“Iniciamos el diálogo y encontramos coincidencias por el bien de nuestro país. Continuamos el viernes”, se limitó a decir Cartes en las redes sociales al finalizar sin avances significativos la primera reunión de un diálogo apoyado por el papa Francisco. El presidente del Congreso, el senador opositor Roberto Acevedo, abogó de su lado por que “a través de esta mesa podamos llegar a una solución”. “No queremos más violencia”, reclamó. “Es un buen primer paso. Evitar más derramamiento de sangre nos tiene que motivar a todos”, expresó por su parte el titular de la Cámara de Diputados, Hugo Velázquez, perteneciente al oficialismo colorado.
El país está sumido en una crisis política desde que una virulenta manifestación de opositores terminó entre el viernes y el sábado con una persona muerta por disparos de la policía, una treintena de heridos y graves daños al Congreso. Las partes resolvieron volver a reunirse el viernes, pero el Partido Liberal –principal grupo opositor– y los disidentes del Partido Colorado reiteraron en un escrito que no participarán en las negociaciones mientras el oficialismo no retire el proyecto de enmienda constitucional.
Ley en juego
Este proyecto busca eliminar la prohibición de la Constitución de 1992, que impide a presidentes y vicepresidentes ser reelegidos tanto en forma consecutiva como alternada. Acevedo dijo en conferencia de prensa que pidió a Cartes retirar el pedido para modificar la carta magna, ahora en poder de la Cámara de Diputados de mayoría oficialista.
“Si usted tiene motivaciones de paz y armonía, debe surgir de usted el anuncio de retirar el proyecto”, indicó el parlamentario. Los opositores consideran que este cambio en la Constitución solo puede hacerlo una asamblea constituyente y no el Congreso, como defienden los oficialistas.
Los cartistas cuentan con el apoyo del expresidente izquierdista Fernando Lugo, un ex obispo católico que gobernó entre 2008 y 2012 y fue destituido por un juicio político del Parlamento, que pretende presentarse de nuevo. La lucha por habilitar la reelección presidencial se aceleró de cara a las elecciones en abril de 2018.
“Licencia” para protestar
Aunque el origen de la crisis en Paraguay está centrado en el empeño en instaurar la reelección presidencial, el presidente del Partido Liberal, Efraín Alegre, exigió como otra de las condiciones para asistir a la mesa de diálogo el castigo de los responsables de la muerte de Rodrigo Quintana, un activista de su partido de 25 años. El joven, un ingeniero agrónomo recién graduado, falleció por los disparos de escopeta de un policía antimotín dentro de las instalaciones del partido, grabado por cámaras de circuito cerrado. Alegre también pidió sanciones contra los policías que lo atacaron con balas de goma en la calle.
Los proyectiles, disparados a quemarropa, impactaron en la boca del diputado de su partido Edgar Acosta, quien lo acompañaba cuando se produjo una escaramuza con los uniformados el pasado viernes. Acosta fue trasladado de urgencia a Sao Paulo el martes cuando los médicos paraguayos no lograron extirparle tres balines incrustados en el rostro.
El papa Francisco pidió el domingo “soluciones políticas” para zanjar la crisis, mientras que un día antes Estados Unidos exhortó a una solución en base al respeto de la Constitución.
Como resultado de las crecientes protestas opositoras que alcanzaron esta semana a estudiantes secundarios y universitarios, y que llegaron a las casas de los legisladores que apoyan la enmienda, varios diputados oficialistas anunciaron que ya no votarán el proyecto. En algunos centros, los estudiantes declararon “licencia académica” para asistir a las manifestaciones. El parlamentario colorado José María Ibañez, disidente del oficialismo, advirtió en la Cámara de Diputados contra “la ‘venezuelización’ de la política paraguaya”, al tiempo que pidió el retiro del proyecto oficialista. “Está en nuestras manos devolver la tranquilidad al pueblo”, enfatizó.
FUENTE: Diario Co-Latino
RELEVAMIENTO Y EDICIÓN: Martina Mántaras
Esta huelga, para los sindicatos, ha sido masivo en las principales ciudades y al mismo se han sumado trabajadores de todos los gremios, además de estudiantes universitarios y de secundaria.
En la jornada del lunes, organizaciones de trabajadores y campesinos, movimientos y partidos progresistas se movilizaron en Asunción y otras ciudades del país, para rechazar un proyecto de ley que pretende “privatizar los bienes públicos”.
