El lunes 1 de octubre, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) con sede en la Haya, Holanda, dio su veredicto para la demanda marítima que Bolivia inició contra Chile en 2013.
Con 12 votos contra 3 la Corte dictaminó a favor de Chile, reconociendo que no tiene la obligación de negociar el acceso al mar por parte de Bolivia. Este fallo es inapelable y obligatorio, pero la CIJ animó a las partes a continuar sus conversaciones de manera bilateral.
¿Qué reclama Bolivia?
Bolivia presentó, de la mano de Evo Morales, una demanda contra Chile ante la CIJ en abril de 2013. Con dicho reclamo buscaba que se reconociera que Chile tenía la obligación de negociar el acceso sobreano al mar por parte de Bolivia. Éste último quiere conseguir un corredor de 10 kilometros que se extienda desde su frontera con Chile al Pacífico, más una porción de costa en la que se pueda desarrollar actividad comercial e industrial bajo su propia bandera.
Morales pretendía de la CIJ, además de determinar la obligación de Chile a negociar, que se reconociera que Chile había incumplido con sus obligaciones y que ahora debía cumplirlas de buena fe, formal y prontamente, dentro de un período razonable y de manera efectiva. Si Evo conseguía ese triunfo diplomático, sin duda su capital político se hubiera incrementado con miras a las próximas elecciones presidenciales. Sin embargo, aún con un fallo desfavorable, hay quienes sostienen que el hecho de haber llevado el litigio hasta la CIJ, ya ha favorecido de manera significativa al mandatario.
¿Cómo perdió Bolivia su acceso al Pacífico?
No fue hasta el año 1884 que Bolivia se convirtió en uno de los únicos países de América del Sur en no tener litoral. Su territorio se extendía hasta llegar al mar y tenía su frontera al norte con Perú y al sur con Chile. Esto fue drásticamente modificado como consecuencia de la Guerra del Pacífico, también conocida como Guerra del Salitre.
Dicha guerra por los grandes depósitos de salitre en Atacama, hoy parte del territorio de Chile, tuvo como resultado la invasión y anexión de ese territorio boliviano por parte de Chile, Estado que resultó ganador en esta contienda.
El conflicto se extendió desde 1879 hasta 1884 y significó para Bolivia la pérdida de 120 mil kilometros cuadrados de territorio y 400 kilómetros de costa. Fue recién en el año 1904 que se firmó un tratado entre las partes, en el cual se afirmaba la soberanía de Chile en el territorio anexionado. A cambio se otorgaba a Bolivia, de manera permanente, un amplio y libre derecho de tránsito comercial por territorio chileno y puertos del pacífico. De esta manera Bolivia conseguía tener un acceso libre de impuestos al puerto de Arica (Chile).
Intentos de conciliación y postura chilena
Existen varios antecedentes de conciliación por parte de los diferentes gobiernos que se sucedieron en Chile. Entre ellos se puede mencionar el llevado a cabo por Allende (1970-73), otro de la mano del dictador Pinochet pero que tambíen se vio frustrado por los inconvenientes de una de las cláusulas que proponía el canje territorial y por último una iniciativa de la mandataria Bachelet durante su primer mandato (2006-2010) que quedó en el olvido con la llegada al poder de Piñera.
Frente a la demanda llevada a la CIJ, Chile considera que no existen controversias limítrofes pendientes. El gobierno chileno sostiene y asegura haber cumplido todos los compromisos asumidos desde el tratado de 1904 y sus posteriores acuerdos complementarios. Sumado a esto, considera que ha mantenido su voluntad de diálogo de manera permanente.
Luego del fallo desfavorable, Bolivia sostuvo que jamás abandonará sus pretensiones relacionadas con el acceso soberano al mar. Sumado a esto, si bien como se mencionó anteriormente, el dictamen de la CIJ es inapelable, la Haya cree que las conversaciones y posibles negociaciones deben hacerse de manera bilateral, por lo que habrá que ver si en algún momento Chile decide darle esa posibilidad a Bolivia.
Por otro lado, habrá que ver cuáles son las consecuencias políticas que este litigio trae, sobretodo a la figura y al gobierno de Evo Morales.
(*) Analista del Centro de Estudios Políticos Internacionales (CEPI)
FUENTE: Síntesis Mundial
RELEVAMIENTO Y EDICIÓN: Mariana Vera
La recién aprobada modificación de la Carta Magna permite por primera vez a Japón ejercer el llamado derecho de "auto-defensa colectiva", si "la existencia del país se ve amenazada y existe un claro peligro de que se vean anulados los derechos del pueblo a la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad".
Sin embargo, el proceso de modificación de la denominada Constitución de la Paz, redactada tras la Segunda Guerra Mundial, se está viendo acompañado por una importante ola de protestas y el rechazo de más de la mitad de los japoneses, según las últimas encuestas.