El próximo jueves 17 de noviembre, en el Ministerio de Trabajo, tendrá lugar una reunión entre los empleados municipales y comunales nucleados en Festram y los intendentes santafesinos. "Nosotros estamos realizando medidas de fuerza reclamando que el gobierno provincial convoque a la paritaria", expresó Claudio Leoni, secretario general de Festram. Declaró que desde la organización que representa hay una gran expectativa en que la convocatoria del jueves no tenga un "tinte dilatorio" y se espera que efectivamente se pueda constituir una mesa de diálogo en la que los trabajadores puedan presentar sus reclamos y propuestas correspondientes. 

En referencia a la conciliación obligatoria pasada, Leoni destacó que fue establecida en "términos de amedrentar el derecho a la huelga y a la movilización". La decisión de asistir a la convocatoria en el Ministerio de Trabajo responde a la necesidad de discutir fundamentalmente la recomposición del salario de los trabajadores. Desde su perspectiva, ese es el tema principal a ser tratado, y de no tener un tratamiento positivo, afirmó que se intensificará el plan de lucha y que las medidas de fuerza continuarán. 

La postura de Festram es muy clara. Se plantea la búsqueda de un diálogo franco y sincero con los intendentes de la provincia en el que se pueda destrabar la cuestión salarial. Consecuentemente, Leoni expresó que "nuestro objetivo es sentarnos a discutir con los intendentes. Hay algo que no se puede negar: la caída en el poder adquisitivo en el salario". Consideró que la provincia se mantiene dentro del esquema que el gobierno nacional propuso en términos de política económica y discutió la postura de los intendentes sobre la apertura de la paritarias. En tal sentido, afirmó que "la provincia optó por mantenerse en ese espacio y nosotros resistimos a esa situación".

Como se mencionó previamente, la discusión salarial constituye el tema principal de la negociación. Leoni destacó que "la tendencia indica que vamos a perder entre un 10 y 12%". 

Finalmente, Leoni, con respecto a la reunión del Jueves declaró que "creo que flexibilizar la mesa de conciliación obligatoria a una mesa de diálogo es un paso. Esperemos que se discuta en serio".

 

 

 

El pedido de la EPE al gobierno para efectivizar un nuevo incremento tarifario –a principios de año ya hubo una suba del 26,7%– se discutirá en una audiencia pública en la ciudad de Santa Fe, el 25 de noviembre, que se realizará en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral.

La empresa estatal santafesina justificó la necesidad de un nuevo aumento “en virtud de las variaciones de costos verificadas este año, atendiendo el aumento del índice anual de inflación y con el fin de profundizar el plan de inversiones en el sector eléctrico”. En el comunicado oficial también se explica que el aumento se hará en dos etapas “a los efectos de disminuir el  impacto en los meses de alta demanda estacional”.

Audiencia pública

Ante el pedido realizado por la Empresa Provincial de la Energía, la Secretaría de Estado de la Energía convocó a audiencia pública mediante el decreto 3209. El registro será obligatorio para aquellas personas que quieran participar y se habilitará entre el miércoles 16 de noviembre y el miércoles 23 de noviembre en la sede de la Secretaría, en Santa Fe. Los interesados también se podrán inscribir en las sedes de los nodos ubicados en Reconquista, Rafaela, Rosario y Venado Tuerto.

Durante el período de inscripción, los participantes de la audiencia podrán leer el expediente en la Mesa de Entradas de la Secretaría. Quienes se anoten podrán hacer uso de la palabra o podrán presentar, por escrito, los fundamentos de la exposición.

La audiencia pública no es vinculante, por lo cual la decisión final de aprobar el aumento pedido por la EPE corre por cuenta del gobierno. Por ese motivo, ayer el concejal Jorge Boasso criticó el mecanismo y señaló: “Las audiencias públicas no son vinculantes. El gobierno de Santa Fe después resuelve lo que quiere. ¿Para qué usan a la gente?”.

Para Capiello, es un “exceso”

Sorpresivamente, la primera crítica al aumento de la EPE provino del senador socialista Miguel Ángel Cappiello, quien opinó que es “un exceso” el 35% desdoblado y se comprometió a trabajar para bajar el porcentaje.

“Yo he hablado fundamentalmente con las cooperativas de luz que son las que no pueden absorber estos costos. Hemos hablado con el ministro de la Producción (Luis Contigiani) para tener algunos aportes desde su cartera y ayudar a estas cooperativas. Todo depende de la capacidad adquisitiva que tengamos, pero este 35% de aumento puede resultar un poco excesivo. Daremos la discusión”, prometió Cappiello en declaraciones a El Litoral.

El senador dijo además: “La gente se manifiesta. Tenemos los mecanismos, podremos expresarnos y hablar”.

 

FUENTE: El Ciudadano

En primer lugar, en Todas las Voces de AM1330, se dialogó con el Secretario General de la sede de Rosario, Martín Lucero, quien estableció que la medida de fuerza se realiza en consonancia con los demás gremios docentes y en pos de la apertura de paritarias: “En el acta paritaria del mes de marzo, el gobierno asumió un compromiso que establece el mantenimiento del poder adquisitivo del salario. Ya que la pauta inflacionaria que acordamos no se va a cumplir, necesitamos abrir la paritaria y así negociar nuestros sueldos acordes con los tiempos que estamos viviendo”.

Luego estableció que la principal actividad del viernes es la convocatoria a una asamblea de delegados para definir plan de lucha, en el caso que haya respuesta de gobierno en la semana que viene.

Por último, Lucero criticó el plan de Reforma de Educación planteado por la Provincia de Santa Fe, debido a que el Ministerio de Educación no se reúne en un mismo ámbito con los docentes por el tema del reclamo de apertura de paritarias. En cuanto al cronograma establecido para el tratamiento de la reforma “no se está respetando. Esto se debe a que se programaron diferentes reuniones con los distintos sindicatos a partir de septiembre, y estamos en noviembe y todavía no nos han llamado. Por lo tanto, los foros abiertos están colmados por distintos sectores vinculados al oficialismo de la provincia para lograr una legitimación de la decisión ya tomada por parte del gobierno provincial”.

En segundo lugar, en Entre Música y Noticias de AM1330, se entrevistó a Sonia Alesso, Secretaria General de AMSAFE, quien primero estableció que ante un año complejo como el de 2016, caracterizado por una alta inflación, por la devaluación de principio de año, por los tarifazos y un gran aumento en materia de transporte, la apertura de paritarias docentes es fundamental.  “Este fin de año complejo para los trabajadores agrava la situación del inicio educativo del año que viene”.

Luego, Alesso relató que, en el día de hoy, se marcharía a Buenos Aires junto a las dos CTAs, organizaciones sociales, organismos de Derechos Humanos y sindicatos de base. Pero también, estableció las medidas a tomar el próximo miércoles 09 de noviembre: “haremos un paro y una movilización a Santa Fe Capital para expresar nuestro desacuerdo en cuanto a la situación que estamos viviendo. Estaremos acompañados por los demás gremios ya que hay un gran malestar en la docencia santafesina con respecto a la situación, que pretende el gobierno, en la que nos quiere hacer terminar el año”.

Por último, la dirigente de Amsafe recalcó la necesidad de convocar al diálogo por parte de la Ministra de Educación y el Gobernador debido a que, al ser la situación tan grave y urgente, ésta se podría convertir en una “bomba de tiempo”. Esto llevaría a vivir una negociación sumamente complicada en febrero-marzo por los salarios docentes. También señaló que, el compromiso del gobierno, firmada en el Acta de la paritaria de principio de año, por llamar a paritarias tanto por cuestiones del salario y por otro tipo de cuestiones, no se está cumpliendo: “no se llama a paritarias por otros temas debido a la situación en la que estamos”.

 

La emisión se realizó con el objeto de financiar la ejecución de los proyectos de inversión pública en los 19 departamentos del territorio provincial. La demanda por el título, que vence en noviembre de 2027, cuadruplicó lo ofertado: se obtuvieron ofertas de más de 100 inversores, acumulando un monto de 950 millones de dólares en órdenes de compra.

En el mes de mayo, el gobernador Miguel Lifschitz envió a la Legislatura provincial un pedido de autorización para endeudarse por 1000 millones de dólares, pero finalmente el Senado bajó sus pretensiones y autorizó la mitad en el marco de la Ley 13.543.

Los bancos que actuaron en la emisión fueron JP Morgan, como Coordinador Global y Co-colocador y HSBC y Citibank, como Co-colocadores. El Nuevo Banco de Santa Fe S.A., en su carácter de agente financiero de la provincia, actuó como asesor financiero para la realización de la transacción y el Mercado Argentino de Valores actuó como organizador local.

 

FUENTE: ROSARIOPLUS

RELEVAMIENTO Y EDICIÓN: Joel Hernán González

El día jueves 20 de octubre no fue un día más para la consagración de los derechos de las mujeres en la Provincia de Santa Fe. Con un total de 35 votos a favor y 8 abstenciones, se logró la media sanción de la Ley de Paridad, la cual establece la integración de un 50 por ciento de cada sexo en los órganos colegiados con representación parlamentaria.

Es por ello que la diputada provincial por el Partido “PARES”, Verónica Benas, dialogó con AM1330 para relatar la jornada de ayer en la capital provincial. En primer lugar, recalcó que esta acción por parte de la legislatura demuestra un gran avance en cuanto a los derechos de las mujeres:  “esto demuestra que no hay diferencia de capacidades entre hombres y mujeres. Ambos géneros tienen la misma idoneidad. Nuestra sociedad está construida por igual, por hombres y mujeres. Y, en ese sentido, creo que lo que logramos ayer es el reconocimiento de una realidad que se construyó durante muchos años por una sociedad que, poco a poco, va abandonando estos prejuicios verdaderamente nocivos”.

En segundo lugar, estableció que las diferentes medidas en cuanto a la paridad que se están dando a lo largo y ancho de la Argentina, significa “un salto de calidad del Estado. Es el Estado el que debe primero consolidar los derechos para que luego los privados puedan incorporar estas prácticas en el futuro inmediato”. Para la diputada provincial, es la consolidación del camino emprendido en la década del ´90 cuando se sancionó la ley de cupo: “ese fue el comienzo del camino de la igualdad entre el hombre y la mujer, es lo que hoy nos permite hablar de pariedad”.

Por último, relató la sesión de la Cámara de diputados. Estableció que la jornada había empezado conflictiva al no tener el quórum en la Comisión de Asuntos Constitucionales, pero que al final esto no impidió la media sanción de la ley. “Lo importante es que hubo una participación de todos los sectores políticos. Fue un proyecto colectivo, pluripartidario, y que, gracias al consenso entre las mujeres diputadas, se pudo convencer al conjunto de los demás diputados. Lo del día de ayer fue un reconocimiento de un derecho que se consolidó en las últimas décadas en la sociedad. La ley sólo viene a consagrar este cambio”.

Santa Fe será sede de la XXI Cumbre de Ciudades del Mercosur, que se realizará entre el 23 y 25 de este mes. La cita reunirá a equipos técnicos de más de 300 ciudades sudamericanas que analizarán problemáticas comunes para favorecer la participación de los gobiernos locales en el proceso de integración regional.

El encuentro de las Mercociudades congrega una red de ciudades de América del Sur en la que participan 303 localidades adonde viven más de 114 millones de personas.La novedad es que la ciudad de Santa Fe a través del intendente José Corral va a ser quien presida esta red por el próximo año, precisamente a partir de esta cumbre según explicó la secretaria de Comunicación y Desarrollo Estratégico del Gobierno provincial Andrea Valsagna.

Allí se trabajarán problemáticas como el desarrollo de la educación desde el gobierno local, la salud, la cultura y la integración barrial, los programas de intervención y de trabajo con los jóvenes, el tratamiento de residuos, el desarrollo económico productivo.

"Es un evento muy importante que va a mostrar Santa Fe al mundo porque vendrán alcaldes, intendentes, representantes de bancos y organismos de financiamiento internacionales", analizó Valsagna. “Estamos trabajando en el sector del turismo de qué manera preparamos nuestra ciudad, con actividades que permitan mostrar lo que Santa Fe ha crecido en los últimos años", remarcó.

Paralelamente al encuentro, que tendrá como sede principal al Centro de Convenciones Estación Belgrano, los visitantes podrán contar con paquetes de turismo para que extiendan su estadía en esta capital provincial, excursiones para que los participantes y sus acompañantes conozcan la ciudad, entre otros aspectos.

FUENTE: RosarioPlus

RELEVAMIENTO Y EDICIÓN: Camila Abbondanzieri

A casi un mes de la firma del Convenio para combatir el narcotráfico y la inseguridad en Santa Fe de manera conjunta entre las fuerzas provinciales y federales, la Procuradora General destacó como uno de los principales logros de la Primer Etapa de trabajo la creación de la figura del “Fiscal Coordinador de Distrito”, como un nuevo actor ajeno al tradicional diseño de la justicia federal que tiene la función de articular la interacción entre el Ministerio Público Provincial y las Políticas de Gobernación en materia de lucha contra el crimen organizado. En palabras de Gils Carbó, “expusimos nuestro propósito de federalizar la política criminal creando esta figura local y procuradurías especializadas que asistan a los fiscales de todo el país”.

Para Gils Carbó, se inaugura una Segunda Etapa de fortalecimiento de la actividad conjunta que se viene desplegando en la Provincia de Santa Fe. El paso fundamental, en su opinión, consiste en la creación de una dependencia local de PROCUNAR ya que ésta permite avanzar en el camino de la descentralización. Básicamente, se crea una oficina conjunta, se implanta un modelo de acción que permita el trabajo de manera fluido y cotidiano de funcionarios y fiscales  tanto provinciales como federales. Lo que se pretende es superar el esquema atomizado que  divide entre competencias y materias, cuando en la práctica se asiste a la superación de esta separación.

Según Gils Carbó, "se debe trabajar como si fuera una sola unidad, y esto no es más que formalizar una cuestión que en la práctica ya se está desarrollando", y añadió que “vamos a seguir en el trabajo conjunto que veníamos realizando”.

La democratización, es para la Procuradora, el objetivo de fondo de estas transformaciones. A través de estas medidas, precisamente se pretende federalizar la política criminal que tradicionalmente ha sido dictada desde Buenos Aires. Afirmó acerca de esta cuestión que “hemos dado un paso muy importante para eliminar los resabios del Estado Policial”. El nuevo modelo, “más democrático”, según expresó la Procuradora General, tiende a la consolidación de un Ministerio Público Federal como un órgano verdaderamente autónomo e independiente que cuente con recursos propios, con cuerpos de investigadores y personal especializado. Es por ello que declaró que “la modernización tiene que ver con democratización”.

Lo que se pretende evitar es que las decisiones dejen de ser tomadas por los agentes policiales de manera individual, ya sea sobre los crímenes que se investiguen, las pruebas y sus autores. Las medidas que se están tomando promueven la interacción “interna y externa” con organizaciones sociales y empresarios. Gils Carbó expresó que se debe establecer un diálogo con diferentes actores, como una forma de participación ciudadana que pueda enriquecer a la justicia. “Creemos en la justicia de territorio”, opinó al respecto la Procuradora.

Las estadísticas de la Agencia Provincial de Seguridad Vial revelaron datos alarmantes sobre la cantidad de accidentes con víctimas fatales que se registran en Santa Fe. Ante la gravedad de este asunto, el Senador Provincial Miguel Cappiello presentó ante la Legislatura Santafesina un Proyecto de Ley con el objetivo de reducir a cero el nivel permitido de alcohol para los conductores. Actualmente el máximo permitido es de 0,5 gramos de alcohol por litro de sangre para conductores de autos y 0,2 en motociclistas, mientras que para choferes profesionales es estrictamente de cero.

Para Mónica Gangemi, fundadora de la ONG Compromiso Vial, la cuestión principal consiste en generar una normativa precisa que no se preste a ambigüedades y a dificultades de interpretación. A propósito comentó que “para disociar el alcohol de la conducción necesitamos tener una norma clara y precisa y que ella sea el Alcohol Cero porque todas las demás son medidas de alguna manera especulativas”. Añadió además, que esto sería de gran utilidad para sentar una referencia común ya que las personas no pueden tener registro de cuánto les afecta el consumo de alcohol y propone la consigna “El que conduce no bebe”.

Claramente, una propuesta de este tipo encuentra múltiples oposiciones, y Gangemi apuntó a los lobbies y las corporaciones relacionadas con la fabricación de bebidas alcohólicas, con la nocturnidad y con grandes estudios de abogados. No se trata simplemente de una cuestión de seguridad vial, detrás de ella se esconden por una parte, intereses económicos, y por otra, un vínculo indisociable con la salud que necesariamente debe ser atendido como parte integral de la solución que se está buscando.   

De la misma opinión es el Concejal Sebastián Chale quien ha trabajado con diferentes ONG que propician la iniciativa del Alcohol Cero. Como Gangemi, destacó el hecho de que diferentes países de la región, como Brasil, Uruguay y Chile y también, a nivel nacional, provincias como Salta y Córdoba, tienden a reducir la tolerancia del consumo de alcohol al mínimo posible para los conductores y en función de ello se basa en el hecho de que en estos casos se registra una reducción de la cantidad de víctimas fatales y de siniestros. Por otra parte, Chale advirtió que en realidad el Alcohol Cero sí existe y efectivamente está en marcha para conductores profesionales, por lo tanto, hay antecedentes como para avanzar por este camino y opinó que “está en la política pública y en la legislación la capacidad de poder prevenir”.

Una de las voces que se posicionan en contra de esta iniciativa es la del especialista en Seguridad Vial, Osvaldo Aymo. Su principal argumento consiste la ineficacia de las medidas que apuntan a reducir el consumo de alcohol y se basa en las experiencias negativas de países como Rumania, República Checa y Hungría. Opinó acerca de este asunto que “propugnar tolerancia nula transmite un mensaje útil pero en la práctica los límites de alcoholemia en el orden del 0.0 pueden resultar difíciles de determinar”.

Aymo hizo énfasis en la dificultad práctica que acarrea la aplicación de la ley por la falta de controles en la provincial e incluso por la carencia del material necesario para hacerlos efectivos, de hecho comentó que el número de alcoholímetros está muy por debajo de los que realmente se necesitan. De manera crítica, expresó que “los controles en la Provincia de Santa Fe son un verso”.

Una de las cuestiones que generó mayor polémica fue la relativa a las estadísticas. Ya sea por la falta de fiabilidad en las mismas o por la carencia de ciertos datos, los entrevistados se mostraron preocupados por este aspecto.

El Concejal Oslavo Miatello, por su parte, expresó que “me parece razonable avanzar hacia una alternativa de Alcohol Cero”. Advirtió, además, la necesidad de encontrar un consenso amplio para que esta ley pueda hacerse efectiva y reconoció la complejidad del asunto y el fundamento de las distintas objeciones que se le presentan. Propuso como una posible solución intermedia, además de seguir la tendencia hacia el Alcohol Cero, por ejemplo, endurecer la norma para los casos de consumos muy elevados que son precisamente los que generan más accidentes.

Miatello comparó esta problemática con la prohibición de fumar y argumentó que “hay un exceso de prohibicionismo, funciona en la medida en la que la sociedad lo toma”. Opinó que para que una ley de estas características pueda ser efectiva debe contar no sólo con un amplio consenso político sino con el apoyo de la sociedad.

RELEVAMIENTO Y EDICIÓN: Camila Abbondanzieri

Este jueves el Senado dio media sanción a la reforma del Código Procesal Penal con el objetivo de brindarle mayores facultades a fiscales y jueces, principalmente en algunos procedimientos como allanamientos, detenciones y excarcelaciones, algo que generó ciertos reparos dentro del ámbito forense por su rigurosidad. También le dio sanción completa al decomiso de bienes originados en actividades ilícitas, para completar una seguidilla de medidas relacionadas con la seguridad.

En rigor, los senadores otorgaron facultades a los fiscales que van en la línea de la aprobación de la ley de hace dos semanas que habilitó aumentar la cantidad de fiscales y dotarlos de recursos.

Puntualmente, quedaron habilitados a allanar domicilios sin horarios estipulados, cuando hoy es de 8 a 20, y con autorización simple por mensaje de texto.  Es decir que los fiscales ya no tendrán que ir a buscar la orden firmada al Juzgado. Buscan darle mayor celeridad, menos trabas administrativas y más facultades a los fiscales. 

“Se hicieron modificaciones dándoles facultades a los fiscales para evitar el ‘entran por una puerta y salen por otra’. Y de esta manera darles herramientas para que puedan actuar rápidamente”, dijo el senador por Rosario, Miguel Ángel Cappiello, en Sí 98.9.  

Por su parte, el abogado constitucionalista, Mariano Bar optó por señalar ciertos efectos no deseados de la modificación legal. Consideró que "las consecuencias pueden ser una catarata de procedimientos nulos". "Esto va a dar el efecto contrario, al ser nulo los procedimientos van a haber más presuntos delincuentes libres que detenidos.  Es peligroso por las consecuencias en lo técnico jurídico”, consideró.  

En las últimas semanas, los legisladores y funcionarios, ante el clamor ciudadano de mayor seguridad, pisaron el acelerador y comenzaron a actuar sobre las leyes. "Este es el mensaje claro que le queremos dar a los fiscales: (…) si hay dudas acercas de si fue un robo o una tentativa, que el fiscal acuse por el robo y no por una tentativa por el principio de objetividad. Si hay dudas sobre si fue un hurto simple o un robo agravado, el fiscal diga que fue agravado. Que haya un temperamento por parte de ellos para llevar adelante la acusación con mayor profundidad. Es lo que reclamamos", exigió el senador por General López, el radical, Lisandro Enrico, en una demostración de un nivel discursivo ligero de garantismo que se hizo extensivo a otros legisladores.

 

FUENTE: Rosario Plus

RELEVO Y EDICIÓN: Martina Mántaras

Los representantes de las fuerzas de seguridad de Santa Fe y de Nación iniciaron este martes el trabajo conjunto en el marco del Comité Operativo, creado en el convenio presentado por el gobernador Miguel Lifschitz y la ministra de Seguridad nacional, Patricia Bullrich.

El encuentro se realizó ayer por la mañana en el Destacamento móvil 2 de Gendarmería, en Rosario. El primer paso fue compartir información sobre los recursos, la distribución en el territorio santafesino de las fuerzas provinciales y las posibilidades de colaboración de las fuerzas federales en cada una de las ciudades, informaron fuentes oficiales de Santa Fe. Además, se puso en conocimiento a los funcionarios del Ministerio de Seguridad de la Nación del trabajo que viene realizando la provincia en la construcción de los mapas del delito en sus distintas localidades, la implementación del patrullaje por cuadrículas, el avance en la edificación del nuevo centro tecnológico para la prevención del delito y la puesta en  marcha  de nuevas tecnologías para el personal policial.

Toda esta información fue recogida por los jefes de las fuerzas de seguridad y los funcionarios del Ministerio de Seguridad, quienes acordaron una próxima reunión para la semana siguiente, a fin de continuar avanzando en el despliegue conjunto de los efectivos. La comitiva nacional estuvo conformada por Darío Oroquieta, subsecretario de Políticas de Seguridad e Intervención Territorial, y Martín Verrier, subsecretario de Lucha contra el Narcotráfico, ambos pertenecientes a la Secretaría de Seguridad del Ministerio de Seguridad de la Nación. También concurrieron representantes de la Gendarmería, Prefectura, Policía Aeroportuaria y Policía Federal.

Por parte de la provincia participaron el ministro de Seguridad de Santa Fe, Maximiliano Pullaro; el secretario de Seguridad Pública, Omar Pereira; el director general de Policía de la Provincia de Santa Fe, comisario general José Luis Amaya; los Jefes de la Unidad Regional I y II, director de Policía Luis María Siboldi y Director de Policía Marcelo Villanúa y el Jefe de la Policía de Investigaciones PDI - Santa Fe, Director de Policía Daniel Corbellini.

 

FUENTE: Rosario3

RELEVO Y EDICIÓN: Joel Hernán González