Tras el fuerte operativo montado a la madrugada en las inmediaciones de la planta de PepsiCo, en Florida, policías de la provincia de Buenos Aires avanzaron sobre los trabajadores y manifestantes que se encontraban frente a la fábrica para hacer efectivo el desalojo. Los trabajadores, que mantenían una vigilia desde el 20 de junio cuando la empresa comunicó el cierre de dicha fábrica y decidieron ocupar la planta en defensa de los 600 puestos de trabajo, se atrincheraron en la terraza del edificio para resistir el desalojo. La policía avanzó de manera violenta, con palos y gas pimienta. Pasadas las ocho de la mañana lograron forzar el portón de entrada.

El desalojo y la represión parecían anunciados. La jueza Andrea Rodríguez Mentasty autorizó el operativo que se hizo efectivo esta mañana. “Nosotros lo único que queremos es trabajar. No queremos que nos peguen. Hay compañeras heridas a quienes les pegaron. Somos mujeres y estamos pidiendo por nuestro trabajo", pidió una trabajadora que estaba en puerta y fue repremida junto a un grupo de mujeres. "La empresa nos maltrató y el Gobierno la está avalando. Le ruego a la gobernadora Vidal, como mujer y madre, somos un montón de mujeres trabajando acá, hay madres solas con hijos. La empresa nos pagaba la guarderia estamos desesperados. Queremos volver a trabajar”, contó la trabajadora. Dentro del edificio continuaban atrincherados en la terraza un grupo de veinte trabajadores.

Pasadas las ocho de la mañana, los efectivos apostados en las inmediaciones comenzaron a avanzar sobre una de las calles linderas a la planta, reprimiendo a los trabajadores que estaban en la entrada con palos y gas pimienta. “Llegaron y avanzaron sin mediar palabras. Nos empezaron a golpear y tirar gas pimienta”, relató el diputado del Frente de Izquierda Nicolás del Caño que acompañaba a los trabajadores. “Intentamos hablar con la jueza pero no nos respondió. Los trabajadores le enviaron una carta a la gobernadora y les respondió con palos y represión. Los trabajadores quieren defender sus puestos de trabajo”, insistió Del Caño.

Los efectivos lograron llegar hasta la terraza, donde estaban atrincherados los veinte trabajadores que resistían el desalojo, y según contaron los trabajadores que se comunicaron desde el interior del edificio fueron reprimidos con gas pimienta. Dos trabajadores se subieron a la cornisa para impedir el avance de la policía. Según información preliminar, el operativo represivo dejó un saldo de diez detenidos y varios heridos. 

“Quién es el jefe del operativo, quién está a cargo”, a los gritos la abogada de los trabajadores intentaba conseguir alguna respuesta por parte de los efectivos que mantenían el cordón policial y le impedían el ingreso. “Sabemos que hay detenidos y compañeros gravemente heridos y no nos dicen donde los tienen. No nos informan nada. Denunciamos que en este momento hay cinco personas que están desaparecidas. No sabemos ni quién es el jefe del operativo. Que la jueza Mentasty, que debe estar desayunando en su casa, se haga cargo”, denunció la abogada.

“No sabemos qué es lo que está pasando adentro. Hay un operativo policial que no permite que nuestros representados puedan hablar con sus abogados. Nosotros nos presentamos con nombre y apellido y acá nadie se hace cargo. Es un escándalo, está reprimiendo a trabajadores que está defendiendo sus puestos de trabajo”, contó otro de los abogados.

 

FUENTE: Página12

RELEVAMIENTO Y EDICION: Agustín Aloni

Fueron brutalmente reprimidos por la Policía de la Ciudad, que los dispersó con gases lacrimógenos, carros hidrantes y balas de goma. Además, agentes de civil persiguieron a manifestantes y los redujeron a golpes y bastonazos. Ocho personas fueron detenidas, entre ellas dos menores de edad de 14 y 17 años y hubo varios heridos de balas de goma: uno de ellos fue internado en el Hospital Argerich por una lesión en la cara y otros tres fueron atendidos en el Finocchietto. 

Cientos de efectivos de infantería, motos, camionetas y camiones hidrantes formaron parte del megaoperativo montado por la tarde para reprimir la protesta de los cooperativistas que se desarrollaba desde el mediodía en Belgrano y 9 de Julio. Tras dispersar el corte y liberar los carriles de la avenida 9 de Julio y del Metrobús, la policía continuó persiguiendo a los manifestantes por las calles aledañas. 

“Estuvimos más de 4 horas movilizados por nuestros reclamos. Tuvimos una primera reunión con las autoridades del Ministerio de Trabajo y de Desarrollo Social de la Nación. Nos dijeron que no a cada uno de nuestros reclamos. Decidimos en asamblea con los compañeros y compañeras acampar. En ese momento nos volvieron a llamar. Ingresamos, cuando nos estábamos sentando la policía avanzó y empezó a reprimir. Había más de 40 móviles, carros hidrantes, tiraban sobre los compañeros balas de goma. Salieron a cazar compañeros”, relató Eduardo Montes, de la cooperativa Gráfica Patricios. 

Carolina Arribi, de la Tupac Amaru, agregó que “los dirigentes habían hablado con los compañeros para que liberaran el Metrobus y se apagaran las gomas. Mientras estábamos en ese proceso, con un grupo de compañeros que había ingresado nuevamente al ministerio, la policía avanzó y comenzó a reprimir”. 

Los manifestantes, miembros del Frente por el Trabajo y la Dignidad Milagro Sala, reclamaban, además de la puesta en marcha de un plan de infraestructura que vuelva a emplear a los 40 mil cooperativistas bonaerenses, la declaración de la emergencia alimentaria en todo el país y la emergencia tarifaria en fábricas recuperadas, comedores y clubes de barrio y que no se den de baja las pensiones por discapacidad. 

“Desde la llegada de Mauricio Macri al gobierno, se inició un ciclo de devastación de la capacidad productiva e industrial de la Argentina, que causó la destrucción de cientos de miles de puestos de trabajo, un clima de permanente agresión a las trabajadoras y trabajadores, el deterioro del salario y los ingresos populares. Desmantelaron las políticas públicas de empleo y desfinanciaron el desarrollo de programas destinados a fortalecer el modelo de trabajo cooperativo. Destruyen derechos y agreden a los más débiles. Avanzan contra las personas con capacidades diferentes, contra nuestras abuelas y abuelos, contra nuestras pibas y nuestros pibes más humildes. La guita no alcanza, el hambre crece y la miseria que genera el Gobierno de Mauricio Macri no se puede esconder más”, advirtió Alejandro Garfagnini, de la Tupac Amaru. 

El reclamo por la puesta en marcha de un plan de infraestructura para cooperativas tiene razón en datos de la realidad. “Los planes de viviendas populares fueron desmantelados y con ello hubo un proceso de descooperativazación en las organizaciones”, definió el dirigente. Y los beneficiarios de esos planes “ahora pasaron a ser subsidiarios, porque se les quitó la posibilidad de tener formación y capacitación laboral”, añadió.

Fuentes del ministerio de Desarrollo Social dieron esta respuesta a la agencia DyN: “Fue una protesta netamente política y hubo reclamos genéricos sobre la situación de vulnerabilidad. Todos los movimientos eran kirchneristas. En varios de esos frentes había ex funcionarios kirchneristas”. Poco después, en el portal de Clarín había una nota con los nombres y las fotos de esos ex funcionarios. 

Los seis mayores detenidos fueron acusados de intimidación pública y resistencia a la autoridad. La causa quedó a cargo del juez federal Sergio Torres y la fiscal Alejandra Magnano. Los dos menores fueron demorados en el instituto Inchausti. La presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, fue por la noche a la comisaría 30 para pedir la liberación de los detenidos.  

El defensor del pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, Alejandro Amor, que estaba en el lugar, ratificó que la represión comenzó mientras unos 18 integrantes de organizaciones sociales se encontraban en el Ministerio de Desarrollo Social para hablar con funcionarios sobre el reclamo de los  cooperativistas. Dirigentes políticos y sociales repudiaron los hechos. “Al reclamo del hambre, la policía de Macri responde con golpes, palos y balas de goma”, dijo Hugo Yasky, líder de la CTA y candidato de Unión Ciudadana. “Hablan del diálogo, pero son el gobierno del ajuste y la represión”, señaló la diputada Nilda Garré.

 

FUENTE: Página12

RELEVAMIENTO Y EDICION: Agustín Aloni

Según un relevamiento dispuesto por el Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop), seccional Rosario, este martes hay actividad en 25 sobre 110 establecimientos privados, de los cuales cinco compensaron con reemplazantes y seis con actividad parcial. Es decir que la adhesión fue del 80 por ciento.

Desde Amsafé Rosario afirmaron a Rosarioplus.com que la adhesión es superior al 95 por ciento, ya que no tienen “datos de escuelas que estén dictando clases”. Por su parte en las universidades tampoco hubo actividad educativa porque la Coad y Conadu se plegaron a la medida que comenzará en Plaza 25 de mayo y terminará en la Plaza San Martín.

La medida de fuerza se realiza en repudio a la represión de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires contra los manifestantes de Ctera que intentaban establecer una escuela itinerante como medida de protesta frente al Congreso de la Nación. "No vamos a permitir que se toque a un maestro, es un límite ético", señaló Sonia Alesso, secretaria general de Ctera y también del sindicato local Amsafe.

 

FUENTE: Rosario Plus

RELEVAMIENTO Y EDICIÓN: Martina Mántaras

Luego de otra jornada de enfrentamientos entre la policía y manifestantes, el gobernador de Missouri, Jay Nixon, ordenó ayer el despliegue de la Guardia Nacional para restablecer el orden en Ferguson. La violencia se ha tomado las calles desde que el 9 de agosto pasado un policía blanco mató a tiros a Michael Brown, un joven negro de 18 años que estaba desarmado, lo que ha puesto de manifiesto la discriminación racial latente en esa ciudad de 21 mil habitantes.

El Presidente Barack Obama llamó ayer a la mesura en Ferguson e insistió que el uso de la Guardia Nacional debería ser “limitado”.

 

Según datos de la autopsia privada divulgados ayer por el diario The New York Times, Brown recibió al menos seis balazos, dos ellos en la cabeza. Una bala ingresó por la parte superior del cráneo, lo que da a entender que el joven estaba inclinado cuando esta ingresó. Todas las balas fueron disparadas de frente, agregó el informe del ex médico forense de la ciudad de Nueva York Michael Baden.

“En momentos en que conmemoramos este aniversario, nos volvemos a comprometer en la larga lucha para erradicar la intolerancia y el racismo en todas sus formas”, dijo en un discurso Obama.

 

Las versiones de la policía y de varios testigos difieren radicalmente. Según la policía, Brown murió tras reaccionar de forma agresiva y resistirse a su arresto. Pero Dorian Johnson, quien acompañaba al joven cuando fue baleado, aseguró que este fue abatido por el agente policial cuando su amigo tenía las manos en alto.

 

Lo ocurrido con Brown ha recordado otros casos similares en Estados Unidos y ocurre poco más de dos meses después de que el Presidente Obama conmemorara los 60 años del fin de la segregación racial, en el país. “En momentos en que conmemoramos este aniversario, nos volvemos a comprometer en la larga lucha para erradicar la intolerancia y el racismo en todas sus formas”, dijo en un discurso de mayo pasado. Sin embargo, pese a que Obama se identificó el año pasado con el joven negro Trayvon Martin, asesinado en Florida, muchas localidades luchan para superar las diferencias socioeconómicas entre negros y blancos.

 

Eso es lo que ocurre en Ferguson, ya que según los datos de la Oficina del Censo, la demografía de la localidad ha ido variando rápidamente. Por ejemplo, en 1990, el 74% de la población era blanca y el 25% era negra. Diez años después, los blancos eran 45% de los habitantes y los negros representaban al 52%. Y en 2010, la situación se había invertido, porque los negros eran el 67% y los blancos el 29%.

De acuerdo con un artículo del diario The New York Times, casi un cuarto de los ingresos de Ferguson provienen de las cortes de justicia. “La dependencia de los municipios (del condado de St. Louis, al que pertenece Ferguson) del ingreso generado por las multas de tránsito agrega presión para impartir muchas”, sostuvo una columna del diario. Esto ha llevado a que el control policial de los autos manejados por negros, así como los arrestos y las citaciones que afectan a los negros, exceden su proporción demográfica. Por ejemplo, cifras de la fiscalía de Missouri, señalan que en 2013 en Ferguson, el 86% de los controles de tránsito, el 93% de los arrestos, el 92% de las inspecciones fueron dirigidas hacia gente negra.

“La violencia es el efecto, no la causa de la concentración de la pobreza de gente que no encuentra una salida para encauzar su rabia de tener que vivir una existencia que es paralela al sueño americano”, escribió la columnista Brittney Cooper en el sitio web Salon..

 

A eso hay que sumar que los negros se concentran principalmente en los suburbios de la ciudad por lo que, argumenta el diario, se ha alejado de los círculos de poder. Así pese a ser una mayoría, el alcalde es blanco, en el consejo escolar de seis miembros son blancos y solo hay un latino. Solo el 6% de los agentes de policía son negros.

 

En materia laboral la ciudad también enfrenta problemas. Según un artículo elaborado por el centro de estudios The Brookings Institution, la tasa de desempleo pasó de menos de 5% en 2000 a más de 13% entre 2010-2012. Aquellos que tenían trabajo, los ingresos cayeron un tercio en ese último período, y el número de hogares que usó la ayuda social para arriendos del gobierno federal subió de 300 en 2.000 a más de 800 a fines de esa década.

 

Así, la pobreza se duplicó en Ferguson entre 2000 y 2010-2012. “La violencia es el efecto, no la causa de la concentración de la pobreza de gente que no encuentra una salida para encauzar su rabia de tener que vivir una existencia que es paralela al sueño americano”, escribió la columnista Brittney Cooper en el sitio web Salon.

 

FUENTE: La Tercera

En la segunda jornada de paro de los sindicalistas del metro de San Pablo, la ciudad amaneció hoy con una violenta represión por parte del gobierno de Dilma Rousseff, quien a tan sólo seis días del inicio del Mundial señaló que hay "un malhumor inexplicable" con Brasil.

El accionar de la Policía comenzó minutos después de las 7 de la mañana en la estación Ana Rosa, cuando en una de las bocas del subterráneo de esa ciudad, comenzaron a provocarse disturbios. "Llegamos a las 3:30 de la mañana y fuimos sorprendidos por la Fuerza de Choque en un lugar cerrado", señaló José Carlos dos Santos, delegado del metro. También se registraron incidentes en la estación de Itaquera.

Ayer, la huelga -dispuesta por tiempo indeterminado- provocó un total caos de tránsito en toda la ciudad. Se calcula que fueron 209 kilómetros de demora lo que causó un malestar en toda la población.

La paralización parcial de cuatro de las cinco líneas del metro de San Pablo por una huelga por tiempo indefinido a una semana del inicio del Mundial de fútbol provocó grandes embotellamientos hoy en la mayor ciudad brasileña e incidentes en una de las estaciones del sistema subterráneo.

Dilma Rousseff a tan sólo seis días del inicio del Mundial señaló que hay "un malhumor inexplicable" con Brasil.

Ayer, las escenas de descontrol se repitieron cuando un grupo de usuarios del metro, usado diariamente en San Pablo por 4,5 millones de personas, invadió la estación de Itaquera, una de las de mayor movimiento, y alcanzó a provocar algunos daños antes de que la Policía lo desalojara.

Con el principal medio público de transporte paralizado, miles de paulistanos decidieron ir a sus lugares de trabajo en automóvil, lo que provocó el mayor embotellamiento registrado en horario matinal en lo que va del año, con un tránsito lento en 209 kilómetros en total.

El sindicato que representa a los 9.800 trabajadores del metro de San Pablo declaró la paralización a partir de este jueves tras rechazar el aumento salarial del 8,7% ofrecido por la operadora del sistema público de transporte y exigió un reajuste del 16 por ciento. Anoche, decidieron extenderlo por 24 horas más, lo que provocó la reacción de las autoridades que intenta garantizar el servicio.

El conflicto entre la Policía y los sindicalistas se originó esta mañana a partir de la intención de las autoridades de despejar la estación de subte a fin de colocar en los puestos de conducción de las máquinas a los supervisores, de manera tal que el servicio quede garantizado al menos parcialmente.
 

 

FUENTE: Infonews

RELEVAMIENTO Y EDICIÓN: Bernardina Spila.

Según los últimos datos oficiales, cerca de un centenar de personas fueron detenidas y decenas resultaron heridas con balas de goma o afectadas por el gas lacrimógeno y el spray de pimienta usado por la policía.

En Brasilia, el último reporte de la policía indica que 39 personas fueron detenidas durante dos enfrentamientos entre activistas y efectivos del Batallón de Choque y la Caballería: uno cuando cerca de 1.000 manifestantes intentaron invadir la sede del Congreso Nacional, y otro cuando trataron de acercarse al Estadio Nacional Mané Garrincha, donde Brasil enfrentó a Australia en un partido amistoso.

Los policías usaron bombas de gas lacrimógeno y gas de pimienta para dispersar a la multitud, cuando ésta se encontraba a unos 500 metros de la arena mundialista, pese a que se había dispuesto un cordón de aislamiento de un kilómetro en torno al estadio.

 

RELEVAMIENTO Y EDICIÓN: Pedro Arrospidegaray

FUENTE: DW

La justicia brasileña condenó hoy a 624 años de prisión a 25 policías que participaron en la matanza de 111 presos en 1992 en la cárcel de Carandirú, de Sao Paulo, que desde entonces fue considerada como un símbolo de la violación de los derechos humanos y fue demolida en 2002.

"Aún tenemos otros procesos por delante, tenemos una gran confianza en que habrá nuevas condenas y que un día se borrará esta mancha de la Policía Militar de Sao Paulo" declaró hoy Eduardo Olavo Canto Neto, poco después de conocida la sentencia.

A pesar del fallo en su contra los agentes permanecerán en libertad dado que sus abogados anunciaron que apelarán la sentencia.
   

El juez Rodrigo Tellini de Aguierra Camargo dijo en la madrugada de hoy que "hubo un inequívoco abuso de poder" por parte de los 25 policías militares de Sao Paulo que fueron encontrados culpables de la masacre ocurrida el 2 de octubre de 1992.
   

Ese día la Policía Militarizada irrumpió en el reclusorio ubicado en el norte de la ciudad y mató a 111 presos amotinados que, al parecer, presentaron resistencia a la fuerza pública.

La Justicia de Sao Paulo resolvió desagregar la causa en 5 grupos de procesados tomando en cuenta las celdas y los pisos del Pabellón 9 de la Casa de Detención de Carandirú, donde actuó cada columna de la ROTA, que es la tropa de elite de la Policía Militarizada.

El proceso comprende 57 volúmenes, 111 anexos y 50 mil páginas, y el veredicto anunciado hoy corresponde al segundo grupo de acusados, ya que en abril pasado habían sido condenados 23 policías por el asesinato de otros 13 detenidos.
 

"Aún tenemos otros procesos por delante, tenemos una gran confianza en que habrá nuevas condenas y que un día se borrará esta mancha de la Policía Militar de Sao Paulo" declaró hoy Eduardo Olavo Canto Neto, poco después de conocida la sentencia.

"Los miembros del jurado reafirmaron la percepción que tuvieron otros jurados populares acerca de la efectiva ocurrencia de la masacre", declaró por su parte otro integrante de la Fiscalía paulista, el abogado Fernando Pereira La sentencia conocida en la madrugada de este sábado alcanza a 25 policías que actuaron en uno de los sectores del Pabellón 9, donde murieron 52 detenidos, mientras otros 3 jurados serán formados entre octubre de este año y 2014.

El fallo establece que los condenados purguen la pena en régimen de prisión cerrado pese a lo cual los 25 reos continúan en libertad dado que sus abogados anunciaron que apelar la sentencia.
 

La decisión de la justicia de Sao Paulo demuestra que "el sistema está loco, está fallido y hoy la sociedad fue derrotada y el mundo del crimen ganó", declaró la abogada defensora de los policías, Ieda Ribeiro.

En cambio organizaciones de derechos humanos han cuestionado la "impunidad" de la cual gozarían los policías involucrados en el crimen gracias las "maniobras dilatorias" en la Justicia que posponen su encarcelamiento.

Recuerdan esos grupos que el fallecido comandante de la invasión, coronel Ubiratan Guimaraes, condenado a 632 años de prisión en 2001, se valió de diversas medidas dilatorias y luego de su condición de diputado para evitar ir preso.

Desde 1992, cuando ocurrió el episodio, varios de los policías que participaron en el mismo obtuvieron su ascenso dentro de la policía donde volvieron a delinquir, ya que fueron procesados por nuevos crímenes, según informó hoy el sitio de noticias UOL, perteneciente al diario Folh de Sao Paulo.

Allí se publicó que los 25 agentes condenados hoy tienen penas pendientes, por asesinatos posteriores a 1992, que suman 298 años de prisión. Según académicos y periodistas especializados en seguridad pública, luego de la masacre de Carandirú comenzó a formarse la banda criminal Primer Comando de la Capital, dirigida por presos de diversas prisiones de Sao Paulo.

Esa organización criminal estuvo al frente de decenas de motines simultáneos en varias prisiones de Sao Paulo en la década pasada y en mayo 2006 lanzó ataques armados en varios puntos del estado, causando un colapso de la seguridad pública, con un saldo de medio millar de muertos.
 

Nuevos ataques simultáneos a comisarías y puestos policiales fueron perpetradas por el Primer Comando en los últimos meses, con un saldo de centenas de víctimas, entre agentes y supuestos malhechores.

 

FUENTE: Ansa