“A río revuelto, ganancia de pescadores” afirma el dicho popular. Y, lentamente, la política argentina parece entrar en clave 2023 con el dato significativo de que, a exactamente un año de lo que será la elección general, no queda del todo claro cuáles serán los nombres propios que protagonizarán la compulsa que, irremediablemente, modificará el actual escenario post pandemia.

La última semana de octubre tuvo de todo, “como en botica”: presentación de libro, centralidad del Congreso de la Nación, la discusión a la distancia sobre la supresión de las PASO y un acuerdo económico internacional nada desdeñable. Pasen y vean.

La semana comenzó bien arriba. Mauricio Macri presentó su libro “Para qué” acompañado del provocador Pablo Avelutto en un contexto donde volvió a demostrar su referencia y, de alguna manera, su condición de jefe político al lograr que lo más granado de Propuesta Republicana se hiciera presente allí en la Sociedad Rural, con Horacio Rodríguez Larreta incluido.

Emulando a la actual vicepresidenta, quien supo ganar centralidad política recorriendo el país con la presentación de “Sinceramente”, Macri va por su segundo libro. Si en el anterior la apuesta se sintetizaba en una hipotética candidatura, en este el escenario ya no está tan claro en cuanto a las intenciones.

De sus últimos movimientos, todo parece indicar que el hijo de Franco intentará mostrarse como el gran referente de Juntos por el Cambio, una especie de parteaguas que tenga poder real antes que formal y que sirva como condicionante de un hipotético gobierno amarillo a partir de diciembre del año próximo. La figura de “El padrino” del dúo Puzo – Coppola, al que todos acudían para buscar su bendición, no deja de tener cierta justeza.

Para una hipotética candidatura, Macri necesitaría de un fenómeno de amnesia colectiva que haga olvidar los enormes desaciertos de su gobierno. No se trata sólo de cuestionar aquello que la administración del Frente de Todos no esté haciendo bien o, decididamente, esté haciendo mal, sino que el alto porcentaje de imagen negativa que ha sabido cosechar, no permite ni el más mínimo despegue de su figura. Una cosa es propalar ciertas ideas que puedan parecernos “modernas” (pre modernas para el interpretar del suscripto), que vengan acompañadas con un buen packaging, y una buena dosis de impunidad mediática, y otra muy distinta es que el vocero y representante de una clase social que siempre se las ha ingeniado para servirse de un Estado al que denostan, sea además el responsable de varios récords de una pésima gestión económica para el conjunto de los argentinos, pretendiendo ser candidato en una elección general.

Sí se le debe conceder a Macri la capacidad para instalar ciertos discursos. No tanto por su sagacidad política que, a no equivocarse, vaya si la tiene; sino por la enorme capacidad de crear agenda que en el país tiene buena parte de la derecha.

Tanto es así, que sus diatribas contra Aerolíneas Argentinas, empresa a la que quiere desguazar en nombre de una supuesta revolución de los aviones con las que intentó favorecer a sus amigos en el período 2015 – 2019, tuvo eco en cierta prensa “progre” que empezó a hacer el ejercicio comparativo, con el único rigor que suponen los tiempos mediáticos, de la existencia de diversas empresas del Estado de diferentes países del mundo que, aparentemente, serían más eficientes que las nuestras. Como al pasar, también el Inadi fue blanco de críticas por la cantidad de empleados con los que cuenta en su plantilla.

Algo se le debe reconocer al neoliberalismo profundamente “derechoso” de este tiempo: cierta inteligencia que hace que, si en finales de los ’80 y comienzos de los ’90, los discursos que deslegitimaban el rol del Estado venían de parte de sus propios voceros (el dúo Neustad – Grondona fue el más famoso), no dejó de llamar la atención que por estos días, algunos de los que supuestamente están de este lado, el nuestro, pusieran bajo la lupa el sentido y funcionamiento de unos cuantos organismos estatales y la supuesta rigidez de no pocos convenios colectivos de trabajo. La vida te da sorpresas, cantaba el borracho que se tropezó con Pedro Navaja. La política (y los medios) no está exceptuada de ello.

En el oficialismo, por su parte, juntaron en los últimos siete días, noticias de las buenas y de las otras, esas que se sustentan en un cúmulo de diferencias cada vez más expuestas. En este sentido parecen sobresalir dos grandes discusiones; la suspensión de las PASO y la entrega o no de un bono o de una suma fija al conjunto de los trabajadores que sirva para mejorar sus bolsillos.

De la primera de esas diferencias nos referimos en esta misma columna hace apenas un par de semanas atrás. El escenario no ha variado demasiado, sólo que, ahora sí, una vez terminado el tratamiento del proyecto de ley del Presupuesto 2023, el diputado rionegrino Luis Di Giácomo, presentó el proyecto de suspensión y con ello, el conjunto del sistema político comenzó a discutir su viabilidad.

Al interior del oficialismo hay dos posturas claramente expuestas: la del conjunto de gobernadores peronistas que, en acuerdo con el cristinismo, plantean la suspensión a los fines de, por un lado, elegir las candidaturas de acuerdo al interés de cierta dirigencia y por otro, para complicar la interna de Juntos por el Cambio, que necesita a las PASO como el agua para ordenar su sobrevida política para lo que viene.

La otra postura es la del presidente y de buena parte del Frente de Todos que se representa en la Cámara de Diputados que no tienen ningún interés en terminar propiciando una medida que contradice los planteos de un oficialismo que supo sancionar la ley en 2009. En la semana que pasó la presión por la suspensión fue in crescendo, al punto que el propio ministro del Interior, Eduardo Wado De Pedro, actuando como una especie de vocero del conjunto de gobernadores, declaró que al presidente lo querían convencer de la no derogación.

El juego parece estar abierto. A tal punto, que otra de las novedades que trajo la semana en el contexto de PASO sí o no, vino de la mano de una serie de off the record que indican que el presidente cada vez aparece como más convencido de ir por su reelección, con el agregado de declaraciones de Máximo Kirchner que terminaron enfriando cierto incipiente operativo clamor que pedía por una candidatura de la ex presidenta, al afirmar que “creía que Cristina no sería candidata”.

Con respecto a la idea de un bono o una suma fija las diferencias también parecen estar a la orden del día, con dos referencias insoslayables: por un lado el cristinismo, algunos dirigentes sindicales que tributan en la CGT y los de la CTA; por el otro, la conducción cegetista que hasta el momento había dejado supeditada cualquier mejora a lo que pudiera definirse en las paritarias, ya que una suma fija suele no tener componentes remunerativos y ello atenta contra el interés gremial. Nada está definido aunque todo parece indicar que el presidente ha dado algunas nuevas instrucciones. Tal vez noviembre traiga alguna novedad.

De alguna manera paradojal, las mejores noticias para el oficialismo, esas que refieren a poder contar con algunas certezas en el mediano plazo, vinieron de la mano de la dimensión económica, esa que hasta hace algunas semanas atrás se asomaba al abismo.

En la tarde del viernes el ministro Sergio Massa informó sobre un acuerdo con el Club de París para refinanciar una deuda de U$s2000 millones. Esto se suma a la media sanción que en la madrugada del miércoles obtuvo el Presupuesto 2023 en la Cámara de Diputados.

Como ya habíamos señalado algunas semanas atrás, existían señales muy claras para su aprobación. La oposición no podía darse el lujo de votar un rechazo que le serviría al gobierno de un argumento muy potente de las trabas que se ponían en la gestión, a la vez que se le daba al funcionario de turno una discrecionalidad enorme ya que, por segundo año consecutivo, se debían repartir recursos con el diseño presupuestario del 2021.

Junto con ello, teniendo en cuenta que el 2023 es un año electoral, período en el que abundan el anuncio y la realización de obras, resultaría muy dificultoso para cualquier legislador que quiera ser reelegido, volver a su territorio y explicar que aquella obra que se financia con fondos nacionales (razón de ser de muchas gobernaciones e intendencias a la hora de poder contar con obras estructurales), no podría realizarse por diferencias de tono político – partidario.

A todo ello se complementa el estilo que en este año supo imponer la actual jefatura de bloque del oficialismo en tándem con la presidenta del cuerpo, Cecilia Moreau, mujer que reporta directamente a Sergio Massa. Imperó el diálogo con el resto de los bloques, se articularon un conjunto de partidas que modificaron el proyecto inicial y que, más allá de la derrota oficialista en el tema ganancias del Poder Judicial (algo previsible), algunos quisieron mostrar la sensación de que todos ganaron. La contundencia de los números de su aprobación (180 a favor, 22 en contra y 49 abstenciones) refleja un nivel de consenso que no se lograba desde hace unos diez años.

El rosarino Páez nos contaba allá lejos y hace tiempo que él no sabía dónde iba su vida (ni la nuestra). Algo parecido puede exponer el sistema político argentino que, a un año de la elección general, no tiene claramente definido quienes serán sus protagonistas. Esa incertidumbre, también se refleja en cierta cotidianeidad. En la coincidencias y en las desavenencias. De oficialistas y opositores. Como el futuro, todo un palo…

(*) Analista político de Fundamentar - @miguelhergomez

En términos políticos, la segunda semana de marzo culmina con la “novedad” de la media sanción en la Cámara de Diputados de la Nación del proyecto del Acuerdo de Facilidades Extendidas entre Argentina y el Fondo Monetario Internacional. La contundencia de su número (202 a favor, 37 en contra y 13 abstenciones), tiene una historia detrás, que no se remonta exclusivamente al ida y vuelta en la negociación de estos días, sino que tiene su razón de ser en tiempos más largos. Repasemos.

Antes de intentar cualquier explicación sustancial o conjetural debe insistirse en dos datos, si se quieren, obvios. El primero es que, en el tema del tratamiento del proyecto, como diría el entrañable David Lebón, “estamos parados en el medio de la vida”. Todo lo que pueda esgrimirse como argumentos en esta bella mañana de sábado, supone la relatividad de un tema que no ha concluido. El Senado de la Nación, cámara que desde el lunes comenzará su discusión, no sólo tiene otro reglamento para el tratamiento de leyes, sino que, y esto es lo más importante, por su naturaleza compositiva, también tiene otra dinámica política. Marcamos sólo los dos indicadores más evidentes: las proporciones de representación no son idénticas a la de diputados, ni en términos partidarios ni jurisdiccionales, y, además, en muchos casos existe una relación política directa con el gobernador de la provincia de origen que en el caso de los diputados muchas veces no existe más allá de los formalismos.

El segundo dato sobre el que debe insistirse es que "la cuestión FMI” no es un tema nuevo para la coalición gobernante ni para el conjunto de los argentinos. Se supo, desde la mismísima composición del Frente de Todos y, una vez iniciado su gobierno, con la apertura de una instancia de negociación, que el tema debía ser abordado en un sentido o en otro, no apareciendo en el baúl de los recuerdos del oficialismo la idea de un no acuerdo que llevara al país al default. Vale la pena insistir sobre el asunto: la discusión, las tratativas y los vaivenes en la negociación era un tema que formaba parte de la agenda pública porque no estaba resuelto. Ni por asomo.

La madrugada del viernes dejaron la contundencia de los números y también las múltiples interpretaciones (que se extenderán en el tiempo a partir de que el proyecto pueda o no convertirse en ley), sobre quién ganó y quién perdió a partir de lo sucedido. Si la pregunta fuera válida pese a estar a mitad de camino, podría decirse que para la administración de Alberto Fernández la respuesta viene en un doble sentido: en el plano externo podrá mostrar un consenso que nunca viene del todo mal, mientras que en lo interno habrá que trabajar mucho, y en sigilo, para restañar aquellas heridas que puede haber dejado la discusión en diputados ahora, y en senadores desde la semana que se inicia.

Un detalle para la futurología de diván y teniendo en cuenta que el apoyo opositor de Juntos por el Cambio se alcanzó eliminando el “plan” que proponía el gobierno como parte del acuerdo, ya que la oposición dice no compartir sus principales lineamientos que, como todos sabemos, no obliga a reformas estructurales tan caras a los intereses del organismo de des/crédito internacional. Preguntas en formato de digresión y de cara al futuro de mediano plazo en el hipotético caso de un triunfo opositor en 2023: ¿podría darse el caso paradójico que habiendo aceptado el acreedor una renegociación “más leve”, el deudor vaya por más y promueva esa serie de reformas que siempre han desfavorecido al pueblo argentino? Y ante esto, ¿nos enfrentaremos a la situación de repetir lo sucedido con los fondos buitre en el 2016, cuando en la “negociación” de aquel año, el Estado argentino ofreció más de lo que los tenedores de bonos pedían? Quien lo sabe. Lo único y concreto querida lectora, estimado lector, es que ya tiene tarea asignada para los próximos, digamos, dos años.

A lo ya explicado en cuanto a lo que el oficialismo debió ceder, pese a la negativa del mismísimo ministro de economía Martín Guzmán, debe agregarse un contexto donde el sector crítico que representa la agrupación política que conduce Máximo Kirchner, aportó con su silencio antes y durante el tratamiento, lo cual sirvió para no condicionar el desarrollo del tratamiento del proyecto. Junto con ello, la totalidad de los discursos aparecieron medidos, sin grandilocuencias, cuidando las formas con el fin de que nadie sufriera una derrota política: ni quienes tributan en el FDT ni quienes lo hacen en Juntos.

Y aquí debe ampliarse una idea: no solamente el oficialismo necesita el acuerdo y que la Argentina no caiga en default. Juntos por el Cambio en general y el Pro en particular depende de su aprobación para tratar de poner en el pasado su responsabilidad política al tomar una deuda de U$s 57.000 millones que debía ser devuelta a partir del tercer año, con muy poco plazo de pago y en tiempos realmente exiguos. Sería un verdadero despropósito que la fuerza política que generó el problema, mirara para el costado a la hora de tratar de darle una salida mucho más armónica para los intereses del conjunto social.

La forma en que se construyó ese apoyo que se traduce en 202 votos a favor tiene una lógica de la cotidianidad de este marzo, pero también tiene el trasfondo que se proyecta desde el mes de noviembre. “La necesidad tiene cara de hereje” diría mi sabia abuela, y los orígenes del consenso deben buscarse en algo que, aunque parezca obvio, algunos parecen olvidar: el resultado electoral de noviembre de 2021.

En el período preelectoral, en un clima que se suponía favorable al FDT, la gran apuesta residía en que el oficialismo obtuviera tal resultado que pudiera ganar siete diputados más en la cámara, con lo cual alcanzaría el quorum propio y lo que es más importante, quedaba posibilitado de aprobar aquellas leyes que no necesitan de mayorías especiales. El resultado fue determinadamente distinto, configurándose un oficialismo que ha quedado debilitado.

Debe decirse, le pese a quien le pese: si en la sesión iniciada el jueves y finalizada en la madrugada del viernes, el oficialismo hubiera contado con el conjunto de sus legisladores dispuestos a votar a favor, tampoco le habrían dado los números para alcanzar la aprobación del proyecto original. La postura negativa de bloques minoritarios como el Interbloque Federal que, entre otros, integran los socialistas santafesinos y que, en estas circunstancias de votaciones ajustadas, suelen transformarse en estratégicos, completan el cuadro. Es discutible si el proyecto estaba bien apuntalado originalmente, pero lo que no puede negarse es que cualquier tratamiento de ley de la cámara baja y que se proponga desde el propio oficialismo, siempre arranca con números que necesita de otros espacios. Como se ha impuesto en redes de estos tiempos: “datos, no opinión”.

De lo visto hasta aquí, de las justificaciones, fundamentos y críticas surge una pregunta de rigor: ¿tiene sentido emular decisiones políticas del pasado con escenarios que resultan muy pocos coincidentes? Nos explicamos: en el argumento de que el kirchnerismo supo desendeudar al país y que, de la mano de Néstor Kirchner, en 2006 Argentina se sacó de encima al Fondo con un pago histórico de U$s 10.000 millones, subyace el fundamento para no validar lo propuesto por Guzmán o, directamente, para no hacer frente a las obligaciones. Varias salvedades al respecto y que ya hemos señalado desde Fundamentar pero que vale insistir ya que el período 2003 – 2006 nada tiene que ver con el de 2019 – 2022:

1) Argentina no viene de una etapa de recuperación económica. Conocidas son las consecuencias de la pandemia y debe decirse que recién en el segundo año de gestión el país ha podido crecer.

2) El FMI es el de siempre, eso es ferozmente cierto, pero el contexto no. En lo interno, en 2006 se venía de una instancia de negociación previa con el organismo, de un triunfo electoral en 2005, el kirchnerismo se presentaba como una novedad política que renovaba expectativas y la oposición no estaba configurada, ni por asomo, en un solo bloque. En 2022 se viene de una derrota política, Cristina Fernández tiene un techo político que la llevó a ceder lo que parecía ser su candidatura natural, y desde 2015 para acá la derecha que supo aglutinarse en Juntos por el Cambio, no baja del 40% en ninguna elección, independientemente del desastre económico, político y social del período 2015 – 2019.

3) En lo externo, el contexto latinoamericano es diametralmente opuesto, y la pandemia primero y la guerra entre Rusia y Ucrania después, acarrean un tiempo de múltiples limitaciones en términos del intercambio de bienes y energía que tanto condicionan y potencian (paralelamente) a la Argentina.

Podemos aspirar a determinada realidad. Podemos desearla como un tiempo idílico si se quiere. Pero lo que nunca podemos es dejar de tener en cuenta la capacidad de acción política que un dirigente, un espacio o un país puede tener.

A medida que el proyecto de acuerdo avance y de que pueda convertirse en ley a partir de lo que resuelva el Senado, el oficialismo deberá tener la suficiente sabiduría para pasar pantalla, sin pase de facturas y entendiendo, como siempre y como nunca, que todos son necesarios.

Ni los números, ni los tiempos políticos permiten verdades absolutas ni iluminados enamoradizos de cierto pasado que no vuelve. Pese a la calidez en estos arrabales del mundo, noviembre trajo una lluvia fría que el Frente de Todos no esperaba. Los movimientos, acuerdos y consensos de estos días reflejan eso. Tal vez sea hora de entenderlo.

(*) Analista político de Fundamentar - @miguelhergomez

La iniciativa fue votada tras más de dos horas de debate con 205 votos a favor y 11 en contra, como resultado de las posturas expresadas más por motivos personales que por disciplina de bloque, debido a que se trata de un tema social en el que prima la libertad de conciencia.

En el inicio del debate, la presidenta de la comisión de Salud, Andrea García (FpV) explicó que “las personas que se sometan a estas técnicas pueden aportar su propio material genético o recibir gametos femeninos o masculinos aportados por terceros”, que las mujeres podrán donar "hasta los 35 años, y los hombres hasta los 40”.

Los donantes deberán “someterse a un estudio clínico sujeto a protocolo para detectar posibles enfermedades” aclaró y precisó que “el texto dispone cómo debe crioconservarse el material genético, con sus plazos y modalidades". También establece "el derecho a la confidencialidad y la reserva de la información para los aportantes”.

“Con la votación de este proyecto se garantiza el rol del Estado como regulador y garante de las formas de la implementación de las prácticas, preservando la visión ética de que se trata de material genético humano".

“Todo aportante deberá formalizar en convenio escrito con el centro de salud su declaración de voluntad informada”, dijo la diputada y señaló que "el material genético se puede usar hasta en un máximo de seis personas o parejas”.

García aclaró que “se prohíbe la comercialización de embriones y gametos crioconservados” y que “una vez transcurridos cinco años desde el momento del aporte de gametos, si éstos no fueron utilizados en estas técnicas deberán ser descartados”.

Una de las voces que se expresaron más radicalmente en contra del proyecto fue la de la puntana Ivana Bianchi (Compromiso Federal), quien expresó su “total desacuerdo con la manipulación de embriones”.

“¿Sobre qué motivos jurídicos estamos realizando esta manipulación? Se están destruyendo numerosos seres humanos”, cuestionó la legisladora, para quien de este modo "la vida humana queda reducida a términos de utilidad biológica”.

En esa discusión de fondo, la oficialista Mara Brawer consideró que “no se considera a los embriones como 'cosas', pero tampoco se considera a los embriones in vitro 'personas', no porque lo digamos nosotros, sino porque ya lo dijo la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.

Por la Coalición Cívica, Elisa Carrió dijo que “el problema de los embriones no hay que ponerlo en el tema 'persona', porque en realidad nadie sabe cuándo hay una persona, ni siquiera desde el punto de vista espiritual: Lo que sí hay en un embrión congelado es una posibilidad de vida”.

En tanto, Jorge Triaca, de Unión Pro, remarcó que “el proyecto no es para nada coherente con su título porque sobre la protección de los embriones no implantados hay muy poco”.

Una de las impulsoras de la iniciativa, la kirchnerista María del Carmen Bianchi, expresó que “con la votación de este proyecto se garantiza el rol del Estado como regulador y garante de las formas de la implementación de las prácticas, preservando la visión ética de que se trata de material genético humano".

"También se privilegia que las relaciones jurídicas surgidas de la aplicación de las técnicas guarden estricta observancia de la normativa nacional e internacional, desde la ley 26.862, el Código Civil y los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como la perspectiva de observancia de los derechos constitucionales y los derechos humanos en general”, aseguró.

 

FUENTE: Telam

 

La Cámara de Diputados convirtió esta madrugada en ley el proyecto de reforma a la Ley de Hidrocarburos, que establece nuevos parámetros para atraer inversiones para la exploración, explotación y producción de petróleo, con la mirada puesta en lograr el abastecimiento energético. Después de casi 15 horas de debate, la iniciativa fue aprobada con 130 votos a favor, 116 en contra y una abstención.

El texto que establece condiciones para las nuevas licitaciones en materia de hidrocarburos convencionales, no convencionales y en la zonas denominadas off-shore, quedó en condiciones de ser promulgado por el Poder Ejecutivo.

Para alcanzar los 130 votos a favor el Frente para la Victoria aportó 116 propios; y los de los aliados del Frente Cívico de Santiago del Estero (7); de Nuevo Encuentro (3); PJ La Pampa (1); Frente por la Inclusión Social (1); Frente Solidario Popular Fueguino (1) y Movimiento Popular Neuquino (1).

Por otro lado, el proyecto otorga potestad a las provincias para prorrogar por 10 años a aquellas firmas que cumplan con el plan estratégico de inversiones, las cuales deberán pagar regalías por un 12%. Además, dispone que en cada extensión otorgada las provincias podrán incrementar en un tres por ciento las regalías con un tope del 18%.

En contra lo hicieron la UCR, el Frente Renovador, el Frente Amplio Progresista, el PRO, la Coalición Cívica, Unidad Popular, la Izquierda y los legisladores de los bloques referenciados en Hugo Moyano, José Manuel de la Sota y Adolfo Rodríguez Saa, entre otros. La aliada oficialista Alicia Comelli (Movimiento Popular Neuquino) se abstuvo.

ARGUMENTOS A FAVOR Y EN CONTRA

El debate sobre la reforma de la ley de hidrocarburos fue abierto por el presidente de la comisión de Energía, Mario Metaza, quien aseguró que el proyecto "no es para beneficio de un Gobierno sino de un país" porque contempla nuevas normas para "atraer las inversiones necesarias" en busca de lograr en el futuro el "autoabastecimiento energético" necesario para apuntalar el crecimiento.

Al hablar como miembro informante del proyecto rechazó que esta iniciativa pueda "afectar las autonomías de las provincias petroleras" y dijo por el contrario "han consensuado el proyecto con el gobierno porque mantiene su facultad para administrar sus recursos".

En tanto, en el cierre del debate, la presidenta del bloque del FPV, Juliana Di Tullio dijo que esta ley apunta a “lograr la sinergia entre la Nación, las provincias y nuestra empresa de bandera YPF, generando igualdad y mayor equilibrio en cada una de las regiones”.

El diputado de Nuevo Encuentro, Carlos Heller, argumentó su voto a favor del proyecto porque establece un marco legal para tener "esas inversiones necesarias" tendiente a "tener el abastecimiento y la soberanía energética".

Desde la oposición, el radical Ricardo Alfonsín remarcó que "con este proyecto el oficialismo pretende resolver los problemas que generó con errores anteriores. Pero vuelve a equivocarse con esta Ley porque comete el error inverso. Hasta ahora había desconsiderado la importancia del interés privado, a pesar de que el 100 por ciento de la actividad estaba en manos privadas. Ahora está desconsiderando el interés general".

El socialista Hermes Binner señaló que el pais necesita tener "autoabastecimiento energético" para promover su crecimiento y señaló que esta ley "debería ser objeto de consenso".

Por su parte, el presidente de la bancada del PRO, Federico Pinedo, dijo que "en necesario realizar inversiones" en los emprendimientos hidrocarburíferos para evitar la importación de energía, pero cuestionó los beneficios que se le otorgarán a los nuevos concesionarios.
Desde el massismo, el sindicalista petrolero Alberto Roberti dijo que este proyecto beneficia "exclusivamente a YPF” y señaló que esta iniciativa afecta "la potestad de las provincias".

A su vez, la diputada del Movimiento Popular Neuquino Alicia Comelli, justificó su abstención al sostener que "no se incorporaron modificaciones claves a las iniciativas", y que "se hayan establecido regalías fijas en el proyecto".

DICTAMEN DE LA MAYORÍA

El dictamen de mayoría que finalmente fue aprobado por los diputados fija nuevos para plazos para las concesiones, diferenciados según el tipo de explotación: 25 años para los yacimientos convencionales, 35 para los no convencionales y 30 para los desarrollos off shore en la plataforma marítima argentina.

Además, establece que los emprendimientos off shore tengan un beneficio fiscal del 20% siempre que la perforación se realice en una distancia menor a los 90 metros de la superficie, dado que cuando sea superior a esa distancia será del 60%. En tanto, los derechos de los actuales concesionarios no se verán afectadas por las reformas a la ley de hidrocarburos.

Por otro lado, el proyecto otorga potestad a las provincias para prorrogar por 10 años a aquellas firmas que cumplan con el plan estratégico de inversiones, las cuales deberán pagar regalías por un 12%. Además, dispone que en cada extensión otorgada las provincias podrán incrementar en un tres por ciento las regalías con un tope del 18%.

También se fija un plazo de seis meses una vez sancionada la nueva ley para elaborar un "pliego modelo" a ser aplicado en futuras licitaciones en todas las jurisdicciones.

La iniciativa también acorta los plazos de los permisos con el objetivo de incentivar las inversiones en la etapa de exploración, las cuales no podrán ser inferiores a 250 millones de dólares.

 

FUENTE: Infojus
 

El proyecto, que entrará en vigencia en enero de 2016, fue aprobado con 135 votos pertenecientes al oficialismo y a sus habituales aliados, debido a que la oposición participó de la primera parte de la sesión y tras objetar cuestiones sobre el trámite se retiró del recinto.

Las dos primeras horas de la sesión se desarrollaron en un clima tenso a partir del ingreso al recinto de la oposición, que llegó para cuestionar el trámite, luego de que el Frente para la Victoria, con el apoyo del Frente de Santiago, Nuevo Encuentro, el Movimiento Popular Neuquino, PJ La Pampa, Ramona Pucheta y un par de diputados fueguinos reuniera 131 legisladores, dos más del quórum reglamentario, para iniciar el trabajo.

El texto aprobado, que viene a reemplazar un texto que fue redactado hace 145 años, legisla sobre temas como la adopción e indica que el niño puede ser adoptado "por un matrimonio, una unión convivencial o por una sola persona".

A los gritos, los diputados del radicalismo, el macrismo, el massismo, el socialismo, la Coalición Cívica y el Frente de Trabajadores de Izquierda se retiraron del debate con el argumento de que "su tratamiento es ilegal".

Tras reconocer que es necesario actualizar el Código Civil y Comercial, que data de 1869, en temas como divorcio, matrimonio igualitario, adopción y fertilización asistida, los opositores advirtieron que si se votaba el proyecto plantearían su inconstitucionalidad en la justicia.

El argumento esgrimido es que el dictamen de la Comisión Bicameral no es válido porque desde que se emitió cambió la composición del cuerpo, lo que fue rechazado por el bloque de diputados del oficialismo.

Esta posición fue replicada por la presidenta del bloque oficialista, Juliana Di Tullio, quien consideró "una vergüenza que acudan a otro Poder (del Estado) para impedir el tratamiento del proyecto en este cuerpo legislativo" y defendió la legalidad del tratamiento. La diputada recordó que el proyecto de resolución que creó la Comisión Bicameral "fue votada por todos los opositores", con excepción de Elisa Carrió, quien fue la "única que mantuvo su postura".

 

En el cierre del debate, la titular del bloque del FPV cargó nuevamente sobre la oposición al afirmar que "retrasan 150 años" y que "está empecinada en quedar afuera de la historia".

"Han decidido nuevamente quedar en defensa de los más poderosos; desaparecen de las bancas. No me llama la atención la vergüenza de la representación teatral guionada que hicieron hoy", remarcó.

Promediando la sesión, Domínguez, en una nota enviada a los presidentes de los bloques opositores, rechazó en forma "tajante, absoluta y terminante" los cuestionamientos realizados por la oposición y señaló que "no se ha violentado la Constitución Nacional ni el reglamento interno ni la resolución aprobada por ambas Cámaras que dispuso un tratamiento especial al proyecto".

Durante el debate, Diana Conti, en calidad de miembro informante del proyecto por su condición de presidenta de la comisión de Asuntos Constitucionales, dijo que este nuevo texto "es plural e inclusivo y tiene la riqueza de contar entre sus redactores a dos jueces de la Corte (Suprema de Justicia)" y destacó que "se trata de un código humanitario, que incluye aún más socialmente".

Alicia Comelli, aliada al kirchnerismo desde el Movimiento Popular Neuquino, cuestionó a la oposición al señalar que "tendría que haber estado en la sesión para dar el debate de fondo y no buscar artilugios procesales para no llegar a votar lo que para todo legislador debería ser trascendente".

El texto aprobado, que viene a reemplazar un texto que fue redactado hace 145 años, legisla sobre temas como la adopción e indica que el niño puede ser adoptado "por un matrimonio, una unión convivencial o por una sola persona"; y que "una adopción constituida en el extranjero debe ser reconocida en la Argentina cuando haya sido otorgada por los jueces del país del domicilio del adoptado".

También menciona que "el hijo matrimonial lleva el primer apellido de alguno de los cónyuges" y que "en caso de no haber acuerdo, se determina por sorteo realizado en el Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas".

En cuanto a cuestiones matrimoniales se incluye la posibilidad de que los contrayentes opten por el régimen de separación de bienes antes de la realización del matrimonio; y se prevé que el divorcio se decreta judicialmente a petición de ambos o de uno solo de los cónyuges.

La nueva normativa menciona a las "uniones convivenciales" como "la unión basada en relaciones afectivas de carácter singular, pública, notoria, estable y permanente de dos personas que conviven y comparten un proyecto de vida común, sean del mismo o de diferente sexo".

Además establece que los bebés nacidos por las técnicas de reproducción humana asistida "son hijos de quien dio a luz y del hombre o de la mujer que también ha prestado su consentimiento previo, informado y libre con independencia de quién haya aportado los gametos".

Las temáticas sobre fortalecimiento de los derechos de los pueblos originarios; delegación de la protección del embrión en una ley especial, la eliminación de la gestación por sustitución, de la fecundación post-mortem y de la función social de la propiedad, se regularán con legislación complementaria.
 

FUENTE: Telam

VEA TAMBIÉN: "El FPV Es la fuerza más Importante que Existe Hoy en Argentina”

En segundo lugar quedó la UCR, el Partido Socialista y aliados, con el 21,36 por ciento; y el Frente Renovador (17,06) y el PRO (9,02), a partir de sus victorias en la provincia y ciudad de Buenos Aires en los comicios legislativos, en una elección que tuvo una participación del 79,26 por ciento de los electores inscriptos en el padrón.

"Es cierto, ha habido resultados locales muy importantes pero el Frente para la Victoria se vuelve a consolidar", afirmó el vicepresidente a cargo del Poder Ejecutivo Amado Boudou, en tanto que el jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, agregó: "El FPV ha incrementado su mayoría en la Cámara de Diputados por cinco bancas, garantizando la gobernabilidad en la Argentina".

En las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) del 11 de agosto, el FPV había orillado con sus aliados el 28 por ciento a nivel nacional, lo que equivale a que en esta elección subió en más de cuatro puntos.

El triunfo del Frente para la Victoria a nivel nacional se apoyó en su desempeño en provincias en las que consiguió diferencias aplastantes por sobre las demás alternativas como Río Negro, Entre Ríos o Tucumán, aunque el 31,80 por ciento logrado en Buenos Aires le dio gran cantidad de votos por la importancia que tiene esta provincia en el padrón nacional.

En la provincia gobernada por el entrerriano Sergio Urribarri alcanzó el 46,56 por ciento de los votos mientras que la segunda fuerza, el Frente Progresista logró un 24,59.

El triunfo del Frente para la Victoria a nivel nacional se apoyó en su desempeño en provincias en las que consiguió diferencias aplastantes por sobre las demás alternativas como Río Negro, Entre Ríos o Tucumán, aunque el 31,80 por ciento logrado en Buenos Aires le dio gran cantidad de votos.

En Río Negro, el kirchnerismo obtuvo un 50,74 por ciento de los votos mientras que el Frente Progresista sacó un 24,59 por ciento.

Otros de los puntos en los que el FPV se hizo fuerte fueron Tucumán, donde alcanzó el 46,87 por ciento de los votos y San Juan, donde obtuvo un 55,36 por ciento.

La mayor diferencia se produjo en Santiago del Estero donde el Frente Cívico por Santiago (aliado del kirchnerismo) logró un 74,79 por ciento de los votos, a los que pueden sumarse los votos del 5,08 por ciento que logró el FPV.

En tanto, la UCR y el Frente Progresista Cívico y Social se hicieron fuerte en Santa Fe, con el 42,52 por ciento; Mendoza, con el 47,64; Rio Negro, con el 24,59; Misiones, con el 26,89; La Pampa, con el 34,44; Tucumán con el 34,66 por ciento, y Buenos Aires, con el 12,28; a partir de tratarse de fuerzas históricas que tienen arraigo territorial en casi todo el país.

Por la UCR, el mendocino Julio Cobos dijo que ingresan "al Congreso de la Nación donde llevaremos nuestras propuestas para que se transformen en leyes", del mismo modo que el socialista santafecino Hermes Binner remarcó: "Tenemos una propuesta para la Nación, que surge de nuestra práctica, una propuesta que cree en los valores de la producción y el trabajo".

En contraposición, el Frente Renovador basó su caudal de votos en la provincia de Buenos Aires con el 43,59 por ciento; y el PRO, en la ciudad de Buenos Aires, con el 34,4 por ciento, pero también acumuló el 27,14 por ciento en Santa Fe, el 23,45 por ciento en Entre Ríos (con la Alianza Unión por Entre Ríos); el 14,45 por ciento en Córdoba; y el 19,26 en La Pampa.

A partir de estos resultados, el jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires y líder del PRO, Mauricio Macri, hizo un virtual lanzamiento de su campaña presidencial de 2015 y afirmó: “El PRO es la alternativa que nace en la Argentina y queremos representar a los argentinos que están hartos de que los gobiernen siempre los mismos”.

En tanto, el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, dijo: "Aspiramos a salir de esa lógica vulgar que tiene la política de unos contra otros. El triunfo nos obliga a empezar a cruzar la frontera y recorrer la Argentina".

 

RELEVAMIENTO Y EDICIÓN: Pedro Arrospidegaray

FUENTE: Télam

VER TAMBIÉN: "Vamos a Pagar 2070 Millones de Dólares del Bonar VII", Anunció Cristina

Tras una sesión que se extendió por más de diez horas, el proyecto fue aprobado por 192 votos a favor, 33 en contra y 4 abstenciones.

La iniciativa, que permite ingresar en la reestructuración de la deuda a los bonistas que no aceptaron hasta ahora la propuesta argentina, fue apoyada por el bloque del Frente para la Victoria, sus habituales aliados, y el respaldo, con disidencias de legisladores de otras bancadas, como la UCR, el Frente Peronista, el Frente Renovador y el PRO, entre otros.

La presidenta del bloque del Frente para la Victoria, Juliana Di Tullio, señaló: “Reivindicamos nuestra política de desendeudamiento, y estamos convencidos de que fue la decisión correcta; porque teníamos el desafío de crecer con inclusión y es un desafío que hemos superado”.

En contra lo hicieron los bloques que componen el Frente Amplio Progresista (GEN, socialismo, Frente Cívico de Córdoba y Unidad Popular), la Coalición Cívica y otros bloques minoritarios.

En el inicio del debate, el miembro informante del proyecto, Carlos Heller (Nuevo Encuentro), señaló que con la sanción de la ley de reapertura del canje el Gobierno "tiene las herramientas para terminar con la reestructuración" de la deuda que cayó en default a fines de 2001 y reivindicó la política realizada por el Ejecutivo porque se "reafirmó la soberanía".

Al exponer en su carácter de titular de la comisión de Finanzas, advirtió sobre el accionar especulativo de los fondos buitre y señaló que si no se revierte el fallo de la Cámara de Apelaciones de Nueva York tendrá "repercusiones negativas no sólo sobre la Argentina sino sobre el sistema financiero internacional".

Por su parte el kirchnerista Roberto Feletti aseveró que "no existe jurisprudencia de que una Nación puede ser rehén de un fondo especulativo", al referirse al fallo de la Cámara de Apelaciones de Estados Unidos contrario a la postura argentina ante los fondos buitre.

El titular de la comisión de Presupuesto consideró que la restructuración fue "exitosa porque se adhirieron un 93 por ciento de bonistas, y rechazó la decisión de la justicia de Estados Unidos que aceptó el reclamo de un fondo buitre que representa el 0,45 por ciento de los acreedores”.

Desde la oposición, el radical Miguel Bazze, dijo que su bloque votará "con la mayor responsabilidad" pero cuestionó al gobierno por no reconocer "los errores que se siguen cometiendo".

En cambio, el diputado y candidato a senador de Unen Fernando Solanas dijo que "estamos ante la legitimación del mayor fraude que es la deuda externa" y "nosotros no vamos a permitir los actos ilegítimos que se iniciaron hace treinta años".

El diputado del Frente Renovador Felipe Solá señaló que "vamos acompañar por la continuidad jurídica del Estado y porque no somos cipayos y no vamos hacer nada a favor de los fondos buitre"; mientras que desde el PRO, Federico Pinedo dijo que "una vez más vamos a dar una herramienta al gobierno porque estamos en contra de los fondos buitre" pero cuestionó que el gobierno "siga poniendo los problemas debajo de la alfombra".

El proyecto enviado hace tres semanas por el Ejecutivo para la reapertura del canje de deuda, suspende la vigencia de la denominada Ley Cerrojo y establece que la nueva convocatoria se realizará en "términos y condiciones financieras" similares a la operación concretada en 2010.

Por la Coalición Cívica, Alfonso Prat-Gay remarcó que "no se opone a la reapertura del canje de deuda" aunque aclaró que “no vamos a permitir al gobierno negociar en sede judicial porque es desventajoso para la estrategia Argentina".

Claudio Lozano, del bloque Unidad Popular, manifestó que pese a la reestructuración de la deuda "no consiguió que no tuvieran fallos en contra ni disminuir la deuda pública" y dijo que "acá no se ha logrado ningún desendeudamiento".

En el cierre del debate, la presidenta del bloque del Frente para la Victoria, Juliana Di Tullio, señaló: “Reivindicamos nuestra política de desendeudamiento, y estamos convencidos de que fue la decisión correcta; porque teníamos el desafío de crecer con inclusión y es un desafío que hemos superado”.

El proyecto enviado hace tres semanas por el Ejecutivo para la reapertura del canje de deuda, suspende la vigencia de la denominada Ley Cerrojo y establece que la nueva convocatoria se realizará en "términos y condiciones financieras" similares a la operación concretada en 2010.

El artículo segundo del proyecto establece que los "términos y condiciones financieros que se ofrezcan no podrán ser mejores que los ofrecidos a los acreedores en el decreto 563/10", en referencia a las condiciones de los bonos del canje 2010.

Otro artículo importante, el número 7, suspende la vigencia de la denominada Ley Cerrojo y el cierre del canje lo deja supeditado a la decisión del Congreso Nacional, para dar vía libre a la operación que oportunamente realizará el Ejecutivo.
Se trata de un artículo clave, de cara al juicio que la Argentina enfrenta en Nueva York, donde la Corte Suprema estadounidense deberá decidir si toma o no el caso.

El texto sostiene que quienes deseen participar deberán renunciar a los derechos que les correspondan como sentencias o laudos, o acciones legales iniciadas o que pudieran realizarse a futuro en relación a los títulos susceptibles de canje.

 

RELEVAMIENTO Y EDICIÓN: Pedro Arrospidegaray

FUENTE: Télam

Con un respaldo de 204 votos a favor y diez abstenciones, la Cámara baja aceptó las modificaciones del Senado y sancionó la norma ante la masiva presencia en las galerías del recinto de organizaciones militantes de la causa.

Por su parte, la jefa del bloque kirchnerista de la Cámara de Diputados, Juliana Di Tullio, afirmó que la ley de fertilización asistida "salda una deuda del Estado con una parte de la población, en términos de justicia y condición social".

"Cuando le damos un derecho a una minoría hacemos una Argentina más justa e igualitaria; es una ley que piensa en el futuro", declaró Di Tullio, al cerrar el debate en el recinto sobre la iniciativa, aprobada con 204 votos a favor.

Para la diputada, la nueva norma le "da la bienvenida a las mamás y los papás del futuro" y les presenta "un país diferente, con nuevos derechos".

"Cuando hablamos de década ganada hablamos de esto también; nos gusta decir que la Presidenta (Cristina Fernández de Kirchner) es la Presidenta de los derechos; queremos construir todos los días una mejor Argentina para todos y todas", reflexionó.

Di Tullio aprovechó el discurso también para darle la despedida en nombre de todo el bloque del Frente para la Victoria (FpV) a Agustín Rossi, quien dejó el cargo para asumir al frente del Ministerio de Defensa. "Para nosotros la ausencia de él en el bloque es importante política y afectivamente", expresó.

 

RELEVAMIENTO Y EDICIÓN: Pedro Arrospidegaray

FUENTE: Télam