Es la primera vez que las autoridades españolas detienen a funcionarios catalanes desde que la campaña en favor de la consulta de secesión empezó a ganar fuerza en 2011.

Conocida la noticia, cientos de catalanes furiosos se concentraron para protestar frente a las oficinas del gobierno en Barcelona.

Algunos manifestantes se sentaron en la calle para cerrar el paso a los vehículos policiales, mientras otros chocaban directamente con los agentes.

El presidente regional Carles Puigdemont calificó las operaciones policiales de “ilegales” y fustigó la “actitud totalitaria” del gobierno nacional.

Los allanamientos se centraron en los departamentos de economía y exteriores de la Generalitat, según la agencia de noticias Europa Press y otros medios, dentro de los esfuerzos del gobierno de detener todos los preparativos para la votación, convocada para el 1 de octubre.

La Generalitat confirmó que Josep María Jove, secretario general de asuntos económicos, estaba entre los detenidos.

Autoridades judiciales y policía declinaron dar detalles sobre la operación, indicando que un juez había decretado el secreto de sumario.

El presidente del gobierno Mariano Rajoy dijo que sigue resuelto a impedir que se lleve a cabo la votación. Dijo que ésta es contraria a la constitución y que “el estado tiene que reaccionar”.

“No hay ningún estado democrático en el mundo que acepte lo que están planteando”, dijo Rajoy, una posición compartida por la mayoría de los partidos de oposición.

En un comunicado, el Ministerio del Interior dijo que la Guardia Civil trabajaba para recabar pruebas dentro de las pesquisas sobre los preparativos del referendo.

El gobierno del conservador Mariano Rajoy ha emprendido varias batallas legales para impedir el referendo del 1 de octubre, convocado por la coalición independentista que gobierna Cataluña, en el nordeste de España.

Respaldado por la mayoría de los partidos de oposición, el gobierno afirma que el referéndum incumple la constitución y que si Cataluña quiere votar, primero debe trabajar para cambiar la Carta Magna.

El Tribunal Constitucional ha ordenado que se suspenda la votación mientras estudia su legalidad, pero las autoridades catalanas afirmaron que seguirán adelante de todos modos.

Cataluña supone una quinta parte de la economía española, de un billón de euros.

Sus 7,5 millones de habitantes apoyan de forma abrumadora la celebración de un referendo, aunque están divididos casi a partes iguales en la cuestión de la independencia.

 

FUENTE: AP

No obstante, el alto tribunal advierte a los secesionistas que es el propio parlamento catalán el que "tiene que velar porque su actuación se desarrolle dentro de la Constitución".

La medida cautelar había sido solicitada por el Partido Popular (PP), del presidente del gobierno Mariano Rajoy, y Ciudadanos, que lidera la aposición en Cataluña, acompañando los recursos de amparo contra la tramitación parlamentaria de la declaración secesionista que presentaron ayer ambas fuerzas junto con los socialistas.

Aunque el Tribunal Constitucional (TC) admitió a trámite estos tres recursos de amparo del bloque anti secesionista -sobre los que decidirá en el futuro sin un plazo establecido- optó por no impedir el pleno para no interceder en el "debate político" que tendrá lugar en Cataluña, según la resolución a la que tuvo acceso Télam.

El TC señaló que si bien la ley permite suspender cautelarmente la ejecución de cualquier acto de los poderes públicos que sea objeto de un recurso de amparo, el tribunal siempre ha destacado “como uno de los fundamentos del sistema democrático, que el Parlamento es la sede natural del debate político (...) y no debe condicionar anticipadamente la viabilidad misma del debate”.

En este caso concreto, la adopción de la medida cautelar rebasa la función del recurso de amparo al promover “un control de constitucionalidad sobre una resolución que no se ha adoptado y cuyo contenido último se desconoce”, afirmó el texto subscrito por los once magistrados del pleno del tribunal, de mayoría conservadora.

Además, los magistrados destacaron que la finalidad del recurso de amparo está a salvo puesto que en caso exista una sentencia “conllevaría la declaración de nulidad de todos aquellos actos, incluidos los de trámite, que hubieran resultado lesivos de los derechos fundamentales de los demandantes de amparo”.

El tribunal destacó “el Parlamento es la sede natural del debate político”.

El TC aseguró que es consciente del “riesgo” de que en el pleno del Parlamento de Cataluña anunciado para el próximo día 9 se apruebe la declaración independentista impulsada por los grupos Junts pel Sí y sus socios anticapitalistas y secesionistas de la CUP, quienes cuentan con mayoría tras las elecciones del 27 de septiembre pasado.

Sin embargo, afirma que “ello no debe llevar a distorsionar el momento asignado por el ordenamiento constitucional a cada institución para ejercer sus competencias”.

Y agregó que “en este momento es a la propia Cámara autonómica a la que corresponde velar porque su actuación se desarrolle en el marco de la Constitución”.

El tribunal también deja claro que ejercerá sus competencias "cuando proceda, con prudencia y determinación".

En una resolución previa, el Constitucional admitió a trámite los recursos de amparo de la oposición argumentando que cumplen el requisito de “especial trascendencia constitucional” que exige la ley “porque plantea cuestiones sobre las que no hay doctrina de este Tribunal” y se trata de una cuestión jurídica de "relevante repercusión social, con consecuencias políticas generales".

Los tres partidos que presentaron los recursos de amparo sostienen que la declaración independentista "vulnera sus derechos fundamentales" porque no se ajusta a la Constitución ni al propio Estatuto de autonomía- ley de autogobierno- de Cataluña.

El Ejecutivo de Rajoy ya anunció que en caso de que se apruebe la resolución que declara solemnemente el inicio del proceso de secesión recurrirá al TC.

FUENTE: Telam

El Gobierno autónomo de Cataluña (noreste) anunció hoy que mantiene el proceso consultivo soberanista para el 9 de noviembre pese a que el Tribunal Constitucional español lo ha suspendido provisionalmente.

El consejero de la Presidencia del Gobierno de Cataluña, Francesc Homs, declaró hoy que "todo está a punto" para el proceso participativo del 9 de noviembre, que "se mantiene" para "garantizar la libertad de expresión".

Poco antes, el Tribunal Constitucional español suspendió ese proceso en respuesta a una petición del Gobierno español, que considera que el ejecutivo catalán pretende desarrollar mediante un mecanismo alternativo la consulta soberanista que convocó inicialmente y que también fue suspendida.

La suspensión de hoy afecta no solo a la convocatoria en sí, sino también a todos los actos organizados por el Gobierno catalán relativos al proceso de participación ciudadana.

Homs afirmó que el Gobierno de Cataluña presentará alegaciones al alto tribunal contra la suspensión y que el presidente catalán, Artur Mas, presentará una denuncia contra el Gobierno central por bloquear, a su juicio, derechos como el de la participación ciudadana.

El Tribunal Constitucional español suspendió hoy cautelarmente la nueva consulta soberanista que el Gobierno regional de Cataluña convocó para el 9 de noviembre, tras admitir a trámite el recurso presentado por el Ejecutivo español contra esta convocatoria.

La suspensión de hoy afecta no solo a la convocatoria en sí, sino también a todos los actos organizados por el Gobierno catalán relativos al proceso de participación ciudadana.

No obstante, la admisión a trámite y la suspensión cautelar no determinan el sentido del fallo que deberá adoptar en un futuro el Tribunal Constitucional (TC) sobre el fondo del asunto.

El Gobierno central acordó el pasado viernes impugnar ante el Constitucional la citada convocatoria del Ejecutivo catalán para "asegurar el Estado de Derecho y proteger la democracia", según dijo entonces su vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría.

El Gobierno central acordó el pasado viernes impugnar ante el Constitucional la citada convocatoria del Ejecutivo catalán para "asegurar el Estado de Derecho y proteger la democracia"

El Ejecutivo catalán presentó el lunes una demanda ante el mismo tribunal para que no suspendiera la consulta alternativa del 9 de noviembre, demanda que no fue aceptada por el Constitucional.

El TC ya suspendió el pasado 29 de septiembre, de forma cautelar y por unanimidad, la primera consulta soberanista catalana convocada para el 9 de noviembre, tras admitir a trámite los recursos de inconstitucionalidad presentados por el Gobierno contra la ley de consultas que había aprobado el Ejecutivo catalán y el decreto de convocatoria de la citada consulta.

 

FUENTE: La Tercera

El presidente de la región de Cataluña, Artur Mas, se reunió con los líderes de otros tres partidos que apoyan la consulta - que el Gobierno central considera ilegal - y decidieron mantener esa convocatoria, que en principio está suspendida temporalmente por el Constitucional.

Por su parte, el Ejecutivo español anunció hoy que recurrirá ante el Tribunal Constitucional el decreto de creación de una junta electoral catalana encargada de velar por esa convocatoria, que fue firmado ayer por Artur Mas, ya que considera que es un incumplimiento de la suspensión de la consulta.

Según informó a la prensa el portavoz del Gobierno regional de Cataluña (noreste), Francesc Homs, los cuatro partidos nacionalistas optaron hoy por mantener la convocatoria del 9 de noviembre, destinada a que los catalanes se puedan pronunciar sobre la soberanía del territorio y, eventualmente, de su independencia.

El pasado lunes el TC admitió a trámite un recurso contra esa consulta, lo que significa su suspensión cautelar mientras se pronuncia sobre el fondo de la cuestión, para lo cual tiene de plazo cinco meses.

Los nacionalistas quieren que el Constitucional se pronuncie cuando antes, según Homs.

Quedan pendientes de resolución algunos puntos sobre los que ejercen más presión formaciones como ERC y CUP, que pretenden un calendario con la puesta en marcha del registro de participantes de inmigrantes residentes en Cataluña y de catalanes en el extranjero, el sorteo de miembros de las mesas de votación, el voto anticipado y la reanudación de la campaña institucional.

Según informó el portavoz del Gobierno regional de Cataluña, los cuatro partidos nacionalistas optaron por mantener la convocatoria del 9 de noviembre, destinada a que los catalanes se puedan pronunciar sobre la soberanía del territorio y, eventualmente, de su independencia

Esta última fue temporalmente suspendida por el Gobierno catalán tras la primera medida del TC de suspender la consulta.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, explicó hoy a la prensa que la Abogacía del Estado pedirá al TC que incluya en la suspensión que dictó sobre la ley de consultas catalana el decreto firmado ayer por Mas sobre la junta electoral.

La Abogacía del Estado tiene potestad para ampliar ese recurso sin necesidad de que se reúna el Consejo de Ministros ni de pedir un nuevo informe al Consejo de Estado.

La vicepresidenta emplazó al presidente de la Generalitat a manifestar si va a acatar la decisión del Tribunal Constitucional o si va a continuar en la línea del incumplimiento, como hizo ayer con la firma "novedosa, sin precedentes" de ese decreto.

"Los ciudadanos tienen derecho a saber que las resoluciones de los tribunales se cumplen y se respetan", aseguró Sáenz de Santamaría, quien agregó que la Fiscalía también estará muy pendiente ante la posible comisión de algún delito.

En esta línea, afirmó que "nadie puede diseñar la democracia a su medida, porque está diseñada a la medida de los derechos de los españoles" y se dirigió a Mas al preguntarse qué autoridad tiene un gobernante para pedir el cumplimiento de las leyes si él mismo no las cumple.

 

FUENTE: Ámbito

La comunidad internacional condenó unánimemente este miércoles el desalojo de los partidarios del presidente derrocado Mohamed Morsi en El Cairo por parte de las fuerzas de seguridad egipcias, que provocó por el momento la muerte de más de 120 personas.

"La comunidad internacional, junto al Consejo de Seguridad de la ONU y la Liga Árabe, deben actuar inmediatamente para detener la masacre" dijo en un comunicado el primer ministro turco, el islamista conservador Recep Tayyip Erdogan.

También recordó que la actitud conciliadora de la comunidad internacional tras el golpe militar que derrocó a Morsi el 3 de julio sólo ha servido para "alentar al actual Gobierno a intervenir" este miércoles.

Las autoridades turcas calificaron desde el principio de "golpe de Estado" la destitución del islamista Mohamed Morsi, el primer presidente elegido democráticamente en la historia del país.

Al menos 124 partidarios del presidente derrocado murieron este miércoles en una de las dos plazas que ocupaban en El Cairo, que fueron evacuadas por las fuerzas de seguridad, según un recuento de AFP.

 

Localización de los lugares ocupados por los partidarios de Morsi

El presidente turco, Abdulá Gul, también denunció "la intervención militar contra los civiles que se manifiestan" y comparó la situación en Egipto con la de Siria en 2011, cuando empezó una revuelta contra el régimen que luego se convirtió en guerra civil.

Por su parte, el ministerio iraní de Exteriores lamentó la "masacre de la población" y advirtió de la posibilidad de una "guerra civil" en el país.

El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, también condenó la intervención policial y deploró que "las autoridades egipcias hayan decidido utilizar la fuerza", informó su portavoz.

Catar, el principal apoyo de los Hermanos Musulmanes, el movimiento de Morsi, denunció "vigorosamente" la intervención de la policía contra "manifestantes pacíficos".

En los países occidentales, donde la destitución y el arresto de Morsi en julio no suscitaron muchas críticas, la condena es más moderada.

El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, también condenó la intervención policial y deploró que "las autoridades egipcias hayan decidido utilizar la fuerza"

La jefa de la diplomacia de la Unión Europea, Catherine Ashton, pidió "la máxima moderación posible" y que los egipcios "eviten nuevas provocaciones", mientras el presidente del Parlamento europeo, Martin Schulz, consideró que las muertes en El Cairo "no son aceptables".

El jefe de la diplomacia británica, William Hague, dijo estar "profundamente preocupado por la escalada de violencia en Egipto".

Francia también advirtió del peligro de un "uso desproporcionado de la fuerza", mientras Alemania abogó por "reanudar inmediatamente las negociaciones" para evitar "un nuevo baño de sangre".

Estados Unidos, que evita usar el término "golpe de Estado" para no verse obligado a cortar la ayuda militar de 1.300 millones de dólares anuales a Egipto, todavía no se había pronunciado este miércoles a media jornada.

 

CRONOLOGÍA: SIETE SEMANAS CARA A CARA

Más de 150 personas han muerto en enfrentamientos entre partidarios de Morsi y la policía desde el golpe de Estado

El fuego consume una tienda del asentamiento de los Hermanos Musulmanes en la plaza Rabaa Adawiya ante una imagen del depuesto presidente Morsi en el que puede leerse 'Si a la legitimidad'. REUTERS/Stringer

El miércoles 3 de julio el Ejército egipcio depuso a Mohamed Morsi, el primer presidente civil democráticamente elegido desde el derrocamiento del rey Faruk, en 1952. El golpe dio paso a la represión contra los Hermanos Musulmanes, la mayor organización islamista del país y a la que pertenece el presidente depuesto. Morsi, así como otros líderes de la cofradía islamista, fue detenido y llevado a dependencias militares, donde aún permanece. Desde entonces, los partidarios de Morsi y la Hermandad han salido a la calle en desafío a la prohibición del nuevo Gobierno interino, surgido bajo el amparo de las Fuerzas Armadas.

Jueves, 4 de julio. Adli Mansur, presidente del Tribunal Constitucional, es nombrado presidente interino al frente de un Gobierno tecnocrático. Al día siguiente, los islamistas convocan un día de ira contra el golpe: al menos 30 personas mueren.

Lunes, 8 de julio. Cinco días después del golpe, una concentración de partidarios de Morsi frente al cuartel de la Guardia Presidencial de El Cairo, donde está detenido, es brutalmente reprimida por el Ejército. Al menos 51 personas murieron. Al día siguiente, Mansur nombra al exministro de Finanzas Hazem el Beblawi primer ministro, con poderes casi absolutos.

Lunes, 15 de julio. Estados Unidos envía a un diplomático a El Cairo, reconociendo de facto al Gobierno militar. Otra manifestación cerca del puente 6 de Octubre, cerca de la plaza Tahrir de la capital, es dispersada violentamente por la policía. Al menos siete personas murieron y más de 260 resultaron heridas.

Jueves, 25 de julio. Un tribunal acusa formalmente a Morsi de traición, de colaborar con la organización terrorista palestina Hamás y de "conspirar para causar la muerte a soldados egipcios". El Ejército lanza su primer ultimátum a los Hermanos Musulmanes para desmantelar los campamentos de partidarios de Morsi en los barrios de Ciudad Nasser y Giza.

Viernes, 26 de julio. La brutal represión por parte del Ejército contra otra manifestación de los Hermanos Musulmanes en El Cairo termina con la vida de al menos 60 personas.

Lunes, 29 de julio. La responsable de Política Exterior de la Unión Europea, Catherine Ashton, visita El Cairo y se entrevista con el ministro de Defensa y máximo responsable del Ejército, Abdelfatah al Sisi. Ashton también se entrevista con Morsi, aunque afirma que "no sabe donde".

Miércoles, 31 de julio. El Ejército afirma que "se le ha terminado la paciencia" y exige de nuevo el desmantelamiento de los campamentos.

Lunes, 5 de agosto. Los senadores estadounidenses Lindsey Graham y John McCain visitan El Cairo para entrevistarse con los líderes del Gobierno interino, que da por fracasadas las negociaciones.

Miércoles, 7 de agosto. Termina el Ramadán, el mes de ayuno de los musulmanes.

Sábado, 10 de agosto. Las fuerzas de seguridad rodean Ciudad Nasser, uno de los bastiones de la Hermandad en la capital egipcia. Dos días más tarde, se completa el cerco de ambos campamentos.

 

RELEVAMIENTO Y EDICIÓN: Luciano Herrero

FUENTES: AFP y El País

 

 

El Cairo. (EFE).- Egipto, sumido en un estado rayano al pánico, descuenta las horas para la celebración de las multitudinarias concentraciones que pedirán este domingo la renuncia del presidente del país, Mohamed Mursi.

La violencia en varias ciudades que ha precedido a las manifestaciones del domingo ha disparado la alarma en un país acostumbrado a vivir asomado al precipicio en los últimos años.

Pese a que las señales agoreras se multiplican, en lo único que coinciden hoy todos los egipcios es en que nadie puede predecir cuál será el desenlace de esta olla a presión en que se ha convertido el país que porta la bandera de la primavera árabe.

Desde el viernes, al menos cuatro personas han muerto por los enfrentamientos entre opositores y seguidores del islamista Mursi, entre ellos un adolescente egipcio de 14 años y un estadounidense de 21 años, que perdieron la vida en las cruentas refriegas en la ciudad mediterránea de Alejandría.

Muchas miradas están puestas en el ejército, que lanzó hace una semana la ambigua advertencia de que "intervendrá" -sin decir cómo- si lo considera necesario.

Tanques y blindados se han desplegado en torno a las principales instituciones del Estado, algunas de las cuales serán el escenario de las protestas mañana.

La simbólica plaza Tahrir, epicentro de la revuelta que derrocó a Hosni Mubarak en febrero de 2011, y el palacio presidencial de Itihadiya reunirán al mayor número de manifestantes en El Cairo, aunque están previstas marchas y concentraciones en todas las ciudades del país.

Los grandes agitadores de las protestas son un grupo de jóvenes, de afiliación variopinta y en ocasiones desconocida que lanzaron la campaña "Tamarrud" (Rebelión) para recoger un número de firmas contra Mursi superior a los 13 millones de votos que el presidente recibió en las elecciones presidenciales.

En una rueda de prensa hoy, "Tamarrud", que ha galvanizado a su alrededor a varios de los principales partidos de la oposición, anunció que ha conseguido más de 22 millones de firmas, una cifra tan pasmosa como difícil de demostrar.

Esas listas serán entregadas al Tribunal Constitucional para pedir que éste retire la confianza a Mursi y llame a elecciones presidenciales anticipadas.

Frente a las marchas convocadas por la oposición, que ya se ha hecho fuerte en Tahrir y otros lugares de la capital con cientos de tiendas de campaña, los partidarios de Mursi han tomado las calles del barrio residencial de Ciudad Naser, lo que añade incertidumbre sobre una posible confrontación.

"Los dos movimientos son como dos luchadores de sumo que llevan un año empujándose y ninguno consigue vencer. Como el país está paralizado, en un callejón sin salida, han decidido llevar el combate a las calles y decidir en ellas quién es el más fuerte", sintetiza para Efe un diplomático occidental.

No es la primera vez desde que cayó Mubarak que los profetas de lo apocalíptico han hecho fortuna anunciando toda clase de tormentos sobre el atribulado pueblo egipcio.

Pero los analistas coinciden en que el fantasma de un conflicto civil probablemente nunca ha estado tan cerca, con un presidente incapaz de aunar a la nación, una oposición dividida y reacia al diálogo y unos ciudadanos desesperados por la grave crisis económica.

El Ministerio del Interior prevé tres escenarios para el domingo, según el influyente semanario "Al Ahram Weekly": manifestaciones pacíficas, protestas que acaben en disturbios protagonizados por grupos radicales y, la peor opción, enfrentamientos entre seguidores islamistas y de la oposición.

La circulación descontrolada de armas entre la población civil tras la caída de Mubarak aumenta la preocupación de que se repitan las escenas que se han visto esta semana, principalmente en el delta del Nilo y en Alejandría.

Por ello, la institución "Dar al Iftaa" (principal autoridad egipcia encargada de emitir "fetuas" o edictos islámicos) recordó hoy que llevar armas en las manifestaciones está prohibido por la religión.

A este llamamiento se unió el papa de la Iglesia ortodoxa copta, Teodoro II, quien rechazó la violencia en un mensaje difundido a través de la red social Twitter.

Esta preocupación ante un eventual brote de la violencia alcanzó al presidente de Estados Unidos, Barack Obama, quien desde Sudáfrica subrayó que su país apoya las "protestas pacíficas" e instó a Mursi y a la oposición al diálogo.

 

FUENTE: La Vanguardia

La Comisión Internacional de Juristas (CIJ) condenó el fallo emitido el lunes por la Corte de Constitucionalidad de Guatemala que anula la condena al dictador guatemalteco, Ríos Montt, a 80 años de prisión por genocidio y crímenes de guerra. La CIJ consideró que esta medida constituye un retroceso en la búsqueda de la justicia en Guatemala.

"El fallo es contrario a derecho y contradice también la obligación del Estado de Guatemala de juzgar y castigar a los responsables de los crímenes graves", criticó el director de la Oficina de la Comisión Internacional de Juristas, Ramón Cadena, al referirse al veredicto legal.

Además de la CIJ, diversas organizaciones y personalidades manifestaron su descontento con el fallo. El representante del Centro para la Defensa de la Constitución, Alejandro Balsells, estimó que el proceso contra Ríos Montt "se sigue enmarañando en aspectos legales, que al parecer no se resolverán en el corto plazo".

"Como autoridades ancestrales de la región ixil consideramos que con el fallo otorgado por la Corte Constitucional se ha debilitado el sistema de justicia y se ha desacreditado al país ante la comunidad internacional", indicó el representante de las autoridades indígenas de Nebaj, José Miguel de León.

Nebaj, Cotzal y Chajul son tres municipios guatemaltecos, conocidos también como el Triángulo Ixil, donde el Ministerio Público constató el asesinato de mil 771 indígenas a manos de fuerzas represivas durante el régimen de Ríos Montt.

La exjueza Yolanda Pérez manifestó su rechazo a la decisión de anular las actuaciones del juicio por genocidio efectuadas a partir del 19 de abril.

“Estoy de acuerdo con los votos disidentes. Existe el recurso de apelación especial”, explicó Pérez, y expresó que la referida acción sirve para señalar los defectos procesales.

El representante de la organización Seguridad en Democracia, Marco Antonio Canteo, indicó que la decisión de la Corte Constitucional es ambigua porque podría significar el reinicio del debate.

“A partir del 19 de abril se tendrá que retomar el debate. Otra vez a recibir las pruebas”, destacó el analista.

La organización humanitaria Hijos de Guatemala expresó en un comunicado que con esta medida “la Corte Constitucional dictaminó un retroceso hacia el imperio de la impunidad”. Recordaron que en los últimos días la alianza oligárquico-militar recurrió a la guerra psicológica, la amenaza y la manipulación.

El viernes 20 de mayo, Ríos Montt, quien gobernó de facto Guatemala entre marzo de 1982 y agosto de 1983, fue condenado a 80 años de prisión por el genocidio perpetrado durante su gestión contra la etnia indígena ixil, sentencia que fue anulada este lunes por la Corte de Constitucionalidad.

La Sala Tercera de la Corte de Apelaciones fue notificada este martes por la instancia del trámite que debe seguir para cumplir la resolución.

Sin embargo, los magistrados titulares Carlos Contreras, Sergio Lima y Gustavo Dubón se inhibieron de seguir conociendo el proceso contra Ríos Montt y José Rodríguez, su antiguo jefe de Inteligencia militar. La excusa surgió a propósito de que el Ministerio Público presentó una reacusación en contra de ellos por dudar de su imparcialidad.

Como no pudo conformarse la terna de jueces suplentes, se pidió a la Corte Suprema de Justicia nombrar una nueva sala.

Por su parte, el abogado Francisco García presentó un recurso para que le retiren la custodia policial a su cliente Ríos Montt y que este regrese al arresto domiciliario que mantenía antes de haber sido condenado.

Desde el pasado 13 de mayo, el exgeneral permanece ingresado en el Centro Médico Militar por presuntos problemas de salud.
 

RELEVAMIENTO Y EDICIÓN: Imanol Barrangú

FUENTE: TeleSur

Como muchos sectores temían, el Tribunal Constitucional de Guatemala decidió la noche de este lunes anular la sentencia del juicio que había condenado al exdictador Efraín Ríos Montt a 80 años de prisión por genocidio y delitos de lesa humanidad. Tras una sesión maratoniana, los magistrados llegaron a una decisión dividida, con tres votos favorables para Ríos y dos en contra, aceptando los recursos que había presentado la defensa del general por supuestas irregularidades.

Los magistrados consideran que el tribunal no resolvió en su día una recusación planteada en contra de dos miembros de esa judicatura y todas las actuaciones judiciales celebradas desde el 19 abril hasta el 10 de mayo, día de la sentencia, deberán ser repetidas.

Los magistrados se habían visto presionados por los poderes fácticos, en esta ocasión representados por la Asociación de Veteranos militares de Guatemala (AVEMILGUA), que llegó a amenazar con movilizar hasta 50.000 paramilitares de las tenebrosa Patrullas de Autodefensa Civil (PAC) y de la todopoderosa patronal, aglutinada en el Comité Coordinador de Asociaciones Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF).

Por una parte, la AVEMILGUA amenazó con marchar sobre la capital y paralizar el país a base de bloquear las principales vías de comunicación hasta lograr la liberación del viejo caudillo. Por su parte, la patronal respondió a la condena con un comunicado en espacios comprados en la prensa, la radio y la televisión, donde rechaza, absolutamente, la existencia de un genocidio en Guatemala.

La reacción de los militares era previsible: hasta la restauración de la democracia, en 1985, fueron formados bajo una disciplina inspirada en la obediencia ciega, tan propia de los ejércitos habituados al intervencionismo y a no rendir nunca cuentas a nadie. Sin embargo, el pronunciamiento empresarial solo se explica, en palabras del historiador José Cal, “porque tradicionalmente el Ejército ha estado al servicio del gran capital” y añade que su postura también evidencia que la represión fue financiada, desde siempre, por el empresariado.

REACCIONES ENCONTRADAS

La decisión del Constitucional ha provocado reacciones encontradas en el país. El analista Manfredo Marroquín, presidente de Acción Ciudadana dijo que la anulación del juicio es una muestra más de la “extrema debilidad del sistema de justicia de Guatemala”. Añadió que este fallo es una señal que confunde a la opinión pública nacional e internacional y que viene a confirmar un temor generalizado: “La impunidad sigue siendo la única ley que rige en Guatemala”, extremo que, en alguna manera convierte a este país en “una amenaza muy grande” para la convivencia democrática de la región”.

El periodista Gonzalo Asturias, quien fuera el secretario de Prensa de la presidencia de Ríos Montt, sin entrar a calificar la decisión del Constitucional, dijo que Ríos Montt no es más que un “chivo expiatorio que intentó poner freno a la orgía de sangre que heredó del gobierno de Romeo Lucas García”. Asturias dice ser testigo de cómo Ríos Montt ordenó el máximo respeto para la población civil. “Que no se mate a nadie que no sea combatiente” era la orden, pero la oficialidad la ignoró olímpicamente, “como consecuencia de la inercia de desmanes heredada del gobierno depuesto con el golpe del 23 de marzo de 1982”.
 

FUENTE: El País

Ver: Cataluña Proclama Su Soberanía

El pleno del Tribunal Constitucional ha admitido la impugnación presentada por el Gobierno sobre la declaración soberanista que aprobó el Parlamento catalán en enero. Con la admisión, el tribunal acepta la suspensión de la declaración, tal como reclamaba el Gobierno. Será más adelante cuando se decida definitivamente si el texto aprobado es o no constitucional.

En cualquier caso, el Parlamento catalán aprobó en marzo una segunda resolución que el Gobierno no ha impugnado y sobre la que el Constitucional no se ha pronunciado.

En la propuesta ahora suspendida se hablaba del pueblo catalán como un “sujeto político y jurídico soberano”, que fue la acepción en la que se basó la impugnación presentada por la Abogacía del Estado. La Abogacía del Estado apuntó en su recurso que la resolución era "un desafío abierto contra la Constitución". Además, apuntaba a que "sólo una decisión de la soberanía del pueblo español podría reconocer de manera constitucionalmente válida la soberanía del pueblo de Cataluña".

Ahora, el tribunal dará traslado de la decisión al Parlamento de Cataluña para que, en el plazo de veinte días, "aporte cuantos documentos y alegaciones considere convenientes".

Esta es la tercera ocasión en la que el Constitucional deja en suspenso un acuerdo adoptado en un parlamento autonómico. Las dos ocasiones anteriores fueron en 1983, en Navarra, y ante la decisión del Parlamento vasco, en 1999, de ceder su sede a los kurdos.

El Parlamento catalán aprobó en enero la resolución en la que también reclamaba la celebración de una consulta para decidir su futuro político. La votación, en esa ocasión, contó con el apoyo de los parlamentarios de CiU, ERC e Iniciativa y la CUP (dos de ellos se abstuvieron). La mayoría de los diputados del PSC votaron en contra, a excepción de cinco de ellos que se negaron a mostrarse en contra de la declaración soberanista. Los parlamentarios del PP y Ciutadans votaron todos en contra.

Dos meses después aprobó una segunda resolución por la que el Parlamento instaba a la Generalitat catalana a "iniciar un diálogo" con el Ejecutivo central, para celebrar una consulta de autodeterminación. La resolución fue promovida por el PSC y apoyada por CiU, ERC e Iniciativa-Esquerra Unida.

Antes de decidir la suspensión, el Tribunal Constitucional pidió al Parlamento de Cataluña que le informara cuál de las dos declaraciones soberanistas era la válida. “Las dos son plenamente complementarias", respondió el portavoz del Gobierno catalán, Francesc Homs.
 

FUENTE: El País