El pavoroso ensayo nuclear realizado este domingo por el régimen de Corea del Norte, el sexto y más potente de los que ha hecho desde 2006, supone un reto mayúsculo al temple y la destreza geopolítica de Donald Trump. La primera reacción del presidente de EE UU fue una serie de tuits a primera hora del domingo en los que dijo que “las palabras y acciones de Corea del Norte son muy hostiles y peligrosas para EE UU”. Más tarde añadió que estaba “sopesando, entre otras opciones, detener todo el comercio con cualquier país que haga negocios” con Pyongyang, lo que afectaría sobre todo a China. Por la tarde tras una reunión del presidente con su asesores militares en la Casa Blanca el secretario de Defensa Jim Mattis dejó asomar el garrote y advirtió de que quien amenace a EE UU "recibirá una respuesta militar masiva". Y el domingo al anochecer la Casa Blanca informaba de una llamada telefónica entre Trump y el ministro japonés Shinzo Abe en la que "se reafirmó el compromiso de EE UU para defender nuestra patria, territorios y aliados usando todas las opciones diplomáticas, convencionales y nuestra capacidad nuclear disponible". Mientras tanto, el vecino limítrofe de Corea del Norte, Corea del Sur, hizo este domingo un ensayo con misíles balísticos.

Trump, por lo tanto, no excluye la carta militar pero de momento la guarda como as en la manga. “Ya veremos”, respondió este domingo al salir de una iglesia a un reportero que le preguntó si atacaría Corea del Norte. En sus mensajes de Twitter de ayer por la mañana no exhibió el belicismo que mostró en agosto, cuando amenazó al dictador Kim Jong-un con “una furia y un fuego jamás vistos en el mundo”. El magnate y comandante en jefe de EE UU, aconsejado por sus asesores, ha optado por priorizar la compleja estrategia de extremar el aislamiento económico de Corea del Norte.

El secretario del Tesoro, Steve Mnuchin, dijo ayer por la mañana en una entrevista que Trump le ha ordenado diseñar un nuevo paquete de sanciones para cortar “todo el comercio” de Corea del Norte con el exterior. China es el único aliado y el principal socio comercial del régimen de Kim. A la salida de la reunión de Trump con los militares, Mattis urgía a Pyongyang a obedecer los reclamos de desnuclearización del Consejo de Seguridad de la ONU y afirmaba que EE UU "no está buscando el aniquilamiento total de Corea del Norte" a pesar de que, añadió a continuación, dispone de "muchas opciones para hacerlo". "El presidente", señaló el prestigioso general apodado Mad Dog (Perro Loco) en la familia militar, "quiere mantenerse informado de cada una de ellas".

La nueva prueba nuclear norcoreana ha sido la sexta de su historia. Según la información difundida por el régimen, se detonó bajo suelo norcoreano una bomba de hidrógeno “con un extraordinario poder explosivo” y que podría ser instalada en un misil intercontinental capaz de alcanzar el territorio estadounidense. El estallido, que provocó un terremoto de magnitud 6,3 que se sintió en las zonas más cercanas de China, Rusia y Corea del Sur, habría alcanzado una potencia de entre 80 y 100 kilotones. La bomba que EE UU lanzó sobre Hiroshima en la Segunda Guerra Mundial fue de 15 kilotones.

Con este ensayo, cinco días después de disparar un misil balístico que cruzó el espacio aéreo de Japón y recorrió 2.700 kilómetros hasta caer en el Pacífico, Corea del Norte culmina un verano en el que ha acelerado el desarrollo de su programa de armamento atómico y se ha enzarzado en un salvaje conflicto verbal con Trump. En julio un vocero del régimen advirtió de que atacarían “sin piedad el corazón de EE UU” con su “poder nuclear” si Washington amenaza “el liderazgo de nuestro líder supremo”. En agosto el régimen de Pyongyang dijo que lanzaría cuatro proyectiles hacia aguas cercanas a la isla de Guam, donde EE UU tiene dos importantes bases militares. Tras la respuesta de Trump amenazándolo con un ataque apocalíptico, Pyongyang pareció refrenar su órdago y el jefe de la Casa Blanca llegó a expresar su impresión de que el enemigo estaba “empezando a respetar” a EE UU. Pero el ensayo de ayer confirma que Kim Jong-un, de 33 años y heredero del poder de sus fallecidos padre, Kim Jong-il, y abuelo, Kim Il-sung, no se arredra ante Washington y desoye a la comunidad internacional en sus intentos de contenerlo. El dictador apareció horas antes del ensayo en imágenes inspeccionando sonriente la supuesta bomba de hidrógeno.

De las seis pruebas nucleares efectuadas por Corea del Norte, cuatro han sido bajo las órdenes de Kim Jong-un, que llegó al poder a finales de 2011. Tres de estas pruebas en los últimos doce meses, cada una más potente que la anterior. En paralelo, se han acelerado los lanzamientos de misiles balísticos, los cohetes que deberían ser capaces de transportar estas bombas miniaturizadas hacia su objetivo, con especial hincapié en los proyectiles de medio y largo alcance.

En los tuits de este domingo por la mañana, Trump recriminó a Pekín, su gran rival en el tablero geopolítico, “intentar ayudar con poco éxito” a solucionar la crisis con Corea del Norte. La estrategia de asfixiar económicamente a Pyongyang solo será factible si China colabora. Las autoridades de Pekín suelen insistir en reclamar al presidente de EE UU que no vincule el desafío del programa nuclear norcoreano con los asuntos comerciales bilaterales.

El potente ensayo, aseguran los expertos, demuestra que Kim no tiene interés alguno en renunciar a su programa nuclear y que la comunidad internacional está fracasando en su intento de contenerle. "Corea del Norte utiliza estas pruebas para presionar a Estados Unidos para que reconozca su poderío nuclear, pero esto difícilmente ocurrirá. Por otro lado, es una forma de mantener su régimen seguro, así que el programa nuclear seguirá adelante a pesar de que las sanciones dejen a la población del país hambrienta”, explica Lu Chao, experto chino en el régimen norcoreano.

El Consejo de Seguridad de la ONU se reune este lunes para analizar el ensayo nuclear de Corea del Norte. La cita fue solicitada por EE UU, Francia y Reino Unido, tres de los cinco miembros permanentes y con derecho a veto del órgano central de decisiones, junto a China y Rusia. El secretario general de la ONU, António Guterres, afirmó ayer que la acción de Pyongyang "socava los esfuerzos de no proliferación y desarme" de armamento no convencional.

El Consejo de Seguridad ha sancionado en múltiples ocasiones a Corea del Norte por sus ensayos balísticos y nucleares. El 5 de agosto aprobó por unanimidad –incluyendo a la reticente China– nuevas restricciones mercantiles con potencial para reducir en 1.000 millones de dólares sus ingresos por exportaciones. Según la embajadora de EE UU en la ONU, Nikki Haley, fueron las sanciones "más severas" impuestas a un país "en una generación", pero el brutal ensayo nuclear de este domingo evidencia que Kim Jong-un antepone el desarrollo de sus bombas al cuidado de sus finanzas.

 

FUENTE: El País

Acorralado por el agujero en las cuentas públicas y las dificultades políticas para avanzar en su plan de reformas liberales, el Gobierno brasileño de centroderecha ha dado un golpe de efecto que agrada a los mercados y enfurece a la oposición de izquierda. El equipo económico del presidente Michel Temer ha anunciado el mayor programa de privatizaciones en el país desde hace dos décadas con el propósito de hacer caja y atenuar el déficit fiscal. Más de 50 activos estatales se pondrán a la venta o su gestión será cedida al sector privado, entre ellos Eletrobras, la mayor empresa eléctrica de Latinoamérica.

Fuera del programa anunciado, que incluye una docena de aeropuertos y la Casa de la Moneda, quedan el gigante petrolero Petrobras o la poderosa banca pública. El programa, no obstante, carece de detalles, así como una estimación total de lo que pudiera obtenerse. El Ministerio de Energía ha precisado que solo la operación de Eletrobras puede suponer unos 5.400 millones de euros.

La mayor ola privatizadora de las últimas décadas en Brasil se registró durante el primero de los dos mandatos de Fernando Henrique Cardoso, presidente entre 1995 y 2003. “El paquete de Temer es sin duda el mayor desde Cardoso. Incluye aeropuertos, sistemas de saneamiento, el sector eléctrico, cuestiones que contribuirán a cambiar la estructura de la economía en los próximos dos años”, explica Alexandre Galvão, profesor de la escuela de negocios Fundación Don Cabral. Algunos de los activos en venta tienen además una fuerte carga simbólica, como la propia Eletrobras, la joya de la corona de la propuesta, creada en 1956 en pleno auge de la política de desarrollismo estatal del presidente Getúlio Vargas.

El plan supone una escalada más en el giro a la derecha que vive Brasil después del impeachment que el año pasado acabó con la presidencia de Dilma Roussef y puso fin a la etapa del PT. Pero también es consecuencia de la debilidad política de un presidente acosado por los escándalos de corrupción. El ambicioso programa reformista de Temer —del mercado de trabajo hasta las pensiones— se ha visto atenuado por las resistencias del Congreso. Muchos diputados pusieron además un elevado precio al voto que, el pasado día 3, permitió que la Cámara frenase la denuncia del fiscal general de la República, Rodrigo Janot, contra el presidente, acusado de cobrar sobornos. Esas concesiones económicas de Temer a las regiones para salvar su puesto representaron un aumento del gasto público y obligaron al Gobierno a rebajar los objetivos de su ajuste fiscal para este año. Ahora, uno de los objetivos del programa privatizador es precisamente recaudar dinero para aliviar las cuentas del Estado, junto a reactivar, en la medida de lo posible, una economía que, aunque ha dejado de caer, presenta unas expectativas de crecimiento este año de apenas el 0,5%.

“Toda la motivación del programa es la necesidad de captar recursos para el tesoro nacional. Eletrobras ya no venía desempeñando un papel estratégico en el sector eléctrico, en buena medida a causa de sus problemas financieros”, apunta Nivalde de Castro, especialista del Instituto de Economía de la Universidad Federal de Río de Janeiro.

El Ejecutivo afirma que su objetivo es devolver la eficiencia a una compañía que acumula una deuda de más de 6.000 millones de euros. El Ministerio de Minas y Energía detalla que en los últimos 15 años, Eletrobras ha absorbido recursos públicos por unos 65.000 millones de euros que “podrían ser invertidos en seguridad, educación y sanidad”.

La crisis económica ha castigado las cuentas de la firma, que tampoco se ha visto libre de los múltiples escándalos de corrupción destapados en el país. A evaporar sus ganancias contribuyó además la decisión de Rousseff de rebajar por decreto un 20% las tarifas eléctricas. Rousseff, quien fue ministra de Energía del presidente Lula da Silva, criticó de inmediato el anuncio de la privatización: “Esto significa dejar el país a merced de los apagones, como ocurrió en 2001 con Cardoso. El consumidor va a pagar una cuenta de luz estratosférica”.

Deuda pública

Cardoso privatizó 80 empresas estatales solo en su primer mandato, entre ellas el gigante minero Vale do Rio Doce y Telebras, que tenía el monopolio en el sector de las telecomunicaciones. Como ahora, el Gobierno intentaba contener el aumento de la deuda pública. Hay un cierto consenso entre los especialistas en considerar que la privatización de las telecomunicaciones resultó un éxito, pero que la urgencia por recaudar llevó a vender empresas como Vale por debajo de su valor de mercado.

Con la llegada de Lula se frenaron las privatizaciones y los sucesivos Gobiernos del PT centraron sus relaciones con el sector privado en acuerdos para concesiones temporales, principalmente de autovías e hidroeléctricas. Rousseff continuó ese modelo y, poco antes del impeachment, había anunciado un programa que incluía la concesión de puertos, aeropuertos y vías férreas con la expectativa de recaudar más de 50.000 millones de euros. Pero casi nada llegó a salir del papel.

FUENTE: El País

Las principales potencias de América Latina rechazan una intervención militar en Venezuela. Sin citar explícitamente las declaraciones ni el nombre del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, las cancillerías de los principales países han trasladado un mensaje similar de repudio a lo largo de la mañana de este sábado, a cualquier participación extranjera en el país caribeño.

El primer Gobierno en salir al paso ha sido el colombiano. La Cancillería emitió un comunicado en el que “rechaza medidas militares y el uso de la fuerza en el sistema internacional” en Venezuela. El Gobierno de Juan Manuel Santos, sin embargo, no hace ninguna referencia a Trump, consciente de que este domingo el vicepresidente Michael Pence comienza su gira latinoamericana en Cartagena de Indias, donde se reunirá con el presidente colombiano.

“Todas las medidas deben darse sobre el respeto de la soberanía de Venezuela a través de soluciones pacíficas”, continúa el comunicado. “A pesar de las dificultades actuales para lograr una salida pacífica y negociada, seguimos creyendo que este camino es el adecuado para encontrar soluciones de largo plazo”. Colombia ha condenado de manera reiterado lo que consideran “una ruptura constitucional” en el país vecino desde que se votara el pasado 30 de julio la nueva Asamblea Constituyente del mandatario Nicolás Maduro.

En todo momento, la postura del Gobierno se ha remitido al consenso regional que se materializó en la Declaración de Lima del 8 de agosto pasado. Además, de hacer un llamamiento constante al Secretario General de Naciones Unidas para que “utilice los mecanismos que pongan fin a la crisis de ruptura democrática en Venezuela”.

En el mismo tono que Colombia se pronunció poco después la Cancillería de México, cuyo responsable, Luis Videgaray, ha sido uno de los mayores críticos con la deriva autoritaria de Nicolás Maduro en los últimos meses. La diplomacia mexicana rechaza "el uso o la amenaza de uso de las fuerzas en las relaciones internacionales" y añade que "la crisis en Venezuela no puede resolverse mediante acciones militares, internas o externas.

Tras endurecer sustancialmente en los últimos días su actitud con Venezuela, los países del Mercosur también han dejado claro que rechazan con la misma contundencia la hipótesis de una intervención militar exterior. Las palabras de Trump tuvieron como respuesta un comunicado del bloque comercial, ahora mismo bajo presidencia brasileña, en el que, sin citar de forma expresa al presidente de EE UU, los Gobiernos de Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay manifiestan de forma conjunta su censura a las amenazas veladas de Washington.

“Los únicos instrumentos aceptables para la promoción de la democracia son el diálogo y la diplomacia”, señala la nota del Mercosur. Los cuatro países del gran bloque comercial de Sudamérica incluso equiparan una eventual acción militar con el uso de la violencia por parte del Gobierno de Nicolás Maduro contra sus opositores: “El repudio a la violencia y a cualquier opción que implique el uso de la fuerza es irrenunciable y constituye base fundamental de la convivencia democrática, tanto en el plano interno como en el de las relaciones internacionales”.

Después de algunas semanas de titubeos, debido fundamentalmente a los recelos del Gobierno izquierdista de Uruguay, los cancilleres de los cuatro países del Mercosur decidieron el pasado día 5 en São Paulo ponerse firmes con Maduro y suspendieron definitivamente a Venezuela en aplicación de la “cláusula democrática” del tratado comercial. Una semana después, los gobiernos constatan que “aumentaron la represión, las detenciones arbitrarias y el cercenamiento de las libertades individuales”, un comportamiento del Gobierno de Caracas que “reduce aún más el espacio para el debate político y la negociación”. Aun así los países del Mercosur seguirán abogando “de forma individual y colectiva” por una política de presión pacífica sobre Maduro para que asuma “la democracia como única forma de Gobierno aceptable en la región”.

Otro de las cancillerías más activas ha sido la de Perú. El Gobierno andino trató en un primer momento de lograr una declaración conjunta de las potencias latinoamericanas, según informó Reuters. No obstante, y hasta conseguirla, también la Cancillería del país andino repudió las palabras de Trump. "La Declaración de Lima es la reacción regional para defender el último órgano democrático vigente en Venezuela: la Asamblea Nacional electa libremente", expresó la diplomacia peruana. "Una negociación de buena fe, con objetivos claros y plazos precisos, es la única vía aceptable para recobrar la democracia en Venezuela. Todo intento interno o externo para recurrir a la fuerza socava el objetivo de restaurar la gobernabilidad democrática en Venezuela, así como los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas. El Perú rechaza cualquier amenaza o el uso de la fuerza no autorizado por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas", insistió.

FUENTE:  El País

RELEVAMIENTO Y EDICIÓN: Camila Abbondanzieri

El precandidato por Unidad Ciudadana en la provincia de Santa Fe Agustín Rossi, uno de los grandes ganadores de la jornada electoral de ayer, consideró que los santafesinos encontraron en su propuesta política electoral “un vehículo” para enviarle al Gobierno un mensaje de “disconformidad y de disgusto con la política económica” del macrismo. “Hay que verlo como un triunfo del Bloque Justicialista”, manifestó el exministro de Defensa al destacar los resultados que cosechó la otra precandidata del partido, la ex jueza Alejandra Rodenas.

Escrutado el 97.97 por ciento de los votos, y a pesar de que la demora en los resultados perfiló al candidato de Cambiemos como ganador, Rossi se impuso sobre Albord Cantard (Cambiemos Juntos) por el 27,88 por ciento de los votos. En la interna del partido, Rossi le ganó a Rodenas con el 61,93 por ciento, pero la exjueza logró cosechar también un 35 por ciento.

“Creo que fundamentalmente todo el Frente Justicialista logró presentar una propuesta nítidamente opositora que unió el apoyo de aquellos santafesinos sumamente críticos con el modelo económico neoliberal”, expresó esta mañana el precandidato en diálogo con la radio AM750, quien además ponderó que hacía mucho tiempo que el justicialismo no terminaba una elección como primeros en esa provincia.

Estos resultados, sin embargo, no se conocieron hasta las cinco de la mañana porque el escrutinio provisional replicó lo ocurrido en la provincia de Buenos Aires. Los primeros dígitos lo daban como ganador a Cantard por el 29 por ciento de los votos y lo ubicaban a Rossi a una diferencia de cuatro puntos. Rossi señaló esta mañana que creyeron que “se manipularon” los resultados desde el centro de cómputos. “Vimos que en ese 75 por ciento de mesas escrutadas estaba casi el 100 por ciento de las mesas en la ciudad de Santa Fe, en donde Cambiemos había hecho una muy buena elección”, explicó el precandidato y además detalló que de ese total “sólo el 35 por ciento de las mesas eran de Rosario”.

“Sentimos que se manipularon los datos de la misma manera que se hizo en la provincia de Buenos Aires”, consideró Rossi y relató que todo empezó cuando “se empezó a cargar Rosario”. “Cuando eso se hizo, pasamos de perder por cuatro puntos a ganar por poco más de dos puntos y allí empezamos a quejarnos públicamente”, resaltó el precandidato.

Rossi destacó la elección que hizo su contrincante de interna, Alejandra Rodenas, y contó que se comunicó por teléfono personalmente con la precandidata para felicitarla por su resultado. “Yo hice mucho, Unidad Ciudadana hizo mucho, la otra lista que encabezaba Rodenas también porque su parte fue importantísima para tener este resultado electoral” reforzó el candidato y destacó que juntos alcanzarían el 60 por ciento de los votos. “Hizo una muy buena elección y todo ese espacio que es un espacio que representa a la mayoría de los senadores, de los intendentes y de los concejales del Partido Justicialista de Santa Fe”, concluyó.

FUENTE:  Página 12

RELEVAMIENTO Y EDICIÓN:  Camila Abbondanzieri

Las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) de este 13 de agosto definirán a los candidatos que competirán en las generales del 22 de octubre, cuyo resultado reconfigurará la integración del Congreso. Sin embargo, pase lo que pase, el oficialismo de Cambiemos seguirá sin tener la mayoría tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado.

• Diputados 

El interbloque Cambiemos, que conforman Unión PRO, la Unión Cívica Radical y la Coalición Cívica en Diputados, es el que más bancas pone en juego, producto de la buena elección que realizó en 2013 cuando, con otro mapa de alianzas, era oposición al kirchnerismo. En total, los tres espacios deben revalidar 40 de sus 86 escaños. Entre éstos, el nombre más fuerte es el de Elisa Carrió que volverá a competir por la Ciudad de Buenos Aires. 

Casi sin internas en todo el país, Cambiemos, ahora con el impulso dado desde el Ejecutivo nacional, intentará engrosar su bloque de Diputados, aunque sin posibilidad de alcanzar una cantidad suficiente para no depender de aliados fijos y circunstanciales para alcanzar el quórum de 129 requerido para sesionar. 

Además, tal como se armaron las listas con la supervisión de la Casa Rosada, los resultados modificarán en parte la relación de fuerzas hacia adentro. Y es que el PRO, que renueva 13, apuesta a ganarle bancas a sus propios socios de la UCR, que tiene 19, con lo que ampliaría su escasa diferencia actual de 5 diputados con la que cuenta dentro del bloque. 

Por su parte, el Frente para la Victoria conforma el armado opositor más números en la Cámara baja. Posee algo más de 70 bancas, de las cuales 31 concluyen mandato. El cierre de listas dejó fuera del Congreso a varios históricos del kirchnerismo, entre quienes están el actual jefe de bloque Héctor Recalde, Diana Conti, Carlos Kunkel, Juliana Di Tullio, y Carlos "Cuto" Moreno, por mencionar a algunos. 

En contrapartida, las listas de diputados vienen plagadas de nombres sin demasiado o nulo rodaje en el mundo legislativo. Por ejemplo, están el exgobernador bonaerense Daniel Scioli, el sindicalista Hugo Yasky, la economista Fernanda Vallejos, o la periodista Gisela Marziotta. 

En el tercer escalón anda el Frente Renovador de Sergio Massa, que con otros espacios conforma el interbloque Federal Unidos por Una Nueva Argentina (UNA), con 37 legisladores. Su buen desempeño en las legislativas de 2013, en las que el tigrense derrotó a Néstor Kirchner en la provincia de Buenos Aires, lo ponen ahora en la tarea de renovar 20 bancas, incluidas varias del interior, como Córdoba. 

El propio Massa corre riesgo de no formar parte del Congreso tras la renovación del 10 de diciembre. Es que en lugar de competir nuevamente por una banca en Diputados, lo hará por el Senado. Esa categoría reparte dos lugares para el vencedor de la elección, y uno para el segundo. El líder del Frente Renovador irá en tándem con Margarita Stolbizer contra la expresidente Cristina de Kirchner y contra Esteban Bullrich, candidato de Cambiemos.

El Bloque Justicialista, surgido luego de una ruptura con el FPV al que se sumaron otros miembros que no militaban en las filas del kirchnerismo, cuenta en la actualidad con 17 integrantes de los cuales 8 terminan mandato. En tanto que en el FAP, que conforman el Socialismo, el GEN, y el Movimiento Libres del Sur, terminan los períodos de 7 de sus 8 diputados.

Un pelotón detrás marchan el Frente Cívico por Santiago, Juntos por Argentina (de Darío Giustozzi), Compromiso Federal, Peronismo para la Victoria (otra escisión del kirchnerismo), y los bloques de izquierda, todos con posibilidades de perder bancas. 

En cuanto a los monobloques, hay al menos 5 que desaparecerán. Los más relevantes son los de Alcira Argumedo (Proyecto Sur), el de Carlos Heller (competirá dentro del kirchnerismo porteño), y el del triunviro de la CGT, Héctor Daer, que se alejó del massismo. 

• Senado

De las 24 bancas que se renuevan en la Cámara alta, el resquebrajado bloque PJ-FPV pone en juego 15 de las 36 que posee. Es el bloque mayoritario en ese cuerpo legislativo al que aspira llegar la expresidente Cristina de Kirchner representando a la provincia de Buenos Aires con el sello Unidad Ciudadana. 

Por el contrario, Cambiemos tiene todo para sacar músculo. Es que solo arriesga 3 de sus 14 bancas y con solo imponerse en dos de las ocho provincias donde hay contiendas a senadores habrá logrado reforzar sus filas. Si ganara todas, su bloque pasaría a conformarse con 27 integrantes a los que habría que sumar posibles aliados. 

También hay dos expresidentes que intentarán garantizar su continuidad por otros seis años en el Senado. Uno de ellos es Carlos Menem, por La Rioja, quien buscará su tercer mandato consecutivo. El otro es Adolfo Rodríguez Saá, fugaz mandatario en la semana de los siete presidentes durante la crisis de 2001, quien también quiere revalidar por tercera vez.

FUENTE: Ámbito 

RELEVAMIENTO Y EDICIÓN: Camila Abbondanzieri

El jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad, Pablo Noceti, encabezó en forma personal la operación represiva de la Gendarmería Nacional en Esquel contra quienes reclamaban por la detención ilegal del líder mapuche Facundo Jones Huala y que culminó con el primer detenido-desaparecido bajo la presidencia de Maurizio Macrì, Santiago Maldonado, por cuya suerte el Centro de Estudios Legales y Sociales pidió la urgente intervención del Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas. Noceti anticipó en dos entrevistas radiales que todos los integrantes de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) serían detenidos y se jactó de que lo haría el gobierno nacional sin la intervención de un juez, que consideró innecesaria. Sus palabras autoincriminatorias cobrarían muy pronto una dimensión ominosa. En una ensalada conceptual que arroja dudas sobre su estabilidad psíquica, Noceti implicó en los hechos de violencia que atribuye al RAM mapuche al premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, a “gente vinculada al gobierno anterior” y a “extremistas kurdos”. Cuando Patricia Bullrich colocó a Noceti como jefe de gabinete de su Ministerio, los organismos defensores de los Derechos Humanos señalaron que como abogado defensor de militares procesados por crímenes de lesa humanidad, Noceti había cuestionado los juicios como una venganza política y discutido la imprescriptibilidad de esos delitos. El juez federal Guido Otranto, que intervino en un hábeas corpus a favor del detenido-desaparecido Maldonado, separó de la investigación a la Gendarmería, tal como prescribe el protocolo de actuación del Ministerio Público Fiscal de la Nación y dispuso que la Prefectura Naval realizara un rastrillaje en la zona donde Maldonado fue visto por última vez, que no arrojó resultado. Desde el año pasado, el Ministerio de Seguridad intenta clasificar a la RAM mapuche como una organización terrorista, pese a un fallo en contrario emitido por la Corte Suprema de Justicia. La Corte rechazó la aplicación de la ley antiterrorista al tío de Facundo, Martiniano Jones Huala, y remitió a la justicia de Chubut la causa por abigeato y usurpación.

Facundo Jones Huala fue detenido el martes 27 de junio, tres horas después de concluida en Santiago la reunión entre Macrì y su colega de Chile, Michelle Bachelet, que solicita la extradición de Jones Huala por el incendio de un fundo en aquel país. El 1º de septiembre de 2016 el juez Federal Otranto declaró nulo el juicio de extradición, porque la detención de Jones Huala se logró por información brindada bajo torturas por Gonzalo Cabrera y por los seguimientos previos ilegales realizados por la Policía Federal y por la Agencia Federal de Información. El día anterior, Bullrich dijo que no consideraba los reclamos de los pueblos originarios por sus tierras ancestrales un derecho garantizado por la Constitución sino un delito federal y atribuyó a la Resistencia Ancestral Mapuche “hechos delictivos como usurpaciones de territorios, incendios, daños, amenazas”. El 16 de noviembre de 2016 se publicó en esta página un Power Point del Ministerio de Seguridad fechado el 30 de agosto, en el que afirma que la “problemática mapuche” consiste en que “se arman comunidades” (sic) y “se toman tierras en zonas petroleras o gasíferas impidiendo constantemente la normal explotación de los pozos. Estos delitos de usurpación, turbación en la posesión y extorsión afectan un servicio estratégico de los recursos del estado: han estado detenidos 200 pozos (según informó YPF)”.

El mes pasado Bullrich se dirigió en forma directa a la Corte Suprema, cuestionando la prueba por la que Otranto anuló el primer juicio. Lo hizo con un escrito, en el que afirma que Gonzalo Cabrera no fue torturado y con un video grabado durante su declaración ante la policía. Efectivamente, se lo ve hablando en calma sin que nadie lo presione. Pero esta inaudita acción de lobby del Poder Ejecutivo sobre la Corte Suprema no pudo ocultar las marcas de los golpes con que lo persuadieron de prestar esa declaración ante la cámara. La semana pasada, a pesar de la intervención irregular de Bullrich, que no era parte en el expediente, la Corte Suprema confirmó la nulidad. No obstante, la justicia federal se propone realizar un segundo juicio por la misma causa. La defensa de Jones Huala objeta que se trata del mismo objeto y la misma persona, por lo cual no corresponde repetir el juicio.

El 31 de julio, miembros de comunidades mapuche reclamaron frente al juzgado federal de Bariloche por la detención arbitraria de Facundo Jones Huala y fueron reprimidos por la Gendarmería Nacional y el Grupo Especial de Asalto Táctico de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, con balas de goma disparadas al cuerpo. Nueve personas fueron detenidas y muchas resultaron heridas. Al día siguiente, Noceti convocó en Esquel a todas las fuerzas federales y provinciales de Río Negro y Chubut para “empezar a tomar intervención y detener a todos y cada uno de los miembros del RAM que produzcan delitos en la vía pública y en flagrancia”, según sus propias palabras. En una entrevista con la radio FM Sol, dijo que la mesa interministerial atendería cualquier petitorio de las comunidades mapuche, que son pacíficas, salvo del RAM, que “no piden absolutamente nada y sólo quieren generar caos y temor en la población”. Eso no es cierto. Los manifestantes reclamaban la libertad de Facundo Jones Huala, detenido en forma arbitraria, por un pedido de extradición que ya había sido declarado nulo. “Con el RAM no tenemos nada que dialogar. Lo único que vamos a hacer es judicializarlos, van a quedar todos presos”, insistió Noceti. Agregó que la detención de Jones Huala fue “una casualidad total, porque no es que fuimos a allanar un lugar y lo detuvimos. Lo detuvimos en la ruta”. No es así: 

• el martes 27 de junio, Macrì llegó al Palacio de la Moneda a las 12.10. Allí mantuvo una reunión privada con Bachelet y a las 15.10 ambos hablaron con la prensa durante diez minutos. 
• Según la crónica del matutino argentino Clarín, el Secretario de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, Claudio Avruj conversó con su par chilena, Lorena Fries “sobre la situación del mapuche argentino Jones Huala”. 
• a las 19, a menos de cuatro horas del saludo de despedida de ambos presidentes, Facundo fue detenido por la Gendarmería en la ruta 40 y encerrado en la cárcel federal de Bariloche. Es obvio que lo estaban siguiendo, pese a que no había orden de captura en su contra, tal como ocurrió en su detención anterior. El responsable de esa inteligencia ilegal, que alcanza incluso a Pérez Esquivel es Noceti.

“Yo estuve personalmente en el lugar. El problema no lo tenemos con los mapuche, lo tenemos con el RAM. Es un grupo absolutamente radicalizado que no pide nada. Lo único que hacen es quemar, incendiar, dañar, robar ganado. No les conozco trabajo a ninguno de ellos. Ninguno de los jueces o los fiscales conoce el trabajo de la gente que hasta ahora se ha detenido. No sé de qué viven. Evidentemente hay quienes los apoyan, que los financian. Estamos también investigando esas cuestiones, porque están financiando a un grupo radicalizado. Conformar ese grupo constituye el delito del artículo 213 bis del Código Penal”, alardeó Noceti. “Que sepan que los estamos investigando. A algunos componentes del RAM los conocemos, muchos de los que se están manifestando en la puerta de los juzgados son los restos del RAM. Los vamos a ir identificando porque los tenemos filmados. Ya tenemos identificados a nueve, los que estuvieron rompiendo y quemando las puertas del juzgado federal de Bariloche. Lo mismo vamos a hacer cuando rompan la puerta de otro juzgado o de la Unidad Penal 14. Los vamos a terminar de identificar a todos y a medida que los vayamos individualizando los vamos a ir deteniendo”, agregó. También dijo que “se han juntado con extremistas kurdos, con alguna gente vinculada al gobierno anterior, hay gente que ha ido a hablar por ellos, como por ejemplo Pérez Esquivel. Hay una franja de gente que están en contacto con ellos y no sabemos si sólo está en contacto o los apoya. No sabemos tampoco quien paga los abogados”.

Según Noceti, cuando los mapuche fueron perseguidos escaparon por la maleza y no pudieron detenerlos. La presentación del CELS ante las Naciones Unidas narra que alrededor de 100 efectivos de la Gendarmería ingresaron de manera irregular y violenta al territorio de la comunidad mapuche Pu Lof en Resistencia, Departamento de Cushamen, provincia de Chubut. Dispararon balas de plomo y de goma y quemaron objetos pertenecientes a las familias. Santiago Maldonado, de 28 años, que reside en El Bolsón, fue visto la última vez mientras huía de esa persecución. Llevaba consigo una mochila pequeña con sus pertenencias y sus documentos, que no se encontró. Cuando cerca de 30 efectivos uniformados de la Gendarmería comenzaron a disparar, varias de las personas presentes en el lugar corrieron hacia el río, a unos 100 metros al este de la comunidad. Algunas lograron cruzarlo y escapar. Varios testigos vieron correr a Santiago para resguardarse de los disparos. No logró cruzar el río y se refugió bajo un árbol. Desde el otro lado del río, quienes pudieron huir vieron a Santiago quedarse agazapado allí entre 20 y 25 minutos, hasta que lo perdieron de vista y pudieron escuchar la voz de dos de los gendarmes que habrían logrado reducir a alguien, exclamando “acá tenemos a uno” y a otro gendarme decir “estás detenido”. Desde la otra orilla del río, una persona que se encontraba en una lomada, pudo ver a un grupo de gendarmes golpeando a un joven varón maniatado. Aunque no logró identificarlo con precisión debido a la distancia, ninguno de los otros miembros de la comunidad fue detenido dentro del territorio.

Posteriormente, alrededor de las 13.30 horas, otro hombre que se encontraba del otro lado del río también pudo observar que entre seis y ocho efectivos formaban una fila para ocultar algo que intentaban ingresar por la puerta trasera de una camioneta de la Gendarmería. Esta camioneta, de color blanco con guardas verdes, había ingresado al territorio indígena en marcha atrás, retirándose luego por la ruta n° 40 en dirección a la ciudad de Esquel”. El CELS se comunicó con dos secretarios de Estado para plantear la situación de Maldonado. El de Seguridad, Eugenio Burzaco, superior formal de Noceti, respondió que iba a averiguar lo sucedido. El de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, Claudio Avruj, respondió que se pondría al tanto y contestaría. Luego de un día y medio contestó con un extenso informe que detalla los pasos formales dados a solicitud del Juzgado Federal de Esquel, pero presenta la primera desaparición forzada del gobierno actual como una mera “Búsqueda de Persona Extraviada”. Afirma que ninguna empresa telefónica registra una línea a nombre de Maldonado. Pero hace tres días el CELS aportó al juzgado federal los datos sobre esa línea, obtenidos de un amigo de la víctima, que incluyen el número, que pertenece a una empresa chilena pero que Santiago usaba en la Argentina, y que estuvo activa hasta el día siguiente de su desaparición. Según Avruj la fuerza designada para el Levantamiento de Rastros “fue la Policía Federal Argentina, cuyo equipo se trasladará a la brevedad (sic) a la zona”. También ofreció la colaboración de perros policiales, drones y georadares. La Dirección de Cinotecnia “se encuentra arbitrando los medios necesarios a fin de cumplimentar la medida”. Tal como ocurrió cuando la desaparición forzada de Jorge Julio López, los pasos oficiales ponen en duda en forma tácita el carácter del hecho: ofreció “consultar con la Comisión Nacional de Regulación del Transporte sobre posibles movimientos”, de Maldonado, como si pudiera haberse alejado por propia voluntad sin avisar a nadie. El colmo es la respuesta sobre “una presunta camioneta blanca interviniente en el hecho denunciado a fin de ponerla a disposición de la Justicia Federal”, cuando los testigos dijeron que era un vehículo de la Gendarmería.

FUENTE: Página 12

RELEVAMIENTO Y EDICIÓN: Camila Abbondanzieri

El intercambio de impresiones entre Kang Kyung-wha, ministra de Exteriores de Corea del sur, y su homólogo norcoreano, Ri Yong-ho, duró apenas tres minutos. Tras un formal apretón de manos, según explicó este lunes un alto cargo del Ministerio de Asuntos Exteriores surcoreano a la agencia Yonhap, Kang instó a Ri a responder "lo antes posible" a la oferta de diálogo de Seúl. "Teniendo en cuenta la situación actual, en la que el Sur colabora con Estados Unidos para presionar al Norte, estas propuestas carecen de sinceridad", le espetó Ri.

Seúl había propuesto a mediados de julio un encuentro de altos cargos militares en la aldea de Panmunjom, situada en la zona desmilitarizada -la frontera entre ambos países-, para rebajar la tensión y encauzar una reunión de familiares separados por la guerra de Corea. Los contactos militares directos entre ambos países son escasos: el último conocido ocurrió en octubre de 2014, también en este enclave considerado neutral. Pyongyang no había dado hasta ahora una respuesta a la última oferta de diálogo de Corea del Sur, cuyo nuevo presidente, Moon Jae-in, se ha mostrado más dispuesto a negociar con el Norte en comparación con sus predecesores.

El encuentro entre ambos no fue planeado y se produjo mientras Kang y Ri permanecían, el domingo, en una zona de espera antes de la cena de gala de la reunión de titulares de Exteriores de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), que se celebra este lunes en Manila. Este encuentro anual es uno de los pocos foros multilaterales en que el jefe de la diplomacia norcoreana está invitado y de los únicos en el que coincide con todas las partes implicadas en el conflicto: China, Corea del Sur, Estados Unidos, Japón y Rusia.

El programa nuclear y de misiles de Corea del Norte es el gran tema en la agenda de este año tras las recientes pruebas de cohetes balísticos de alcance intercontinental. Se espera que Ri defienda la posición de su país ante la condena prácticamente unánime de la comunidad internacional, aunque se descarta que se reúna formalmente con Kang o con el secretario de Estado de EE. UU., Rex Tillerson. Sí lo hizo el domingo con Wang Yi, su homólogo chino, que le instó a cesar sus ensayos atómicos y lanzamientos de misiles.

En paralelo, el presidente estadounidense, Donald Trump, mantuvo este lunes una llamada telefónica de casi una hora de duración con el jefe de Estado surcoreano, Moon Jae-in. Ambos coincidieron, según Seúl, en la importancia de esta nueva tanda de sanciones y en aplicar "la máxima presión posible" sobre Corea del Norte para que abandone sus ambiciones nucleares. "Acabo de completar una llamada con el presidente Moon de Corea del Sur. Muy contento e impresionado con el voto 15-0 de Naciones Unidas sobre las sanciones a Corea del Norte", afirmó Trump en su cuenta personal de Twitter. El presidente surcoreano, por su parte, se mostró esperanzado de que la nueva resolución "sea una oportunidad para inducir un cambio en el comportamiento de Corea del Norte", informa Yonhap. Moon instó a Trump a descartar cualquier opción militar en el país vecino porque el Sur "no se puede permitir otra guerra".

El cumplimiento a rajatabla de las sanciones aprobadas por la ONU reducirá en unos 1.000 millones de dólares los ingresos de Pyongyang derivados de su comercio con el exterior porque impiden a la comunidad internacional comprar carbón, hierro, plomo o marisco al país. China, que aglutina la inmensa mayoría de los intercambios comerciales de Corea del Norte con el exterior, también aprobó la resolución pero advirtió que castigar económicamente a su vecino no es la mejor vía para abrir el diálogo.

En esta línea se expresaron los principales medios de comunicación chinos. En un editorial, el periódico Global Times pidió a Estados Unidos que "termine con su arrogancia moral con Corea del Norte" y asuma su parte de responsabilidad en el conflicto. "Es difícil hacerles ver a los estadounidenses que sin atender las preocupaciones de seguridad de Pyongyang, imponer sanciones al régimen nunca solucionará el asunto nuclear (...) Estados Unidos debería aspirar a la paz y la coexistencia en lugar del dominio geopolítico".

FUENTE: El País 

RELEVAMIENTO Y EDICIÓN: Camila Abbondanzieri

El director ejecutivo de la ANSES, Emilio Basavilbaso, admitió que el Gobierno estudia subir la edad jubilatoria. El funcionario se manifestó a favor de esa medida, argumentando que mucha gente que llega a la edad de jubilarse quiere seguir trabajando. "Sería ideal que sea voluntaria" la posibilidad de extender la edad jubilatoria.

Basavilbaso aclaró que "no" hay actualmente en el Ejecutivo o en el Legislativo" un proyecto sobre ese aspecto en particular, aunque recordó que "el Gobierno presentó el año pasado en el Congreso una propuesta para que dentro de los próximos tres años se debata el régimen previsional argentino".

Basavilbaso fue consultado por Radio La Red sobre una posible reforma previsional, según la cual habría una extensión de la edad jubilatoria: "Mi opinión es que lo ideal sería tener un sistema, como he leído que tienen otros países, donde la edad es voluntaria; es decir, el trabajador tiene la opción, después de los 65 en el caso del hombre o después de los 60 en el caso de la mujer, de seguir trabajando". 

FUENTE:  Página 12

RELEVAMIENTO Y EDICIÓN: Camila Abbondanzieri

"La elección de hoy no respeta la voluntad de más de siete millones de ciudadanos venezolanos que se pronunciaron en contra de su realización. La Argentina no reconocerá los resultados de esa elección ilegal", dijo en un comunicado la cancillería argentina.

"El Gobierno argentino hace un llamamiento para que el Gobierno venezolano cese la represión de quienes se manifiestan para hacer oír sus voces y para asegurar el respeto de la voluntad popular mayoritariamente contraria a esta elección que sólo procura asegurar la continuidad del actual régimen, violencia que ya ha causado más de cien muertes", agregó la nota del Palacio San Martín.

Argentina, también, reafirmó que "es necesario un proceso de diálogo de todos los venezolanos -Gobierno y oposición- en libertad y sin restricciones, que permita restablecer el orden democrático, con la vigencia de las instituciones sobre las que se sustenta, incluyendo el llamado a elecciones en todos los niveles".

Por último, el gobierno argentino señaló que lamentaba que el Poder Ejecutivo de Venezuela, "desoyendo los llamados de la comunidad internacional, incluyendo el de los países del Mercosur, prosiguiera con la elección a una asamblea constituyente que no cumple con los requisitos impuestos por la Constitución de ese país".

La elección de constituyentes convocada para hoy por el gobierno de Maduro es rechazada tajantemente por la oposición, que no participa de los comicios.

Maduro espera que la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) surgida de la elección tenga poderes ilimitados para reformar el Estado y cambiar el ordenamiento jurídico.

FUENTE:  Ámbito 

RELEVAMIENTO Y EDICIÓN: Camila Abbondanzieri

El presidente ruso, Vladímir Putin, ha anunciado este domingo que serán 755 los trabajadores de la embajada y los consulados de Estados Unidos en Rusia que deberán salir del país a partir del 1 de septiembre. "Más de mil funcionarios, entre diplomáticos y personal técnico, trabajaban y aún trabajan en Rusia. Ahora, 755 deberán cesar su actividad", ha declarado Putin a la cadena de la televisión estatal Rossia 24. "Hemos esperado mucho tiempo con la esperanza de que la situación mejorara", ha explicado en la entrevista, "pero todo indica que incluso si la situación cambia, no va a suceder pronto", en referencia al proyecto de ley de sanciones aprobado en EE UU y que aún debe ser ratificado por Donald Trump.

Moscú exigió este viernes a Washington igualar su representación en este país a los 445 funcionarios rusos que trabajan en EE UU, en respuesta a la expulsión de 35 diplomáticos rusos de EE UU en diciembre del año pasado. Además, el Ministerio de Exteriores ruso anunció que desde el próximo 1 agosto la Embajada de EE EU no podrá utilizar unos almacenes de su propiedad en la capital rusa ni tampoco la mansión que dispone en Serebrianyi Bor, una elitista zona de Moscú.

Putin ha advertido de que Rusia tiene un "gran espectro" de posibilidades para responder al último paquete de sanciones aprobado por el Congreso a causa de su injerencia en las elecciones presidenciales de 2016 así como por su anexión de Crimea en 2014. "Tenemos mucho que decir y hacer en muchos ámbitos de cooperación bilateral (con medidas) que perjudicarían a EE UU. Pero no creo que debamos hacerlo. A día de hoy, estoy en contra", ha subrayado el mandatario ruso.

Pero, al mismo tiempo, "si el daño ocasionado a Rusia por los intentos de presionarla llega a ser equiparable a las consecuencias negativas por restringir nuestra cooperación, estudiaremos otras medidas". "Esperamos esperado mucho tiempo para ver si algo mejoraba, teníamos esa esperanza. Pero visto lo visto, si algo cambia no será pronto", ha explicado Putin para justificar que la respuesta a las sanciones de diciembre —aprobadas por Barack Obama en represalia por la presunta injerencia rusa en el proceso electoral en EE UU— se adoptó ahora, ocho meses después.

"La parte estadounidense, sin razón alguna, ha dado un paso para empeorar las relaciones" entre los dos países, ha añadido. Y ese paso, ha alertado, consiste en imponer "restricciones ilegales, intentos de influir en otros países, incluidos sus socios que están interesados en mantener y desarrollar sus relaciones con Rusia".

La Casa Blanca anunciño el viernes que Trump firmará el nuevo paquete de sanciones contra Rusia que, entre otras medidas, amenaza con castigar a las empresas de terceros países que inviertan en la construcción o mantenimiento de las infraestructuras rusas para el transporte de hidrocarburos. Intentar vetar la ley, que refleja la profunda desconfianza generalizada que despierta su acercamiento a Moscú, hubiese supuesto una humillación porque probablemente los legisladores podrían haber anulado su veto.

De aplicarse, este extremo perjudicaría a numerosas empresas de la Unión Europea que participan, incluso con capital accionarial, en varios gasoductos que unen Rusia con los países europeos. El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, ha advertido de que la UE responderá a EE UU en caso de que la nueva ley contra Rusia afecte a sus intereses.

FUENTE: El País

RELEVAMIENTO Y EDICIÓN: Camila Abbondanzieri