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Fundamentar - Internacional https://fundamentar.com Thu, 28 Mar 2024 06:25:57 -0300 Joomla! - Open Source Content Management es-es El estallido colombiano https://fundamentar.com/internacional/item/6473-el-estallido-colombiano https://fundamentar.com/internacional/item/6473-el-estallido-colombiano Jornada de protestas en Colombia y represión policial

Una multitudinaria ola de movilizaciones logró poner en jaque a la reforma tributaria que promovía el gobierno de Iván Duque. La represión de la protesta y las violaciones a los derechos humanos se hicieron patentes. Duque y el uribismo se enfrentan a una creciente impopularidad y a la crítica de una ciudadanía cada vez más movilizada.

Desde el 28 de abril, Colombia vive una multitudinaria ola de movilizaciones similar a la que se produjo en 2019, con causas de descontento semejantes. Este nuevo ciclo de protestas tiene lugar en el tercer pico de la pandemia, en medio de un frágil proceso de paz y con los peores indicadores sociales de la historia del país. El covid-19 ha sido particularmente fuerte con la sociedad colombiana: al día de hoy, Colombia es el tercer país con mayor número de muertos y contagiados en América Latina. Además, el nivel de pobreza llegó a 42%, valor que no se veía desde hace una década. Hoy, 15% de los colombianos viven en la pobreza extrema y no logran consumir tres comidas al día.

En este contexto, el renunciado ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla presentó la reforma tributaria más ambiciosa, en términos de recaudación, de los últimos años. Lo hizo, principalmente, para pagar la elevada deuda del país e intentar frenar una posible pérdida del grado de inversión de las calificadoras internacionales. En menor medida, lo hizo también para invertir en programas sociales.

La reforma tributaria, que el gobierno llamó eufemísticamente «Ley de Solidaridad Sostenible», fue impopular incluso antes de que su contenido se diera a conocer. El ministerio socializó partes de la reforma antes de que fuera radicada con gremios empresariales amigos e incluso estuvo en una reunión cerrada en palacio con Tomás Uribe, el hijo del ex-presidente Álvaro Uribe, quien no tiene ningún cargo político o mandato oficial. Esto, como era de esperarse, incomodó a varios políticos. Una vez que se conoció la reforma, los partidos políticos de oposición promovieron una votación negativa en el Congreso. Algunos partidos cercanos al gobierno, como Cambio Radical, también se opusieron a la propuesta, y ni el mismo Álvaro Uribe lucía muy convencido de ella.

Hasta ese momento, parecía tratarse de otra propuesta de reforma tributaria impopular que iba a ser aprobada en la sede parlamentaria. Hay que recordar que, en 2016, el ex-presidente Juan Manuel Santos aumentó la tarifa general del IVA de 16% a 19%. Además, las dos pasadas reformas de Iván Duque incluían beneficios tributarios onerosos para grandes empresas. Todas estas fueron medidas impopulares que lograron aprobación parlamentaria sin mayor escrutinio. Las cuentas en el Congreso para aprobar la Ley de Solidaridad no parecían fáciles, dado el rechazo de los partidos cercanos al gobierno. Sin embargo, Uribe ya se estaba encargando de conversar personalmente con ellos para lograr los votos necesarios con el fin de lograr una mayoría. Con la presión directa del ex-presidente, era probable que finalmente se consiguiera el resultado favorable.

Sin embargo, el futuro de la reforma no se definió en el Congreso, como había sucedido siempre, sino en las calles, lo que marca un hecho inédito en Colombia. Si bien aun antes de la radicación del proyecto las centrales obreras habían convocado un paro para el 28 de abril, la divulgación del articulado de la ley días antes de la protesta convirtió el rechazo hacia la reforma  –y hacia el ministro– en el lema de la movilización. El malestar venía de algunos puntos específicos de la ley, como ciertos aumentos en el IVA a servicios públicos e impuestos a los combustibles, y el congelamiento de los salarios de los empleados públicos, quienes tienen el convenio colectivo con mayor cobertura en el país. La molestia principal no eran los eventuales resultados de la reforma –podía beneficiar a los más pobres con ayudas sociales y reducir la desigualdad de ingresos–, sino el sujeto al que presionaba para conseguir su objetivo. La presión tributaria no se dirigía a los estratos más ricos de la sociedad, sino a los ya golpeados sectores medios. Y es que lo que hoy en Colombia se conoce como clase media es un amplio conglomerado integrado mayoritariamente por individuos que no ganan ni siquiera el salario mínimo y que tienen una limitada capacidad contributiva, en un país con pocos servicios y bienes sociales públicos.

La ley dejó en evidencia la desconexión entre la tecnocracia colombiana y su pueblo. Este alejamiento quedó evidenciado en una entrevista en la que el ministro, mientras explicaba las medidas sobre el IVA que llevarían al aumento del precio de los huevos, señaló que 12 huevos en Colombia costaban menos de una tercera parte de lo que en realidad valen. Tras las declaraciones, el huevo se convirtió en un símbolo que se incorporó en las pancartas de las manifestaciones y el ministro, por su parte, pasó a personificar la desconexión del gobierno con la sociedad. Una desconexión similar se vio también entre el pueblo y la academia ortodoxa, que constantemente trató a los manifestantes de desinformados que no entendían la filigrana de la reforma y por eso se oponían a ella. Treinta destacados economistas del país llegaron a redactar una carta pública apoyando la propuesta tributaria.

A pesar de que Colombia está pasando por el tercer pico de la pandemia –el más fuerte hasta el momento–, las manifestaciones han sido multitudinarias, incluso en ciudades intermedias bastante conservadoras. Su pregnancia ha sido tal que las protestas han continuado, a pesar de que el 27 de abril un tribunal ordenó su suspensión y de que rigen diversos decretos de toques de queda (algunos regían ya por la pandemia y otros se produjeron para frenar las protestas). En algunas ciudades las manifestaciones han sido particularmente fuertes. Cali, que hoy se autodenomina la «capital de la resistencia», en medio de un desabastecimiento general y del bloqueo de todas las entradas, incluso la del aeropuerto, es quizás la expresión máxima de ello. Los líderes locales de las grandes ciudades como Bogotá, Medellín y la misma Cali no solo desafiaron los decretos de suspensión y los toques de queda, sino que se posicionaron directamente en contra de la militarización ordenada por el gobierno. Algunas ciudades medianas buscaron salidas democráticas pacíficas, por ejemplo en mesas conjuntas de la ciudadanía y los militares, como sucedió en Cartagena.

Aunque ya hubo muertos en las manifestaciones anteriores, el estado de violencia y represión que se ha vivido no tiene precedentes. Temblores, una importante organización de defensa de los derechos humanos, ha reportado, entre el 28 de abril y el 4 de mayo, 31 víctimas por violencia homicida por parte de la policía y más de 1.443 casos de violencia policial, incluyendo violencia sexual contra mujeres. La Defensoría del Pueblo reporta un número de 88 desaparecidos, mientras que distintas organizaciones no gubernamentales hablan de más de 170. Muchos temen que la ineficacia del sistema judicial lleve otra vez a la impunidad de estos crímenes, como ya sucedió con casos semejantes en 2020. Los medios y el establishment han sostenido, por su parte, que se han producido graves e injustificables ataques contra la policía y vandalismo contra propiedad pública y privada. En una sociedad que, tras años de conflicto interno, se encuentra inmersa en un proceso de justicia transicional cuyo lema es el de «no repetición», el escenario resulta aterrador. Colombia ya ha padecido ciclos muy fuertes de conflicto interno como para ignorar que más violencia evoca aún más violencia, en un espiral que parece no tener fin.

Para ponerlo en contexto, las violaciones de derechos humanos por parte de la policía superan, en solo cuatro días, las cometidas en Chile durante varios meses de protesta en 2019. Organizaciones de la sociedad civil colombiana denuncian que la violencia policial es una práctica difundida dentro de las manifestaciones. Mientras continúan las violaciones de derechos humanos, la consejera presidencial de Derechos Humanos aseguró en una entrevista que «los derechos humanos solo existen si todos los ciudadanos observamos los deberes que tenemos para ser parte de la sociedad, porque la protección de los derechos es un asunto de todos». De manera semejante reaccionó también el gobierno ante las críticas de múltiples organismos internacionales, que pidieron el 4 de mayo una aclaración de los hechos cometidos y el respeto de los derechos humanos.

En medio de esta escalada de violencia, el paro tuvo su primer triunfo el 2 de mayo: el presidente ordenó retirar la reforma tributaria y aceptó la renuncia de Carrasquilla. Esto representa un descalabro político para un gobierno muy debilitado y un problema para el partido del gobierno en vistas a las elecciones de 2022.

La realidad es que la gestión del presidente Duque siempre ha sido impopular, pero su manejo de la pandemia –basado casi exclusivamente en decretos– y sus desatinos continuos en su programa diario de televisión no han hecho más que empeorar su imagen. Además, desde hace más de un año, el Congreso solo actúa de manera virtual y se esfuerza poco por cumplir su función de control político. Este hecho ha contribuido a llevar a la democracia colombiana a una crisis.

Frente a la continuación anunciada del paro, la pregunta es cómo superar, en medio de la violencia desbordada, la profunda crisis de gobernabilidad de esta administración. La estrategia del gobierno para manejar la protesta parece ser la misma que en 2019: iniciar un diálogo, cuando lo que realmente se necesita es una negociación seria. Además, junto con los actos de violencia policial, no queda claro si esta estrategia de diálogo puede llevar a desescalar la situación y a reparar la confianza de los sectores que se han movilizado. El problema es tan agudo que algunos manifestantes, al igual que el ala de extrema derecha del partido de gobierno, han pedido la destitución del presidente. Otros sectores están pidiendo, por su parte, la declaración de un estado de conmoción interior.

La falta de apoyo al presidente, la crisis derivada de la pandemia y las protestas multitudinarias con altos niveles de violencia, en medio de la crisis social y económica más grande de la historia, parecen constituir una carga demasiado grande para Duque. Pero en el sistema presidencialista no hay salidas fáciles para un gobierno que enfrenta una crisis de esta magnitud. Para salir de la crisis de gobernabilidad, algunos miembros destacados del partido de gobierno han pedido un cambio inmediato en la Presidencia. Seguramente, el partido tiene entre sus opciones explotar las manifestaciones para estos fines. Desde fuera, esta parece ser una estrategia arriesgada, porque el espectro político de la centroderecha y la extrema derecha no ha definido sus candidaturas hasta ahora. En el Centro Democrático, el partido del presidente, no ha surgido un liderazgo convincente. Es probable que, confiando en el fuerte institucionalismo que siempre ha guiado al pueblo colombiano y que ha garantizado la estabilidad del sistema político, se busque finalmente una salida institucional. Esta se presenta en menos de diez meses, a través de elecciones legislativas y luego presidenciales.

https://www.youtube.com/watch?v=0b_C4DlITIA

Si bien es cierto que el gobierno y Centro Democrático salen de la última semana fuertemente debilitados, no es fácil identificar ganadores políticos que puedan beneficiarse de esta crisis. Ganan, seguramente, los partidos políticos de la oposición, que se posicionaron pronto contra la reforma y que, además, han estado acompañando las protestas en los territorios. El llamado Pacto Histórico, una alianza alrededor del candidato de izquierda Gustavo Petro, parece tomar impulso. El Pacto Histórico ha apoyado abiertamente al comité del paro, aunque también otros partidos han declarado empatía y solidaridad con los manifestantes. En efecto, según las más recientes encuestas, Petro tiene las mejores posibilidades de ganar las elecciones de 2022. Esto es así incluso cuando recientes sondeos también indican que la mayoría de los colombianos se ubican en el centro dentro del espectro político. Sin embargo, hay que tener en cuenta que las encuestas no siempre resultan confiables: recordemos que los sondeos realizados en Colombia en 2016 anunciaban un resultado afirmativo arrollador al plebiscito sobre el Acuerdo de Paz.

Sea quien fuere la ganadora o el ganador de esta situación, algo resulta evidente: para ganar la primera vuelta de las elecciones presidenciales, esa persona deberá ser capaz de movilizar no solo a los manifestantes, sino también a una buena parte del establishment.

Quien gane políticamente con la situación de 2021 se enfrentará, además, a un nuevo reto: la caída de la reforma tributaria y del ministro. Este es un hito histórico que muestra que Colombia se encuentra frente a un despertar democrático de la ciudadanía hacia temas de justicia económica, además de poner en claro la vocación ciudadana de que las políticas públicas se hagan de frente y no de espaldas a ella. Para realizar cambios estructurales y transformar la sociedad colombiana, será precisa una alianza que pueda inspirar una mayor confianza popular y la certeza de que se construirá una democracia deliberativa más incluyente, con una propuesta social y económica más equitativa. A su vez, será necesario asumir que los proyectos políticos deben ser consensuados y discutidos más ampliamente con sectores políticos y sociales diversos. El progreso hacia la paz estable y la justicia social debe hacerse a través de una solución negociada de estos conflictos socioeconómicos, fortaleciendo las instituciones democráticas y cumpliendo las normas internacionales de derechos humanos.

 

(*) María Fernanda Valdés es economista, máster en Desarrollo por el Instituto de Estudios Sociales (Holanda) y doctora en Economía por la Universidad Libre de Berlín. Actualmente se desempeña como coordinadora de proyectos en la Fundación Friedrich Ebert (FES) en Colombia y como coordinadora del proyecto Tributación para la Equidad de la FES en América Latina. 

(**) Kristina Birke Daniels Magíster en Teoría Económica en Relaciones Internacionales de la Universidad de Aberystwyth. Directora de la Fundación Friedrich-Ebert-Stiftung en Colombia (FESCOL), desde 2018. Fue representante de Friedrich Ebert Stiftung (FES) en Marruecos, Rabat, 2012-2016, y encargada de América Central y de la coordinación sindical en América Latina, FES, Berlín.

FUENTE: Nueva Sociedad

RELEVAMIENTO Y EDICIÓN: Camila Elizabeth Hernández

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hola@fundamentar.com (María Fernanda Valdés (*) y Kristina Birke Daniels(**)) Internacional Thu, 06 May 2021 14:51:37 -0300
Una fosa común con himno nacional https://fundamentar.com/articulos/opinion/item/6415-una-fosa-comun-con-himno-nacional https://fundamentar.com/articulos/opinion/item/6415-una-fosa-comun-con-himno-nacional Una fosa común con himno nacional

¡Hola! Ya estamos promediando el noveno mes del año. Increíble, ¿verdad? Por ahí leí que aunque la pandemia siga causando estragos, la política volvió en América Latina, y con todo. Hoy volvemos a nuestro continente con dos temas que, tristemente, son parte de la regla y no de la excepción. Colombia vuelve a ser noticia por la represión estatal, y Perú vive su enésima crisis política.

 

Cuando las ‘armas no letales’ se vuelven letales

Caía la madrugada en Bogotá, la capital de Colombia, cuando dos Policías comenzaron a descargar sus pistolas Taser sobre el cuerpo de Javier Ordóñez, un abogado de 43 años que trabajaba como taxista. Ordóñez suplicó en varias oportunidades que por favor terminasen con la tortura, oportunamente capturada por las cámaras de los celulares de algunos testigos.

La Policía siguió aplicándole descargas, y luego se lo llevaron a un Comando de Acción Inmediata (CAI) perteneciente a la fuerza pública. A las pocas horas, el cuerpo sin vida de Ordóñez llegaba al hospital.

https://twitter.com/jmkarg/status/1304052239015776262

El cobarde asesinato de Javier Ordóñez desató una serie de protestas contra el abuso policial que tuvieron su epicentro en Bogotá y luego se extendieron hacia municipios cercanos como Soacha o Madrid, pero también se replicaron en otras grandes ciudades, como Cali y Medellín. El saldo de estas manifestaciones fueron de 10 personas fallecidas, en su gran mayoría jóvenes que habían salido a protestar. (ver)

Fiel a la tradición del gobierno de Iván Duque, el Ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, ofreció recompensas para los que proporcionen datos sobre las personas que cometieron ‘actos de vandalismo’ contra los edificios de la policía. Claudia López, la alcaldesa de Bogotá, ensayó una posición equilibrada entre la condena al abuso policial y el rechazo a las manifestaciones violentas, pero haciendo eje claramente en la necesidad de modificar el accionar policial y reformar la institución. (ver)



El caso Ordóñez no es un caso aislado. La policía colombiana ha sido la culpable de varios asesinatos sin condena en los últimos años. Y esto sucede gracias a que Colombia es un país donde las fuerzas de seguridad gozan de una impunidad muy fuerte a la hora de actuar.

El conflicto interno que enfrenta al Estado con organizaciones armadas desde hace décadas le asegura un lugar de privilegio a las Fuerzas Armadas y a la Policía. Sobre todo si tenemos en cuenta que el actual Presidente, Iván Duque, pertenece al uribismo, que ha acumulado poder gracias al abordaje belicista de los conflictos sociales y a ser enemigo de los acuerdos de paz que se firmaron en el año 2016. El problema adquiere mayor gravedad cuando se advierte que la Policía y el Ejército dependen de la misma estructura política: el Ministerio de Defensa. Eso implica que los policías que se ven envueltos en hechos de violencia institucional son juzgados por un tribunal militar, y todo queda en el fuero castrense. (ver)

Tal fue la magnitud del rechazo a la accionar policial durante las protestas que el Ministro Trujillo tuvo que salir a pedir disculpas, después de un primer momento en el cual defendió irrestrictamente el accionar policial abonando a la contención de actos de vandalismo. VER

No obstante, el problema de la violencia en Colombia parece no tener fin. No solamente el conflicto interno con parte de las FARC y el ELN continua; sino que líderes sociales pierden la vida prácticamente a diario a manos de organizaciones paramilitares, acusadas de tener vínculos con sectores de las Fuerzas Armadas. Para completar el círculo, la Policía, que centraliza su acción en las ciudades, asesina personas arbitrariamente, agregando el ingrediente urbano que completa el terrible combo de violencia que azota a Colombia desde hace años.

Un segundo punto es el de las movilizaciones. Hacia fines de 2019 y luego de los estallidos sociales de Chile y Ecuador, Colombia venía desarrollando una fuerte actividad callejera en contra de las desigualdades sociales y de la violencia estatal. El coronavirus puso pausa a ese proceso y le dio aire a Duque. La muerte de Ordóñez lo puso en marcha otra vez.

El Estado debe encontrar la manera de lidiar con estos problemas de una forma diferente a la mera represión para no poner en riesgo su supervivencia. Y lo pongo en estos términos, a riesgo de equivocarme, no solo porque su legitimidad está cuestionada por amplios sectores de la sociedad. Sino también porque hay actores en Colombia que le disputan el poder fuertemente al Estado en varias porciones de su territorio, lo que puede dar lugar al retorno de los peores años del conflicto bélico interno.

El resto, se maneja como siempre. Aunque los focos estén en Venezuela, los derechos humanos se vulneran a diario en Colombia. La democracia es solamente una cuestión de forma, y el ejercicio de los derechos fundamentales, también. Si hay una frase que lo puede resumir, es esta.

La silla maldita

Martín Vizcarra puede engrosar la lista de Presidentes destituidos en el Perú dentro de una semana, cuando el Congreso vote la moción de vacancia. Si se llega a los 87 votos, Vizcarra dejará de ser el Presidente y otra persona tendrá que completar el mandato que inició Pedro Pablo Kuzcynski allá por 2016.

La historia política de Perú en los últimos meses es la historia de la lucha entre los poderes del Estado. Vizcarra, que asumió luego de la destitución de Kuzcynski en 2018, disolvió el Parlamento el año pasado y llamó a elecciones debido a que el fujimorismo, que dominaba el Legislativo en ese momento, bloqueaba todas las iniciativas del Poder Ejecutivo.

El resultado de esas elecciones legislativas fue un Congreso totalmente fragmentado donde ninguna formación partidaria logró superar el 11% de los votos y donde los partidos tradicionales, como el APRA o Fuerza Popular, de la familia Fujimori, fueron los grandes derrotados.

Todo indicaba que Vizcarra, una figura sin partido que dice cumplir un rol de transición hasta el final del mandato en 2021, podía gestionar este país con gran descontento contra la clase política y ávido de reformas que permitan erradicar practicas flojas de moral que le dieron a Perú un triste récord: de los últimos 5 presidentes, 4 (Humala, Toledo, Kuzcynski y Fujimori) fueron detenidos, y uno (Alan García) se suicidó cuando lo sentenciaron a ir a la cárcel.

Sin embargo, aparecieron unos audios que complican a Vizcarra. En ellos, el Presidente supuestamente insta a dos funcionarias que acomoden la versión sobre la visita del productor musical Ricardo
Cisneros. Este personaje, conocido en el mundo del chimenterío peruano como "Richard Swing", habría sido beneficiado con contratos del Ministerio de Cultura por un valor cercano a los 50.000 dólares. Fue Edgar Alarcón, un legislador del partido Unión por el Perú, quien presentó las grabaciones ante el Parlamento, lo que dio el puntapié inicial para el proceso destituyente contra Vizcarra. (ver)

Ahora, Vizcarra tiene que defender su caso ante el Congreso y el Legislativo deberá votar si lo destituye o no. Hay 65 legisladores que votaran por la destitución. El número al que se tiene que llegar es 87.

Esta historia configura un capítulo más de la atomización de la política de Perú. Sin liderazgos renovados, con la clase política totalmente desacreditada y la discusión pública pasando por cuestiones judiciales, el país andino vuelve a ubicar en el centro de la escena el debate sobre la corrupción, que rompe con la posibilidad de ocuparse de lo verdaderamente importante.

Está claro que hay una dificultad estructural en la política de Perú y está vinculada a estas prácticas que han sido profundamente generalizadas y no han dejado de llevarse a cabo. Sería bueno saber si justamente estas prácticas son las que posibilitan el ejercicio efectivo de la función pública.

De todas maneras, mientras el país debería estar pensando como gestionar las consecuencias de ser el quinto país del mundo con más casos de COVID-19, está debatiendo otra vez la destitución de un mandatario. Hecho que vuelve a poner a Perú en el lugar de país ingobernable y de mandatos inconclusos.

Ping Pong

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* Human Rights Watch afirma que la Justicia boliviana persigue opositores al gobierno de facto. Evo Morales es uno de ellos. VER

* Se reúne el MED7 en Córcega. Macron busca cerrar filas para contener a Turquía en el Mediterráneo VER

* Vuelven las escaramuzas en la frontera entre India y China. VER

Bonus track

Este fin de semana Mauricio Claver – Carone se convirtió en el nuevo Presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), rompiendo con una tradición de 60 años que dictaba que la conducción del BID la debía ejercer un latinoamericano. La estrategia que tenían Argentina, Chile y Costa Rica, era intentar no dar el quorum para posponer la elección y así lograr que la disputa por el BID no quede supeditada al proceso electoral estadounidense de noviembre. Algo que ha jugado su rol en esta apuesta de Trump.

México, que también era partidario de posponer la elección, cambió su postura y avisó que daría quorum a la votación, lo que aseguraba el triunfo del representante norteamericano debido a que ya tenía los votos de varios países importantes, como Brasil y Colombia.

Este fue el principal cambio con respecto a este tema, del cual habíamos hablado en el bonus de la semana pasada. El cambio de postura de México hizo que Argentina retire la candidatura de Gustavo Béliz, a sabiendas de que era un partido perdido.

Leí a mucha gente que culpaba a México por haberse dado vuelta posibilitando así que la votación se lleve a cabo. Esto es cierto, pero parcialmente. Si un halcón republicano que tiene más interés en sacar al castrismo de Cuba y al chavismo de Venezuela que en motorizar proyectos de desarrollo para América es el que conduce el BID, es gracias a la desunión latinoamericana y a los gobiernos alineados que votaron por él, y no culpa de México que es, por escándalo, el país más dependiente de Estados Unidos en todo el mundo.

Algunas definiciones más, en esta nota de La Vanguardia y en esta entrevista a Juan Gabriel Tokatlian.

Con eso, nos vamos. Estoy pensando en bautizar esta columna con algún nombre. Las sugerencias son bienvenidas.

Hasta la semana que viene.

(*) Analista Internacional de Fundamentar.com

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hola@fundamentar.com (Santiago Toffoli (*)) Opinión Sun, 13 Sep 2020 09:24:06 -0300
Iván Duque habilita el toque de queda ante un paro nacional en Colombia https://fundamentar.com/internacional/item/6316-ivan-duque-habilita-el-toque-de-queda-ante-un-paro-nacional-en-colombia https://fundamentar.com/internacional/item/6316-ivan-duque-habilita-el-toque-de-queda-ante-un-paro-nacional-en-colombia El Presidente de Colombia, Iván Duque

Los mandatarios locales podrán restringir y vigilar la circulación de las personas por vías y lugares públicos y requerir el auxilio de la fuerza armada. Esta medida se da de cara al paro nacional de este 21 de noviembre. 
 
 

La Presidencia de Colombia informó este miércoles en un comunicado que de cara al paro nacional del próximo jueves 21 de noviembre el presidente Iván Duque expidió el decreto 2087 de noviembre de 2019 para "la conservación del orden público y garantizar el derecho a la manifestación pública, pacífica y sin armas".

Mediante la disposición, el Ejecutivo colombiano hace un llamado especial a los alcaldes municipales y distritales "para que tomen las medidas requeridas en su deber de conservar el orden público".

Esto es que, por instrucciones específicas del presidente, "en caso de ser necesario, los alcaldes podrán restringir y vigilar la circulación de las personas por vías y lugares públicos, decretar el toque de queda, restringir o prohibir el expendio y consumo de bebidas embriagantes, entre otras".

El decreto, suscrito también por la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, reitera las contempladas en la Ley 1551 de 2012, en la que en su artículo 29 se faculta a los alcaldes para: "Conservar el orden público en el municipio, de conformidad con la ley y las instrucciones del presidente de la República y del respectivo gobernador".

Agrega la norma en este sentido que la Policía Nacional cumplirá con prontitud y diligencia las órdenes que le imparta el alcalde por conducto del respectivo comandante.

También podrán los mandatarios locales "dictar para el mantenimiento del orden público o su restablecimiento de conformidad con la ley, si fuera del caso, medidas tales como: Restringir y vigilar la circulación de las personas por vías y lugares públicos; decretar el toque de queda; restringir o prohibir el expendio y consumo de bebidas embriagantes; requerir el auxilio de la fuerza armada en los casos permitidos por la Constitución y la ley".

De igual forma, el Decreto 2087 ordena a los gobernadores "velar" porque los alcaldes tomen las medidas requeridas para la conservación del orden público en sus territorios y "que estas respondan a los principios de proporcionalidad, necesidad y razonabilidad".

También el Gobierno ordena el cierre de los pasos fronterizos y fluviales autorizados de frontera en el lapso comprendido entre las 0:00 horas de este miércoles 20 de noviembre y hasta las 5:00 horas del próximo viernes 22 de noviembre.

FUENTE: El Heraldo (Colombia)

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hola@fundamentar.com (Santi Toffoli) Internacional Wed, 20 Nov 2019 18:46:49 -0300
Colombia y el acuerdo de la ¿tregua? https://fundamentar.com/articulos/opinion/item/6269-colombia-y-el-acuerdo-de-la-tregua https://fundamentar.com/articulos/opinion/item/6269-colombia-y-el-acuerdo-de-la-tregua Colombia y el acuerdo de la ¿tregua?

“La rebelion no es una bandera derrotada ni vencida, por eso, continuamos con el legado de Manuel y de Bolivar, trabajando desde abajo y con los de abajo por el cambio politico y social”. Con estas palabras, Iván Márquez, el ex jefe negociador de las FARC, anunciaba dias atrás una “nueva etapa de lucha”.

Desde el Río Inírida (según aseguraron), región amazónica cercana a las fronteras con Venezuela y Brasil, líderes disidentes de las ex FARC dieron a conocer este último 29 de agosto un video en el que anunciaron al mundo el inicio de “la segunda marquetalia”, con “la continuacion de la lucha guerrillera en respuesta a la traición del Estado al Acuerdo de Paz de la Habana”, sorprendiendo tal vez al mundo, aunque no a los colombianos que ya venian siendo testigos del accionar de las disidencias al acuerdo de paz ,del recrudecimiento de la violencia y del asesinato de desmovilizados.

Días después, este nuevo pero no sorprendente escenario, nos deja algunos interrogantes;  ¿Es este el inicio del fin del Acuerdo de paz tal como lo acogieron las partes y como fue recibido en la comunidad internacional, o solo un ciclo de crisis dentro de él? ¿Representó hasta este momento el acuerdo un avance hacia la paz o constituyó sólo una tregua en el conflicto? ¿Qué se puede esperar del posicionamiento regional respecto el involucramiento de otros actores por fuera de Colombia?

El rearme de la disidencia

Acompañado de otras figuras importantes  como Jesús Santrich, Romaña y el Paisa, Iván Marquez, el número 2 de la ex guerrilla y principal negociador del Acuerdo de Paz, anunció la vuelta a las armas a través de un documento que tituló “manifiesto”, como respuesta a los incumplientos por parte del Estado de los compromisos alcanzados, precisamente a punto de cumplirse 3 años de la firma del Acuerdo en La Habana entre el ex presidente Juan Manuel Santos y el desmovilizado grupo.

Con las imágenes de Simón Bolívar, y de Manuel Marulanda de fondo, Márquez dio a conocer además, una voluntad de coordinar esfuerzos con la guerrilla del ELN y de implementar una modalidad distinta de accionar, renunciando a la práctica de los secuestros como medio de financiación. Otro tema fundamental es la intención de dejar de ser una organización que opera desde las profundidades de la selva remota y la declaración de mantenimiento del alto al fuego ya que solo responderán a la ofensiva, evitando la muerte y matanza “entre hermanos de clase”, priorizando el diálogo con empresarios, ganaderos y la gente pudiente del país. 

El Acuerdo de Paz en el gobierno de Ivan Duque

La noticia llega para confirmar los peores temores. Si bien desde la firma del acuerdo alrededor de 13.000 combatientes se desmovilizaron, entregaron sus armas y se integraron en un partido político, se estima que en la actualidad existen cerca de 23 grupos disidentes, operando en 85 municipios del país. Esta disidencia armada no es la única, existe además la disidencia política al interior de un grupo de ex jefes de las FARC que considera que el gobierno de Duque incumple el acuerdo. Tal como lo entienden expertos como el politólogo Ariel Ávila, el peligro es que estas dos disidencias se unan. Pero, ¿Qué ha pasado con el acuerdo en lo que va de la administración de Duque?

El actual presidente, fue siempre crítico de lo pactado con las FARC. Se han producido retrasos en la aplicación de lo acordado, y se cuestiona de manera constante su voluntad de cumplimiento. Durante el primer año de gobierno, tal como lo dio a conocer un informe de la Fundación Paz y Reconciliación, se han fortalecido múltiples grupos armados, formados en parte por ex miembros de las FARC. Según Human Rights Watch, la violencia asociada con los grupos armados aumentó en 2018. La población civil ha sufrido graves abusos a manos de miembros del Ejército de Liberación Nacional (ELN), disidentes de las FARC y grupos herederos del paramilitarismo. El país sufre el asesinato de líderes sociales y defensores de los derechos humanos y muchos territorios rurales aún siguen bajo la violencia sistemática.

Las divisiones al interior del partido de la antigua guerrilla ya se habían materializado hacia abril de este año, cuando Márquez, en paradero desconocido desde 2018 en señal de protesta por la detención de Jesús Santrich, declaraba que había sido un grave error entregar las armas. Al mismo tiempo el líder de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, Rodrigo Londoño, alias Timochenko, marcaba una ruptura con el ex número dos (ruptura que aún sostiene). 

El rol de Venezuela

Luego de conocerse la noticia, el presidente Duque anunció una ofensiva contra el grupo encabezado por el ex negociador de las FARC, asegurando que los miembros de la extinta guerrilla, son en realidad, “una banda de narcoterroristas” que cuentan con apoyo de Nicolás Maduro. Desde el gobierno colombiano, se aseguró que el video fue filmado en territorio venezolano, y no en el colombiano como los protagonistas declararon.

La palabra del canciller venezolano no se hizo esperar, y a través de un comunicado Jorge Arreaza manifestó su preocupación por la posible activación del conflicto, pero responsabilizó directamente al Gobierno de Duque por el incumplimento del acuerdo.

Ahora bien, más allá de los discursos y las acusaciones oficiales ¿Qué rol cumple Venezuela en este escenario? Actualmente, la frontera entre Venezuela y Colombia es escenario de accionar del ELN, el cual controla territorios de un lado y del otro del límite geográfico. Sumado a ello, el Ejército de Liberación se ha pronunciado a favor del gobierno de Maduro, asegurando que defenderán la “revolución bolivariana”.  Además de estas fuerzas, existen en la frontera, grupos paramilitares, y grupos armados organizados como es el caso del “Clan del Golfo”, principal cártel del país, a los que se suman a las disidencias de las FARC. En los últimos años se han incrementado las denuncias de que grupos criminales colombianos extienden sus tareas por Venezuela con la aquiescencia o la aprobación del gobierno de Maduro. En sintonía con ello, días atrás, una investigación de una revista colombiana, reveló documentos de inteligencia venezolana que confirman el vínculo entre Maduro, el ELN y las disidencias de las FARC.

 La respuesta de EEUU

Todos sabemos que lo que EEUU declare sobre este hecho, no es menor en absoluto. La vinculación entre Venezuela y el accionar de grupos guerrilleros, constituye para los EEUU, una gran preocupación, no solo por su importante papel en el proceso de paz, si no también por su estrecha relación con el Gobierno colombiano. A esto se suma el interés del gobierno norteamericano por la evolución de los sucesos en relación a la seguridad en Venezuela, dada su crítica situación política y económica.

Peligros y debates

Pese al rechazo del jefe del Partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, Rodrigo Londoño, alias “Timochenko” al rearme de las disidencias, y pese a sus garantías de que la mayoría de las FARC está en el camino de la paz, el riesgo de la unión de las disidencias en una nueva guerrilla armada, es evidente. El acuerdo de paz está en peligro. Sin embargo será crucial la posición que el gobierno colombiano tome frente a los hechos, y al trabajo real -y no demagógico- sobre los principales temas pendientes del acuerdo, como la reforma rural y la reforma política. 

De cara a las elecciones regionales del mes de Octubre, el rearme de las disidencias, fortalece el discurso uribista a favor de la derogación o la modificación de la Jurisdicción Especial para la Paz, y de la mano firme contra los sectores disidentes. Restará evaluar de qué influye este nuevo escenario en los próximos comicios, con la convicción de que sucesos ya cambiaron el tablero político nacional.

 

(*) Investigadora del Centro de Estudios Políticos e Internacionales

FUENTE: Síntesis Mundial

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hola@fundamentar.com (Lourdes Ábrigo (*)) Opinión Wed, 25 Sep 2019 17:37:13 -0300
El Laberinto Colombiano https://fundamentar.com/articulos/opinion/item/6140-el-laberinto-colombiano https://fundamentar.com/articulos/opinion/item/6140-el-laberinto-colombiano El Laberinto Colombiano

A dos años y medio de la firma de los Acuerdos de Paz entre el Gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), se suceden y multiplican los obstáculos para convertir en realidad efectiva la erradicación de la violencia en el país cafetero.

La falta de legitimidad del Estado, los resultados electorales adversos para el proceso de paz, y el rol geopolítico que Colombia juega en la América del Sur de hoy, son algunos de los factores que explican por qué, a pesar de la aparente voluntad política de las partes, no se puede poner punto final a un conflicto que ya lleva más de 50 años siendo parte inherente de la realidad colombiana.

En 2016, Colombia y las FARC firmaron en La Habana un histórico acuerdo de paz / AFP

Por enésima vez en las últimas décadas, Colombia se ve envuelta en un espiral de violencia y de crisis institucional, en gran parte opacado para el resto del mundo por la omnipresencia mediática de la crisis venezolana. El Gobierno de Iván Duque aún no encuentra (o no busca) la salida al laberinto, que amenaza con borrar de un plumazo los paulatinos pero innegables avances en el proceso de paz que se habían alcanzado en los últimos años.

La compleja inclusión de los “parias”

Ciertas veces la realidad pone de manifiesto los efectos endémicos que un determinado “clima de época” imprime en la vida política y social de un país. Entre los años 1998 y 2010, concreción del Plan Colombia mediante, los Gobiernos de Andrés Pastrana y Álvaro Uribe adscribieron al conflicto armado interno en la lucha global contra el terrorismo, a raíz de la ligazón entre guerrilla, terrorismo y narcotráfico, y la afinidad ideológica con los Estados Unidos de George W. Bush. En el contexto del 11-S, el cual posibilitó que la estrategia bélica de Uribe obtenga mayor legitimidad, se dio un proceso de “pariarizacion de las guerrillas” en términos de la profesora colombiana Diana Rojas, el cual supuso la identificación de las FARC como grupo terrorista e implicó, entre otras cuestiones, la aplicación de extradición a los Estados Unidos a miembros de la fuerza insurgente, como sucedía con los jefes narcos.

La FARC ahora es un partido político / REUTERS

En este sentido, es posible identificar factores “sistémicos” en la sociedad colombiana que llevaron a los resultados del plebiscito de 2016, en el cual triunfó por escaso margen el “No” al Acuerdo de Paz impulsado por el entonces presidente, Juan Manuel Santos. Estos resultados, si bien manifestaron el grado de polarización presente en Colombia y el apoyo de gran parte de la sociedad a la agenda securitista del uribismo, no fueron obstáculo para la firma de los Acuerdos, en noviembre de 2016, en la ciudad de La Habana.

Los Acuerdos supusieron, entre otras cuestiones, el ingreso de las FARC a la vida institucional de Colombia, constituyendo un partido que mantendría la sigla pero sería bautizado como Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común. Además, impulsaron la constitución de la Justicia Especial para la Paz (JEP), un tribunal transicional encargado de investigar, juzgar y sentenciar a los responsables de crímenes ocurridos a lo largo de todo el conflicto interno.

El presidente colombiano, Ivan Duque / PRESIDENCIA DE COLOMBIA

El triunfo electoral del partido Centro Democrático en 2018, abanderado del No a la Paz, y su candidato, Iván Duque, no hizo más que reconfirmar la relación de fuerzas en la política colombiana presente desde 2016, cuando los acuerdos fueron rechazados en las urnas.

Contradicciones institucionales

Ya con Iván Duque como Presidente de Colombia, la incorporación de las FARC a la vida político-partidaria del país estuvo plagada de obstáculos. Con el uribisimo de nuevo en el poder se sembró un clima de incertidumbre sobre los avances logrados en el Proceso de Paz. A ello hay que sumarle que el nuevo partido formado por los ex guerrilleros no cosechó un apoyo considerable en las elecciones legislativas de 2018 y su líder, Rodrigo Londoño (más conocido como “Timochenko”) retiró precozmente su candidatura presidencial. El esquema se complejizó aún más con la detención de un ex dirigente de las FARC, Jesús Santrich, y la imposibilidad de que asuma su banca como congresista.
En las últimas semanas, el escenario se agravó y los resortes del Estado entraron en conflicto sobre el camino a seguir. El martes pasado fue asesinado en el Departamento Cauca Jorge Enrique Corredor, un ex comandante de las FARC.

Jesús Santrich, uno de los líderes de la exguerrila FARC / AFP

Desde la firma de los Acuerdos de Paz, más de 130 excombatientes de la desmovilizada fuerza armada fueron ultimados, en ataques que aún no han sido esclarecidos, y por los cuales la ex guerrilla ha denunciado a grupos paramilitares de ultraderecha.
Por otro lado, la JEP ha negado la extradición de Santrich a los Estados Unidos, dando como resultado la renuncia del Fiscal General de Colombia, Néstor Martínez, como protesta a la decisión de la Justicia transicional. No es la primera vez que las decisiones de la JEP entran en conflicto con otros sectores del Estado. En el mes de marzo, el Presidente Duque objetó algunos artículos de la Ley Reglamentaria de la JEP y los envió al Congreso para que los reformara. Este tribunal es clave para implementar el acuerdo de paz con la guerrilla desmovilizada, y claramente su colusión con otros poderes no hace más que colocar palos en la rueda.

Todos estos obstáculos ponen en riesgo la incorporación de los ex combatientes a la institucionalidad colombiana. Al mismo tiempo que, la falta de garantías por parte del Estado para continuar con el proceso, hace posible el retorno a las armas por parte de los ex guerrilleros, que denuncian persecución política y falta de cumplimiento de los puntos establecidos en los Acuerdos.

El Procurador General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, mientras presentaba su renuncia / AFP

Geopolítica y resabios del Plan Colombia

Un ingrediente más a esta frágil coyuntura de la Colombia de hoy, días antes del asesinato de Corredor se divulgó un informe del periódico estadounidense New York Times, en el cual se denuncia que el Gobierno de Duque le ha ordenado a la comandancia del Ejército duplicar la cantidad de bajas y capturas en combate desde comienzos de este año. El diario afirma que el ambiente creado por el Gobierno y las Fuerzas Armadas guarda similitudes con el escándalo de los ‘falsos positivos’, aquellas ejecuciones extrajudiciales de civiles presentadas como bajas en combate, durante la década pasada. Duque no tardó en desmentir esto y asegurar que no tolerará violaciones de los Derechos Humanos por parte de los uniformados.

Los militares colombianos rechazaron las denuncias sobre ejecuciones extrajudiciales / EPA

Más allá de las réplicas mutuas, Colombia continúa encerrada en su propio laberinto, aún más, después de que el Gobierno y la guerrilla más importante del país alcanzaran un acuerdo de paz. Muchas veces sucede que el Estado no actúa en su conjunto como un actor homogéneo y unificado, pero se mantiene una expectativa mínima, de que los mecanismos institucionales no entren en colusión unos con otros.

El Plan Colombia ha otorgado a las Fuerzas Armadas cuantiosos recursos de todo tipo, en el contexto de la ‘lucha contra el terrorismo’. Veinte años después de su nacimiento, los cuarteles parecen no rendir cuentas ante un poder político que brinda su territorio como base de operaciones para la oposición venezolana, con la paradoja de no poder garantizar la seguridad de sus compatriotas en zonas como Cauca, donde los asesinatos son parte de la realidad de cada día.

El ex presidente colombiano, Álvaro Uribe, líder del partido oficialista / AFP

Si retrospectivamente se traza una línea de tiempo, la autoproclamación de Juan Guaidó como Presidente de Venezuela sucedió 20 días después de la asunción de Jair Bolsonaro como Presidente de Brasil, y algunos meses después del retorno del uribismo al poder en Colombia, personificado en el Presidente Iván Duque. Brasil y Colombia volvieron, en tan solo seis meses, a adoptar políticas identificadas con el militarismo y la agenda de seguridad como prioridad. La Venezuela Bolivariana, ubicada en la pinza de estos dos países, ingresó en otra crisis política poco después de ambos cambios de Gobierno.

Colombia tiene tres caminos a seguir en el laberinto en el que se encuentra inmersa: continuar alentando, por acción u omisión, la gravísima falta de cohesión de los mecanismos estatales; actuar como pieza geopolítica desestabilizadora en la crisis venezolana; o que el poder político, con apoyo y garantía de las Fuerzas Armadas, los partidos políticos, y la sociedad civil, ratifique el proceso de paz y lo amplíe hacia el resto de los grupos insurgentes.

Esta última puerta parece ser la única que puede conducir a la salida del laberinto colombiano.

 

(*) Analista del Centro de Estudios Políticos Internacionales (CEPI)

 

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hola@fundamentar.com (Santiago Toffoli (*)) Opinión Wed, 22 May 2019 15:16:05 -0300