El equipo jurídico de Bolivia presentó este miércoles su primera fase de alegatos orales de la demanda marítima interpuesta contra Chile, ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya.

Al iniciar la intervención, el abogado y expresidente boliviano Eduardo Rodríguez Veltzé, afirmó que Bolivia pide a Chile que cumpla su promesa de negociar una salida al mar, al tiempo que criticó las intenciones de esta nación de hacer creer que el país del altiplano no cumple con los tratados, “solo porque reclama sus derechos”.

Aclaró que Bolivia se presenta ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya no para rechazar el Tratado de Paz de 1904, sino que lo hace ejerciendo sus derechos en virtud al marco jurídico internacional.

"Sencillamente lo que pide Bolivia, como se manifiesta en su solicitud es que Chile cumpla su obligación, respete sus promesas, su acuerdo de negociar un acceso con soberanía al mar, un acuerdo independiente al Tratado de 1904", apuntó.

El abogado boliviano aseguró que Chile reafirmó una y otra vez que negociaría con Bolivia este acceso en plena soberanía. Detalló que esa intención de negociar la plena soberanía al mar fue manifestada en 1920, en 1929, en 1950, en 1961, en "la Declaración de Charaña de 1975" y en las diversas declaraciones de la Organización de Estados Americanos, entre otros.

Al respecto, explicó que el planteamiento de Chile es un asunto diferente al que ha traído Bolivia a esta Corte. “Esta cuestión es hacer mal uso de la fase procesal en la que nos encontramos... Chile presenta este litigio en un contexto jurídico como una acción unilateral”, explicó.

Por su parte, el jurista internacional y juez representante de Bolivia, Mathias Forteau, manifestó que no existe duda alguna de que la objeción de Chile debe rechazarse.

A su juicio, Chile usa el Tratado de 1904 para confundir a la CIJ, por lo cual explicó que su discurso es contradictorio sobre el tema de la salida marítima.

“La estrategia de Chile ha sido deformar la demanda boliviana presentada en La Haya”, aseguró Forteau.

El jurista rememoró históricamente las variadas intenciones de Chile para negociar el pedido de Bolivia de salida marítima. Para ello, citó el “Abrazo de Charaña” como una promesa de Chile a Bolivia.

“Chile, hasta 2011, negociaba salida marítima y luego hizo desconocimiento de sus compromisos con Bolivia”, apuntó Forteau.

Por otro lado, la abogada Monique Chemillier-Gendreau, también integrante del equipo jurídico boliviano, afirmó que “una extraña amnesia colectiva ha invadido a representantes de Chile, cuyos síntomas los presenta ahora.

Aseguró que desde la Guerra del Pacífico Chile tiene conciencia que existió una injusticia. Dijo que los argumentos de Chile son inexactos y contradictorios.

La doctora mencionó varios hechos históricos donde Chile ofrece una solución al tema marítimo boliviano. Citó palabras de canciller y presidente chileno Domingo Santa María sobre tema marítimo. Indicó que el Tratado de 1904 no resolvió todo. “Por eso hay tantas ofertas chilenas para solucionar el tema marítimo”.

Reflexionó de que si no hay un tema pendiente según Chile, “por qué hay tantas ofertas para solucionar un tema pendiente”.

En su turno, Payam Akhavan, jurídico internacional, insistió en que Chile no cumplió sus promesas de negociar salida al mar. “Bolivia no pide que se revise el Tratado de 1904, sino que Chile respete su palabra a dar una solución”, ratificó.

Explicó además que Chile ha creado un panorama apocalíptico y errado sobre pedido de Bolivia. “Decir que la demanda erosiona el tratado es un truco. El reclamo boliviano no tiene objetivos ocultos”, dijo Akhavan.

Al culminar la exposición ante la CIJ, el canciller boliviano, David Choquehuanca declaró a los medios y aseguró que en Bolivia hablamos un solo lenguaje, todos hablamos de la verdad que es una sola.

“Hemos traído la verdad a esta corte (CIJ) y está absolutamente lo que busca Bolivia y no hay de que es competencia de este tribunal”, indicó.

EL DATO: Al término de la presentación de alegatos orales por parte de Bolivia, ambos delegados tendrán la oportunidad de emitir sus derechos a réplicas el jueves y viernes, 7 y 8 de mayo, respectivamente. A partir de ese momento, el alto tribunal debe decidir, hasta octubre y tal vez diciembre, si le compete o no tratar el reclamo boliviano.

EN CONTEXTO En febrero de 1879, Chile invadió suelo boliviano y desató una contienda bélica que terminó cercenando 400 kilómetros de playa y 120 mil kilómetros de territorio. En 2013, Bolivia demandó a Chile ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya a fin de que ese tribunal concediera una una salida soberana al Océano Pacífico. Chile ha rechazado el reclamo boliviano alegando que entre ambos países quedaron establecidos los límites en un tratado suscrito en 1904, -25 años después del conflicto-, y presentó objeciones a la demanda.

 

Fuente: teleSUR
 

La inusual reacción del Gobierno chileno tuvo lugar tras la declaración de Bolivia, en la que sostuvo que no busca modificar un tratado ni ninguna frontera, sino pedir a una corte que obligue a Chile a negociar una salida al mar, lo que, desde Santiago, se rechaza tajantemente. "Chile reitera al país vecino que, en vez de buscar litigar sus posiciones por la prensa y los más diversos foros internacionales, detenga sus intentos de desestabilizar la relación bilateral y busque medidas concretas para desarrollar una relación constructiva", dijo una declaración de la cancillería chilena.

Bolivia perdió su acceso al mar tras una guerra contra Chile, país que ha impugnado la competencia de la CIJ en el caso.

En su lucha de décadas para recuperar una salida al Océano Pacífico, Bolivia recurrió en abril pasado a la Corte Internacional de Justicia (CIJ). Bolivia perdió su acceso al mar tras una guerra contra Chile, país que ha impugnado la competencia de la CIJ en el caso, ya que existe un tratado con Bolivia que fija sus fronteras, por lo que no habría caso posible a revisar. Por su parte, el Gobierno de La Paz insiste en que no quiere modificar las fronteras sino obligar a Santiago a negociar una salida soberana al mar.

"Bolivia ha solicitado a la Corte Internacional de Justicia que declare que Chile tiene una obligación pendiente de negociar con Bolivia, entendiendo que la negociación es la base del Sistema Internacional y rehuir a ella puede ponerlo en riesgo", dijo la declaración de la cancillería boliviana.

"Bolivia insiste en que Chile tiene la obligación de negociar con ella una salida soberana al mar ¿Qué sistema internacional obliga a negociar solamente porque un país desea hacerlo y para obtener una cesión no pactada de territorio?", se preguntaba, por su parte, la cancillería chilena, argumentando que el orden internacional requiere el respeto irrestricto de los tratados.

 

RELEVAMIENTO Y EDICION: Maria Belen Serra

FUENTE: DW

El canciller Héctor Timerman señaló hoy que "es un error dejar que una empresa manipule las relaciones entre dos países, especialmente entre dos países hermanos como Uruguay y Argentina".

Timerman sostuvo que esa decisión significa "dejar que los intereses de una empresa estén por encima de los intereses de dos repúblicas" y agregó que "la Argentina no tenía otro camino que recurrir a La Haya porque el gobierno de Uruguay tuvo una decisión unilateral que viola todos los acuerdos entre los dos países y el fallo propio de la Corte Internacional de La Haya".

En ese sentido, Timerman también sostuvo que esa decisión significa "dejar que los intereses de una empresa estén por encima de los intereses de dos repúblicas".

Además, en una entrevista con Radio Nacional, el canciller dijo que "UPM realizó todas las maniobras posibles para forzar al Uruguay a tomar una decisión violatoria de los acuerdos y que llevaba a un problema muy serio entre ambos gobiernos".

Ante esta situación, agregó Timerman "la Argentina no tenía otro camino que recurrir a La Haya porque el gobierno de Uruguay tuvo una decisión unilateral que viola todos los acuerdos entre los dos países y el fallo propio de la Corte Internacional de La Haya".

Asimismo, al ahondar en la maniobra de la empresa, Timerman explicó que "además de las presiones que realiza habitualmente, adelantó el ciclo productivo para terminar con la autorización de 1 millón de toneladas dos meses antes de lo previsto y de esta manera enviar el seguro de desempleo, o sea dejar de pagarle a los empleados de Botnia y de empresas proveedoras sus sueldos".

"Lo hizo a propósito porque todos los años desde que comenzó a funcionar, Botnia termina su plan de producción anual en octubre y este año terminó en agosto", señaló.

Sobre la actitud de la empresa de haber adelantado "tanto su producción y enviar a todos sus empleados y obreros de empresas afines a una situación de falta de trabajo" también dijo que "uno podría creer que hay hasta una cierta extorsión".

"Yo le propuse al canciller uruguayo que la Argentina viajaba el día miércoles para continuar dialogando y el miércoles a las 5 de la tarde unilateralmente el presidente Mujica hace el anuncio y nos deja totalmente descolocados", recordó Timerman.

"Nosotros pensábamos seguir dialogando y tratando de resolver este tema entre los dos gobiernos pero, sin embargo, las presiones que debe haber puesto la empresa fueron de tal magnitud que hizo que esto fracase", detalló.
 

RELEVAMIENTO Y EDICIÓN: Paula Martin

FUENTE. Telam

Las interminables disputas fronterizas entre Costa Rica y Nicaragua alcanzaron un nuevo clímax en la noche del miércoles con llamadas a consultas de embajadores, protestas, epítetos desacostumbrados en la diplomacia y amenazas de revisionismo en fronteras bicentenarias.

El nuevo incidente entre dos países con cientos de miles de familias mixtas comenzó el martes, cuando en una ceremonia militar, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, amenazó a Costa Rica con ir a la Corte Internacional de Justicia para pedir la devolución de Guanacaste, la mayor provincia de Costa Rica, que solicitó su anexión a San José hace casi 190 años.

Ortega, quien ha mostrado una y otra vez su habilidad para provocar y enfurecer al gobierno costarricense, que asumió en mayo de 2010, lanzó esa idea después de que San José amenazara con impugnar ante La Haya una serie de licitaciones petroleras 'offshore' en áreas que Costa Rica considera en disputa.

El miércoles, el ministro de Relaciones Exteriores de la desmilitarizada Costa Rica, Enrique Castillo, calificó la afirmación de Ortega sobre Guanacaste como una "bravuconada". El término -duro, para ser aplicado a un jefe de Estado vecino- iba a quedar minimizado con la escalada que seguiría en pocas horas.

La llamada a consultas al embajador costarricense en Nicaragua, Javier Sancho, y una nota de protesta entregada al nicaragüense Harold Rivas precedieron a una reunión nocturna de crisis en casa presidencial.

Hubo que aguardar el fin de un partido amistoso de fútbol entre la selección costarricense y la de República Dominicana para que Chinchilla difundiese un mensaje contra la "amenaza", que calificó de "increíble e infame". "Insensata ambición", "pretensiones absurdas e irrespetuosas", "atropello a la realidad", fueron algunos de los adjetivos a los que recurrió Chinchilla respecto de Ortega, a quien -en clara descortesía diplomática- identificó como "el comandante que manda el régimen de Managua", omitiendo su cargo presidencial y su nombre.

"Un tratado con más de cien años tiene valor de cosa juzgada (... el reclamo) no puede ser admitido por la CIJ", dijo a AFP el jurista nicaragüense Roger Guevara, quien definió la afirmación de Ortega como "una expresión populista". Para el experto, quien tiene una cátedra en Montreal, el episodio "es una provocación para producir una sobrerreacción que ambos (Ortega y Chinchilla) necesitan para sus propios intereses políticos".

Las relaciones entre Costa Rica y Nicaragua han entrado en uno de sus períodos más críticos desde finales de 2010, entonces por la disputa de Calero, una minúscula isla fluvial. Ambos gobiernos avanzaron en una escalada de acusaciones cruzadas sobre "invasión", "daños ambientales severos" (hubo una denuncia de deforestación de media hectárea) y llevaron el caso a la Corte Internacional de La Haya, que actualmente lo trata

Se busca "una tensión innecesaria entre dos gobiernos. ¿Para qué? Ortega lo sabrá, pues es descabellado ir a un tribunal internacional a pelear por un territorio que por décadas ha sido parte de Costa Rica", dijo a la AFP el experto salvadoreño Antonio Martínez, quien ha realizado estudios para la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO).

Pero Costa Rica también "es responsable de todos estos episodios, pues por momentos ha metido fuego en la hoguera. (...) El gobierno costarricense debe medir los pasos que da, pues pareciera que siempre está saltando por cada movimiento que hace el vecino", agregó Martínez, quien tiene la cátedra de relaciones Internacionales en la Universidad de El Salvador.

La afirmación de Ortega "es un distractor para consumo principalmente interno en Nicaragua y para obligar al gobierno costarricense, a la vez, a tener demasiados frentes abiertos", dijo en San José el experto en temas internacionales Carlos Murillo, interrogado por el diario La Nación.

Costa Rica anunció una serie de medidas de denuncia internacional, entre ellas informar a la Organización de Estados Americanos, al secretario general de las Naciones Unidas y al Consejo de Seguridad, órgano éste que declinaría jurisdicción, ya que solamente tiene atribuciones en conflictos armados o amenazas a la seguridad, explicó a la AFP una fuente diplomática.

Las relaciones entre Costa Rica y Nicaragua han entrado en uno de sus períodos más críticos desde finales de 2010, entonces por la disputa de Calero, una minúscula isla fluvial. Ambos gobiernos avanzaron en una escalada de acusaciones cruzadas sobre "invasión", "daños ambientales severos" (hubo una denuncia de deforestación de media hectárea) y llevaron el caso a la Corte Internacional de La Haya, que actualmente lo trata.

El último pico fue hace pocas semanas, cuando Nicaragua ofertó zonas marítimas de exploración petrolera e incluyó áreas que Costa Rica reivindica como propias.

Ortega afronta crecientes críticas por autoritarismo y ahora impugnaciones por la concesión otorgada a una empresa de Hong Kong para construir un canal interoceánico.

En Costa Rica, el gobierno Chinchilla, que en tres años fracasó en sus promesas de Reforma Fiscal y otros temas estructurales, transita sus últimos meses de gestión hacia las elecciones de febrero, en las cuales Johnny Araya, del gobernante Liberación Nacional, aparece como favorito.

 

MAPA Y CRONOLOGÍA DE LA DISPUTA FRONTERIZA ENTRE COSTA RICA Y NICARAGUA

EDICIÓN Y RELEVAMIENTO: Luciano Herrero

FUENTE: AFP

 

Aunque la decisión data de 1986, no se ha cumplido hasta el momento. Las autoridades nicaragüenses no la consideran caducada.

"Este es un tema donde bastaría que el Gobierno de Nicaragua, partiendo de la Asamblea Nacional, mande las acciones correspondientes para exigir a Estados Unidos que pague esta indemnización", sostuvo el presidente de la república, Daniel Ortega.

"Es jurídicamente legítima la demanda, pero EE.UU. es una potencia que decide hacer uso de las leyes cuando les conviene a sus intereses, pero no es respetuoso", agregó. Por eso el mandatario califica de "batalla moral" hacer que Washington pague la suma estipulada.

Ellos llevan la guerra, la destrucción a otros países y luego simplemente se salen de ella. Su lógica es destruirte, acabarte y luego presionarte 

"Ellos llevan la guerra, la destrucción a otros países y luego simplemente se salen de ella. Su lógica es destruirte, acabarte y luego presionarte", dice el dirigente de la Fundación de Combatientes Héroes y Mártires del Batallón 30-62, Manuel Salvador Espinoza. "Luego se salen como si no hubieran hecho nada". El activista confiesa que perdió a muchos amigos y familiares en la guerra financiada por EE.UU. y cree que con su apoyo a los contras nicaragüenses el país norteamericano quería volver a Nicaragua a la Edad de Piedra.

A pesar del triunfo en la Corte, Nicaragua no recibió ni un dólar. La Casa Blanca se negó a realizar las indemnizaciones alegando que la Corte "no tenía jurisdicción". Y en 1991 el gobierno de Violeta Barrios de Chamorro frenó el caso retirando las reclamaciones.

"Finalmente desistieron de valorar el daño", recuerda el historiador Aldo Díaz Lacayo. "Pero al regresar el gobierno de ahora, al replantearse el tema, los juristas dicen que este desistimiento no significa prescripción".

A día de hoy los expertos señalan que el caso todavía tiene legitimidad. Algunos dicen que Nicaragua no tiene argumentos para obligar a EE.UU. a pagar por las violaciones que cometió. Pero ahora el tiempo dirá si esa gran potencia, que suele lanzar a los cuatro vientos su visión sobre la defensa en las organizaciones internacionales, pagará su deuda o preferirá permanecer callada. 

 

RELEVAMIENTO Y EDICIÓN: Imanol Barrangú

FUENTE: RT

La IV Reunión del Comité Permanente de Consulta y Coordinación Política, en suspenso durante siete años, fue inaugurada en una ceremonia celebrada en la plaza Bolognesi, del cuartel general del Ejército peruano, en el distrito limeño de San Borja el jueves 2 de mayo. En el lugar se izaron las banderas de Perú y Chile, mientras destacamentos militares rindieron honores a los participantes: los ministros de Exteriores y de Defensa de Perú, Rafael Roncagliolo y Pedro Cateriano, respectivamente, y sus homólogos de Chile, Alfredo Moreno y Rodrigo Hinzpeter, recoge la agencia Efe.

El encuentro se celebra en privado hasta el viernes y en él se tratan temas de interés para los dos países, como la homologación de gastos en Defensa, inteligencia, tráfico de drogas y de personas, misiones de paz conjuntas y desminado.

Los ministros participaron durante la mañana del jueves en una ceremonia de conmemoración del 147 aniversario del Combate Naval del 2 de Mayo, que selló la independencia de la dominación española, en la plaza José Gálvez del puerto del Callao. El viernes, los ministros se encontrarán en la sede de la Cancillería peruana, firmarán una declaración conjunta y ofrecerán una rueda de prensa con las conclusiones de la cita.

La Reunión del Comité Permanente de Consulta y Coordinación Política entre Perú y Chile fue creada por una declaración conjunta presidencial del 30 de julio de 2001 y tiene como objeto fortalecer e intensificar la confianza mutua en el campo de la seguridad y la defensa, destacó la cancillería peruana.

Es positivo que esta instancia haya sido recuperada. Estuvo suspendida a raíz de la demanda presentada por Perú ante el Tribunal de La Haya para alterar el límite marítimo con Chile. De la misma manera que se justificó hace siete años interrumpir estos encuentros debido a la decisión peruana de poner en medio de la relación un reclamo que involucra la soberanía chilena, ahora, a escaso tiempo de que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) falle sobre el tema, resulta conveniente que los gobiernos reiteren su compromiso de respetar el veredicto y que trabajen para manejar las reacciones que habrá tras el dictamen.

Chile y Perú tienen enormes oportunidades de integración, dados sus vínculos políticos, económicos, demográficos y culturales, además, por supuesto, del imperativo geográfico que emerge de su condición de vecinos. Ambos gobiernos acaban de acordar mecanismos de cooperación contra el narcotráfico y avanzan en asuntos relativos al desminado de la frontera, la transparencia del gasto militar y otros. También son -junto a Colombia y México- socios en la Alianza del Pacífico, espacio de amplias proyecciones.

Existen, como se sabe, factores históricos que no son fáciles de dejar atrás en ambos países y que la demanda peruana ante La Haya se ha encargado de revivir dificultando la cooperación. La capacidad de Santiago y Lima para enfrentar con serenidad y apego al derecho el fallo de la CIJ será factor crucial para que el auspicioso nuevo comienzo que significa el retorno de las reuniones 2+2 se consolide en los próximos meses.
 

 

RELEVAMIENTO Y EDICIÓN: Rafael Pansa

FUENTE: InfoDefensa