La explosión es la consecuencia, no la causa.

El martes explotó un depósito en el puerto de Beirut, la capital del Líbano. En un primer momento se dijo que había sido un cargamento de fuegos artificiales. Es verdad, pero fue el principio. La segunda explosión, que se vio en todos los celulares del mundo, fue de 2750 toneladas de nitrato de amonio, lo que produjo cientos de muertos, miles de heridos, y pérdidas materiales y no materiales gigantescas.

https://www.youtube.com/watch?v=ARQKGKtmiJM

El hecho reviste una mayor gravedad cuando la consecuencia de la explosión dio lugar a la pérdida de casi todo el grano acopiado en el puerto de un país que importa la mayor cantidad de los alimentos que consume, como la gran mayoría de los países de Medio Oriente. Aunque en este caso, sin la billetera de las denominadas Petromonarquías.

Pero la crisis libanesa no es producto de la explosión, sino más bien al revés. En un primer momento, y luego de que Israel manifestó que la semana pasada había frustrado un ataque de Hezbollah en la frontera entre ambos países, se barajó la idea de que había sido un ataque israelí.

Pero luego se aclaró que el cargamento de nitrato de amonio estaba un carguero ruso abandonado desde hace al menos 6 años, y que la falta de medidas de seguridad en el depósito de un material tan peligroso fue el causante de la tragedia. Negligencia, falta de controles e irresponsabilidad; no un atentado ni un ataque aéreo.

Esta explicación cobra mucho más sentido cuando uno repasa la realidad libanesa de los últimos años. El Líbano vive su peor momento desde la Guerra Civil que duró desde 1975 a 1990. Siendo uno de los países más pobres de la región, su deuda soberana asciende a más del 150% de su PBI. Tras la retirada de capitales saudíes en 2017, el rescate de las finanzas del país estuvo a cargo de Francia, ex potencia mandataria, y el Fondo Monetario Internacional.

Como sabemos bien, estos rescates no salen gratis. Se le exigió al Estado un profundo programa de ajuste que abarcó desde gravámenes a las jubilaciones a cancelaciones de subsidios a servicios públicos como la electricidad.

Cuando en octubre del año pasado el gobierno quiso aplicar un impuesto a las llamadas de Whatsapp, el tabaco y la gasolina, la bronca estalló y se dieron una serie de protestas que se llevaron puesto al entonces Primer Ministro, Saad Hariri. Tal hecho fue catalogado por los medios occidentales como la “Revolución del Whatsapp”, habida cuenta de la facilidad que tiene Occidente en denominar Revolución a cada ciclo de protestas que se da en otras latitudes.

Esto se vincula con la crisis política que vive el Líbano. Desde hace casi 70 años, en este país rige un acuerdo político basado en el sectarismo religioso. El Presidente del país, es siempre cristiano; el Primer Ministro, musulmán sunnita; y el Presidente del Parlamento, musulmán chiita. Esta división sectaria de la estructura de poder libanesa empezó a entrar en conflicto con las demandas transversales de un pueblo que tiene necesidades más importantes que las divisiones confesionales.

El hecho de que la población del Líbano tenga dificultades cada vez mayores para acceder a bienes básicos, y que sus demandas estén atadas si o si al acuerdo entre sectores que defienden intereses sectarios determinados, se volvió insostenible. Los libaneses dijeron basta y el descontento contra la clase política se generalizó.

Desde octubre las calles fueron tomadas por una nueva generación de libaneses y libanesas que van en contra de esa tradición política, siempre atenta a sus propios beneficios a expensas del desarrollo del país. Y estas cuestiones posibilitan la intervención extranjera. Por ejemplo Hezbollah, el partido – milicia de confesión islámica chiita, depende logística y financieramente de Irán. ¿Cómo puede trabajar en pos de todos los libaneses si a Irán solo le interesa que el chiismo prevalezca?

Todo esto sirve para explicar lo que dijimos al principio: la explosión es la consecuencia, y no la causa de la crisis que vive el Líbano. No obstante, los que saben y conocen este país de donde vinieron mis dos bisabuelas, siempre apuntan que es un pueblo que saca fuerza en momentos donde todo parece derrumbarse. Como dijo el gran Periodistán en estos días.

https://twitter.com/periodistan_/status/1290757421217067009

A diferencia de Áñez, los trabajadores prometieron y cumplieron

Bolivia vive momentos terribles desde el golpe de Estado en noviembre. Los conflictos sociales tuvieron su pequeño parate con el inicio de la pandemia. Las promesas rotas de la senadora autoproclamada presidenta, los volvieron a activar.

Áñez sostuvo en noviembre, cuando entró al Palacio Quemado blandiendo una Biblia, que llamaría a elecciones en 90 días. Con la decisión del Tribunal Supremo Electoral de posponer por tercera vez los comicios al 18 de octubre, estará en el cargo más de un año.

Desde el lunes, manifestaciones y cortes de rutas se multiplican en todo el país. Más allá de lo que apuntan los medios y el Gobierno de facto, que sostienen que es el MAS quien alienta las movilizaciones, estas son organizadas a cabo por la Central Obrera Boliviana (COB) y el Pacto de Unidad.

Quien siga de cerca la política boliviana sabe que la COB tiene lealtades volátiles y no es una organización que responda al MAS. La central sindical fue uno de los actores que pidió que Evo renuncie en noviembre, y estuvo presente en otras crisis que tuvo que pilotear el ex Presidente, como la de 2008, con un rol desgastante mediante una huelga general mientras la mitad del país quería desprenderse del poder central de La Paz.

El Pacto de Unidad, que logró un acuerdo con la COB para salir a las calles, representa a los sectores campesinos e indígenas, más cercanos a la estructura política de Evo. Hace un mes que los trabajadores se movilizan contra el Gobierno de facto, por la falta de respuestas sanitarias, políticas y económicas. Pero las movilizaciones por tiempo indefinido son parte de una promesa hecha por la COB y los mineros, que prometieron “convulsión social” si no se hacían las elecciones.

https://www.youtube.com/watch?v=KA9nfkwwkKg

A esta alianza entre la COB y el Pacto de Unidad se sumaron los mineros, que aseguraron que marcharán a La Paz de forma contundente si el Gobierno desaloja los bloqueos. La situación se pone más espesa al saber que estos cortes dificultan la llegada de insumos médicos para los efectores de salud, abarrotados de gente enferma por la pandemia.

Después de haber dado positivo por COVID, Añez descansó aún más en su dirigente más cercano: el Ministro de Gobierno, Arturo Murillo. Poseedor de una importante cuota de poder y con mucha capacidad de ocupar la centralidad del discurso, Murillo es de esos tipos que no tienen muchos escrúpulos. Ha justificado las masacres de fines del año pasado y es un fiel amigo de las prácticas represivas. El periodista Jon Lee Anderson, de la revista The New Yorker, sostuvo hace poco en una entrevista que Murillo le hacía acordar a los oscuros militares latinoamericanos de los ochenta, diciendo que si hay muertos es porque se matan entre sí en la montaña. De terror.

Lo cierto es que Bolivia vive momentos complicadísimos. La pandemia azota el sistema de salud y la económica; la crisis política se agrava porque la salida constitucional es prorrogada indefinidamente; y el poder está en manos de personajes que remiten a los peores villanos de la historia latinoamericana, con el agravante que no hacen ni un mínimo esfuerzo por ocultarlo.

El tema elecciones está determinado por varios factores. El avance de la pandemia es uno, que le ha servido de excusa a Áñez para patear la celebración de los comicios. El acuerdo entre los partidos es otro. Áñez y el golpista cruceño Luis Fernando Camacho abogan por retrasarlas aún más; mientras que Luis Arce, que encabeza las encuestas y Carlos Mesa, que estaría peleando en un hipotético ballotage, quieren que el Gobierno cumpla con lo decidido por el Legislativo y celebre los comicios el 6 de septiembre.

Bolivia es un país donde cada día que la crisis se alarga implica más muerte. Ya sea por la falta de acuerdos para la respuesta sanitaria efectiva o por la represión del Gobierno de facto y sus perros de caza.

Ping Pong

* Una oportunidad más para Correa: suspendieron la proscripción de Fuerza Compromiso Social --> ver

* Donald Trump vs Tik Tok. Al final los videítos eran cosa seria --> ver

* Arrestaron a Álvaro Uribe --> ver

* Falleció John Hume, artífice de la paz en Irlanda del Norte. --> ver

Bonus track

Bielorrusia es un país que perteneció a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Desde su independencia, su destino estuvo atado al de la Federación Rusa. El domingo hay elecciones. El proceso está bastante espeso porque el Presidente Lukashenko, en el poder desde hace más de 25 años, puede perder contra una alianza conformada por 3 mujeres. Pero también porque el gobierno afirma que hubo mercenarios rusos que quisieron organizar una serie de disturbios en la víspera electoral. Algunos detalles más, acá ---> ver

Para seguir en Europa Oriental, ¿recuerdan que hablamos de la reelección del Presidente polaco, Andrzej Duda? Sus posturas homofóbicas tuvieron respuesta en el Parlamento, cuando fue a asumir su nuevo mandato.

Tras el arresto a Uribe, me pareció muy interesante volver a leer sobre el Proceso de Paz que encabezó el ex Presidente Juan Manuel Santos. Hace poco, tuvo una conversación con Rodrigo Londoño, el líder de las FARC. Acá dejo el dialogo. ---> ver

Me voy con una foto de la Catedral de Managua, en Nicaragua, que quedó así tras un atentado con bombas molotov.

Creo que grafica bastante bien el tiempo que estamos viviendo. Hasta el flaco de barba la tiene jodida.

Hasta la semana que viene.

(*) Columnista internacional de Fundamentar.com

Quienes generacionalmente somos “hijos de la democracia” en el Cono Sur, forjamos nuestra identidad sociopolítica al calor de valores occidentales que pregonaban la llegada de una nueva era, donde el desarrollo de los Estados Nación ya no estaría condicionado por pujas ideológicas y se impondrían por su propio peso los beneficios de una economía de mercado regida por una “mano invisible”. Estas ideas quedaron plasmadas en el decálogo que el economista inglés John Williamson formuló a fines de los 80's como receta para las economías regionales afectadas por la crisis y los padecimientos de la deuda externa, conocido como el Consenso de Washington.

Sin embargo, estas nociones no tendrían en cuenta las complejas formaciones tectónicas de algunas sociedades que, como la boliviana, se encontraban atravesadas por tradiciones milenarias de distintos pueblos y naciones que habitan la región andina amazónica desde siempre. Así, a fines del siglo XX, surgirá una nueva teoría en el seno del conservadurismo liberal, que sostendrá que los nuevos conflictos emergerán como consecuencia de un “choque de civilizaciones”. Esta concepción servirá de tamiz ideológico para interpretar los atentados del 11-S y sostener las acciones militares estadounidenses contra lo que denominarían “terrorismo islámico”. La nueva amenaza al poder hegemónico será empleada como leitmotiv para imponer un juego de suma cero en el escenario internacional de comienzos de siglo, que quedará claramente explicitado en el discurso del entonces Presidente George W. Bush: “o estás con nosotros o estás contra nosotros”.

Es en este contexto mundial signado por las cruzadas del siglo XXI, donde parece gestarse la posibilidad para que los Estados de nuestra región adquieran mayores márgenes de maniobra en la arena internacional. La posibilidad de desarrollar políticas conjuntas que redunden en beneficios para nuestras poblaciones dará lugar al recordado movimiento político y social NO al ALCA, que culminará con la multitudinaria contracumbre en la ciudad de Mar del Plata, en noviembre de 2005. A la cabeza de aquella gesta se encontraban personalidades de distintos sectores como Diego Maradona, Miguel Bonasso, Emir Kusturica, Víctor Heredia y Silvio Rodríguez. Los esfuerzos mancomunados de los Presidentes Kirchner, Da Silva y Chávez, terminaron dilapidando los incansables intentos norteamericanos por instalar el Área de Libre Comercio. El Estadio Mundialista sería testigo privilegiado de las inolvidables palabras que marcarían su ocaso: “ALCA, ALCA, al carajo”.

Pero en esa coyuntura, un nuevo liderazgo asomaba. Se trataba de quien se constituiría, apenas unos días después, en el primer mandatario indígena de Sudamérica: Evo Morales Ayma. Representante del sindicalismo cocalero, sus luchas contra el modelo neoliberal opresor de identidades y culturas había comenzado a mediados de la década del '80, cuando sus postulados se hacían carne en el programa que liberalizó y privatizó la economía del país.

Una vez en el poder, el gobierno del MAS-IPSP definió y estableció los lineamientos que guiarían su accionar en el transcurso de los siguientes 13 años. Conscientes de la determinación estructural, sus líderes decidieron “tomar el toro por las astas” y nacionalizar los hidrocarburos el 1 de mayo de 2006. A partir de ese momento, contaron con los recursos necesarios para desplegar una amplia batería de políticas públicas que apuntaron a mejorar la realidad de un país que se había caracterizado por relegar a la mayoría de su población a condiciones de vida paupérrimas. Por aquel entonces, Bolivia presentaba cifras alarmantes en todos los indicadores económicos, políticos, sociales y culturales.

De esta forma, se implementaron diferentes iniciativas que se dirigieron a atender las necesidades y demandas de los sectores de la sociedad más relegados. La política de protección social y desarrollo integral comunitario apuntó a paliar las urgencias de los más vulnerables; la política educativa se sustentó sobre el modelo de la Escuela Ayllu de Warisata que en la década del '30 promovió un tipo de enseñanza donde se conjugaban trabajo y estudio en el marco de una concepción pedagógica descolonizadora que rescataba los saberes ancestrales de los pueblos indígenas; y la política productiva tuvo su eje en el convencimiento de que era necesario transformar su matriz, intentado modificar el patrón primario exportador. Siguiendo esta lógica, se decidió redireccionar parte de los excedentes de sectores estratégicos de la economía, como hidrocarburos y minería, con el objetivo de agregar valor a la producción nacional y consolidar un proyecto económico sólido que siente las bases fundacionales de un nuevo Estado. Los resultados fueron sobresalientes: el PBI creció de forma continua a una tasa promedio de 4,9%, la inversión pública se duplicó, la deuda externa se redujo más de la mitad, las Reservas Internacionales Netas se triplicaron, el ahorro en el sistema financiero se incrementó cerca del 700%, y la inflación se redujo de 4,9% a 0,59%. Al mismo tiempo, se produjeron mejoras sustanciales en la situación social del país, puesto que la pobreza extrema disminuyó 21,1%, el Índice de Gini pasó de 0,60 a 0,47, la brecha entre ricos y pobres se redujo 46 veces, la clase media creció 23%, el salario mínimo se incrementó 368%, y en 2017 el desempleo fue el más bajo de Sudamérica. Como si fuera poco, la desnutrición crónica disminuyó 23%, la tasa de mortalidad de la niñez se redujo 50%, y ya en el año 2008 Bolivia fue declarada por la ONU como territorio libre de analfabetismo.

Todos estos logros dan cuenta de la realidad de un país que logró avanzar desde los peldaños más profundos del subdesarrollo hacia un nuevo estadio, donde los pueblos indígena-originario-campesinos encontraron resguardo al interior de un Estado Unitario Plurinacional Comunitario, que mediante la reforma constitucional del año 2009 logró empoderar a mujeres, pequeños campesinos e indígenas. Su éxito radicó en recuperar las nociones centrales del ancestral paradigma del “Vivir Bien”. Sus postulados reivindican las cosmovisiones de los pueblos originarios, que conciben al ser humano como parte integrante de un todo al que hay que respetar y cuidar.

En este proceso el papel del Estado fue trascendental, ya que no sólo reconoció y otorgó derechos al interior de un territorio multiétnico y plurilinguístico, sino que decidió intervenir de forma directa en la economía, creando una empresa estatal de alimentos (EMAPA), que medió en toda la cadena productiva en beneficio de los pequeños y medianos productores. Aquí es importante destacar dos características que hacen de Bolivia un caso único en la región: es el país con mayor cantidad de habitantes que se autoidentifican como indígenas (62%), y cuenta con la mayor proporción de habitantes en América del Sur dedicados a la agricultura (32,1%). Estos datos reafirman la trascendencia de medidas como la Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria, que logró beneficiar a más de 2 millones de personas mediante la entrega de títulos de propiedad sobre la tierra.

Pero un día sonaría otra vez “la hora de la espada”. Los prolíficos avances en la industrialización del litio y las sociedades conformadas con Alemania y China para lograrlo, encenderían las alarmas en la Casa Blanca. El 10 de noviembre de 2019, el proyecto socialista de Evo caería por tierra ante la amalgama de enemistades que bien había sabido granjearse. Los derrotados en las urnas (Carlos Mesa), quienes perdieron sus privilegios en 2006 con la nacionalización de los hidrocarburos (Luis Fernando Camacho), los militares cipayos entrenados en la Escuela de las Américas (Williams Kaliman) y los sectores acaudalados de la “Medialuna” que intentaron desmembrar el país en 2008, se encolumnaron detrás del poder incontrastable del hegemón, quien, legitimado por el accionar de la OEA (y su secretario general, Luis Almagro), dejó en claro la vigencia actual de la división internacional del trabajo y la imposibilidad de romper los patrones de un sistema que sigue sosteniéndose sobre la sangre derramada de los pueblos del sur.

Aquí parados, habiendo transitado las experiencias sudamericanas de principios de siglo, sabiendo que contamos con el 85% de las reservas mundiales de un mineral esencial para el cambio de matriz energética y fundamental en la modificación del patrón tecnológico, y ante la compleja situación que hoy vive nuestro subcontinente producto de la injerencia del imperialismo norteamericano, es imperioso que nos preguntemos: ¿cuáles son las alternativas para el socialismo del siglo XXI?

(*) Analista internacional. Colaborador de Fundamentar

Áñez asumió la jefatura de Estado el 12 de noviembre, dos días después de que Evo Morales fuera forzado a renunciar al cargo de presidente, en medio de la crisis política desatada luego de que sectores de la oposición denunciaran fraude en los comicios electorales.

La mandataria "ha decidido solicitar la renuncia de todos los ministros (20) para encarar esta nueva etapa de la gestión de transición democrática", señaló un comunicado emitido por la secretaría de la Presidencia, a cargo de Erick Foronda.

Desde el entorno de la mandataria, y ahora también candidata a presidenta, sostuvieron que es "usual" que en el proceso electoral "se produzcan ajustes en el equipo de trabajo en el órgano Ejecutivo".

Esto último porque existe la posibilidad de que algunos exministros se postulen como candidatos o se vean obligados a renunciar por haber ingresado al gobierno de la mano de Luis Fernando Camacho. Desde que Áñez formalizó su candidatura Camacho pasó de ser un aliado a convertirse en un opositor.

La decisión de pedir la renuncia de todo su gabinete surgió horas después de que su ministra de Comunicación, Roxana Lizárraga, renunciara tras conocerse la postulación. La ministra remarcó que en más de una oportunidad, Áñez había aclarado que el suyo era un gobierno transitorio, con el fin de organizar elecciones generales.

Lizárraga dijo en su misiva que el gobierno "ha perdido sus objetivos" y "ha comenzado a incurrir en los mismos males del 'masismo' (en referencia al MAS, el partido de Morales) que combatimos”.

Áñez anunció el viernes su decisión de postularse a la presidencia en una alianza de su partido Demócratas y Soberanía y Libertad de Bolivia (Solbo) del alcalde de La Paz, Luis Revilla.

La mandataria -según la nota de la secretaría presidencial- ratificará o nombrará a sus 20 ministros, "en el menor tiempo posible", y prometió que no habrá interferencia desde el Palacio a su favor durante la próxima campaña electoral.

FUENTE: Página12

Se escuchan llantos desgarradores. Frazadas y flores cubren los cuerpos de los seis fallecidos en Senkata, como consecuencia de la represión policial militar en la planta de combustibles de esa localidad. La Parroquia San Francisco de Asís del distrito 8 de El Alto está rebalsada de padres, madres, hermanos y amigos que no encuentran explicación a la muerte de sus seres queridos. Las nuevas víctimas ensanchan el triste listado de 30 personas muertas desde la realización de las elecciones un mes atrás, de las cuales 20 fueron asesinadas desde que se autoproclamó presidenta Jeanine Áñez.

Toma y represión

Movimientos sociales cercanos al Movimiento al Socialismo (MAS) que rechaza el gobierno de facto de Áñez, mantenían bloqueado el ingreso a la planta de combustibles de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) desde el martes. Ante el desabastecimiento de combustibles que ya provocó la reducción de la frecuencia en el transporte público, además de la falta de algunos productos básicos, la policía junto a los militares realizaron un operativo para terminar con la protesta que se llevaba adelante en la localidad de Senkata, donde se ubica la planta de combustibles.

Las versiones varían de acuerdo a quien se escuche. Por un lado, las fuerzas de seguridad sostienen que lo manifestantes se negaban a abrir paso, y que debieron hacerlo arrojando gas lacrimógeno. El propio ministro de Defensa del gobierno de facto, Luis Fernando López, aseguró que de las Fuerzas Armadas "no salió un solo proyectil". Lo llamativo es que circulan una serie de videos en las redes, donde se puede ver con claridad la represión y un dato que es innegable: la cantidad de muertos asciende a 6 personas.

Morir por la democracia

Juan José Tenorio Mamani tenía 23 años y es uno de los manifestantes que fue asesinado. Su madre y su esposa rodean su cuerpo lleno de flores, acompañado por un cartel que dice "el Rey del litio". En diálogo con David Ticona Balboa, periodista boliviano que presenció los hechos en Senkata, la compañera del joven muerto asegura, sin poder contener las lágrimas: "Me están dejando con un hijo que él quería ver crecer y ahora no está. Era joven, tenía una vida por delante. Quiero justicia y que las personas que hayan hecho esto entren a la cárcel".

El deseo de la esposa del joven asesinado de encontrar justicia parece imposible, en el contexto actual de Bolivia. La autoproclamada presidenta firmó esta semana un decreto que brinda impunidad a los efectivos de seguridad. "El personal de las Fuerzas Armadas, que participe en los operativos para el restablecimiento del orden y estabilidad pública, estará exento de responsabilidad penal cuando en cumplimiento de sus funciones constitucionales, actúen en legítima defensa o estado de necesidad", se explica en la cuestionada normativa que cuestionan por dar vía libre para matar sin ser juzgados.

¿Aval para matar?

"En Senkata los militares, avaladas por un decreto que las exime de toda responsabilidad penal en el uso de la fuerza, intervino en el bloqueo de forma violenta produciendo 6 muertos y muchos heridos, alrededor de 30. En horas de la noche el ministro de Defensa señaló que no hay disparos de armas del calibre que las Fuerzas Armadas. Sin embargo, algunos videos caseros de gente de la zona acompañan el desmentido de esta situación, a raíz de que se ve a militares disparando sus armas de fuego y apuntando a objetivos de forma clara", describe el politólogo boliviano, Jorge Richter, lo que sucedió en la toma de la planta de combustibles.

Consultado acerca de cómo influyó el decreto de Áñez en el uso de las fuerzas en la represión de esta semana, Richter afirma que la normativa genera un "estímulo" porque ya no existe el miedo de los efectivos a poder recibir futuras acciones penales. "Es un aval que le permite al gobierno de turno contar irrestrictamente con este factor de poder que es un soporte fundamental para el sostenimiento del actual el gobierno", afirma el analista político.

Golpe y crisis

Desde las elecciones pasadas del 20 de octubre el país se encuentra convulsionado. Primero con las movilizaciones en desconocimiento de la victoria de Evo Morales, luego con el forzamiento de las Fuerzas militares al Presidente para que renuncie, en un claro golpe de Estado. Con el ex mandatario asilado en México, el país atraviesa una fuerte crisis. Una presidenta autoproclamada, movilizaciones por todo el país en su rechazo y el llamado a elecciones que no se acuerda.

El ministro de la Presidencia de facto, Jerjes Justiniano, abogado de Fernando Camacho, le dio anoche un ultimátum de 48 horas al Parlamento, dominado por la mayoría de dos tercios del MAS, para convocar a elecciones. Áñez sostuvo que "si Dios quiere" en las próximas horas se conocerá la fecha del llamado a elecciones, el cual Evo ya adelantó que no participará pero pidió que lo dejen volver al país.

Hay que ver cómo se desarrollan los hechos, pero la represión que se pudo ver a través de las crudas imágenes que circulaban de manifestantes muertos y otros heridos difícilmente puedan llevar a una situación de calma. Al ser consultado por cómo cree que continuará la situación tras las muertes en Senkata, Richter es contundente: "Esto va a generar la exacerbación de los sectores de la zona El Alto, hoy están nuevamente bloqueando. Las 40 cisternas que salieron ayer solo van a abastecer por 48 horas o menos. Esto significa que el problema está latente y que no se descarta un nuevo enfrentamiento en la zona".

FUENTE: Cenital

 

Es importante hacer un recorrido por todos los pasos que han llevado al estado de cosas actual, donde las Fuerzas Armadas y la Policía están en las calles sosteniendo el golpe y la autoproclamación de Áñez mediante la represión, mientras las organizaciones indígenas, campesinas y de trabajadores se encuentran en estado de movilización permanente.

Pero también es crucial comprender que el golpe de Estado en Bolivia implica reflexionar y tomar nota sobre dos cuestiones que, a priori, parecían pertenecientes a tiempos pasados. La primera es la centralidad, el protagonismo y la capacidad de arbitraje que tienen las Fuerzas Armadas en la política latinoamericana. La segunda es sobre el discurso de fundamentalismo religioso que tienen las principales figuras del movimiento golpista.

Tanto la cuestión militar como la supuesta contradicción religiosa que subyace en la lucha por el poder político representan ejes que no estamos acostumbrados a ponderar en los análisis de las tensiones políticas.

A pesar de que América Latina tiene una larga y triste historia de golpes de Estado, es necesario tener en cuenta que las Fuerzas Armadas tienen, en la mayoría de los países de nuestro continente, un prestigio y una cuota de poder que no tienen aquí en la Argentina, debido a la brutalidad de la última dictadura y los procesos posteriores de Memoria, Verdad y Justicia en el período democrático.

https://www.youtube.com/watch?v=3POyhLPXs9s

A partir de este diagnóstico, uno podía suponer que las gravísimas interrupciones al orden constitucional en este Siglo XXI estarían más ligadas a golpes “blandos” o “parlamentarios”, como los que sufrieron Fernando Lugo en 2012 en Paraguay o Dilma Rousseff en 2016 en Brasil.

Pero en las últimas semanas, las FF.AA. han recobrado un preocupante protagonismo en la política de nuestros países: en Perú, el presidente Martín Vizcarra pudo mantenerse en cargo gracias al apoyo de las FF.AA.; en Chile, el gobierno de Sebastián Piñera no dudó en sacar al Ejército a la calle y otorgarle la tarea de reprimir las masivas manifestaciones que se suceden en contra del modelo económico chileno; en Ecuador, también fueron parte de la represión de las manifestaciones contra el gobierno de Lenín Moreno, que se pudo mantener en el cargo gracias al apoyo castrense. Además, en Venezuela y en Brasil las FF.AA. son parte integrante de los respectivos gabinetes de Nicolás Maduro y de Jair Bolsonaro, aunque con sus diferencias ideológicas, claro está.

El golpe en Bolivia adquirió una naturaleza distinta a las últimas interrupciones del orden democrático. El presidente Evo Morales denunció un golpe cívico – político – policial debido a que la oposición política en ese país desconoció los resultados de las elecciones y luego se negó a entablar un diálogo con el gobierno. Además, grupos paramilitares perseguían a funcionarios, militantes y familiares de personas ligadas al oficialismo, al tiempo que la policía se amotinaba en varias de las ciudades más importantes de Bolivia.

El golpe de gracia al gobierno de Evo lo dieron las Fuerzas Armadas, cuando mediante una declaración de su Comandante en Jefe, “sugirieron” la renuncia del presidente para “pacificar el país”. Claro está que cuando la Policía no responde al gobierno y las FF.AA. recomiendan que el Jefe de Estado renuncie, ya no hay nadie que garantice ni el cumplimiento de las directivas del Ejecutivo ni la seguridad del binomio presidencial, como finalmente ocurrió.

https://www.youtube.com/watch?v=5zU4AvM_aeU

Quizás podría haber sido diferente la historia si las Fuerzas Armadas de Bolivia respetaban la Constitución del Estado Plurinacional y abogaban por mantener la institucionalidad política y el resguardo de la integridad física del presidente y sus colaboradores más cercanos.

Por otro lado –y esto es aún más difícil de comprender- está el renovado discurso del fundamentalismo religioso que vociferan los golpistas. Hay muchos ejemplos de esto. El dirigente cívico de Potosí, Marco Pumari, dijo que “Camacho le hizo leer la Biblia a los herejes”; el propio Camacho aseguró haber llevado a Dios a la Casa de Gobierno, al tiempo que irrumpió en el Palacio Quemado con la Biblia en la mano y, poniéndola sobre la bandera boliviana, se puso a rezar luego de la renuncia forzada de Evo; se vieron imágenes de banderas wiphala quemadas, en un claro gesto de agresividad contra los pueblos indígenas de Bolivia. Incluso la presidenta autoproclamada blandió la Biblia asegurando que Cristo volvió al Palacio de Gobierno. La misma persona había acusado a los indígenas de ser satánicos, en numerosas oportunidades.

¿Qué significa toda esta parafernalia religiosa? A nuestro entender, no es un discurso que busque la construcción de una base moral para imprimirle a ciertos proyectos políticos un carácter mesiánico, como lo hizo el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, cuyo lema preferido es “Brasil por encima de todo, Dios por encima de todos”.

En Bolivia, uno supone que es parte de una estrategia de cohesión cultural del bloque anti Evo, siendo el presidente derrocado un fiel representante de la mayoría indígena del país, históricamente subalterna. La disputa en términos religiosos es un pretexto para darle una legitimidad moral y un sentido de misión al movimiento golpista, cuando en realidad lo que está verdaderamente en juego es el futuro de Bolivia en términos económicos y geopolíticos.

https://www.youtube.com/watch?v=mx4xpkgh02A

El conflicto cristiano – indígena, que data de hace más de 500 años, es parte de la batalla cultural que dio Evo Morales en sus 13 años de gobierno como forma de empoderar a la gran mayoría indígena que vive en Bolivia. También es una trinchera de la derecha y los poderes concentrados, fundamentalmente porque la batalla cultural es la que debe ganarse previamente para inclinar la cancha en la disputa fundamental, que es la económica y la geopolítica.

No obstante, no hay que confundir una trinchera de la batalla cultural con la verdadera contradicción que subyace entre los golpistas y el proyecto político encabezado por Evo Morales. La principal contradicción radica en que el gobierno de Evo llevó a cabo una verdadera refundación del Estado boliviano, empoderando a la mayoría indígena y poniendo a Bolivia en un umbral de dignidad impensado hace 20 años. La enorme reducción de la pobreza extrema, la amplitud de derechos adquiridos, y la búsqueda de igualdad y justicia social al interior del país es lo que envalentona a la derecha desde hace 13 años para correr a Evo de la presidencia.

El pecado de Evo no es atentar contra la moral cristiana, o ser un hereje, como plantean los delirantes que asaltaron el Estado boliviano. El pecado de Evo es haber llevado a cabo un proceso revolucionario y democrático de redistribución de la riqueza a favor de las grandes mayorías, históricamente vulneradas y pisoteadas por los sectores de la burguesía nacional, fieles representantes de las corporaciones y los intereses foráneos. Porque no hay que olvidar, que Luis Fernando Camacho, además de ser fanático de Cristo y perteneciente a la logia cruceña Caballeros del Oriente, es fanático del billete verde con la cara de Benjamin Franklin. Camacho es empresario del sector de los hidrocarburos, aquel que fue nacionalizado por Evo Morales para emprender el proceso de desarrollo encabezado por el Estado, y que cuadruplicó la economía boliviana en 13 años, bajó el desempleo, la pobreza extrema, y posibilitó que Bolivia crezca en medio de una coyuntura recesiva que azota a la mayoría de los países sudamericanos. Y todo eso, acompañado por un proceso de recomposición salarial que implicó que el salario promedio de Bolivia supere los de la mayoría de nuestros países, incluida la Argentina de Macri.

Habrá que tomar nota del componente religioso, que creíamos anacrónico en la lucha por el poder político. De ninguna manera esto busca ser un análisis anti clerical, o que insinúe la necesidad de erradicar a la religión de las sociedades latinoamericanas. Sino que hay que pensar por qué el fundamentalismo cristiano, ya sea que se presente en su faceta evangélica o en su faceta católica, les sirve como aglutinador moral a los representantes de los poderes concentrados, a los que atentan contra los derechos de las mayorías y a los enemigos de los pueblos de América.

Y habrá que plantear cómo lograr que la moral religiosa y los proyectos populares puedan ser amalgamados para que el pueblo no sea víctima del engaño brutal al que está siendo sometido por una elite que se presenta como emisaria del poder divino en la tierra pero que en la realidad son misioneros de los sectores de poder financieros y económicos que buscan lo que han buscado a lo largo de la historia: el sometimiento de los pueblos para el reaseguro de sus privilegios.

(*) Investigador del Centro de Estudios Políticos e Internacionales (CEPI)