contraída con el FMI. Es por ello que si bien se logró establecer el monto establecido para tal reestructuración (68.842 millones de dólares), el cronograma de negociaciones se suspendió debido a la precipitación de los hechos vinculados a la crisis sanitaria global. Sin embargo, la gestión del Ministro Guzmán (quien ni en sus peores pesadillas se podría haber imaginado en la tarea de reestructurar una deuda con el FMI en el medio de una pandemia) continuó en sus exigentes obligaciones. En horas de la tarde de este Jueves 16, finalmente se espera que se de el anuncio sobre la propuesta de pago a los bonistas, un anuncio ya adelantado por Alberto Fernández días atrás, cuando en una entrevista reafirmó la voluntad argentina de pagar la deuda contraída, siempre que se alcance una oferta sostenible.

Mientras tanto, el Ministro de Economía se pliega a la iniciativa del G-20 de suspensión de pagos de deuda para los países mas pobres, solicitando que se incluya también la deuda con los acreedores privados en los casos que sea necesario. Restará esperar entonces la difusión de los pormenores de la estrategia alcanzada por los ministros de finanzas miembros de tal foro.

China no exporta sólo virus

A poco menos de una semana de registrar su primer día sin muertes por Covid-19, el gigante asiático se dispuso a enviar donaciones de insumos médicos hacia nuestro país. Sin embargo Argentina no ha sido el único país beneficiario de tales medidas; la República Popular China ya ha enviado este tipo de ayudas a otros países de Latinoamérica, como Venezuela, Ecuador y Bolivia, en una clara estrategia de soft power  -poder blando- que nos deja pensando respecto al probable rol del gigante asiático en la región. ¿Quién hubiese pensado que a cuatro meses de registrarse los primeros casos de Coronavirus, el país en el que tuvo su origen (¿y país que lo ocultó?) estuviera ahora en condiciones de brindar ayuda sanitaria hacia terceros Estados?

Cambia todo cambia

Los escenarios que diariamente atravesamos no sólo muestran que el cambio acontece, sino que también lo exigen. Nunca en la historia reciente estas transformaciones se sucedieron de manera simultánea en tantos espacios del mundo a la vez, con tanta velocidad y desnudando la vulnerabilidad de los sistemas políticos y económicos con la facilidad con la que la pandemia lo hizo.

El escenario doméstico que hoy nos atraviesa, en analogía con nuestro aislamiento diario en el hogar, nos invita a volver a casa para repensar los patrones de relacionamiento social, las formas de hacer política y de exigir de “la política” que las necesidades diarias sean abordadas principalmente en terrenos que deben ser abordados con la mayor de las urgencias. Afuera, en el mundo, hoy hay mucho para ver pero tal vez menos que copiar. De seguir en el camino de aplanar la curva, habremos logrado que la estrategia de priorizar la salud y la vida por sobre la economía triunfe, y con ello, habremos aprendido que la única alternativa posible de construcción de las nuevas realidades es con todos.

(*) Analista de Fundamentar

Una médica residente del Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca) dio positivo de coronavirus, lo que activó el protocolo sanitario y la puesta en estricto aislamiento de 25 trabajadores de la salud que habían estado en contacto con la mujer. La pareja de la profesional es también residente, pero en un sanatorio céntrico con varios casos confirmados de covid-19, él entre ellos.

La Secretaría de Salud municipal confirmó el contagio y el seguimiento para detectar otras posibles infecciones entre 25 trabajadores de la salud que estuvieron en contacto con la médica, que evoluciona bien sin necesidad de internación. El alerta epidemiológico se extiende a las personas cercanas al resto de los empleados mantenidos en aislamiento estricto por 14 días.

La médica residente inició el jueves último una guardia de 24 horas en el centro de emergencias sin presentar síntomas. Pero el viernes, luego de retirarse a su casa, tuvo fiebre. Ese mismo día, su pareja dio positivo en un hisopado y entonces avisó sobre su situación de riesgo –contacto estrecho con caso confirmado– a las autoridades sanitarias. El testeo confirmó también su infección.

Las autoridades del Heca y el área de Epidemiología aplicaron el protocolo de prevención, relevaron a los trabajadores que estuvieron en contacto con la médica y dispusieron su aislamiento hasta tanto se confirme o no que contrajeron la enfermedad. Se trata de médicos, camilleros y enfermeros. Uno de ellos tuvo fiebre, pero el test para covid-19 le dio negativo. El resto, hasta este martes, no presentaba síntomas compatibles con infección por el nuevo coronavirus.

Los responsables del centro asistencial, y el área de salud del municipio, insistieron en que todo el personal del Heca es relevado permanentemente por ser un grupo de riesgo al estar en contacto con posibles casos del nuevo coronavirus, porque recibe las urgencias de la ciudad y de la región.

 

FUENTE: El Ciudadano

A mediados de diciembre el gobierno nacional acordó con los laboratorios rebajar un 8 por ciento los precios de los medicamentos que durante la era Cambiemos acumularon un aumento de más del 400 por ciento.

El acuerdo, que retrotrajo los precios al 6 de diciembre, vencerá a fin de mes. Aunque los principales laboratorios mantienen en suspenso la confirmación de la prórroga, desde el colegio de farmacéuticos de la provincia se mostraron optimistas con la continuidad del convenio durante febrero.

“De arranque no tendrían que aumentar los precios de los medicamentos durante enero ni febrero”, dijo el presidente del colegio de farmacéuticos, Cándido Santa Cruz.

El titular de la entidad manifestó la intención de prorrogar el convenio que impide nuevos aumentos en los precios. Pero reconoció que, a pocos días de finalizar enero, no hay nada confirmado de parte de los laboratorios.

Según trascendió en algunos medios, algunos laboratorios no quieren continuar con la medida. “Confiamos en la posibilidad de extender el beneficio”, agregó Santa Cruz, y explicó que si bien no habrá nuevas rebajas no esperan nuevos aumentos. “Los precios estarán congelados durante enero y febrero”, señaló.

En relación con la medida, Santa Cruz advirtió que tuvo un efecto inmediato con la puesta en marcha al día siguiente del anuncio por parte del ministro de Salud Ginés González García. “Todos los laboratorios fueron bajando los productos y esos precios quedaron establecidos para todo el país”, señaló y aseguró que no quedaron medicamentos excluidos del convenio. “Todos los laboratorios bajaron el 8%, no hay ninguna franja terapéutica que haya quedado afuera”, confirmó.

La deuda de Pami

En paralelo, Santa Cruz manifestó su preocupación por la dificultad de algunas farmacias para atender a beneficiarios del Pami a partir de la deuda que la obra social mantiene con la provincia. La actual administración nacional, conducida por Luana Volnovich, heredó de la gestión anterior una deuda que en la región asciende a 350 millones de pesos y a nivel nacional es de 3 mil millones.

Según confirmaron desde el Colegio, las partes ya iniciaron tratativas para encontrarle una solución al conflicto. La situación pone en jaque a muchas farmacias que no pueden sostener la prestación.

“Algunos tomaron la decisión de no seguir entregando medicamentos porque no tienen más espalda para financiar”, aseguró Santa Cruz. Y explicó que desde septiembre, Pami cubre sólo el 75 por ciento de la prestación mensual.

Abastecimiento para la salud pública

El municipio aseguró que el abastecimiento de medicamentos para la salud pública se normalizó luego de acordar precios con los laboratorios proveedores. Desde Salud esperan que el Ejecutivo renueve el convenio que venció esta semana para acelerar la compra de insumos.

Desde el municipio reconocieron la iniciativa que permitió agilizar la adquisición de insumos medicinales. La medida, dispuesta por la ex intendenta Mónica Fein y aprobada por el Concejo municipal en septiembre de 2019, posibilitó la normalización del abastecimiento de insumos médicos para hospitales y centros de salud que sufrieron los efectos de la devaluación posterior a las paso de agosto del año pasado.

El director general de Administración Pública y Financiera municipal, Alejandro Piñeyro, reconoció que a partir de esta medida “durante noviembre, diciembre y enero, se realizaron tres compras de insumos con precios prácticamente congelados”. Esto posibilitó la compra directa a droguerías que abastecen un 90% de los insumos médicos para la salud gratuita.

Piñeyro dijo que desde el sector pretenden que el actual Ejecutivo vuelva a poner en marcha el acuerdo.

Prevención

El titular santafesino de la cartera de Salud, Carlos Parola, destacó la reunión del Consejo Federal que se llevó adelante el jueves y valoró el trabajo conjunto entre sus pares y las autoridades nacionales. “Tratamos las enfermedades que están actualmente circulando. Confirmamos que las vacunas faltantes están llegando a Santa Fe, por lo que se van a intensificar las campañas de prevención. Las vacunas que forman parte del calendario oficial estarán disponibles entre fines de enero y principios de febrero”, señaló.

 

FUENTE: El Ciudadano

La primera de ellas refleja a simple vista las diferencias, no menores, con buena parte del radicalismo. Adolfo Rubinstein, que más allá del repentino enamoramiento que generó en algunos sectores “progres” por imponer en la legislación algo que ya había confirmado la Corte Suprema de Justicia de la Nación, no es más que un funcionario que ha aceptado sin vacilar la reducción de un ministerio al rango de secretaría y que muestra como balance de su gestión, un marcado deterioro en casi todos los índices de salud pública en el país. Es un ex funcionario hecho y derecho de cierta lógica radical. Por ello, no ha sido casual su defensa de parte de los popes más importantes del centenario partido. Allí aparece una primera señal: el radicalismo está más que dispuesto a dar la batalla por la reformulación de la alianza primero y, después, por ser cabeza de la oposición en la Argentina. Tienen frente a sí, a un dirigente como Mauricio Macri, que obtuvo la friolera de más de 10.000.000 de votos en la última elección, pero bueno es recordar que una cosa es la foto de un domingo electoral y otra muy distinta la construcción política cotidiana. El ejemplo de Daniel Scioli de 2015 no es menor.

La segunda cuestión, y tal vez más importante, marca algo que siempre estuvo a la vista pero que muchos, por interés o por ceguera analítica, no quisieron ver: a Cambiemos, como proyecto político, jamás le preocupó la discusión por la legalización/despenalización del aborto que tanto reivindicó a partir de su convocatoria al debate en la Asamblea Legislativa donde Mauricio Macri hizo el anuncio. No estaba en su plataforma electoral de 2015, como así tampoco en su construcción discursiva de una fuerza que había nacido un par de lustros atrás. En aquella coyuntura política (hace apenas 18 meses), las voces amarillas, sean mediáticas o dirigenciales, afirmaban que era digno de mención que se había propiciado tal debate. En ese aspecto era “toda ganancia para la república”. El argumento iba en línea directa con la idea que se había tratado de mostrar, (incluso desde analistas de supuesta centro-izquierda), que el Pro venía a representar a una fuerza de centro derecha, democrática, liberal y progresista. Supuestamente, su gestión en C.A.B.A., ciudad cosmopolita si las hay, y su capacidad para construir una alianza a lo largo y ancho del país con un partido como el radicalismo, con una sustentable base territorial, así lo demostraban.

El modelo económico impuesto, la mirada sobre la historia del país reivindicando personajes nefastos de otros tiempos, la concepción de la educación pública como un lugar donde se cae y, cómo no, el uso de lo público como un espacio de disfrute para el negocio de unos pocos, reflejaron que en Macri pesaba más el espíritu materno de los Blanco Villegas (alcurnia, tradición y poder) antes que el de la lógica paterna que representaba al inmigrante europeo, aventurero, arriesgado y dispuesto a todo con tal de ganar dinero y, cómo no (otra vez), poder. Por ello, no sorprendió que el presidente, y más allá de las necesidades electorales, en plena campaña se definiera como “celeste”. Su buen diálogo con sectores religiosos, fundamentalmente evangélicos, reflejan parte de ello. ¿Es Macri un hombre de fe? Decididamente no. ¿Está mal que así sea? Tampoco. Lo que sí resulta decididamente cuestionable es haber habilitado una discusión, en un tema tan sensible, que sirviera como distracción de otros problemas también acuciantes en la Argentina. Pero hay algo que es peor por estos días: se evitó la aplicación de un protocolo que está consagrado por todo el andamiaje legal argentino.

En resumen. En una semana bochornosa, donde un funcionario fue desmentido en el mismísimo Boletín Oficial y que, al calor de su renuncia, deja al Poder Ejecutivo en una posición de virtual acefalía en el área de salud, el macrismo no sólo se ha jugado una vez más el prestigio de su principal figura, sino que deja a los argentinos sin una herramienta básica en materia de ILE. Como afirmaría un amigo en una charla reciente: aplica la teoría del pato rengo, donde a partir de la llegada del 10 de diciembre el poder macrista comienza a desgajarse. Podría ser. Pero antes habría que recordar que nada ocurre por casualidad, y en esta historia, la última semana es un broche de oropel para una fuerza política que siempre miró a lo público como un coto de caza de voraces empresarios y comerciantes. Es hora de dar vuelta la página.

(*)Analista político de Fundamentar

Una invasión de ratas en la cordillera patagónica, principalmente al suroeste de la provincia de Neuquén, disparó la preocupación en la zona. Las autoridades del Parque Nacional Nahuel Huapi ya habían decidido cerrar los accesos a lagos y espacios turísticos para evitar el contacto con los turistas durante el fin de semana largo.

Entre las especies se encuentra el colilargo, transmisor del hantavirus, enfermedad por la que se registraron 11 muertes y 34 contagios entre diciembre de 2018 y marzo de 2019, con fuerte impacto en la localidad de Epuyén, de la provincia de Chubut. A principios de octubre aparecieron cientos de roedores ahogados en los lagos Espejo, Correntoso y Nahuel Huapi.

https://www.youtube.com/watch?v=qm0VTA7O28k

Por ese motivo, a través de un comunicado, el parque señaló que "se deben incrementar las medidas de prevención para evitar el contagio de enfermedades zoonóticas como el hantavirus, que es endémica de toda la región, con especial atención en la zona de floración masiva de la caña colihue al noroeste del Parque Nacional".

Jorge Ninno, subsecretario de Salud de Neuquén, explicó que fue la floración de la caña colihue, el alimento de los roedores, lo que provocó el crecimiento de esa población.
"Es un fenómeno que se da cada 50 o 60 años", afirmó el funcionario y añadió: "Todo lo que está abierto en Villa La Angostura, que son la mayoría de las actividades, está confirmado que no hay riesgos, se lleva a cabo un monitoreo permanente".

Entre diciembre de 2018 y febrero de 2019 en la zona de Esquel se produjo una epidemia de hantavirus que provocó 11 muertes, 34 contagios y más de un centenar de personas aisladas en cuarentena.

 

FUENTE: Página12