Algunos sindicatos también reclaman la renuncia del presidente brasileño, quien esta semana fue denunciado por la Fiscalía por el delito de corrupción pasiva tras la confesión realizada por uno de los dueños del grupo JBS, que le acusó de recibir sobornos desde 2010.

Temer, en sus horas más bajas, es investigado, además, por los delitos de obstrucción a la justicia y asociación ilícita, por lo que el fiscal general, Rodrigo Janot, podría presentar una acusación en los próximos días, después de que la policía concluyese en un informe que el mandatario “obstruyó la investigación” y omitió informar de corrupción.

Força Sindical y la Unión General de los Trabajadores (UGT), dos de las tres mayores centrales del país, creen que la movilización prevista para este viernes será menor que la del 28 de abril, debido, principalmente, a la menor adhesión que se espera por parte de los trabajadores del sector de transportes.

“Se ha creado una expectativa que quizás no pueda confirmarse. Lo que sí habrá serán manifestaciones y paralizaciones en diversas partes de Brasil”, afirmó a Efe João Carlos Gonçalves, secretario general de Força Sindical.

Nueva prueba para el presidente brasileño
La huelga supondrá una nueva prueba de fuego para Temer, que lucha para sobrevivir en el Gobierno después de pasar a la historia como el primer presidente brasileño en ser acusado por la Fiscalía, en pleno ejercicio del poder, por un delito penal.

Acorralado por la justicia, Temer articula desde hace semanas el apoyo de sus aliados para sacar adelante la reforma laboral y la del sistema de pensiones, dos de los ejes centrales de la política económica del Gobierno.

La modificación de las leyes laborales, que abre la puerta a una flexibilización del mercado de trabajo, podría ser aprobada por el Congreso en las próximas semanas, pero los analistas creen que, después del escándalo que salpica directamente a Temer, el Ejecutivo tendrá dificultades para lograr la aprobación de la reforma de las jubilaciones.

El Gobierno considera fundamental contar con las medidas para dar aliento a la maltrecha economía brasileña, que continúa estancada a pesar de la subida del 1 % en el primer trimestre del año.

En 2015 el Producto Interior Bruto (PIB) del país se contrajo un 3,8%, la mayor caída en 25 años, y en 2016 se retrajo un 3,6%, acumulando dos años en terreno negativo por primera vez desde la década 1930.

A comienzos de este año, el Ejecutivo esperaba para 2017 un crecimiento del 1%, pero el ministro de Hacienda, Henrique Meirelles, volvió a rebajar la víspera la proyección, que se sitúa ahora por debajo del 0,5%.

En la hoja de ruta de la huelga prevista para este viernes también está la alerta contra el desempleo, que supera el 13%, con cerca de 14 millones de personas sin trabajo en Brasil, la mayor economía de Suramérica.

 

FUENTE: Nodal

“La huelga general puede ser el test más difícil para el Gobierno”. Ese tuit es de hace cuatro años y se refería al Ejecutivo de Dilma Rousseff, la presidenta depuesta en septiembre pasado por una maniobra que colocó al frente del país a su hasta entonces vicepresidente, Michel Temer. El autor de la frase, el empresario João Doria, es ahora el alcalde de São Paulo por el Partido Social Demócrata Brasileño (PSDB), uno de los principales apoyos de Temer. Doria se ha empeñado tanto en los últimos días en hacer fracasar la huelga que hasta ha llegado a un acuerdo con empresas de taxis para trasladar gratis a los funcionarios que deseen acudir al trabajo.

Lo que valía en 2013 para el Gobierno de Rousseff también vale ahora para Temer. La convocatoria de huelga es un examen decisivo que puede marcar el futuro de un presidente que en sus nueve meses en el cargo se ha enfrentado a una carrera de obstáculos de la que, por ahora, ha salido incinerado. La última encuesta de opinión conocida esta semana, del instituto Ipsos, señala que apenas el 4% de los brasileños apoya al Gobierno de centro derecha que se presentaba como el salvador del país ante la crisis económica y las sospechas de corrupción que sacudían al izquierdista Partido de los Trabajadores después de 13 años en el poder. La economía se ha ido recuperando y todas las previsiones indican que el PIB de Brasil crecerá levemente este año tras caer un 3,8% en 2015 y un 3,6% en 2016. Pero la situación política ha seguido deteriorándose irremediablemente.

Al margen de la exhibición de poder sindical, la protesta de hoy será el primer termómetro para medir en la calle la posible incidencia de la difusión pública de la llamada delação do fim do mundo, las confesiones ante la justicia de los exdirectivos de la mayor constructora del país que han puesto al descubierto una monumental trama de corrupción. Las revelaciones han vuelto a golpear duramente al PT y a su líder, el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, pero han dejado malherido a todo el sistema político. El Gobierno tiene a ocho ministros investigados por el Tribunal Supremo y el propio Temer se ha librado únicamente por la protección legal que le brinda la Constitución, pese a que la fiscalía general de la República constató la existencia de indicios contra él.

La reacción de Temer ha sido un intento de enterrar la corrupción acelerando un plan de reformas económicas que cuenta con el respaldo de los grandes sectores empresariales y de instituciones internacionales como el FMI. La reciente visita al país del presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, el primer mandatario europeo que acudía a ver a un Temer con escasos apoyos políticos fuera de Brasil, sirvió para ilustrar el tamaño de la apuesta. Temer proclamó que su inspiración es Rajoy, y este le dio un consejo en público: que desoiga a la calle, olvide los posibles daños electorales y prosiga adelante contra viento y marea.

Los riesgos para Temer son enormes. Brasil es uno de los países americanos con mayor tradición sindical. La primera huelga general se remonta a 1917 y hace 73 años el presidente Getulio Vargas aprobó las leyes de protección al trabajo hasta ahora consideradas casi intocables. Incluso un sindicalista sin formación académica, Lula, logró a principios de este siglo alcanzar la presidencia del país. Al margen de esas raíces históricas, la convocatoria ha logrado apoyos que van más allá del mundo sindical. A ella se han adherido desde profesores de colegios de élite a algunos obispos, después de que la jerarquía católica brasileña criticase la reforma de las pensiones y hasta el papa Francisco enviase al presidente una carta afeándole algunos aspectos de su política. Como mínimo la paralización del transporte –incluido el aéreo- parece garantizada en las mayores ciudades.

Entre los que se suman a la protesta hay también aliados políticos de Temer. Y ese es ahora el principal de sus numerosos problemas. Aunque el miércoles logró aprobar inicialmente la reforma laboral, la primera gran modificación de las añejas normas de la época de Vargas, los partidos que le apoyan sufrieron deserciones. Para sacar adelante su gran apuesta, la revisión de las pensiones, necesita una mayoría cualificada. No le va a resultar fácil porque la medida es la que más contestación ha suscitado. Y un hipotético éxito de la huelga podría agravar las defecciones entre sus aliados.

FUENTE: El País

Médicos, docentes y empresarios del transporte coincidieron en la semana paraguaya que este sábado termina de llamar a movilizaciones y paros como reclamos de distinto tipos al Gobierno nacional.

Miles de médicos iniciarán desde el lunes próximo una huelga de brazos caídos en forma escalonada, terminando con un paro generalizado los días 27 y 28 de agosto en los que se unen a una huelga de docentes.

Miles de médicos iniciarán desde el lunes próximo una huelga de brazos caídos en forma escalonada, terminando con un paro generalizado los días 27 y 28 de agosto en los que se unen a una huelga de docentes.

El reclamo de los galenos es el insuficiente presupuesto dedicado a la salud el cual plantean debe duplicarse para superar la grave situación de falta de medicamentos e insumos de distinto tipo, lo que ha llevado a pacientes hasta alquilar todo lo necesario para intervenciones quirúrgicas.

Los educadores rechazaron las explicaciones dadas por la ministra de Educación, Marta Lafuente, quien trató de justificar que unos 50 mil médicos y trabajadores del sector no tendrán aumento de salarios en el presupuesto para el 2015.

Los maestros hablan de posiciones intransigentes por parte de los ministerios de Educación, Hacienda y Trabajo negados al incremento que sólo alcanzaría a quienes ganan menos del salario mínimo.

La decisión fue declararse en un estado permanente de huelga por tres meses, figura que les permite legalmente abandonar en cualquier momento las aulas para realizar movilizaciones y paros.

Por lo pronto, su primera salida a las calles será los días 27 y 28 junto con los médicos y anunciaron marchas, cortes de vías y concentraciones a nivel nacional, por supuesto con la correspondiente suspensión de clases.

En el caso de los empresarios del transporte estos dieron plazo hasta el día 28 para que el Gobierno emita decretos subsidiando un impopular aumento del pasaje en el servicio urbano y autorice oficialmente la entrega de 32 mil dólares por cada uno de los viejos ómnibus a sustituir por nuevos.

 

FUENTE: Telesur
 

El repudio general a la política económica impulsada por Horacio Cartes constituyó el “renacimiento” de la unidad sindical en Paraguay, por un lado; de la presencia estudiantil en las calles, por otro.

La “existosa” huelga general, como bien calificaron los huelguistas y que culminó ayer por la tarde, también marcó la vuelta de la unidad del campo popular: campesinos, obreros y estudiantes elevando sus reivindicaciones contra la ley de Alianza Público Privada (APP), el modelo agroexportador (que prioriza el uso de transgénicos y agrotóxicos), por un reajuste salarial del 25%, entre otros.

Luego de 20 años, tras la huelga general de 1994, miles de campesinos, obreros y estudiantes demostraron a Cartes lo que podría ser de aquí en más la participación activa de las organizaciones populares respecto al “rumbo” que debe tomar su gobierno.

Luego de 20 años, tras la huelga general de 1994, miles de campesinos, obreros y estudiantes demostraron a Cartes lo que podría ser de aquí en más la participación activa de las organizaciones populares respecto al “rumbo” que debe tomar su gobierno.

A pesar de los pronósticos sobre posibles conatos de violencia en los piquetes que desde las 00:00 del MIércoles se desplegaron en varios puntos de acceso a la capital, la marcha de los sectores populares se desarrolló de manera pacífica, sin mayores incidentes.

El ministro del Interior, Francisco De Vargas, había alertado sobre la presencia de infiltrados entre los huelguistas -que fue considerado como una intención de infundir temor a la ciudadanía-, no hubo muertos ni heridos.

JORNADA "HISTÓRICA"

De acuerdo con las siete centrales sindicales convocantes, la huelga tuvo un seguimiento del 90% en todo el país, mientras que el Gobierno no ha aportado datos al respecto.

En una declaración por escrito, Cartes pidió respeto para las personas que no participan en la huelga general, pero al mismo tiempo tendió la mano a los manifestantes.

Esta huelga, para los sindicatos, ha sido masivo en las principales ciudades y al mismo se han sumado trabajadores de todos los gremios, además de estudiantes universitarios y de secundaria.

Uno de los termómetros de la huelga era la incidencia del transporte, que respondió casi en su totalidad al llamado, según indicó a Efe Víctor Ferreira, secretario general del Sindicato Central Unitario de Trabajadores-Auténtica (CUT-A).

"Podemos decir que solo funcionó el 10 % del transporte público y que paró la totalidad de los autobuses de línea, incluidos los que viajan a los países vecinos", dijo Ferreira.

El Puente de la Amistad, el paso fronterizo que une a Ciudad del Este con Brasil, fue bloqueado durante varias horas por los manifestantes.

DIÁLOGO CON EL GOBIERNO

Para los sindicatos, ahora la pelota está en el tejado de Cartes, que les invitó a participar en una mesa de diálogo que estará encabezada por el vicepresidente Juan Afara.

Los sindicatos, que han aceptado el envite, plantearán a Afara los mismos puntos que han motivado la huelga general, haciendo incidencia en la derogación de la ley de APP y en el reajuste salarial.

Las centrales sindicales piden la subida de un 15 % del salario mínimo, ya que consideran insuficiente el 10 % decretado por el gobierno en febrero, una medida que, según los sindicatos, fue aprobada para frenar la huelga.

Con el aumento del 10 %, el salario mínimo se sitúa en 1,82 millones de guaraníes al mes (405 dólares).
Ferreira explicó que concederán un plazo de cuatro meses al Gobierno para que demuestre su voluntad de negociación, pero que en caso contrario convocarán otra huelga general tras ese periodo.

"Esperamos que el Gobierno entienda que somos actores sociales y como tales debemos ser respetados y escuchados", dijo Ferreira.

 

FUENTE: Paraguay
 

Marcial Gómez, dirigente de la Federación Nacional Campesina (FNC), aseguró que las organizaciones integrantes del Frente en Defensa de los Bienes Públicos y el Patrimonio Nacional se encuentran analizando las próximas acciones a tomar hasta lograr que se derogue la ley de alianza público-privada (APP), que fue aprobada por la Cámara de Diputados el pasado 28 de octubre.

La norma habilita al Ejecutivo a concesionar, aunque no utilice ese título, todos los bienes, recursos y servicios públicos por plazos de 30 años prorrogables sin el acuerdo del Legislativo.

La norma habilita al Ejecutivo a concesionar, aunque no utilice ese título, todos los bienes, recursos y servicios públicos por plazos de 30 años prorrogables sin el acuerdo del Legislativo. Además de la concentración de facultades en la figura del presidente, mediante la ley, el Estado asume todos los riesgos, ya que en caso de que las inversiones no resulten rentables para las empresas se compensará a éstas con dinero público.

Ante la escalada represiva comandada por Cartes, el dirigente señaló que nuestro país vive un estado de sitio permanente y que el gobierno, en lugar de brindar salud, educación, entre otros servicios para fortalecer la producción, despliega a las fuerzas armadas alentando el aumento de la violencia.Gómez repudió en nombre de su organización la represión contra los manifestantes y afirmó que “a partir de ahora la consigna es huelga general hasta que se derogue la ley de APP”.

También responsabiliza al gobierno de Horacio Cartes de cualquier daño que pueda sufrir el pueblo en lucha, ya que a partir de ahora la expresión de los reclamos aumentará para evitar que el mandatario entregue los recursos naturales en bandeja servida a las trasnacionales. “La ley significa la entrega total de todos los recursos naturales, toda la infraestructura, servicios e instituciones a manos privadas”, advirtió.

“Prácticamente nuestro país vive en estado de sitio permanente. La militarización coarta inclusive las libertades públicas conquistadas por nuestro pueblo. En vez de buscar una salida a las necesidades de la gente en el campo (tierra, salud, educación, alimentación, producción, créditos) el estado despliega las fuerzas armadas alentando la violencia”, expresó.

 

RELEVAMIENTO Y EDICIÓN: Carolina Martínez.

FUENTE: nodal
 

El gobierno del conservador Pedro Passos Coelho se enfrenta este jueves a la cuarta huelga general en los dos años que lleva dirigiendo el país con mano firme en la aplicación de las políticas de austeridad que Bruselas impone a Portugal a cambio del rescate.

Los portugueses, que parecían sufrir cierto hartazgo en la ineficacia de las movilizaciones contra las medidas del Gobierno, volvieron a recuperar el espíritu combativo la pasada semana con la huelga de profesores durante los exámenes de selectividad que logró retrasar la aprobación de la ley que abre la puerta al despido de miles de funcinoarios.

Esta huelga general ha sido convocada de forma conjunta por los dos grandes sindicatos lusos, CGTP y UGT, y ha paralizado el metro, los trenes y buena parte del transporte urbano de superficie en las principales ciudades del país. La CGTP y la UGT han llamado a trabajadores, jubilados y estudiantes a protestar contra las medidas de austeridad aprobadas a lo largo de los últimos dos años por el Ejecutivo, al que acusan de destruir más de 300.000 empleos, y están previstas manifestaciones para este jueves por todo el país. Los dos grandes sindicatos, que sólo se han unido en otras dos ocasiones a lo largo de su historia para organizar huelgas generales, suman mas de un millón de afiliados en un país que apenas supera los diez millones de habitantes.

Los servicios de limpieza y recogida de basuras registraron también una alta incidencia de adhesión al paro durante la madrugada según fuentes sindicales, aunque, como es habitual en Portugal, ni el Gobierno ni los organismos afectados facilitaron cifras sobre la huelga.

Pese a los graves problemas de transporte en las mayores ciudades lusas se producían los habituales atascos en las autopistas de acceso urbano y numerosos comercios empezaban a abrir con normalidad en Lisboa, Oporto y otros puntos del país.

En varios grandes hospitales y centros de salud la atención es lenta o restringida las urgencias, según declaraciones de usuarios e informaciones de las televisiones y emisoras de radio lusas.

Madrugada de piquetes
Los dirigentes de los dos grandes sindicatos portugueses abrieron la jornada de protesta durante la madrugada con piquetes y mítines en instalaciones de los servicios de transporte, los bomberos y la recogida de basuras de la capital.

Como en los anteriores paros registrados en los últimos años, el transporte era, ya desde la madrugada, el sector más afectado en espera de datos sobre las empresas privadas y dependencias de la administración.

Las estaciones del suburbano de la capital amanecieron cerradas por la falta de servicios mínimos, y también está paralizada la circulación ferroviaria en todo el país.

En los transportes de superficie de Lisboa se advertía una fuerte disminución del servicio, según diversos testimonios, aunque circulan autobuses y tranvías, y los sindicatos señalaron que solo hay trece líneas en funcionamiento.

El servicio de conexión fluvial entre la capital y los municipios localizados en la populosa margen del río Tajo, de la que llegan cada mañana decenas de miles de trabajadores a Lisboa, apenas contaba este jueves con dos barcos en servicio durante toda la mañana.

Los problemas del transporte público han provocado un aumento del trafico rodado en la capital, en Oporto y en otras grandes ciudades, y largas colas de automóviles se veían en los puentes sobre el Tajo de acceso a Lisboa y en las autopista que la conectan con los municipios cercanos.

Los efectos del paro se empezaban también a sentir por la mañana en la cancelación de 16 vuelos en los aeropuertos lusos, cinco de ellos en Lisboa y dos en Oporto.

Las compañías aéreas y la empresa gestora de aeropuertos ANA advirtieron a los pasajeros de posibles anulaciones de vuelos, aunque las tres grandes terminales de Portugal mantenían su actividad.

Los secretarios generales de la CGTP, Armenio Carlos, y de la UGT, Carlos Silva, recorrieron centros de trabajo durante la madrugada y llamaron a sumarse masivamente al paro a los trabajadores del sector privado, tradicionalmente el de menor incidencia en las huelgas.

Los representantes de los trabajadores quieren dar una gran muestra de repudio a la reforma del Estado que prepara el Gobierno de Pedro Passos Coelho para reducir el gasto público, que supondrá alteraciones en el sistema de pensiones y reducción de funcionarios y de sus salarios.

 

RECOPILACIÓN Y EDICIÓN: Paula Martín

FUENTE: Público

El Gobierno de Grecia anunció el cierre de la emisora pública ERT y un par de horas más tarde la señal de la transmisión televisiva fue cortada abruptamente. Eso ocurrió la madrugada del miércoles. Los trabajadores, en abierto desafío a la medida del régimen, decidieron continuar transmitiendo por Internet.

Los sindicatos informaron que el total de trabajadores despedidos suma 2.656, muchos de los cuales se atrincheraron dentro del edificio del canal de televisión y desde allí reanudaron la programación. El Gobierno informó que por decreto cerraría los canales de televisión y las emisoras públicas creadas hace 75 años.

El argumento gubernamental es que la compañía generaba “increíbles pérdidas”. Según el director ejecutivo de ERT, Emilios Latsios, las autoridades instaron a los empleados a abandonar los edificios a la brevedad, si no serán arrestados. Sin embargo, hasta el momento no ha actuado la policía.

SOLIDARIDAD DEL GREMIO

La medida fue rechazada por todos los sindicatos periodísticos del país, que anunciaron que a partir de este mismo miércoles se declaran en huelga por 24 horas. Desde las 06.00 hora local ningún canal ni radio de Grecia emite noticias. Miles de manifestantes están frente a las oficinas de ERT, apoyando a los trabajadores.

Una medida similar tomaron los periódicos. “Haremos huelga hasta que el gobierno dé marcha atrás”, anunció a la agencia dpa el presidente de la Asociación de Redactores de Periódicos de Atenas (ESIEA), Dimitris Trimis. Por ello, este jueves no circularán diarios en Grecia. Mientras, la centroizquierda, que forma parte de la coalición de Gobierno, pidió revertir el cierre.

El gobierno asegura que planea cerrar ERT durante unos meses, para volver a lanzar una televisión pública con un nuevo proyecto y un máximo de mil trabajadores. La medida se tomó como parte de las exigencias de recortes por parte de la troika de acreedores internacionales.

LA LÓGICA DEL AJUSTE

El anuncio del cierre lo hizo el pasado martes el vocero del gobierno, Simos Kedikoglu, quien precisó que la TV pública dejaría de transmitir desde la medianoche de ayer y que en su lugar se abrirá otro organismo con mucho menos personal.

Los despedidos de la Radio Television Griega (ERT) son parte de de lo exigido a Atenas por la troika -Unión Europea (UE), el Banco Central Europeo (BCE) y Fondo Monetario (FMI)-, los acreedores internacionales que rescataron a los bancos griegos de la quiebra, según se ha denunciado reiteradamente.

A cambio, le exigieron salvajes ajustes, entre ellos, el despido de dos mil funcionarios o empleados públicos hasta finales de julio, sobre un total de 15.000 hasta finales del año próximo.

La Comisión Europea trató de restarle importancia a las acusaciones.

"La Comisión no pidió el cierre de ERT", indicó ante el Parlamento Europeo en Estrasburgo el comisario de Economía del bloque, Olli Rehn, quien fue abucheado por algunos eurodiputados. Sin embargo, Rehn admitió que la UE no "cuestionará el mandato del gobierno griego para administrar el sector público".

 

RELEVAMIENTO Y EDICIÓN: Imanol Barrangú

FUENTE: DW