Cuando Javier Milei se paró en el recinto de Naciones Unidas e inició su primer discurso presidencial allí, su gestión ya había recorrido un breve pero sostenido camino para empujar a la Argentina a desvincularse de la agenda internacional de desarrollo, multilateralismo, igualdad y derechos humanos. Su giro aislacionista no sucedió ante la ONU. Fue una construcción de meses que, promete el Gobierno libertario, continuará.

Milei se paró en la propia sede de la ONU para insultar a sus miembros. Dijo allí que el organismo adoptó un rumbo “trágico” desde que se volvió “socialista” y “colectivista”, y así convirtió a la Argentina en el único Estado miembro que no participará del Pacto del Futuro 2045, que empuja consensos en temas como desarrollo sostenible, paz, igualdad de género, cambio climático y seguridad internacional.

Ese discurso fue parte de un dispositivo que tiene a la Cancillería como el "mascarón de proa de la batalla cultural" que Milei quiere liderar a nivel global. Si algo no le falta al presidente argentino es ambición. Su objetivo último es empujar, en coordinación con otros líderes de la ultraderecha mundial, cambios en los organismos internacionales que, a su juicio, hoy intervienen en disputas y conflictos para laudar con una mirada progresista, de defensa de derechos humanos e igualdades, que el mandatario considera “totalitaria” e injerencista.

Cuando la ministra de Relaciones Exteriores, Diana Mondino, mostró –al igual que el personal diplomático de carrera de la Cancillería– dudas respecto de la forma y el fondo de la decisión de desengancharse por completo de la agenda de las democracias occidentales, Milei y su hermana, la secretaria general de la Presidencia, le intervinieron el Ministerio. Así desembarcaron en Cancillería la abogada ultraconservadora Úrsula Basset –que, paradójicamente, y al igual que el asesor Santiago Caputo, no tiene designación formal en el Estado– y el cruzado Nahuel Sotelo, flamante secretario de Culto y Civilización.

Los Milei apuntan a discutir en ámbitos internacionales la agenda progresista y a obstaculizar los reclamos contra el Estado argentino por el no cumplimiento de leyes vinculadas con derechos humanos, género y ambiente. Esta batalla cultural ya no debe ser leída en clave local, sino que sus objetivos y, por lo tanto, sus consecuencias, aparecen también en el plano internacional. Por caso, cada vez que avanzan negociaciones vinculadas a tratados económicos o acuerdos bilaterales, los representantes argentinos deben pedir permiso para incluir términos que el Gobierno considera que deben ser combatidos, como “desarrollo sustentable”. Pero además resta conocer las consecuencias del anunciado abandono de la posición de neutralidad argentina.

En el discurso de Milei ante la ONU, la contracara del abandono del Pacto del Futuro fue una convocatoria a los líderes mundiales a que se sumen a una agenda de la libertad que impulsará la Argentina. Y por más descabellada y fuera de lugar que suene la exhortación, esa es la búsqueda del presidente: erigirse en el líder global de la cruzada anti multilateralismo.

La Argentina aparece aislada en esa quijotada. El Pacto del Futuro tuvo consensos amplísimos en Naciones Unidas y solo marcaron diferencias países como Rusia, Nicaragua, Bielorrusia, Corea del Norte, Irán, Siria, Sudán y El Salvador. El presidente de este último, Nayib Bukele, terminó alineando su discurso con el de Milei. Todos ellos consideran que la ONU busca intervenir en sus asuntos internos con el Pacto del Futuro. Un acuerdo que, entre otras cosas, postula:

• Pondremos fin al hambre y eliminaremos la inseguridad alimentaria y todas las formas de malnutrición.
• Lograremos la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas como contribución decisiva para avanzar en todos los Objetivos de Desarrollo Sostenible y sus metas.
• Reforzaremos nuestras acciones para hacer frente al cambio climático.
• Protegeremos a todos los civiles en los conflictos armados.
• Reformaremos el Consejo de Seguridad, reconociendo la urgente necesidad de que sea más representativo, inclusivo, transparente, eficiente, eficaz y democrático y tenga más rendición de cuentas.

En su afán de desmantelar lo que llama ‘progresismo internacional’, Argentina corre el riesgo de aislarse aún más en el escenario global, perdiendo influencia y relevancia en un mundo que continúa avanzando en sentido opuesto.

FUENTE: Cenital 

Buenos aires, una corte federal de argentina ordenó la “inmediata” detención del presidente venezolano Nicolás Maduro y del ministro de interior de ese país, Diosdado Cabello, por presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos contra disidentes.

La medida fue dispuesta por la Sala 1 de la Cámara Federal de Buenos Aires en respuesta a una apelación del fiscal Carlos Stornelli, luego que un fallo de primera instancia desestimó la denuncia contra ambos dirigentes venezolanos.

Los miembros de la corte federal Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y Mariano Llorens ordenaron que “se diligencie de inmediato las órdenes de detención de Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, debiendo disponer vía Interpol la captura internacional con fines de extradición a la República Argentina”, según la resolución.

La orden judicial se dio a conocer horas después de que el tribunal Supremo de Justicia de Venezuela emitiera una orden de arresto contra el presidente argentino, Javier Milei, por la controversia entre ambos países ante la retención en territorio argentino y entrega a Estados Unidos de un avión de carga que fue vendido, según Washington, por una aerolínea iraní sancionada a una empresa estatal venezolana.

Ambas medidas acentúan la tensión entre Venezuela y Argentina, que se venía acumulando desde la llegada del ultraderechista Milei al poder en diciembre pasado y que ha llevado a una ruptura en las relaciones diplomáticas.

La causa contra el mandatario venezolano y su mano derecha fue impulsada por el Foro Argentino por la Democracia en la Región (FADER) —una organización no gubernamental dedicada a la defensa de los derechos humanos en la región— ante la justicia argentina en 2023, tomando en cuenta la jurisprudencia de Argentina en materia de derechos humanos y el principio de jurisdicción universal que permite actuar ante delitos de lesa humanidad, aunque estos se hayan cometido fuera de sus fronteras.

De acuerdo a los denunciantes, en Venezuela rige un plan sistemático de represión, desaparición forzada de personas, tortura, homicidios y persecución contra disidentes desde el año 2014.

 

En el marco de la causa, los querellantes presentaron como prueba los testimonios de decenas de víctimas, entre ellos exfuncionarios judiciales venezolanos, que pudieron emigrar y obtuvieron su condición de refugiados en Argentina y en el extranjero. También se sumaron informes de organismos internacionales, incluidos Amnistía Internacional, la OEA y Naciones Unidas, entre otros, sobre persecuciones, sometimientos, tratos degradantes y torturas.

“La colección probatoria resulta suficiente para que el juez de primera instancia disponga, de manera urgente, la convocatoria de Nicolás Maduro Moros y Diosdado Cabello a prestar declaración indagatoria”, concluyó la corte federal en el escrito a que tuvo acceso la AP.

En ese sentido, el tribunal indicó que, “teniendo en consideración de la gravedad y trascendencia de los hechos, pero especialmente, que se denuncian como ejecutados por la estructura misma del Estado venezolano, y que se seguirían perpetrando al día de la fecha, a fin de evitar un entorpecimiento en la investigación, poner fin a la continuación de la trama delictiva y evitar futuras víctimas que padezcan irreparables violaciones a los derechos humanos, corresponde disponer la inmediata detención -vía Interpol- de Nicolás Maduro Moros y Diosdado Cabello, con fines de extradición a esta República Argentina”.

FUENTE: La Nacion 

Desde Nueva York, Estados Unidos, Diana Mondino anunció ayer en Naciones Unidos (ONU) la decisión geopolítica más disruptiva que asumió Javier Milei desde su llegada a Balcarce 50: en el recinto de la Asamblea General, la canciller reveló que Argentina rechazaba el “Pacto del Futuro”, una iniciativa multilateral con escaso consenso de los países miembros que es la hoja de ruta del foro global para los próximos 25 años. 

El Pacto del Futuro es un proyecto ambicioso que se trabajó a nivel mundial en los últimos dos años y que tiene como finalidad establecer compromisos geopolíticos para reformar la arquitectura institucional de la ONU, profundizar los contenidos del acuerdo de cambio climático de París, fijar normas de consenso para garantizar la paz, definir reglas de juego para cerrar asimetrías en el uso de la inteligencia artificial y promover una hoja de ruta para garantizar un escenario crecimiento estable para las nuevas generaciones.

 Brasil, México, Irlanda, Rusia, Corea del Norte, Kuwait e Irán tienen objeciones sobre el Pacto del Futuro. Sus normas afectan sus propios intereses geopolíticos, mientras que Estados Unidos, Alemania, Francia y ciertos países del África consideran que esta iniciativa multilateral puede cambiar al mundo en los próximos 25 años.

Milei, en cambio, plantea la “disociación” de la Argentina por una razón ideológica. En este sentido, el Presidente no establece un concepto de interés doméstico como proponen Lula da Silva o Vladimir Putin, sino que su condena al Pacto del Futuro se vincula a su defensa de la libertad per se y al rechazo de normas globales que pueden significar su limitación por orden del sistema internacional.

 El jefe de Estado considera que la ONU es un "fósil institucional" que exhibe una mirada pro Palestina y muy alejada de las reglas básicas del capitalismo moderno. Asimismo, considera que es posible acordar ciertos consensos básicos de gobernanza global, pero que ello no debe implicar que los países se sometan a normas multilaterales que pueden bloquear su propio desarrollo como Nación.

La mirada de Milei fue expresada por Mondino, que expuso en el pleno de la ONU con la mayoría de las sillas vacías (hay 193 miembros plenos). 

“En ejercicio de esa libertad, mi país quisiera recordar que Agendas como esta que nos reúne aquí (Pacto del Futuro) están compuestas por aspiraciones jurídicamente no vinculantes y que cada Estado, en el ejercicio de su soberanía, tiene derecho a interpretar y perseguir con autonomía, teniendo en cuenta las diferentes realidades, capacidades y niveles de desarrollo de cada uno y respetando sus políticas y prioridades nacionales”, sostuvo ayer la Canciller en la ONU.

Y añadió: “Muchos de los puntos de este Pacto (del Futuro), con sus anexos, presentan reservas y objeciones o son retardatarios de la nueva agenda de Argentina. Estos documentos se vienen trabajando desde el 2022 con otro gobierno y el actual gobierno argentino se encontró con las negociaciones ya avanzadas. Aun así, propusimos acciones constructivas que no siempre fueron tomadas en cuenta y eso nos lleva a disociarnos. Nuestras reservas y objeciones al Pacto del Futuro no son, sin embargo, un obstáculo para la Argentina porque, por el contrario, queremos tener alas para nuestro crecimiento en libertad”.

Mondino explicitó los ideales del presidente respecto a la libertad y la defensa de la economía de mercado. Pero la geopolítica es un ciencia compleja con muchísimos matices: en su disociación del Pacto del Futuro, Argentina quedó enredada con Rusia, Irán, México y Brasil, en tanto que los socios habituales del gobierno libertario -Estados Unidos, Francia, Alemania, Japón y Canadá, por caso- se ubicaron al otro lado del tablero.

Milei visita hoy Wall Street para tocar “la campanita” y describir su programa económico ante inversores y banqueros. Allí estará acompañado de Karina Milei, Werthein, Luis Caputo -ministro de Economía- y Patricia Bullrich, ministra de Seguridad.

A continuación, el jefe de Estado se reunirá con Elon Musk para evaluar inversiones en tecnología e inteligencia artificial. Y a la tarde expondrá en el Consejo de Relaciones Exteriores, un think tank muy influyente en Estados Unidos. 

Se acerca su primera presentación en la ONU y se presume que será disruptivo y crítico del sistema multilateral. Milei utilizará la noche de Manhattan para ajustar su discurso ante la Asamblea General: pretender dar un mensaje global, en un escenario geopolítico atravesado por conflictos en Medio Oriente y Europa Central, y la presión constante de China sobre los espacios económicos y comerciales de Occidente.

FUENTE: Infobae 

Luego de aprobar el proyecto de Boleta Única Papel, que volverá a Diputados, el Senado también aprobó la Ley de Financiamiento Universitario, que ya contaba con media sanción de la Cámara baja.
La oposición alcanzó una amplia mayoría y logró la aprobación de la ley con 57 votos afirmativos, 10 en contra y una abstención.

Pese a la decisión del Congreso, el Gobierno anticipó que, al igual que con la reforma jubilatoria, vetará la ley, al argumentar que pondría en riesgo el superávit fiscal. La propuesta presentada por la Unión Cívica Radical aumenta los fondos para las Universidades nacionales para garantizar su funcionamiento.
La suba incluye un incremento para los docentes y no docentes y generará un impacto fiscal de 735.598 millones de pesos, lo que implica el 0,14 por ciento del PBI, según informó la Oficina de Presupuesto del Congreso.

Durante el debate, el senador kirchnerista Eduardo "Wado" de Pedro acusó al Gobierno de querer "destruir" las universidades y aseguró: "Con este proyecto se define si le damos financiamiento al sistema público universitario o si vamos a dejar a millones de jóvenes sin futuro".

En esa línea, el presidente de la comisión de Educación advirtió: "Nos encontramos discutiendo la supervivencia del sistema universitario", agregó.

A su vez, de Pedro apuntó contra la administración de Javier Milei y señaló: "Estamos ante un gobierno que ataca directamente los principios fundamentales de la educación. Estamos también ante un presidente que se jacta de ser un topo que va a destruir el Estado. Y la destrucción del Estado es la destrucción de los jubilados, es la destrucción de las universidades y es la destrucción de las escuelas".

Por su parte, el senador de la Libertad Avanza Bruno Olivera defendió la postura del Gobierno y señaló que ya hubo un aumento del 270 por ciento los recursos para las Universidades Nacionales. A su vez, sostuvo que la oposición "no dice cómo se va a financiar" el aumento presupuestario y argumentó que por esta razón "no se puede aceptar porque el déficit cero no se negocia".

Además, remarcó que este aumento se "hizo de manera responsable sin comprometer el equilibrio fiscal y sin aumentar el déficit" porque, según explicó, "el equilibrio fiscal no se negocia como dijo el presidente" Javier Milei.

También cuestionó que se disponga el sistema de actualización de docentes y no docentes y pidió que el ajuste salarial se defina entre docentes y autoridades de las altas casa de estudio.

Financiamiento Universitario: en qué consiste el proyecto

En caso de que la iniciativa se apruebe, el Poder Ejecutivo tendría que actualizar las partidas presupuestarias para cubrir gastos de funcionamiento, investigación y extensión en las universidades, y fija que cada dos meses el Gobierno deberá ajustar los presupuestos de las Universidades acuerdo a la inflación.

A su vez, establece que tendrá que actualizar desde el 1 enero de 2024 y hasta el 31 de diciembre de 2024, de forma bimestral, el monto de los gastos de funcionamiento de las universidades nacionales por el Índice de Precios al Consumidor informado por el INDEC.

De acuerdo a la oficina de Presupuesto, la actualización de partidas del 2023 según el IPC es de 210.742 millones de pesos; el ajuste bimestral de los recursos para 2024 es de 86.254 millones de pesos, mientras que para salarios los fondos oscilan en los 441.600 millones de pesos.

Uno de los puntos centrales es que se aumentarán todos los meses los salarios de docentes y no docentes con actualizaciones según la inflación. Este mecanismo de aumento salarial dejaría de tener vigencia sólo si hay un acuerdo con las autoridades de las Universidades Nacionales.

FUENTE: Ambito 

"Como Presidente del Senado convoqué a sesión especial el jueves a las 10 para que los senadores debatan sobre el aumento de sus sueldos", transmitió Villarruel a través de su cuenta en X. "De frente y en forma pública. Nominalmente y exponiendo sus posiciones. Así terminamos con las sobreactuaciones que parasitan a la política argentina en todos los órdenes y que nos tienen angustiados a los argentinos", completó la vicepresidenta.

El temario es simple e incluye dos proyectos. Uno impulsado por el presidente del bloque de Unión por la Patria, José Mayans, que promueve la unificación de los sueldos de los tres poderes del Estado. La otra propuesta busca derogar la resolución aprobada en abril que restableció el mecanismo de enganche con la paritaria de los empleados legislativos.

La convocatoria a esta sesión se anunció luego de que los senadores volvieran a retroceder con un importante aumento que llevaba sus sueldos a partir de este mes a unos $ 9 millones quedando con los descuentos en $ 7,8 millones. Los presidentes de los bloques del Senado acordaron renunciar al "enganche" que le permitía acceder al incremento acordado en paritaria por los empleados legislativos.

El escándalo estalló este lunes cuando se confirmó una suba de 6,5% en dos tramos para los empleados del Congreso que por una ley aprobada por los senadores se trasladaba a las dietas. Con esta mejora, los sueldos de los senadores iba a pasar de $ 1,9 millones a principios de año a $ 9,8, es decir que aumentaron 5 veces su salario en menos de 9 meses.

Tras las críticas de Milei, los senadores vuelven a renunciar a los aumentos

Sin embargo, este martes, los presidentes de los bloques acordaron que sacarán una resolución renunciando al aumento, pero también anticipando que dejarán de estar atados al aumento de los legislativos.
La decisión fue conocida luego de que Javier Milei arremetiera contra los senadores y definiera el aumento como "una burla" y "una traición al pueblo argentino". Incluso, antes de que los senadores retrocedieran con el aumento, el Presidente los tildó de "estafadores".

Está no es la primera vez que los senadores deben retroceder con un aumento. Ya lo tuvieron que hacer en mayo cuando producto de lo aprobado en el recinto se plegaron a la suba de 9 % que habían acordado los gremios de los legislativos y que en ese momento llevaba las dietas a $ 8 millones.

Frente a este panorama, el bloque de Unión por la Patria presentó un proyecto de ley para establecer un tope en los haberes de los tres poderes del Estado.

La iniciativa apunta a que los salarios que perciben jueces, senadores, diputados, entre otros, no superen la cifra equivalente a veinte Salarios Mínimos, Vitales y Móviles.
Lo cierto es que la tensión por las dietas se vuelve a dar en un momento clave para el Gobierno. La anterior fue cuando se discutía la Ley Bases y ahora en momentos que se está por tratar las nominaciones de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla.
Pero también cuando desde la Casa Rosada mantienen trabada la discusión por la actualización de la fórmula de movilidad jubilatoria.

La queja de los senadores es que hay funcionarios están a cargo de directorios y cobran sumas superiores. Incluso, hubo legisladores que molestos por las declaraciones del Presidente pidieron cobrar lo mismo que los trabajadores de la Aduana o la AFIP.

Mañana se reunirán los bloques para discutir una estrategia en la que los senadores no queden divididos "entre buenos o malos". Y ratificaron que la resolución que se aprobó en abril en el recinto salió por unanimidad.

En aquella sesión, los senadores aprobaron a mano alzada y sin debate, un novedoso sistema de actualización de las dietas que llevó los sueldos a $ 7,2 millones bruto,cuando venían cobrando un neto de $ 1,9 millón. El mecanismo fijó el sueldo de los legisladores en 2.500 módulos, que es el utilizado para definir los sueldos de los empleados. Pero a ese importe hay que sumarle 1.000 módulos extra por gastos de representación y otros 500 por desarraigo.

Desde la presidencia del Senado dejaron trascender que la vicepresidenta Victoria Villarruel tenía frenado el aumento paritario desde hacía 20 días a la espera de una respuesta de los senadores a su pedido de que se desenganchen del acuerdo salarial de los empleados legislativos.

Los senadores se resistían a renunciar al incremento y ante el pedido de la Cámara de Diputados para que se otorgue el aumento a los empleados Martín Menem y Villarruel decidieron avanzar con la firma de la resolución.

Martín Menem resiste y asegura que no aumentara las dietas de los diputados

En tanto, el riojano confirmó que el aumento no alcanza a los diputados porque no están bajo el régimen de enganche con la paritaria de APL. Esto seguramente tendrá impacto entre los diputados, que ya venían manifestando su malestar por el retraso en sus dietas en relación con los senadores.

Por presión de los legisladores, Menem tuvo que acceder a un aumento de las dietas en junio aunque no las equiparó con las del Senado. Otorgó aumentos en tres tramos, un 40%, luego un 14% y por último un incremento del 8%.

De esta manera, el riojano llevó los sueldos de los diputados a partir del primer tramo del incremento a 2,6 millones de pesos mensuales en mano tras los descuentos correspondientes. Con estos porcentajes, las dietas de los diputados se ubican en $ 3.497.958 a lo que se suma $ 625 mil en concepto de desarraigo.

FUENTE: Clarin 

“Mami, ¿por qué nos vamos a acostar sin comer?”. La pregunta es parte del nuevo spot de Unicef y muestra la peor cara del hambre: una escena que se repite cada noche en un millón de historias reales. Un niño de 5 años se queda dormido a upa, su madre lo acuesta en su cama, el chico abre los ojos y lanza la pregunta sin respuesta. Cada noche, más de un millón de chicos se van a dormir sin cenar. El dato es nuevo y surge de una actualización del último informe sobre pobreza que difundió la organización. Además, se agrega que, en comparación a años anteriores, el número de chicos que saltean comidas por la situación económica se incrementó. El documento anterior, difundido en junio, señalaba que había un millón de menores de 18 años que no realizaban alguna comida a lo largo del día: esa cantidad, según indica el informe que acompaña ahora una nueva campaña de Unicef, pasó a ser de un millón y medio. Si además se incluye a los adultos que viven en esos hogares, la cifra alcanza los 4,5 millones de personas.

Más de siete millones de chicos viven en la pobreza monetaria, señala la octava encuesta a hogares con niñas, niños y adolescentes publicada por Unicef este año. “El aumento de los precios y el estancamiento económico desde hace más de una década han incidido en la capacidad de generación de ingresos de millones de hogares con niñas y niños”, señala el documento.

https://www.youtube.com/watch?v=m3FZKn-gk78

La organización dio a conocer el dato relevado por primera vez en el informe en vísperas del lanzamiento de la nueva campaña “El hambre no tiene final feliz”, que se difundirá en los medios en las próximas semanas. El spot publicitario reproduce el drama silencioso que viven millones de hogares cada noche. Una madre acuesta a su hijo y el chico le pregunta “¿Por qué hoy nos vamos a dormir sin cenar?”, a lo que ella le responde inventando un cuento en el que la heladera también tiene que ir a descansar. “Busca reflejar la situación que atraviesan las familias que se saltean una comida o, en muchos casos, se van a la cama sin cenar, después de haberse endeudado y dejado de comprar alimentos para sortear la falta de ingresos”, dice la información sobre la campaña.

La difusión de este dato por parte de Unicef coincidió con un informe que difundió esta tarde el Ministerio de Capital Humano sobre “los logros en materia de políticas alimentarias alcanzados durante los primeros meses de gestión”. “Desde la asunción de la ministra Sandra Pettovello se logró que las familias vulnerables aumenten su poder de compra, poniendo como prioridad que las personas reciban asistencia con transferencias directas y que el dinero vaya al bolsillo de los argentinos. Para eso, se decidió terminar con la intermediación de las políticas sociales. Se aumentó la Asignación Universal por Hijo (AUH) y se reforzó en un 137,5% (diciembre 2023/junio 2024) la Tarjeta Alimentar, que es un complemento a la AUH, una herramienta que permite acreditar mes a mes una suma de dinero para la compra de alimentos. El monto de la Tarjeta Alimentar era de $22.000 en diciembre de 2023 y hoy es de $52.259. Con asistencia (AUH+Tarjeta Alimentar) se alcanza de manera directa a 4.017.814 niños de 0 a 17 años”, señala el texto de Capital Humano.

¿Cómo midieron desde Unicef el agravamiento de la situación? “La pregunta específica sobre niñas y niños que se van a dormir sin cenar fue incorporada en esta medición de 2024 y los datos corresponden al período abril-mayo de 2024. No hicimos relevamientos posteriores; sin embargo, el seguimiento de la evolución de la capacidad de compra de políticas como la Asignación Universal por Hijo y la Prestación Alimentar muestran en 2024 una recuperación que podría suavizar el efecto de la actual situación económica sobre los hogares con niñas y niños”, detalló Alejandra Beccaria, oficial de Evaluación y Monitoreo de Unicef.

¿Cómo impacta esta situación de inflación frenada en algunos rubros, dólar quieto, pero poca reactivación en la economía de los hogares? “Con relación a relevamientos anteriores, en 2023 se consultó sobre la proporción de hogares en donde chicas y chicos se salteaban una comida diaria (desayuno, almuerzo, merienda y cena) por falta de ingresos. Los resultados obtenidos también fueron preocupantes, aunque levemente más bajos: 6,4% de los hogares con chicas y chicos en 2023, frente al 7,4% obtenido en 2024. Además, se observa que la situación de los adultos en 2024 también es más severa: en un 30% de los hogares, los adultos tuvieron que saltearse una comida por falta de dinero. En 2023, esta proporción era de 28%”, explicó Carolina Aulicino, oficial de Políticas Públicas de Unicef.

Las estrategias del hambre

“Que los chicos y chicas se salteen una comida es la estrategia última que deben asumir los hogares, luego de haberse endeudado, haber restringido otros consumos básicos como salud, transporte, educación, haber restringido el consumo de alimentos de las personas adultas del hogar y haber modificado la variedad de las dietas”, ahondó Aulicino, consultada sobre qué estrategias de sustitución llevan adelante los hogares, tal como ocurre en el spot de la campaña. “Se reduce el consumo de alimentos centrales para la nutrición de niñas y niños, como carne, verduras, frutas y lácteos, y aumentan aquellos más baratos y menos nutritivos como fideos, harina y pan. Pensemos que diez millones de chicas y chicos comieron menos carne respecto del año pasado”, agregó.

“El dato nuevo que aporta este informe es el de un millón de chicos que están en la cama sin cenar. Es un dato que incluimos este año en la encuesta y no lo podemos comparar. Pero había otra pregunta que ya la veníamos midiendo en 2023 y que acá la mantuvimos, que pregunta si se saltean alguna comida diaria, que puede ser cena, el almuerzo, el desayuno, o la merienda. Entonces cuando combinamos las dos preguntas, la de si se van a dormir sin cenar o la de si se saltean alguna comida, ahí es cuando nos da un millón y medio de chicos. Es decir, un millón y medio incluye tanto aquellos que se van a dormir sin cenar, como aquellos que capaz pasan el día sin almorzar o no meriendan o no desayunan por falta de ingresos”, detalló Aulicino.

“El objetivo de esta campaña es sensibilizar a la población sobre la realidad que viven miles de chicos y chicas en el país”, sostuvo Rafael Ramírez Mesec, nuevo representante de Unicef en la Argentina. A través de esta campaña se convoca a la sociedad a sumarse con una donación mensual. Bajo el hashtag #CambiaElFinal, la organización busca así contribuir a programas que lleva adelante en el país, desde el apoyo nutricional a personas en situación de vulnerabilidad al desarrollo de instrumentos claves, como el monitoreo del presupuesto nacional destinado a infancia, entre otras iniciativas.

FUENTE: La Nacion 

El Ministerio Público Fiscal imputó este miércoles a Alberto Fernández en la causa por la denuncia por violencia de género realizada por su expareja, Fabiola Yañez, bajo la calificación de delitos de lesiones leves y graves, doblemente agravadas y amenazas coactivas.

En la resolución, el fiscal Ramiro González imputó al exmandatario por "lesiones leves y graves, doblemente agravadas y amenazas coactivas", y eso "sin perjuicio de la calificación que en definitiva podrían concurrir en los hechos materia de investigación".

González ordenó además una serie de medidas de prueba tendientes a avanzar con la causa. Por un lado, se solicitó a la Unidad Médica Presidencial que remita todas las constancias de atención a Fabiola Yáñez desde diciembre de 2019 a diciembre de 2023.

Además, se libraron oficios al Sanatorio Otamendi, SANAR, a la Clínica Fertilis y al Instituto de Neurología Cognitiva (INECO), del diputado Facundo Manes, para que remitan la historia clínica de la víctima correspondiente a los años 2016 y 2017, como así también informe qué profesionales la atendieron.
A la vez, le pidió a esa institución que "informe qué profesionales atendieron a la nombrada durante los referidos años, debiéndose consignar todos sus datos de contacto", añadió el fiscal.

El fiscal pidió la declaración testimonial de testigos por la denuncia de violencia de género

Por otro lado, también el fiscal pidió que se se arbitren los medios necesarios a efectos de recibirles declaración testimonial a diversos testigos en la causa como la madre de Fabiola Yáñez; Daniel Rodríguez, exintendente de la Quinta de Olivos; Sofía Pacchi, amiga de la víctima; el médico de la Unidad Médica Presidencial, Federico Saavedra.

También se convocará a María Cantero, exsecretaria de Fernández, en cuyo celular fueron encontradas las imágenes de Fabiola Yañez golpeada, en el marco de la investigación en la causa por la corrupción con los seguros y a Alicia Barrios, periodista y amiga del papa Francisco.

La fiscalía también solicitó al intendente de la Quinta de Olivos para que remita los videos de las cámaras de seguridad internas.

Yañez había declarado este martes durante cuatro horas ante el fiscal González en la causa por violencia de género iniciada contra Fernández. La ex primera dama prestó declaración desde el consulado argentino en Madrid, donde reside actualmente, a través de la plataforma Zoom.

Funcionarios y exfuncionarios negaron estar en conocimiento de la violencia sufrida por Yañez

El diputado Manes, el exvocero presidencial Juan Pablo Biondi y la ex ministra de Mujeres, Género y Diversidad de la Nación Ayelén Mazzina desmintieron estar al tanto del maltrato propiciado por el expresidente a Yañez.

En diálogo con la Agencia Noticias Argentinas, Biondi sostuvo que lo que declaró textualmente Yañez "hace referencia a que no salga a responder" a los diversos ataques mediáticos que recibía permanentemente la ex primera dama para no para no darles relevancia. "Los medios la agraviaban y yo le decía que no respondiera. Eso es a lo que se refiere en su declaración", indicó el ex vocero presidencial.

En relación a esto, Yañez aseveró que "siempre había discusiones verbales" y que "no la dejaban hablar cuando alguien la agredía mediáticamente". A esa situación la enmarcó dentro de "una completa violencia institucional" y nombró al ex vocero.

Por su parte, el diputado nacional de Juntos por el Cambio, le confirmó a la Agencia Noticias Argentinas que él "no atendió" a Yañez en el Instituto de Neurología Cognitiva (INECO) que ella nombra en su declaración y donde Manes trabaja como médico neurólogo, especialista en neurociencia.

"Si se atendió en INECO, obviamente la institución le informará a la Justicia lo que ésta requiera, como se hace habitualmente. Es una institución grande donde pasan muchísimos pacientes", sostuvo.

Finalmente, en comunicación con NA, la ex ministra de Mujeres, Género y Diversidad Ayelén Mazzina, reconfirmó que "nunca estuvo al tanto de la situación de violencia denunciada por la ex primera dama" y que "no puede permitir que se banalice la violencia de género".

"No me pidió ayuda. Jamás le di la espalda a nadie. Si me hubiera dicho, le habría creído como dije antes de que hiciera la denuncia. Al mismo tiempo, hubiera renunciado a mi cargo, ya que nunca habría sido cómplice de un gobierno con estas características", concluyó.

FUENTE: Ambito 

 

El pasado 11 de marzo, el gobierno nacional comunicó oficialmente que no iba “a dejar que Rosario sea una tierra de narcoterroristas”. Días más tarde, el ministro de Defensa Luis Petri, en una conferencia de prensa donde se estaba informando sobre la situación del narcotráfico, señaló que enviaría un proyecto de ley para ampliar el accionar de las Fuerzas Armadas en seguridad interior “en un supuesto muy particular que es el terrorismo”; y que “está definido en el Código Penal como todas aquellas acciones y delitos que están destinados a aterrorizar a la población”.

Meses después, el vocero Manuel Adorni sostuvo que “afuera del Congreso había terroristas”, refiriéndose a los manifestantes que se habían reunido en la denominada Plaza de los Dos Congresos para protestar contra la aprobación de la Ley Bases y el paquete fiscal. En ese contexto, 33 personas fueron detenidas ilegalmente y luego liberadas por la jueza María Romilda Servini.

El espíritu de aquellas declaraciones se ha materializado en el proyecto de ley MEN-2024-52-APN-PTE, enviado por el Poder Ejecutivo Nacional, a través del cual se propone la modificación de la ley 24.059 de Seguridad Interior. El objetivo del gobierno es, bajo el paraguas del terrorismo, involucrar a las Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcotráfico siguiendo las directrices de los Estados Unidos; e instrumentar con militares el policiamiento urbano y la represión del conflicto social.

Nuevos viejos argumentos

Actualmente la ley 24.059 prevé tres situaciones en las que el Sistema de Defensa puede actuar en seguridad interior; y no dos como sostienen los considerandos del proyecto enviado por el gobierno del Presidente Milei y la tarotista en Jefe:

1.El artículo 27 sostiene que el “Ministerio de Defensa dispondrá —en caso de requerimiento del Comité de Crisis— que las FFAA apoyen las operaciones de seguridad interior mediante la afectación (…) de sus servicios de arsenales, intendencia, sanidad, veterinaria, construcciones y transporte, así como de elementos de ingenieros y comunicaciones”.
2.El artículo 28 establece que “todo atentado en tiempo de paz a la jurisdicción militar, independientemente de poner en forma primordial en peligro la aptitud defensiva de la Nación, constituye asimismo una vulneración a la seguridad interior”. El artículo 29 afirma que es “una obligación primaria de la autoridad militar la preservación de la fuerza armada y el restablecimiento del orden dentro de la aludida jurisdicción”. En caso de que se produjeran hechos de esta envergadura, el artículo 30 ordena que los Consejos de Defensa Nacional y Seguridad Interior deberán establecer “la adecuada coordinación del apoyo que las fuerzas de seguridad y policiales pueden brindar en esas circunstancias en lo atinente a la preservación del orden en el ámbito territorial militar”.
3.Los artículos 31 y 32 se abocan a los casos excepcionales en que el Sistema de Seguridad Interior “resulte insuficiente a criterio del Presidente” para garantizar la seguridad interior; y establece que se podrán desplegar tropas de combate de las Fuerzas Armadas para restablecer la misma, previa declaración del estado de sitio (una facultad que compete al Congreso, salvo que el mismo se encuentre en receso).

La propuesta enviada el 3 de agosto por el gobierno contempla una nueva situación para el empleo de las Fuerzas Armadas en seguridad interior, procurando desmontar el denominado “consenso básico” de la democracia argentina, erigido a través de las leyes 23.554 (1988) de Defensa Nacional, 24.059 (1992) de Seguridad Interior y 25.520 (2001) y su modificatoria 27.126 (2015) de Inteligencia Nacional. Este desmantelamiento tuvo su puntapié inicial hace unos días con el DNU 614/2024, que modificó de hecho la Ley de Inteligencia sin el debido debate parlamentario.

Viejos nuevos argumentos

Resulta importante estudiar con detenimiento los considerandos del proyecto porque no sólo reiteran viejos argumentos, sino que ignoran hechos objetivos sobre la problemática en cuestión.

En primer lugar, el PEN se vanagloria, sin temor a las redundancias, de proponer “una alternativa intermedia (…) para que las FF.AA. actúen en caso de acciones terroristas que tengan por fin aterrorizar a la población, sin necesidad de llegar a utilizar un remedio extremo, como es la declaración del estado de sitio”. Ya existen en la Argentina —con los casos de Gendarmería y Prefectura— y en el mundo —fundamentalmente a través de la figura de las Guardias Nacionales— instituciones que proporcionan alternativas intermedias.

En Estados Unidos, espejo en el que le fascina reflejarse a los funcionarios de Seguridad y Defensa, problemáticas como el terrorismo son abordadas por Homeland Security y la comunidad de inteligencia, dado que la Ley de Defensa de ese país, conocida como Posse Comitatus Act de 1878, le prohíbe a sus Fuerzas Armadas intervenir en seguridad interior debido a los hechos ocurridos en la ¡Guerra de Secesión (1861-1865)! Por supuesto, los funcionarios argentinos que reciben instrucciones en la embajada argumentan que nuestras leyes, similares a las norteamericanas, son anacrónicas porque fueron sancionadas en las postrimerías del siglo XX, cuando todavía estaba caliente la Guerra Fría.

Asimismo, cabe señalar que la Argentina cuenta con fuerzas federales (Gendarmería, Prefectura, Policía Federal y PSA) para prevenir, conjurar, reprimir, contribuir en la investigación y realizar inteligencia criminal sobre delitos complejos como el narcotráfico y el terrorismo. Pero, además, nuestro país dispone de 23 policías provinciales y la Policía Metropolitana. Todo esto hace que sea una de las naciones del continente con mayor cantidad de uniformados per cápita. Según el Observatorio Interamericano de Seguridad de la OEA, se encuentra casi al tope de la región con 806 policías cada 100.000 habitantes, sólo por detrás de San Vicente y las Granadinas (967), Saint Kitts y Nevis (917) y Uruguay (886).

En segundo lugar, se sostiene erróneamente que el decreto reglamentario 727/2006 desvirtuó el “espíritu” de la Ley de Defensa 23.554. Es importante recordar las palabras de los legisladores radicales que sancionaron la ley, para que sus correligionarios actuales tengan bien presente los lineamientos de Raúl Alfonsín y no se dejen llevar por las lágrimas de De Loredo ni por la promesa de obras públicas u otros ofrecimientos que nunca llegan a sus provincias.

El ex senador nacional (UCR-La Pampa) Antonio Berhongaray sostenía que debía entenderse como agresión exterior al “ataque de las Fuerzas Armadas de un Estado contra el territorio de otro Estado; el bombardeo de las Fuerzas Armadas terrestres, navales o aéreas contra el territorio de otro Estado, o el empleo de cualquier arma por un Estado contra el territorio de otro Estado; el bloqueo de los puertos y de las costas de un Estado por las Fuerzas Armadas de otro; el ataque de las Fuerzas Armadas de un Estado contra las Fuerzas Armadas terrestres, navales o aéreas de otro Estado”. Nada muy diferente a lo prescrito por la Posse Comitatus Act de 1878.

Por su parte, el ex diputado nacional y presidente de la Comisión de Defensa (UCR-Buenos Aires), Balbino Zubirí, sostenía que había que descartar que “los fusiles [apuntaran] para adentro (…) se [trata] (…) de erradicar la Doctrina de Seguridad Nacional (…) ¿Cómo se combate (…) el terrorismo en otras latitudes, en otros pueblos? ¿Cómo combate Francia la Acción Directa? ¿Cómo combate España al ETA? ¿Cómo combate Italia a las Brigadas Rojas? ¿Cómo combate Alemania a los grupos de Baader-Meinhoff? (…) con fuerzas de seguridad especialmente adiestradas, posibilidad que aquí habrá que contemplar cuando tratemos la futura ley (…) de seguridad interior. Pero se trata siempre de fuerzas de seguridad: Carabineros, Gendarmería, Guardia Civil (…) no se trata nunca de las Fuerzas Armadas en operaciones. No descarto la posibilidad de su intervención en un caso extremo. Lo que descarto es la inclusión de esta posibilidad en el texto de la ley, porque podría ocurrir que algún desaprensivo (…) se valiese de esta posibilidad (…) para hacernos volver a los planes CONINTES interpretando que una protesta obrera, por ejemplo, es un conflicto interno” [1]. Queda claro que el decreto 727/2006 conservó el espíritu de los legisladores al redactar las leyes de Defensa Nacional y Seguridad Interior.

En tercer lugar, el terrorismo es una amenaza preocupante en diferentes lugares del mundo. Sin embargo, Estados Unidos sostiene en sus últimos documentos de inteligencia que no existe una amenaza terrorista concreta en América del Sur. La información que elaboró la comunidad de inteligencia de ese país a través del Worldwide Threat Assessment 2023 no identifica a la región como un área principal del terrorismo transnacional ni tampoco menciona a nuestro país en relación con el tema. Ello coincide con la apreciación de la Estrategia de Defensa Nacional 2018 del Pentágono, que asevera que “la competencia estratégica interestatal, no el terrorismo, es ahora la principal preocupación de seguridad nacional de Estados Unidos”. En línea con ello, el Ejército de ese país anunció en 2020 que pondría fin a dos unidades claves de la “guerra contra el terrorismo”: el Grupo de Guerra Asimétrica y la Fuerza de Equipamiento Rápido. Asimismo, la EDN 2018 —que relegó como prioridad al quinto lugar al terrorismo— no menciona al narcotráfico como en ediciones previas; y como antes de los atentados del 11-S, ubica como principales amenazas a China, Rusia, Irán y Corea del Norte. A diferencia del proyecto de los hermanos Milei, Estados Unidos hace que sus Fuerzas Armadas pongan el foco en las amenazas estatales.

En cuarto lugar, el mensaje señala erróneamente que las Fuerzas Armadas tienen “capacidad de realizar operaciones de seguridad”. Salvo para efectuar tareas contribuyentes a la seguridad interior como la vigilancia, control e interdicción del espacio aéreo y marítimo a través de los Comandos Operacionales, lo central es que el adiestramiento de las Fuerzas Armadas está orientado a que los militares sean letales en el uso de la fuerza; es decir, no están preparados para hacer un uso gradual y diferenciado de la misma. Los propios militares argentinos sostienen que “nuestro personal no está formado y capacitado para tareas de seguridad. Las Fuerzas Armadas no reprimen delitos: combaten oponentes en un conflicto, bajo leyes de la guerra”. En efecto, como interpretan los uniformados más racionales, se requiere ante todo capacidad de inteligencia criminal y expertise en materia de asistencia a jueces y fiscales para desarticular estructuras delictivas. Ningún programa de estudio de las Fuerzas Armadas contempla estas cuestiones, lo que demuestra la total desvinculación entre la formación de quienes se preparan para la guerra y la de quienes luchan contra la criminalidad.

Más allá de los argumentos 

En su articulado, la propuesta del PEN establece que:

• Se modifica el artículo 13 de la Ley de Seguridad Interior, de manera tal que el ministro de Defensa y el Estado Mayor Conjunto de las FFAA se integren al Comité de Crisis, no sólo cuando se materialice el supuesto previsto en los artículos 31 y 32 (desborde del sistema de seguridad interior previa declaración del Estado de sitio), sino también en los casos de apoyo logístico establecidos en el artículo 27.
• Se amplía lo dispuesto en el artículo 27, al fijarse que: “En caso de producirse un hecho que tenga por finalidad aterrorizar a la población y dé origen a una investigación penal en el marco del artículo 41 quinquies del Código Penal-Ley 11.179, el Comité de Crisis podrá ampliar el requerimiento al Ministerio de Defensa para que las FF.AA realicen: a) patrullaje; b) control de personas y vehículos; c) operaciones de control en puestos fijos o móviles; d) control y vigilancia de instalaciones inmuebles; e) aprehensión en flagrancia”. En estos supuestos, el uso de la fuerza se regirá —afirma el proyecto— en los mismos términos vigentes para las Fuerzas de Seguridad, quedando expresamente habilitados los militares para la realización de operaciones de seguridad. El proyecto indica que “las FFAA deberán contar con la capacitación técnico legal (…) para intervenir en las acciones previstas en el presente artículo, como así también el equipamiento deberá ajustarse a las necesidades operativas de la misión”.

Algunas consideraciones adicionales

En primer lugar, el proyecto no define qué se entenderá por terrorismo y quién será el responsable de calificar a cualquier hecho del Código Penal como terrorista en los términos del artículo 41 quinquies de dicha norma, que fue introducido por la ley 26.734 y cuya redacción es sumamente laxa.

En segundo lugar, el gobierno entiende que para combatir al terrorismo las Fuerzas Armadas deben realizar tareas de policiamiento (patrullaje, requisas, etcétera). Esto es inconducente. Al terrorismo no se lo combate de este modo, sino con un Sistema de Inteligencia Nacional profesionalizado, cuyo objeto no sean los propios funcionarios del oficialismo o familiares de militares caídos en cumplimiento del deber. Para ello, resulta necesario fortalecer al SIN a través de un debate democrático en el Congreso, como sucedió en 2001 y 2014, y no modificarlo a través de un DNU. También resulta fundamental el diseño de una política exterior y de defensa prudentes y centradas en el interés nacional, que eviten medidas trasnochadas como el traslado de la embajada argentina en Israel de Tel Aviv a Jerusalén o aventuras de apoyo militar en regiones en donde no se juegan los intereses vitales del país.

En tercer lugar, el proyecto buscar eximir fallidamente a los militares de las responsabilidades establecidas en el artículo 34 del Código Penal. En efecto, el gobierno no ha contemplado que el artículo 184 de dicho código sólo le otorga el poder de policía a las fuerzas policiales y de seguridad (sorprende al respecto que militares en actividad con el ojo avezado no hayan advertido al ministro Petri de esta omisión). En consecuencia, de prosperar el proyecto de los hermanos Milei, las actuaciones que realicen los militares serán no sólo invalidadas legalmente, sino también pasibles de los correspondientes procesos penales ordinarios.

Tan lejos de Dios y (no) tan cerca de Estados Unidos

Mientras la Argentina propone involucrar a las Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcoterrorismo, México desanda ese camino. Su Presidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) creó una fuerza intermedia, la Guardia Nacional —que a la fecha cuenta con 120.000 efectivos—, que junto al diseño de otras políticas públicas contribuyó a disminuir la exorbitante tasa de homicidios que había alcanzado el país.

Cuando en la década de 1980 Ronald Reagan firmó la orden ejecutiva que declaró a los narcóticos como una amenaza a la seguridad nacional, el gobierno mexicano comenzó a involucrar gradualmente a sus militares en la lucha contra el narcotráfico. El primer paso lo dio el Presidente Miguel de la Madrid (1982-1988), quien también estableció que el tráfico de drogas era un problema de seguridad nacional. Pero el involucramiento pleno de las Fuerzas Armadas se produjo cuando el Partido Acción Nacional (PAN) desplazó de la presidencia, tras más de 70 años, al histórico Partido de la Revolución Institucional (PRI). Primero Vicente Fox (2000-2006) desplegó tropas militares en Tamaulipas y el paso determinante lo efectuó Felipe Calderón (2006-2012) al declararle la guerra al narcotráfico.

El resultado de la militarización de la seguridad en México ha sido el aumento exponencial de la violencia medida a través de la tasa de homicidios, que pasó a ser una de las más altas del mundo. La violencia también se expresa en datos impactantes como el asesinato de 167 periodistas; y en la cifra récord de 99.729 desaparecidos desde 2006. El involucramiento de las Fuerzas Armadas no sólo afectó su aptitud en materia de defensa, sino que también las corrompió profundamente, como demuestra el hecho de que algunos militares conformaron carteles de la droga como la temible organización Los Zetas.

Reflexiones finales

La doctrina de guerra revolucionaria francesa –instalada progresivamente en la Argentina a partir de 1955– y la doctrina de seguridad nacional –desde 1966– permitieron a los Estados Unidos que las Fuerzas Armadas latinoamericanas se subordinaran –bajo el modelo de Small Armed Forces– a los intereses de esa potencia en el marco de la Guerra Fría (1947-1991). Finalizada la contienda bipolar, la “guerra contra las drogas” y el paradigma de las “nuevas amenazas” fueron los instrumentos para mantener conectadas las clavijas estadounidenses —parafraseando al Caputo bueno, el ex canciller radical (1983-1989)— sobre las Fuerzas Armadas de la región. Luego de 2001, el énfasis se ampliaría al “populismo radical” y al terrorismo islámico.

La experiencia internacional y la teoría exhiben que la violencia se incrementará con el desembarco de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el “narcoterrorismo”. Ello, como se señaló, vendrá acompañado de la criminalización de la protesta social, tal como se hizo a fines de los ‘50 con el Plan CONINTES.

De acuerdo a fuentes castrenses consultadas, este proyecto fue elaborado fuera del Ministerio de Defensa siguiendo los lineamientos del Comando Sur y, en líneas generales, concita el rechazo entre camaradas porque “nos transformará en policías”, lo que conducirá a la “desprofesionalización de las Fuerzas Armadas y a la indefensión del país”. Desde luego, la preocupación por Malvinas, el Atlántico Sur y la proyección antártica pasará a ser simplemente una cuestión de seminarios académicos en una devaluada UNDEF a cargo de un antropólogo con amplios conocimientos en “mestizaje social en la frontera chaqueña durante la segunda mitad del siglo XIX”.

Frente a tanta distopía inimaginable, conviene la prudencia de retomar las palabras de Juan Perón al inaugurar la cátedra de Defensa Nacional en la Universidad Nacional de La Plata en 1944: “Los pueblos que han descuidado la preparación de sus Fuerzas Armadas han pagado siempre caro su error, desapareciendo de la historia o cayendo en la más abyecta servidumbre”.

FUENTE: El Cohete a la luna 

El Fondo Monetario Internacional (FMI) espera que la economía argentina se contraiga 3,5% en el año en curso. Así resulta de la actualización del informe Perspectivas de la Economía Mundial (WEO según su sigla en inglés) dado a conocer por el organismo en la mañana de este martes en Washington. El reporte anticipa un aumento de 3,2% en la economía global y advierte sobre riesgos al alza para la inflación en un “contexto de crecientes tensiones comerciales y una mayor incertidumbre política”.
La última proyección sobre el comportamiento de la actividad en la Argentina supone una profundización de la recesión, ya que, en el anterior informe del FMI, difundido en abril, se esperaba una caída de 2,8%.

Sin embargo, Fondo sigue augurando una marcada recuperación para el año próximo, cuando el producto bruto argentino tendría una expansión de 5%.
En lo concerniente a las condiciones globales, el Fondo espera que el crecimiento mundial se ubique en 3,2% en el presente año y en 3,3% el próximo. Se destaca entre los países desarrollados, la expansión de 2,6% que se espera para los Estados Unidos. Se considera también que en la eurozona la actividad parece haber tocado fondo y proyecta un modesto repunte del 0,9% para 2024.
Mejor es el panorama para los mercados emergentes y en desarrollo.

Las previsiones han sido corregidas al alza particularmente porque se espera una mayor actividad en China -uno de los principales socios comerciales de la Argentina - e India. En el caso de la economía china, el crecimiento proyectado es 5% para 2024, principalmente debido a un repunte del consumo privado y fuertes exportaciones en el primer trimestre. Para 2025, se prevé que el PBI aumente algo menos, 4,5%.

Por el contrario, se revisó a la baja el pronóstico para Brasil -otro de los socios clave de la Argentina- como consecuencia del impacto a corto plazo de las inundaciones. Este año el principal socio del Mercosur se expandiría 2,1% pero tendría un mejor desempeño el próximo, alcanzando el 2,5% de aumento apoyado en factores estructurales como, por ejemplo, la aceleración de la producción de hidrocarburos.

En cuanto a los precios de las materias primas, las proyecciones del personal técnico del FMI contemplan un aumento de las cotizaciones de los commodities (excluidos los combustibles) de 5% en 2024. En cambio, se espera que los precios de las materias primas energéticas caigan alrededor del 4,6% en 2024.

 

Riesgos para la economía mundial

El informe advierte sobre amenazas a corto plazo para la economía mundial. Estas incluyen “riesgos al alza para la inflación que se derivan de la falta de avances en la desinflación de los servicios y presiones sobre los precios que emanan de renovadas tensiones comerciales o geopolíticas”.

Se señala que, si el crecimiento de los salarios nominales es acompañado por un avance débil de la productividad, se podría dificultar que las empresas moderen los aumentos de precios.

La escalada de las tensiones comerciales, por su parte, podría aumentar aún más los riesgos a corto plazo para la inflación al aumentar el costo de los bienes importados a lo largo de la cadena de suministros. Así, se concluye que el riesgo de una inflación elevada ha aumentado las perspectivas de tasas de interés más altas durante más tiempo, lo que a su vez aumenta los riesgos externos, fiscales y financieros.

El informe explica que una apreciación prolongada del dólar, derivada de las disparidades de los tipos de interés, podría perturbar los flujos de capital e impedir la flexibilización planificada de la política monetaria, lo que podría afectar negativamente al crecimiento. Las tasas de interés persistentemente altas podrían aumentar aún más los costos de endeudamiento y afectar la estabilidad financiera.

A su vez “la posibilidad de que se produzcan cambios significativos en la política económica como resultado de las elecciones de este año (en EEUUU), con efectos de contagio negativos para el resto del mundo, ha aumentado la incertidumbre”. Estos posibles cambios implican “riesgos de despilfarro fiscal que empeorarán la dinámica de la deuda, afectando negativamente los rendimientos a largo plazo y aumentando el proteccionismo”.

Por último, advierte que “los aranceles comerciales, junto con una ampliación de las políticas industriales en todo el mundo, pueden generar efectos de contagio transfronterizos dañinos, así como desencadenar represalias”.

En cambio, propone políticas que promuevan el multilateralismo y una implementación más rápida de reformas macroestructurales que impulsen el aumento de la oferta, la productividad y el crecimiento, con efectos positivos.

FUENTE: Ámbito Financiero

Carla Morasso, comienza diciendo que “las declaraciones multilaterales son muy importantes para el reconocimiento de los derechos soberanos en el marco del derecho internacional público. Si bien podría no sorprendernos en este sentido, debido a que hay un cambio de política, un enfoque diferente hacia Malvinas, está cambiando la orientación".

Morasso se pregunta si fue adrede o fue un descuido. Afirmó que la Cancillería Argentina tiene profesionales que están muy capacitados, “pero el proceso de toma de decisiones es más complejo. Es una cuestión grave la omisión de este estilo en el documento del Mercosur, pudiendo ser una señal para los británicos en un lugar que históricamente se reivindicó a las Islas Malvinas y se logró el apoyo de los pares sudamericanos”, agregó.  

¿Cuál es el estado actual de la Secretaría de Malvinas, Antártida, Política Oceánica y Atlántico Sur?

La Dra Morasso detallo que la Secretaria sigue funcionando, sin embargo hubo varios cambios en el organigrama de Cancillería, de la cual depende, a partir de diciembre de 2023. “Actualmente está a cargo de la Embajadora Paola Iris Di Chiaro, es docente y politóloga con una extensa carrera en la función pública, aún no ha tenido ningún tipo de exposición ni declaración pública, algo que contrasta con el tipo de gestión y trabajo de divulgación que realizaban los anteriores secretarios que fueron Guillermo Carmona y Daniel Filmus”.  

Además, señaló que Malvinas era un tema de agenda prioritario, “no solo en la agenda de Política Exterior sino también para la cuestión política y social, era una cuestión de Estado”. 

La integrante del GEM, se retrotrae al año 2022, cuando se conmemoraron los 40 años del conflicto del Atlántico Sur, el gobierno de Alberto Fernandez había marcado la idea de que Malvinas era una causa nacional y manteniéndose en la cúspide de la agenda también en los asuntos domésticos.

“En este caso pareciera que en los seis meses que lleva la administración Milei ha perdido cierta prioridad en la agenda externa además del perfil bajo y falta de visibilidad de la Secretaria Di Chiaro”. No obstante, agregó Morasso, que la funcionaria está activa, debido a que recientemente participó de un encuentro con representantes de la Armada Argentina.

El tema Malvinas en materia educativa y capacitaciones en el ámbito estatal     

La docente e investigadora de la UNR subrayó que “en lo que respecta a las currículas escolares de la Cuestión de Malvinas que está estipulado en la Ley de Educación Nacional, no se han observado modificaciones. Lo que sí hubo fue un trabajo muy importante de preparación de la llamada capacitación obligatoria, periódica y permanente para los funcionarios del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación sobre la Cuestión Malvinas que fue aprobada por Ley en el año 2022, que estaba a cargo de la Secretaría de Malvinas. Pero a partir de la llegada del nuevo gobierno de Javiel Milei no se ha continuado y no hay ningún indicio de que la misma vaya a realizarse, por lo menos en los próximos meses”. Sobre esto, añadió: “lo mismo sucede con el Consejo de Malvinas en donde participan expertos y académicos con la función principal de colaborar en la elaboración de políticas públicas sobre la Cuestión de Malvinas, que si bien no está disuelto, no volvió a convocarse, lo cual corresponde al Ejecutivo”. 

Las demostraciones y exhibiciones de las capacidades militares del Reino Unido

Carla Morasso se refirió también a la información que publicaron a través de las redes sociales de las propias fuerzas británicas: “fue un traslado desde el regimiento de Escocia hacia las Islas, donde hay fuerzas y representantes de la Marina y Real Fuerza Aérea inglesa”. Un dato adicional, fue “la presencia de otro actor más pequeño que tiene que ver con la militarización del Atlántico Sur, que es un cuerpo propio de las Islas, que se hacen llamar las “Fuerzas de Defensa de las Islas Malvinas”, que previamente era un grupo de locales voluntarios que luego del conflicto del 82 se profesionalizaron y que actualmente tiene la idea de apoyar en el territorio la presencia de las Fuerzas Británicas para el Atlántico Sur”. 

Consultada sobre la frecuencia en la que se dan estas demostraciones militares, afirmó que son periódicas y previamente estipuladas. Incluso Morasso añadió que “algunos ejercicios se realizan de manera conjunta con otros países, en este caso con Escocia y el año pasado fue con fuerzas militares de países de Europa Central que fue fuertemente repudiado por la Cancillería Argentina. 

La doctora citó el ejemplo del mes de enero donde “hubo una demostración, que pese a que no fue denunciado por el gobierno Nacional sí lo fue por el gobierno de Tierra del Fuego como consecuencia de realizar ejercicios militares reiterados en Malvinas, una zona de paz y cooperación del Atlántico Sur que fue reconocido por las Naciones Unidas en el año 86”, concluyó Morasso.   

 (*) Internacionalista de Fundamentar