La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le dio un plazo de tres días al gobierno de Colombia para que le curse la última información que necesita para decidir sobre el pedido de aplicación de medidas cautelares formulado por el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, ante lo que denunció como una persecución política en su contra. La secretaria ejecutiva de la CIDH, Elizabeth Abi-Mershed, informó al abogado del alcalde, Rafael Barrios, sobre el pedido de información que había enviado previamente a la cancillería colombiana y que deberá estar satisfecho no más allá de mañana viernes.
La CIDH está interesada en conocer "las observaciones pertinentes" de la cancillería sobre tres puntos: 1) la situación actual de los procesos señalados por los solicitantes, 2) los recursos judiciales disponibles al respecto y 3) su posición (del gobierno) sobre la solicitud de medidas cautelares presentadas".
Petro, un ex guerrillero del M-19 integrado a la política legal en los años 80 de siglo pasado, luego de un diálogo de paz con el gobierno, viajó el 18 de diciembre pasado a Washington para presentar su caso ante la CIDH después de que la Procuraduría General declarara el 9 de diciembre su destitución e inhabilitación por 15 años.
La destitución de Petro partió en dos a la sociedad colombiana y a sus partidos. La ultraderecha del ex presidente Álvaro Uribe (2002-2010) aplaude la decisión del procurador Alejandro Ordóñez. Todo el resto del arco político condenó las medidas –destitución e inhabilitación– por verlo como el peor de los mensajes hacia los alzados en armas, que negocian con el gobierno su reintegro a la vida legal.
La destitución de Petro partió en dos a la sociedad colombiana y a sus partidos. La ultraderecha del ex presidente Álvaro Uribe (2002-2010) aplaude la decisión del procurador Alejandro Ordóñez, un funcionario administrativo llegado a la Fiscalía justamente a proposición de Uribe. Todo el resto del arco político condenó las medidas –destitución e inhabilitación– por verlo como el peor de los mensajes hacia los alzados en armas, que negocian con el gobierno su reintegro a la vida legal y reclaman garantías políticas, justamente lo que el fallo contra Petro está negando al castigar a alguien que, en su momento, se sumó a una amnistía con garantías.
La destitución de Petro partió en dos a la sociedad colombiana y a sus partidos. La ultraderecha del ex presidente Álvaro Uribe (2002-2010) aplaude la decisión del procurador Alejandro Ordóñez, un funcionario administrativo llegado a la Fiscalía justamente a proposición de Uribe. Todo el resto del arco político condenó las medidas –destitución e inhabilitación– por verlo como el peor de los mensajes hacia los alzados en armas, que negocian con el gobierno su reintegro a la vida legal y reclaman garantías políticas, justamente lo que el fallo contra Petro está negando al castigar a alguien que, en su momento, se sumó a una amnistía con garantías.
El 13 de diciembre, el analista del diario conservador El Espectador, Julio César Londoño, lanzó una bomba de tiempo al denunciar que los empresarios que accionaron contra Petro y lograron los favores del Procurador eran William Vélez y los hermano Tomás y Jerónimo Uribe Moreno. El primero, ha sido el gran financista de las campañas electorales de Uribe. Los segundos son los dos únicos hijos del ex presidente. Las medidas contra Petro aún no han sido ejecutadas porque Ordóñez debe fallar primero sobre el recurso de reposición que interpuso el alcalde el pasado 31 de diciembre para que revise la decisión administrativa.
RELEVAMIENTO Y EDICIÓN: Carolina Martínez
FUENTE: Infonews
Petro insistió en que la medida en su contra es "un golpe de Estado" que afecta "al segundo cargo de elección popular más importante del país, que es el de alcalde de Bogotá por la economía de la ciudad".