La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifestó su preocupación por el decreto migratorio del gobierno de Mauricio Macri. La inquietud la hizo pública en una conferencia de prensa la comisionada Margarette Macaulay, quien destacó que la nueva normativa perjudica a los migrantes e implica un “retroceso” para una país como la Argentina, que fue un gran ejemplo” de cómo tratarlos. 

El decreto que preocupa a la CIDH fue firmado por Macri a fines de enero, y permite las deportaciones de indocumentados que hayan cometido delitos. El lunes, el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, tuvo que dar explicaciones al respecto ante la CIDH en Washington, junto al director de Migraciones Horacio García. Allí afirmó que el decreto no es persecutorio ni racista.

Las explicaciones de los funcionarios macristas no disiparon las inquietudes que se plantearon en esa audiencia. “La adopción del Decreto de Necesidad y Urgencia incorpora disposiciones regresivas de los derechos de los migrantes. La verdadera preocupación de la Comisión es que la Argentina fue un gran ejemplo sobre cómo tratar a los migrantes. Y ahora nos preocupa que haya retrocedido”, señaló Macaulay.

La comisionada precisó también que a la CIDH también le “preocupan las declaraciones de altas autoridades que relacionan la migración con la criminalidad”. Según remarcó, el decreto no garantiza los derechos de los inmigrantes que se afincan en la Argentina, agravando la legislación previa, que ya estipulaba mecanismos de expulsión del territorio nacional.

Organismos como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Comisión Argentina para Refugiados y Migrantes (Caref) y el Instituto Argentino para la igualdad, Diversidad e Integración (Iarpidi) han pedido la anulación del decreto.

Esos organismos participaron de la audiencia del lunes en Washington, donde el Gobierno tuvo que responder además por la represión en Jujuy, y también cuestionaron la defensa de los funcionarios del decreto migratorio. “Sorprendió que el Estado no haya dado ante el organismo internacional las explicaciones que da a nivel nacional. No hablaron de delincuencia ni de respuesta al crimen organizado como justificativo de los cambios a la ley. Lo único que dijeron es que había una demora en los procesos, lo cual es pobrísimo a la hora de explicar por qué se recortan los derechos del migrante para solucionarlo”, evaluó tras la audiencia Diego Morales, director del área de Litigio del CELS. 

La CIDH decidió de oficio actuar ante el cambio de la normativa migratoria que realizó la administración macrista. En el comienzo de la audiencia, el titular del organismo internacional, Francisco Eguiguren -acompañado del vicepresidente, James Cavallaro- advirtió sobre la relación entre migración, delito, xenofobia y estigmatización que la modificación promueve.

Al respecto, Morales precisó que “el DNU establece un procedimiento sumarísimo de expulsión que vulnera el debido proceso, el derecho a la defensa y el acceso a la justicia”, mientras que la integrante de la Comisión Argentina para Refugiados y Migrantes, Gabriela Liguori, destacó que la modificación “viola el derecho a la unidad familiar al eliminarlo como criterio para evitar expulsiones y detenciones”. Por su parte, Nengumbi Sukamam, integrante del Instituto Argentino para la Igualdad, Diversidad e Integración, alertó que el DNU “habilita un racismo institucional que se manifiesta en tratos discriminatorios en los hospitales, las escuelas y sobre todo a través de la violencia policial”. 

Ante las críticas, Avruj insistió en que Argentina es “un país de puertas abiertas” y que “no quiere perseguir migrantes”, aunque defendió el control sobre esa población. “La nacionalidad de quien delinque no es parte del debate. Controlar el ingreso y residencia de los inmigrantes es también parte de los derechos humanos”. Evidentemente, sus explicaciones no convencieron a los miembros de la CIDH.

FUENTE: Página 12

RELEVAMIENTO Y EDICIÓN: Camila Abbondanzieri

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo dependiente de la Organización de Estados Americanos (OEA), visita la frontera entre Colombia y Venezuela para "observar la situación de derechos humanos de las personas en dicha zona", tras la deportación de un millar de colombianos del país vecino.

La visita, que comienza este jueves (10.9.2015) y finalizará el 12 de septiembre, tiene como objetivo "verificar en el terreno las condiciones de las personas de nacionalidad colombiana que han sido expulsadas del territorio venezolano o que han decidido retornar a su país" a raíz de la crisis fronteriza entre estos dos países.

En la delegación de la CIDH viajarán el comisionado Felipe González, relator sobre derechos de las personas migrantes y relator para Venezuela; el comisionado José de Jesús Orozco Henríquez, relator para Colombia; y el secretario ejecutivo Emilio Álvarez Icaza, entre otros.

Objetivo de la misión: "verificar en el terreno las condiciones de las personas de nacionalidad colombiana que han sido expulsadas del territorio venezolano o que han decidido retornar a su país"

Conforme a las normas que rigen su mandato, la CIDH pidió permiso a los gobiernos de Colombia y Venezuela para visitar ambos lados de la frontera. La Comisión recibió la respuesta afirmativa de Colombia, pero "hasta el momento no se ha recibido respuesta del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela", explicó la CIDH. Por ese motivo, la CIDH sólo visitará, de momento, el lado colombiano de la frontera.

Durante su estancia en Colombia, la delegación de la CIDH se reunirá con "autoridades colombianas, organizaciones de la sociedad civil, representantes de organizaciones internacionales y personas afectadas por la situación en la frontera entre Colombia y Venezuela".

MÁS DE 20 DÍAS DE CRISIS EN LA FRONTERA

Las tensiones empezaron el 20 de agosto, cuando Maduro cerró la frontera entre el estado venezolano de Táchira y el departamento colombiano de Norte de Santander, decretó el estado de excepción en algunos sectores limítrofes y ordenó las deportaciones, con el argumento de la lucha contra el contrabando y las bandas armadas que operan en la zona.

Cifras del gobierno colombiano indican que 1.097 personas han sido deportadas desde que empezó la crisis, aunque más de 15.000 han cruzado la frontera para retornar a su país y anticiparse a la deportación.

 

RELEVAMIENTO Y EDICIÓN: Esteban Agustín Covelli

FUENTE: DW

Los fiscales, a pedido de los familiares de las víctimas y en acuerdo con el Gobierno, iniciaron en marzo la revisión del caso que cimbró a la administración del presidente Enrique Peña Nieto y dejó al desnudo la complicidad entre autoridades y grupos de la delincuencia organizada.

Cuando está por concluir su mandato, el grupo dijo que el Gobierno argumentó que los militares del batallón 27, que abarca la sureña ciudad de Iguala, en donde desaparecieron los estudiantes, sólo podrían ser interrogados en el marco del proceso penal sin la presencia de los expertos.

De todas las entrevistas que han hecho para la revisión del caso, que incluyen a policías, familiares, supuestos delincuentes detenidos, sobrevivientes del ataque a los jóvenes, entre otras personas, solamente se les ha negado el acceso a los militares.

Añadió que los expertos tendrían solamente la opción de enviar un cuestionario.

"Hemos decidido que no vamos a entregarles un cuestionario, eso significa que no tenemos control de cómo se responde, de qué se responde ni la posibilidad de que se precisen puntos que vayan saliendo durante la declaración", dijo el fiscal chileno Francisco Cox, conocido por haber trabajado en la extradición del fallecido dictador Augusto Pinochet a España.

De todas las entrevistas que han hecho para la revisión del caso, que incluyen a policías, familiares, supuestos delincuentes detenidos, sobrevivientes del ataque a los jóvenes, entre otras personas, solamente se les ha negado el acceso a los militares, dijeron.

Los fiscales, entre los que se encuentran la guatemalteca Claudia Paz y Paz, quien llevó a las cortes a varios militares acusados de atrocidades durante la guerra civil de su país, darán su informe final sobre el caso el 6 de septiembre.

Los expertos no avalan aún la versión oficial de que los jóvenes de la escuela de Ayotzinapa, ubicada en el empobrecido y violento estado de Guerrero, en el sur de México, fueron quemados en un basurero del pequeño pueblo de Cocula tras ser secuestrados por policías y entregados a sicarios.

"Con las pruebas disponibles no tenemos evidencia ni de vida ni de muerte", dijo el español Carlos Beristain, reconocido por haber coordinado el informe "Guatemala nunca más" en el que una comisión de la verdad reconstruyó el horror de las masacres de la guerra civil principalmente contra población indígena.

El grupo, que está a la espera de que el Gobierno mexicano extienda su mandato para investigar el caso, señaló graves fallas en la investigación como que ropa perteneciente a los jóvenes quedó abandonada sin procesarla como evidencia y que videos de lo ocurrido la noche del 26 de septiembre fueron supuestamente destruidos.

 

RELEVAMIENTO Y EDICION: Maria Belen Serra

FUENTE: Reuters

"La OEA responde a su principal objetivo, ser el foro político de los países de América, donde todo se dice, donde hay un verdadero diálogo, siempre con dignidad y respeto", señaló en la sede del Banco Central de Paraguay, donde se llevó a cabo la ceremonia oficial de apertura de la Asamblea.

El secretario general de la OEA reafirmó la necesidad de recurrir al diálogo para resolver la crisis en Venezuela, y dijo que "la solución debe encontrarse sin presiones ni sanciones", en una directa referencia al proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes de Estados Unidos que contempla sancionar a funcionarios venezolanos por la represión de las protestas.

El Senado también está estudiando una propuesta similar, aunque para convertirse en ley deberá ser sancionada por el presidente Barack Obama, que por el momento ha descartado la aplicación de esta medida.

"DIÁLOGO INDISPENSABLE”

“Desde un inicio sostuve que realizar un diálogo entre las partes era indispensable y que la OEA podía contribuir a ello. La decisión fue hacerlo bajo los auspicios de Unasur y aplaudimos tal determinación. Sin embargo, vemos con tristeza que el diálogo no avanza", señaló Insulza.

"Una vez más convocamos al gobierno y a la oposición de Venezuela a buscar un entendimiento que todo su pueblo anhela", declaró Insulza, que se mostró preocupado por la crisis en el país, donde más de 40 personas murieron por las protestas registradas desde febrero pasado”. "La búsqueda de consensos es un camino complejo, pero no renunciemos a ello, porque las soluciones consensuadas son más sólidas y más perdurables", apuntó. La crisis en Venezuela, que no estaba en la agenda oficial, se perfilaba como uno de los temas de debate en la Asamblea de la OEA, que comenzará sus deliberaciones a partir del miércoles.

El gobierno del presidente Nicolás Maduro había advertido que aprovecharía el encuentro en Asunción para denunciar la actitud "injerencista" de Washington. El mandatario venezolano dijo el martes que su canciller, Elías Jaua, tenía previsto denunciar ante la OEA que funcionarios del Gobierno estadounidense están involucrados en un plan para asesinarlo.

IMPORTANCIA DEL SISTEMA INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS

Insulza destacó asimismo la importancia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH), al que consideró "una de las principales riquezas de la organización", así como el proceso de debate sobre su funcionamiento y sobre la universalidad de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Sin embargo, consideró que "este proceso ha derivado claramente hacia direcciones distintas de las imaginadas originalmente". Pocos días antes de la Asamblea de la OEA, los cancilleres de los países de la Unasur reunidos en Ecuador decidieron que solicitarían formalmente que la CIDH, que actualmente tiene su sede en Washington, sesione en varios países de la región.

El presidente ecuatoriano, Rafael Correa, respaldó esa postura y mencionó la posibilidad de que la CIDH sesione en Haití. "La Comisión puede acordar sesionar en otros países y estoy seguro que, si hay países miembros que la invitan, no tendrá problema alguno en hacerlo", señaló Insulza, que intentó cerrar el debate en torno a este tema, que podría representar un punto de conflicto entre los representantes de los 34 países de la OEA reunidos en la capital paraguaya.

"Evitemos seguir un largo y penoso debate sin resultados benéficos, que sólo puede debilitarnos y dividirnos, poniendo en cuestión una de las principales riquezas de esta organización", manifestó.

 

FUENTE: DW

En el primer día de trabajo de los miembros de la delegación de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), se recibieron 150 casos de testimonios, peticiones y denuncias de descendientes de haitianos que se sienten afectados por la sentencia sobre la nacionalidad emitida por el Tribunal Constitucional dominicano, en el inicio de un proceso que estuvo salpicado por manifestaciones, hermetismo y tensión, y que conllevó, además, reuniones con autoridades en el Palacio Nacional y la Cancillería dominicana.

La agenda oficial de la delegación internacional comenzó con una reunión con el ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, en la que, además, participaron el vicecanciller y canciller en funciones, José Manuel Trullols; así como Luis Henry Molina, viceministro de la Presidencia y Luis Vargas y Josué Fiallo, asesores del ministro Montalvo.

La misión de alto nivel de la CIDH estuvo encabezada por su presidente, José de Jesús Orozco, de México, y los miembros Rosa María Ortiz, de Paraguay; Dinah Shelton, de Estados Unidos; Emilio Álvarez Icaza, de México; Catalina Botero Inelda González; Álvaro Botero, de Colombia; Sofía Galván, de México; Elizabeth Abi-Mershed, de Estados Unidos; Rose-Marie Belle, de Trinidad y Tobago; Felipe González, de Chile, y Tracy Robinson, de Jamaica.

El encuentro se inició a las 9:30 a.m. y concluyó una hora después, para de inmediato trasladarse al Ministerio de Relaciones Exteriores, donde sostuvieron otra reunión, a la que, al igual a la del Palacio Nacional no tuvo acceso la prensa.

En la sede de la Cancillería se produjo un diálogo entre los miembros de la CIDH, en el que participaron, además del vicecanciller Trullos, el ministro de Interior y Policía, José Ramón Fadul, y el director de Migración, José Ricardo Taveras. La agenda también establecía un representante de la Junta Central Electoral. Los comisionados llegaron a las 10:40 a.m. y se retiraron a la 1:20 p.m.

Se recibieron 150 casos de testimonios, peticiones y denuncias de descendientes de haitianos que se sienten afectados por la sentencia sobre la nacionalidad emitida por el Tribunal Constitucional dominicano, en el inicio de un proceso que estuvo salpicado por manifestaciones, hermetismo y tensión.

EL LEVANTAMIENTO

Paralelamente, otro grupo de la misión de la CIDH, compuesto por tres abogados, dos mujeres y un hombre, recibían las denuncias sobre supuestas violaciones de los derechos humanos de los descendientes de haitianos en el Club de Profesores de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).

Al local, ubicado en la avenida George Washington, se dieron cita desde las 9:00 a.m. los interesados, quienes fueron trasladados en minibuses de transporte público.

Hombres, mujeres y niños, de manera organizada, eran trasladados al patio del local donde tomaban asiento, y se les daba un turno. Cada persona debía hacer su denuncia en un plazo de 10 minutos, muchos de los cuales portaban copias de actas de nacimiento o cédula de identidad dominicana.

EL INCIDENTE

Un grupo que dice pertenecer al Movimiento Universitario la Esperanza, escenificó ayer un incidente en el local, lo que provocó la paralización por casi una hora de los trabajos de la CIDH, y el reforzamiento de la seguridad.

“Esto es un plan contra la República Dominicana, nosotros vamos a convocar, pues la UASD no se puede prestar a un mamotreto en contra de nuestro país”, refirió Juan Ureña.

Advirtió, junto a sus compañeros Ángel Polanco, Luis Felipe Canario y Elizabeth Comas, que hoy sacarían del local, aun sea utilizando la fuerza, a los miembros de la CIDH y a los descendientes de haitianos.

La situación provocó una amplia presencia policial, encabezada por el general de brigada Rhommel López, director del Distrito Nacional, quien tomó la seguridad de las instalaciones, hasta tanto permanezcan en el país los representantes del organismo internacional.

Al lugar, además, se presentaron miembros de la seguridad del presidente de la República, Danilo Medina, a quienes se les vio conversar con los representantes de la CIDH.

En torno al caso, María Isabel Rivero, directora de prensa de la CIDH, dijo que el personal del organismo vivió un momento de mucha tensión, pues fueron objeto de gritos e insultos por parte de los manifestantes.

Explicó que el grupo llegó temprano, tomaron su turno, y les exigían que les tomaran sus denuncias como ciudadanos dominicanos. Rivero sostuvo que tras el incidente, el Gobierno les garantizó la seguridad personal y de trabajo.

Para hoy, los miembros del organismo regional tienen previsto reunirse con los presidentes de las cámaras del Congreso Nacional, a partir de las 9:00 a.m. La CIDH tiene agendada varias reuniones y entrevistas con autoridades del gobierno, de la Sociedad Civil y ONGs, entre otros.

Juliana Dequis Pierre, la joven que dio origen a la sentencia sobre la nacionalidad, se mostró ayer esperanzada en que con el levantamiento de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) se resuelva el problema, y todos los afectados reciban sus documentos.

Vistiendo un suerte que rezaba: “Yo soy dominicano como tú, respeta mis derechos”, Juliana precisó que acudió a exponer su caso, dado a que ninguno de sus cuatro hijos posee documentos.

“A mí me tienen que dejar aquí, pues yo soy de aquí, yo nací aquí, y yo soy dominicana”, apuntó, tras entrevistarse con miembros de la CIDH.

Altagracia Jean, una joven estudiante de Derecho nacida en San Pedro de Macorís e hija de haitianos, dijo esperar que el Estado se adapte a la Constitución, la cual asegura es clara en torno a la nacionalidad.

“A mí, como ciudadana, no me interesa una sanción, sino que el Estado acepte que esos jueces se equivocaron, al adoptar la medida, y que si se equivocaron que la apliquen para el futuro, no de manera retroactiva”, enfatizó la estudiante de 28 años.

Sostuvo que no está en contra de la organización del estatus migratorio, sino que se haga conforme a las leyes. “Mi himno nacional es el Quisqueyano, pido que se respeten las leyes”, afirmó.

 

RELEVAMIENTO Y EDICIÓN: Carolina Martínez

FUENTE: Nodal
 

A menos de 10 días de haber firmado un acuerdo con Haití para priorizar el diálogo, ayer el gobierno dominicano decidió poner fin por el momento a las conversaciones que sostenían con las autoridades del vecino país, iniciadas tras la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) sobre la nacionalidad.

En tal sentido, el ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, anunció la decisión del gobierno de no acudir a una nueva reunión, que se celebraría entre las partes este sábado en Caracas, Venezuela. “Entendemos que el gobierno haitiano ha roto el acuerdo que firmamos la semana pasada, en el que se priorizaba el diálogo entre los dos países para la búsqueda de soluciones ante cualquier asunto de nuestra agenda común. Haití ha preferido tomar otro camino”, afirmó.

Montalvo hizo el anuncio pocas horas después de que la Comunidad del Caribe (Caricom) suspendiera la solicitud hecha por la República Dominicana para ingresar a ese organismo regional, en represalia a la sentencia 168-13, emitida en septiembre pasado por el TC.

A pesar de que las declaraciones del ministro de la Presidencia no establecen las razones que obligaron a las autoridades dominicanas a tomar esa decisión, se presume que las mismas obedecen a la decisión del Caricom.

El pasado 19 de noviembre, Gustavo Montalvo y el ministro de Relaciones Exteriores de Haití, Pierre-Richard Casimir, firmaron, con la mediación de Venezuela, un acuerdo de tres puntos para priorizar el diálogo. El mismo fue rubricado en Caracas.

Días antes de esa firma, una comisión del gobierno dominicano viajó a Venezuela y Cuba, para explicar los alcances de la sentencia del Tribunal Constitucional.

“Entendemos que el gobierno haitiano ha roto el acuerdo que firmamos la semana pasada, en el que se priorizaba el diálogo entre los dos países para la búsqueda de soluciones ante cualquier asunto de nuestra agenda común."

RESPUESTAS DEL CARICOM

Más temprano, el presidente del Consejo Nacional de Migración y ministro de Interior y Policía, José Ramón Fadul, al preguntársele sobre el fallo de Caricom, consideró que algunos sectores están mal interpretando y hasta distorsionando la sentencia del TC. “Yo creo que en cuanto a la soberanía nacional, nadie puede venir a tratar de incursionar en ella, a menos que sean los dominicanos”, expresó.

Al ser entrevistado en el Palacio Nacional, Fadul reiteró que el gobierno acudirá a los organismos internacionales que sean necesarios para explicar el Plan Nacional de Regularización que será implementado a partir de la emisión de un decreto en ese sentido.

“También podemos añadirle los pasos concretos que estamos dando como gobierno, con el Plan de Regularización que se ha hecho de manera pública, para que todo el mundo pueda opinar y hacer las consideraciones que consideren de lugar, aportando los elementos que crean importantes, y objetar lo que crean que debe ser objetado”, subrayó el funcionario.

Asimismo, Fadul aclaró que no habrá deportaciones mientras se ejecute el Plan Nacional de Regularización, ya que se accionará con un criterio de humanidad y de respeto a la dignidad de todas las personas afectadas.

IGLESIA CATÓLICA

El obispo de la diócesis de La Altagracia, monseñor Nicanor Peña, también criticó al Caricom, por entender que su decisión obedece a un mecanismo de presión en contra de República Dominicana.

Entrevistado en San Pedro de Macorís, luego de participar en la inauguración de la circunvalación de esta provincia, el religioso puntualizó que el país tiene todo el derecho de aplicar sus normas migratorias. “Ese es un derecho que tienen todos los países del mundo; a nosotros no se nos puede restringir”, agregó.

 

RELEVAMIENTO Y EDICIÓN: Carolina Martínez

FUENTE: Nodal