Siguiendo el guión marcado por un cambio legislativo, el pleno de la sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, presidido por Fernando Grande-Marlaska, decidió este lunes que el juez Ismael Moreno no continuará con el caso que investiga las denuncias por genocidio de China en el Tíbet. Este caso amenazó las relaciones diplomáticas entre España y China e incitó al PP a impulsar, el pasado febrero, la reforma de la ley de Justicia Universal. Los cambios, realizados a toda prisa, restringieron la capacidad de los jueces en la investigación de delitos fuera de las fronteras españolas y provocaron, de rebote, la excarcelación de más de medio centenar de supuestos narcotraficantes.
Finalmente, el pleno se ha pronunciado por un estrecho margen de nueve votos contra siete para dictar el sobreseimiento de la causa que se seguía contra dos expresidentes y otros seis exaltos cargos del gobierno chino. Los magistrados entienden que España no tiene jurisdicción porque los ocho acusados no son españoles, ni residen habitualmente en España, ni son extranjeros cuya extradición haya sido denegada por parte de las autoridades españolas. Estos tres serían los requisitos por los que, de acuerdo con la nueva ley, se podría mantener la competencia de la Audiencia Nacional en esta materia.
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La reforma exprés del PP que ahora es aplicada por la Audiencia Nacional pretendía evitar un conflicto con China, que tras la orden de detención emitida contra el expresidente Jiang Zemin y el exprimer ministro Li Peng no disimuló su protesta. Esa orden propició el pasado 12 de febrero una cascada de reacciones. La portavoz del Ministerio de Exteriores de China, Hua Chunying, la tachó entonces de una “decisión errónea” y deslizó que esperaba que España pudiese gestionar el asunto “de forma apropiada”. “China está muy molesta y se opone firmemente a las acciones erróneas adoptadas por las instancias españolas, haciendo caso omiso de la posición de China”. El aviso del gigante asiático bastó para que el PP impulsase modificaciones legislativas en la jurisdicción universal que han arrastrado otros procedimientos en curso en la Audiencia Nacional.
La causa arrancó en junio de 2006 con una denuncia del director de la Fundación Casa del Tíbet de Barcelona, Thubten Wangchen. Su primera declaración ante la Audiencia Nacional fue para él “un día histórico” porque, por primera vez, un tibetano podía contar a un juez el horror sufrido por miles de personas. Nacionalizado español en 1996, Wangchen relató al juez cómo en 1987, tras regresar a Tíbet como guía turístico de empresarios españoles, fue detenido y amenazado de muerte por llevar una fotografía del Dalai Lama. “En 1959, cuando los chinos invadieron mi país, yo tenía cuatro años. Mataron a mi mamá y tuve que cruzar el Himalaya para instalarme en Nepal” contó el pasado febrero a este periódico recordando el inicio de su lucha en los tribunales españoles. Explicó que más allá de la imagen de la espiritualidad de los lamas, la Administración china del territorio ocupado en 1950 ha supuesto una verdadera persecución étnica que ha aplastado los derechos fundamentales: “No hay libertad de expresión, ni de educación, ni de religión”, aseguraba Wangchen.
Su caso será ahora archivado al igual que otros de características similares. Porque la Audiencia acordó el sobreseimiento de la querella abierta al grupo Falun Gong. En esta causa, 15 ciudadanos chinos demandaron a las autoridades de su país por genocidio por las atrocidades practicadas contra el movimiento espiritual de ese nombre. El marido de una de las denunciantes murió en campos de trabajo y reeducación para seguidores de este movimiento. Al no tratarse de ciudadanos españoles el proceso correrá la misma suerte que el del Tíbet.
El pleno también ha acordado confirmar la falta de jurisdicción de España para investigar a ocho marineros egipcios que fueron detenidos el 6 de marzo en un buque sin bandera que navegaba en aguas internacionales y que transportaba 9,8 toneladas de hachís. Esos supuestos narcotraficantes fueron puestos en libertad cuando entró en vigor la modificación legislativa.
La sala, sin embargo, acordó seguir con el caso del asesinato del ciudadano español Baby Hamday Buyema, que resultó muerto en el asalto en octubre de 2010 al “campamento de la dignidad” establecido en el Sáhara, cerca de el Aaiún. El hermano del fallecido presentó una querella por genocidio y lesa humanidad contra varios ministros de Marruecos y altos cargos policiales de ese país y ahora la sala se declara competente al entender que España sigue siendo una potencia “administradora de derecho” sobre el territorio del Sahara, conforme a las normas de Naciones Unidas.
La reforma de la jurisdicción internacional ha provocado una ola de indignación entre los jueces españoles.
FUENTE: El Pais
