Las Fuerzas Armadas Revolucionaras de Colombia (FARC) serán a partir del 1 de septiembre un partido político a todos los efectos. Así lo han anunciado este lunes en una comparecencia los dirigentes de la organización guerrillera Iván Márquez, Carlos Antonio Lozada y Erika Montero. El nuevo movimiento terminará de perfilar en agosto su modelo económico y sus propuestas en materia de política agraria, medio ambiente, juventud, desarrollo urbano e igualdad y, finalmente, se presentará formalmente ante la sociedad colombiana como una formación con programa y candidatos con vistas a las elecciones de 2018. Tras más de medio siglo de conflicto, las FARC dejaron de ser oficialmente un grupo armado el pasado 27 de junio y sus cerca de 7.000 combatientes se encuentran ahora en la fase final de transición a la vida civil. Tendrán, según lo estipulado en los acuerdos con el Gobierno de Juan Manuel Santos, representación garantizada de diez escaños repartidos entre el Senado y la Cámara.

“Este congreso va a tener lugar hacia finales de agosto y va a culminar con un acto político n la plaza de Bolívar”, ha explicado el jefe de la delegación de paz de la guerrilla, Iván Márquez. “Para eso hemos pactado la paz, hemos hecho la dejación de las armas para participar en política. Nos dijeron ‘señores, dejen las balas por los votos’. Bueno, pues eso es lo que vamos a hacer”, ha proseguido. “Estamos aceptando esta invitación. Los procesos de paz son precisamente para eso, para hacer dejación de armas y meternos con todo a la política, y es lo que vamos a hacer, es una determinación que está en marcha”.

Este anuncio revoluciona no solamente el mapa de partidos de Colombia, sino que representa un paso decisivo para la incorporación de las FARC a la sociedad y al sistema democrático. La financiación de la nueva formación, que todavía no tiene nombre ni organigrama, está establecida en los acuerdos de La Habana. “Al igual que los demás partidos tendrá una financiación por parte del Estado y aspiramos que el Estado cumpla con esos compromisos”, ha señalado Márquez, que ha mostrado su preocupación por el asesinato de guerrilleros indultados tras la firma de la paz. Ha asegurado que se trata de seis combatientes, además de “algunos familiares”. “Sería triste que en Colombia volvamos a la eliminación de una fuerza política como sucedió con la Unión Patriótica”, ha lamentado.

El máximo líder de la organización guerrillera, Rodrigo Londoño, Timochenko, sufrió el pasado 2 de julio una isquemia cerebral por la que fue ingresado en una clínica de Villavicencio (centro del país). Días después regresó a Cuba, donde residió en los últimos años, para seguir recibiendo atención médica. Timochenko demostró en junio, durante el acto simbólico de entrega de armas celebrado en el campamento Mariana Páez de Mesetas, su determinación a convertir la insurgencia en acción política. Su discurso fue el de un político cercano al ideario chavista, pero sus promesas reflejaron la voluntad de romper con un pasado de violencia. “Ayer [éramos] ejército del pueblo, hoy de la esperanza del pueblo. Este día no termina la existencia de las FARC. En realidad, a lo que ponemos fin es a nuestro alzamiento de 53 años. Seguiremos existiendo como un movimiento de carácter legal y democrático”, afirmó para tranquilizar a sus bases.

Las dudas que rodean este proceso tienen que ver ahora con los futuros cabezas de lista de la antigua guerrilla, con su modalidad de participación en las distintas citas electorales -presidenciales y legislativas- del próximo año, con posibles alianzas con otras fuerzas políticas y, sobre todo, con su trabajo en las instituciones. En cualquier caso, en poco más de un mes comenzará ese nuevo camino.

FUENTE:  El País

RELEVAMIENTO Y EDICIÓN: Camila Abbondanzieri

“Podemos decir que prácticamente hemos terminado el registro e identificación de todo el armamento que tienen las Farc en sus campamentos. Eso implica que en todos los campamentos de las Farc está la presencia de la ONU las 24 horas”, dijo Pérez Aquino en una rueda de prensa en Bogotá.

Asimismo, indicó que todavía falta “un detalle” para dar por concluida la operación de registro de armas que el enviado especial del secretario general de la ONU, Jean Arnault, cifró en 8.000.

Pérez Aquino también reiteró que ya han recibido 140 de ellas, las de los primeros miembros de las Farc que están desplegados en el mecanismo tripartito de monitoreo y verificación (MMV) del cese el fuego, en el que también hay observadores de la ONU y miembros de la Fuerza Pública.

También explicó que han empezado a hacer “planeamiento” para la destrucción de material inestable y armamento en los escondites, si bien subrayó la dificultad del proceso por la geografía y compleja seguridad.

“Estamos listos para recibir el armamento del personal de las Farc que estará incorporándose al transito a la legalidad de todos los miembros que harán parte del proceso de sustitución de cultivos, desminado, además del resto de personal que va a ser integrante del MMV y del equipo de protección”, detalló.

El general también destacó que más de cien días después del inicio del cese el fuego, este se ha mantenido “sólido” gracias al firme compromiso y voluntad de las partes”, que considera que “han respetado las reglas que lo rigen”.
“Podemos afirmar que es un proceso que tiene y tendrá retrasos pero se mantiene el compromiso y férrea voluntad de las partes y es irreversible”, subrayó.

Por su parte, el contralmirante Orlando Romero Reyes, representante del Gobierno en el MMV, comentó que el Ejecutivo mantiene su compromiso para que la infraestructura necesaria en las zonas veredales transitorias de normalización (ZVTN) en que se encuentran reunidos alrededor de 7.000 guerrilleros de las Farc esté lista en abril.

Asimismo, indicó que han facilitado atención médica, abastecimiento y han acompañado a los menores que están en las filas de la guerrilla.

Hasta el momento 60 de esos jóvenes han dejado ya la guerrilla y se encuentran en hogares tutelados por el Fondo Internacional de Emergencia de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).

El representante de las Farc en la ONU, Luis Alberto Albán Burbano, alias “Marco Calarcá”, también destacó que ha habido avances en diferentes materias como el abastecimiento o el despliegue de unidades médicas.

Sin embargo, afirmó que ha habido “inconvenientes” por medidas que ha tomado “de manera unilateral” el Gobierno. Entre ellas está que Defensa Civil sea responsable de parte del transporte de los enfermos, porque tuvieron “injerencia en la confrontación”.

Por último, aseveró que han cumplido con su compromiso de caminar hacia la paz.

FUENTE: Nodal

RELEVAMIENTO Y EDICIÓN: Martina Mántaras

La guerrilla de las Farc declararán y entregarán todos sus bienes y dinero para reparar a las víctimas, confesando así sus fortunas ilegales. Hasta el momento las Farc habían negado este punto que es de suma importancia básicamente por dos cosas: al confesar en dónde están sus riquezas generan confianza, especialmente en los damnificados directos. Esto deberá darse antes de que las Farc entreguen las armas. Se ratificó respeto a propiedad privada, a la iniciativa privada y que a nadie se expropie por fuera de la ley ya vigente. Así se responde a una de las preocupaciones planteadas por el expresidente Uribe y empresarios agrícolas que temían por una eventual reforma agraria que afectara la propiedad sobre los predios.

La Jurisdicción Especial de Paz será manejada a través de la justicia penal colombiana. Además, su vigencia será hasta por 10 años, pero solo recibirá solicitudes de investigación en los primeros dos. Inclusive otra de las razones por las cuales se quiso acortar el tiempo de estas peticiones, fue para evitar la futura aparición de testigos falsos en los diferentes casos. Este punto fue uno de los más criticados por la oposición ya que veían inviable el hecho de que quienes estuvieran juzgando a los guerrilleros y demás partícipes del conflicto armado en Colombia, fueran jueces extranjeros. Se pudo arreglar que aunque sí habrá participación de expertos que tendrán como objetivo ayudar con temas sensibles como la justicia transicional. La Corte Constitucional será la instancia de cierre pues allá se definirán las acciones de tutela que se presenten contra las decisiones del Tribunal para la Paz.

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Quienes confiesen delitos de guerra obtendrán el beneficio de la no privación de la libertad. En el documento se aclara que aunque reciban este beneficio, estas tendrán que mantenerse en las zonas veredales de desmovilización, acordadas previamente. Si por algún motivo los condenados necesitan salir de esas áreas, deberán tener autorización. Por otro lado, se mantiene la sanción de hasta 20 años de prisión para quienes no colaboren. Todos los miembros de las Farc podrán ser elegidos políticamente. Este punto es tal vez el que más ha generado controversia. Esta organización guerrillera no podrá presentar candidatos para las 16 circunscripciones especiales de paz en zonas de conflicto. El único punto que no tuvo cambio fue el las curules asignadas a las Farc, serán cinco en Senado y cinco en Cámara. Sin embargo, se harán contar, los candidatos tendrán que someterse al veredicto de las urnas.

Nadie tiene claro a cuánto puede equivaler la inversión estatal en la etapa del posconflicto. La propuesta de paz es ambiciosa y requiere millonarias inversiones públicas en las regiones. Por eso, para garantizar la solidez de las finanzas del Estado se amplió de 10 a 15 años el plazo de implementación para reducir la presión fiscal y así no afectar de manera alguna los programas prioritarios del gobierno.

FUENTE: El Espectador

RELEVO Y EDICIÓN: Joel Hernán González

El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, ha anunciado la noche del jueves que vuelve a prorrogar el cese al fuego bilateral con la guerrilla de las FARC hasta el 31 de diciembre. Es la segunda vez que el mandatario amplía la fecha después de la victoria del no en el plebiscito del 2 de octubre en el que los colombianos rechazaron el acuerdo de paz negociado durante cuatro años en La Habana. En un primer momento, el presidente extendió el final de las hostilidades hasta el 31 de octubre. "Que quede claro: esto no es un ultimátum ni fecha límite, pero espero que todo este proceso para tener un nuevo acuerdo se termine mucho antes", ha declarado.

El anuncio llega después de dos semanas de negociaciones con los promotores del no, liderados por el expresidente Álvaro Uribe a través de su partido el Centro Democrático. Aunque en la tarde del jueves, Santos y su equipo negociador recibieron el documento de 26 páginas con las propuestas del uribismo y las del también exmandatario Andrés Pastrana, no ha hecho referencia a las mismas. En su breve comunicado ha otorgado el mérito de esta prórroga al colectivo de jóvenes que lideran las marchas ciudadanas para exigir la paz en Colombia y la consecución de un acuerdo de manera inmediata. "Me exigieron poner límites perentorios. Me dijeron que no puede haber borrón y cuenta nueva. Que se requieren propuestas concretas y realistas. Muchos de ellos insistieron en que los acuerdos siguen vigentes", ha contado. "Por esa razón y a solicitud de estos jóvenes, he tomado la decisión".

Sobre la mesa del Gobierno siguen las medidas de los opositores al acuerdo. En Bases de un Acuerdo Nacional de Paz, Uribe exige que lo pactado no se incorpore a la Constitución “con carácter inmodificable”. El documento plantea la creación de un Tribunal Transicional, mantiene una denominación similar al del texto de La Habana, pero siempre que se integre en la estructura judicial y no se cree lo que el líder político denomina "una estructura política paralela" que, en su opinión, atenta contra el sistema jurídico colombiano. Además, propone que sus magistrados sean colombianos, mayores de 40 años, aunque permite la participación de extranjeros como "defensores de las personas procesadas". La Justicia Especial para la Paz acordada en Cuba iba a estar constituida por 20 magistrados colombianos y cuatro extranjeros para el Tribunal para la Paz, 18 magistrados con nacionalidad colombiana y seis magistrados extranjeros para las tres Salas de Justicia.

Uribe también plantea en su documento penas de un mínimo de cinco años y hasta 20 de privación de libertad para quienes hayan cometido crímenes de lesa humanidad en base al Derecho Internacional Humanitario. La oposición reconoce que podrían reducirse a entre cinco y ocho años si se asumen responsabilidades y las condenas podrían cumplirse en lugares de reclusión como granjas agrícolas. También se propone "una amplia amnistía e indulto a terceros no combatientes, como colaboradores o auxiliadores, siempre que se entregue cualquier material bélico que se posea".

La participación política de la guerrilla, otro de las temas que más minutos ha ocupado durante la campaña electoral al plebiscito, queda definida en el texto con una clara oposición a que la formación resultante tras el abandono de las armas esté representada en las cámaras parlamentarias por personas que hayan sido condenadas por delitos de lesa humanidad. Se niegan también a que tengan asiento en el Consejo Nacional Electoral.

El narcotráfico debe quedar fuera de los delitos amnistiables, para el uribismo. Y las FARC no pueden participar en la creación de un nuevo cuerpo de seguridad ligado a la Policía Nacional. Estas son otras de las líneas rojas que los opositores al proceso de paz han entregado al Gobierno de Santos y ante las que esperan una respuesta antes de que se elabore un documento final que llegue a La Habana, donde la guerrilla espera hacerse oír.

FUENTE: El País

RELEVAMIENTO Y EDICIÓN: Camila Abbondanzieri

El Gobierno de Juan Manuel Santos y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el segundo movimiento armado de Colombia, comenzarán la fase pública de las negociaciones de paz el próximo 27 de octubre en Quito, capital de Ecuador, según han informado ambas delegaciones en Caracas. Además, la guerrilla se compromete a liberar a dos secuestrados antes de esta fecha, aunque sigue sin concretar cuántas personas tienen en su poder. El anuncio llega una semana después de que los colombianos rechazaran los acuerdos pactados con las FARC en el plebiscito del 2 de octubre y el presidente se viera obligado a iniciar un nuevo diálogo nacional. Si se lograra un pacto con ambas guerrillas, la violencia que ha asolado a Colombia durante más de 50 años –con cerca de ocho millones de víctimas- quedará reducida a las bandas criminales vinculadas al narcotráfico y al paramilitarismo aún presente en muchas zonas del país.

El proceso comenzará por el punto 1 de la agenda que ambas partes aprobaron el pasado 31 de marzo. Las delegaciones comenzarán a discutir cómo será la participación ciudadana durante la negociación, uno de los reclamos de los elenos. Este apartado también incluye "el tratamiento de la situación jurídica de los sindicados y condenados por actos en el desarrollo de la movilización social". Es decir, aquellas personas que durante estas décadas de conflicto hayan sido enjuiciadas y condenadas por su vinculación a la guerrilla. A la espera de que comiencen las mesas de trabajo, el presidente Santos ya recalcó el pasado marzo que no se va a crear otro tribunal especial de paz, por lo que los guerrilleros del ELN serán juzgados de la misma forma que se ha acordado con las FARC.

La negociación continuará por el punto relativo a las acciones y dinámicas humanitarias, como señala el documento que han leído en la capital venezolana. Los negociadores han cambiado el orden del proceso para reafirmar el compromiso de la guerrilla con la liberación de dos de los secuestrados que tienen, que se sumarían a los tres campesinos ya liberados en las últimas semanas. Esta práctica, junto a la extorsión, ha sido su fuente de financiación principal, aunque en los últimos años los vínculos con el narcotráfico han ido a más. "Se debe resaltar que se decidió iniciar las negociaciones discutiendo simultáneamente dos puntos para ayudar a construir la paz", ha dicho el presidente momentos después.

La delegación del Gobierno ya no está encabezada por Frank Pearl, economista, ex Alto Comisionado para la Paz, exministro del presidente Juan Manuel Santos y negociador plenipotenciario en los diálogos con las FARC. Le sustituye en el cargo Mauricio Rodríguez, exembajador en Londres con el Gobierno del expresidente Álvaro Uribe, experiodista y hermano de la mujer del actual mandatario. Santos ha recalcado en su intervención posterior al anuncio que "en las próximas semanas se conocerán a los equipos negociadores", sin aclarar si los firmantes de este documento permanecerán en la mesa de diálogo.

Si Rodríguez mantiene el cargo de responsable de la delegación, delante ya no tendrá a Antonio García, comandante del ELN y miembro de la guerrilla desde los años setenta, que anunció la agenda el pasado marzo. En su lugar firma el documento Pablo Beltrán, miembro del Comando Central (Coce), el órgano que rige las decisiones de la guerrilla. Cada equipo estará integrado por hasta al menos 30 representantes. En las sesiones solo podrán participar 10 personas, cinco principales y cinco suplentes, y contarán con la ayuda de los asesores que consideren necesarios.

Desde enero de 2014 a marzo de 2016 se han realizado una serie de encuentros privados entre ambas delegaciones en Ecuador, Brasil y Venezuela. A estas reuniones asistieron, además, Noruega, Cuba y Chile, todos ellos países garantes de la negociación. Las negociaciones con el ELN se celebrarán principalmente en Ecuador aunque habrá sedes paralelas en Venezuela, Chile, Cuba y Brasil. Hasta ocho presidentes han intentado en vano iniciar un proceso de paz con el ELN, una guerrilla que ha tenido un componente político mucho más marcado que el de las FARC.

El ELN nació en 1964, casi a la par de las FARC, con una ideología que mezcla cristianismo, marxismo y nacionalismo radical. Las autoridades colombianas estiman que la guerrilla cuenta con unos 1.300 miembros aunque algunos analistas creen que la cifra asciende hasta 2.000. Pese a ser número inferior a los cerca de 6.500 que se presupone a las FARC-, el ELN había intensificado sus ataques en los últimos cinco años. El temor a que el ELN ocupe los espacios dejados por las FARC era también mayúsculo. Los principales riesgos se concentrarían en aquellas regiones donde operan los frentes más beligerantes, el circuito conocido como ABC (Arauca, Boyacá y Casanare), Norte de Santander, Chocó, Cauca y Nariño.

FUENTE: El País

RELEVAMIENTO Y EDICIÓN: Camila Abbondanzieri

Aunque apenas se conocieron los resultados del plebiscito a eso de las 5 y 30 de la tarde se alcanzó a generar un clima de incertidumbre, pues no había claridad sobre el camino a seguir, el horizonte comenzó a despejarse poco antes de la 7 de la noche, cuando las Farc dijeron desde La Habana que se mantendrán en busca de la paz. Para muchos, ese anuncio alejaba cualquier posibilidad de volver a la guerra. “Las Farc mantienen su voluntad de paz y reiteran su disposición de usar solamente la palabra como arma de construcción hacia el futuro”, dijo ‘Timochenko’, jefe de la organización guerrillera en tránsito hacia la vida civil, desde la capital cubana.

Después vino el propio presidente Juan Manuel Santos, quien en una breve intervención por la televisión, anunció desde Palacio su decisión de convocar a todas las fuerzas políticas a un diálogo para insistir en la búsqueda de la paz. “Mañana mismo (lunes) convocaré a todas las fuerzas políticas –y en particular a las que se manifestaron hoy por el ‘No’– para escucharlas, abrir espacios de diálogo y determinar el camino a seguir”. Era claro que el diálogo convocado por Santos incluía al uribismo, ganador de la contienda.

Mientras el expresidente Álvaro Uribe, triunfador de la jornada, se reunía en su casa de Rionegro (Antioquia) con sus tres precandidatos (Carlos Holmes Trujillo García, Iván Duque y Óscar Iván Zuluaga), para definir su posición, en Palacio Santos comenzaba a mover sus cartas.

La primera reunión de Santos, tras el fracaso en las urnas, fue con miembros de su familia, y con Humberto de la Calle, jefe del equipo negociador del acuerdo, y Sergio Jaramillo, comisionado de Paz, a quienes dio instrucciones para su diálogo con las Farc, este lunes en La Habana. Luego se reunió con sus ministros y con el presidente del Congreso, Mauricio Lizcano, con quienes examinó la dimensión del acuerdo político. Anoche mismo Santos convocó a los líderes de todos los partidos políticos que apoyaron el acuerdo de La Habana a una reunión en la Casa de Nariño, a las 10 de la mañana de hoy, lo que podría ser el punto de partida del pacto.

Pero la idea de que a pesar de la negativa de las urnas se abría un nuevo camino para salvar la paz se consolidó cuando el expresidente Álvaro Uribe, a eso de las 9 de la noche, pronunció un discurso para aceptar su participación un acuerdo político. “Queremos aportar a un gran pacto nacional”, dijo Uribe de manera categórica. En la tarde, el exmandatario había dado instrucciones a sus seguidores para que no hicieran actos de triunfalismo por los resultados obtenidos. La imagen de Uribe en la televisión, más allá de sus palabras conciliadoras, fue de tranquilidad. Uribe, quien durante la campaña por el plebiscito llamó “narcoterroristas” a los miembros de las Farc, fue muy cuidadoso en su discurso del domingo y se dirigió a ellos primero que al presidente Santos. “Señores de las Farc: contribuirá mucho a la unidad de los colombianos que ustedes, protegidos, permitan el disfrute de la tranquilidad”.

En su esperado discurso Uribe habló de la necesidad de aplicar “correctivos para que haya respeto a la Constitución, no sustitución; justicia, no derogación de las instituciones; pluralismo político sin que pueda percibirse como premio al delito; política social sin poner en riesgo la empresa honorable”. Al Presidente de la República y al Congreso Uribe les pidió que “se permita un alivio judicial que no constituya impunidad” y a la comunidad internacional que escuche sus “razones”. Aunque no lo precisó, los puntos esbozados anoche podrían ser parte de la agenda que el uribismo pondría sobre la mesa para iniciar la discusión del nuevo pacto político.

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Aunque todavía no está claro cómo se hará la construcción de ese acuerdo político por la paz, lo que anoche sí quedó claro es que se va a dar. Todavía no se ha hablado de un encuentro directo de Santos y Uribe, por ejemplo. Al parecer habrá emisarios de ambos lados para tratar de construir una agenda posible.

Por otra parte, Santos comenzó a recibir también anoche apoyo de diversos sectores políticos para que se mantenga en la búsqueda de la paz. “Hay que preservar los acuerdos de La Habana, hay que mantener la voluntad de paz de las Farc y hago un llamado a los expresidentes para que en este momento de dificultades acompañemos al Presidente y depongamos cualquier posición política en aras del país y de la paz”, escribió el expresidente Ernesto Samper. “Propongo que promovamos un nuevo consenso que nos permita cerrar brechas para que logremos convergencias, superemos desacuerdos y sigamos adelante en nuestro propósito de consolidar la paz”, dijo la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, en nombre de sus colegas. El presidente del Partido Conservador, David Barguil, aseguró que “esto nos debe llevar a un acuerdo sobre lo fundamental que deberá desembocar en una constituyente”.El presidente del partido de ‘la U’, Armando Benedetti, afirmó que “la paz sigue siendo el objetivo ineludible así perdamos todos los procesos electorales que haya que afrontar para conseguirla”. “El presidente Santos tiene del Partido liberal todo el apoyo porque se la jugó por la paz y nosotros apoyamos ese camino en el que siempre hemos estado. Nuestro deber ahora es estar con él”, dijo el jefe liberal, Horacio Serpa.

FUENTE: EL TIEMPO

RELEVO Y EDICIÓN: Joel Hernán González

Lozada afirmó que el trabajo del miércoles se hizo dividido por comisiones, cada una encargada de tratar varios temas fundamentales para el futuro político de la Farc.

Una de estas comisiones es la encargada de presentar hoy a la plenaria de la conferencia la propuesta para conformar el nuevo Estado Mayor de las Farc, que como lo adelantó EL HERALDO también vendría acompañado de una reorganización de su Secretariado, en el que sería incluido Rafael Malagón, exmiembro del Bloque Caribe de las Farc y del José María Córdoba.

En concreto, la comisión de recursos humanos, ética y el papel de los cuadros, es la que tiene “la responsabilidad de recoger las diferentes propuestas para la composición del nuevo Estado Mayor Central”.

El Estado Mayor Central está compuesto por 32 miembros y es el máximo órgano decisorio de las Farc que opera entre conferencias guerrilleras, entre sus funciones está designar a los miembros del Secretariado, que está integrado por 9 miembros, 7 titulares y dos suplentes que son: ‘Timochenko’, ‘Iván Márquez’, ‘Pablo Catatumbo’, Rodrigo Granda, ‘Pastor Alape’, ‘Carlos Antonio Losada’, ‘Mauricio Jaramillo’, ‘Joaquín Gómez’ y ‘Bertulfo Álvarez’.

Entre las otras comisiones, según señaló Lozada, se encuentra la de redacción política, encargada de estructurar la declaración política del nuevo partido de las Farc que será presentada hoy.

El nombre de este partido es uno de los anuncios esperados de la X Conferencia, sobre el que aún no hay conocimiento certero, sin embargo, ya se han filtrado varias opciones como lo son: Movimiento Bolivariano Nueva Colombia, Frente Amplio Por la Reconciliación de Colombia, Partido Comunitario Colombiano, Frente Amplio Por la Reconciliación Nacional.

Entre las demás comisiones está la que trabaja por la transformación de las Farc de organización político militar a organización política abierta. “Seguramente las conclusiones de esta comisión, que serán dadas a conocer hoy a la plenaria, deben contener los lineamientos político organizativos para ese proceso transformador de las Farc”, dijo.

También hay una comisión de prensa, una de organización, una de finanzas y una de género.

Lozada también se refirió a la muerte de Jorge Briceño, alias el Mono Jojoy, quien este miércoles cumplió seis años de haber caído en un bombardeo del Ejército Nacional, en una operación que calificó como “una verdadera demostración del uso excesivo de la fuerza, de odio de quienes fueron nuestros contradictores en esta larga confrontación”.

Con respecto al dinero de las Farc que el Fiscal General, Néstor Humberto Martínez, prometió perseguir, Rodrigo Granda, miembro del secretariado de la guerrilla, dijo que las Farc tuvieron que enfrentar “los 16 mil millones de pesos del Plan Patriota con una economía del pan de yuca”.

Reiteró que “los bolsillos nuestros están bastante vacíos. Entonces es bueno que busque la plata de las Farc”.

FUENTE: Nodal

RELEVO Y EDICIÓN: Martina Mántaras

El presidente Juan Manuel Santos reveló que el acto protocolario para la firma del acuerdo definitivo de paz con las Farc se daría en los últimos días de septiembre, en Bogotá, la capital de Colombia; en Cuba o en las Naciones Unidas. 

Frente a la firma del documento, dijo en entrevista con CNN, “estamos decidiendo eso en los próximos días, es debe suceder entre el 20 y 30 de septiembre, tenemos que fijar fecha y fijar lugar, lo estamos resolviendo en los próximos días”. Sobre las ciudades que se contemplan para la realización del acto protocolario, señaló que están “Bogotá por supuesto, está la posibilidad de hacerlo en Cuba o en los 2 sitios, o hacerlo en Naciones Unidas… puede ser fuera de Colombia”. 

Cabe recordar que Colombia tiene su intervención ante la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York el próximo 21 de septiembre, el mismo día en que se celebra el Día Internacional de la Paz, lo que lo haría el escenario perfecto, teniendo en cuenta de la relevancia del evento y la presencia de la comunidad internacional. 

Confirmó que por ahora continúan revisando el cronograma porque “hay un problema de agenda también con la guerrilla, ellos tienen que hacer su última conferencia, la décima, para tomar la decisión de disolverse como grupo armado”. Se deberán reunir en algún sitio de la selva Colombiana, lo que toma tiempo para la logística y para las garantías de seguridad que se deben dar. “Entonces estamos cuadrando ese hecho, más la parte logística de los jefes de Estado que vendrían a la firma, para que no coincida con el plebiscito que es el 2 de octubre, todo eso es lo que estamos arreglando y coordinando”, puntualizó el presidente Santos. 

"SI LAS FARC TIENEN DINERO, SE LO VAMOS A INCAUTAR"

Durante la entrevista con CNN el jefe de Estado se refirió a las millonarias cuentas que han señalado que tendrían las Farc, señalando que los guerrilleros aseguran que no tienen recursos porque los han gastado en los últimos años en que disminuyeron su actividad delictiva. Sin embargo dijo que se incautarán de ser hallados.

Aseguró que lleva 10 años buscando las cuentas “que algunos dicen que tiene las Farc en Suiza, o en paraísos fiscales”, para ello ha contado con la colaboración de la CIA la DEA, del Mosad, e incluso el MI6 en Inglaterra, “con la colaboración de los bancos y no hemos encontrado esas grandes cuentas que dicen que tiene las Farc”.

“Ellos dicen que esa plata se la han gastado en su aparato militar, es que tenían 25 hombres armados que tenían que sostener durante todos estos años”, precisó el jefe de Estado.

Firma sin embargo que es “muy posible” que si tengan recursos escondidos y por eso advirtió a las Farc que “ahí no importa si hay o no acuerdo de paz, es plata ilícita y se la vamos a incautar”. Garantizó que por ningún motivo se lavará el dinero ilícito que pueda llegar a tener la guerrilla.

FUENTE: Caracol

RELEVO Y EDICIÓN: Martina Mántaras

Las víctimas del conflicto colombiano tomaron hoy la palabra por primera vez en los diálogos de paz de La Habana, donde dieron fiel testimonio del drama humano que se esconde tras cinco décadas de violencia y expresaron su esperanza en que este proceso marque un nuevo rumbo hacia la paz.

Es el primer grupo de doce víctimas que participa en las conversaciones de paz, a las que acuden sin "odio ni ansia de venganza", satisfechas con el trato de respeto recibido y conscientes de que su presencia en Cuba es un momento histórico.

Es el primer grupo de doce víctimas que participa en las conversaciones de paz, a las que acuden sin "odio ni ansia de venganza", satisfechas con el trato de respeto recibido y conscientes de que su presencia en Cuba es un momento histórico.

"Llegamos a La Habana con miedo y angustia de encontrarnos con nuestros victimarios, pero notamos afecto y respeto por su parte al escucharnos. Eso es un primer paso para la paz", afirmó en rueda de prensa Nelly González, madre de un teniente asesinado por las FARC en la región de Cauca y víctima de desplazamiento.

Uno de los testimonios más conmovedores que se escucharon en la sala fue el de Constanza Turbay, a quien las FARC le arrebataron a su madre y dos hermanos, pero hoy recibió el perdón "sincero" y "de corazón" del número dos de la guerrilla, Iván Marquez (alias de Luciano Marín Arango), jefe negociador de paz.

"Creo que ha sido uno de los días más importantes y trascendentales de toda mi vida", confesó Turbay, cuya familia estaba compuesta de reconocidos políticos del departamento de Caquetá.

Las víctimas expresaron reiteradamente estar "unidas en el dolor" y rechazaron ser divididas en función de los victimarios porque "las lágrimas, el dolor y el sufrimiento es solo uno, independientemente del responsable" indicó Janet Bautista, que sufrió la desaparición de su hermana en 1987 y no la encontró hasta 1990 cuando un suboficial del Ejército confesó el paradero del cadáver.

"Las víctimas hemos quedado en el fuego cruzado. No somos parte del conflicto como actores armados, pero sí somos los principales afectados" precisó Ángela María Giraldo, a quien las FARC asesinaron a su hermano, diputado en el Valle de Cauca.

En relación a una posible amnistía que allane al camino hacia la paz, Bautista aseveró que las víctimas no aceptarán ninguna amnistía para aquellos actores que hayan cometidos crímenes de lesa humanidad, como ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzosas o violencia sexual.

Del mismo modo, Jaime Peña -padre de un joven desaparecido y asesinado por paramilitares- rechazó la idea de que una amnistía sirva como "intercambio de impunidades" y llamó la atención sobre el delito de la desaparición forzada en su país, con 30.000 afectados según datos oficiales, pero que él eleva a más de 50.000.

"Colombia es el país del Cono Sur con mayor índice de este delito. Nos preocupa la falta de conciencia ética y política de gran parte de la sociedad colombiana que jamás se ha escandalizado con este delito", alertó.

Por ello, han propuesto a la mesa de La Habana la creación de una subcomisión de desapariciones forzosas, para poner nombre a todos los afectados y localizar las fosas clandestinas en las que están.

En el grupo de víctimas también figuran una mujer wayúu que perdió a cinco mujeres de su familia a manos de los paramilitares, un afrodescendiente de un municipio del Chocó masacrado por los enfrentamientos entre FARC y paramilitares; el hijo de un político asesinado de la Unión Patriótica o la madre de un joven con discapacidad mental asesinado por el Ejército como "falso positivo".

Una composición equilibrada y plural de la que se han ocupado la ONU, el Centro de Pensamiento de la Universidad Nacional de Colombia y la Conferencia Episcopal, que tendrán que seleccionar a los integrantes de otras cuatro delegaciones más de víctimas que viajarán a La Habana en futuros ciclos.

Con la participación de las víctimas, los diálogos de paz entran en un momento trascendental que facilita la reconciliación nacional y la reparación de las víctimas, tarea para la que confían en la creación de unos mecanismos efectivos de justicia transicional.

Un instrumento que servirá para cerrar la herida aún sangrante de un conflicto que en más de 50 años ha dejado unas 6,5 millones de víctimas.

FUENTE: Público