En el marco de la promulgación de la Ley Orgánica de Precios Justos en Venezuela (LOPJ), el vicepresidente de esa nación, Jorge Arreaza, aseguró que los comerciantes también se beneficiarán con la promulgación del estatuto, pues en los criterios establecidos por el Estado para calcular los precios también se incluyen las ganancias.

La LOPJ no está fundada en incrementar pérdidas a los comerciantes, pese a que la campaña mediática en contra del estatuto denota lo contrario. En ese sentido, el Vicepresidente venezolano reiteró que en la providencia establecida en la Gaceta Oficial N° 40.340, se construirán ganancias moderadas para los comerciantes en función a la elaboración de los precios justos.

La providencia publicada en Gaceta Oficial, establece que el precio de los productos se definirá según los costos de adquisición de materiales y materias primas y los de conversión o transformación hasta su forma final. En relación a la providencia, Arreaza aseguró que un punto favorecedor es “que comerciantes, productores de sectores privados y públicos podrán ajustar y equilibrar los precios eventualmente”.

La finalidad de esta Ley, que entró en vigencia el 23 de enero de este año es regular la economía para generar los equilibrios necesarios en todos los ámbitos y sanear por completo el flujo de producción del país generando un nuevo orden económico interno.

Para la producción del bien o para la prestación del servicio sólo se tomarán en cuenta los elementos estrictamente necesarios para la producción del bien o para la prestación del servicio y se excluirán del costo total otros aspectos que encarecen los precios. La Ley establece el 30 por ciento máximo de ganancia para el comerciante con la finalidad de evitar la especulación.

"(Los elementos) Se incluirán y se reconocerán entre los costos de producción solo mientras sean necesarios para llevar los productos o servicios a su condición de terminados o prestados", dice parte del artículo 2 de la normativa, contenida en la Gaceta Oficial N° 40.340, que circuló este lunes.

La finalidad de esta Ley, que entró en vigencia el 23 de enero de este año, explicó el vicepresidente venezolano, es regular la economía para generar los equilibrios necesarios en todos los ámbitos y sanear por completo el flujo de producción del país generando un nuevo orden económico interno.

Las sanciones que establece son exclusivamente para los infractores que incurran en especulación, acaparamiento u otros delitos, a quienes se aplicarán multas calculadas en Unidades Tributarias; la suspensión temporal en el Registro Único de Personas que Desarrollan Actividades Económicas (Rupdae); ocupación temporal con intervención de almacenes, depósitos, industrias, comercios y hasta transportes de bienes por un lapso que podría llegar a 180 días; y confiscación de bienes.

Dependiendo de la gravedad del delito se condenará a prisión entre 2 y 14 años. A quienes incurran en contrabando de extracción, boicot y desestabilización económica se les aplicará la pena máxima (14 años).
 

 

FUENTE: TeleSur

Este sábado, en el programa radial El Todo y Las Partes de AM 1330, la diputada nacional por Santa Fe, Claudia Giaccone, analizó la reunión mantenida el jueves pasado -junto a otros diputados nacionales e intendentes- con el secretario de comercio, Augusto Costa, sobre los permisos de exportación para las empresas santafesinas y sobre la aplicación de los “Precios Cuidados” en la provincia.

En referencia a los permisos de exportación e importación, la diputada manifestó: “vemos que hay una mayor fluidez en la presentación de declaraciones juradas y en la habilitación de insumos que importan” las empresas santafesinas.

“La presidenta fue muy enfática, explicando de qué se trata este proyecto que encabeza su gobierno, que lo que pretende es una defensa y un crecimiento del consumo interno y, por ende, del poder adquisitivo del salario, de los puestos de trabajo."

Así también, la diputada destacó la participación de la subsecretaria de comercio exterior de la nación, Paula Español, en dicha reunión: “nos alentó a que podamos ayudar a que ellos –los empresarios- en el marco “macro” puedan separar la paja del trigo, separar lo que es estoqueo para especulación o algunas otras maniobras que a veces interfieren en la aprobación –de los permisos- porque no aportan a nuestro modelo económico y a nuestro sistema productivo nacional”.

Al referirse al programa Precios Cuidados, dijo: “como todos los dirigentes políticos que estábamos presentes en esa reunión, queremos que llegue al ciudadano santafesino, a los territorios más pequeños, a las ciudades de 50.000 ó 60.000 habitantes, a las cadenas locales, a los centros de almaceneros locales. Para eso tenemos que involucrarnos todos y trasladar esta inquietud a los intendentes y a los presidentes comunales para que puedan ellos convocarlos y hacer que se cumplan efectivamente esos precios, cosa de que este tipo de control pueda llegar a cuidar el salario de todos los santafesinos”.

Giaccone también reflexionó sobre la situación económica actual y el último discurso de la presidenta por cadena nacional y destacó “tanto que nos quieren hacer traer a la memoria el ’89 y el ‘2001, recordemos también que ante estas circunstancias de desconcierto, cada vez que aparecía el presidente, anunciaba un ajuste, anunciaba recortes de salarios, de jubilaciones, de lo que llaman el gasto público”.

Por último, la diputada sentenció: “La presidenta fue muy enfática, explicando de qué se trata este proyecto que encabeza su gobierno, que lo que pretende es una defensa y un crecimiento del consumo interno y, por ende, del poder adquisitivo del salario, de los puestos de trabajo. Y ahí interpeló a todos los sectores, porque acá un rol muy importante lo tiene el gobierno en el control y la sanción”, pero también otro papel importante le asignó a “los sindicatos, de no especular con las paritarias e inflar los pedidos de aumento de salarios porque genera una especulación de aumento de precios previa y posteriormente a esa paritaria, a los empresarios, a tener una conducta de no especulación y a todos los ciudadanos y dirigentes políticos para trasladar los acuerdos de precios a los territorios que representamos. Nosotros tenemos un rol muy importante difundiendo y esclareciendo, por ejemplo, que el gasto público no es “gasto”, sino inversión”.