Fundamentar - Internacional

Rusia Anuncia que Deja la Corte Penal Internacional

2016-11-16T09:52:59-03:00

El presidente Vladimir Putin ordenó revocar la firma del Estatuto de Roma, por lo que el país deja de estar sometido a la jurisdicción del Tribunal de La Haya.

El Gobierno de Rusia anunció este miércoles (16.11.2016) su decisión de revocar la firma del Estatuto de Roma, que es la base legal que creó la Corte Penal Internacional (CPI), por lo que el país deja de estar bajo la jurisdicción del Tribunal de La Haya en caso de que esta entidad requiera juzgar crímenes cometidos de guerra por Rusia o ciudadanos de ese país. La medida entra en vigor esta misma jornada. Putin ordenó "aceptar la propuesta del Ministerio de Justicia, consensuada con el Ministerio de Exteriores, el Tribunal Supremo, la Fiscalía General y el Comité de Instrucción para informar al secretario general de la ONU sobre la decisión de Rusia de no formar parte del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional”.

Entre las razones esgrimidas por Moscú se encuentra que el tribunal ha fracasado en hacer realidad las esperanzas de la comunidad internacional. Rusia había firmado en el año 2000 el Estatuto de Roma de la Corte, que fue instaurada para juzgar crímenes de guerra. Sin embargo, el país nunca ratificó su adhesión a la Corte, medida que también han tomado otros países como Estados Unidos, China, India e Israel. En su decreto, Putin ordenó a su ministro de Exteriores que informe de la decisión adoptada este miércoles al secretario general de Naciones Unidas. A comienzos de esta semana, la Corte había dado a conocer un comunicado donde señalaba que, desde su perspectiva, Rusia y Ucrania se encuentran involucrados en un conflicto armado, donde Crimea es considerado un territorio ocupado.

Este martes, la Fiscalía de la Corte había señalado también que había razones sólidas para creer que las fuerzas del ejército de Estados Unidos desplegadas en Afganistán podrían haber cometido crímenes de guerra relacionados con la tortura y otros tipo de maltratos en campos secretos de detención. Bajo la presidencia de George W. Bush, Estados Unidos se opuso al establecimiento de la CPI, del que no es miembro.

FUENTE: DW

RELEVO Y EDICIÓN: Joel Hernán González

Israel: Polémico Proyecto para Legalizar Territorio Ocupado de Cisjordania

2016-11-14T09:14:26-03:00

En comité, el gobierno israelí aprobó este domingo por unanimidad un proyecto de ley para legalizar de forma retroactiva los "outpost" o asentamientos temporales en el territorio ocupado de Cisjordania, hasta ahora ilegales según la legislación israelí y el derecho internacional. El debate en el Parlamento tendrá una primera lectura este el miércoles.

"El estado de Israel inició hoy un proceso histórico de la regulación de los asentamientos en Judea y Samaria", señaló el ministro del gabinete Naftali Bennett, jefe de la organización procolonia Hogar Judío. Los "outpost" son las construcciones temporales levantadas en propiedades palestinas que suelen preceder al establecimiento de un asentamiento y que, además de ser ilegales para la comunidad internacional, lo son también en la normativa israelí porque carecen de permisos.

El primer ministro Benjamín Netanyahu, reticente a la legislación, había pedido aplazar la votación hasta que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre la prórroga de siete meses que la Fiscalía solicitó el 1 de noviembre para ejecutar el desalojo del "outpost" de Amona que, por orden judicial, tendría que ser evacuado antes del 25 de diciembre. Según el diario israelí Haaretz, el fiscal general había advertido que la votación sobre ese proyecto de ley antes de que el tribunal emitiera su dictamen podría "perjudicar significativamente" la concesión de la prórroga.

Incluso, la aprobación del llamado "proyecto de formalización" confrontó a Netanyahu con el presidente del derechista partido Habayit Hayehudi y el ministro de Educación Naftali Bennett. Sin embargo, la presión de sus socios de gobierno ha llevado a incluir finalmente el proyecto, que, de aprobarse en el Parlamento, evitaría la evacuación de Amona y reconocería otras colonias similares actualmente ilegales para Israel. Amona, donde viven 40 familias, fue construido sobre tierras de propiedad privada de palestinos, quienes solicitaron con éxito ante tribunales israelíes la remoción del asentamiento.

De acuerdo a la ONU, hay alrededor de cien "outpost", que se suman a los 150 asentamientos, todos ellos contrarios al derecho internacional. "Esta aprobación revela que Israel ha asumido el papel de legislador en Cisjordania y pone en evidencia su intención de anexionarla sin asumir los derechos civiles de sus residentes", denunció en un comunicado la ONG israelí Yesh Din, que denuncia las prácticas de apoderamiento de las tierras. Esta organización considera que es una propuesta "discriminatoria y autoriza la explotación y confiscación de la capacidad de los propietarios palestinos de hacer uso de sus tierras, al negarles el derecho de apelar", señaló el texto reproducido por la agencia de noticias EFE.

Hoy, en declaraciones tomadas por el diario israelí, Netanyahu dijo que "examinaremos la posibilidad de evacuarlos con responsabilidad. No hay nadie que se preocupe por el asentamiento más que nosotros". También en la reunión del gabinete, el premier israelí le pidió a todos los ministros y legisladores que esperen hasta que la nueva administración liderada por el presidente electo Donald Trump asuma el cargo antes de expresar sus opiniones sobre posibles cambios en las políticas. Netanyahu instó a los ministros a "trabajar con ellos para formular políticas a través de los canales aceptados y discretos y no a través de entrevistas a los medios de comunicación".

FUENTE: Ámbito

RELEVO Y EDICIÓN: Joel Hernán González

Kohen: "Malvinas Debe Ser Una Prioridad Compartida"

2014-01-28T14:59:13-03:00

Entrevista a Marcelo Kohen. El especialista en Derecho Internacional exhorta a la oposición a fortalecer el reclamo.

La palabra del abogado Marcelo Kohen –argentino, residente en Suiza, con un currículum impactante en Derecho Internacional– tiene la autoridad del especialista que es reconocido por propios y extraños, por colegas y también por legos. El respeto que ha ido cosechando en el mundo tiene una razón muy sencilla, inapelable. Sus resultados.

Cada vez que Kohen patrocina a un Estado en un litigio ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, o ante otras instituciones del sistema multilateral, como el Tribunal del Mar de Hamburgo, su representado tiene la certeza de que está en las mejores manos. El antecedente de la controversia por el embargo de la Fragata Libertad es un buen ejemplo.

Contratado por la Cancillería para actuar en el caso, Kohen encabezó la estrategia jurídica argentina que terminó con la liberación del buque escuela de la Armada y con un éxito resonante que, además, sentó jurisprudencia para frenar la acción de los fondos buitre.

Graduado en la Universidad de Rosario, establecido desde hace años en Ginebra, Kohen sigue con mucha atención las acciones diplomáticas de la Argentina para apuntalar sus derechos en la disputa con Gran Bretaña por la soberanía de las Islas Malvinas y el espacio marítimo circundante. A pesar de haberse establecido en el corazón de Europa, donde es profesor de Derecho Internacional en el Instituto de Altos Estudios Internacionales y del Desarrollo, uno de los centros mundiales de excelencia de estudios de posgrado en Relaciones Internacionales, el prestigioso abogado está involucrado en los debates que circulan entre los diplomáticos expertos en el conflicto del Atlántico Sur. ¿Cuál es la mejor alternativa para que los británicos se sienten a negociar y cumplan las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas que instan a ambas partes a dialogar? ¿Hay que mantener la estrategia gradualista, que consiguió avances, como el creciente apoyo de un amplio arco de bloques regionales, o apostar a un cambio, a una innovación?

La discusión sobre los próximos pasos de la acción diplomática, advierte Kohen, debe asumir cierto carácter de urgencia. En pocos años –2017 o 2019 parece ser la fecha– los británicos estarán en condiciones de extraer crudo en los alrededores de Malvinas, embarcarlo en buques de transporte y trasladarlo hasta Gran Bretaña. "La explotación de los recursos hidrocarburíferos implicaría el agravamiento más serio del conflicto desde 1982. Ya no se trata solamente de la negativa a resolver la controversia, sino de la explotación de los recursos naturales no renovables del territorio, que pertenecen al pueblo argentino. Esto refuerza la necesidad de adoptar una posición más firme", subraya Kohen en diálogo telefónico desde Suiza.

El estratega de la defensa argentina ante el Tribunal del Mar considera que en el conflicto por Malvinas hay que ser creativos. Propone explorar y poner en marcha nuevas iniciativas. "Hay que seguir estudiando nuevas avenidas para recorrer, no descartar ninguno de los medios pacíficos de solución de controversias y estar también preparados para lo que el Reino Unido pueda utilizar como maniobra", exhorta. A lo largo de la entrevista con Tiempo Argentino, Kohen va exponiendo una serie de ideas. Recuerda que la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (aprobada en 1982 por la 3ª Conferencia de la ONU sobre Derecho del Mar) contiene algunos mecanismos legales que podrían ser utilizados en la controversia. También plantea, como modelo para intentar una resolución de la cuestión de fondo –la soberanía–, estudiar el proceso de negociación que llevaron adelante Gran Bretaña y la República Popular de China por la maravillosa Hong Kong. Aquellas tratativas avanzaron con una posición intermedia: Hong Kong –ex colonia británica– volvió a ser territorio soberano de China, aunque fue beneficiado con un régimen especial de amplia autonomía respecto del resto de las provincias chinas.

"La explotación de los recursos hidrocarburíferos implicaría el agravamiento más serio del conflicto desde 1982. Ya no se trata solamente de la negativa a resolver la controversia, sino de la explotación de los recursos naturales no renovables del territorio, que pertenecen al pueblo argentino. Esto refuerza la necesidad de adoptar una posición más firme"

Por encima de todo, y como condición excluyente para lanzar iniciativas en el plano internacional, Kohen convoca a que la expresión "Malvinas, política de Estado" se convierta definitivamente en realidad. Su opinión es crítica con respecto al desempeño de algunos legisladores, en especial con los 39 diputados que votaron en contra de la modificación de la Ley 26.659 (hubo 11 abstenciones y muchos ausentes), cuyo objetivo era endurecer las penas para el delito de explotar hidrocarburos sin autorización en el mar territorial y la plataforma continental de la Argentina.

La ley se aprobó igual, con 143 votos afirmativos. "Lamento que, a diferencia de lo que ocurrió con la primera ley que se votó (NdR: por la versión original de la Ley 26.659), que se aprobó por unanimidad, esta reforma haya tenido votos en contra. Es de lamentar. En materia de Malvinas tiene que haber una sola posición de la Argentina en el plano internacional", remarca Kohen.

–El año próximo se cumplen 50 años de la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas de 1965 que instó a las dos partes a sentarse a negociar la disputa de soberanía por Malvinas. ¿Qué significa, para la Argentina, que hayan pasado 50 años?

–Que, a pesar de que las Naciones Unidas hayan establecido la manera de descolonizar esta situación especial, solución de la controversia de soberanía y respeto de los intereses de los habitantes, la cuestión sigue pendiente porque quien controla el territorio se niega a resolver la disputa. Hay una clara violación de la obligación de descolonizar y de la obligación de solución pacífica de controversias. La Asamblea General es el órgano más representativo porque están todos los Estados miembro de Naciones Unidas. Es un ámbito en el cual hay un país-un voto, y no hay derecho de veto. Además, la importancia de las resoluciones de la Asamblea General radica en el hecho de que en el ámbito de la descolonización, las resoluciones de la Asamblea General tienen una importancia especial, como lo reconoció la Corte Internacional de Justicia. La última resolución que adoptó la Asamblea General sobre Malvinas fue durante el gobierno de Alfonsín. Luego llegó Menem, y como usted sabe, se restablecieron las relaciones diplomáticas con el Reino Unido. Desde ese momento, no hubo más resoluciones de la Asamblea. Sin embargo, la cuestión sigue pendiente en su agenda. Una reflexión se impone. Los importantes éxitos obtenidos en foros regionales estos últimos años deben acompañarse por otros en ámbitos más amplios.

–Se supone que en poco tiempo el Reino Unido va a empezar a explotar la riqueza petrolera del espacio marítimo circundante a las islas. ¿Qué deberíahacer la Argentina?

–Durante el gobierno de Menem, con el canciller Guido Di Tella, Argentina y el Reino Unido celebraron un acuerdo que comprendía, únicamente, recursos hidrocarburíferos. Es decir, jamás el Reino Unido habló de compartir el tema de pesca. Según la interpretación de Di Tella, a través de ese acuerdo Gran Bretaña había aceptado que la Argentina cobrara regalías, al igual que el Reino Unido. Esa interpretación fue inmediatamente refutada por el Reino Unido que dijo, al día siguiente de la declaración, que no iban a permitir que la Argentina cobrara regalías. En tanto, sobre las licencias de explotación, los británicos le dijeron a Di Tella que YPF podría presentarse y que muy posiblemente iba a obtener alguna licencia. YPF había sido privatizada. YPF se presentó y, obviamente, no obtuvo ninguna licencia.

En realidad, el objetivo de ese acuerdo, para los británicos, era que la Argentina despejara toda dificultad de orden jurídico para que hubiera licencias de exploración y explotación. Ese acuerdo fue correctamente denunciado por la Argentina. La denuncia de ese acuerdo era una medida que la Alianza había dicho que iba a aplicar, pero cuando asumió el gobierno de la Alianza, no lo hicieron. No sé si fue porque no tuvieron tiempo –aunque pasaron dos años– o porque no hubo voluntad. Fue el gobierno de Néstor Kirchner el que procedió a hacer lo que habría prometido la Alianza: denunció ese acuerdo, totalmente contrario a los intereses nacionales. Lo hecho hasta ahora ha sido muy importante. Porque la Argentina denunció ese acuerdo leonino, tomó medidas en el plano interno con su legislación, que incluso se ha desarrollado y profundizado en los últimos meses, en base a las leyes que se adoptaron. Todo eso es muy importante. Y acaba de crearse una secretaría específica en el ámbito de la Cancillería para Malvinas.

"En materia de Malvinas tiene que haber una sola posición que Argentina adopte en el plano internacional. El avance de la estrategia diplomática para recuperar el ejercicio de la soberanía es responsabilidad del conjunto de los sectores políticos representados en el Parlamento. Y, como política de Estado, requiere continuidad y responsabilidad compartida"

–Con la designación en ese ámbito del ex senador Daniel Filmus...

–Exactamente. Lo cual muestra que el gobierno argentino es consciente de que hay que seguir avanzando. Se han hecho cosas muy positivas, pero obviamente hay que seguir avanzando. Hay que seguir estudiando nuevas avenidas, para recorrer. Yo creo que la creación de la secretaría es una muestra clara de que ese es el objetivo del gobierno. Porque Malvinas debe ser una prioridad de primer nivel. Insisto con algo: la explotación de los recursos hidrocarburíferos implicaría el agravamiento más serio del conflicto desde 1982. Y se trata de explotación de recursos no renovables.

–Al día de hoy, enero de 2014, ¿tiene ya Gran Bretaña una ecuación económica que haga rentable, y una oportunidad para hacer negocios, el extraer crudo en torno a Malvinas?

-Yo no soy (Miguel) Galluccio (presidente de YPF), y no soy especialista en petróleo. Pero no cabe duda de que hay recursos hidrocarburíferos en la zona, no cabe duda de que el costo de producción hoy puede ser más elevado que en otras partes del mundo. El Reino Unido no se propone explotar dentro de dos años: están hablando de 2017 o incluso de 2019. Independientemente de las dificultades que haya, tarde o temprano los recursos van a ser explotables, y desde el punto de vista económico, van a ser rentables. Dentro de cuatro años o dentro de siete. Ya ha habido explotación de recursos petrolíferos en áreas muy difíciles. Inclusive en el Mar del Norte, donde el Reino Unido tiene gran experiencia. Los británicos se están preparando: ya están adecuando la estructura portuaria en las islas. Quizás una empresa holandesa no se anime a correr el riesgo de explotar recursos en un territorio en disputa. Pero las empresas británicas serán menos temerosas, porque saben que Londres las protegerá.

–Usted sostiene que la oposición con representación legislativa tiene una gran responsabilidad en este tema, porque Malvinas debería ser una política de Estado y toda la sociedad argentina, con sus representantes, debería mostrarse unida...

-Lamento que algunos legisladores opositores, algunos, no todos, hayan votado en contra de la modificación de ley que establece sanciones penales para aquellas empresas o dirigentes de empresas que exploten recursos en la plataforma continental argentina. Esos legisladores estimaron que la ley no era factible de implementar. Plantearon una serie de argumentos que, la verdad, no son positivos para la posición de Argentina en el exterior. Y que aparte son juridícamente errados, porque la Argentina tiene todo el derecho a adoptar ese tipo de legislación y a aplicarla. En la medida en que pueda, lógicamente.

"Se han hecho cosas muy positivas, pero obviamente hay que seguir avanzando. Hay que seguir estudiando nuevas avenidas, para recorrer. Yo creo que la creación de la secretaría es una muestra clara de que ese es el objetivo del gobierno. Porque Malvinas debe ser una prioridad de primer nivel."

Porque sanciones penales pueden aplicarse únicamente en el ámbito territorial propio. La Argentina no puede ir a perseguir a un gerente de esas empresas en el Reino Unido. Pero toda legislación que endurezca las sanciones contra esas empresas es bienvenida. En materia de Malvinas tiene que haber una sola posición que Argentina adopte en el plano internacional. El avance de la estrategia diplomática para recuperar el ejercicio de la soberanía es responsabilidad del conjunto de los sectores políticos representados en el Parlamento. Y, como política de Estado, requiere continuidad y responsabilidad compartida.

Tomemos el ejemplo de Chile y la controversia que tiene con Perú por los espacios marítimos. Perú llevó el caso a la Corte Internacional de Justicia. En ese momento gobernaba Bachelet. Bachelet llamó a todos los sectores para adoptar una política común: ¿qué hacer frente a la demanda de Perú? Todos los sectores estuvieron de acuerdo en seguir una política común ¿Después, qué pasó? Cambió el gobierno, llegó Piñera. Y Piñera hizo lo mismo. Y ahora estamos nuevamente ante un cambio de gobierno. Los chilenos, con esta cuestión asumieron una política de Estado: ni quien hoy está en el gobierno, que dentro de poco estará en la oposición, ni tampoco sus adversarios, utilizan esta controversia con fines electorales. Perú y Bolivia también enfocaron sus disputas judiciales con Chile con un amplio consenso nacional. En nuestro caso, la política de Estado requiere que las decisiones fundamentales sobre la cuestión, en particular las nuevas avenidas que sean necesarias recorrer, sean objeto de consenso entre las fuerzas políticas representativas, y que se asuma conjuntamente la responsabilidad de las decisiones.

–En los últimos años, en los que creció la actividad industrial y el consumo, la Argentina pasó de autoabastecerse en materia energética a ser un importador de combustible. ¿Esto puede influir en la disputa con Gran Bretaña por el uso de los recursos energéticos?

–El hecho de encontrarnos en una situación distinta, de habernos convertido en importadores de energía cuando en un momento dado éramos autosuficientes, al ver que la potencia colonial explota nuestros recursos naturales, nuestra energía, es un elemento más que prueba la necesidad de adoptar una posición más firme. La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar adoptó en 1982 la Convención sobre el Derecho del Mar. Es la misma convención que nos permitió ir a Hamburgo para recuperar la Fragata Libertad. Esa convención rige todas las cuestiones relativas al Derecho del Mar: la navegación de los buques de guerra es sólo uno, la plataforma continental, la zona económica exclusiva y los recursos en los espacios marítimos son otros.

Aquella conferencia de la que yo hablaba, que luego adoptó la convención, adoptó una resolución en la que dice que en los casos de territorios no autónomos –territorios sujetos a descolonización, como se los llama en la Carta de las Naciones Unidas– en los cuales existe una controversia de soberanía "deberán adoptarse acuerdos prácticos que no interfieran con la solución del conflicto". Eso es muy importante. Esa resolución, además, hace referencia a que esos acuerdos prácticos deben ser en beneficio del pueblo del territorio en cuestión. El Reino Unido interpreta esto de una manera y la Argentina de otra. Los británicos consideran que en las Malvinas existe un pueblo, separado, con derecho de libre determinación, cosa que la Asamblea General de las Naciones Unidas nunca reconoció, y que nosotros –por supuesto– tampoco reconocemos. El "pueblo del territorio" es el pueblo argentino, no los intereses económicos británicos escudados detrás de los residentes británicos.

EL ANTECEDENTE DE LA FRAGATA LIBERTAD

–Usted fue pieza clave en la defensa de los derechos argentinos cuando se retuvo la Fragata Libertad. ¿Qué balance hace de aquel conflicto y de su resolución?

–Gracias a la decisión que obtuvimos en Hamburgo, la situación de la Fragata hoy es realmente mucho más segura.

Si la Fragata Libertad toca puertos de países que son parte de la Convención de Naciones Unidas sobre Derecho del Mar, la Argentina puede confiar en que, si a algún juez díscolo como el que intervino en Ghana se le ocurriera embargarla, el Estado sabrá por adelantado cuál va a ser la posición del Tribunal de Derecho del Mar.

FUENTE: INFOnews

La Cancillería Respondió que la Explotación de Crudo en Malvinas Viola el Derecho Internacional

2013-12-18T10:03:08-03:00

La Cancillería argentina sostuvo que el Reino Unido realiza “una manifiesta violación” de las resoluciones de Naciones Unidas (ONU) y las declaraciones internacionales al “promover y autorizar la exploración y explotación de recursos naturales renovables y no renovables” en las Islas Malvinas.

A través de una carta a la embajada británica en Buenos Aires, el ministerio respondió formalmente las acusaciones de Londres, que el lunes protestó contra la ley aprobada el mes pasado por el Congreso para penalizar a aquellas empresas y personas que realicen exploraciones petroleras sin permiso del gobierno nacional.

“Si bien no menciona en su texto específicamente a las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur, en su nota el gobierno británico reconoce que esa ley se aplica a los espacios marítimos circundantes a esos archipiélagos, y no podría ser de otro modo, ya que son parte integral del territorio argentino”, señaló la misiva de Cancillería.

La carta expresó su rechazo a “la pretensión del Reino Unido de promover y autorizar la exploración y explotación de recursos naturales renovables y no renovables en el área bajo disputa de soberanía”.

Recordó que esas acciones “son una manifiesta violación de lo dispuesto por la resolución 31/49 de la Asamblea General de la ONU, que insta a las dos partes en la controversia a que se abstengan de introducir modificaciones unilaterales” mientras se negocie una solución al conflicto, tal como recomendó también el organismo internacional en su resolución 2065.

La cartera a cargo de Héctor Timerman también indicó que los países del Mercosur y Estados Asociados reconocieron “el derecho que asiste a Argentina para adoptar las acciones legales contra las actividades de exploración y explotación no autorizadas de hidrocarburos en el área en controversia”.

“...son una manifiesta violación de lo dispuesto por la resolución 31/49 de la Asamblea General de la ONU, que insta a las dos partes en la controversia a que se abstengan de introducir modificaciones unilaterales” mientras se negocie una solución al conflicto, tal como recomendó también el organismo internacional en su resolución 2065.

“La pretensión del Reino Unido de autorizar actividades en el área bajo disputa de soberanía se halla, además, en violación de la obligación de resolver pacíficamente las controversias internacionales reflejada en la Carta de las Naciones Unidas”, agregó.

El gobierno argentino insistió en que el derecho a la libre determinación de los pueblos con el que se escuda Londres para no mantener conversaciones, “resulta total y evidentemente improcedente e inaplicable a la controversia sobre la soberanía de las Islas Malvinas”.

“Al invocarlo con el propósito de continuar una situación colonial, tal posición británica intenta desnaturalizar ese principio, violentando los fines para los cuales fue concebido”, agregó.

La carta también exhortó al gobierno británico “a cumplir con sus obligaciones en materia de solución pacífica de controversias y en consecuencia a reanudar las negociaciones relativas a la soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes”.

El Foreign Office se quejó ayer ante la embajada argentina en Londres por la modificación a la ley 26.659 que aprobó en noviembre el Congreso, que incorporó la "responsabilidad penal" para "personas físicas y jurídicas que sin la autorización realicen actividades de exploración o explotación de hidrocarburos en el lecho o en subsuelo del mar territorial o en la plataforma continental argentinos".

La iniciativa prevé penas de prisión de hasta 15 años; multas equivalentes al valor de 1,5 millones de barriles de petróleo, la inhabilitación de las personas y las empresas para operar en Argentina, y el decomiso de los equipos e hidrocarburos que se hubiesen extraído ilegalmente.

FUENTE: Télam

Baltasar Garzón: "La Justicia Internacional Es de Ida y Vuelta"

2013-09-23T14:34:04-03:00

El jurista español Baltasar Garzón sostuvo que la Justicia internacional "es de ida y vuelta", al referise a la histórica decisión de la jueza local María Servini de Cubría de investigar crímenes de lesa humanidad durante la dictadura franquista en España.

"El principio de jurisdicción internacional es de ida y vuelta. Acá (en Argentina) no se podía hacer efectiva y eso permitió que en otros países sí se hiciera. Ahora, vivimos la misma situación, pero a la inversa", dijo Garzón en una entrevista, en el marco de una charla que brindó en el auditorio de Radio Nacional. Del evento participó el Dr Pablo Vassel, titular de la Unidad de Derechos Humanos del Consejo de la Magistratura.

Putin Advierte a Occidente que No Tome Medidas Unilaterales sobre Siria

2013-09-04T15:48:54-03:00

El presidente ruso, Vladímir Putin, advierte a Occidente que no tome medidas unilaterales sobre Siria en una entrevista concedida al canal de televisión ruso Pervy Kanal y a la agencia AP.

Durante la entrevista el presidente ruso reiteró que todavía no hay "datos exactos" sobre el supuesto ataque químico en Siria.

"Creemos que como mínimo hay que esperar los resultados de las investigaciones realizadas por la comisión de inspectores de la ONU", afirmó.

Asimismo, insistió en que considera "absurdo" que las fuerzas de Al Assad, que actualmente están atacando y logrando victorias, empezaran a emplear armas químicas sabiendo que esto podría conllevar nuevas sanciones e incluso una acción militar contra ellas.

Y si se determina que fueron los rebeldes quienes emplean armas de destrucción masiva, ¿qué va a hacer con ellos EE.UU.? ¿Qué van a hacer estos patrocinadores con los rebeldes? ¿Dejarán de suministrarles armas? ¿Empezarán acciones militares contra ellos?

"Nos convencerá una investigación profunda y la presencia de datos que sean evidentes y que demuestren claramente quién empleó [armas químicas] y qué sustancias se usaron", dijo Putin.

"Después de esto estaríamos dispuestos a actuar de la manera más firme y seria", agregó.

POSIBLE ATAQUE DE EE.UU. CONTRA SIRIA Y POSTURA DE OTROS PAISES

El mandatario no descartó que podría aceptar la operación militar de EE.UU. si hay pruebas irrefutables de que fue el Gobierno de Al Assad quien empleó armas químicas.

No obstante, quiso destacar que "de acuerdo con el derecho internacional vigente, solo el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas puede autorizar una acción militar contra un Estado soberano".

“Cualquier otra causa, pretexto que justifiquen el uso de la fuerza contra un Estado independiente y soberano son inaceptables y solo pueden ser calificados como una agresión”, señaló.

“Y si se determina que fueron los rebeldes quienes emplean armas de destrucción masiva, ¿qué va a hacer con ellos EE.UU.? ¿Qué van a hacer estos patrocinadores con los rebeldes? ¿Dejarán de suministrarles armas? ¿Empezarán acciones militares contra ellos?”, se preguntó el presidente ruso.

Putin alabó las decisiones de ciertos países de no participar en la operación militar contra Siria. “Sinceramente eso me sorprendió porque pensaba que en la comunidad occidental ya se hace todo de acuerdo con los principios de una cierta uniformidad, pero resultó que no es así”.

“Resulta que hay personas que valoran su soberanía, analizan la situación y tienen la valentía para tomar decisiones en los intereses de sus propios países, para defender su punto de vista”, dijo Putin.

“Eso es muy bueno, eso demuestra que el mundo realmente se fortalece en su multipolaridad”, agregó.

SUMINISTRO DE ARMAMENTO A SIRIA

Putin confirmó que Rusia sigue cumpliendo con los contratos para la venta de armamento a Siria.

Pero si vemos que se toman medidas relacionadas con las violaciones del derecho internacional, vamos a pensar en cómo actuar en el futuro, incluyendo el suministro de ese armamento a ciertas regiones del mundo

Sobre los sistemas S-300, el presidente señaló que “hay un contrato” para su suministro a Siria, “hemos suministrado algunos componentes, pero toda la entrega todavía no se ha completado y por el momento está suspendida”.

“Pero si vemos que se toman medidas relacionadas con las violaciones del derecho internacional, vamos a pensar en cómo actuar en el futuro, incluyendo el suministro de ese armamento a ciertas regiones del mundo”, añadió.

CANCELACIÓN DE LA REUNIÓN CON OBAMA Y RELACIONES CON EE.UU.

Durante la entrevista se trató también el tema de la cancelación de la reunión con el presidente de EE.UU., Barack Obama. Putin se mostró decepcionado por esta decisión, aunque afirmó que no se trata de una “catástrofe”.

“Somos conscientes de que la posición de Rusia en algunos temas provoca cierta irritación en la administración estadounidense. Pero no hay nada que podamos hacer al respecto”, dijo el presidente ruso.

“Creo que en realidad en vez de irritarse sería mejor y tener paciencia y trabajar para encontrar soluciones”, opinó.

Sin embargo, expresó su esperanza en que, a pesar de todo, tendrá la oportunidad de hablar con su homólogo estadounidense durante la cumbre del G-20 en San Petersburgo.

Las relaciones con EE.UU. en general fueron calificadas por el presidente ruso como “una difícil e intensa colaboración”.

“Pero ni el presidente Obama fue elegido por el pueblo estadounidense para ser agradable para Rusia, ni este humilde servidor fue elegido por el pueblo ruso para ser agradable a nadie”, dijo Putin.

Hay que recordar que la decisión de Barack Obama de cancelar su reunión prevista con Vladímir Putin se debió en parte a la decisión de Rusia de otorgar el asilo temporal al extécnico de la CIA Edward Snowden, quien reveló el espionaje masivo de los servicios secretos norteamericanos. A este respecto, el presidente ruso dijo que “ya está claro” que Snowden se puede quedar en Rusia y “puede sentirse a salvo aquí”.

RELEVAMIENTO Y EDICIÓN: Imanol Barrangú

FUENTE: RT

El Vuelo de Evo Morales y el Derecho Internacional

2013-07-03T15:22:09-03:00

“Inaceptable” considera Bolivia el incidente con el sobrevuelo europeo de su presidente. De "abuso de la soberanía" y de "supeditación a intereses ilegales de terceros" lo calificó un especialista.

Que Italia, Portugal, Francia y España hayan puesto problemas al sobrevuelo del avión que llevaba al presidente de Bolivia, Evo Morales, deja los ánimos caldeados y plantea profundas cuestiones en cuanto a la legalidad de los hechos y los móviles de los gobiernos europeos.“Lo consideramos inaceptable y lo condenamos de manera enérgica”, decía a DW René Fernández Revollo, embajador de Bolivia ante la Unión Europea.

“Es una violación del derecho internacional y de la convención de Viena que otorga inmunidad a los mandatarios. Nos apena mucho que haya naciones europeas que se presten a las presiones del gobierno norteamericano y hayan sido usadas como agentes para poner en práctica esta prepotencia imperial”, decía el diplomático subrayando que los homólogos latinoamericanos se han solidarizado con el mandatario boliviano.

TOTALMENTE INCOMPATIBLE CON EL DERECHO INTERNACIONAL

“De insólito y falto de honorabilidad”, calificó el hecho el Antonio Remiro Brotóns, catedrático de Derecho Internacional de la Universidad Autónoma de Madrid.

“Si bien un Estado tiene soberanía sobre su espacio aéreo, debe utilizarla de una forma razonable y proporcionada, y sólo atendiendo a un riesgo real puede negarle el espacio aéreo a un avión civil que transporta a un jefe de Estado en retorno pacífico a su país. Es una actitud absolutamente disconforme e incompatible con la inmunidad de un jefe de Estado extranjero y con el respeto que merece”, explica el especialista.

Para Remiro Brotóns no queda duda que los gobernantes europeos han actuado por presiones de Estados Unidos, que presumía la presencia del fugitivo Edward Snowden en ese avión. “Es inimaginable que, de otra manera, el gobierno francés, portugués, italiano o español tengan un interés específico en perturbar sus relaciones con Bolivia, donde tienen intereses”

Más aún, “no puede abusar de esa soberanía y ponerla al servicio de una ilegalidad, de un gobierno que ha actuado delictivamente con el país que ahora se pone a su servicio”, puntualiza.

PRECEDENTE PELIGROSO

Particularmente delicado ve el especialista que “en la cabeza del presidente boliviano se haya querido colocar a todos aquellos que sostienen la idea, muy razonable, de que por lo menos debe considerarse la petición de asilo del señor Snowden, que está siendo perseguido políticamente en un país que ha infringido manifiestamente las normas internacionales”.

En su opinión, esto sentaría un mal precedente: “a cualquiera que hable en términos de examinar una petición de asilo, se le puede decir no y lo contario aténgase a la consecuencias. La opinión pública internacional no puede estar a favor de las decisiones que han tomado de una forma tan indigna estos gobiernos europeos”.

Por otro lado, ve inadmisible que gobiernos que “han sido espiados se conviertan en menestrales de un gobierno que está actuando con manifiesta laxitud internacional; poner su soberanía al servicio de ese propósito es una actitud de complicidad que no está conforme con normas internacionales”.

¿NO ES CUESTIÓN DE BRUSELAS?

No se sabe aún qué alcance tendrá el incidente, que es calificado por el embajador boliviano como sumamente delicado pues –a pesar de las supuestas mejores intenciones con el continente americano puestas de manifiesto en las cumbres- “esto demuestra que los europeos no tienen respeto por la dignidad de esos pueblos”.

Portavoces de la Comisión Europea, por su parte, respondieron que mientras no se conozcan los motivos de estos países europeos para actuar de esa manera no se podría hacer ningún comentario al respecto. Subrayan, eso sí, que el espacio aéreo es una competencia de cada Estado soberano.

“Menos mal que el espacio aéreo no es competencia común y así el presidente Morales pudo aterrizar en Viena”, dice al respecto Remiro Bretóns. “De lo contrario si todos los gobiernos del espacio aéreo de la UE hubieran negado el tránsito, habríamos tenido que ver cómo el avión caía al suelo una vez que se hubiera quedado sin combustible. Esto pone de manifiesto el nivel de moral bajísimo que han alcanzado nuestros gobernantes, que se dejan su soberanía en la basura cuando se ven espiados, pero reclaman su soberanía aérea para combatir a aquel que rechaza ese tipo de presiones”, concluye.

RELEVAMIENTO Y EDICIÓN: Imanol Barrangú

FUENTE: DW