Los docentes e investigadores nucleados en COAD adoptarán medidas de fuerza durante toda la semana en respuesta a la falta de una propuesta salarial superadora por parte del Gobierno Nacional. De hecho, desde el gremio se considera que la oferta de aumento del 18% no es suficiente, tendiendo en cuenta que desde CONADU se plantea un incremento del 35%. Con respecto a esta cuestión, Laura Ferrer Varela expresó que "este monto no contempla para nada las necesidades de los trabajadores". Añadió que en la formulación de la propuesta no se consideraron aspectos como la inflación, la devaluación y los tarifazos que tuvieron que enfrentar los trabajadores. 

La Secretaria General de COAD afirmó que el gremio está dispuesto a continuar con el plan de lucha de manera constante para que se pueda generar una nueva reunión con el Gobierno Nacional. En la discusión paritaria, como comentó Ferrer Varela, se espera poder discutir, por una parte, el porcentaje en el aumento del suelo que resulta insuficiente, y, por otra, cuestiones vinculadas a la construcción de una educación pública de calidad, es decir, las materias, los contenidos y los medios para los dictados de las clases y para el desempeño del trabajo docente. 

"Esperamos que el gobierno escuche un poco más. Hasta ahora no lo ha hecho", comentó Ferrer Varela. Manifestó que el desacuerdo de COAD no se basa simplemente en la insuficiencia de la oferta salarial, sino que se refiere también a la situación universitaria en general: programas edilicios, de capacitación para docentes, Conectar Igualdad, becas para estudiantes, aumento de carreras han sido dados de baja. Además recordó que en la paritaria del 19 de mayo del año pasado, muchas de estas cuestiones fueron convenidas y firmadas, pero en la práctica no se concretaron."Es muy difícil creerle al gobierno", expresó. 

"El gobierno usa la discusión de un número que no supere la vara del 20% para adoctrinar al resto de los trabajadores", afirmó Ferrer Varela. Por este motivo, en el marco del plan de lucha se realizarán distintas actividades durante toda la semana. El día Martes, se desarrollarán charlas debate en la Facultad de Ciencias Económicas con el Superior de Comercio; el miércoles en la Plaza Pringles y en la Facultad de Medicina; el jueves nuevamente en la Plaza Pringles y el viernes aún no está definido. 

Finalmente, Ferrer Varela hizo extensiva la invitación a participar en la marcha convocada para el próximo 16 de Mayo en Buenos Aires en defensa de la Educación Pública de Calidad. "Vamos a Buenos Aires a defender esta universidad", expresó. 

 

Según comunicó Mario Cesca, Presidente de la Asociación de Titulares de Taxis Independientes (ATTI), estarían dadas todas las condiciones para que en el día de mañana se apruebe el aumento de la tarifa en la sesión del Concejo de la Municipalidad de Rosario. La reunión se realizará el miércoles par que se reúnan los jefes de todos los bloques que, como indicó Cesca, se demostraron a favor de la implementación de la medida. 

Se prevé que la propuesta consensuada de los concejales sea de otorgar un 25% de incremento en la tarifa. Cesca, como representante del sector, se demostró conforme con el porcentaje y remarcó que es aproximadamente lo que se acordó en las paritarias con otros gremios como los bancarios y los municipales. Además, aclaró una de las modificaciones que se instrumentarán: por una parte se anularía el adicional por radiollamada, como se pedía, y por otro, se agregaría el costo de una ficha en la bajada de bandera para compensar la situación. Por otra parte se eliminarían las cuatro tarifas: solamente quedarían la diurna y la nocturna.

Cesca remarcó que en el día de ayer se verificó un aumento en el precio del GNC y expresó que "todavía no empezamos a implementar la tarifa y los valores ya cambiaron". 

Con respecto al paro convocado por la CGT para el próximo Jueves 6 de Abril, el Presidente de ATTI ratificó la adhesión del sector de peones de taxis. Recordó que las estaciones de servició también lo harán y que ello dificultaría a los titulares de taxis que están liberados para trabajar. "Es muy probable que se note la falta del servicio", manifestó Cesca. 

 

Recientemente se dio a conocer la noticia de que el Poder Ejecutivo firmaría un decreto para desclasificar documentos de la ex Side para avanzar en la investigación sobre el atentado a la Amia. Oscar Parrilli recordó que ese decreto ya había sido firmado el 12 de Marzo de 2015, cuando se encontraba al frente de la Agencia Federal de Investigación durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Además, destacó que en ese mismo instrumento se disponía la desclasificación de documentos no sólo para investigación, sino también para el público en general y, en especial, para los familiares de las víctimas. Incluso se contemplaba la posibilidad de que toda documentación que eventualmente apareciera y que pudiera ser de interés para la investigación de la causa entraría en el régimen de desclasificación. Añadió que también se ha realizado una entrega físico de todos los archivos a la Unidad Fiscal de Investigación que, en ese momento, estaba a cargo del fiscal Alberto Nisman.

"El anuncio de este gobierno es una nueva mentira, yo creo que lo hacen con la intención de poner un paño frío con la comunidad judía por las horrendas declaraciones que hizo el Ministro de Educación, Esteban Bullrich", expresó Parrilli. En su última visita oficial a los Países Bajos, Bullrich calificó a Hitler como un dirigente político que no había logrado la unidad, el consenso en la sociedad alemana. Estas afirmaciones no fueron bien recibidas por la comunidad judía.

En el día de hoy, se conoció también que los documentos desclasificados van a pasar al Poder Ejecutivo. "Hay un trasfondo político grave y serio y una intromisión del Poder Ejecutivo en la investigación judicial del atentado a la Amia y del encubrimiento de la causa que ya en 2004 se declaró ilegal", afirmó Parrilli sobre la renuncia de Mariana Stilman. Esta abogada había sido designada por el Ministerio de Justicia del actual Gobierno y denunció cambios para que la querella deje de tener un rol activo en el juicio sobre el encubrimiento. Entre los acusados están Menem, Beraja y Palacios, hombre de confianza de Macri. "Hay una intromisión directa y una puja que obstaculiza el fallo y la sentencia que se tiene que conocer", observó Parrilli.

Además, el ex Director de la AFI expresó sobre el gobierno de Macri que "ellos se creen que son la justicia y eso es gravísimo. Nos acusan a nosotros y son ellos los que piden juicio político a los jueces que no fallan como ellos quieren, que inventan causas y que amenazan a los jueces con llevarlos al Consejo de la Magistratura". Según su análisis, las medidas que se están implementando están arremetiendo contra todos los derechos y garantías constitucionales. 

"Estamos en una situación de delicado equilibrio institucional", reflexionó Parrilli. Destacó que mediante la intromisión del Poder Ejecutivo en la órbita del Poder Judicial se están dejando entrever las verdaderas intenciones de este gobierno, es decir, de ejercer subordinación, una suerte de control social. 

 

 

Milagro Sala, líder del Movimiento Barril Tupac Amaru, se encuentra detenida desde el 16 de enero de este año. Diversos organismos internacionales de Derechos Humanos, como, por ejemplo, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y Amnistía Internacional acudieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos buscando que se dicten medidas cautelares para garantizar la libertad de Milagro Sala y el pleno ejercicio de la libertad de expresión y el derecho a la protesta social en Jujuy.

En octubre, el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas dedicado al seguimiento del caso de Milagro Sala, comunicó que su detención es arbitraria y se instó al gobierno argentino a proceder de inmediato a su liberación. Tras analizar las causas judiciales por su detención, se determinó que, en realidad, no existen elementos legales para justificar la prisión preventiva de Milagro.

Por lo tanto, para los organismos regionales e internacionales, la única solución posible es la liberación de Milagro Sala. El abogado Eduardo Barcesat comentó al respecto que “Argentina ratificó catálogos de Derechos Humanos y protocolos facultativos sobre cómo proceder ante casos de denuncia de violaciones de Derechos Humanos. Argentina, hasta este momento, está en falta y puede implicar la aplicación de sanciones”.

Barcesat resaltó el hecho de que Argentina integra dos sistemas de protección y defensa de los derechos humanos, uno regional y otro internacional, y habiendo adherido a sus protocolos facultativos, debe respetar sus resoluciones y recomendaciones. Estos pactos, recordó el abogado, forman parte de la Ley Suprema de la Nación y tienen jerarquía de cláusula constitucional.

Consecuentemente, desconocer las recomendaciones y resoluciones de organismos de los que se forma parte, supone la posibilidad de recibir sanciones. Barcesat destacó que éstas “tienen un efecto conminatorio y de reiterarse, implica sacar al país en cuestión del sistema interamericano o internacional”. En su opinión, las sanciones pueden ser indirectas, como, por ejemplo, la cancelación de proyectos de financiación o de obras de infraestructura. Una situación muy similar a la de Fujimori en Perú, quien, tras desconocer también resoluciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos fue penalizado con la cancelación de créditos, con un severo desprestigio internacional e incluso con su encarcelación. “Creo que es un espejo en el que hay que mirarse”, comentó Barcesat.

Manifestó, en otro orden de cuestiones, que existen mecanismos internos, en el país, para que se hagan ejecutar las decisiones de los órganos de los organismos internacionales, como por ejemplo, el reclamo por vía judicial.

“Entiendo que la resistencia y negativa del gobierno es una pérdida de prestigio internacional”, declaró Barcesat.

La Cámara de Diputados aprobó ayer, con 221 votos a favor, el proyecto de ley por el cual se da autorización al Estado para importar y distribuir aceite de cannabis para aquellos pacientes que ya cuenten con indicación médica.

El diputado del Frente para la Victoria, Eduardo Seminara comentó que “en términos generales salió un proyecto consensuado entre todos los bloques, aunque con particularidades que no nos dejaron conformes a todos”. Estas particularidades tienen que ver con la cuestión del autocultivo que Cambiemos se niega a incorporar en la ley. El autocultivo es un reclamo de las familias que tratan a sus hijos con aceite de cannabis que, de no contemplarse en el nuevo marco regulatorio, podrían ser penadas de la misma forma que un narcotraficante.  

Además de la provisión y distribución del aceite de cannabis para pacientes con prescripción médica, este Proyecto de Ley contempla, como explicó el Diputado, su producción futura por parte del Estado y la promoción de la investigación científico tecnológica para determinar todos los usos posibles, sobre todo en materia anticonvulsionante. “Queda abierto al compromiso del Estado, de los organismos competentes: universidades, CONICET, INTI, INTA”, expresó Seminara.

Para el diputado, “el gran problema es cómo gestionar la transición hasta que el Estado pueda empezar a garantizar el aprovisionamiento del aceite de cannabis”. De manera provisoria, ésta se daría por importación, como viene sucediendo, pero no a costo de mercado como está establecido.

En su opinión, la discusión en la Cámara Baja ha sido muy seria, concienzuda y contó con la participación de múltiples sectores. La sociedad, para Seminara, se ha sensibilizado en términos generales y de manera particular los familiares de pacientes afectados. Por este motivo, argumentó que “el Senado tendría que contribuir con rapidez a completar la sanción de esta ley”.

Por otra parte, Seminara comentó que actualmente una gran cantidad de pacientes utilizan este recurso para sus patologías y en ese sentido es preciso que se conforme un marco regulatorio distinto para que, entre otras cuestiones, los médicos pierdan los temores para recetar y para que se fomente una mayor investigación sobre estos tratamientos. “Defraudar a la sociedad después de que haya tomado estado de público conocimiento, de que se hayan generado expectativas en los familiares y pacientes sería muy negativo para nuestra institución”, afirmó el diputado.

Tal como refirió la socióloga Ana Castellani, la discusión acerca de la soberanía en Argentina implica, en un contexto de incertidumbre nacional e internacional, cuestionarse sobre el modelo de desarrollo que se pretende instalar y sobre las orientaciones de política económica que se están implementando desde el macrismo.

Castellani destacó que en el año 2016 se experimentaron fuertes cambios en la orientación de la acción pública y que incluso se volvió ineludible “rediscutir temas que aparentemente ya estaban saldados como la necesidad o no de tener industrias, de invertir en Ciencia y Tecnología”. Añadió que le parece “una buena oportunidad para todos lo que creemos que no hay modelo de desarrollo posible sin inversión en Ciencia y Tecnología, sin desarrollo de la producción industrial, sin inclusión de todos los sectores sociales, nos pongamos a pensar en estrategias, en ideas, modelos para seguir adelante y lograr consensos más sólidos, una construcción política novedosa que nos permita volver a pensar en temas claves”.

Los cambios políticos, como observó Castellani, no fueron exclusivos de la situación argentina. Toda la región experimentó transformaciones y, de manera particular, la reciente elección estadounidense le otorgó al actual contexto una cuota adicional de incertidumbre.

Desde la perspectiva de Castellani, no se puede pensar en una Argentina soberana con un gobierno compuesto por CEOs. En tal sentido, expresó que “esto es un hecho insólito. Siempre hubo empresarios en el Estado y siempre desde las Ciencias Sociales eso estuvo cuestionado”. La socióloga cuestionó las capacidades de los empresarios para ejercer la función pública siendo sus objetivos radicalmente diferentes de los de la gestión privada.

Castellani analizó la constitución del gobierno de Macri y resaltó que “un tercio del gabinete está compuesto por ex directivos de empresas”. Es decir, de 364 funcionarios, vienen de trayectorias exclusivas en el sector privado, sin ninguna experiencia en la gestión pública. Además, destacó que no están limitados a un área en particular, sino que integran incluso ministerios claves de la organización política, como la Jefatura de Gabinete, las Secretarías de la Presidencia y Ministerios del Interior. “Esta presencia tan fuerte tiene que ver con las bases políticas y sociales del macrismo y nos presenta un desafío inédito para pensar la captura de la decisión estatal”, expresó la socióloga.

Sobre la presencia de CEOs en la composición del gobierno, opinó que “hay perfiles que son más claros, en energía la mitad viene de ocupar un puesto directivo en alguna empresa grande del sector energético. Después, una parte restante proviene de consultoras, de estudios jurídicos importantes”. Para Castellani, esto evidentemente implica que el perfil que se le imprime a la política energética está diseñado por esos mismos empresarios.

Con respecto a la problemática de los modelos de desarrollo y en respuesta a la reivindicación del gobierno de seguir el caso australiano, expresó que “no se puede pensar en un modelo de desarrollo de un país mirando al de otro país para pensar en replicarlo, porque es imposible intentar replicar las condiciones que produjeron una determinada trayectoria de desarrollo”. Resaltó el hecho de que los países desarrollados comparten una fuerte inversión en Ciencia y Tecnología para construir capacidades tecnológicas que se puedan incorporar a la producción.

Las condiciones geopolíticas, de política económica internacionales y demográficas fueron los argumentos esgrimidos por la socióloga para explicar la especificidad de cada modelo de desarrollo en particular. Sobre el caso argentino, afirmó que “no implica no apostar a la reconversión de la producción agrícola y agropecuaria para generar mayor valor. Lo que pasa es que sólo con eso no se logra ocupar a toda la mano de obra. La industria en algunas ramas tiene que contribuir al modelo de desarrollo”. Concluyó que "tenemos que pensar el mejor modelo de desarrollo que nos sirva a nosotros".

 

La llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos inaugura, sin lugar a dudas, una etapa de indefiniciones e incertidumbres para las relaciones internacionales. Desde el gobierno argentino, la situación no parece tan distinta: se desconoce, por el momento, el rumbo que tomará el relacionamiento con Washington. En este sentido, el diputado Guillermo Carmona manifestó su preocupación y declaró que “reina el desconcierto. Se trata de una situación en la que el gobierno no sabe qué hacer con un resultado que no esperaba”.

El gobierno de Mauricio Macri produjo un clarísimo giro en la posición argentina con respecto a su relación con Estados Unidos, planteando una política de realineamiento que implicó el reconocimiento del liderazgo regional y mundial de Barack Obama. Durante la campaña electoral, las autoridades argentinas, tanto el Presidente como la Canciller Malcorra, apoyaron la candidatura de la demócrata Hillary Clinton. Sobre las declaraciones de Malcorra tras la derrota de la candidata, Carmona destacó que “resulta inconcebible que siga insistiendo con esto cuando ya hay un nuevo Presidente. Resulta preocupante”.

Para Carmona, la elección inesperada de Trump debe instalar el debate sobre la manera en la que Argentina debería posicionarse frente a Estados Unidos. Específicamente, el diputado observó que es momento de replantear el alineamiento que se ha instalado desde la llegada de Macri a la presidencia y apuesta por una vuelta a las políticas de autonomía y fundamentalmente a al apoyo a la integración regional como estrategia de inserción internacional.

En palabras de Carmona, “desde el Frente para la Victoria reclamamos una política de autonomía respecto a Estados Unidos. Esto no significa aislarse o romper las relaciones, sino insertarlas en un marco de respeto recíproco y un adecuado trato diplomático”. Planteó, por una parte, el establecimiento de una diplomacia madura y respetuosa y por otra, evitar la actual subordinación.

El diputado destacó que se espera un escenario incierto y complejo en lo que respecta a la relación de Trump con el Congreso de Estados Unidos a pesar de que éste se encuentre dominado por su propio partido. Observó que “ha ganado Trump, no el Partido Republicano”.

Finalmente, Carmona reflexionó sobre el clima de incertidumbre que la llegada de Trump generó incluso para el mantenimiento de los consensos básicos que unían a demócratas y republicanos en temas sensibles de la política estadounidense, en particular, en lo que refiere al sostenimiento de las prácticas hegemónicas. Evidentemente, es difícil de predecir qué puede suceder en materia de relaciones internacionales, defensa y seguridad internacional. Pero, como opina Carmona, el momento parece propicio para que Argentina rediseñe una política internacional orientada más hacia prácticas autonómicas que de subordinación a Washington.

En los últimos días, Miguel Ángel Pichetto provocó una gran polémica con sus declaraciones xenófobas sobre los inmigrantes que residen en Argentina. En opinión de Eduardo Jozami, “no debería demorar el repudio de los Senadores que comparten la cámara con Pichetto”.

Jozami, quien es integrante del espacio Carta Abierta, consideró que los comentarios del Senador son repudiables desde todo punto de vista. Aun así,  advirtió que no se trata de ninguna novedad, ya que en un debate parlamentario de 2012 Pichetto, en desacuerdo con la noción de “Patria Grande” que intentaba instalar el kirchnerismo, había planteado que la reforma migratoria debía ser más restrictiva.

A pesar de que la  historia de Argentina está íntimamente ligada a la recepción y acogida de inmigrantes, persisten las corrientes xenófobas y nacionalistas que, desde un análisis muy reducido, intentan vincular las problemáticas relativas al empleo y las dificultades económicas con la presencia de nacionales de otros países. No debe desestimarse, por otra parte, el actual contexto internacional en el que están cobrando mayor intensidad las tendencias de rechazo al inmigrante. Basta pensar en Europa y en Estados Unidos.

Jozami advirtió, precisamente, que “la onda internacional de xenofobia, el problema inmigratorio, nos alcanzó a nosotros al igual que ciertas cuestiones de crisis económica”. Recordó que en la década de los noventa, era común la idea de que los migrantes de países limítrofes venían al país a ocupar puestos de trabajo, poniendo en desventaja a los propios nacionales.

Finalmente, destacó que los problemas de empleo en Argentina, contrariamente a lo que declaró Pichetto, no tienen que ver con los inmigrantes. En tal sentido, expresó que “sabemos muy bien a quién tenemos que reprocharle la crisis y los problemas económicos, que no son ni los pobres de Argentina, ni los pobres de América Latina”.

Mario Wainfeld describió a “Kirchner, el tipo que supo”, como una suerte de ensayo histórico. En él, el periodista plantea un recorrido, casi un inventario, de lo ocurrido entre los años 2003 y 2010. Se trata de un libro que relata una gran diversidad de cuestiones: por ejemplo, la manera en la que Néstor Kirchner llegó a la presidencia, sus principales medidas, decisiones, obstáculos y desafíos. “Un inventario, un recorrido de buena parte de las políticas públicas”, expresó Wainfeld.

Más allá de concentrarse exclusivamente en el análisis de las políticas públicas, el libro aborda temáticas referentes a lo que implica la decisión política como tal, a los dilemas a los que se enfrenta un presidente, los límites de la información y la relación con el periodismo. Wainfeld comentó que “si tuviera que recomendarlo, revisen el índice, por la cantidad de temas que trata de abordar. Precisamente su característica es la ambición temática”.

El libro, que se puso a la venta hace tres semanas, ha tenido una gran aceptación y Wainfeld destacó que las devoluciones que le realizan tienen que ver sobre todo con la identificación y la vinculación con la figura de Néstor Kirchner.

El periodista reflexionó sobre la pérdida de la figura de Kirchner en cuanto líder en la política argentina y opinó que “los líderes no son reemplazables con facilidad, no son fungibles. Kirchner tenía mucho para dar para la historia argentina y la región sudamericana. La pérdida casi simultánea de Chávez, también joven y prematura, significó un golpe tremendo para el proceso de confluencia de los países de la región”.

En otro orden de cuestiones, se expresó sobre los once meses de gestión del macrismo y afirmó que nunca creyó en sus promesas y que tampoco le sorprenden las medidas que están siendo aplicadas ya que considera que son consistentes precisamente con la concepción política a la que adscribe el presidente. Opinó al respecto que “el plan económico del macrismo constituyó una transferencia de recursos hacia los sectores más concentrados”.  Además destacó que en virtud de este programa se plantea al endeudamiento como fuente de crecimiento en lugar del consumo y criticó las decisiones que fueron tomadas en materias de derechos humanos, en particular la detención de Milagro Sala como la más grave de ellas.

“Es un crimen de lesa humanidad que sigue impune”, afirmó Ari Lijalad sobre uno de los episodios más polémicos en la historia de los medios del país. La sustracción ilegal de la única empresa productora de papel prensa del país que ocurrió el 2 de noviembre de 1976, incluso antes de que fuera finalmente inaugurada en 1978, constituye en su opinión “el peor atentado a la libertad de prensa de la historia argentina”.

Para Ari Lijalad, lo que sucedió hace cuarenta años, es decir, la alianza de la dictadura con los tres principales diarios del momento (Clarín, La Nación y La Razón), tuvo consecuencias negativas en la vida cotidiana de los argentinos en lo que respecta al acceso a la información que se mantienen hasta el día de hoy. De hecho, planteó la necesidad de discutir el impacto que tiene el control de los medios teniendo en cuenta que son dos las empresas que manejan el insumo básico de la comunicación.

La causa se inició en el año 2010 cuando la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación se presentó como querellante pero el Juez Ercolini fue demorándola y nunca citó a indagatoria a los diez imputados (cinco de ellos, Videla, Martínez de Hoz, Massera y los hermanos Patricio y Hugo Peralta Ramos ya murieron). Esta cuestión estuvo estancada hasta el año 2015, cuando se reactiva con la asunción del nuevo fiscal Gómez Barbella.

Lijalad afirmó que “estamos esperando que Ercolini se digne a llamar a indagatoria a Magnetto”. Reflexionó que a seis años de la existencia de la causa judicial, en la práctica no ha habido ningún avance y destacó que el “terror” al poder mediático impide que ningún juez pueda tomar la decisión de convocar a Magnetto.