Fundamentar - Nacional

Justicia brasileña prorroga indagación contra Jair Bolsonaro

2022-06-15T10:39:39-03:00

Durante varios meses, la Comisión Parlamentaria investigó la gestión del Gobierno con la pandemia del coronavirus.

El Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil comunicó este martes que se extienden por 60 días más la investigación contra el presidente Jair Bolsonaro, por posibles noticias falsas con relación a la administración de vacunas contra la Covid-19 difundidas por el mandatario durante el contexto epidemiológico.

De acuerdo con el Poder Judicial, el juez del Tribunal Supremo de Brasil Alexandre de Moraes decidió prorrogar la causa abierta por la Comisión Parlamentaria sobre la crisis del coronavirus ante la necesidad de proseguir las investigaciones, en los términos solicitados por la Policía Federal y la Ley interna del Tribunal Supremo.

Vale recordar que el jefe de Estado brasileño cometió decenas de trasgresiones, entre ellas las noticias falsas divulgadas que relacionaban el uso de las dosis anticovid con la probabilidad de contraer enfermedades de transmisión sexual como VIH/SIDA.

“Es una acción consciente y confesada, hay más de 200 videos adjuntos a los expedientes en los que el presidente de la República, de forma metódica, ensayada, preparada, organizada, utilizando las herramientas del Estado, hizo que los brasileños se protegieran menos”, señaló el senador Alessandro Vieira.

En este sentido, la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI), asumió la investigación de caso contra el mandatario, indagando durante un período de seis meses sobre el desempeño del gobierno federal en la crisis sanitaria.

Así pues, la junta de 11 senadores verificó graves anomalías que la indujeron a enunciar nueve imputaciones contra el presidente Jair Bolsonaro, entre ellas, crimen contra la humanidad, violar las medidas de prevención sanitaria, genocidio contra los pueblos indígenas y remedios fraudulentos contra la enfermedad.

FUENTE: teleSUR

RELEVAMIENTO Y EDICIÓN: Dana Vazquez

Quién es Carlos Rosenkrantz, el Juez que Reemplazará a Ricardo Lorenzetti

2018-09-12T15:06:31-03:00

Mauricio Macri lo designó como Presidente de la Corte Suprema por decreto en una jugada polémica, pero el Senado lo aprobó. Su actividad vinculada a Clarín y su pasado alfonsinista.

Carlos Fernando Rosenkrantz será el nuevo presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación luego de la renuncia de Ricardo Lorenzetti, el magistrado que ocupó ese cargo desde el 1 de enero de 2007.

El nuevo presidente del máximo tribunal llegó a su cargo hace dos años, luego de la polémica que desató el presidente Mauricio Macri al inicio de su mandato, cuando lo designó, junto a Horacio Rosatti, "en comisión", es decir, por decreto y sin aprobación parlamentaria. Luego del rechazo que generó la decisión, el Gobierno nacional se vio obligado a dar marcha atrás y enviar sus pliegos al Senado, aunque mantuvo a sus postulantes: en junio de 2016 pasaron la prueba legislativa y en agosto siguiente juraron como ministros de la Corte.

En el Senado, tanto Rosenkrantz como Rosatti lograron un apoyo amplio de todos los espacios. Rosatti tuvo 60 votos a favor y 10 en contra, y el flamante presidente de la Corte fue respaldado por 58 senadores y rechazado por otros 12. Rosenkrantz se convirtió así en el primer ministro del máximo tribunal de origen judío: es hijo de un inmigrante judío de origen polaco y de una maestra correntina, católica y practicante, pero cuando contrajo matrimonio, lo hizo en el rito judío.

Los cuestionamientos a Rosenktrantz en el Senado se enfocaron en su actividad laboral: socio del estudio Bouzat, Rosenkrantz & Asociados, manejó importantes clientes corporativos como el Grupo Clarín, lo que despertó críticas por la eventualidad de que pudiera intervenir en alguno de los casos que afectan al multimedio. Los jueces de la Corte Suprema cobran $286.000 netos en promedio Los senadores también le reprocharon que hubiera aceptado su designación por decreto, a lo que el postulante respondió: "Ningún juez puede aspirar a integrar la Corte sin acuerdo del Senado". Y afirmó: "Mi mejor argumento sobre por qué debo ser designado es que soy claramente consciente de que Argentina no necesita superjueces ni la exaltación de la individualidad, sino reconstruir una práctica de la ley del derecho que nos permita resolver los problemas".

Cambiemos buscó así reemplazar con dos jueces de perfil moderado a Carlos Fayt y a Ricardo Lorenzetti, que protagonizaron (por distintas razones) polémicas sobre el final del segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner. El primero intentó ser removido por el kirchnerismo por su edad avanzada, pero resistió y presentó su renuncia para un día después de que terminara la gestión de la expresidenta. El segundo, que dimitió a partir de enero de 2015, fue denunciado por el descubrimiento de prostíbulos en departamentos de su propiedad y cuestionado por sus posturas abiertamente garantistas.

Nacido el 28 de octubre de 1958 en la ciudad de Buenos Aires, Carlos Rosenkrantz es abogado, se recibió en la Universidad de Buenos Aires (UBA) en 1983 y es autor de numerosos libros y artículos. Tiene un magister y un doctorado en Derecho, ambos títulos de la Universidad de Yale, y fue profesor en la New York University, en la Richmond School of Law y en la Denver University (todas en Estados Unidos). También enseñó en la Universitat Pompeu Fabra, España; y en la UBA.

Rosenkrantz: de Alfonsín a la Corte que impulsa Macri Durante la llegada de la democracia, con 25 años, integraba el grupo que lideró el filósofo Carlos Santiago Nino con otros juristas como Roberto Gargarella, Marcelo Alegre, Gabriel Bouzat, Mirna Goransky, Marcela Rodríguez, Roberto De Michele y Carlos Balbín. El grupo tuvo una fuerte influencia sobre el gobierno de Raúl Alfonsín e impulsó iniciativas legales consideradas fundacionales del ciclo democrático.

En 1991, Rosenkrantz representó a la Comunidad Homosexual Argentina (CHA) en un caso contra la Inspección General de Justicia (IGJ), que utilizó argumentos homófobos para denegar la personería jurídica a la entidad. El flamante presidente de la Corte se desempeñó desde 2008 como Rector de la Universidad de San Andrés. Al igual que Rosatti, en 1994 fue asesor de la Honorable Convención Constituyente y además ofició como asesor para el Consejo para la Consolidación para la Democracia, junto al ex presidente Alfonsín en 1984.

FUENTE: Perfil

RELEVAMIENTO Y EDICIÓN: Mariana Vera

Macri Dijo que "No Había Ningún Delito" con los Panamá Papers

2017-04-19T18:36:15-03:00

Además, el Presidente de la Nación pidió "terminar en la Argentina con la impunidad". Lo hizo en referencia al juez Sebastián Casanello.

El presidente Mauricio Macri aseguró este miércoles que "no había ningún delito" en torno a la causa de Panamá Papers, al referirse al juez federal Sebastián Casanello, quien se declaró incompetente por entender que no hay elementos de responsabilidad en la causa de supuesto lavada de dinero.

"No había ningún delito que se me indilgaba", afirmó Macri durante una conferencia de prensa que brindó desde Entre Ríos, donde además sostuvo que "la Justicia debe actuar en tiempos más rápidos", afirmó Macri.

Asimismo, hizo un llamado a "terminar en la Argentina la impunidad" y aseguró: "no queremos mas comportamientos mafiosos, como lo expresaron los argentinos que se movilizaron el primero de abril" a Plaza de Mayo.

"No queremos más gente que se crea dueña de la Argentina, acá todos tenemos que cumplir con la ley y ser respetuosos de los derechos de los demás", sostuvo.

Al ser consultado sobre dicha causa judicial, Macri respondió: "el primer día dije que no había ningún delito que se me endilgaba, que no tenía vínculos comerciales con esas sociedades, que no había sido accionista y no había recibido ingresos de esas sociedades".

FUENTE: Noticias Argentinas

Parrilli: "Estamos en una Situación de Frágil Equilibrio Institucional"

2017-03-30T16:26:20-03:00

Esta mañana por AM 1330, Diego Farana dialogó con Oscar Parrilli acerca del anuncio realizado por el gobierno sobre la desclasificación de los archivos sobre la ex Side sobre el atentado a la AMIA. Además, el ex Director de la Agencia Federal de Inteligencia se expresó sobre la actual situación de intromisión del Poder Ejecutivo en las investigaciones judiciales.

Recientemente se dio a conocer la noticia de que el Poder Ejecutivo firmaría un decreto para desclasificar documentos de la ex Side para avanzar en la investigación sobre el atentado a la Amia. Oscar Parrilli recordó que ese decreto ya había sido firmado el 12 de Marzo de 2015, cuando se encontraba al frente de la Agencia Federal de Investigación durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Además, destacó que en ese mismo instrumento se disponía la desclasificación de documentos no sólo para investigación, sino también para el público en general y, en especial, para los familiares de las víctimas. Incluso se contemplaba la posibilidad de que toda documentación que eventualmente apareciera y que pudiera ser de interés para la investigación de la causa entraría en el régimen de desclasificación. Añadió que también se ha realizado una entrega físico de todos los archivos a la Unidad Fiscal de Investigación que, en ese momento, estaba a cargo del fiscal Alberto Nisman.

"El anuncio de este gobierno es una nueva mentira, yo creo que lo hacen con la intención de poner un paño frío con la comunidad judía por las horrendas declaraciones que hizo el Ministro de Educación, Esteban Bullrich", expresó Parrilli. En su última visita oficial a los Países Bajos, Bullrich calificó a Hitler como un dirigente político que no había logrado la unidad, el consenso en la sociedad alemana. Estas afirmaciones no fueron bien recibidas por la comunidad judía.

En el día de hoy, se conoció también que los documentos desclasificados van a pasar al Poder Ejecutivo. "Hay un trasfondo político grave y serio y una intromisión del Poder Ejecutivo en la investigación judicial del atentado a la Amia y del encubrimiento de la causa que ya en 2004 se declaró ilegal", afirmó Parrilli sobre la renuncia de Mariana Stilman. Esta abogada había sido designada por el Ministerio de Justicia del actual Gobierno y denunció cambios para que la querella deje de tener un rol activo en el juicio sobre el encubrimiento. Entre los acusados están Menem, Beraja y Palacios, hombre de confianza de Macri. "Hay una intromisión directa y una puja que obstaculiza el fallo y la sentencia que se tiene que conocer", observó Parrilli.

Además, el ex Director de la AFI expresó sobre el gobierno de Macri que "ellos se creen que son la justicia y eso es gravísimo. Nos acusan a nosotros y son ellos los que piden juicio político a los jueces que no fallan como ellos quieren, que inventan causas y que amenazan a los jueces con llevarlos al Consejo de la Magistratura". Según su análisis, las medidas que se están implementando están arremetiendo contra todos los derechos y garantías constitucionales.

"Estamos en una situación de delicado equilibrio institucional", reflexionó Parrilli. Destacó que mediante la intromisión del Poder Ejecutivo en la órbita del Poder Judicial se están dejando entrever las verdaderas intenciones de este gobierno, es decir, de ejercer subordinación, una suerte de control social.

Miles de Rosarinos y una Marcha sin Precedentes por más Seguridad

2016-08-26T12:21:27-03:00

Una multitud marchó desde los Tribunales provinciales hasta Gobernación para pedir por mayor seguridad y justicia

Pasadas las siete de la tarde ya había un mundo de gente. Como era de esperarse, la marcha por la seguridad de este jueves no fue una más y varios de los presentes en el lugar coincidieron en que se trató de la manifestación más grande de los últimos tiempos. La reciente serie de hechos delictivos hartó a los vecinos que se organizaron por redes sociales y se encontraron frente a Tribunales Provinciales para marchar con un claro mensaje: "Ni un ciudadano menos".

En la pacífica protesta estuvieron todos. Desde familiares de víctimas de Salta 2141 pasando por allegados a Nahuel Ciarroca (asesinado cuando le robaron el celular), Fabricio Zulatto (arrojado a un pozo ciego en Génova al 2100) y Rubén Figueroa (perdió la vida al defender su comercio en Montevideo y Castellanos), entre tantos otros.

También se sumaron los taxistas, que en 3 de febrero y Moreno colocaron una docena de vehículos delante de los manifestantes. Entonces los coches marcaron el camino hasta Gobernación.

El nutrido grupo se hizo sentir con pancartas, velas y antorchas. Las imágenes de aquellos que perdieron la vida en las calles de Rosario coparon la escena y la Plaza del Foro, ubicada frente a Tribunales, se llenó por completo para empezar a desagotarse lentamente, a medida que los presentes se desplegaron por Pellegrini. Como estaba estipulado, las columnas de manifestantes llegaron desde distintos puntos de la ciudad y una vez organizados iniciaron la peregrinación hasta la sede local de Gobernación.

La movida también se sintió en redes sociales, donde los manifestantes utilizaron el hashtag #RosarioSangra para mostrar imágenes y convocar a otros ciudadanos.

Frente a Tribunales, momentos artes de iniciar la marcha por Pellegrini hacia Moreno, habló Marcela Nissoria, viuda de Hugo Montefusco, uno de los fallecidos en Salta 2141. "Estamos gobernados por ciegos, sordos y mudos. Que esto sea el comienzo para que en Rosario no muera nadie más por la inseguridad", reclamó. También recalcó que por tratarse de una protesta pacífica no se permite el uso de pirotecnia y denunció la presencia de "infiltrados" frente a Gobernación, donde se oyó el estruendo de algunas bombas.

FUENTE: Rosario Plus

RELEVO Y EDICIÓN: Martina Mántaras

Michelle Bachelet dice Basta al Silencio de Casos de DDHH

2015-07-27T18:21:36-03:00

La presidenta chilena, Michelle Bachelet, pidió el lunes a civiles y militares que entreguen a la justicia la información que posean en casos de violación a los derechos humanos bajo la dictadura, como lo hizo un ex recluta que rompió un supuesto pacto de silencio.

Durante un evento en el palacio presidencial, la mandataria socialista dijo que antes de que sea tarde es necesario que la sociedad chilena conozca toda la verdad de las violaciones durante la dictadura de Augusto Pinochet entre 1973 y 1990.

"Es necesario que quienes tuvieran información sobre violaciones a los derechos humanos, civiles o militares, la entregaran antes de que fuera demasiado tarde. Hoy quiero reiterar ese llamado a quienes tengan información, porque basta de silencio", dijo Bachelet.

La semana pasada, la justicia chilena detuvo a siete militares retirados por su posible participación en un caso en que dos jóvenes fueron quemados vivos en una jornada de protesta contra la dictadura en 1986.

"Hay personas que saben la verdad de muchos casos que aún permanecen sin resolver. Chile les pide que sigan el ejemplo del conscripto Fernando Guzmán para que ayuden a reparar tanto dolor", agregó.

La detención y posterior interrogación de antiguos oficiales y suboficiales del Ejército se produjo luego de un cambio en el testimonio del ex recluta Fernando Guzmán, quien reveló un acuerdo entre funcionarios de la institución para encubrir el caso.

Bachelet, quien fue torturada bajo el régimen militar, dijo que la declaración de Guzmán ayuda a cicatrizar las heridas del pasado.

"Es sano para Chile que avancemos no sólo en conocer lo que ocurrió, sino que avancemos también en justicia y por supuesto en reparación a las víctimas y familiares", dijo Bachelet.

Durante el régimen de Pinochet más de 3.000 personas murieron o desaparecieron a manos de agentes de la dictadura, mientras otras 28.000 personas sufrieron torturas.

RELEVAMIENTO Y EDICION: Maria Belen Serra

FUENTE: Reuters

La Justicia ordenó avanzar en la investigación a las petroleras que operan ilegalmente en Malvinas

2015-04-28T20:24:21-03:00

La jueza federal subogrante de Río Grande Mariel Borruto ordenó llevar a delante medidas de prueba para "corroborar las hipótesis delictivas" en la causa que investiga a empresas transnacionales por la exploración y extracción ilegal de hidrocarburos en la cuenca de las Islas Malvinas.

De esta forma, Borruto dio curso a la presentación de los fiscales Marcelo Rapoport, Adrián García Lois y Carlos Gonella, que el 20 de abril formalizaron la denuncia contra las empresas Falkand Oil and Gas Limited (FOGL), Edison International SPA, Noble Energy Inc. y su filial Noble Energy Falkland Limited, Premier Oil plc y Rockhopper Exploration plc.

Según se informó a través del portal Fiscales, las medidas de prueba sugeridas por los Rapoport, García Lois y Gonella apuntan a establecer la evolución y composición del patrimonio de las empresas transnacionales involucradas y a la identificación de sus directores.

La denuncia es por la presunta comisión de "actividades ilícitas de exploración, búsqueda y eventual extracción de hidrocarburos en proximidades a las Islas Malvinas", y otros delitos que se desprenden de esas acciones, como la contaminación ambiental y el contrabando.

En ese marco, Borruto solicitó informes a diferentes organismos del Estado que le habían sido propuestos la semana pasada por el fiscal federal local, el fiscal de distrito y el titular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac).

De esa forma, la magistrada libró oficios a la Aduana, la Administración Federal de Ingresos Públicos, la Comisión Nacional de Valores, la Jefatura de Gabinete de Ministros, la Prefectura Naval y la Inspección General de Justicia.

El objetivo es conocer detalles sobre las empresas involucradas, su evolución patrimonial, si operan en el mercado bursátil, como asimismo a identificar a las personas físicas que las integran.

Al impulsar la acción penal, los fiscales remarcaron que deben investigarse violaciones a los tipos penales previstos en el artículo 7 de la ley 26.659, de exploración y explotación de hidrocarburos de la Plataforma Continental Argentina, que prevé hasta 15 años de prisión y el doble del tiempo de la condena para ejercer el comercio.

Además prevé el decomiso de los bienes vinculados -cuestión impulsada por los fiscales en carácter de medida cautelar- a quien incurra en la exploración y extracción de hidrocarburos sin autorización en esa zona.

Y recordaron que la ley establece que "la pena de prisión se aplicará a los directores, gerentes, síndicos, miembros del consejo de vigilancia, administradores, mandatarios, representantes o autorizados que hubiesen intervenido en el hecho punible".

La investigación también alcanza a otras sociedades que, directa o indirectamente, "habrían efectuado y/o estarían efectuando aportes de diversa índole a la maniobra delictiva", como Pretoleum Geo-Services (PGS), la cual mediante los buques de sus propiedad “PGS M/V Ramford Sterling”, “PGS Ramform Titan” y “Falcon Explorer”, habría realizado tareas de relevamiento y análisis de datos estratégicos para la evaluación de la sustentabilidad de los yacimientos.

Por su parte Desire Petroleum p.l.c. habría suministrado datos sísmicos de utilidad y cuyo capital habría sido adquirido en 2013 por FOGL; Neptune EHF, propietaria del buque oceanográfico “MV Poseidon”, el cual habría sido utilizado por FOGL para llevar adelante estudios geoquímicos y de líneas de base ambientales; y Ocean Rig, dueña de la plataforma semisumergible “Eirik Raude”, con la cual se estarían realizando tareas de perforación en el lecho submarino.

FUENTE: Télam

Cómo es el Proyecto de Código Procesal Penal que Irá al Congreso

2014-10-08T12:46:31-03:00

El texto apunta a lograr procesos penales más veloces, justos y transparentes. Prevé que las investigaciones y los juicios sean orales, ágiles e inmediatos. Y adopta un modelo de justicia acusatorio: el fiscal investigue, el defensor defienda y el juez resuelva. El código actual es criticado porque los jueces cumplen la doble función de investigar y resolver.

El proyecto de Código Procesal Penal que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció que enviará al Congreso apunta a lograr procesos penales más veloces, justos y transparentes. El texto prevé que las investigaciones y los juicios sean orales, ágiles e inmediatos, y adopta un modelo de justicia adversarial o acusatorio, en el que el fiscal investigue, el defensor defienda y el juez resuelva. El código actual acumula críticas desde hace años porque el proceso es lento y los jueces cumplen la doble función de investigar y resolver.

En gran parte de América Latina y en la mayoría de las provincias argentinas, el fiscal es el encargado de investigar, y el juez el que debe tutelar que se respeten las garantías constitucionales y de defensa. Ese modelo –acusatorio– es más moderno que el actual y permite que el Ministerio Público Fiscal responda en forma eficaz a los conflictos sociales, a través de estrategias y políticas para la persecución de la criminalidad. El nuevo Código se rige con esa lógica.

Las víctimas y los imputados tendrán más capacidad para participar en el proceso

La regulación actual es incapaz de administrar los casos que hoy llegan al Poder Judicial, e impide que se puedan fijar políticas claras en la persecución de los delitos que investiga. El texto vigente fue implementado en 1991, y aunque incorporó el juicio oral, mantuvo el trámite escrito e inquisitivo en la etapa de instrucción. Hoy, los jueces investigan y controlan la legalidad de su propio trabajo.

El Código Procesal Penal vigente mantiene formalismos heredados de la colonia, y no es funcional para realizar investigaciones complejas. El proceso estipulado allí es lento y deficiente. Se lo califica como “ritualista”, porque es escrito y tiene requisitos y formalismos que ya cayeron en desuso. Tampoco prevé formas alternativas de resolución de conflictos, como la mediación penal, que es más ágil y apunta a reparar el daño producido por los delitos.

El texto elaborado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación recoge y actualiza lo mejor de las iniciativas del anteproyecto de Código Procesal Modelo para Iberoamérica elaborado por el jurista Julio Maier, el anteproyecto de Alberto Binder (INECIP) y retoma aspectos de los textos elaborados por el Ministerio en 2007 y en el Congreso de la Nación durante 2010 (a iniciativa del diputado Oscar Albrieu). Además, la reforma integral del sistema de administración de justicia penal se complementará con la modificación de las leyes de organización del Poder Judicial y del Ministerio Público.

Más de doscientos jueces de la Cámara Federal de Casación Penal, la Cámara del Crimen, de tribunales y juzgados de la justicia federal y nacional plantearon la necesidad de una reforma de esta legislación. La discusión está saldada los espacios académicos, en los que hubo debates contundentes sobre las bondades de un sistema acusatorio. Las falencias del sistema actual fueron señaladas también en la jurisprudencia argentina, incluso por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que indicó en sus precedentes la necesidad de adecuar la legislación procesal a las pautas constitucionales.

CELERIDAD, ORALIDAD, PUBLICIDAD

El texto que la presidenta enviará al Congreso incorpora los principios de celeridad, oralidad, publicidad y “desformalización” de las decisiones. Sus reglas cumplen con el núcleo de garantías procesales de la Constitución Nacional. Prevé que ningún proceso podrá durar más de tres años, y agiliza la revisión de las decisiones. Reconoce la tutela judicial de la víctima e incorpora la participación de la ciudadanía en el proceso de administración de justicia a través de jurados –que tendrán que ser regulados mediante una ley especial–.

El proyecto introduce el principio de oportunidad procesal, que habilita al Ministerio Público a desistir de la acción pública por insignificancia u otras causales. Eso permitirá que los fiscales puedan aplicar una política criminal estratégica, dando preponderancia a la persecución de delitos más graves y para poder trabajar sobre la complejidad del crimen organizado. También prevé la posibilidad de convertir la acción pública en privada para determinados delitos, y regula la conciliación como una forma alternativa de resolución.

Los jueces dejarán de investigar y pasarán a transformarse en jueces de garantías. Serán quienes deban autorizar o denegar determinados requerimientos de parte del fiscal, que tendrá a cargo la instrucción de la causa y la persecución penal integral. El juez velará por que ningún aspecto de la investigación pueda vulnerar las garantías del debido proceso.

El Ministerio Público de la Defensa también tendrá mayores facultades para intervenir en el proceso, generar investigaciones propias y establecer mecanismos de organización útiles para el servicio de defensa pública oficial. Las asociaciones y fundaciones podrán ser querellantes en las investigaciones de delitos de lesa humanidad o en causas por violaciones graves a los derechos humanos. Además, se garantizará que las costumbres de los pueblos originarios sean tenidas en cuenta cuando los hechos involucren a sus miembros.

Las víctimas y los imputados tendrán más capacidad para participar en el proceso. Sin necesidad de ser querellantes, las víctimas tendrán herramientas para intervenir en caso de que se sobresea al imputado. Serán informados de las decisiones que los afecten y habrá un mecanismo específico para revisarlas.

Los riesgos procesales como el de entorpecer la investigación y el peligro de fuga de los imputados estarán regulados con pautas objetivas, y serán tratados en audiencias orales. En caso de que se dicte la prisión preventiva, existirán plazos de revisión de la medida cautelar. Se establecerá un catálogo de medidas distintas al encarcelamiento para poder garantizar que el imputado esté “a derecho”, y se creará una oficina dedicada al control de estas medidas.

La investigación no podrá durar más de un año, y el trámite de los legajos tendrá menos formalidades. Al terminar la investigación, habrá una audiencia para evaluar la prueba y decidir cuándo y cómo será el juicio oral. Se modernizarán las reglas del juicio, y se prevé la filmación del juicio para contar con un registro audiovisual. Sólo en los procesos complejos, especificados en el Código, se podrá duplicar los plazos procesales.

Los recursos que se interpongan a lo largo del proceso se resolverán en audiencias específicas, para garantizar la agilidad del procedimiento de impugnaciones y a la vez la revisión amplia de las resoluciones de los jueces. Los planteos realizados durante la ejecución de la pena también serán tratados en audiencias, y se permitirá que la víctima intervenga antes de que el condenado egrese del sistema penitenciario.

FUENTE: Infojus Noticias

La Justicia Alemana Falló a Favor de la Argentina en un Planteo de Bonistas

2013-07-11T21:04:15-03:00

La justicia alemana rechazó el primer planteo de tenedores de bonos argentinos en default basado en una interpretación similar a la cláusula `pari passu` que hicieran fondos buitre en Nueva York y que obtuviera respuesta positiva de parte del juez Thomas Griesa.

El pronunciamiento de la justicia germana se da cuando aún resta el pronunciamiento de la Corte de Apelaciones de Nueva York en la causa que lleva adelante Argentina contra fondos buitre.

A lo que se suma que el Gobierno nacional también interpuso ante la Corte Suprema de EEUU una presentación contraria al fallo del juez Griesa.

En este caso se trata de un tenedor alemán minorista que posee una sentencia firme por aproximadamente 1,5 millones de euros más intereses, informaron fuentes cercanas a la causa.

El tenedor, identificado bajo el nombre de Laxhuber, inició el primer reclamo pari passu ante la 7° División Civil de la Corte Regional de Frankfurt am Main a cargo de la jueza Brücher.

En la presentación solicitó una medida cautelar similar a la solicitada por los buitres en Nueva York, básicamente que se le ordene a la República que imparta una instrucción al BONY para que pague sus bonos a la par que realiza los pagos de la deuda reestructurada.

El 14 de junio pasado se produjo una audiencia en la que la jueza dio a entender que estaba inclinada a rechazar el reclamo bajo la teoría de la cosa juzgada.

Por esto el tenedor modificó su pretensión para incluir, además del reclamo contractual, una solicitud bajo responsabilidad extracontractual, basado en la responsabilidad de Argentina al sancionar la ley cerrojo, y al no pagar sus bonos, por lo que dichos daños debían también ser pagados pari passu con la deuda reestructurada.

Respecto a esta última presentación, la jusiticia alemana rechazó el reclamo contractual por encontrar que existe "cosa juzgada".

El juez razonó que Laxhuber ya había alcanzado el objetivo propuesto de obtener un título válido y ejecutable cuando obtuvo sentencia final contra la República por el capital e intereses.

En consecuencia, no puede ahora, en base a la cláusula pari passu, pretender obtener un nuevo título que le permita cobrar prorrata cuando ya tiene un título (la sentencia original) que es mejor (ya que la sentencia ordena el pago del 100%, en lugar de prorrata).

El juez añadió que las formas para hacer efectiva una sentencia son aquellas previstas en el Código de Procedimiento Civil, y no a través de un nuevo procedimiento principal para obtener una nueva sentencia, incluso en los casos en los que hay una sentencia firme y el deudor se rehúsa a pagar.

Aun en el caso que se pueda interpretar que la cláusula pari passu significa tratamiento igualitario, el único remedio en caso de incumplimiento sería aceleración y reclamo por daños.

Además, la justicia rechazó el reclamo extracontractual de Laxhuber.

En este punto, el juez determinó que Laxhuber debería haber introducido el reclamo por daño extracontractual en la causa principal que culminó en el dictado de la sentencia contra la República por el cobro de bonos.

En consecuencia, rechazó el reclamo extracontractual también bajo la forma de "cosa juzgada".

El juez de todos modos aclaró que, de pronunciarse sobre el fondo, también hubiera rechazado el reclamo ya que, si se considerara que la Ley Cerrojo es un acto que hace nacer responsabilidad extracontractual (tortious act), gozaría de inmunidad soberana por tratarse de un acto jure imperii.

FUENTE:Télam

Cristina Pidió Democratizar la Justicia

2012-12-13T09:05:07-03:00

La Presidenta afirmó que existe "un divorcio cada vez más evidente entre la sociedad y la Justicia" y pidió una "democratización" del Poder Judicial, al opinar sobre la sentencia absolutoria de los acusados por la desaparición de Marita Verón en Tucumán.

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"Vamos a tener que poner en marcha, todos deberán entenderlo, una democratización del poder judicial, porque es el que decide, el último eslabón en la decisión, porque por ejemplo mis decretos son revisables por el Poder Judicial", señaló la Presidenta.

Además, dijo que los políticos con sus "virtudes y miserias" son "elegidos por la voluntad popular y los cargos se renuevan permanentemente", en cambio en la Justicia "no es lo mismo y hay una defensa corporativa".

En alusión al fallo de ayer del tribunal tucumano que juzgó la causa por trata de personas, Cristina consideró: "No tengo pruebas pero no tengo dudas que cuando hay dinero de por medio puede estar el mundo de por medio que no les importa nada".

Desde la localidad bonaerense de Garín, en donde encabezó la inauguración de un laboratorio para la producción de medicamentos, la Presidenta dijo que "la ciudadanía tiene que saber de quién es la responsabilidad, porque si no, demandamos en genérico y totalidad, que es la mejor manera de que los que se tienen que hacer cargo no lo hagan".

Cristina recordó que cuando fue parte de la asamblea constituyente de 1994, ella cuestionó la creación del Consejo de la Magistratura porque "podía generar una defensa corporativa".

"Los que resuelven en ese poder (el Judicial), son eternos y se protegen entre ellos, y deciden sobre la vida, la libertad y el patrimonio de todos nosotros", añadió.

"Algo que pasó anoche, muy feo. Escuché declaraciones de los acusados que prefiero ni recordarlas, y más tarde uno de mis secretarios me contó lo del fallo. Yo no lo podía creer, lo primero que hice fue pedir que me comunicaran con Susana (Trimarco) y la llamé para consolarla", relató Cristina.

En ese sentido, dijo que imaginó "encontrarla destrozada después de diez años de lucha", pero en cambio la escuchó "más entera que nunca y más decidida a seguir luchando".

"Es lo que pasa con las madres, abandonan el reclamo individual para transformarlo en colectivo, y buscar y salvar a todas las hijas de todas las madres que pueden haber sido capturadas. Le dije, Susana podés contar siempre conmigo y desde acá te vamos a seguir ayudando'", agregó.

Antes de ayer por la tarde, los jueces del tribunal de San Miguel de Tucumán Alberto Piedrabuena, Emilio Herrera Molina y Eduardo Romero Lascano absolvieron a los 13 acusados del secuestro y desaparición en 2002 de la joven Marita Verón, víctima de una red de trata de personas.

RELEVAMIENTO Y EDICIÓN: Pedro Arrospidegaray

FUENTE: Télam

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