La situación de Europa en relación al flujo masivo de inmigrantes en el último tiempo es alarmante. La realidad social empuja a estas personas a huir de sus países y emprender un nuevo camino, mientras que las respuestas de los gobiernos centrales de los países europeos parecen no poder dar cuenta de la coyuntura, ni dar respuestas certeras a estos millones de individuos que no tienen sus necesidades básicas cubiertas.

El número de inmigrantes y refugiados desde el Mediterráneo ha crecido exponencialmente en los últimos meses. Uno de los principales focos de atención se encuentra en Grecia. Si bien la crisis económica del Estado griego puede explicar el aumento de los flujos de inmigración intra-europeos, el grueso de los refugiados proviene de países árabes, principalmente Siria. Los problemas generados por el actual conflicto sirio, sumados al alarmante avance del ISIS en Medio Oriente, han inducido a millones de personas a trasladarse a la Unión Europea, con el deseo de asentarse allí.

El gobierno húngaro anunció que planea construir una valla de 175 kilómetros de largo y cuatro metros de alto en su frontera con Serbia para evitar la entrada de inmigrantes.

Grecia se ha visto así ahogada por las necesidades de los recién llegados e incapaz de responder a ellas, en gran medida debido a la crisis económica que atraviesa. Generalmente, el territorio griego es un paso hacia el centro de Europa y la crisis humanitaria es evidente.

La situación resulta preocupante si se analiza la conducta de los estados centrales a la hora de lidiar con estas problemáticas tan complejas. Macedonia decretó el estado de emergencia ante la llegada masiva de exiliados y refugiados en su frontera sur, lindante con Grecia. Al aumento de la presencia militar, se le sumó un cierre parcial de los puntos de ingreso al país y la presencia de diversas ONG y gabinetes de crisis para afrontar la situación humanitaria de estas miles de familias atascadas. De acuerdo al portavoz del Ministerio del Interior macedonio, Ivo Kotevski, las fronteras del país están desbordadas por la gran afluencia de personas, en su mayoría refugiados que pretenden atravesar el país para continuar su viaje al centro y norte de Europa.

Hungría también ha tomado medidas extraordinarias. El gobierno húngaro anunció que planea construir una valla de 175 kilómetros de largo y cuatro metros de alto en su frontera con Serbia para evitar la entrada de inmigrantes. Asimismo, se decretó la polémica decisión de no aceptar más demandantes de asilo enviados por otros países europeos en seguimiento de la normativa, lo que provocó una petición de explicaciones por parte de la Comisión europea. Esta situación violaría los Acuerdos de Schengen, que suprimen las barreras fronterizas entre los Estados miembro de la Unión Europea. En el caso húngaro, se centra la atención en la frontera serbia, que se entiende como la más vulnerable: entre enero y marzo de 2015 más de 32.000 personas solicitaron asilo, previa llegada a territorio húngaro, de los cuales más de 22.000 procedían de Kosovo.

Italia también se encuentra en el foco de las miradas, aunque la composición demográfica varía sustancialmente con respecto a los casos griego y húngaro. El flujo de inmigrantes en las costas italianas se concentra principalmente en africanos de la región Subsahariana.

Si bien Naciones Unidas advierte desde hace meses de la explosiva situación de la inmigración en Grecia y del constante aumento de las llegadas, el foco se mantuvo en Italia debido a los frecuentes naufragios y a la elevada cifra de muertos entre los inmigrantes que intentaban cruzar desde Libia. El Centro de Coordinación de Salvamento Marítimo recibe a diario decenas de embarcaciones abarrotadas de personas, en condiciones de salud preocupantes. A ello se le suma el complejo abordaje hacia el tráfico de inmigrantes y la criminalidad que conlleva este tipo de negocios ilegales, ya que se calcula que el pago para poder ser trasladado a territorio europeo desde África del Norte ronda los 2000 dólares por persona.

Toda esta situación sumamente compleja se desarrolla en un marco de heterogéneas respuestas por parte de cada país europeo. El gobierno alemán ha declarado recientemente la necesidad del tratamiento y abordaje comunitario del reparto y atención a los inmigrantes. Sin embargo, los estándares de protección difieren considerablemente entre países en Europa. Mientras que en algunos existen marcos legales muy avanzados, en otros los sistemas de protección y asilo aún se encuentran en fase de desarrollo.

La adopción en junio de 2013 de unas leyes actualizadas sobre el derecho de asilo de acuerdo con el del Sistema Europeo Común de Asilo (SECA) ha supuesto un avance importante en materia de protección de los refugiados. De todos modos, la coyuntura actual necesita de un impulso significativo por parte de las autoridades europeas, a la hora de dar respuesta a estas problemáticas que exceden a la normativa vigente.

 

(*) Licenciada en Relaciones Internacionales de la Fundación para la Integración Fedeal 

Comenzando el año 2014, se inicia una serie de protestas denominadas “Euromaidan”, en referencia al nombre de la principal plaza de Kiev. Allí se buscaba presionar al presidente Viktor Yanukovich para que concretase el Acuerdo de Asociación con la Unión Europea que continuaba recibiendo expreso rechazo por su par ruso, Vladimir Putin. Asimismo, se evidenciaba un clima de descontento hacia la administración en sí, lo que llevó a que las protestas recrudezcan y sean reprimidas con violencia. La situación se volvió crítica cuando la Rada Suprema decidió destituir a Yanukovich, y establecer un gobierno interino.

El cambio de gobierno significaba a los ojos occidentales el fin de una relación de dependencia con Rusia, así como la oportunidad de dar solidez a las conversaciones y acercamientos con la Unión Europea y Estados Unidos. Se debe tener en cuenta, también, que la relación de Occidente con Ucrania esta signada por la temática energética y el abastecimiento de gas y petróleo en Europa. Las sucesivas crisis que se desarrollaron a partir del año 2006, se deben a la mala relación entre Ucrania y Rusia y los cortes en las principales rutas hacia Europa, por lo cual los líderes europeos tuvieron en cuenta estos factores a la hora de considerar un nuevo gobierno en Ucrania.

El cambio de gobierno significaba a los ojos occidentales el fin de una relación de dependencia con Rusia, así como la oportunidad de dar solidez a las conversaciones y acercamientos con la Unión Europea y Estados Unidos.

En la región oriental del país, el territorio de Crimea rechazó la destitución de Yanukovich y al nuevo gobierno. Tras la asunción de nuevas autoridades en la región, se convocó a un referéndum para establecer el status político de la península. Si bien el gobierno central ucraniano rechazó rotundamente el referéndum, casi el 97% de la población de Crimea votó por la secesión de la península del territorio ucraniano. El 17 de mayo de 2014 se declaró la independencia de Crimea y se aprobó la adhesión como un territorio perteneciente a la Federación Rusa. Asimismo, existieron contiendas militares entre las fuerzas ucranianas y el Ejército ruso desplegado en la zona. Al día de la fecha, el gobierno ucraniano considera de iure a Crimea como parte de su territorio nacional.

En otras regiones sudorientales, como Donetsk, Luhansk y Jarkov (el Dunbas) se generaron protestas, comúnmente conocidas como “Antimaidan”, en contra del carácter nacionalista y antirruso que se abanderó en el poder central de Kiev. La demandas de estas regiones se centran, hasta la fecha, en la federalización o en la independencia de la denominada Nueva Rusia. La independencias declaradas de estas regiones no fueron reconocidas internacionalmente, aunque los sucesos adquirieron una relevancia mundial inimaginable.

Ante esta compleja situación, el ejército de Ucrania comenzó una operación de importantes magnitudes para recobrar el control efectivo de estos territorios, recurriendo a la violencia, la represión y la discriminación. El caso más reconocido sucedió en la ciudad de Slaviansk, la cual fue sitiada por el ejército enfrentado a las milicias de ciudadanos locales, dejando decenas de muertos en la operación.

El 25 de mayo de 2014 se desarrollaron las elecciones presidenciales en Ucrania, dando por ganador a Petro Poroshenko con más del 54% de los votos. Cabe resaltar que en las regiones en conflicto no se pudieron desarrollar elecciones regulares debido al clima de tensión existente a ese momento. Con la llegada al poder de Poroshenko, las relaciones con Rusia encontraron su nivel más conflictivo en el devenir de toda la crisis. Las acusaciones del nuevo presidente a Rusia de ser el culpable de la escisión de Crimea, así como de facilitar material militar a los separatistas del este, no fue bien visto a los ojos del Kremlin. Asimismo, el apoyo logístico que la OTAN proporciona a Ucrania en este conflicto, es entendido por el gobierno de Putin como una clara amenaza a la estabilidad de la región euroasiática, así como una violación a los derechos de autodeterminación de los separatistas.

A ese momento, un informe de Naciones Unidas publicado el 7 de agosto indica que 2.119 personas han muerto en el este Ucrania desde que estalló el conflicto. Se calculaba que 115.800 personas han huido a otras partes de Ucrania y unos 188.000 partieron a Rusia. Al día de la fecha, La Oficina de Derechos Humanos de la ONU habla de más de 6.000 muertos y aproximadamente 14.000 heridos en este sangriento conflicto.

Los líderes occidentales han decidido sancionar a Rusia y a las provincias separatistas como parte de un plan para aplacar los efectos de la contienda y ejercer una política de debilitamiento. Si bien el motivo inicial de estas sanciones fue evitar la anexión de Crimea, las mismas han sido renovadas en sucesivos periodos, y la Comisión Europea, por pedido de los Ministros de Relaciones Exteriores, estudia continuar con la medida hasta fines de 2015.

Los principales países en hacer lobby para presionar al Kremlin son los Estados del Este de la Unión Europea, como Polonia, o los Bálticos.

Si bien el contenido de las sanciones se basa en limitar la industria de defensa y el arsenal militar, también se considera ampliar el rango de las mismas, marcando una clara línea a favor a la posición ucraniana de mantener la integridad territorial. Esto realza el doble standard europeo, a criterio de la administración Putin, ya que en conflictos como el de Kosovo se ha escuchado el deseo de autodeterminación de los pobladores.

Los principales países en hacer lobby para presionar al Kremlin son los Estados del Este de la Unión Europea, como Polonia, o los Bálticos. De acuerdo al Viceministro de Relaciones Exteriores polaco, Rafal Trzaskowski, Polonia busca intensificar las sanciones a Rusia para evitar mayores daños en la sociedad ucraniana. Los países del Este temen que una postura débil contra Rusia permitiría abrir una puerta a este tipo de conflictos en el corazón de Eurasia. No es una tesis descabellada, si tomamos en cuenta la realidad de regiones como Osetia del Sur en Georgia, Nagorno-Karabaj en Azerbaiján o Transnitria en Moldovia, las cuales buscan un status similar al caso de Crimea.

Como podemos ver, son escasos los avances y muchas las inquietudes que surgen al analizar esta realidad. Ni el bando ucraniano ni el ruso pueden argumentar haber actuado plenamente en defensa del respeto al Derecho Internacional, aunque ambas pretensiones tienen algo de válido. Tampoco Europa y Estados Unidos parecen actuar como un bloque unido, y vemos un crisol de posturas, relacionadas a su entendimiento (y su dependencia) con Rusia. El debate entre la integridad territorial y la autodeterminación de los pueblos continúa vigente en el Sistema Internacional, y como se refleja en este conflicto, responde a una serie de intereses y alianzas que lo sustentan. No es claro el panorama futuro para Ucrania y como se resolverá la disputa entre Este- Oeste del país, sólo se apunta a soluciones coyunturales, como el respeto al alto al fuego o el cumplimiento de los Acuerdos de Minsk. Será la voluntad de los principales mandatarios del mundo la que pesará a la hora de establecer una resolución duradera.  

 

(*) Investigadora de la Fundación para la Integración Federal 

Hombres armados atacaron la mañana del jueves la Universidad de Garissa, en Kenia, y tomaron a jóvenes estudiantes como rehenes en una de las residencias del campus, según informó el Ministerio de Interior keniano. El saldo fue de 148 estudiantes muertos y más de 500 rescatados del campus.

El ataque es atribuido a Al Shabab, o “Movimiento de Jóvenes Muyahidines”, el cual es un grupo yihadista islámico somalí.

La operación llevada a cabo por las fuerzas de seguridad kenianas se dio por concluida casi 16 horas después del comienzo del ataque en este pueblo situado a 150 km de la frontera con Somalia. La Universidad de Garissa cuenta con unos 900 estudiantes, en su mayoría procedentes de otras partes de Kenia. La proximidad de Garissa con la frontera somalí, hizo que sea fácil para los atacantes burlar las medidas de seguridad y planificar ataques sin grandes contratiempos.

A raíz de estos sucesos, el gobierno de Kenia decidió tomar medidas en pos de prevenir futuros incidentes. El Ministerio del Interior estableció el toque de queda en 4 condados: Garissa, Wajir, Mandera y Tana, debido a la necesidad de preservar a la población civil de cualquier otro posible incidente, así como mantener el orden en áreas aledañas al ataque. En tanto, el presidente de Kenia, Uhuru Kenyatta, declaró tres días de luto nacional y pidió a los ciudadanos que permanezcan unidos.

El ataque es atribuido a Al Shabab, o “Movimiento de Jóvenes Muyahidines”, el cual es un grupo yihadista islámico somalí. Un portavoz de este grupo, citado por la BBC, ha dicho: "hemos matado a mucha gente, los kenianos quedarán espantados cuando vengan dentro".

La mayoría de las víctimas han sido heridas por disparos, ha señalado la Cruz Roja keniana. "Hay muchos cuerpos sin vida de los cristianos en el interior del edificio. También mantenemos muchos cristianos con vida" ha indicado Al Shabab. Los combatientes dejaron salir a todos los estudiantes musulmanes y sólo retuvieron a los cristianos, a los cuales se les prometió una muerte segura. Para ello, les hacían preguntas sobre el Corán y mataban a los que no respondían.

Este grupo terrorista ya ha atacado en otras ocasiones en Garissa y otras zonas fronterizas con Kenia. El ataque pasado más importante realizado por Al Shabab en territorio keniano fue el dirigido al centro comercial Westgate en septiembre de 2013, cuando 67 personas perdieron la vida.

Esta nueva actuación de Al Shabab deja en evidencia la división que existe en Kenia entre cristianos y musulmanes

Siendo un grupo vinculado a Al Qaeda, Al Shabaab, ha prometido castigar a Kenia por el envío de tropas a Somalia junto a las fuerzas de paz de la Unión Africana para luchar contra el grupo. El pasado 25 de marzo se habría mandado un aviso alertando que la Inteligencia keniana indicaba que Al Shabab estaba planificando ataques en represalia. La información se habría puesto a disposición de los organismos gubernamentales y oficiales, con el objetivo de poner en marcha las medidas necesarias para frustrar cualquier intento de ataque.

El grupo yihadista ha amenazado nuevamente al gobierno keniano, en los días posteriores a este suceso, sobre otro posible ataque en el caso de que Kenia continúe manteniendo tropas en Somalia. "Las ciudades kenianas quedarán manchadas en sangre", advirtió la milicia en una nota publicada por varios sitios web vinculados a Al Shabab.

Esta nueva actuación de Al Shabab deja en evidencia la división que existe en Kenia entre cristianos y musulmanes, donde estos últimos se consideran marginados por el gobierno central, y donde la pertenencia étnico-religiosa genera una brecha entre los ciudadanos. Asimismo, da cuenta de la escasa infraestructura de controles fronterizos y cooperación entre los países del norte africano, los cuales deben lidiar con grupos yihadistas que utilizan la violencia como moneda corriente.

 

(*) Investigadora de la Fundación para la Integración Federal

 

FUENTE: El País; Télam