Cuando Javier Milei se paró en el recinto de Naciones Unidas e inició su primer discurso presidencial allí, su gestión ya había recorrido un breve pero sostenido camino para empujar a la Argentina a desvincularse de la agenda internacional de desarrollo, multilateralismo, igualdad y derechos humanos. Su giro aislacionista no sucedió ante la ONU. Fue una construcción de meses que, promete el Gobierno libertario, continuará.

Milei se paró en la propia sede de la ONU para insultar a sus miembros. Dijo allí que el organismo adoptó un rumbo “trágico” desde que se volvió “socialista” y “colectivista”, y así convirtió a la Argentina en el único Estado miembro que no participará del Pacto del Futuro 2045, que empuja consensos en temas como desarrollo sostenible, paz, igualdad de género, cambio climático y seguridad internacional.

Ese discurso fue parte de un dispositivo que tiene a la Cancillería como el "mascarón de proa de la batalla cultural" que Milei quiere liderar a nivel global. Si algo no le falta al presidente argentino es ambición. Su objetivo último es empujar, en coordinación con otros líderes de la ultraderecha mundial, cambios en los organismos internacionales que, a su juicio, hoy intervienen en disputas y conflictos para laudar con una mirada progresista, de defensa de derechos humanos e igualdades, que el mandatario considera “totalitaria” e injerencista.

Cuando la ministra de Relaciones Exteriores, Diana Mondino, mostró –al igual que el personal diplomático de carrera de la Cancillería– dudas respecto de la forma y el fondo de la decisión de desengancharse por completo de la agenda de las democracias occidentales, Milei y su hermana, la secretaria general de la Presidencia, le intervinieron el Ministerio. Así desembarcaron en Cancillería la abogada ultraconservadora Úrsula Basset –que, paradójicamente, y al igual que el asesor Santiago Caputo, no tiene designación formal en el Estado– y el cruzado Nahuel Sotelo, flamante secretario de Culto y Civilización.

Los Milei apuntan a discutir en ámbitos internacionales la agenda progresista y a obstaculizar los reclamos contra el Estado argentino por el no cumplimiento de leyes vinculadas con derechos humanos, género y ambiente. Esta batalla cultural ya no debe ser leída en clave local, sino que sus objetivos y, por lo tanto, sus consecuencias, aparecen también en el plano internacional. Por caso, cada vez que avanzan negociaciones vinculadas a tratados económicos o acuerdos bilaterales, los representantes argentinos deben pedir permiso para incluir términos que el Gobierno considera que deben ser combatidos, como “desarrollo sustentable”. Pero además resta conocer las consecuencias del anunciado abandono de la posición de neutralidad argentina.

En el discurso de Milei ante la ONU, la contracara del abandono del Pacto del Futuro fue una convocatoria a los líderes mundiales a que se sumen a una agenda de la libertad que impulsará la Argentina. Y por más descabellada y fuera de lugar que suene la exhortación, esa es la búsqueda del presidente: erigirse en el líder global de la cruzada anti multilateralismo.

La Argentina aparece aislada en esa quijotada. El Pacto del Futuro tuvo consensos amplísimos en Naciones Unidas y solo marcaron diferencias países como Rusia, Nicaragua, Bielorrusia, Corea del Norte, Irán, Siria, Sudán y El Salvador. El presidente de este último, Nayib Bukele, terminó alineando su discurso con el de Milei. Todos ellos consideran que la ONU busca intervenir en sus asuntos internos con el Pacto del Futuro. Un acuerdo que, entre otras cosas, postula:

• Pondremos fin al hambre y eliminaremos la inseguridad alimentaria y todas las formas de malnutrición.
• Lograremos la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas como contribución decisiva para avanzar en todos los Objetivos de Desarrollo Sostenible y sus metas.
• Reforzaremos nuestras acciones para hacer frente al cambio climático.
• Protegeremos a todos los civiles en los conflictos armados.
• Reformaremos el Consejo de Seguridad, reconociendo la urgente necesidad de que sea más representativo, inclusivo, transparente, eficiente, eficaz y democrático y tenga más rendición de cuentas.

En su afán de desmantelar lo que llama ‘progresismo internacional’, Argentina corre el riesgo de aislarse aún más en el escenario global, perdiendo influencia y relevancia en un mundo que continúa avanzando en sentido opuesto.

FUENTE: Cenital 

Rápidas y furiosas. Así parecen ser las respuestas institucionales de los gobiernos nacional y provincial ante determinados reclamos sectoriales. Si en el artículo del domingo anterior establecíamos puntos de diferenciación y encuentro entre la gestión libertaria y la de Unidos, en la semana que pasó las coincidencias se hicieron mucho más evidentes a partir de cómo actúan frente a ciertas demandas populares. Siete días de violencia, fake news y mentiras desembozadas como argumentación de algunas transformaciones. Pasen y vean. Quedan todos y todas formalmente invitados.

A comienzos de semana el oficialismo nacional se enfrentaba a un serio desafío: la oposición en diputados se proponía insistir con el proyecto de movilidad jubilatoria, el cual se había sancionado con amplios márgenes de votos, necesitando de las dos terceras partes de los legisladores presentes en la sesión para dar vuelta el veto presidencial.

Fue el propio Javier Milei el que se puso al frente de una jugada política a la que no suele estar acostumbrado. Convocó a un grupo de legisladores radicales que no tuvieron ningún empacho en cambiar la postura que los había llevado a votar a favor hace apensas dos meses, generando una crisis de proporciones ya no al interior del bloque que conduce el cordobés Rodrigo De Loredo, sino al interior del centenario partido.

Podría decirse que el presidente está aprendiendo a hacer política ya que, con un solo movimiento, puso en crisis a un sector de la oposición y logró su objetivo de bloquear que la ley quedara firme. Que la victoria sea a expensas de uno de los dos sectores más desfavorecidos de la sociedad y que pague cierto costo político, es algo que al papá de Conan, no parece importarle del todo.

El acuerdo con el grupo de radicales tuvo mucho de una componenda que da vergüenza ajena. Negociando con parte de una supuesta casta que el candidato Milei supo denunciar, al rato de producida la votación en el recinto, no dudó de calificar como héroes a los 87 diputados que se negaron a insistir con una muy moderada mejora para nuestros viejos.

No son pocas las voces del sistema político, que en las horas posteriores relativizaron el éxito oficialista a la luz de la represión que otra vez se desató en las adyacencias del Congreso de la Nación, sobre jubilados y trabajadores que se movilizaron como respaldo a la posibilidad de hacer caer el veto. Ya a comienzos de semana, voces periodísticas cercanas al gobierno dejaban trascender que la marcha podría ser “multitudinaria y peligrosa”.

https://x.com/arilijalad/status/1834383688961872084

Con las imágenes de la represión como un estandarte, el oficialismo amplió el margen del costo político con el ataque a una niña de 10 años que, junto a su madre, resultó gaseada. Desde cierta vocinglería mediática que rápidamente sintonizó con los dichos de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, que inicialmente cuestionaba el hecho de que Fabricia estuviera presente en la movilización, hasta llegar a confirmar que la policía había actuado desprovista de cualquier reflejo de humanismo, se construyó una fake news de proporciones que dejó involucrados a funcionarios de primera línea del mencionado ministerio y a operadores mediáticos que resultan cercanos e íntimos al gobierno.

Con la misma irreductibilidad de la onda expansiva de una piedra lanzada al agua, uno y cada uno de los protagonistas quedaron salpicados por un verdadero enchastre que se profundizó cuando, apenas un día después, aparecieron las disculpas públicas de un tal Eduardo Feinmann hacia Bullrich por haber pedido su renuncia y la de los funcionarios más cercanos a ella. Ni Netflix se anima a tanto.

https://x.com/INDECArgentina/status/1833943960638931393

Pero las malas siguieron para el gobierno. Al número de inflación de agosto que se conoció el día miércoles (4,2%), el cual refleja los límites del oficialismo ya que con una caída de la actividad económica de proporciones, el libertarismo no puede consolidar una tendencia más marcada hacia la baja; se le sumó el rechazo en el Senado al DNU que habilitaba $100.000.000 millones para la SIDE y la aprobación de la ley de financiamiento de la educación superior que, rápidamente, el presidente anunció que vetará.

Ante esto último se abren escenarios de escasa certidumbre ya que si, se repitiera el recorrido de la reforma jubilatoria (aprobación, veto e imposibilidad de insistencia legislativa), nadie sabe del todo si el grupo de radicales convertidos seguirán con esa misma actitud y, si se plasmara el mismo recorrido, las respuestas en las calles serían idénticas. Una cosa es ir contra un sector de la sociedad como el de los jubilados, sin representación institucional de peso y otra muy distinta ir contra el sistema de educación superior que cuenta con todos los resortes a su disposición, jóvenes incluidos. El oficialismo se asoma así al riesgo de una doble derrota. En el palacio y en las calles.

https://x.com/JMilei/status/1834647943996932169

Pero como si las imágenes de la violencia institucional en CABA no alcanzaran, también hubo que ampliar la mirada sobre lo que sucedía en la ciudad de Santa Fe, con la aprobación en la Cámara de Diputados de la reforma previsional.

Con el triste récord de haber sido sancionada en dos semanas desde que el proyecto ingresó al Congreso, las imágenes previas a la sesión donde se mostraba el vallado de toda la zona aledaña a la Plaza de Mayo, anunciaba que nada bueno se estaba por legislar.

La forma en que el Poder Ejecutivo encaró el proceso (que le dio una evidente victoria), con nulo debate social, sin escuchar (en serio y no con la pantomima de una comisión creada a gusto y piaccere) y sin el debate de rigor de parte de los representantes del pueblo, abriendo los espacios de discusión a los distintos actores del sistema; crearon el caldo de cultivo para el enojo del conjunto de trabajadores.

Los hechos producidos el día miércoles en la capital de la provincia dejaron tres datos que deben tenerse en cuenta:

1. El socialismo que terminó votando en contra de los trabajadores. Si uno revisa la línea histórica de cómo nacieron los partidos, cómo se formaron y cómo se consolidaron, no deja de resultar llamativo que el partido fundado por Guillermo Estévez Boero, termine aupado por el mismísimo PRO, el cual nació a los fines de representar intereses definitivamente contrapuestos y muy en línea con la ley aprobada.

2. El saneamiento del déficit será parcial. Dicen sus defensores que la reforma representa un 25% del rojo previsional, lo cual supone unos $75.000 millones. La pregunta se cae por su propio peso: ¿cómo se financiarán los $225.000.000 millones restantes?

3. Deslegitimación de la lucha social. Rápidamente, el pullarismo salió a instalar la idea de que los movilizados y violentos eran la misma cosa y que sólo representaban a un pequeño grupo de dirigentes a los que se les quitaban privilegios. La afirmación resulta riesgosa por un doble motivo. No escucha a los afectados por una medida y, simultáneamente, al oponerse estos, los ubica en un lugar fuera de la ley. Un juego demasiado riesgoso para una democracia que se dice reivindicar.

https://x.com/ClaraGarcia_SF/status/1834363832124190825

Doce segundos tardó la presidenta de la Cámara de Diputados Clara García en hacer votar la ley a sus pares. Otro récord que ubica en un lugar de desprestigio a una dirigente, que más allá de las diferencias, se había sabido ganar el respeto de todo el arco político santafesino. El tratamiento exprés de la ley, la forma en que se llevó adelante la aprobación (recomendamos escuchar el audio), los cuestionamientos que posteriormente aparecieron respecto del procedimiento legislativo en consideración con las abstenciones que no tenían pedido de autorización y las acusaciones cruzadas en el medio del recinto, plantean la pregunta de por qué el oficialismo, teniendo mayoría holgada en ambas cámaras, recurrió a esa metodología.

¿Corrían riesgo las mayorías y se debilitaría el frente oficialista, siempre sustanciado en un delicado equilibrio? ¿Un debate amplificado relativizaría el rol determinante del déficit de la Caja de Jubilaciones en las cuentas públicas?

Estas preguntas representan escenarios contra fácticos y, de alguna forma, no tienen demasiada importancia para el análisis político ya que son parte de hechos que no sucederán y por lo tanto carecen de valor. Pero lo que sí puede afirmarse sobre los hechos de la tarde del miércoles, los cuales, insistimos, son una resultante, es que la calidad institucional santafesina dio un paso atrás de cara a la sociedad, más allá de los festejos de rigor del oficialismo.

Doce segundos tarda el haz de luz en hacerse visible en el faro de Cabo Polonio. Tiempo para alumbrar la noche en tierra y en altamar. Canta Jorge Drexler “pie detrás de cada pie iba tras el pulso de claridad”. Tal vez de eso se trate, de seguir caminando, más allá de los 12 segundos que a veces nos dejan en la oscuridad.

 (*) Analista político de Fundamentar - @miguelhergomez

Más allá del fulgor de las últimas horas en la disputa entre Cristina Fernández de Kirchner y Javier Milei, la semana política se fue construyendo en el plano nacional con el desorden ya tradicional del mundo libertario y en el ámbito comarcal, con la efectividad institucional del pullarismo santafesino, que logró dar media sanción a una reforma jubilatoria que ha sabido juntar el rechazo de todo el espectro sindical y de ciertos sectores del mundo judicial. Subyace como síntesis el problema jubilatorio en ambas administraciones: en un caso por la represión a los que reclaman por una mejora en sus haberes y en otro porque el proyecto de ley cercena (más allá de ciertas voces oficiosas) no pocos derechos del conjunto de trabajadores pertenecientes a la plantilla del Estado. Pero en definitiva, más allá de las urgencias y como forma de análisis de lo que se dice como argumentos justificadores, ¿qué separa y que une a ambas administraciones? Pasen y vean. Sean todos y todas bienvenidos.

De alguna forma, a ambos proyectos políticos los unen tres factores que se hicieron presente durante el 2023 electoral:

1. Las virtudes propias de los candidatos. Mientras el actual presidente, más allá de sus modos, supo captar un malestar social evidente con las formas tradicionales de la política; Maximiliano Pullaro pudo convertirse en un líder que aglutina tras de sí, corrientes ideológicas que, supuestamente, expresan no pocas diferencias. En el espacio triunfador de setiembre conviven socialistas, amarillos y radicales en una simbiosis que sólo la capacidad del hombre oriundo de Hughes, hasta ahora parece sintetizar.

2. El peronismo deslegitimado. Las promesas incumplidas y el consiguiente fracaso de las gestiones resultaron campo orégano para los triunfos opositores, tanto en el plano nacional como en el provincial. En muy resumidas cuentas, la insatisfacción económica en el primero y a lo que se suma la gravosa situación de la inseguridad en el segundo, actuaron como base de sustentación de proyectos políticos que, a lo lejos y en la previa, parecían no tener punto de encuentro.

3. Clima de época. Existe un evidente (pero parcial) revival noventoso, donde cierta estatalidad aparece cuestionada. Hace treinta años, como en tantas cosas, el recurso discursivo resultaba mucho más simplista: el Estado gestionaba mal y debía reducir sus funciones. Por los tiempos que corren, las cosas resultan más complejas.

En el caso de los libertarios, Milei resultaría una especie de topo que viene a destruir esa empresa criminal llamada Estado y todo lo que tenga que ver con él debe desaparecer. Para el oficialismo santafesino en cambio, el Estado es central para el desarrollo de la comunidad, pero no deja de intentar fortalecerse con una serie de imposiciones hacia los trabajadores de la administración que, de alguna manera, en los tiempos que corren, portarían consigo una especie de pecado original. La no renovación de contratos en varios sectores, el cierre de paritarias por decreto con el gremio docente y el remanido recurso del ausentismo como condicionante de una buena gestión, complementan el cuadro.

Pullaro, a diferencia de Milei, no porta con un discurso violento, pero sí apunta contra la deslegitimación del otro. Si los jueces le cuestionan la reforma jubilatoria y el escandaloso manejo de los pliegos para cubrir cargos en la Justicia, les anuncia que “ya no tienen coronita” y le da amplificación mediática a que la audiencia pedida por los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la provincia, será otorgada a las 7.30am de un domingo.

Algo parecido sucede con el conjunto de dirigentes sindicales que han cuestionado la gestión y el manejo de las paritarias. Todo ello sazonado con el ya histórico silencio cómplice de la corporación mediática que, al igual que ciertas organizaciones partidarias, hacen uso y abuso de la doble vara.

Un buen ejemplo de lo anterior se circunscribe al éxito alcanzado en el tratamiento de las leyes en el Congreso provincial. Si a la gestión de Omar Perotti le demoraron no menos de dos años en aprobarle la emergencia en seguridad, al actual gobernador, con varios legisladores que integraban el cuerpo en el período anterior, le dieron el visto bueno en pocas semanas.

Lo sucedido con la reforma previsional no deja de ser sintomático. Ideada por el conservador Jorge Boasso, hombre que ha sabido construir su vida profesional estando de los dos lados del mostrador, como agente fiscal de la AFIP y como concejal rosarino, con el consecuente respaldo de la justicia local; los santafesinos asistimos a una puesta en escena digna de cualquier buen dramaturgo que se precie, al informarnos que se había creado una comisión, integradas por funcionarios, legisladores y sindicalistas, la cual revisaría la necesidad de la reforma a los fines de reducir el crónico déficit de la caja.

La comisión cumplió con los plazos previstos, habilitó unas pocas audiencias para escuchar a distintas partes y llegó a la misma conclusión que el Poder Ejecutivo. Casualmente, en pocas semanas el oficialismo presentó un proyecto que le modifica la vida a varios centenares de miles de santafesinos y, en exactamente ocho días, obtuvo la aprobación de parte de la Cámara de Senadores, esperando que, la próxima semana, se convierta en ley a partir del sí en diputados. Tratamiento express que le dicen, con el congreso cerrado y los trabajadores que se movilizaban para protestar demorados en la ruta. Sabrá el altísimo qué pecado habían cometido. Toda una postal.

El caso viene a cuento de cómo se institucionalizan ciertas transformaciones cuando las mayorías legislativas acompañan y relativiza aquella (vieja) acusación de ser una escribanía que recibía el Congreso Nacional en los tiempos de la década ganada cuando se ampliaban derechos. No son pocos los quejosos de aquellos tiempos, políticos y mediáticos, que hoy parecen mirar para otro lado.

 

En su construcción de sentido, Pullaro parece imitar a Milei en la utilización de ciertas mentiras. Dos de los últimos días: afirmó sin sonrojarse que a los docentes no se le ampliaba el plazo de permanencia en “el sistema”. Sería interesante que el gobernador se informara de qué le sucederá a aquellos que, por los beneficios del 2 x 1 (derechos y no privilegios), podían jubilarse antes de los 60 años y ahora, deberán permanecer un par de años más en las escuelas.

La otra mentirilla refiere a haber definido al AMBA como una zona económicamente improductiva. O al ex ministro de Seguridad lo tele transportan cuando viaja a Buenos Aires o, como hacen los chicos, lo hace con los ojos cerrados ya que si no lo veo, no existe.

Es evidente que detrás de esa afirmación está el intento del gobernador de convertirse, antes que nada, en el representante de los sectores de la Pampa gringa que siempre ven con desdén al conurbanismo bonaerense. El triunfo libertario de noviembre puso en duda, a partir de su contundencia a lo largo y ancho del país, la idea de la prevalencia electoral de esa provincia, a la vez que trata de comenzar a diferenciarse de un tal Axel Kicillof.

Con el agradecimiento al Estado nacional por la ayuda recibida en materia de seguridad como norte, el oficialismo local parece omitir reclamos que, en su momento, eran la síntesis más perfecta del centralismo porteño. El silencio de radio respecto de temas como subsidios para el transporte, el no pago de la ya histórica deuda del Estado nacional en materia de la caja previsonal (se habla de unos $800.000 millones de pesos) y, la novedad de esta semana del ministerio de Justicia de la Nación que denuncia los convenios pre existentes con la provincias a los fines del cobro de impuestos de sellos, patentes y multas por parte de los registros del automotor, superando con creces en su proyección los $100.000 millones anuales, ponen en un lugar poco entendible a la administración provincial.

Si se analizan los tópicos libertarios sobre el Estado y se los cruza con las definiciones de las autoridades provinciales, más allá de ciertas coincidencias, radica allí una contradicción de grado que supone que en algún momento quedarán expuestas de manera mucho más cruda.

Si la voz de Pullaro, y nos referimos al gobernador en exclusiva porque somos conscientes de que al interior de Unidos, socialistas y amarillos no tienen la misma idea del Estado, pretende convertirse en una opción que supere los límites de la bota santafesina, habrá que ver cómo acomoda el cuerpo a una situación donde el modelo de desarrollo impuesto a nivel nacional, poco tiene que ver con el entramado productivo de las pequeñas y medianas empresas de la región, más allá de las celebraciones de ocasión por la adhesión al RIGI, que en el largo plazo, sólo traerá beneficios exclusivos para las empresas que inviertan y no para el conjunto de la comunidad.

Entre lo que representa Javier Milei y Maximiliano Pullaro existen diferencias. Pero tal vez no sean tan profundas como para establecer disputas de fondo que, por ahora, nadie quiere llevar adelante la gestión política de estos tiempos. Creen los protagonistas que ya llegará el momento para las diferenciaciones. Vale preguntarse si no será muy tarde.

(*) Analista político de Fundamentar - @miguelhergomez

En medio del asedio policial de parte de las fuerzas del régimen de Nicolás Maduro que los opositores asilados en la embajada argentina denunciaron el viernes por la noche, el gobierno venezolano confirmó que le revocó a Brasil la custodia del edificio diplomático porque afirmó que allí se planean “actividades terroristas e intentos de magnicidio”, una decisión que aumenta la tensión regional. Tanto Buenos Aires como Brasilia advirtieron que una posible irrupción de agentes chavistas en la embajada sería una violación a las convenciones internacionales.

“La República Bolivariana de Venezuela ha tomado la decisión de revocar, de manera inmediata, el beneplácito otorgado al Gobierno de la República Federativa de Brasil para ejercer la representación de los intereses de la República Argentina y sus nacionales en territorio venezolano, así como la custodia de los locales de la misión diplomática incluido sus bienes y archivos, según se había anunciado en el comunicado conjunto de fecha 5 de agosto de 2024″, dice un comunicado difundido por el canciller venezolano, Yván Gil, que agrega que tanto Brasil como la Argentina fueron notificados de la decisión “a través de canales diplomáticos”. 

“Venezuela se ve obligada a tomar esta decisión motivada por las pruebas que se tienen sobre el uso de las instalaciones de esa misión diplomática para la planificación de actividades terroristas e intentos de magnicidio contra el Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, y contra la Vicepresidenta Ejecutiva, Delcy Rodríguez Gómez, por parte de los prófugos de la justicia venezolana que permanecen dentro”, continúa el texto, aunque no se conocieron pruebas que respalden esas afirmaciones.

La residencia del embajador de la Argentina, donde están refugiados seis dirigentes cercanos a la líder opositora María Corina Machado, había quedado en manos de los representantes del gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva luego de que los diplomáticos argentinos tuvieran que abandonar el edificio y regresar al país tras las elecciones del 28 de julio, señaladas por la oposición como fraudulentas y cuyo resultado la gestión libertaria de Javier Milei no reconoció. Desde entonces, las relaciones diplomáticas bilaterales están rotas.

Después del comunicado oficial, el gobierno de Brasil señaló que recibió “con sorpresa” la comunicación del gobierno venezolano “de que pretende revocar su consentimiento para que Brasil proteja los intereses de Argentina en Venezuela”.

“De conformidad con las Convenciones de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y Relaciones Consulares, Brasil quedará bajo custodia y defensa de los intereses argentinos hasta que el gobierno argentino indique otro Estado aceptable al gobierno venezolano para ejercer las funciones antes mencionadas”, dice el comunicado de Itamaraty.  Citando la Convención de Viena, el gobierno de Lula remarcó “la inviolabilidad de las instalaciones de la misión diplomática argentina, que actualmente alberga a seis solicitantes de asilo venezolanos, además de bienes y archivos”, es decir, que las fuerzas de seguridad venezolanas no pueden ingresar al edificio diplomático.

La Cancillería argentina también envió un mensaje ante una posible irrupción en el edificio. “La República Argentina rechaza dicha medida unilateral y advierte al gobierno venezolano que debe respetar la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas que consagra la inviolabilidad de los locales de las misiones”, dice el final de un comunicado de la cartera comandada por Diana Mondino. 

A su vez, Lula reiteró este viernes que no reconoce el resultado de las elecciones en Venezuela e insistió en que Maduro debe “probar” que ganó las elecciones, además de considerar que su comportamiento es “decepcionante”. Además, volvió a alentar la idea de convocar a unas nuevas elecciones, propuesta que tanto el gobierno como la oposición en Venezuela rechazan. 

Asedio

El recrudecimiento de la tensión se da luego de que el viernes por la noche la oposición venezolana hablara sobre un nuevo episodio de “asedio” por parte de agentes “encapuchados” y miembros del organismo de inteligencia gubernamental (Sebin) apostados a las afueras de la embajada de la Argentina en Caracas, donde están refugiados desde marzo seis colaboradores de la líder opositora María Corina Machado, quien no pudo presentarse en los comicios tras ser suspendida por el chavismo.

“En la Embajada de la Argentina en Venezuela custodiada por Brasil, estamos con la electricidad cortada y con los accesos a la sede tomados”, escribió en la red social X Magalli Meda, jefa de campaña de Machado, refugiada desde el 20 de marzo pasado junto a otros cinco compañeros.

Brasil tomó el control de la embajada argentina en Caracas el 31 de julio, luego del deterioro de las relaciones con Venezuela dado que Milei no reconoció las elecciones que proclamaron a Maduro como ganador en lugar de Edmundo González Urrutia, quien fue a la carrera en lugar de Machado y asegura haber ganado los comicios con más del 70% de los votos. Los asilados siguen en la sede diplomática a pesar de que los funcionarios argentinos fueron forzados a abandonar el país porque Maduro no habilitó un salvoconducto.

La cancillería de Argentina pidió a la Corte Penal Internacional que emita una orden de arresto contra Nicolás Maduro y otros funcionarios de alto nivel por los actos ocurridos tras las elecciones, en los que una serie de protestas han dejando varios muertos y detenciones masivas.

FUENTE: La Nacion 

El libertarismo que convive cotidianamente con internas feroces, palaciegas y a la luz pública. El PRO tironeado por las ambiciones personales de su líder, quien aún conserva algo de peso político. El peronismo en proceso de debate interno, a mitad de camino de insistir con métodos poco exitosos, las urgencias de gestión de los gobernadores y la necesidad de una renovación que cada vez se hace más imperiosa. Y la Unión Cívica Radical que luego de la experiencia coalicional de Juntos por el Cambio, no se sabe del todo a qué y a quienes representa. Todos ellos sintetizan el esquema de poder político partidario en la Argentina. Todos con desavenencias tan profundas que hacen extrañar los modelos clásicos de representación del siglo XX. Días de internismos acuciantes en la partidocracia argentina. Señoras y señores pasen y vean. Quedan todos formalmente invitados.

Como un encantador de serpientes, Mauricio Macri se las ingenia para que lo más granado de la dirigencia del PRO baile al ritmo de sus intereses. El ex presidente habilitó el “dejar hacer” a unos cuantos legisladores para que voten la reforma de la movilidad jubilatoria y, veinticuatro horas después, salió públicamente a apoyar el anunciado veto presidencial.

Entre cenas y cenas en la Residencia de Olivos, le alcanzó para ganar una centralidad que hasta hace unas pocas semanas parecía perdida. Rota la relación con la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, sabido es que el ex presidente convive en un delicado equilibrio de no perder clientela política a manos del libertarismo, a sabiendas que el tándem Santiago Caputo - Karina Milei están especialmente empecinados en jubilarlo, mientras Javier Milei, inteligentemente, endulza los oídos de las partes.

La interna amarilla está lo suficientemente consolidada como para que, superado el efecto del voto en el Senado, un conjunto de dirigentes, con Cristian Ritondo y María Eugenia Vildal a la cabeza, se hayan reunido con el presidente y un grupo de legisladores aliados, para evitar la insistencia de la ya mencionada ley en la Cámara de Diputados. Recordemos que el presidencialismo de la Constitución Nacional, exige que para que un veto sea rechazado debe contar con la insistencia de las dos terceras partes de los presentes en ambas cámaras. Unas pocas ausencias en alguna de ellas, bastará para que lo suscripto por Milei en la noche del viernes persista, más allá del costo político que supone negar un aumento del 8,1% a jubilados y pensionados.  

Por su parte, la Unión Cívica Radical aparece como una estructura partidaria sin una identidad clara. Cuesta identificar a los intereses que expresa y a quiénes representa. Por ahora se va sustanciando entre las contraposiciones de los tres dirigentes con peso institucional más importante. Rodrigo De Loredo navega entre su conservadurismo innato y los reclamos que lo condicionan desde el bloque de diputados que conduce. Martín Losteau se hace visible como el modelo más acabado de un radicalismo vinculado al progresismo y a un porteñismo evidente. Y Maximiliano Pullaro, quien surge como el gobernador con mejor imagen del país, no trepida en reivindicar el legado alfonsinista y, en paralelo, aplicar una política de mano dura con delincuentes que sistemáticamente viola derechos humanos de los reos. Con la anuencia de la sociedad santafesina, claro.

En ese transcurrir, y más allá del peso institucional con el que cuenta en cierta territorialidad, la UCR aparece como mucho más viscosa a la hora de prever ciertos comportamientos institucionales. En los días por venir queda por saber si el diálogo libertario con el PRO se extiende al conjunto de los diputados del centenario partido o si, por ejemplo, el gobernador santafesino alzará la voz por el veto presidencial a los jubilados. En este último aspecto déjeme señalarle querido lector, estimada lectora, que será difícil que el chancho chifle teniendo en cuenta que el Poder Ejecutivo santafesino ha presentado un proyecto de reforma jubilatoria que se ha ganado el rechazo de la mayoría de los gremios estatales y, vaya novedad, de un par de centenares de jueces que no dudaron de posar para la foto para rechazarlo. Por lo menos en la partecita que a ellos les toque.

https://x.com/CFKArgentina/status/1828113763243004255

En el peronismo tampoco habita un tiempo de armonía y concordia. Mientras buena parte de las bases mastica bronca por el reconocimiento de Mariano Recalde de que en el Senado había una negociación en marcha para votar a Ariel Lijo para la Corte Suprema Justicia de la Nación, supuestamente a cambio de una ampliación de los números de sus integrantes; a las diferencias públicas de José Mayans y Cristina Fernández de  Kirchner, se agregaron una serie de chispazos entre Eduardo De Pedro y referentes del Frente Renovador, en una disputa que muestra un “chiquitaje” exasperante y que se suma a los cuestionamientos de un tal Guillermo Moreno, que en la última elección no pasó el piso electoral del 1,5% y que pretende peronizar a la vicepresidenta Victoria Villarruel, mientras discute la legitimidad política del gobernador Axel Kicillof. Too much.

Hoy, de alguna forma, el peronismo convive en una tensión sintetizada en dos máximas históricas. Una, al decir de Juan Domingo Perón, que afirmaba que los peronistas eran como los gatos, “parece que se pelean pero se están reproduciendo” y la otra que establece que el peronismo, lejos del poder tiende a la atomización.

Con una derrota a cuestas de hace apenas nueves meses, con sectores que no terminan de asumir las responsabilidades de la gestión anterior, un ex presidente atravesado por una denuncia de alto impacto, con una Confederación General del Trabajo que como el tero, grita contra la represión a jubilados, pero negocia en silencio con el oficialismo, y gobernadores que navegan a dos aguas entre el eterno provincialismo de cuidar el territorio y las necesidades que la gestión impone. Sobresale la unidad demostrada hasta ahora en el ámbito legislativo a la hora de las votaciones, donde se han impuesto algunos límites al libertarismo gobernante. Nada más, pero nada menos que eso.

Pero quien se lleva las palmas de un internismo cada vez más violento es el oficialismo libertario. Ya no hablamos de visita a genocidas y de diputadas sacándole el cuerpo al asunto o de diferencias por puestos de poder. Acusaciones entre legisladoras que merecerían que, si resultaran simple famosos, tuvieran una enorme cobertura en programas de chimentos; un senador como Francisco Paoltroni que va contra el asesor Santiago Caputo (que integra el triángulo de hierro), acusándolo de resultar un personaje "con mucho poder que está haciendo un gran daño” y una vicepresidenta cada vez más decidida a mostrarse con un proyecto propio, reflejan el recorrido oficialista de la última semana de agosto.

En el caso libertario las desavenencias vienen en un formato novedoso ya que no son producto de los cuestionamientos a una realidad social cada vez más acuciante para la mayoría de los argentinos, sino del mismo formato que le dio vida y que se sintetizan en dos razones: la forma en que se armaron las listas para cargos legislativos (venta de candidaturas, lo cual ha reconocido el propio Paoltroni) y el tipo de liderazgo que encarna Javier Milei quien, como hemos dicho ya en no pocas ocasiones, aborrece de cualquier forma que lo emparente con el “hacer política”, lo cual supone un constante equilibrio entre intereses cruzados, incluso de los que resultan propios.

https://x.com/lilialemoine/status/1829749189447713219

Si hoy La Libertad Avanza aparece como una estructura política desordenada, donde cotidianamente vemos disputas de todo tipo, es porque de alguna manera representa la personalidad de su líder. Milei a veces niega a los demás una forma ordenada de relacionamiento político y en la mayoría de las ocasiones la construcción la delega en terceros. De acuerdo a quienes sean esos nombres propios el diálogo podrá o no ser más efectivo, llegando a necesitar como en el caso de la reunión de ayer con diputados aliados, conducir él mismo las reuniones. En ese “laissez faire, laissez passer” (dejar pasar, dejar hacer) el libertarismo va.

En resumen, lo que caracteriza a este momento de la vida político partidaria argenta es una especie de atomización mayúscula que ya no alcanza al conjunto de las oposiciones sino que se proyecta sobre el propio oficialismo. Quedan, de alguna manera, dos hipótesis de trabajo para plantear en formato de preguntas.

La primera es, si resultara válida la idea de un peronismo que se atomiza en lejanía del poder, en qué medida el conjunto del sistema partidario no se ha peronizado a la usanza de un par de década atrás, teniendo el ejemplo claro de un 2003 donde hubo que habilitar un sistema de neolemas para las elecciones de aquel año.

La disputa de todos contra todos, cambiante, oscilante y oportunista parece prevalecer en un formato que ya no se limita a los devaneos circunstanciales del Congreso con acuerdos circunscriptos a cada ley en particular, sino a una forma de entender el juego grande de la política. Una pregunta como al pasar: ¿el proyecto de Boleta Única que espera ser aprobado por este tiempo, no potencia esas prácticas? Seguimos.

La segunda hipótesis viene a cuestionar una forma de abordar el análisis político de este tiempo. Resulta muy común escuchar que los evidentes problemas de representación, y no nos referimos a la satisfacción de cierta materialidad, son producto de una política (como sector) que no sabe desentrañar lo que la sociedad reclama.

En la secuencia clásica e histórica, los sistemas de partidos fueron evolucionando desde el partido de notables (donde prevalecía una figura reconocida de la comunidad), el partido de masas que se sustanció en el siglo XX y donde iban surgiendo distintos liderazgos, para llegar a finales de ese centenio donde surgió el sistema “atrapa todo” donde los partidos perdían identificación política a cambio de ser más amplios en su propuesta electoral. Cada uno de esos tipos ideales (al decir weberiano) se fue consustanciando de la mano de los cambios sociales.

Corresponde saber entonces, si esta híper ideologización que propone la extrema derecha gobernante, combinada con altas dosis de atomización opositora, no es parte representativa de una sociedad que, en su mayoría, mira para otro lado. ¿Debe cambiar la política o cambió la sociedad?

Ejemplos al pasar. Una ministra no reparte alimentos a punto de vencerse con orden judicial incluida; en nombre del superávit fiscal se niega medicamentos a enfermos terminales; se produce una masiva protesta por el desfinanciamiento en el funcionamiento de las universidades, pero no se acompaña el reclamo salarial de trabajadores de la educación; los jubilados son reprimidos con violencia y buena parte de los comentarios en redes (no trolls) refieren a reivindicar lo actuado por las fuerzas de seguridad. A horas de conocido el veto presidencial sobre la reforma en la movilidad jubilatoria, ¿habrá un costo político para el oficialismo? ¿Dónde se trasunta, quien lo vehiculiza?

Preguntas que no tienen la intención de mostrar desánimo ni mucho menos, sino que se circunscriben a la idea de entender que la propuesta neo conservadora libertaria encontró una sustanciación en sectores sociales que, probablemente, hayan cambiado en ciertas cosmovisiones. El desafío está en descubrir cuánto hay de superficial y cuánto de profundo.

(*) Analista político de Fundamentar - @miguelhergomez

La oralidad y la gestualidad presidencial exhibidas en la tardecita rosarina del día viernes, en el marco del 140º aniversario de la fundación de la Bolsa de Comercio de Rosario, actuaron como reflejo de lo que fue, en términos institucionales, la peor semana libertaria desde el 10 de diciembre de 2023. Si bien los vaivenes políticos, actuaban como limitantes que determinaron que la Ley Bases fuera el único proyecto oficialista aprobado en los primeros seis meses de gestión, el libertarismo nunca había sufrido una serie de derrotas tan contundentes y en tan poco tiempo en el plano legislativo. Inexperiencia, una sobreactuación fungiendo con más fortaleza de la que verdaderamente se tiene y una interna cada vez más violenta, le dieron marco a una tríada de derrotas impensadas hasta hace pocas semanas atrás. Pasen y vean. Recorrido de días de furia libertaria que prometen continuar. Sean todos y todas bienvenidas.

Lo primero que debe señalarse es que por más sorpresivas que nos parezcan, ninguna de las tres derrotas son reflejo de un arrebato opositor. Cada una de ellas tiene un anclaje en un pasado reciente y se fueron cimentando al calor de un clima social que todos los días empeora un poco más y de la mano de un presidente que cree que “hacer política” es mala palabra y que el reino de las redes es el más perfecto ágora de este atribulado siglo XXI que habitamos.

De alguna manera, ese pasado reciente condena al libertarismo quien ha imaginado que la síntesis de manejo de chequera como forma de disciplinamiento, atomización partidaria opositora (con su consecuente falta de liderazgo) y un estilo presidencial dominante (en la imagen hacia afuera), eran factores que de manera permanente le jugarían a su favor.

Pero hay un detalle. Buena parte de los problemas de los otros, también le son propios. A veces con “la plata” no alcanza, la venta de candidaturas libertarias del 2023 condiciona cierto desarrollo político armónico y si el liderazgo se ejerce delegando la construcción en terceros, que no son votados y que en algún caso tampoco aceptan contar con firmas que le imponga responsabilidades, va de suyo que los problemas comenzarán más temprano que tarde.

En el caso de la designación de un opositor como Martín Losteau al frente de la Comisión Bicameral de Inteligencia, demuestra lo que venimos diciendo líneas más arriba: el acuerdo con el PRO para la designación del senador Martín Goerling, ya estaba planteado desde comienzos de año. Cierta testarudez, el imaginar escenarios no volátiles en la política argentina (ja!, qué ilusos) y la discusión por los nombres propios entre la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y el asesor Santiago Caputo, hombre que, según el presidente Javier Milei cuenta con un coeficiente intelectual por encima de la media, pero que en este caso no se aplicó en su epidermis política, fueron construyendo un camino que supo tomar la oposición encarnada en parte del radicalismo y del peronismo.

A su manera, y en vinculación con el DNU que habilitó los $100.000.000.000 (perdón por abusar de los ceros querido lector, estimada lectora), el oficialismo quiso comerse el chancho antes de cazarlo. En la relación del tema comisión bicameral - DNU 656/2024, hay un error de tiempos: el Poder Ejecutivo Nacional habilitó un gasto vía una medida normativa que queda sujeta a revisión del Congreso, sobre el cual no sólo que no tiene mayoría sino que sólo cuenta con el 15% del total de legisladores, sin contar siquiera, con el manejo de la comisión que ejerce el control sobre esos gastos. Una especie de pequeña tormenta perfecta veraniega de nuestras infancias, cuando no existía la sofisticación actual en la pronosticación del tiempo y que nos sorprendía sin resguardo.

Vale la pregunta si fue inexperiencia política o presumir de una fortaleza que no se tiene. Tal vez la respuesta venga de la mano que ambas situaciones no resultan excluyentes una de la otra, asomando como una cuestión más estructural algo que venimos planteando desde hace meses en los micrófonos de AM1330 y en las páginas de Fundamentar: los acuerdos parlamentarios son meramente coyunturales y se aplican tema por tema, momento a momento y de acuerdo a mayorías siempre circunstanciales. ¿O acaso alguien tiene la certeza, hoy, a partir de los devaneos macristas, de lo que pueda suceder en el Senado de la Nación con el ya mencionado DNU? Todo ello debiendo tenerse presente que para que el mencionado instrumento (creado con la reforma constitucional de 1994) no se aplique, debe ser rechazado por el pleno de ambas cámaras.

Por su parte la reforma de la movilidad jubilatoria, que aparece como la tercera derrota parlamentaria de la semana, también es parte de un reclamo que no es reciente. Cuando el Gobierno actualizó la nueva fórmula (oooootra vez vía DNU) no escuchó el reclamo público que planteaba las diferencias de un 8% sobre el reajuste de comienzos de año.

La contundencia de los números de la Cámara Alta en la votación del día jueves (61 a 8) hizo pensar al conjunto del sistema político que el oficialismo había recibido un golpe de proporciones inéditas y que el aporte de Mauricio Macri, quien había filtrado un diálogo interno vía zoom que afirmaba que el oficialismo los estaba “boludeando” desde hacía ocho meses, había sido determinante para esa circunstancia y para el futuro inmediato.

No faltaron los voceros mediáticos del macrismo, ni buena parte de la dirigencia amarilla que salió a reivindicar la prevalencia del ex presidente en el gran juego de la política argentina, de cómo con un solo movimiento había dado una señal casi definitoria para el mundillo libertario, sin dejar de especular sobre el futuro electoral del hijo de Franco.

Pero todo se deshizo en menos de 24 horas. Con otro movimiento inentendible para muchos, Mauricio lo hizo de nuevo: vía redes salió a respaldar el anunciado veto presidencial a la reforma jubilatoria escudándose en su anti kirchnerismo congénito, a la vez que dejaba en posición adelantada (utilizamos las metáforas futboleras que tanto gustan al personaje en cuestión) a no pocos dirigentes aliados y del mismísimo PRO.

Por estas horas resulta complejo desentrañar los motivos de la jugada del ex presidente. El péndulo decisional ¿es una señal para gravitar y forzar un hipotético acuerdo con el mileismo y así llegar a ocupar cargos de relevancia en el Poder Ejecutivo?, o ¿es una forma de presión para cerrar “negocios” políticos (la circunstancia del nombramiento de Lijo a la Corte Suprema de Justicia de la Nación no puede ser descartada) o empresariales (Hidrovía)? Probablemente, el correr de los días nos alumbre las dudas, pero quedan expuestas dos consecuencias y un par de preguntas del accionar del ex primer mandatario:

·         Rápidamente afectó buena parte del escaso capital político que le quedaba, con una acción muy difícil de defender para los propios.

·         A partir de ello, generó un tembladeral que alcanza a viejos aliados que no están nada felices con la suposición de que Mauricio los haya utilizado por un interés personal de negocios particulares.

·         El apoyo al veto a la reforma de la movilidad jubilatoria, ¿es un placebo para el mileismo a los fines de mostrarse equidistante de ciertas derrotas institucionales que podrían plantearse en el futuro?

·         Si el Congreso quisiera insistir con las dos terceras partes de los votos para romper el inminente veto presidencial, ¿quedará disminuido en los números a partir de lo anunciado en la noche del jueves? Dudas para la almohada y el diván, mis queridos chichipíos.

La crisis mileista no refiere solamente a la derrota que le infringieron los opositores amigables y de los otros. Se sustancia, como dijimos al principio, en que pareciera que nadie hace política (en serio) en el gobierno: Karina Milei aparece más preocupada por el armado nacional de cara al 2025 y por imponer a los más cercanos en todo el organigrama de poder; el Jefe de Gabinete Guillermo Francos, que tanto fue reivindicado por la muñeca política que mostró para la aprobación de la Ley Bases, brilla por su ausencia; Santiago Caputo, contrariado por varias situaciones internas que le restaron poder, viajó al sur para vacacionar en la peor semana del mileismo y, de alguna manera, los aliados de a poco comienzan a descubrir que no cuentan con interlocutores de peso para llevar adelante la gestión.

Con lo anterior, vaya de ejemplo lo padecido por el ministro santafesino Lisandro Enrico (Obras Públicas) que hasta hace unas pocas semanas, reivindicaba un acuerdo con autoridades nacionales en lo referente a obras de infraestructura, que hasta ahora no se ha cumplido, que nadie le atiende el teléfono, dejando saber a los voceros mediáticos santafesinos, siempre atentos a ciertas preocupaciones de los oficialismos vernáculos, que el pobre funcionario debió viajar nueves veces a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sin éxito alguno. Cosas que pasan.

De a poco, las redes ya no parecen alcanzar. Comienzan a surgir estudios donde la incidencia de los trolls ya no es lo que era porque, parece, que malaria mata relato. Vaya novedad.

También de a poco, el oficialismo comienza a perder inmunidad en su escudo protector. Algunas balas comienzan a entrar y lo mostrado en la tardecita rosarina del viernes resulta un claro ejemplo de un gobierno que se habla a sí mismo: invitado para la celebración de una entidad que se vincula con la producción primaria, con la presencia de múltiples actores institucionales, gobernador e intendente incluidos, empresarios y supuestos inversores, el primer mandatario destinó todo su tiempo de alocución a hablar de la reforma jubilatoria, no quiso escuchar los discursos del anfitrión Miguel Simioni, de Pablo Javkin y de Maximiliano Pullaro (no llegó tarde, estaba en el edificio), no se vinculó con los escasos partidarios que fueron a “bancarlo” y forzó un operativo de seguridad que denuda una enorme debilidad a la hora del face to face con la población.

“Los ojos ciegos bien abiertos” se canta en el pogo más grande del mundo y aunque todo parece indicar que para la deriva falta bastante, el deterioro económico de la mayoría de la población, la terquedad oficialista, las remanidas apelaciones  a la casta como forma de legitimación política y cierto aislamiento cada vez más evidente, demuestran que agosto de 2024 poco tiene que ver con diciembre de 2023. Los días de furia así lo demuestran. Con denuncias de violencia de género entre diputados y diputadas libertarios incluidos.

(*) Analista político de Fundamentar - @miguelhergomez

"Como Presidente del Senado convoqué a sesión especial el jueves a las 10 para que los senadores debatan sobre el aumento de sus sueldos", transmitió Villarruel a través de su cuenta en X. "De frente y en forma pública. Nominalmente y exponiendo sus posiciones. Así terminamos con las sobreactuaciones que parasitan a la política argentina en todos los órdenes y que nos tienen angustiados a los argentinos", completó la vicepresidenta.

El temario es simple e incluye dos proyectos. Uno impulsado por el presidente del bloque de Unión por la Patria, José Mayans, que promueve la unificación de los sueldos de los tres poderes del Estado. La otra propuesta busca derogar la resolución aprobada en abril que restableció el mecanismo de enganche con la paritaria de los empleados legislativos.

La convocatoria a esta sesión se anunció luego de que los senadores volvieran a retroceder con un importante aumento que llevaba sus sueldos a partir de este mes a unos $ 9 millones quedando con los descuentos en $ 7,8 millones. Los presidentes de los bloques del Senado acordaron renunciar al "enganche" que le permitía acceder al incremento acordado en paritaria por los empleados legislativos.

El escándalo estalló este lunes cuando se confirmó una suba de 6,5% en dos tramos para los empleados del Congreso que por una ley aprobada por los senadores se trasladaba a las dietas. Con esta mejora, los sueldos de los senadores iba a pasar de $ 1,9 millones a principios de año a $ 9,8, es decir que aumentaron 5 veces su salario en menos de 9 meses.

Tras las críticas de Milei, los senadores vuelven a renunciar a los aumentos

Sin embargo, este martes, los presidentes de los bloques acordaron que sacarán una resolución renunciando al aumento, pero también anticipando que dejarán de estar atados al aumento de los legislativos.
La decisión fue conocida luego de que Javier Milei arremetiera contra los senadores y definiera el aumento como "una burla" y "una traición al pueblo argentino". Incluso, antes de que los senadores retrocedieran con el aumento, el Presidente los tildó de "estafadores".

Está no es la primera vez que los senadores deben retroceder con un aumento. Ya lo tuvieron que hacer en mayo cuando producto de lo aprobado en el recinto se plegaron a la suba de 9 % que habían acordado los gremios de los legislativos y que en ese momento llevaba las dietas a $ 8 millones.

Frente a este panorama, el bloque de Unión por la Patria presentó un proyecto de ley para establecer un tope en los haberes de los tres poderes del Estado.

La iniciativa apunta a que los salarios que perciben jueces, senadores, diputados, entre otros, no superen la cifra equivalente a veinte Salarios Mínimos, Vitales y Móviles.
Lo cierto es que la tensión por las dietas se vuelve a dar en un momento clave para el Gobierno. La anterior fue cuando se discutía la Ley Bases y ahora en momentos que se está por tratar las nominaciones de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla.
Pero también cuando desde la Casa Rosada mantienen trabada la discusión por la actualización de la fórmula de movilidad jubilatoria.

La queja de los senadores es que hay funcionarios están a cargo de directorios y cobran sumas superiores. Incluso, hubo legisladores que molestos por las declaraciones del Presidente pidieron cobrar lo mismo que los trabajadores de la Aduana o la AFIP.

Mañana se reunirán los bloques para discutir una estrategia en la que los senadores no queden divididos "entre buenos o malos". Y ratificaron que la resolución que se aprobó en abril en el recinto salió por unanimidad.

En aquella sesión, los senadores aprobaron a mano alzada y sin debate, un novedoso sistema de actualización de las dietas que llevó los sueldos a $ 7,2 millones bruto,cuando venían cobrando un neto de $ 1,9 millón. El mecanismo fijó el sueldo de los legisladores en 2.500 módulos, que es el utilizado para definir los sueldos de los empleados. Pero a ese importe hay que sumarle 1.000 módulos extra por gastos de representación y otros 500 por desarraigo.

Desde la presidencia del Senado dejaron trascender que la vicepresidenta Victoria Villarruel tenía frenado el aumento paritario desde hacía 20 días a la espera de una respuesta de los senadores a su pedido de que se desenganchen del acuerdo salarial de los empleados legislativos.

Los senadores se resistían a renunciar al incremento y ante el pedido de la Cámara de Diputados para que se otorgue el aumento a los empleados Martín Menem y Villarruel decidieron avanzar con la firma de la resolución.

Martín Menem resiste y asegura que no aumentara las dietas de los diputados

En tanto, el riojano confirmó que el aumento no alcanza a los diputados porque no están bajo el régimen de enganche con la paritaria de APL. Esto seguramente tendrá impacto entre los diputados, que ya venían manifestando su malestar por el retraso en sus dietas en relación con los senadores.

Por presión de los legisladores, Menem tuvo que acceder a un aumento de las dietas en junio aunque no las equiparó con las del Senado. Otorgó aumentos en tres tramos, un 40%, luego un 14% y por último un incremento del 8%.

De esta manera, el riojano llevó los sueldos de los diputados a partir del primer tramo del incremento a 2,6 millones de pesos mensuales en mano tras los descuentos correspondientes. Con estos porcentajes, las dietas de los diputados se ubican en $ 3.497.958 a lo que se suma $ 625 mil en concepto de desarraigo.

FUENTE: Clarin 

El pasado 11 de marzo, el gobierno nacional comunicó oficialmente que no iba “a dejar que Rosario sea una tierra de narcoterroristas”. Días más tarde, el ministro de Defensa Luis Petri, en una conferencia de prensa donde se estaba informando sobre la situación del narcotráfico, señaló que enviaría un proyecto de ley para ampliar el accionar de las Fuerzas Armadas en seguridad interior “en un supuesto muy particular que es el terrorismo”; y que “está definido en el Código Penal como todas aquellas acciones y delitos que están destinados a aterrorizar a la población”.

Meses después, el vocero Manuel Adorni sostuvo que “afuera del Congreso había terroristas”, refiriéndose a los manifestantes que se habían reunido en la denominada Plaza de los Dos Congresos para protestar contra la aprobación de la Ley Bases y el paquete fiscal. En ese contexto, 33 personas fueron detenidas ilegalmente y luego liberadas por la jueza María Romilda Servini.

El espíritu de aquellas declaraciones se ha materializado en el proyecto de ley MEN-2024-52-APN-PTE, enviado por el Poder Ejecutivo Nacional, a través del cual se propone la modificación de la ley 24.059 de Seguridad Interior. El objetivo del gobierno es, bajo el paraguas del terrorismo, involucrar a las Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcotráfico siguiendo las directrices de los Estados Unidos; e instrumentar con militares el policiamiento urbano y la represión del conflicto social.

Nuevos viejos argumentos

Actualmente la ley 24.059 prevé tres situaciones en las que el Sistema de Defensa puede actuar en seguridad interior; y no dos como sostienen los considerandos del proyecto enviado por el gobierno del Presidente Milei y la tarotista en Jefe:

1.El artículo 27 sostiene que el “Ministerio de Defensa dispondrá —en caso de requerimiento del Comité de Crisis— que las FFAA apoyen las operaciones de seguridad interior mediante la afectación (…) de sus servicios de arsenales, intendencia, sanidad, veterinaria, construcciones y transporte, así como de elementos de ingenieros y comunicaciones”.
2.El artículo 28 establece que “todo atentado en tiempo de paz a la jurisdicción militar, independientemente de poner en forma primordial en peligro la aptitud defensiva de la Nación, constituye asimismo una vulneración a la seguridad interior”. El artículo 29 afirma que es “una obligación primaria de la autoridad militar la preservación de la fuerza armada y el restablecimiento del orden dentro de la aludida jurisdicción”. En caso de que se produjeran hechos de esta envergadura, el artículo 30 ordena que los Consejos de Defensa Nacional y Seguridad Interior deberán establecer “la adecuada coordinación del apoyo que las fuerzas de seguridad y policiales pueden brindar en esas circunstancias en lo atinente a la preservación del orden en el ámbito territorial militar”.
3.Los artículos 31 y 32 se abocan a los casos excepcionales en que el Sistema de Seguridad Interior “resulte insuficiente a criterio del Presidente” para garantizar la seguridad interior; y establece que se podrán desplegar tropas de combate de las Fuerzas Armadas para restablecer la misma, previa declaración del estado de sitio (una facultad que compete al Congreso, salvo que el mismo se encuentre en receso).

La propuesta enviada el 3 de agosto por el gobierno contempla una nueva situación para el empleo de las Fuerzas Armadas en seguridad interior, procurando desmontar el denominado “consenso básico” de la democracia argentina, erigido a través de las leyes 23.554 (1988) de Defensa Nacional, 24.059 (1992) de Seguridad Interior y 25.520 (2001) y su modificatoria 27.126 (2015) de Inteligencia Nacional. Este desmantelamiento tuvo su puntapié inicial hace unos días con el DNU 614/2024, que modificó de hecho la Ley de Inteligencia sin el debido debate parlamentario.

Viejos nuevos argumentos

Resulta importante estudiar con detenimiento los considerandos del proyecto porque no sólo reiteran viejos argumentos, sino que ignoran hechos objetivos sobre la problemática en cuestión.

En primer lugar, el PEN se vanagloria, sin temor a las redundancias, de proponer “una alternativa intermedia (…) para que las FF.AA. actúen en caso de acciones terroristas que tengan por fin aterrorizar a la población, sin necesidad de llegar a utilizar un remedio extremo, como es la declaración del estado de sitio”. Ya existen en la Argentina —con los casos de Gendarmería y Prefectura— y en el mundo —fundamentalmente a través de la figura de las Guardias Nacionales— instituciones que proporcionan alternativas intermedias.

En Estados Unidos, espejo en el que le fascina reflejarse a los funcionarios de Seguridad y Defensa, problemáticas como el terrorismo son abordadas por Homeland Security y la comunidad de inteligencia, dado que la Ley de Defensa de ese país, conocida como Posse Comitatus Act de 1878, le prohíbe a sus Fuerzas Armadas intervenir en seguridad interior debido a los hechos ocurridos en la ¡Guerra de Secesión (1861-1865)! Por supuesto, los funcionarios argentinos que reciben instrucciones en la embajada argumentan que nuestras leyes, similares a las norteamericanas, son anacrónicas porque fueron sancionadas en las postrimerías del siglo XX, cuando todavía estaba caliente la Guerra Fría.

Asimismo, cabe señalar que la Argentina cuenta con fuerzas federales (Gendarmería, Prefectura, Policía Federal y PSA) para prevenir, conjurar, reprimir, contribuir en la investigación y realizar inteligencia criminal sobre delitos complejos como el narcotráfico y el terrorismo. Pero, además, nuestro país dispone de 23 policías provinciales y la Policía Metropolitana. Todo esto hace que sea una de las naciones del continente con mayor cantidad de uniformados per cápita. Según el Observatorio Interamericano de Seguridad de la OEA, se encuentra casi al tope de la región con 806 policías cada 100.000 habitantes, sólo por detrás de San Vicente y las Granadinas (967), Saint Kitts y Nevis (917) y Uruguay (886).

En segundo lugar, se sostiene erróneamente que el decreto reglamentario 727/2006 desvirtuó el “espíritu” de la Ley de Defensa 23.554. Es importante recordar las palabras de los legisladores radicales que sancionaron la ley, para que sus correligionarios actuales tengan bien presente los lineamientos de Raúl Alfonsín y no se dejen llevar por las lágrimas de De Loredo ni por la promesa de obras públicas u otros ofrecimientos que nunca llegan a sus provincias.

El ex senador nacional (UCR-La Pampa) Antonio Berhongaray sostenía que debía entenderse como agresión exterior al “ataque de las Fuerzas Armadas de un Estado contra el territorio de otro Estado; el bombardeo de las Fuerzas Armadas terrestres, navales o aéreas contra el territorio de otro Estado, o el empleo de cualquier arma por un Estado contra el territorio de otro Estado; el bloqueo de los puertos y de las costas de un Estado por las Fuerzas Armadas de otro; el ataque de las Fuerzas Armadas de un Estado contra las Fuerzas Armadas terrestres, navales o aéreas de otro Estado”. Nada muy diferente a lo prescrito por la Posse Comitatus Act de 1878.

Por su parte, el ex diputado nacional y presidente de la Comisión de Defensa (UCR-Buenos Aires), Balbino Zubirí, sostenía que había que descartar que “los fusiles [apuntaran] para adentro (…) se [trata] (…) de erradicar la Doctrina de Seguridad Nacional (…) ¿Cómo se combate (…) el terrorismo en otras latitudes, en otros pueblos? ¿Cómo combate Francia la Acción Directa? ¿Cómo combate España al ETA? ¿Cómo combate Italia a las Brigadas Rojas? ¿Cómo combate Alemania a los grupos de Baader-Meinhoff? (…) con fuerzas de seguridad especialmente adiestradas, posibilidad que aquí habrá que contemplar cuando tratemos la futura ley (…) de seguridad interior. Pero se trata siempre de fuerzas de seguridad: Carabineros, Gendarmería, Guardia Civil (…) no se trata nunca de las Fuerzas Armadas en operaciones. No descarto la posibilidad de su intervención en un caso extremo. Lo que descarto es la inclusión de esta posibilidad en el texto de la ley, porque podría ocurrir que algún desaprensivo (…) se valiese de esta posibilidad (…) para hacernos volver a los planes CONINTES interpretando que una protesta obrera, por ejemplo, es un conflicto interno” [1]. Queda claro que el decreto 727/2006 conservó el espíritu de los legisladores al redactar las leyes de Defensa Nacional y Seguridad Interior.

En tercer lugar, el terrorismo es una amenaza preocupante en diferentes lugares del mundo. Sin embargo, Estados Unidos sostiene en sus últimos documentos de inteligencia que no existe una amenaza terrorista concreta en América del Sur. La información que elaboró la comunidad de inteligencia de ese país a través del Worldwide Threat Assessment 2023 no identifica a la región como un área principal del terrorismo transnacional ni tampoco menciona a nuestro país en relación con el tema. Ello coincide con la apreciación de la Estrategia de Defensa Nacional 2018 del Pentágono, que asevera que “la competencia estratégica interestatal, no el terrorismo, es ahora la principal preocupación de seguridad nacional de Estados Unidos”. En línea con ello, el Ejército de ese país anunció en 2020 que pondría fin a dos unidades claves de la “guerra contra el terrorismo”: el Grupo de Guerra Asimétrica y la Fuerza de Equipamiento Rápido. Asimismo, la EDN 2018 —que relegó como prioridad al quinto lugar al terrorismo— no menciona al narcotráfico como en ediciones previas; y como antes de los atentados del 11-S, ubica como principales amenazas a China, Rusia, Irán y Corea del Norte. A diferencia del proyecto de los hermanos Milei, Estados Unidos hace que sus Fuerzas Armadas pongan el foco en las amenazas estatales.

En cuarto lugar, el mensaje señala erróneamente que las Fuerzas Armadas tienen “capacidad de realizar operaciones de seguridad”. Salvo para efectuar tareas contribuyentes a la seguridad interior como la vigilancia, control e interdicción del espacio aéreo y marítimo a través de los Comandos Operacionales, lo central es que el adiestramiento de las Fuerzas Armadas está orientado a que los militares sean letales en el uso de la fuerza; es decir, no están preparados para hacer un uso gradual y diferenciado de la misma. Los propios militares argentinos sostienen que “nuestro personal no está formado y capacitado para tareas de seguridad. Las Fuerzas Armadas no reprimen delitos: combaten oponentes en un conflicto, bajo leyes de la guerra”. En efecto, como interpretan los uniformados más racionales, se requiere ante todo capacidad de inteligencia criminal y expertise en materia de asistencia a jueces y fiscales para desarticular estructuras delictivas. Ningún programa de estudio de las Fuerzas Armadas contempla estas cuestiones, lo que demuestra la total desvinculación entre la formación de quienes se preparan para la guerra y la de quienes luchan contra la criminalidad.

Más allá de los argumentos 

En su articulado, la propuesta del PEN establece que:

• Se modifica el artículo 13 de la Ley de Seguridad Interior, de manera tal que el ministro de Defensa y el Estado Mayor Conjunto de las FFAA se integren al Comité de Crisis, no sólo cuando se materialice el supuesto previsto en los artículos 31 y 32 (desborde del sistema de seguridad interior previa declaración del Estado de sitio), sino también en los casos de apoyo logístico establecidos en el artículo 27.
• Se amplía lo dispuesto en el artículo 27, al fijarse que: “En caso de producirse un hecho que tenga por finalidad aterrorizar a la población y dé origen a una investigación penal en el marco del artículo 41 quinquies del Código Penal-Ley 11.179, el Comité de Crisis podrá ampliar el requerimiento al Ministerio de Defensa para que las FF.AA realicen: a) patrullaje; b) control de personas y vehículos; c) operaciones de control en puestos fijos o móviles; d) control y vigilancia de instalaciones inmuebles; e) aprehensión en flagrancia”. En estos supuestos, el uso de la fuerza se regirá —afirma el proyecto— en los mismos términos vigentes para las Fuerzas de Seguridad, quedando expresamente habilitados los militares para la realización de operaciones de seguridad. El proyecto indica que “las FFAA deberán contar con la capacitación técnico legal (…) para intervenir en las acciones previstas en el presente artículo, como así también el equipamiento deberá ajustarse a las necesidades operativas de la misión”.

Algunas consideraciones adicionales

En primer lugar, el proyecto no define qué se entenderá por terrorismo y quién será el responsable de calificar a cualquier hecho del Código Penal como terrorista en los términos del artículo 41 quinquies de dicha norma, que fue introducido por la ley 26.734 y cuya redacción es sumamente laxa.

En segundo lugar, el gobierno entiende que para combatir al terrorismo las Fuerzas Armadas deben realizar tareas de policiamiento (patrullaje, requisas, etcétera). Esto es inconducente. Al terrorismo no se lo combate de este modo, sino con un Sistema de Inteligencia Nacional profesionalizado, cuyo objeto no sean los propios funcionarios del oficialismo o familiares de militares caídos en cumplimiento del deber. Para ello, resulta necesario fortalecer al SIN a través de un debate democrático en el Congreso, como sucedió en 2001 y 2014, y no modificarlo a través de un DNU. También resulta fundamental el diseño de una política exterior y de defensa prudentes y centradas en el interés nacional, que eviten medidas trasnochadas como el traslado de la embajada argentina en Israel de Tel Aviv a Jerusalén o aventuras de apoyo militar en regiones en donde no se juegan los intereses vitales del país.

En tercer lugar, el proyecto buscar eximir fallidamente a los militares de las responsabilidades establecidas en el artículo 34 del Código Penal. En efecto, el gobierno no ha contemplado que el artículo 184 de dicho código sólo le otorga el poder de policía a las fuerzas policiales y de seguridad (sorprende al respecto que militares en actividad con el ojo avezado no hayan advertido al ministro Petri de esta omisión). En consecuencia, de prosperar el proyecto de los hermanos Milei, las actuaciones que realicen los militares serán no sólo invalidadas legalmente, sino también pasibles de los correspondientes procesos penales ordinarios.

Tan lejos de Dios y (no) tan cerca de Estados Unidos

Mientras la Argentina propone involucrar a las Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcoterrorismo, México desanda ese camino. Su Presidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) creó una fuerza intermedia, la Guardia Nacional —que a la fecha cuenta con 120.000 efectivos—, que junto al diseño de otras políticas públicas contribuyó a disminuir la exorbitante tasa de homicidios que había alcanzado el país.

Cuando en la década de 1980 Ronald Reagan firmó la orden ejecutiva que declaró a los narcóticos como una amenaza a la seguridad nacional, el gobierno mexicano comenzó a involucrar gradualmente a sus militares en la lucha contra el narcotráfico. El primer paso lo dio el Presidente Miguel de la Madrid (1982-1988), quien también estableció que el tráfico de drogas era un problema de seguridad nacional. Pero el involucramiento pleno de las Fuerzas Armadas se produjo cuando el Partido Acción Nacional (PAN) desplazó de la presidencia, tras más de 70 años, al histórico Partido de la Revolución Institucional (PRI). Primero Vicente Fox (2000-2006) desplegó tropas militares en Tamaulipas y el paso determinante lo efectuó Felipe Calderón (2006-2012) al declararle la guerra al narcotráfico.

El resultado de la militarización de la seguridad en México ha sido el aumento exponencial de la violencia medida a través de la tasa de homicidios, que pasó a ser una de las más altas del mundo. La violencia también se expresa en datos impactantes como el asesinato de 167 periodistas; y en la cifra récord de 99.729 desaparecidos desde 2006. El involucramiento de las Fuerzas Armadas no sólo afectó su aptitud en materia de defensa, sino que también las corrompió profundamente, como demuestra el hecho de que algunos militares conformaron carteles de la droga como la temible organización Los Zetas.

Reflexiones finales

La doctrina de guerra revolucionaria francesa –instalada progresivamente en la Argentina a partir de 1955– y la doctrina de seguridad nacional –desde 1966– permitieron a los Estados Unidos que las Fuerzas Armadas latinoamericanas se subordinaran –bajo el modelo de Small Armed Forces– a los intereses de esa potencia en el marco de la Guerra Fría (1947-1991). Finalizada la contienda bipolar, la “guerra contra las drogas” y el paradigma de las “nuevas amenazas” fueron los instrumentos para mantener conectadas las clavijas estadounidenses —parafraseando al Caputo bueno, el ex canciller radical (1983-1989)— sobre las Fuerzas Armadas de la región. Luego de 2001, el énfasis se ampliaría al “populismo radical” y al terrorismo islámico.

La experiencia internacional y la teoría exhiben que la violencia se incrementará con el desembarco de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el “narcoterrorismo”. Ello, como se señaló, vendrá acompañado de la criminalización de la protesta social, tal como se hizo a fines de los ‘50 con el Plan CONINTES.

De acuerdo a fuentes castrenses consultadas, este proyecto fue elaborado fuera del Ministerio de Defensa siguiendo los lineamientos del Comando Sur y, en líneas generales, concita el rechazo entre camaradas porque “nos transformará en policías”, lo que conducirá a la “desprofesionalización de las Fuerzas Armadas y a la indefensión del país”. Desde luego, la preocupación por Malvinas, el Atlántico Sur y la proyección antártica pasará a ser simplemente una cuestión de seminarios académicos en una devaluada UNDEF a cargo de un antropólogo con amplios conocimientos en “mestizaje social en la frontera chaqueña durante la segunda mitad del siglo XIX”.

Frente a tanta distopía inimaginable, conviene la prudencia de retomar las palabras de Juan Perón al inaugurar la cátedra de Defensa Nacional en la Universidad Nacional de La Plata en 1944: “Los pueblos que han descuidado la preparación de sus Fuerzas Armadas han pagado siempre caro su error, desapareciendo de la historia o cayendo en la más abyecta servidumbre”.

FUENTE: El Cohete a la luna 

Una cincuentena de funcionarios renunciados a poco más de siete meses de gestión. Centenares de cargos de la grilla estatal sin ser ocupados en las segundas y terceras líneas ministeriales. Asesores que publicitan públicamente sus diferencias y que con un simple mensaje en redes quedan fuera de la asesoría. Una gestión económica que hace gala de la frazada corta, reivindicando una sola variable de la macroeconomía. Y una nueva mini crisis en el cenáculo del poder a partir de las diferencias que surgen con algunas sobreactuaciones. Todo eso resume la semana de una gestión gubernamental que imaginaba que la sanción de la Ley Bases y la firma del desubicado Pacto de Mayo de Julio, le darían una estabilidad política de la que por ahora adolece. Pasen y vean. Recorrido por una semana donde, lo efímero se apropió de la lógica libertaria. Sean bienvenidos y bienvenidas.

Con la preocupación que había traído la suba del dólar blue, el fin de semana anterior resultó prolífico en anuncios. Para decirlo sencillo: el gobierno se disponía a utilizar reservas para contener el precio de la moneda extranjera. Pese al rechazo del Fondo Monetario Internacional (de quien ruega un préstamo contante y sonante que le de aire), de las dudas de los economistas del palo y del mirar para otro lado de una oposición cada vez más amigable; el oficialismo se embarcó en la aventura de frenar la cotización a cualquier costo. En el desandar bajaron las acciones de las empresas argentinas en las bolsas del mundo, subió el riesgo país a 1600 puntos y los bonos cayeron de manera estrepitosa. Toda la movida sirvió para lograr el modestísimo objetivo de que la cotización del billete americano bajara algo así como un 5%. Cuánto durará el “éxito” de la medida, nadie lo sabe a ciencia cierta.

En la continuidad y consolidación del propio relato, el binomio Milei - Caputo salió a celebrar una supuesta recuperación de la economía ya que, según lo informado por el Indec, medido junio 2023 contra junio 2024, la economía se habría recuperado en un 2%. Lo que obvia decir el relato libertario, es que al desagregarse por sectores, si se saca el aporte del sector primario, que doce meses atrás sufría la peor cosecha de su historia, el conjunto de la economía cae alrededor del 5%.

Todas las variables de la economía y todos los sectores dan para abajo. Algunos de manera inédita. Cotidianamente se confirma que los dichos gubernamentales de semanas atrás, donde se anuncian la buenaventura de una economía que comenzó a “rebotar”, es falso. La saga se complementa con las declaraciones del ministro Luis Caputo, quien no se caracteriza por su docencia comunicativa: en la semana salió a reivindicar que los argentinos deberíamos vender dólares para pagar impuestos y que, a partir de las medidas de este tiempo, el peso resultará fortalecido. Las preguntas entonces se caen por su propio peso: ¿Desde cuándo resulta una buena noticia desprenderse de ahorros para enfrentar gastos corrientes? Y por otro lado, ¿cuál sería el sentido de dolarizar?

Pero si hablamos de declaraciones con impacto, las afirmaciones del por entonces asesor presidencial y empresario textil Teddy Karagozian (“Yo no veo que la economía despegue”) en el programa del operador periodístico Eduardo Feimann que se emite en el canal La Nación +, hicieron el suficiente ruido como para que el líder del Consejo de Asesores de Presidencia Demian Reidel, anunciara su desvinculación.

Vale decir que ninguno de los protagonistas se cuece en el primer hervor y que si el siempre protegido empresario hizo las afirmaciones que hizo, con el tono y en el lugar que las hizo (es un secreto a voces que esa señal tiene fuertes vinculaciones con Mauricio Macri), es porque deseaba precipitar algunos hechos. La eyección de Karagozian se suma a la de semanas atrás de Fausto Spotorno, hombre que pertenece a la consultora propiedad de Orlando Ferreres quien afirmó que la oferta de Pases a Letras del Tesoro para los bancos, se parecía bastante al plan Bonex que había impuesto Erman González hace tres décadas atrás. Parece que las ideas de libertad no admiten disensos públicos y ciertas pertenencias duran la fugacidad de una oruga.

Pero no fueron las únicas sobreactuaciones de estos días. Con una muy mala lectura de cierta realidad social, el oficialismo trató de sacar cierto rédito político de una situación en la que resultó comprometido el futbolista Enzo Fernández, quien en las celebraciones por la obtención de la Copa América se auto filmó entonando una canción de neto corte racista, por cierto nada ajeno al mundillo del futbol argento de cada día.

Primero fue el, por entonces, subsecretario de Deportes de la Nación, Julio Garro, quien planteó que el pedido de disculpas debía hacerse extensivo al capitán del equipo, Lionel Messi. Luego, a partir de las críticas que recayeron sobre su persona, intentó negar los dichos en un verdadero papelón en redes. Efímero fue el paso por la gestión al igual que su eyección comunicada por el presidente vía la red social X.

Pero la cosa no quedó allí. La propia vicepresidenta Victoria Villarruel, haciendo gala de una nueva cuota de chauvinismo explícito, se lanzó con un mensaje que desataba un malestar con Francia, país al que el presidente visitará en unos pocos días cuando asista a la inauguración de los Juegos Olímpicos París 2024, intentando capitalizar el triunfalismo que supone contar de nuestro lado con el éxito de la Scalonetta.

Rápida de reflejos y como parte de una interna cada vez más expuesta a la luz pública -y pese a dejar en posición adelantada a todo el trolleo libertario- la secretaria de la Presidencia, Karina Milei, se encargó de hacer circular la versión de que había visitado la embajada gala, para reunirse con su jefe diplomático, y así pedir las disculpas del caso, dejando trascender que la opinión de la hija del represor ya desaparecido, no era la del gobierno.

Lo que no dijeron la tía de Conan ni sus voceros mediáticos, es que el propio presidente de la Nación, durante la tarde de ese miércoles tan complicado, le había dado un “MG” a un twit de una cuenta que emitía un mensaje igual de ofensivo hacia el país gobernado por Emmanuel Macron. ¿Disculpas por la segunda en el organigrama institucional argentino? ¿O por el primero? Tal vez algún día lo sepamos. Pero parece que algunas afirmaciones en redes, también duran poco.

Y como en el mundo libertario, todo parece funcionar en un completo desorden, seis diputados de la Libertad Avanza no se privaron de sumar un nuevo escándalo institucional al haber visitado a un grupo de genocidas en la cárcel de Ezeiza, para apoyarlos en su pedido de detención domiciliaria. Avalados por el propio presidente de la Cámara, Martín Menem, quien habría puesto a disposición de sus colegas autos oficiales para el traslado, el bloque se asoma a una nueva crisis ya que un conjunto de integrantes del mismo, han comenzado a exigir alguna forma de sanción para los excursionistas de cárceles federales. El Poder Legislativo se encuentra de receso por las vacaciones de invierno, pero nadie puede asegurar del todo que a su vuelta no aparezcan novedades al respecto.

El silencio de Milei respecto al tema y la disputa desatada con su vicepresidenta, reflejan que la imagen de unidad que se intentó mostrar en el desfile del 9 de Julio sobre la Avenida Libertador en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde la dupla presidencial aparecía subida a un tanque, representa una puesta en escena antes que un hecho sustantivo de la realidad. Si la ausencia de Villarruel en el Pacto de Mayo en Julio había hecho ruido interno, los episodios de los últimos días confirman lo que el sistema político argentino ha demostrado con una matemática particularidad: las tensiones entre los presidentes y quienes le siguen en la línea de sucesión.

La potencia discursiva libertaria, el manejo de los recursos del Estado y aquello que el periodista Sebastián Lacunza bien sintetizó en un twit al afirmar que el problema no es un presidente sino la época que vivimos, imponen la fugacidad del hecho político.

Empeñado en desviar la atención de lo que resulta nodal de acuerdo a lo que fue prometido en campaña (hacer pagar el ajuste a la casta, levantar el cepo, cerrar el Banco Central, dolarizar, etc.), cotidianamente el mundo libertario nos proporciona “novedades” que parecen desafiar nuestra paciencia. En palabras de la poesía del epígrafe, hasta cuándo la sociedad seguirá “escuchando la remera” libertaria, es algo que no parece tener una fecha cierta. Tampoco, hasta cuándo le creerá.

(*) Analista político de Fundamentar - @miguelhergomez

El autoproclamado precandidato al premio Nobel de Economía Javier Milei festeja la baja de la inflación, principal sostén de su apoyo en materia económica. Esta vez, ponderó un relevamiento de Econométrica que marcó que la inflación de alimentos fue de 0% en la tercera semana de junio. El informe se conoció poco tiempo antes de que el INDEC difundiera una suba de la desocupación de casi 1 punto interanual, producto de una caída del PBI del 5,1% en el primer trimestre.

Son dos fotos “viejas”, de hace casi tres meses, pero la dinámica continuaría por ese trayecto, según indicadores de ventas y producción conocidos en los últimos días. Todo mientras el Fondo Monetario Internacional (FMI) presiona para que el Gobierno levante el ancla cambiaria que mantuvo los precios a raya hasta ahora y los inversores comienzan a percibir que la dinámica es difícil de sostener, lo que se traduce en la suba de los dólares paralelos.

El presidente y su equipo económico se subieron al reporte de la consultora que dirige Ramiro Castiñeira, economista alineado a la administración Milei. Econométrica relevó que los precios de los alimentos no aumentaron en la tercera semana de junio, en lo que fue el mejor registro de la era Milei y más allá. Según el indicador, la inflación de alimentos viaja a un promedio del 2,4% mensual, que desciende semana a semana.

Otros estudios que siguen la evolución de los precios de los alimentos muestran tendencias similares, aunque con números algo mayores a 0. LCG, por ejemplo, midió una inflación del 0,9% en la tercera semana, pero su indicador había tocado 0 en la primera e incluso perforó a -1% a comienzos de mayo.

Las mediciones semanales son volátiles, pero sirven para leer tendencias. El indicador de LCG se mantiene debajo del 2% semanal desde mediados de marzo. También cae regularmente la cantidad de productos que registran incrementos por semana. En la última medición, pasó del 25% al 19% del total. Sin embargo, LCG ve una señal de alerta: “Por cuarta semana consecutiva, la inflación promedio mensual se aceleró”, indicó. Alimentos llegó así al 4,1% promedio mensual.

Milei sabe que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de junio será mayor al 4,2% que marcó el mes previo, porque impactarán las subas de tarifas de los servicios públicos que el Gobierno demoraba en implantar, para así mostrar, justamente, una inflación descendente. La expectativa oficial es que los alimentos “domados” compensen los tarifazos en el promedio general y que este no pase del 5%. Los consultores creen estará por encima de ese número. Según el último relevamiento de Eco Go, el IPC general será de 5,7% en junio y Alimentos subirá 3,2%.

El FMI proyectó que la inflación llegará a diciembre a un ritmo de 4% mensual. Significaría una baja importante desde el final de la era de Alberto Fernández y el salto devaluatorio del tándem Milei-Caputo, pero con un costo en términos de actividad. En su reciente staff report, el Fondo auguró una contracción económica del 3,5% para este año (contra el 2,8% que esperaba hace unos meses) y una suba de desempleo hasta 8%. Y eso sin considerar el impacto que suelen tener en el país devaluaciones como la que el Fondo comenzó a reclamar.

Goles en contra

Si el presidente festeja los IPC como goles en redes sociales, mira para otro lado cuando llegan datos oficiales que muestran la consecuencia del ajuste recesivo que contiene los precios y que incluso provoca deflación en algunos rubros como bebidas. Como la venta de gaseosas, vinos, cervezas y otras caen a un ritmo superior al 20%, los fabricantes, distribuidores y comercios minoristas rebajan los precios para sacarse la mercadería de encima. Hoy, stockear no es negocio, porque nadie espera un repunte en las ventas.

Las ventas de supermercados y autoservicios cayeron 7,8% anual entre enero y mayo, según la consultora especializada Scentia. La baja es más pronunciada en las grandes cadenas, quizás porque la situación actual contrasta con el control de precios pleno (en ese canal de ventas) de la gestión Fernández-Massa. Pero no hay indicios de recuperación. “Junio viene más o menos igual”, anticipó una fuente del sector. La inflación baja, pero los ingresos no acompañan y no traccionan una recuperación del consumo masivo.

Hay casos hiperbólicos que dan cuenta del impacto social de la recesión, como las caídas en los consumos de carne y lácteos. Según la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes (Ciccra), el consumo de carne vacuna se contrajo 14,9% anual entre enero y mayo. “Dejando de lado los primeros cinco meses de 2020, esta fue la menor cantidad de las últimas tres décadas”, indicó. Los precios de los cortes cárnicos siguieron una trayectoria similar al IPC general. La caída de los ingresos hace que se dejen de consumir productos básicos.

Entre enero y abril, las ventas de productos lácteos cayeron 17,2% en el mercado interno, según el Observatorio de la Cadena Láctea (OCLA). La venta de leche refrigerada (en sachet, básicamente), cayó 14%, mientras que otros productos más caros, como leches no refrigeradas, yogures y quesos sufrieron bajas mayores. Si bien la industria celebró la eliminación de retenciones y controles de precios, “la fuerte inflación generalizada y el deterioro del poder adquisitivo de la población (sobre todo su estrato medio que define los mayores niveles de consumo), abren un gran interrogante respecto al comportamiento del consumo interno, sobre todo la convalidación de las importantes subas de precios”, indicó.

El Índice de Producción Industrial (IPI) de Orlando Ferreres echó por tierra cualquier expectativa de rebote. La medición marcó una caída del 9,8% anual en mayo, pero también un retroceso del 1% desestacionalizado contra abril, para volver a los pisos de actividad de marzo. Si las caídas más pronunciadas se dan en las industrias “pesadas”, como maquinaria agrícola, la elaboración de alimentos –descontado el rebote del sector oleaginoso post sequía– tampoco repunta. “Para los próximos meses anticipamos que continúe la oscilación de la actividad industrial en torno a los niveles bajos actuales. Esperamos que un eventual cambio de tendencia y comienzo de recuperación se produzca cuando la desaceleración de la inflación dé lugar a una mejora de los ingresos de las familias y a una recomposición de la demanda interna”.

Milei repite que la inflación es un fenómeno monetario y que tenderá a cero si se frena la emisión de dinero. Para Epyca, datos dispares sobre la evolución de los precios mayoristas importados y nacionales, la construcción y el IPC son muestra de que la inflación baja por el combo de recesión y ancla cambiaria. “Esto no quiere decir un proceso de deflación, para lo cual se requiere que esa caída sea sistemática y generalizada, pero abona la hipótesis de que la caída en los precios está principalmente siendo posible gracias a la caída en el nivel de actividad (y la apreciación de tipo de cambio)”, escribió la consultora que dirige Martín Kalos.

La recesión permite sostener el ancla cambiaria que contiene los precios sin que se deteriore la balanza comercial. “Los datos de intercambio comercial de mayo publicados por el INDEC muestran que, en lo que respecta al intercambio con el mundo, el tipo de cambio permanece lo suficientemente competitivo. Al menos mientras la economía argentina mantenga estos niveles de contracción que hacen disminuir el nivel de importaciones”, analizó la consultora Vectorial.

Pero la floja liquidación de agrodólares complica la acumulación de reservas del Banco Central y mete presión sobre el dólar oficial que contiene los precios. “Sin perspectivas concretas de un ingreso de dólares extraordinario y con un tramo largo hasta concretar un nuevo acuerdo con el Fondo, es dudoso cuánto podría resistir el BCRA un cambio de flujos sostenido”, sostuvo Vectorial.

Destruir empleo

En este contexto, la caída del empleo que cristalizó el INDEC este martes no tiene terreno para repuntar. El desempleo llegó al 7,7% de la población y 1,7 millones de personas que buscan trabajo no lo encuentran. En comparación con el último trimestre de 2023 (estacionalmente, más alto en términos de actividad), hay unos 450.000 nuevos desocupados, en parte por la destrucción de puestos de trabajo y en parte porque nuevos trabajadores no encuentran puestos.

En comparación con el primer trimestre de 2023, el desempleo creció 0,8%. Según Luis Campos, investigador del Instituto de Estudios y Formación de la CTA-Autónoma, la caída no fue tan pronunciada como en la recesión de 2018-2019. Otros datos muestran lo precario de la situación. Uno: la cantidad de ocupados demandantes de empleo (porque necesitan un ingreso adicional o buscan un trabajo mejor pago) hizo saltar la presión sobre el mercado laboral del 26,9% al 29,5% en un año. Dos: la suba del desempleo entre jefes de hogar fue de 1,2% en un año y llegó al 5%. El salto fue mayor entre los varones de hasta 29 años.

“Tanto la tasa de ocupados demandantes, como la tasa de subocupación, registraron incrementos interanuales”, indicó el Centro de Economía Política Argentina (CEPA). “Estas variaciones, sumadas al incremento en la tasa de desocupación, resultaron en un crecimiento en la presión sobre el mercado de trabajo de 9,5 puntos porcentuales”, añadió.

Feredico Pastrana, de CP Consultora, lo resumió así en X: “El desempleo es desigualador: pega más en los estratos más débiles. La informalidad por ahora no aparece como refugio. La crisis es por desempleo (más intensa)”. El especialista notó que se destruye empleo no registrado y que, entre los trabajos formales, los que más caen son los de menor calificación.

«Ahora que estamos bajando la inflación, sí, claro, se genera desempleo. Obvio, si estamos limpiando la basura que se estuvo haciendo los últimos 20 años, si no fuera por decir desde 1930 en adelante», dijo Milei en el Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), a fines de mayo, cuando datos oficiales mostraban la destrucción de unos 100.000 puestos de trabajo formales en el sector privado en cuatro meses.

FUENTE: Cenital