Una pareja fue detenida acusada de vender drogas al menudeo en una vivienda del barrio porteño de La Boca, en cuya entrada colgaba una jaula con un loro como señal para sus clientes de que disponían de estupefacientes para vender.

Según informaron este lunes fuentes policiales, los arrestos se llevaron a cabo durante allanamientos realizados por agentes de la Dirección Lucha Contra el Tráfico y Venta Ilegal de Drogas de la Policía de la Ciudad en domicilios de La Boca donde detectaron que operaba una banda dedicada a la venta al menudeo de estupefacientes.

Los uniformados primero se presentaron en un domicilio ubicado en la cuadra de Coronel Salvadores al 800, donde encontraron pruebas que vinculaban a un matrimonio domiciliado a pocas cuadras, en la calle Vespucio al 100, al que acudieron luego en otro procedimiento. Allí fueron detenidos hombre de 48 años y una mujer de 38.

La señal del loro
De la investigación se conoció el singular método que tenían los sospechosos para avisar a sus potenciales clientes de que contaban con estupefacientes para la venta: colgaban en la puerta una jaula con su loro, explicaron los voceros.

Las fuentes agregaron que cuando el loro estaba los compradores podían entrar, y si la jaula no se encontraba era porque no tenían drogas en venta o había algún tipo de control policial en la zona que hacía riesgosa la transacción ilegal.

En la casa también se hallaron dosis de marihuana y de cocaína listas para la venta, cuatro teléfonos celulares, un revólver calibre 22 con ocho cartuchos de bala, cantidad de dinero en moneda nacional y extranjera, una notebook y una tarjeta de memoria de dos gigas con información relevante para la causa.

El juzgado interventor solicitó el secuestro de todos los elementos y el traslado de los imputados a la Alcaidía 1 y 1 Bis, donde quedaron alojados a la espera de ser indagados por el juez Penal Contravencional y de Faltas 18.

FUENTE: El Ciudadano

"De cara a la Asamblea Especial de las Naciones Unidas en 2016, la resolución adoptada constituye un insumo valioso para el presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas y el proceso preparatorio de dicha asamblea, ya que contiene la posición común del hemisferio en torno a políticas de drogas más eficaces", dijo el presidente de la ronda, el canciller guatemalteco Carlos Morales.

El documento, aprobado el viernes (19.09.2014) por aclamación por los 32 países que participaron, destaca "la importancia de la cooperación hemisférica e internacional para conjuntamente hacer frente al problema mundial de las drogas, promoviendo y fortaleciendo políticas integrales y, cuando corresponda, la modernización y profesionalización de las instituciones de gobierno".

También define que los Estados consideren "revisar periódicamente las políticas sobre drogas adoptadas, con el objeto de que éstas sean integrales y centradas en el bienestar de la persona para hacer frente a sus retos nacionales y evaluar su impacto y efectividad".

Estados Unidos se pronunció por "soluciones pragmáticas y serias", en tanto que México hizo énfasis en la necesidad de un amplio debate y subrayó los costos sociales que el narcotráfico trae a los países de la región.

DOS POSTURAS EXTREMAS

Además, propone desarrollar respuestas a los nuevos retos del problema mundial de las drogas "que prevengan los costos sociales o contribuyan a su reducción, y cuando corresponda, revisar el abordaje de enfoques tradicionales y considerar el desarrollo de nuevos enfoques, basados ambos en evidencia y conocimiento científico".

Durante la cita en la capital guatemalteca, Estados Unidos se pronunció por "soluciones pragmáticas y serias", en tanto que México hizo énfasis en la necesidad de un amplio debate y subrayó los costos sociales que el narcotráfico trae a los países de la región.

"Tenemos un buen debate en medio de las dos posturas extremas, buscamos soluciones pragmáticas y serias", dijo el secretario adjunto para la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley, William Brownfield, quien encabeza la delegación de Estados Unidos en el foro.

Brownfield, quien se entrevistó con el presidente guatemalteco, Otto Pérez, en el hotel donde se realiza la asamblea, valoró el debate que el tema genera en el seno de la Organización de Estados Americanos (OEA) y señaló que se buscan soluciones científicas basadas en la salud pública.

CONSUMO DE DROGAS HA AUMENTADO

De acuerdo con una declaración oficial, Estados Unidos "desea comprometerse en este aspecto para mejorar la salud, la seguridad, y el bienestar de todos los ciudadanos de las Américas". En tanto, en su intervención en la plenaria de la OEA, el secretario de Relaciones Exteriores de México, José Antonio Meade, señaló la necesidad de una acción conjunta contra el problema e hizo énfasis en los "dolorosos" costos sociales causados por el flagelo.

"Los retos globales deben enfrentarse siempre de manera conjunta. Los fenómenos de violencia relacionados con la producción, el tráfico y el consumo de drogas han dejado una huella profunda y dolorosa en nuestro continente", expuso.

"Nadie puede reclamarle a nuestra región y a México en particular que no haya hecho lo suficiente, asumiendo enormes costos sociales y económicos, agregó. Pese a ello, señaló que el consumo de drogas ha aumentado en términos absolutos y se ha mantenido en términos per cápita.

ATENCIÓN A VÍCTIMAS

Además, hizo ver que los vínculos del narcotráfico con delitos como el tráfico de personas y armas y con el lavado de dinero, han multiplicado los efectos negativos del problema mundial de las drogas.

"Es necesario articular políticas integrales que den la mejor atención a las víctimas de la violencia y mejoren la lucha contra la delincuencia y la inseguridad", agregó.

La asamblea, de un día, fue instalada en Ciudad de Guatemala con sendas intervenciones del anfitrión, el presidente Pérez, y del secretario general de la OEA, José Miguel Insulza. Insulza subrayó la capacidad del organismo hemisférico para encontrar puntos de convergencia a fin de que el continente se pronuncie al unísono para modificar la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes.

 

FUENTE: DW

En breve, existen algunos enfoques que requieren ser sopesados y puestos en entredicho.

En la Argentina, miembros del gobierno y la oposición, figuras próximas o distantes al oficialismo, emiten juicios concluyentes que merecen ser evaluados en detalle. Por un lado, las declaraciones de Berni, Rossi y Capitanich en torno al tipo de participación de la Argentina en el negocio transnacional de las drogas y las manifestaciones de Scioli, Macri, Michetti, De Narvaéz y Massa a favor de políticas de “mano dura” con un rol activo de las fuerzas armadas para frenar ese fenómeno, constituyen ejemplos emblemáticos del recurso a los lugares comunes.

Por ejemplo, es recurrente, en el país y en el exterior, invocar la existencia de fronteras y roles nítidos y categóricos en cuanto a la cuestión de las drogas. Lo más habitual es la identificación y separación de los países en términos de “productores” (cultivo y procesamiento), “de transito” (de transporte y tráfico), “consumidores” (uso y abuso) y “lavadores” (de activos).

Se asume que los tomadores de decisión no diseñan o aplican políticas deliberadamente nocivas. Sin embargo, después de tanto tiempo de implementación de las mismas políticas con los mismos resultados magros y efectos desafortunados, es obligado replantear la cuestión de las consecuencias imprevistas.

Bajo esa racionalidad, Colombia y México producen sustancias psicoactivas ilícitas; República Dominicana y Ecuador son puentes para su envío al exterior; Estados Unidos y Europa son polos de demanda; y las Islas Caimán y Singapur son epicentros de narcodinero. Este tipo de perspectiva opaca el hecho de que Estados Unidos es hoy el principal productor de marihuana en el continente y que Holanda y Bélgica son grandes fabricantes mundiales de éxtasis. Que países de diferente tamaño y localización, en y fuera de América Latina, son rutas cada vez más diversas de un comercio planetario de drogas. Que, en conjunto, las naciones de Sudamérica constituyen el tercer mercado internacional en cuanto al consumo de cocaína. Y que se lava por doquier dinero del narcotráfico, ya sea en países centrales y periféricos como en potencias establecidas y emergentes.

En consecuencia, aquel tipo de división y diferenciación es algo mítica y cándida.

Puede servir para estigmatizar a tal o cual país con el mote de “narcodemocracia” o “narcoestado”, para vilipendiar el “narcoimperialismo moral” de una o varias potencias occidentales o para alimentar disputas políticas entre oficialistas y opositores. Pero en uno u otro caso, muchas elites internas no asumen la responsabilidad que les cabe por el auge del narcotráfico y el crimen organizado aprovecha la confusión y polarización reinantes para insertarse más cómodamente en la sociedad.

Lo fundamental es entender la geopolítica global del lucrativo negocio de los narcóticos, la complejidad y flexibilidad de un emporio ilegal que se expande y consolida, y la capacidad y voluntad de los estados para contener y reducir su impacto. En ese sentido, la clave es comprender qué lugar ocupa la Argentina hoy en la dinámica mundial del fenómeno de las drogas y por qué se llegó a la actual situación.

Esto debiera conducir a la pregunta esencial al abordar este asunto; la pregunta por el cui bono : quién gana más, quién se beneficia más, quién lucra más con el avance del narcotráfico en el país.

Otro lugar común tiene que ver los efectos de la “guerra contra las drogas”. El punto de partida de sus impulsores es que toda política punitiva genera resultados no advertidos ni deseados.

Defensores de la “guerra contra las drogas” aseveran que la aplicación de ciertas medidas conlleva a imponderables, acarrea costos inesperados y produce daños colaterales. Así, se asume que los tomadores de decisión no diseñan o aplican políticas deliberadamente nocivas. Sin embargo, después de tanto tiempo de implementación de las mismas políticas con los mismos resultados magros y efectos desafortunados, es obligado replantear la cuestión de las consecuencias imprevistas.

En realidad, los que adoptan decisiones ya han incorporado en ellas el reconocimiento de derivaciones indeseables y, aún así, insisten en tomarlas. No se trata ya de un asunto de ineficacia o impericia sino de convencimiento político: no existe ninguna conspiración premeditada sino una naturalización de que los daños son inevitables y que alguien -generalmente los más débiles- los tiene que pagar. Ya hay suficiente evidencia de que la erradicación forzada de cultivos, la militarización del combate contra el narcotráfico, la multiplicación de legislación coercitiva en la materia, entre otras, han sido fallidas y onerosas.

No obstante, prevalece la decisión política -sea ésta burocrática, electoral o ideológica- de continuar y profundizar el curso de acción. Para los cruzados antinarcóticos la “guerra contra las drogas” no se puede ni debe detener.

En la Argentina han crecido las voces adictas a desplegar dicha guerra, sin estudiar los efectos que puede generar, sin contemplar las enseñanzas que deja la prevalencia de lógicas punitivas en otras naciones y sin advertir que lo prioritario es tener un diagnóstico realista de la situación del narcotráfico. La perpetuación en el país de estos y otros lugares comunes sólo conducirá al disenso sociopolítico para fijar políticas públicas razonables frente al tema y a facilitar el empoderamiento del crimen organizado.

 

(*) Director del departamento de ciencia política y estudios internacionales de la Universidad Di Tella.

 

FUENTE: Clarín