Durante su profundamente simbólica visita de cinco días que arranca el miércoles se espera que el pontífice presione a los líderes colombianos para que aborden las disparidades sociales y económicas que alimentaron cinco décadas de rebelión armada, al tiempo que alentará al pueblo colombiano a equilibrar su necesidad de justicia con perdón.

En un mensaje en video difundido en la víspera de su partida, el papa argentino pidió a todos los colombianos que den un “primer paso” y salgan al encuentro del otro por el bien de la paz y el futuro.

“La paz es la que Colombia busca desde hace mucho tiempo y trabaja para conseguirla”, dijo. “Una paz estable, duradera, para vernos y tratarnos como hermanos, nunca como enemigos”.

A un año de que el gobierno de Bogotá rubricó un acuerdo de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, la nación sudamericana sigue amargamente dividida por los términos del pacto, aunque los guerrilleros depusieron las armas y comenzaron a regresar a la vida civil. Incluso la jerarquía de la Iglesia católica, que fue clave para facilitar las conversaciones de paz y ahora encabeza el proceso de reconciliación, está dividida por lo que muchos colombianos consideran que son unos términos demasiado generosos para los rebeldes responsables de atrocidades.

El expresidente Álvaro Uribe (202-2010), un férreo opositor del acuerdo, escribió una carta al papa el martes expresando su preocupación por que el pacto impulsó un aumento en el tráfico de drogas y creó una incertidumbre económica que podría destruir el tejido social de Colombia.

“Su Santidad, todos queremos la paz, pero la tenemos que construir con legalidad, con determinación para precaver y sancionar la violencia que siembra desesperanza y nos aleja de la palabra de Dios”, escribió Uribe en la misiva que se filtró a la prensa local.

El avión del papa Francisco partió de Roma el miércoles en la mañana en dirección a Colombia y tuvo que alterar su plan de vuelo para esquivar la trayectoria del potente huracán Irma en el Caribe.

A la media hora de partir el pontífice dijo a los periodistas que quería “ayudar a Colombia en su camino de paz”.

Aunque muchos colombianos elogian la humildad de Francisco como un ejemplo a seguir, también han cuestionado el elevado costo de la visita.

“Me gusta lo que va a pasar, el papa es una persona humilde”, dijo Aristóbulo Fonseca mientras colocaba dos imágenes de las vírgenes de Guadalupe y del Carmen en el capó de su taxi en el centro de la capital. “Lo que no es bueno es que estén haciendo de esto un carnaval y gastándose tanto dinero”.

El momento álgido de la visita de Francisco se producirá el viernes, con una reunión y una oración de reconciliación entre las víctimas del conflicto y exguerrilleros en Villavicencio, una ciudad al sur de Bogotá rodeada por territorios controlados durante años por las FARC.

El evento estará lleno de simbolismo.

El pontífice beatificará a dos sacerdotes colombianos asesinados durante las décadas de conflicto con los rebeldes, declarándolos “mártires” víctimas del odio a la fe católica.

El encuentro estará presidido por uno de los símbolos más conmovedores del conflicto: una mutilada imagen de Jesucristo que fue rescatada de una iglesia en la localidad occidental de Bojaya luego de un ataque de las FARC con mortero en 2012. Unas 300 personas se refugiaban en el templo durante la balacera, un enfrentamiento a tres bandas entre los rebeldes, milicias de derecha y el ejército. Al menos 79 personas fallecieron y un centenar más resultaron heridas.

En total, el conflicto armado colombiano dejó más de 250.000 muertos, 60.000 desaparecidos y millones de desplazados.

Antes de la llegada del Francisco el presidente Juan Manuel Santos y el último grupo rebelde del país, el Ejército de Liberación Nacional, ELN, firmaron un acuerdo de alto el fuego bilateral, un importante paso hacia la negociación de un pacto de paz permanente.

Francisco es el tercer papa que visita Colombia tras Pablo VI en 1968 y San Juan Pablo II en 1986. Ambos emplearon sus viajes para mostrar solidaridad con las víctimas de la violencia, la discriminación y la pobreza e instaron a las autoridades gubernamentales a solucionar los problemas estructurales y sociales que habían hecho de la nación una de las más desiguales de América Latina.

Monseñor Octavio Ruiz Arenas, el primer arzobispo de Villavicencio y ahora funcionario vaticano, dijo que uno de los puntos clave que Francisco pedirá a Colombia es que evite repetir los errores de los procesos de paz en Centroamérica, donde los guerrilleros desmovilizados no se reintegraron a la sociedad sino que entraron en grupos criminales. El arraigado narcotráfico en el país será un fuerte atractivo para los excombatientes que, durante décadas, no conocieron otra cosa que la guerra en la selva, agregó.

En tanto, el principal narcotraficante colombiano Dairo Úsuga, quien es objeto de una cacería por parte de las autoridades estadounidenses, sorprendió al pedir al papa que rece para que se permita a su grupo deponer las armas y participar en el proceso de paz.

“Estoy convencido de que la única forma de salir del conflicto es el diálogo”, dijo Úsuga, quien apareció públicamente por primera vez, con uniforme de camuflaje, en un video publicado en medios sociales en la víspera del arribo del pontífice. El narco se declara un campesino amante de la paz y temeroso de Dios. El gobierno colombiano, empero, lo califica de delincuente y exige que se someta a la justicia.

FUENTE: AP

Colombia cierra este martes un ciclo de más de medio siglo marcado por la violencia de las FARC. Los cerca de 7.000 combatientes de la primera guerrilla del país culminan la entrega de armas y comienzan la fase final de su reincorporación a la sociedad. Pero este proceso no basta para alcanzar una paz completa. Hace diez días una bomba mató a tres mujeres en Bogotá, hay grupos insurgentes que siguen secuestrando y las mafias de narcotraficantes declararon en mayo la guerra a la policía al verse acorraladas por las fuerzas de seguridad. Las autoridades afrontan el desafío de consolidar la normalidad. 

El camino recorrido en Colombia desde la firma de los acuerdos entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC, el año pasado, no tiene precedentes. La guerra con esa organización ha terminado. "No es lo mismo tener a una guerrilla todavía armada que una guerrilla que ha dejado las armas. Entonces, yo creo que lo que logramos es una permanencia de esta situación posconflicto, y eso me parece notorio. El sentido de lo histórico es que se logra la plena irreversibilidad [del conflicto]", explica a EL PAÍS Jorge Restrepo, director del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (CERAC).

Sin embargo, la violencia persiste. Hace dos sábados la sociedad colombiana se enfrentó a sus peores fantasmas. En medio de una tarde de compras, la explosión de un artefacto colocado en un baño de mujeres del centro comercial Andino acabó con la vida de tres jóvenes y dejó una decena de heridos, sembrando el pánico en la capital. Una semana después, las fuerzas de seguridad realizaron diez registros y detuvieron el sábado a ocho sospechosos del ataque, a los que ayer se sumó uno más. “Las evidencias en poder de los investigadores señalan que los cuatro hombres y las cuatro mujeres pertenecerían al autodenominado Movimiento Revolucionario del Pueblo (MRP)”, señaló la fiscalía. Se trata de un grupo insurgente menor que, según las autoridades, tuvo vínculos con células del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Esta guerrilla, la más relevante todavía activa, se sentó en febrero con el Gobierno en una mesa de diálogo en Quito (Ecuador) para tratar de negociar un cese al fuego. Sus dirigentes condenaron, al igual que las FARC, el atentado del Andino, pero su estructura horizontal y caótica complica esas conversaciones, que apenas han avanzado. En torno a la medianoche del viernes, el ELN liberó a dos periodistas holandeses que tenía secuestrados desde hacía una semana en la región del Catatumbo, cerca de la frontera con Venezuela.

La liberación se produjo después de un día de confusión, en medio confirmaciones y desmentidos. La guerrilla alegó que en esa zona, abandonada por el Estado, “la posibilidad de efectuar privaciones temporales de la libertad a personas desconocidas y ajenas a las comunidades se corresponde con una actitud preventiva, de ejercicio de protección y seguridad, natural para cualquier fuerza insurgente”. La realidad es que el ELN todavía no ha dejado la práctica del secuestro, lo que se ha convertido en la razón de máxima fricción con el equipo negociador del Gobierno.

A estas circunstancias se suma la violencia de grupos armados que viven del narcotráfico. El más peligroso, el llamado Clan del Golfo, se caracterizó por la ofensiva contra el Estado conocida como plan pistola. Es decir, un ofrecimiento a los sicarios de 700 dólares por cada policía asesinado que, salvando las distancias, devolvió al imaginario colectivo a los tiempos de la guerra contra Pablo Escobar.

Menos atentados

Con todo, es evidente que la Colombia contemporánea es muy diferente a la Colombia del pasado. "El número de atentados terroristas es bastante inferior y ha ido cayendo", señala Restrepo, quien destaca que "el radicalismo violento es excepcional". Tras el desarme de las FARC, además, las fuerzas de seguridad "pueden ocuparse de ejecutar acción militares sin la preocupación de romper el cese al fuego", lo que en su opinión "es una muy mala noticia para el crimen organizado y el ELN".  "En Colombia se está confundiendo miedo con inseguridad y una percepción de inseguridad", continúa este analista. Pero los riesgos son, de facto, menores.

“El mensaje es que el terrorismo no paga y que el terrorismo será castigado por la justicia, castigado por las autoridades”, afirmó Santos tras conocer la detención de los presuntos responsables del atentado en el centro comercial. El presidente advirtió desde el primer momento de que no permitirá que nada perjudique el camino a la paz. “Hemos avanzado mucho para consolidar la tranquilidad de los colombianos y tengan la seguridad de que no vamos a permitir que lo logrado hasta ahora sea frenado por un puñado de extremistas, de cobardes o de quienes no quieren la reconciliación del pueblo colombiano”, aseguró.

El Papa y la reconciliación

Ese es el objetivo central, en estos momentos, de las autoridades, que afrontan el reto de asentar una convivencia pacífica en un clima de elevada polarización de la sociedad, en la que muchos sectores siguen rechazando los acuerdos con las FARC. Precisamente, los expresidentes Álvaro Uribe y Andrés Pastrana impulsaron la semana pasada una “gran coalición” para las elecciones de 2018, que aún no tiene cabeza de lista, “entre los distintos sectores que obtuvieron la victoria del no en el plebiscito”.

En este contexto, el papa Francisco viaja a Colombia en septiembre con una meta: la reconciliación. Jorge Bergoglio presidirá un “gran encuentro de oración por la reconciliación nacional” en Villavicencio, capital del departamento del Meta (centro del país), uno de los más azotados en las últimas décadas por la guerrilla y por la producción de coca.

En cualquier caso, el viaje del Papa, que visitará también Bogotá, Medellín y Cartagena durante cuatro días, es una oportunidad para dar nuevos pasos hacia la paz, sobre todo en el diálogo con el ELN. La Iglesia católica colombiana pidió la semana pasada a los equipos negociadores del Gobierno y de la guerrilla que hagan lo posible para “concertar y convenir un acuerdo bilateral de cese al fuego y hostilidades” con ocasión de la visita.

FUENTE: El País

RELEVAMIENTO Y EDICIÓN: Camila Abbondanzieri

El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, ha anunciado la noche del jueves que vuelve a prorrogar el cese al fuego bilateral con la guerrilla de las FARC hasta el 31 de diciembre. Es la segunda vez que el mandatario amplía la fecha después de la victoria del no en el plebiscito del 2 de octubre en el que los colombianos rechazaron el acuerdo de paz negociado durante cuatro años en La Habana. En un primer momento, el presidente extendió el final de las hostilidades hasta el 31 de octubre. "Que quede claro: esto no es un ultimátum ni fecha límite, pero espero que todo este proceso para tener un nuevo acuerdo se termine mucho antes", ha declarado.

El anuncio llega después de dos semanas de negociaciones con los promotores del no, liderados por el expresidente Álvaro Uribe a través de su partido el Centro Democrático. Aunque en la tarde del jueves, Santos y su equipo negociador recibieron el documento de 26 páginas con las propuestas del uribismo y las del también exmandatario Andrés Pastrana, no ha hecho referencia a las mismas. En su breve comunicado ha otorgado el mérito de esta prórroga al colectivo de jóvenes que lideran las marchas ciudadanas para exigir la paz en Colombia y la consecución de un acuerdo de manera inmediata. "Me exigieron poner límites perentorios. Me dijeron que no puede haber borrón y cuenta nueva. Que se requieren propuestas concretas y realistas. Muchos de ellos insistieron en que los acuerdos siguen vigentes", ha contado. "Por esa razón y a solicitud de estos jóvenes, he tomado la decisión".

Sobre la mesa del Gobierno siguen las medidas de los opositores al acuerdo. En Bases de un Acuerdo Nacional de Paz, Uribe exige que lo pactado no se incorpore a la Constitución “con carácter inmodificable”. El documento plantea la creación de un Tribunal Transicional, mantiene una denominación similar al del texto de La Habana, pero siempre que se integre en la estructura judicial y no se cree lo que el líder político denomina "una estructura política paralela" que, en su opinión, atenta contra el sistema jurídico colombiano. Además, propone que sus magistrados sean colombianos, mayores de 40 años, aunque permite la participación de extranjeros como "defensores de las personas procesadas". La Justicia Especial para la Paz acordada en Cuba iba a estar constituida por 20 magistrados colombianos y cuatro extranjeros para el Tribunal para la Paz, 18 magistrados con nacionalidad colombiana y seis magistrados extranjeros para las tres Salas de Justicia.

Uribe también plantea en su documento penas de un mínimo de cinco años y hasta 20 de privación de libertad para quienes hayan cometido crímenes de lesa humanidad en base al Derecho Internacional Humanitario. La oposición reconoce que podrían reducirse a entre cinco y ocho años si se asumen responsabilidades y las condenas podrían cumplirse en lugares de reclusión como granjas agrícolas. También se propone "una amplia amnistía e indulto a terceros no combatientes, como colaboradores o auxiliadores, siempre que se entregue cualquier material bélico que se posea".

La participación política de la guerrilla, otro de las temas que más minutos ha ocupado durante la campaña electoral al plebiscito, queda definida en el texto con una clara oposición a que la formación resultante tras el abandono de las armas esté representada en las cámaras parlamentarias por personas que hayan sido condenadas por delitos de lesa humanidad. Se niegan también a que tengan asiento en el Consejo Nacional Electoral.

El narcotráfico debe quedar fuera de los delitos amnistiables, para el uribismo. Y las FARC no pueden participar en la creación de un nuevo cuerpo de seguridad ligado a la Policía Nacional. Estas son otras de las líneas rojas que los opositores al proceso de paz han entregado al Gobierno de Santos y ante las que esperan una respuesta antes de que se elabore un documento final que llegue a La Habana, donde la guerrilla espera hacerse oír.

FUENTE: El País

RELEVAMIENTO Y EDICIÓN: Camila Abbondanzieri

El Gobierno de Juan Manuel Santos y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el segundo movimiento armado de Colombia, comenzarán la fase pública de las negociaciones de paz el próximo 27 de octubre en Quito, capital de Ecuador, según han informado ambas delegaciones en Caracas. Además, la guerrilla se compromete a liberar a dos secuestrados antes de esta fecha, aunque sigue sin concretar cuántas personas tienen en su poder. El anuncio llega una semana después de que los colombianos rechazaran los acuerdos pactados con las FARC en el plebiscito del 2 de octubre y el presidente se viera obligado a iniciar un nuevo diálogo nacional. Si se lograra un pacto con ambas guerrillas, la violencia que ha asolado a Colombia durante más de 50 años –con cerca de ocho millones de víctimas- quedará reducida a las bandas criminales vinculadas al narcotráfico y al paramilitarismo aún presente en muchas zonas del país.

El proceso comenzará por el punto 1 de la agenda que ambas partes aprobaron el pasado 31 de marzo. Las delegaciones comenzarán a discutir cómo será la participación ciudadana durante la negociación, uno de los reclamos de los elenos. Este apartado también incluye "el tratamiento de la situación jurídica de los sindicados y condenados por actos en el desarrollo de la movilización social". Es decir, aquellas personas que durante estas décadas de conflicto hayan sido enjuiciadas y condenadas por su vinculación a la guerrilla. A la espera de que comiencen las mesas de trabajo, el presidente Santos ya recalcó el pasado marzo que no se va a crear otro tribunal especial de paz, por lo que los guerrilleros del ELN serán juzgados de la misma forma que se ha acordado con las FARC.

La negociación continuará por el punto relativo a las acciones y dinámicas humanitarias, como señala el documento que han leído en la capital venezolana. Los negociadores han cambiado el orden del proceso para reafirmar el compromiso de la guerrilla con la liberación de dos de los secuestrados que tienen, que se sumarían a los tres campesinos ya liberados en las últimas semanas. Esta práctica, junto a la extorsión, ha sido su fuente de financiación principal, aunque en los últimos años los vínculos con el narcotráfico han ido a más. "Se debe resaltar que se decidió iniciar las negociaciones discutiendo simultáneamente dos puntos para ayudar a construir la paz", ha dicho el presidente momentos después.

La delegación del Gobierno ya no está encabezada por Frank Pearl, economista, ex Alto Comisionado para la Paz, exministro del presidente Juan Manuel Santos y negociador plenipotenciario en los diálogos con las FARC. Le sustituye en el cargo Mauricio Rodríguez, exembajador en Londres con el Gobierno del expresidente Álvaro Uribe, experiodista y hermano de la mujer del actual mandatario. Santos ha recalcado en su intervención posterior al anuncio que "en las próximas semanas se conocerán a los equipos negociadores", sin aclarar si los firmantes de este documento permanecerán en la mesa de diálogo.

Si Rodríguez mantiene el cargo de responsable de la delegación, delante ya no tendrá a Antonio García, comandante del ELN y miembro de la guerrilla desde los años setenta, que anunció la agenda el pasado marzo. En su lugar firma el documento Pablo Beltrán, miembro del Comando Central (Coce), el órgano que rige las decisiones de la guerrilla. Cada equipo estará integrado por hasta al menos 30 representantes. En las sesiones solo podrán participar 10 personas, cinco principales y cinco suplentes, y contarán con la ayuda de los asesores que consideren necesarios.

Desde enero de 2014 a marzo de 2016 se han realizado una serie de encuentros privados entre ambas delegaciones en Ecuador, Brasil y Venezuela. A estas reuniones asistieron, además, Noruega, Cuba y Chile, todos ellos países garantes de la negociación. Las negociaciones con el ELN se celebrarán principalmente en Ecuador aunque habrá sedes paralelas en Venezuela, Chile, Cuba y Brasil. Hasta ocho presidentes han intentado en vano iniciar un proceso de paz con el ELN, una guerrilla que ha tenido un componente político mucho más marcado que el de las FARC.

El ELN nació en 1964, casi a la par de las FARC, con una ideología que mezcla cristianismo, marxismo y nacionalismo radical. Las autoridades colombianas estiman que la guerrilla cuenta con unos 1.300 miembros aunque algunos analistas creen que la cifra asciende hasta 2.000. Pese a ser número inferior a los cerca de 6.500 que se presupone a las FARC-, el ELN había intensificado sus ataques en los últimos cinco años. El temor a que el ELN ocupe los espacios dejados por las FARC era también mayúsculo. Los principales riesgos se concentrarían en aquellas regiones donde operan los frentes más beligerantes, el circuito conocido como ABC (Arauca, Boyacá y Casanare), Norte de Santander, Chocó, Cauca y Nariño.

FUENTE: El País

RELEVAMIENTO Y EDICIÓN: Camila Abbondanzieri

El presidente Santos buscaba presionar a Uribe, principal abanderado del ‘no’ en el plebiscito, que hasta ahora se había mostrado timorato en las propuestas concretas sobre el acuerdo que querría incorporar al mismo. Tras la reunión, Santos aseguró que se había encontrado un camino “para culminar y fortalecer el acuerdo” y pidió que para ello no se antepusieran “antagonismos y rencillas”. Uribe, por su parte, insistió en las críticas que ha estado haciendo diciendo durante toda la campaña del plebiscito y tras el plebiscito: la necesidad de cárcel para los autores de crímenes de lesa humanidad, la posibilidad de que estos sean elegidos y un alivio judicial para las fuerzas armadas.

A la reunión entre ambos asistieron una veintena de personas más entre ministros, exministros, militares, negociadores y senadores… También estuvo el exprocurador, el ultracatólico Alejandro Ordóñez, una persona con ascendencia en la sociedad más conservadora de Colombia. A partir de este jueves continuarán los encuentros entre los equipos asignados por los partidarios del ‘no’ –Iván Duque, Oscar Iván Zuluaga y Carlos Holmes Trujillo- y los delegados del Gobierno: el jefe negociador, Humberto de la Calle; la canciller, María Ángela Holguín y el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas. Lo que salga de esos diálogos deberá ser, después, conversado con las FARC.

Antes de reunirse con Uribe, Santos mantuvo un encuentro, este sí bilateral, con el otro expresidente crítico con las negociaciones, el conservador Andrés Pastrana. “Distinto a lo que mucha gente pensaba, la victoria del ‘no’ unió al país. Ahora el 98% de los colombianos está a favor del ‘sí’, aseguró el exmandatario, quien planteó que mucha de la responsabilidad de aquí en adelante será para las FARC. “Pidieron una Constituyente y aceptaron el plebiscito, quienes siempre han pedido una refrendación de los acuerdos han sido ellos”, afirmó Pastrana, el último presidente en intentar un diálogo a la luz pública con las FARC antes de Santos, las fallidas conversaciones del Caguán.

“Hay posibilidad de hacer ajustes y arreglos sobre este acuerdo base, estamos analizando qué mecanismos utilizar para hacérselos llegar al Gobierno y a la guerrilla”, aseguró Pastrana, quien tampoco aclaró cuáles serían esas propuestas concretas que querrían tratar con la guerrilla. “A nivel personal, siempre he pensado que hay que hacer ajustes en el tema de la justicia y del narcotráfico”. El expresidente al que el entonces líder de las FARC, Manuel Marulanda ‘Tirofijo’, le dejó plantado durante las conversaciones de paz, pidió a la comunidad internacional “que no flaquee” y que trate de seguir involucrada en un proceso respaldó de forma unánime. Un respaldo que, en cierto modo, los dos expresidentes críticos con las negociaciones nunca tuvieron en cuenta.

La reunión con los expresidentes se produjo horas después de que Santos anunciase que el cese al fuego definitivo solo se prolongaría, de momento, hasta el 31 de octubre. El mandatario urgió a lograr para entonces una salida a la “zona gris” en la que, calificó, se encuentra el país tras la victoria del no en el plebiscito del pasado domingo. El mensaje fue interpretado como una medida de presión a los dirigentes opositores al proceso para que no se demorasen con sus propuestas.

La guerrilla no tardó en reaccionar. El líder de las FARC, Rodrigo Londoño, aliasTimochenko, cuestionó a través de su cuenta de Twitter el mensaje de Santos: “¿De ahí para adelante continúa la guerra?”. A la respuesta de Timochenko le siguió un mensaje, en un tono más preocupante, de Pastor Alape, miembro del secretariado de las FARC, la dirección de la guerrilla: "Todas nuestras unidades deben empezar a moverse a posiciones seguras para evitar provocaciones", tuiteó.

Tanto desde el Ministerio de Defensa como desde Presidencia trataron de matizar la sorpresa del anuncio y rebajar la tensión creada por el mismo. La decisión del presidente esconde un formalismo: evitar tener en marcha un cese al fuego que dependía de un acuerdo rechazado por los colombianos y que el presidente ya no puede ejecutar –aunque sí el Congreso-, como estableció la Corte Constitucional.

El clamor de la calle

Momento después de que comparecieran Santos y Uribe, miles de ciudadanos, convocados por distintas universidades de Colombia, han salido a las calles de 14 ciudades del país para reclamar que el nuevo diálogo se solucione con celeridad. Son los votantes del 'no' y del 'sí' en el plebiscito, y parte de ese más del 60% que se abstuvo de acudir a las urnas el pasado domingo. No se alinean con partidos políticos, su lema es La paz sí es contigo, pero como recordaron en manifestaciones anteriores, no respaldan con sus iniciativas al Gobierno. Se espera que el jueves y el viernes se repitan las marchas en las principales ciudades.

FUENTE: El País

RELEVAMIENTO Y EDICIÓN: Camila Abbondanzieri

Lozada afirmó que el trabajo del miércoles se hizo dividido por comisiones, cada una encargada de tratar varios temas fundamentales para el futuro político de la Farc.

Una de estas comisiones es la encargada de presentar hoy a la plenaria de la conferencia la propuesta para conformar el nuevo Estado Mayor de las Farc, que como lo adelantó EL HERALDO también vendría acompañado de una reorganización de su Secretariado, en el que sería incluido Rafael Malagón, exmiembro del Bloque Caribe de las Farc y del José María Córdoba.

En concreto, la comisión de recursos humanos, ética y el papel de los cuadros, es la que tiene “la responsabilidad de recoger las diferentes propuestas para la composición del nuevo Estado Mayor Central”.

El Estado Mayor Central está compuesto por 32 miembros y es el máximo órgano decisorio de las Farc que opera entre conferencias guerrilleras, entre sus funciones está designar a los miembros del Secretariado, que está integrado por 9 miembros, 7 titulares y dos suplentes que son: ‘Timochenko’, ‘Iván Márquez’, ‘Pablo Catatumbo’, Rodrigo Granda, ‘Pastor Alape’, ‘Carlos Antonio Losada’, ‘Mauricio Jaramillo’, ‘Joaquín Gómez’ y ‘Bertulfo Álvarez’.

Entre las otras comisiones, según señaló Lozada, se encuentra la de redacción política, encargada de estructurar la declaración política del nuevo partido de las Farc que será presentada hoy.

El nombre de este partido es uno de los anuncios esperados de la X Conferencia, sobre el que aún no hay conocimiento certero, sin embargo, ya se han filtrado varias opciones como lo son: Movimiento Bolivariano Nueva Colombia, Frente Amplio Por la Reconciliación de Colombia, Partido Comunitario Colombiano, Frente Amplio Por la Reconciliación Nacional.

Entre las demás comisiones está la que trabaja por la transformación de las Farc de organización político militar a organización política abierta. “Seguramente las conclusiones de esta comisión, que serán dadas a conocer hoy a la plenaria, deben contener los lineamientos político organizativos para ese proceso transformador de las Farc”, dijo.

También hay una comisión de prensa, una de organización, una de finanzas y una de género.

Lozada también se refirió a la muerte de Jorge Briceño, alias el Mono Jojoy, quien este miércoles cumplió seis años de haber caído en un bombardeo del Ejército Nacional, en una operación que calificó como “una verdadera demostración del uso excesivo de la fuerza, de odio de quienes fueron nuestros contradictores en esta larga confrontación”.

Con respecto al dinero de las Farc que el Fiscal General, Néstor Humberto Martínez, prometió perseguir, Rodrigo Granda, miembro del secretariado de la guerrilla, dijo que las Farc tuvieron que enfrentar “los 16 mil millones de pesos del Plan Patriota con una economía del pan de yuca”.

Reiteró que “los bolsillos nuestros están bastante vacíos. Entonces es bueno que busque la plata de las Farc”.

FUENTE: Nodal

RELEVO Y EDICIÓN: Martina Mántaras

Anuario 2015 de los acontecimientos internacionales del Centro de Estudios Políticos e Internacionales de la Fundación para la Integración Federal

SUMARIO:

EDITORIAL / Por Emilio Ordoñez (descargar PDF)

CEPI

El Estado Islámico. Entre la amenaza mundial y el objetivo común/ Por Fabian Drisún  (descargar PDF)

Acuerdo Nuclear. Los opuestos se atraen/ Por Jonatan Carné (descargar PDF)

La recta final del Proceso de Paz/ Por Ana Lucía Mucci (descargar PDF)

Entre la recesión económica y la crisis institucional/ Por Patricia Aquino (descargar PDF)

La crisis griega, o la realidad del mito de Sísifo/ Por Esteban Smolarz (descargar PDF)

El proceso separatista de Cataluña/ Por Luciano Herrero (descargar PDF)

Deberían aprender más de los cuentos. Crisis de refugiados/ Por Carla Chernomordik  (descargar PDF)

Guerra Fría a las puertas de Europa. La Crisis de Ucrania/ Por María Belén Serra  (descargar PDF)

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"Hoy nos preocupa que del lado del gobierno prospere un cierto propósito de ralentizar, de complicar el progreso en los acuerdos. El lento ritmo impuesto en la mesa y las subcomisiones da mucho qué pensar", advirtió el jefe de la guerrilla en un comunicado fechado en La Habana, sede de los diálogos.

Timochenko insistió en que se han vuelto "frecuentes los aplazamientos, los pretextos y las disculpas" para incumplir los ciclos y las sesiones del proceso de conversaciones entre la insurgencia y los negociadores del presidente colombiano, Juan Manuel Santos.

El 23 de septiembre pasado en la capital cubana, Timochenko y Santos sellaron un acuerdo sobre justicia transicional, tras lo cual anunciaron que trabajarían para llegar a la firma de la paz antes del fin de marzo de 2016.

Pocos días después surgieron discrepancias entre las partes sobre lo acordado en materia de justicia, ya que el gobierno consideró que ese entendimiento era "un documento en desarrollo" sobre el que solo se habían consensuado unas líneas generales, postura que molestó a la delegación de la guerrilla.

Timochenko y Santos sellaron un acuerdo sobre justicia transicional

"De pronto resultó que el acuerdo sobre justicia no podía considerarse cerrado, que lo único oficial era un comunicado", explicó el jefe guerrillero, que señaló que "a una escasa semana de cumplirse dos meses del acto solemne en que se anunció el feliz acuerdo, sigue resultando imposible su cierre definitivo".

En el texto, el líder de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) denuncia la "dilación" del gobierno y se pregunta si "apunta" a arrinconar a "última hora", para forzar al grupo insurgente a "aceptar posiciones".

Timochenko reiteró que la mesa de conversaciones "es y debe seguir siendo el espacio ideal para discutir y llegar a acuerdos", por lo que "ninguna de las partes tiene el derecho a concebirla como un mecanismo para someter la otra".

"Hemos llegado hasta aquí porque en medio de todas las dificultades se ha fortalecido la confianza. No deberíamos afectarla de ningún modo", dijo el guerrillero, que además insistió que espera al denunciar las actuales "trabas" del gobierno que este adopte "una actitud positiva" y que concluya "cuanto antes" el conflicto.

Por otro lado, en el Congreso, el alto comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo, quien es parte del grupo de negociadores de Cuba, explicó cómo se aplicará el acuerdo suscrito con la guerrilla frente a los miles de desaparecidos con ocasión del conflicto armado interno.

“Las FARC se comprometieron a entregar restos de personas que murieron en su poder. Se trata de unos primeros casos pero no queremos alentar expectativas desbordadas porque es un tema complejo”, sostuvo. En el mismo sentido, Jaramillo dijo que se pondrá en marcha la unidad de búsqueda de desparecidos cuando se llegue al acuerdo.

A mediados de octubre el gobierno y las FARC alcanzaron el acuerdo para esclarecer casos de desaparición forzada. Ambas partes acordaron crear una unidad especializada que se abocará a esta tarea con apoyo del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y del Instituto de Medicina Legal colombiano.

Los diálogos de paz se encuentran en receso desde el viernes hasta mañana, cuando se prevé retomen el ciclo de conversaciones, un día antes de cumplirse tres años del inicio de las negociaciones en La Habana.

FUENTE: Telam

El acuerdo fue producto, en una primera instancia, de acercamientos secretos y conversaciones exploratorias entre delegados del Gobierno colombiano de Juan Manuel Santos y delegados de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia- Ejército del Pueblo (FARC-EP), en la ciudad de La Habana. A partir de entonces se inició un proceso de diálogo formal entre las dos delegaciones.

En este proceso de negociación el Reino de Noruega y la Republica de Cuba cumplen un rol fundamental como Estados garantes, así como también lo hace Venezuela y la República de Chile como acompañantes.

El objetivo que se persigue, por medio de estas negociaciones, es concluir el conflicto armado de carácter interno que tiene lugar desde la década del sesenta. Sin embargo las partes firmantes del Acuerdo General han adherido al principio “nada está acordado hasta que todo esté acordado”. Haciendo alusión a que los acuerdos parciales, que se han alcanzado (reforma agraria, participación política y drogas ilícitas) son imprescindibles pero no suficientes.

El Gobierno Nacional y las FARC-EP consideran que la construcción y consolidación de la paz, en el marco del fin del conflicto, requiere de una ampliación democrática que permita que surjan nuevas fuerzas en el escenario político

Los seis principales temas sobre los que versa la discusión son: 1. Política de desarrollo agrario integral, 2. Participación política, 3. Fin del conflicto, 4.Solución al problema de las drogas ilícitas, 5. Víctimas y 6. Implementación, verificación y refrendación.

La discusión de cada uno de los puntos de la Agenda ha implicado la realización de un gran número de sesiones de la Mesa, organizadas por ciclos. En este sentido la voluntad negociadora de las partes permitió concluir acuerdos parciales en torno a los siguientes ejes:

1. La Reforma Rural Integral: por la cual se acordó el acceso y uso de la tierra. Se establece un acuerdo en cuanto a las tierras improductivas, al reconocimiento de la formalización de la propiedad, la delimitación de la frontera agrícola y la protección de zonas de reserva. Se manifestó la necesidad de generar Programas de desarrollo con enfoque territorial, infraestructura y adecuación de tierras. La promoción del desarrollo social en materia de salud, educación, vivienda y erradicación de la pobreza. Se convino un estímulo a la producción agropecuaria y a la economía solidaria y cooperativa, la asistencia técnica, subsidios, crédito, generación de ingresos y formalización laboral. Finalmente trató la necesidad de contar con un Sistema de seguridad alimentaria .

2. Participación Política: el Gobierno Nacional y las FARC-EP consideran que la construcción y consolidación de la paz, en el marco del fin del conflicto, requiere de una ampliación democrática que permita que surjan nuevas fuerzas en el escenario político para enriquecer el debate y la deliberación alrededor de los grandes problemas nacionales y, de esa manera, fortalecer el pluralismo y por tanto la representación de las diferentes visiones e intereses de la sociedad, con las debidas garantías para la participación y la inclusión política. Por ello se previó: 1. Derechos y garantías para la oposición política en general y particular para los nuevos movimientos que surjan luego de la firma del Acuerdo Final. Acceso a medios de comunicación. 2. Mecanismos democráticos de participación ciudadana, incluidos los de participación directa, en los diferentes niveles y diversos temas. 3. Medidas efectivas para promover mayor participación en la política nacional, regional y local de todos los sectores, incluyendo la población más vulnerable, en igualdad de condiciones y con garantías de seguridad .

3. Solución al problema de drogas ilícitas: es importante tener en cuenta que esta problemática surge con posterioridad al conflicto interno colombiano. Así las partes del acuerdo manifestaron que la persistencia de los cultivos está ligada en parte a la existencia de condiciones de pobreza, marginalidad, débil presencia institucional, además de la existencia de organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico.

De este modo, acordar sobre diversos subtemas, tales como programas de sustitución de cultivos de uso ilícito; planes integrales de desarrollo con participación de las comunidades en el diseño, ejecución y evaluación de los programas de sustitución y recuperación ambiental de las áreas afectadas por dichos cultivos; programas de prevención del consumo y salud pública; solución al fenómeno de producción y comercialización de narcóticos .

En la actualidad, los ciclos de diálogo continúan en la Habana y la temática que se está discutiendo es la cuestión de las Victimas, tanto de la guerrilla como del Gobierno. Hasta ahora se ha logrado establecer una Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas, encargada de investigar sobre los orígenes y responsabilidades del conflicto colombiano.

Mientras continúen las acciones violentas, los bombardeos y masacres por parte de las FARC y el Gobierno colombiano, y en tanto las partes no firmen el cese el fuego bilateral y definitivo, se verá afectada la credibilidad del proceso de paz

En lo que refiere al fin del conflicto, ha habido avances como la creación de una Comisión Técnica de alto nivel para el estudio de fórmulas relacionadas con el fin del conflicto, dejación de armas y cese bilateral de fuego. Recientemente, conforme a esta temática, se ha producido una inédita cooperación entre las FARC y el Gobierno colombiano en el programa de desminado lo que generará "confianza" para un futuro cese bilateral del fuego.

El fin del conflicto es uno de los puntos más controversiales y polémicos. Han trascurrido cuatro años de negociación, situaciones como los secuestros del general Rubén Darío Alzate y la abogada Gloria Urrego en 2014 llevaron a la suspensión del diálogo. A ello se le suma la masacre de 11 soldados en el municipio de Buenos Aires (Cauca) en abril de 2015, que generó el quiebre más reciente en las negociaciones y la interrupción del cese el fuego. Como reacción al ataque, el presidente Santos ordenó levantar la suspensión de los bombardeos sobre los campamentos de las FARC.

Estos acontecimientos demuestran que las FARC nunca han abandonado la lucha armada. Si bien el grupo guerrillero ha declarado cuatro ceses el fuego, y en esa dirección, ha solicitado la misma respuesta del Gobierno colombiano. El presidente Juan Manuel Santos ha insistido en que no habrá un cese el fuego bilateral hasta que no se firme el acuerdo final. De hacerlo “deja a los colombianos expuestos a que si fracasa el proceso, le habremos dado una gran ventaja militar a la guerrilla”, dijo el mandatario.

Mientras continúen las acciones violentas, los bombardeos y masacres por parte de las FARC y el Gobierno colombiano, y en tanto las partes no firmen el cese el fuego bilateral y definitivo, se verá afectada la credibilidad del proceso de paz desarrollado en la Habana y todos los logros alcanzados hasta el momento podrían quedar sin efecto.  

(*) Licenciada en Relaciones Internacionales de la Fundación Para la Integración Federal