La política, la que se juega en las altas esferas, supone la construcción de un relato, el que se solidifica con imágenes y hechos que se desarrollan en el día a día, de alguna manera en formato de “campaña permanente”. Redes, medios de comunicación y, en los últimos años, influencers, operan en una realidad sobre la cual el dirigente / funcionario siempre debe estar muy atento. Los simbolismos son moneda corriente y se justifican en el permanente intento de la construcción de sentido. En la semana que pasó, por un par de días, Rosario se convirtió en el centro de las miradas de la política nacional por su condición de ciudad (y región) atravesada por la problemática del narcotráfico. El punto de discordia es que sus protagonistas no fueron políticos, sino jueces. Un hallazgo de la democracia que hemos sabido construir. Repasemos.

El dirigente político tiene su razón de ser en todo aquello que dice, que verbaliza, pero también en la acción, en lo que defiende con su discurso y con su cuerpo. Usa una multiplicidad de simbolismos en el día a día. Desde su aspecto físico, su forma de vestir, su dicción y hasta la forma en que se relaciona con interlocutores de todo tipo lo definen. Expresa ideas, una cosmovisión del mundo, una forma de interpretar la realidad que lo rodea.  Las formas suelen ser cuidadas, al punto de tener muy en claro qué se dice, para qué se dice y cómo se dice. El destino final es ganarse la confianza de la sociedad para, en una sociedad democrática, ser electo (o reelecto) a los fines de manejar cuotas de poder que le permitan imponer esa idea original. En resumen, para ese formato de político, las elecciones son el último escollo legitimante.

En la Justicia no funciona de ese modo. Es otra cosa (o debería serlo) según nos dicen los manuales más elementales de Educación Cívica. También cuenta con sus propios simbolismos, que, en plena era de la virtualidad, algunos resultan definitivamente anacrónicos.

Por ejemplo, en sociedades dinámicas, que se pretenden igualitarias, con multiplicidad de credos y valores, vale preguntarse hasta cuándo se puede seguir sosteniendo la imagen de una cruz en un ámbito que debería instrumentarse como secular, o la utilización de púlpitos desde donde el juez está por encima de todos como una síntesis de toda razón o, yendo más allá, en la utilización del término Su Señoría que refiere, indudablemente, a la idea del Señor, de tiempos que la modernidad supieron dejar atrás, hace nada más y nada menos que de doscientos años.

Esa simbología pareciera actuar como una especie de reserva moral que no se entiende muy bien de qué, ni de porqué algunos la protagonizan. Argentina vive un tiempo social en el que un grupo de señores (de los últimos 15 años, nunca tan “machirula” la composición cortesana) que se encuentran en la punta de la pirámide judicial, les gusta verse de una manera tal que actúan como protagonistas de esa reserva y desde sus púlpitos le comunican al conjunto de la comunidad, cuál es el camino que debería elegirse.

La ciudad de Rosario hace casi diez años que sufre el drama del narcotráfico en sus calles. Desde lo que podría definirse como el mojón inicial que fue el asesinato de Martín “Fantasma” Paz en una mañana sabatina, allí en la zona de 27 de febrero y Entre Ríos, hemos asistido a una situación de violencia permanente a la que, lamentablemente, nos hemos acostumbrado.

Desde los casos más estentóreos, la saga continuó con otros narcotraficantes famosos asesinados en las calles, de noche y también a plena luz del día, alguno que pretendía desarrollar negocios legales que servirían como actividades de lavado; con un jefe policial que era detenido por facilitar información reservada a narcos y que resultaba defendido por parte del oficialismo de entonces diciendo que era un preso político; con un Poder Judicial ordinario que era “abrazado” pero que hacia su interior contaba con un juez que viajaba a ver peleas de box a Las Vegas con el padre del primero de los asesinados; con el atentado a la casa de un gobernador, hecho inédito en la cuarentona democracia argentina, con la correspondiente denuncia y pedido de investigación pero que luego la misma víctima retiraba; con un ministro que aparecía en escuchas anunciando “acomodo” en concursos para la elección de jefes policiales y que luego esos funcionarios terminaban detenidos por proteger a bandas narco, antagónicas de las anteriores.

En el medio sucedía (y sucede) la “disputa por el territorio”. Pero eso sí, pasaba lejos de los barrios coquetos de Rosario y del polígono que definen los bulevares. Si en antaño el barrio de Tablada había sido reconocido a nivel nacional por el proyecto comunitario de la Vigil y por la magia futbolística de un tal Tomás Felipe Carlovich, la segunda década del siglo XXI lo proyectaba a todo el país por el inicio y desarrollo de un tiempo con un reguero de muertes y violencia que no terminó quedando circunscripta a sus zonas más marginales, sino que se extendió a toda la periferia rosarina.

En el mientras tanto y más allá de la cobertura mediática que empezó a contar crímenes en la misma cantidad de días que tiene el año, buena parte de la rosarinidad se autoconsolaba con el “no importa, se están matando entre ellos”. Pero, la idiotez conformista nunca es buena consejera, y como nos cantó hace algunas décadas atrás un ya viejo rockero, “el futuro llegó, hace un rato, todo un palo”.

Podrá preguntarse algún desprevenido o alguien que le empezó a prestar atención al tema desde cierta lejanía con la otrora segunda ciudad del país, cuál ha sido el rol de la Justicia Federal, cuántas investigaciones llevó adelante, cuántos juicios inició, cuántos fiscales y jueces se convirtieron en protagonistas de la cruzada contra el narcotráfico. Y costará encontrar respuestas positivas.

En el devenir de este proceso, el problema de la dirigencia rosarina es que siempre creyó que la inseguridad, con el mundo narco incluido, se resolvía con la llegada de más uniformados primero desde Santa Fe y luego desde Buenos Aires. Y los despachos judiciales con sede en calle Oroño, poco se involucraron en la persecución contra ese mundo del delito organizado y mucho empeño pusieron en el “chiquitaje” que suponen los soldaditos.

Hay que reconocerlo: fueron pocos los especialistas (bastante desoídos por cierto) que insistieron con que las causas de Los Monos y de Esteban Alvarado debían tramitarse en tribunales federales. Pero muchos miraron para el costado.

La pregunta entonces se cae de maduro. ¿A qué viene la Corte Suprema de Justicia de la Nación en pleno a Rosario, a un congreso que fue ideado por jueces vinculados al Lawfare? Voceros y analistas que no pueden ser acusados de oficialistas, no han entendido del todo las razones. Si refiere a la necesidad de respaldo institucional a los jueces de la región, no se termina de entender muy bien a qué, ya que no hubo autocrítica o llamado de atención de ningún tipo sobre lo que no se hace o se hace mal.

No deja de ser llamativa la convocatoria y las presencias. Pero tal vez haya que salirse de la explicación “judicial” y tengamos que involucrarnos en la política. El tono ceremonioso utilizado, los dichos de Lorenzetti sobre la necesidad de crear una super agencia que se dedique a las causas de narcotráfico, y las recomendaciones cortesanas al Poder Ejecutivo nos permite afirmar que el cuarteto que gobierna al Poder Judicial desde el cuarto piso de calle Talcahuano, se parece cada vez más a un agrupamiento político antes que a un grupo de hombres comunes que tienen la loable función de saber interpretar la Constitución Nacional.

Los cortesanos con su pléyade de asesores a cuestas, el centenar de jueces que abrevan en la Asociación de Jueces Federales de la Argentina (AJUFE), los modos, las formas de la reunión, la presencia de no pocos representantes de la política opositora (defina usted querida lectora, estimado lector, donde lo ubica al gobernador Omar Perotti) y la cobertura de importantes medios nacionales que también formaron parte del Lawfare, le dieron al encuentro rosarino el perfil de una gran puesta en escena antes que un encuentro que sirva, honestamente, para mostrar una Justicia Federal que vaya en un sentido inverso de lo (no) hecho hasta aquí.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha decidido jugar a la política. Con la enorme ventaja de que no debe enfrentar ningún proceso electoral cada dos años. A la vista de todos, bien iluminados y para el gran consumo. Aunque en Rosario sigamos padeciendo el mirar para el costado de no pocos protagonistas de esta historia de muerte y dolor.

 (*) Analista político de Fundamentar - @miguelhergomez

La que pasó no fue la mejor semana de la administración de Alberto Fernández. Dos factores repercutieron de manera marcada en su día a día: la discusión al interior de la coalición gobernante sobre el qué hacer con las tarifas y el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que determinó que el artículo 2° del Decreto de Necesidad y Urgencia n° 241/2021 había violado la autonomía que consagra la Constitución Nacional a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Parecen cuestiones disímiles, pero, en definitiva, tienen algún punto de encuentro común. Repasemos.

El capítulo sobre las tarifas había salido a la luz pública el viernes de la semana anterior. Más allá de los detalles de cómo escaló la discusión de cara a la sociedad, puede decirse que hay dos posiciones claramente encontradas al respecto.

Por un lado, el ministro de Economía Martín Guzmán, quien viene desarrollando una clara política de acercamiento con el Fondo Monetario Internacional con la firme intención de llegar a un acuerdo que le permita aliviar la deuda argentina con el organismo de crédito en el mediano plazo; propone un aumento de tarifas que podríamos llamar universal en la primera etapa, para luego ir hacia un esquema de segmentación donde paguen más los sectores más acomodados.

Por el otro, los grupos vinculados al subsecretario de Energía Eléctrica Federico Basualdo, quien reporta políticamente a la figura de la vicepresidenta Cristina Fernández, sostienen la idea de aplicar un único aumento en el año y que sirva como medida definitiva para este, también, pandémico 2021. 

Más allá de las cuestiones técnicas que hacen a la macroeconomía (nivel de subsidios, déficit de las cuentas públicas, situación de las empresas prestatarias del servicio), la discusión es definitivamente política.

Sin dejar de tener en cuenta el horizonte electoral, la pregunta es quién paga las diferencias que deja a la vista el actual esquema tarifario. ¿Se toma como válido un principio de justicia que generalice una suba común o se hace “sintonía fina” con aquellos sectores que han perdido menos (algunos incluso han ganado) en los últimos dieciocho meses? O, ¿se amplía mucho más la mirada y se les exige que parte de esas diferencias sean absorbidas por las propias empresas prestadoras del servicio que durante el macrismo se vieron beneficiadas con una fenomenal transferencia de recursos a su favor con la dolarización de lo que cobraban, en nombre de que debían tener una rentabilidad tal que pudieran mantener cierto nivel de inversiones?

https://www.youtube.com/watch?v=jiUwgbOxRTY

La discusión, por ahora, no parece estar saldada al interior del Frente de Todos. Pero como fuere, nótese la diferencia de criterio político con la administración anterior: durante el gobierno de Mauricio Macri, mientras los aumentos garantizaran la rentabilidad empresarial, no importaba demasiado a quiénes dejaba en el camino a la hora de cumplir con las obligaciones de los “consumidores”. Algunos parecen haberlo olvidado, pero no fueron precisamente pocas, las pequeñas y medianas empresas que planteaban su asfixia financiera a la hora de pagar aumentos tarifarios que superaban el 1000%. La historia nunca es mala consejera en cuanto a lo que política refiere.

El segundo hecho que marcó la agenda semanal y que tuvo un extenso recorrido mediático refirió al fallo que el martes dio a conocer la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Habíamos apostado un café por un fallo de tipo salomónico y que lo que decidieran los supremos tendría un definitivo contenido y consecuencias políticas. En la primera de las afirmaciones es obvio que fallamos el enfoque. Aquellos lectores que deseen el pago de la respectiva infusión, se los espera en la esquina de Segurola y Habana a las 3am del miércoles 30 de febrero.

En la segunda, no es que la lucidez nos haya alcanzado en formato de revelación, sino que, ante tanta hipocresía de supuesto saber técnico, nunca viene mal recordar el carácter político de los fallos del máximo tribunal. La novedad en este caso es el plus partidario.

Así las cosas, la unanimidad de la Corte Suprema de Justicia de la Nación vino en formato de tres votos, con algunos conceptos llamativos dignos de señalar y sobre el cual no haremos un abordaje desde el derecho (cuestión que nos excede), sino desde la situación concreta de que algunas afirmaciones supremas, dejan muchos elementos para desglosar por fuera del mundillo tribunalicio.

Desde la política y su relación con la teoría, la primera rareza digna de mencionar (menor, si se quiere) es la utilización de parte del Dr. Ricardo Lorenzetti de las figuras de Thomas Hobbes y John Locke como elemento argumentativo de su voto. En un mismo párrafo y sin mayores detalles nos cita a dos pensadores que más allá de sus puntos de encuentro de hace cuatro siglos, representan visiones muy disímiles a la hora de interpretar cuestiones de la modernidad. Mientras al segundo se le adjudicó una influencia notable en la sustanciación del liberalismo político como lo conocemos hoy, al primero se lo relaciona con la idea del Estado absoluto, donde queda muy poco espacio para la rebelión política. Parece poco consistente para la utilización sobre la discusión de autonomía provincial.

Pero hay otro detalle, si se quiere más simpático. Ese párrafo, redactado en los mismos términos fue utilizado por el mismo juez en los fundamentos del fallo de la causa n° 9080 del 25 de agosto de 2009 (Inc. 13, página 33). O los asesores de Lorenzetti son algo perezosos o el propio juez está tan enamorado de lo escrito hace doce años atrás que no le resulta tan interesante releer a los clásicos en clave de la post modernidad. Aquí el detalle, dato que nos acercó el colega Román Felipelli con quien no nos une la afinidad ideológica, pero sí el respeto mutuo de muchos años de amistad.

Mirado en su conjunto, el fallo parece forzado a expresar algo que está decidido de antemano. Se afirma entre otras cosas que no ha sido justificada adecuadamente la relación entre mayor circulación y mayores contagios entre jóvenes que comenzaron a asistir a la escuela de manera presencial (página 28 – 29); que la emergencia no es franquicia para evitar el derecho vigente a la educación (página 52); que el impacto interjurisdiccional de la actividad regulada es meramente conjetural (página 55), que existe un derecho humano a la educación pero que el mismo no existe sin vida humana (página 72) y que el Estado no tiene facultades para limitar el derecho de una persona, cuando el ejercicio de ese derecho no dañe a terceros (página 74).

Todas estas afirmaciones jurídicas, grandilocuentes y aparentemente bien fundadas, demuestran una omisión definitiva del tribunal a la hora de dirigir su fallo en un sentido: la ausencia de convocatoria a epidemiólogos, sanitaristas o biólogos para que explicasen las características y el comportamiento del virus. Así como se invocó la figura del “amicus curiae” para avalar la postura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y partiendo del supuesto dato que la demandada no habría fundado adecuadamente las medidas tomadas, vale preguntarse por qué no se amplió esa posibilidad al Estado Nacional.

¿Creen los supremos, realmente, que no existe interjurisdiccionalidad educativa en el Aglomerado Metropolitano de Buenos Aires y que alumnos, docentes, no docentes, proveedores escolares y directivos no cruzan diariamente el riachuelo o la General Paz?

¿Creen, honestamente, que la aplicación (y su garantía) del derecho a la educación en un contexto pandémico con índices verdaderamente alarmantes, no afecta el derecho a la vida de terceros que no desean ser contagiados?

¿Suponen, estos cuatros jueces, que el Coronavirus es un virus que replica sólo en nuestro país y que por lo tanto no tiene sentido mirar las experiencias producidas a lo largo y ancho del mundo respecto de la presencialidad escolar?

Todas preguntas que, como siempre, nos gusta dejar en formato de tarea para el fin de semana de nuestros lectores. En la respuesta seguramente se entenderá el porqué de pensar al último fallo cortesano como en un sentido partidario sin excusas y el porqué de la foto del día miércoles en Ensenada que reunió a los popes del Frente de Todos, la cual sirvió no sólo para dar una señal a los “extraños”, sino fundamentalmente a los “propios”, a la hora de entender que resulta legítimo discutir ciertas diferencias de cara a la sociedad, pero no sirve del todo anunciar renuncias no acordadas ni enojos sobreactuados.

Como nos contó el señor del epígrafe, del que podemos contar la muy buena noticia de que esta semana fue vacunado, están pasando demasiadas cosas raras para que todo pueda seguir tan normal. Algunos, cómodamente apoltronados y en formato de fallos judiciales, creen que la emergencia sólo los alcanza a ellos dictando sentencias vía zoom. Y otros, olvidando el contexto político reinante, siguen jugando a pulir las diferencias internas en nombre de ciertas convicciones (que siempre son buenas tenerlas), pero dejando el flanco demasiado abierto para que el enemigo construya poder. Ni calvo ni con dos pelucas. Claves de la política de estos días.

(*) Analista político de Fundamentar

“A mí me putearon 600 mil personas en una marcha de repudio al voto que aplicó el 2x1 a un ex represor, pero un juez -como un árbitro- no puede tenerle miedo a la tribuna”. La comparación con un referí argentino, Horacio Elizondo, fue la elegida hoy por el presidente de la Corte Suprema Carlos Rosenkrantz para referirse al fallo que firmó en mayo de 2017, junto a Horacio Rosatti y Helena Highton, para aplicar el 2x1 a condenados por delitos de lesa humanidad. Esto implicaba computar dobles los días transcurridos en prisión sin sentencia firme.

“Cuando le preguntaron (a Elizondo) cómo se le ocurrió amonestar a Zinedine Zidane por el cabezazo que le dio al italiano Materazzi, respondió ‘es el 10 de los de camiseta blanca. No me importa su nombre’”, continuó el magistrado con su metáfora futbolística. “Si no tenés el equipamiento psicológico para bancarte que toda la tribuna de River te insulte, no dirijas Boca-River. Si lo hacés, estarías falseando las expectativas que hay sobre vos”,  siguió explicando, en conversación con medios oficialistas, su decisión de firmar el fallo que generó multitudinarias manifestaciones en repudio en las plazas de todo el país y, después, derivó en la aprobación en el Congreso en tiempo record de una limitación a la aplicación de ese beneficio para genocidas.

El presidente de la Corte también se expresó sobre la exención del impuesto a las ganancias de la que gozan los jueces. “No es una consagración de un privilegio”, advirtió el magistrado para después reconocer que “no hay ningún juez ni ningún funcionario que no esté de acuerdo con que tienen que pagar Ganancias”, siempre y cuando la pérdida de ese beneficio impositivo implique una compensación en el salario: “Lo que no se quiere es que el salario sea reducido para pagar Ganancias. Pero si hubiera un incremento salarial y sobre ese incremento se redujera el monto para pagar Ganancias no habría ninguna oposición”, puntualizó.

“La baja reputación en parte es producto de deficiencias, de problemas comunicacionales. Una de las cosas que el Poder Judicial tiene que hacer es comunicar mejor, hay muchas cosas que podrían haber sido explicadas mejor”, dijo sobre la percepción social del accionar de la Justicia y en defensa de los jueces el magistrado que en diciembre de 2015 fue propuesto por el presidente Mauricio Macri para entrar por la ventana a la Corte Suprema. En aquel entonces, el decreto de Macri para ubicarlo, junto a Horacio Rosatti, en en máximo tribunal sin la intervención del Senado generó uno de los primeros grandes escándalos institucionales de Cambiemos y derivó en la marcha atrás del Presidente. Luego, en junio de 2016 el Senado aprobó el pliego de Rosenkrantz por 58 votos a favor y 22 negativos. Finalmente, el 1 de octubre de este año Rosenkrantz asumió la presidencia de la Corte Suprema, tras once años de mandato de Ricardo Lorenzetti. Tras su asunción al frente del máximo Tribunal se inició un fuerte conflicto con su antecesor: Rosenkrantz acusó a Lorenzetti de haber desmantelado el área de comunicación de la Corte. En conversación con los diarios Clarín y La Nación, el magistrado se refirió escuetamente al conflicto con su antecesor. Dijo sobre Lorenzentti: “Nos tenemos simpatía. Esa diferencia fue producto de un momento muy particular en donde las emotividades saltaron incontrolablemente”.

Otra de las pruebas de la tensión dentro del máximo Tribunal tuvo lugar la semana pasada. Rosenkrantz y Highton de Nolasco fueron los únicos que aceptaron la invitación a un almuerzo con el presidente, el jefe de Gabinete Marcos Peña y el ministro de Justicia Germán Garavano, en la Casa Rosada. El convite, presentado por voceros oficiales como un “encuentro de carácter institucional” fue también minimizado por el supremo en sus declaraciones de hoy. Dijo que se trató apenas de un “almuerzo frugal”: “Con la doctora Highton sabemos que un almuerzo no compromete ni nuestra imparcialidad ni la independencia del tribunal. Fue un almuerzo frugal. Demasiado frugal. Conversamos sobre las necesidades presupuestarias del tribunal, la necesidad de aumentar los salarios y el estado de los tribunales”.

 

FUENTE: Página 12

RELEVAMIENTO Y EDICIÓN: Mariana Vera 

 Carlos Fernando Rosenkrantz será el nuevo presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación luego de la renuncia de Ricardo Lorenzetti, el magistrado que ocupó ese cargo desde el 1 de enero de 2007.

El nuevo presidente del máximo tribunal llegó a su cargo hace dos años, luego de la polémica que desató el presidente Mauricio Macri al inicio de su mandato, cuando lo designó, junto a Horacio Rosatti, "en comisión", es decir, por decreto y sin aprobación parlamentaria. Luego del rechazo que generó la decisión, el Gobierno nacional se vio obligado a dar marcha atrás y enviar sus pliegos al Senado, aunque mantuvo a sus postulantes: en junio de 2016 pasaron la prueba legislativa y en agosto siguiente juraron como ministros de la Corte.

En el Senado, tanto Rosenkrantz como Rosatti lograron un apoyo amplio de todos los espacios. Rosatti tuvo 60 votos a favor y 10 en contra, y el flamante presidente de la Corte fue respaldado por 58 senadores y rechazado por otros 12. Rosenkrantz se convirtió así en el primer ministro del máximo tribunal de origen judío: es hijo de un inmigrante judío de origen polaco y de una maestra correntina, católica y practicante, pero cuando contrajo matrimonio, lo hizo en el rito judío.

Los cuestionamientos a Rosenktrantz en el Senado se enfocaron en su actividad laboral: socio del estudio Bouzat, Rosenkrantz & Asociados, manejó importantes clientes corporativos como el Grupo Clarín, lo que despertó críticas por la eventualidad de que pudiera intervenir en alguno de los casos que afectan al multimedio.  Los jueces de la Corte Suprema cobran $286.000 netos en promedio Los senadores también le reprocharon que hubiera aceptado su designación por decreto, a lo que el postulante respondió: "Ningún juez puede aspirar a integrar la Corte sin acuerdo del Senado". Y afirmó: "Mi mejor argumento sobre por qué debo ser designado es que soy claramente consciente de que Argentina no necesita superjueces ni la exaltación de la individualidad, sino reconstruir una práctica de la ley del derecho que nos permita resolver los problemas".

Cambiemos buscó así reemplazar con dos jueces de perfil moderado a Carlos Fayt y a Ricardo Lorenzetti, que protagonizaron (por distintas razones) polémicas sobre el final del segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner. El primero intentó ser removido por el kirchnerismo por su edad avanzada, pero resistió y presentó su renuncia para un día después de que terminara la gestión de la expresidenta. El segundo, que dimitió a partir de enero de 2015, fue denunciado por el descubrimiento de prostíbulos en departamentos de su propiedad y cuestionado por sus posturas abiertamente garantistas.

Nacido el 28 de octubre de 1958 en la ciudad de Buenos Aires, Carlos Rosenkrantz es abogado, se recibió en la Universidad de Buenos Aires (UBA) en 1983 y es autor de numerosos libros y artículos. Tiene un magister y un doctorado en Derecho, ambos títulos de la Universidad de Yale, y fue profesor en la New York University, en la Richmond School of Law y en la Denver University (todas en Estados Unidos). También enseñó en la Universitat Pompeu Fabra, España; y en la UBA.

Rosenkrantz: de Alfonsín a la Corte que impulsa Macri Durante la llegada de la democracia, con 25 años, integraba el grupo que lideró el filósofo Carlos Santiago Nino con otros juristas como Roberto Gargarella, Marcelo Alegre, Gabriel Bouzat, Mirna Goransky, Marcela Rodríguez, Roberto De Michele y Carlos Balbín. El grupo tuvo una fuerte influencia sobre el gobierno de Raúl Alfonsín e impulsó iniciativas legales consideradas fundacionales del ciclo democrático.

En 1991, Rosenkrantz representó a la Comunidad Homosexual Argentina (CHA) en un caso contra la Inspección General de Justicia (IGJ), que utilizó argumentos homófobos para denegar la personería jurídica a la entidad. El flamante presidente de la Corte se desempeñó desde 2008 como Rector de la Universidad de San Andrés. Al igual que Rosatti, en 1994 fue asesor de la Honorable Convención Constituyente y además ofició como asesor para el Consejo para la Consolidación para la Democracia, junto al ex presidente Alfonsín en 1984.

 

FUENTE: Perfil

RELEVAMIENTO Y EDICIÓN: Mariana Vera 

Según supo ámbito.com, Igolnicov presentó un escrito este lunes a primera hora en la mesa de entrada del máximo tribunal, a la espera que sea "revocada" la decisión adoptada el miércoles pasado.

La resolución de la Corte benefició con el cómputo de 2x1 al genocida Luis Muiña, de 61 años, quien había sido condenado en 2013 a 13 años de prisión por ser "coautor del delito de privación ilegal de la libertad" e "imposición de tormentos" en cinco casos. La decisión de la mayoría constituida por los ministros Elena Highton, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz sostuvo que el beneficio de la ley penal más benigna resulta extensivo al caso de Muiña y se aplica "siempre" a todos los delitos, sin distinción alguna. Esa interpretación fue rechazada por Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda, los otros dos miembros de la Corte. Así, se declaró aplicable la ley 24.390 (el 2x1), que estuvo vigente desde 1994 hasta 2001, cuando fue derogada, y que computa dos años por cada uno efectivamente preso a partir de los dos años de prisión preventiva.

• Extremo

Según la definición judicial, el recurso revocatorio "in extremis" busca "suplir ciertos yerros judiciales materiales groseros y evidentes" que ya no pueden remediarse en instancias judiciales y que generan "agravios trascendentes" para alguna de las partes involucradas en un juicio. En este caso, los damnificados serían los familiares de las víctimas de Muiña.

Asimismo, este recurso permitiría que el mismo Tribunal que se pronunció a favor, ahora "revise su contenido, pudiendo sustituirlo mediante el dictado de una resolución total o parcialmente reformadora". En la jerga tribunalicia se lo conoce como "remedio heroico".

En su escrito "Avatares de la reposición in extremis", el experto en Derecho Procesal Jorge Peyrano define al recurso como un antídoto. "El sistema jurídico nacional desde siempre ha engendrado antídotos contra las injusticias flagrantes, los que sólo deben suministrarse in extremis, vale decir cuando ninguna otra cosa puede hacerse por los carriles corrientes", señaló el académico, y agregó que la "equivocación grosera material o esencial debe haber derivado en la producción de una grave injusticia" para que esta herramienta sea admitida por los jueces.

Los recursos in extremis suelen tener cobijo en algunos Tribunales Superiores provinciales, como los de Santa Fe (Mavacino S.A. c/Prov.) y Mendoza (Cantu c/Silver S.A. y Rafael Bulos p/Des s/Inc cas). En otro caso laboral, el máximo Tribunal santiagueño remarcó que el caso que la revocatoria "in extremis" se encuentra reservada como "último remedio para casos excepcionales en que se advierte un error judicial grosero y evidente" y no existan, o resulten inoperantes, "otras vías procesales para corregirlo".

En Santiago del Estero, los jueces superiores Raúl Alberto Juárez Carol, Agustín Pedro Rímini Olmedo y Sebastián Diego Argibay sostuvieron en 2011 que esta figura tendrá aceptación cuando "no existan otros caminos" para remediar el agravio provocado por la sentencia, o cuando ya no haya posibilidades de "proponer planteos de índole jurídico o probatorio" complementarios.

En la provincia de Buenos Aires se recuerda por el caso "Orellano", una demanda del abogado Ricardo Orellano contra la Cooperativa Marplatense de Pesca donde se reclamó el pago de una indemnización por los daños y perjuicios derivados del incumplimiento del convenio de honorarios. En marzo de 2010, la Corte bonaerense se rechazó por mayoría simple el recurso en este expediente por "no estar contemplado" legalmente por el ordenamiento jurídico bonaerense. Sin embargo, el actual presidente del Consejo de la Magistratura provincial, Eduardo de Lázzari, fue el único de los tres que se pronunció a favor, al considerar que una "patología excepcional" también merece una solución que realmente "contribuya a la prestación de una tutela judicial efectiva".

El abogado Peyrano aseguró que el primer precedente de un tribunal nacional que trató una reposición "in extremis" ocurrió en una causa penal de 1922, en un fallo identificado con la referencia "136, 244".

En los años sucesorios, esta situación excepcional en la Justicia llevó a las Legislaturas de Corrientes y Santiago a votar leyes que corrigieron sus códigos de procedimientos para incluirla.

Peyrano también aclaró en su texto que este recurso posee "límites infranqueables", como la falta de pruebas contundentes para hallar nuevos "elementos de convicción" o la intención de "subsanar" una equivocada interpretación de la ley. Cualquiera de estas dos alternativas son argumentos válidos para desecharlo.

La reposición "in extremis" solo fue aceptada jurisprudencialmente para casos en los que se advierte un evidente error y, a su vez, la inexistencia o inoperancia de otras vías procesales para corregirlo, repiten los expertos. Para conocer una opinión de la Corte en estos temas hay que remitirse al 12 de abril de 2005, en una causa que involucra a Carrefour Argentina S.A. "Si bien, en principio, las decisiones de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, no son susceptibles del recurso de reposición, cabe admitir dicho remedio cuando concurren circunstancias que permiten exceptuar dicho principio", sostuvieron los supremos al suspender la ejecución de una sentencia errónea.

FUENTE: Ámbito

RELEVAMIENTO Y EDICIÓN: Camila Abbondanzieri

"Hubo una sentencia en 1999, muy anterior a la conformación de la corte actual. Esa sentencia determinó la materialidad y la imputabilidad del hecho. Encontró culpable a un grupo: Hezbollah. Esa sentencia está publicada y consentida por las partes. Nosotros no podemos, como tribunal, modificar el fallo, es cosa juzgada", aseguró Lorenzetti durante su discurso en el acto de apertura del Año Judicial.

En tanto, el titular de la Corte también respondió al cuestionamiento realizado por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en su discurso del domingo en el Congreso, en el que criticó que un Tribunal Oral haya pospuesto la realización del juicio por encubrimiento del atentado a la AMIA para realizar el proceso por la tragedia ferroviaria de Once.

"Hubo una sentencia en 1999,que determinó la materialidad y la imputabilidad del hecho y encontró culpable a Hezbollah. Esa sentencia está publicada y consentida por las partes. Nosotros no podemos, como tribunal, modificar el fallo, es cosa juzgada"

Al respecto, Lorenzetti admitió que "no es bueno que un tribunal oral tenga que decidir si lleva a cabo el juicio de la AMIA o el juicio de Once", pero sostuvo que ello se debe a que "los tribunales orales están saturados" y aseguró que "en este tema la Corte Suprema no tiene ninguna competencia". "No puede indicarle a un tribunal qué causa debe llevar adelante", insistió sobre el rol de la Corte. En ese tema, le devolvió la responsabilidad al Ejecutivo, al recordar que en 2010 se aprobó la creación de los tribunales orales federales números siete y ocho, “que hubieran solucionado estos problemas”.

Luego, durante su discurso, el presidente del Máximo Tribunal afirmó que “el Poder Judicial debe poner límites", pidió "políticas comunes" entre los tres Poderes y reclamó la creación de una policía cientifica judicial. Advirtió que "es tiempo de terminar con la impunidad" y reclamó que "no hagamos disputas de poderes". "Las víctimas no esperan que nos echemos la culpa de unos a otros, las víctimas esperan una actitud más adulta", sostuvo durante su discurso de apertura del Año Judicial. En ese sentido, pidió "terminar con esos procesos q no tienen resultados" y con "las investigaciones oscuras, que se traban".

Sostuvo que los jueces "deben juzgar en forma imparcial, justa, sin flaquezas, sin ceder a las presiones que puedan existir". Agregó que "el Poder Judicial debe poner límites", pero aclaró que "eso no significa ni puede significar que sustituya la acción de gobierno". "Los jueces no gobiernan ni deben gobernar", insistió el magistrado. También opinó que "es bueno que las sentencias sean criticadas", aunque rechazó que se "deslegitime al emisor", en vez de criticarse al argumento de un fallo.

Lorenzetti reclamó en otro tramo de su discurso al Ejecutivo "una profunda reforma en las fuerzas de seguridad" para que la justicia cuente "con una policía científica" abocada a la investigación criminal. "Si no se investiga cómo vamos a hacer para encontrar a los culpables", se preguntó.

Luego enumeró una serie de "principios q nos atan a todos", entre los que remarcó la importancia de "preservar la democracia". "Es algo demasiado importante como para dejarla en manos del odio, de la división, del egoísmo y del miedo", aseguró.

 

FUENTE: Página 12

Los ministros Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Enrique Petracchi y Juan Carlos Maqueda determinaron que el recurso de la defensa de Tognoli "no constituye acción o recurso alguno que habilite la competencia ordinaria o extraordinaria de la Corte Suprema"

En el mes de junio último, la Sala Cuarta de la Cámara Federal de Casación Penal rehusó hacer lugar a un recurso interpuesto por el abogado Carlos Edwards, defensor de Tognoli, contra la decisión del mismo tribunal que le había denegado otro planteo.

"A nuestro juicio, los agravios formulados por la defensa no han logrado conmover los fundamentos brindados por el Tribunal a quo (la Cámara de Apelaciones de Rosario), ello de acuerdo al grado de certeza exigido según el estadio procesal por el que transitan las presentes actuaciones", señala la resolución de entonces, firmada por los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Juan Gemignani.

Tognoli está procesado en esa causa como presunto "autor del delito de encubrimiento por favorecimiento personal, agravado por haberse cometido para ocultar un delito especialmente grave, cuando ha existido ánimo de lucro y el autor fuere funcionario público", recuerda la resolución.

Esa calificación es "en concurso ideal con los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y denegación de justicia, todos en concurso real con el delito de amenazas coactivas contra Norma Castaño, en calidad de partícipe necesario", añade.

La investigación le atribuye a Tognoli, cuando era jefe de la ex división Drogas Peligrosas de Santa Fe, haber "auxiliado" al presunto narco Daniel Mendoza para realizar el video de un encuentro con Norma Castaño, titular de la ONG Madres Solidarias, con el fin de amenazarla con su difusión si la mujer no retiraba una denuncia contra el jefe policial.

 

FUENTE: Rosario.com

El ministro de Justicia de la Nación, Julio Alak, quien estuvo presente en el acto, transmitió el pesar de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner por el fallecimiento de la jueza del máximo tribunal.

"Fue de las primeras ministras de la Corte argentina que fue electa bajo los mecanismos democráticos que estableció el ex presidente Néstor Kirchner", aseguró tras lo cual resaltó que Argibay "lideró un espacio de la mujer tanto en la Argentina como en el mundo" y destacó su fuerte compromiso con los derechos humanos.

Los miembros de la Corte despidieron esta mañana en el hall del Palacio de Tribunales los restos mortales de Argibay, fallecida ayer a los 74 años en el Instituto del Diagnóstico de la ciudad de Buenos Aires.

"Carmen, en la Corte, ha sido un gran ejemplo para todos nosotros y en estos diez años que hemos compartido ella estuvo siempre en las grandes batallas, en los grandes principios"

Lorenzetti destacó que su lucha fue por los derechos humanos, contra la trata de personas y, principalmente, le dio a la
Justicia "una visión de género en la aplicación del derecho".

"Estos ideales, estos principios, hizo carne de ella y nos lo trasmitió a todos nosotros", sostuvo Lorenzetti.

Para Lorenzetti, "Carmen, en la Corte, ha sido un gran ejemplo para todos nosotros y en estos diez años que hemos compartido ella estuvo siempre en las grandes batallas, en los grandes principios".

"La Corte ha pasado durante este tiempo grandes situaciones pero se ha hecho fuerte gracias a esa unidad, y Carmen en esto fue un factor fundamental", detalló.

Asimismo, sostuvo que "el primer legado que nos deja es esa fortaleza moral que tenía, el segundo es la creación de la Oficina de la Mujer y yo quiero resaltar un tercer legado que fue la reformulación todo el Cuerpo Médico Forense", reveló.

"Hoy el Cuerpo Forense es mucho mejor, está reglamentado, hizo concursos transparentes, y esa fundamentalmente fue su característica, la transparencia", remarcó.

Según el presidente de la Corte Suprema, "Carmen es un conjunto de principios morales y de políticas de Estado".

"Por eso en este momento es importante recordar que en las instituciones nosotros estamos transitoriamente", manifestó.

Por último, dijo que "si bien Carmen no estará más aquí fisícamente, sus principios van a seguir estando presente".

A su turno, la también integrante del máximo tribunal Elena Higthon de Nolasco, se refirió a la Asociación de Mujeres Juezas,
de la que participó junto a Argibay.

"La conocí desde antes de la Justicia y desde entonces siempre luchó por los derechos de las mujeres", indicó.

En este sentido, consideró que "fue una pionera en la materia no sólo en la Argentina sino en el mundo" y agregó que "todo lo que aprendí sobre las cuestiones de género lo aprendí de ella".

 

En tanto, el juez de la Corte Eugenio Zaffaroni dijo que "Carmen es una colega, pero además una compañera de muchísimos años, son esas vidas que son un poco un testigo de la vida de uno".

"Lo más importante fue la contribución que hizo a la cuestión de género históricamente, pero ahora me golpea en forma personal, estoy muy triste", se lamentó.

Ante una pregunta acerca si a la jueza fallecida le había quedado "alguna deuda pendiente", Zaffaroni manifestó que "a todos un poco nos pasa eso, porque queremos hacer más cosas".

"Carmen es una colega, pero además una compañera de muchísimos años, son esas vidas que son un poco un testigo de la vida de uno".

"Nunca consideramos que lo que uno ha hecho es suficiente y menos en Tribunales, porque muchas veces lo que uno hace es paliar situaciones desgraciadas", sostuvo.

Por su parte, el representante de la Asociación de Magistrados, Luis María Cabral, dijo hoy en su discurso que Argibay no sólo se ocupaba de las cuestiones públicas también tenía una vida personal intensa, tenía un gran sentido del humor".

"Era una amante de todas las formas del arte, porque decía que en el arte se expresaba las distintas facetas del ser humano y la diversidad de la sociedad", puntualizó.

Por su parte, el ministro de Justicia de la provincia de Buenos Aires, Ricardo Casal, se hizo presente en el Palacio de Tribunales en representación del gobernador Daniel Scioli, quien pidió transmitir su pesar a los familiares de la jueza.

Recordó a Argibay como "una persona íntegra, que nunca tuvo problemas en expresar sus opiniones en forma sincera" y añadió que "fue una de las mujeres más prestigiosas del derecho", resaltando que fue la primera mujer en representar un tribunal internacional.

Dijo también que mediante un convenio con la Asociación de Mujeres Juezas, que Argibay integraba, "pudimos llevar la Justicia a las escuelas de la provincia de Buenos Aires".

Estuvieron presentes todos los ministros del máximo tribunal, el ex fiscal Julio César Strassera y el ex diputado radical Ricardo Gil Lavedra, entre otros.

Carmen Argibay falleció ayer a las 14 en esta capital como consecuencia de una cardiopatía agravada por un enfisema pulmonar.

 

FUENTE: Télam

La “constitucionalidad general de la ley de medios” fue decretada por los ministros Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco (en forma conjunta), Enrique Petracchi, Carmen Argibay, Juan Carlos Maqueda y Eugenio Raúl Zaffaroni.

Acerca de la “aplicación de la ley y la protección de los derechos de la propiedad” es donde surgen las disidencias parciales de Argibay y Maqueda, y donde Fayt dice, en solitario, que todo es inconstitucional mientras que la mayoría convalida el texto aprobado por el Congreso.

Los seis ministros coincidieron en que “la ley 26522 en cuanto regula la multiplicidad de licencias de modo general, es constitucional, porque es una facultad del Congreso, cuya conveniencia y oportunidad no es materia de análisis de los jueces”.

En esa línea añadieron que “es legítima una ley que fije límites generales a priori, porque de esa manera se favorece la libertad de expresión al impedir la concentración en el mercado”, según se desprende de un párrafo de las 392 carillas del fallo firmado este mediodía.

 

 

En el primer acuerdo tras las elecciones de renovación parlamentaria del domingo último, los ministros aseguraron que “esta mañana terminamos de trabajar” en el fallo con lo cual intentaron desvincular la difusión de la sentencia con las últimas elecciones.

“La Corte ha dicho que la libertad de expresión es, entre las libertades que la Constitución consagra, una de las que posee mayor entidad, al extremo que sin su debido resguardo existiría tan solo una democracia nominal”, afirmaron los ministros.

Tras analizar diversos aspectos del rol de la libertad de expresión, los jueces concluyeron que “se trata de fortalecer una democracia deliberativa, en la que todos puedan, en un plano de igualdad, expresar sus opiniones y en la que no puedan admitirse voces predominantes”.

De esta forma y tras cuatro años de demora, la Corte Suprema resolvió a favor de la constitucionalidad de la ley.

Los artículos cuestionados por el Grupo Clarín eran el 41, que establece que las licencias son intransferibles; dos apartados del 45, que fijan un límite a la cantidad de licencias concentradas; el 48, que descarta la figura de un "derecho adquirido" por parte de las empresas que tienen más licencias de las permitidas y el 161, que da un año de plazo para que aquellos que tengan que adecuarse a la ley.

Una fuente del Máximo Tribunal señaló esta tarde que el regreso de Zaffaroni está previsto para mediados de septiembre y que recién entonces se estará en condiciones de analizar los videos y versiones agregadas al expediente, tras lo cual los ministros comenzarán el debate.

"Hasta que llegue no va a haber deliberaciones, la Corte es un tribunal colegiado y va a haber una discusión a fondo en la que no podemos prescindir de un integrante del cuerpo"

"Hasta que llegue no va a haber deliberaciones, la Corte es un tribunal colegiado y va a haber una discusión a fondo en la que no podemos prescindir de un integrante del cuerpo", dijo la fuente que se excusó de anticipar si la sentencia podría dictarse antes o después de los comicios del 27 de octubre.

En esa línea, añadió que "una semana más, una semana menos, elecciones va a haber siempre" y anticipó que el viernes próximo los ministros van a recibir las versiones taquigráficas de las ponencias expuestas en las dos audiencias públicas realizadas la semana anterior.

Respecto a las audiencias, la fuente no escatimó elogios a su realización y calificó como "extraordinaria para la relación entre la justicia y la gente" que pudo seguir las alternativas a través de la transmisión en vivo por el Centro de Información Judicial.

"El balance es muy positivo, se obtuvo un resultado muy bueno y se escucharon detalles importantísimos", dijo el informante que reiteró la "importancia institucional" de la ley en análisis y que la Corte "se mantendrá imparcial frente a cualquiera que tenga adelante".

 

RELEVAMIENTO Y EDICIÓN: Pedro Arrospidegaray

FUENTE: Télam