Un tribunal peruano ha anulado este miércoles por la noche la orden de detención contra Keiko Fujimori. La líder de la oposición ha quedado en libertad tras haber pasado siete días en prisión acusada de lavado de activos por las donaciones de la constructora brasileña Odebrecht a su campaña en 2011 a cambio de futuro trato de favor. La decisión, tomada por la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional por unanimidad, le ha permitido a Keiko Fujimori abandonar la cárcel tres días antes de lo que dictaba la anterior orden de captura, emitida por un juez el pasado miércoles y que vencía a los 10 días. 

La sala también ha dejado en libertad a otros 19 detenidos por este mismo caso, a pesar de que solo cinco de ellos habían presentado una apelación. Entre ellos hay dos exministros del autócrata Alberto Fujimori -padre de Keiko y presidente peruano entre 1990 y 2000-: Jaime Yoshiyama y Augusto Bedoya. Yoshiyama, sin embargo, no ha estado recluido como el resto porque argumentó que estaba recuperándose de una cirugía ocular practicada en Estados Unidos. 

Uno de los argumentos ofrecidos por el presidente de la de la sala para invalidar la detención preliminar ordenada por el juez Richard Concepción Carhuancho es que solo se recabaron los planteamientos de la fiscalía y no los de la parte afectada. También ha señalado que en el documento de Concepción Carhuancho “no hay argumento” y ha criticado que se hiciera un “copiar y pegar” de algunos párrafos de la solicitud del fiscal José Domingo Pérez, encargado de las investigaciones. El escrito incluye, también, criticas hacia el juez Concepción por haber dictado la orden de restricción de la libertad pocas horas después de haber sido hecha la petición.

Las investigaciones apuntan a que la dos veces candidata presidencial lideró una organización criminal que se infiltró en Fuerza 2011 -hoy Fuerza Popular, mayoritaria en el Congreso peruano- y recibió fondos provenientes de actos de corrupción de la constructora brasileña Odebrecht en Perú y en el resto mundo para que, cuando llegara al poder, le correspondiera mediante "el otorgamiento de obras sobrevaluadas, beneficios normativos, y/o favorecimiento judicial".

La sala de apelaciones también ha resuelto que el juez Concepción Carhuancho no podrá dictar una orden de detención preliminar para los tres días restantes, y que si el fiscal lo solicita, tendrá que decidirlo otro magistrado.

Un par de horas antes de que se celebrase la audiencia en el centro de Lima, miles de personas realizaron una protesta para rechazar la actitud del Congreso que encubre a los magistrados supuestamente involucrados en la red de corrupción en el sistema de justicia y demandar la salida del fiscal general también salpicado por este caso. La indignación creció cuando los manifestantes se enteraron de que el destituido juez supremo César Hinostroza, uno de los principales involucrados en esta trama de corrupción, había huido del país hacía diez días, a pesar de que sobre él recaía una orden de arraigo.

Durante la noche, mientras se celebraba la audiencia, un grupo de simpatizantes fujimoristas también se manifestaba en las proximidades del edificio de la sala de apelaciones, a escasos metros de la protesta que exigía que la hija del autócrata Alberto Fujimori siguiera en prisión. La policía ha lanzado gases lacrimógenos contra la protesta antifujimorista cada vez que estos trataban de acercarse al grupo de seguidores de la líder de la oposición.

FUENTE: El País

RELEVAMIENTO Y EDICIÓN: Mariana Vera 

 

 

La Justicia Federal allanó oficinas de la constructora brasileña Odebrecht en Buenos Aires, luego de que se impusiera secreto de sumario en la causa en la que se investiga el presunto pago de sobreprecios y sobornos en la construcción de una planta potabilizadora de Aysa, en tanto la empresa ratificó públicamente su predisposición a "colaborar en forma amplia y definitiva con las investigaciones".

En tanto, la reunión que el Gobierno, a través del Ministerio de Justicia, tenía previsto realizar este miércoles con representantes de Odebrecht para avanzar en las tratativas para que la constructora aporte información que, a su vez, la Oficina Anticorrupción derivará a la Justicia, fue reprogramada para la semana próxima en virtud de los allanamientos que tuvieron lugar este mediodía.

A través de un comunicado de prensa, la empresa Odebrecht aseguró haberse presentado el 9 de este mes en el juzgado a cargo de Sebastián Casanello -donde tramita el expediente en el que fueron ordenados los allanamientos- y ofrecido "colaborar de forma amplia y definitiva con las investigaciones".

"La empresa reafirma su posición en colaborar con la justicia y espera reconquistar la confianza de la sociedad con una actuación empresarial íntegra, ética y transparente", expresó Odebrechet en el comunicado que difundió públicamente para confirmar los allanamientos en sus oficinas ubicadas en el piso 32 de la torre ubicada en la avenida Leandro N. Alem 855 del barrio porteño de Retiro.

Por su parte, el Ministerio de Justicia informó esta tarde, a través de un comunicado de prensa, acerca de la reprogramación del encuentro previsto para este miércoles, que sería continuidad de la reunión mantenida ayer con abogados de Odebrecht en la que la empresa realizó una propuesta que, según indicó el ministro Germán Garavano, hoy era "examinada" por el Gobierno.

"El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, se reunirá la semana próxima con los abogados de la firma brasileña Odebrecht a fin de lograr un acuerdo para que la Justicia reciba información sobre el supuesto pago de sobornos a funcionarios y empresarios argentinos vinculados con la obra pública. La reunión se reprogramó para la semana que viene porque la justicia federal dispuso el allanamiento de las oficinas de OIdebrecht", consignó el comunicado de la cartera.

El juez federal Casanello ordenó allanar las oficinas de la empresa brasileña Odebrecht en Buenos Aires en busca de documentación en la causa que investiga el supuesto pago de sobornos para la adjudicación de las obras para construir una planta potabilizadora de la empresa AYSA en el Paraná de las Palmas, según informaron fuentes judiciales.

El procedimiento fue dispuesto luego de que se impusiera "secreto de sumario" en ese expediente.

Paralelamente, en otra de las causas que involucra a la constructora brasileña, la que investiga el soterramiento del tren Sarmiento adjudicado a una unión transitoria de empresas, entre ellas Odebrecht y Calcaterra, una pericia de la Policía Federal entregada al juez federal Marcelo Martínez De Giorgi confirmó que fueron borrados 260 archivos de la computadora de un ex directivo de la constructora, Mauricio Couri Ribeiro, con palabras clave que aludían a esa operación.

Según informaron a Télam fuentes judiciales, Casanello implantó el secreto de sumario en la causa por Aysa y ordenó medidas de prueba vinculadas a pedidos hechos por el fiscal Federico Delgado relativos a investigar llamados de directivos de Odebrecht realizados entre 2006 y 2015, además de pedidos de informes a organismos sobre los contratos firmados para adjudicar las obras a la firma brasileña y posibles "agregados", es decir, "adendas" hechas a los mismos.

La semana pasada, Casanello había pedido a la Jefatura de Gabinete que le informe sobre reuniones mantenidas por la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y otros funcionarios de su gobierno con directivos de la empresa brasilera en los años investigados.

Los pagos de sobornos en Argentina por parte de la empresa implicada en la causa conocida en Brasil con el nombre de Lava Jato son investigados en tres causas que implican de manera directa a la constructora, en las cuales hay exhortos cursados a distintos países y pedidos de colaboración a la Justicia del vecino país.

En una de ellas, enfocada en el soterramiento del Sarmiento, la división de Apoyo Tecnológico Judicial de la PFA informó al juez Martínez De Giorgi y al fiscal federal Franco Picardi sobre lo ocurrido con la computadora del ex directivo de Odebrecht, quien había intercambiado correos electrónicos con Manuel Vázquez, un ex asesor del detenido ex secretario de Transporte de la Nación, Ricardo Jaime.

Estos correos y otros archivos fueron borrados, de acuerdo con el peritaje que se basó en búsqueda de palabras clave como "soterramiento" y "Sarmiento", además de empresas off shore que habrían sido usadas para los pagos ilegales.

La computadora fue secuestrada en la sede de la empresa en Argentina y se localizó en manos de otra empleada que la utilizaba tras la salida del investigado de la firma.

El fiscal Delgado ofreció ayer a los abogados de Odebrecht que se presentaron en las causas realizar en el término de cinco días una oferta de colaboración que pueda ser contemplada por la ley del arrepentido argentina.

Los letrados acercaron a los juzgados el convenio firmado con Brasil para la delación premiada, que fue mandado a traducir del portugués al castellano.

Sin embargo, por lo que ya se sabe del mismo, sus términos no están previstos en las leyes nacionales por lo cual sería inaplicable, explicaron fuentes judiciales.

Para la ley argentina, son los fiscales quienes pueden pactar algún tipo de arreglo a cambio de información valedera con acusados en causas penales, en acuerdos que luego deben ser homologados por cada juez que lleve una investigación.

En tanto, desde el Gobierno nacional, también se están buscando las vías para que la constructora brasileña aporte información a la Oficina Anticorrupción y que ese cuerpo, a su vez, la lleve a la Justicia ante lo que el ministro de Justicia, Germán Garavano, definió como una "clara inacción" por parte de la Procuración General de la Nación.

 

FUENTE: Télam

El Ministerio Público Federal de Brasil abrió una investigación penal contra el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva para averiguar si incurrió en un delito de tráfico de influencias para favorecer a una constructora.. A Lula se lo investiga por haber influido presuntamente en el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES), después de haber concluido su mandato, con el fin de que le concediera créditos a la constructora Odebrecht. Estos créditos estarían destinados a la financiación de obras en otros países latinoamericanos y africanos en los que esta empresa opera.

Según la Fiscalía, tras dejar la Presidencia, en enero de 2011, Lula realizó viajes a Panamá, Venezuela, República Dominicana y Ghana costeados por Odebrecht. Las indagaciones preliminares de la Fiscalía comenzaron el pasado abril y se concretaron la semana pasada con la apertura de un llamado "proceso de investigación penal".

"SORPRESA" EN EL INSTITUTO LULA

El Instituto Lula, que representa al exgobernante, afirmó haber recibido "con sorpresa" la noticia de la apertura de la investigación. El organismo aseguró que entregó todas las informaciones solicitadas por la fiscal Mirella de Carvalho Aguiar, responsable del caso, y valoró que la funcionaria tuvo "poco tiempo" para analizar el material.

En un comunicado dirigido a medios locales, el Instituto Lula manifestó que "tendrá oportunidad de comprobar la legalidad y la decencia" de todas sus actividades. Cuando se aireó el caso en mayo, Odebrecht negó que Lula hubiera trabajado como consultor para ellos, aunque admitió que le pagó viajes a la República Dominicana y Ghana en 2013 para dar conferencias sobre "las potencialidades de Brasil y de sus empresas".
 

FUENTE: DW