El Supremo Tribunal Federal de Brasil hizo lugar a una acción promovida por el oficialista Partido de los Trabajadores (PT) que puede obligar a la oposición a contar con mayoría especial para aprobar el inicio de un proceso de juicio político contra la presidenta Dilma Rousseff.

El ministro Teori Zavascki, del Tribunal Supremo Federal, emitió un parecer que obliga a que el pedido de impeachment cuente con el voto de 3/5 de la Cámara de Diputados y no de mayoría simple.

Esa disposición del magistrado anula una interpretación del reglamento realizada por el titular de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, según la cual era necesario sólo una mayoría simple para iniciar el proceso hacia un eventual juicio de impedimento o impeachment.

En principio este parecer del ministro del Supremo puede postergar la estrategia de la oposición, que planeaba impulsar este martes el inicio de un proceso contra Rousseff.

La decisión del Supremo respondió a un "mandato de seguridad", acción promovida por el diputado Wadih Damous (PT).
En su fundamento el juez del Supremo solicita al titular de Diputados, Eduardo Cunha, que explique su interpretación del reglamento sobre cómo debe ser tratado un eventual pedido de impeachment.

De esta forma, la más alta Corte no da por cerrado el caso y aguardará la respuesta del diputado Cunha, que pese a todo puede dar curso al juicio político valiéndose de otras vías procesales.

La decisión emanada del Supremo Tribunal Federal en principio respalda la estrategia del partido gobernante pero no anula la disputa en el Congreso, donde oficialistas y opositores continuaban hoy en sus despachos para una eventual "batalla" política en el recinto.

 

FUENTE: Télam

La reforma sanitaria, proyecto central en la presidencia de Barack Obama, obtuvo este jueves una victoria rotunda en el Tribunal Supremo de Estados Unidos. Los jueces, con 6 votos a favor y 3 en contra, dieron la razón al presidente y dictaminaron que los subsidios federales para adquirir un seguro médico son legales.

"La Ley de Cuidados Accesibles está aquí para quedarse", dijo el demócrata Obama en la Casa Blanca. "Esta es una victoria de los americanos que trabajan duro y cuyas vidas, gracias a esta ley, serán más seguras en una economía en transformación".

Tras la decisión del Tribunal Supremo, las opciones de los detractores de la ley se agotan. A los republicanos, que en el Congreso han intentado revocarla decenas de veces, les quedan las vías legislativa y ejecutiva. Necesitarían que en 2016 un republicano ganase las elecciones presidenciales y que el Senado y la Cámara de Representantes tuviesen mayoría del Partido Republicano. Entonces podrían revocarla, pero está por ver si, una vez consolidada en todo el país y con millones de beneficiarios, algún político se atrevería a dar marcha atrás.

Estaba en juego uno de los pilares de una reforma que ha ampliado la cobertura sanitaria a más de diez millones de personas que carecían seguro médico, pero que, desde su aprobación en 2010, ha afrontado reiterados obstáculos en los tribunales y en el Congreso. Sin los subsidios, 6,4 millones de personas con ingresos insuficientes para suscribir un seguro podrían haber perdido la cobertura.

Esta es la segunda victoria de Obamacare, el nombre popular con el que se conoce la ley sanitaria, en el Tribunal Supremo. En 2012, la mayoría de jueces dijo que el llamado mandato individual —la obligación de suscribir una póliza— era legal. En 2012 y este jueves, el Tribunal, presidido por el conservador John Roberts, salvó al presidente.

Los debates, esta vez, giraban en torno al significado de “estado” en la ley sanitaria. La ley establece mercados en línea para que las personas sin seguro médico compren un seguro privado. Obama ha definido estos mercados como una especie de Amazon de aseguradoras, donde cada uno puede elegir el seguro que más le conviene.

Al rechazar 34 estados —casi todos en manos de parlamentos o gobernadores republicanos— establecer mercados estatales, el Gobierno federal los creó en su lugar. El problema era que la ley autorizaba los subsidios en mercados “establecidos por el Estado”. No mencionaba los mercados federales. En sentido estricto, pues, los 34 estados sin mercados propios no podrían repartir subsidios y los millones de personas que viven en ellos los perderían.

Los seis jueces de la mayoría han optado por tener en cuenta la intención y el contexto de la ley —que las personas con bajos ingresos puedan recibir ayudas para obtener cobertura médica— en vez del sentido literal y restrictivo de la palabra "Estado".

El Congreso aprobó la Ley de Cuidados Accesibles con el fin de mejorar los mercados de seguros sanitarios, no de destruirlos

"El Congreso aprobó la Ley de Cuidados Accesibles con el fin de mejorar los mercados de seguros sanitarios, no de destruirlos", argumentó el juez Roberts, que ya emitió el voto decisivo cuando en 2012 el Tribunal Supremo validó la reforma sanitaria.

Además de Roberts, este jueves han respaldado la ley de Obama Anthony Kennedy —el juez centrista que suele desempatar— y los cuatro progresistas: Ruth Bader Ginsburg, Elena Kagan, Stephen Breyer y Sonia Sotomayor. Votaron en contra los tres jueces más derechistas: Clarence Thomas, Samuel Alito y Antonin Scalia.

Scalia, en un voto disidente suscrito por Alito y Thomas, ironizó sobre las "piruetas" y "distorsiones" interpretativas de los jueces de la mayoría para forzar el significado de "Estados" en la ley y corregir las deficiencias en su redactado.

"Deberíamos empezar a denominar esta ley Scotuscare", dijo. Scotus es el acrónimo en inglés de Tribunal Supremo de EE UU. Es decir, en vez de Obamacare —la reforma Obama—, Scotuscare: la reforma del Supremo.

No le falta razón: al final, el Tribunal Supremo habrá sido un aliado valioso de Obama en una reforma que, sin el aval de los jueces, hoy no existiría.

 

RELEVAMIENTO Y EDICIÓN: Esteban Agustín Covelli

FUENTE: ElPaís

Yingluck Shinawatra será reemplazada en la jefatura de gobierno por el hasta ahora ministro de Comercio, Niwatthamrong Boonsongphaisan, según se anunció después de conocerse la decisión del Tribunal Constitucional tailandés.

La Corte Constitucional tailandesa consideró ilegal la designación de un pariente de Yingluck Shinawatra en un alto puesto hace tres años, y removió a la primera ministra de su cargo.

“El gabinete decidió que Niwatthamrong Boonsongphaisan asumirá” la función de primer ministro, comunicó el jefe de la Cartera de Justicia, Pongthep Thepkanjana, en una conferencia de prensa.

LARGA CRISIS

La Corte Constitucional tailandesa consideró ilegal la designación de un pariente de Yingluck Shinawatra en un alto puesto hace tres años, y removió a la primera ministra de su cargo. La oposición intentaba hacer caer a Yingluck desde noviembre y la acusa a ella y a su familia -sobre todo a su hermano Thaksin, destituido en 2006- de corrupción y malversación de fondos públicos.

Dirigentes opositores acusaron a la primera ministra ante la Corte Suprema y las autoridades anticorrupción. El movimiento extraparlamentario PDRC ocupó durante semanas edificios gubernamentales a partir de noviembre y paralizó Bangkok al bloquear importantes cruces de calles. También boicoteó las elecciones del 2 de febrero con intimidaciones a los candidatos y electores. Los comicios fueron anulados posteriormente.

PUGNA DE FONDO

La mayoría de la población rural pobre de Tailandia apoya a Yingluck y Thaksin. La oposición representa en cambio a las capas medias y altas urbanas, que en las elecciones no tienen prácticamente opciones de ganar.

La oposición quiere que se nombre a un gobierno de transición no elegido en las urnas que imponga reformas para que no sea posible un abuso del poder en el futuro. Los seguidores de Thaksin han anunciado por su parte manifestaciones masivas si se nombra a un gobierno no elegido.

 

FUENTE: DW