Santa Fe se convirtió en el epicentro de una lucha por el poder político nacional, en donde los principales actores partidarios que disputan llegar a la Casa Rosada, fijaron su atención en los comicios locales. Una victoria provincial de determinado partido político, aportaría más credibilidad a la oferta partidaria en las elecciones nacionales. Sin embargo, el triple empate técnico en la provincia dejó sin “foto” a los principales “presidenciables” y con sabor amargo a los candidatos locales.
El domingo después de las elecciones, nada lograba arrojar un resultado certero sobre el ganador de los comicios en la categoría de gobernador y vice, y el escenario se prestó para todo tipo de oportunismos partidarios, chicanas políticas, shows de la “victoria” y denuncias televisivas de fraude, que deslegitimaban cualquier resultado final que se pudiera conseguir.
Con unas PASO que fueron desordenadas y un escrutinio bajo dudas, el sistema electoral de la provincia impedía proyectar sobre las dos fuerzas arriba en votos (el Frente Progresista y Unión PRO) un eventual escenario de ballotage y salir del conflicto. Incluso, aunque el recuento definitivo de votos pudiera ofrecer un ganador, casi 70% de los santafesinos no había votado por el gobernador electo, lo que en términos políticos se traduce en falta de legitimidad para gestionar la Casa de Gobierno.
La normativa provincial de 1962 busca garantizar la gobernabilidad del partido electo; la técnica electoral de “boleta única” introducida en 2009, busca favorecer la representatividad de los partidos políticos en la lucha electoral.
La victoria ajustada del candidato por el FPCyS, Miguel Lifschitz, con una ínfima ventaja sobre sus contrincantes de Unión Pro (Miguel Del Sel) y del FjpV (Omar Perotti) abrió interrogantes sobre la gobernabilidad de la provincia y la estabilidad política del Frente Progresista.
El escenario político presenta dos aristas. Por un lado, la falta de credibilidad del escrutinio tras la mala gestión de la Secretaria Electoral, Claudia Catalín. Que provocó tensiones entre los principales partidos políticos y nuevos desequilibrios al interior del Frente Progresista, que bien podrán observarse en el armado del futuro gabinete provincial. Los que “suban” sentirán que les falta reconocimiento; los que “bajen”, que no se merecen el desplante.
Por otro lado, un problema de mayor alcance obligará a las fuerzas políticas a buscar destrabar el sistema electoral de la provincia y lograr consensos para incorporar un ballotage o “segunda vuelta” en la Constitución provincial.
LA CONSTITUCIÓN OLVIDADA
La carta magna santafesina data de 1962 y dispone como tal el marco institucional en el cual se desarrollan las elecciones de autoridades locales. Dicho instrumento resuelve que “gobernador” y “vice” son elegidos en simultáneo por simple mayoría de votos, y le otorga al partido ganador, una mayoría automática de 28 miembros en la Cámara baja. Los otros 22 restantes, son repartidos a las otras fuerzas partidarias por sistema D’Hont. Sin embargo, la introducción de la “boleta única” en 2009, trajo desequilibrios no contemplados para el sistema de partidos provincial. Esto hizo que cada categoría electoral (gobernador y vice, diputados provinciales, etc.) funcionara como una elección en sí misma. Lo que posibilitó escenarios en donde la categoría de diputados no tuvo coherencia con la de gobernador, haciendo que un gobernador electo con amplia adhesión contara con un poder legislativo dominado por la oposición, o escenarios donde la situación podría darse a la inversa.
La importancia del sistema electoral radica en que es el encargado de garantizar las preferencias de la sociedad y traducirlas en una distribución de poder acorde a los cargos públicos en disputa. En el caso santafesino, el sistema electoral no es el único fenómeno histórico-contingente, sino que se encuentra atravesado por distintos mecanismos y acuerdos políticos de distintas contextos político-sociales.
La Constitución del 62’ buscó garantizar la gobernabilidad del partido ganador, en una coyuntura política minada por las amenazas militares que buscaban desplazar a los gobiernos democráticos cuando mostraban algún tipo de debilidad en la toma de decisiones. La “boleta única” introducida en 2009, buscó alimentar mayores niveles de representatividad y superar a la “Ley de Lemas” (acoples) que había arrojado por el piso los niveles de legitimidad del sistema político. Hoy en día, la Constitución y la “boleta única” coexisten con casi 50 años una de otra. Sus coyunturas políticas que les dieron origen, sus acuerdos partidarios y sus técnicas operativas son distintas y permanecen en tensión.
En conclusión, la normativa provincial de 1962 busca garantizar la gobernabilidad del partido electo; la técnica electoral de “boleta única” introducida en 2009, busca favorecer la representatividad de los partidos políticos en la lucha electoral. Ambos procedimientos conviven en un sistema electoral que tiene detractores y defensores de un lado y del otro. Los que defienden la gobernabilidad sostienen la necesidad imperiosa de que las instituciones tengan un control político claro y que se ejecute estable en el tiempo. Los que se inclinan por la representatividad, aseguran que protege a las minorías y contiene a las distintas expresiones políticas que emanan de la sociedad. Para los partidos más chicos, la gobernabilidad presente en la Constitución significa el “autoritarismo” del partido ganador; para los partidos más institucionalizados, la “boleta única” da lugar a que cualquier personaje “famoso” pueda acceder a la estructura del Estado, sin estructura partidaria.
ALGUNAS REFLEXIONES FINALES
Dilatar los lazos sensibles de la representatividad entre representantes y representados, podrá afectar la credibilidad del sistema político dando espacio a que expresiones anti-sistema vayan ganando adhesión entre la ciudadanía.
El escrutinio final trae consigo sabor amargo para “ganadores” y “perdedores”. Terminada las elecciones se abre un debate al interior del Frente Progresista que podrá atentar contra la hegemonía del Partido Socialista en la conducción del espacio. Al exterior del frente, la gobernabilidad de la Casa Gris se verá afectada por la escasa legitimidad política del gobernador electo. Serán necesarios nuevos acuerdos partidarios para corregir el sistema electoral y brindar previsibilidad democrática a la provincia.
La tarea no será sencilla, pero obligará a las fuerzas políticas a debatir sobre la posibilidad de un ballotage en la Constitución, tener creatividad instrumental para hacer de la “boleta única” un instrumento más acorde con la oferta de partidos y no de personas (diferencia sustancial entre “proyecto colectivo” y “aspiración individual”); como también nuevos debates tabú para la administración socialista: la posibilidad de extender de 2 años a 4 los mandatos de las comisiones comunales que están obligadas a vivir en permanente campaña proselitista, al igual que negociar la incorporación de 100 mil nuevos electores jóvenes de 16 y 17 años que pueden votar al presidente de la nación pero que la provincia no les permite elegir a su concejal local.
El desafío no es menor, significa que los tres principales frentes partidarios se sienten a negociar al interior de sus fuerzas y al exterior de las mismas. Pero dilatar los lazos sensibles de la representatividad entre representantes y representados, podrá afectar la credibilidad del sistema político dando espacio a que expresiones anti-sistema vayan ganando adhesión entre la ciudadanía. Las elecciones se cerraron, pero el debate queda abierto. Que empiece la función.
(*) Investigador de la Fundación para lla Integración Federall
Mientras avanza el escrutinio definitivo para saber quién es el próximo gobernador de la provincia, los frentes políticos santafesinos presentaron el sábado por la noche sus listas de candidatos a diputado nacional, senador y diputado regional al Parlasur. En las elecciones generales del 25 de octubre se renuevan diez bancas en la Cámara baja y tres en el Senado.
En estas PASO nacionales se destaca la posibilidad de elegir legisladores regionales para el parlamento del Mercosur, el Parlasur. Si bien este parlamento regional funciona desde 2006, con representantes legislativos de los parlamentos de los países miembros del Mercosur, a partir de 2020, deberá estar integrado por miembros elegidos en forma directa por la ciudadanía. Es por esto que la Argentina debe elegir en estas elecciones a 43 representantes para el Parlasur, 19 de los cuales serán por distrito único y los restantes 24 serán elegidos uno por cada provincia.
